Abr 5, 2016 | destacadas
La madrugada del 2 de abril de 2013 fue una de las más largas para los vecinos de Barrio Mitre y de Saavedra: esa noche cayeron 155 milímetros de agua, lo que generó una de las mayores inundaciones en la historia de la Ciudad de Buenos Aires y dejó seis muertos. En aquel momento, vecinos de los barrios afectados y legisladores denunciaron que las precauciones básicas, comunes a partir del alerta meteorológico, no se habían tomado (no hubo recolección de basura ni limpieza de sumideros). El último 2 de abril, en un tercer aniversario de aquella madrugada, vecinos de toda la Comuna 12 junto con organizaciones sociales y agrupaciones políticas, se reunieron para realizar una marcha hacia el Parque Saavedra. En el acto ratificaron sus exigencias al gobierno de la Ciudad para que se realicen las obras necesarias, ya que el riesgo de una nueva inundación está latente. La manifestación fue convocada por la Asamblea de Vecinos Inundados de Saavedra y de Barrio Mitre, que continúan reclamando por las obras públicas fundamentales y por la implementación de un plan de contingencia para toda la comunidad.
Barrio Mitre está compuesto por seis manzanas, en el centro del barrio de Saavedra, cerca del recorrido del arroyo Medrano y a metros del shopping Dot Baires, cuyos desagües inundan la zona. Una solución posible para esta problemática era la construcción de un canal aliviador del mencionado arroyo, pero las obras fueron suspendidas durante el segundo gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad. Las consecuencias pudieron vivirse la noche en la que el agua subió hasta 1,5 metros dentro de las casas. Graciela Solís, vecina del barrio, relató a ANCCOM: “En ese momento, sabés que el agua te sube al cuello pero no sentís nada. Sólo podés esperar, porque tarda muchísimo en bajar. La angustia y la desazón vienen cuando ves que todo se arruinó”.
Barrio Mitre está compuesto por seis manzanas, en el centro del barrio de Saavedra, cerca del recorrido del arroyo Medrano y a metros del shopping Dot Baires.
Ese mismo día, se acercaron psicólogos, primero con donaciones y luego para escuchar. Fabio Muente, uno de los integrantes de ese grupo, relató: “Había una necesidad de decir, de descargar, de protestar, de llorar, más que de recibir elementos materiales, así que empezamos a brindar asistencia psicológica gratuita a los vecinos que la solicitaran”. Más tarde, el eje del problema estuvo situado en qué hacer con lo que el agua dejó: “La pregunta de cómo recuperar (o cómo no tirar) las cosas de mucho valor afectivo, nos incentivó a iniciar un taller de reciclado. Íbamos aprendiendo con los vecinos, mientras veíamos qué hacer. Hoy, tres años después, está conformada la cooperativa Ciclos, así que también es una fuente de trabajo”.
Aquella semana, el barrio compuesto por 324 casas terminó con 300 personas evacuadas. Si bien existe una memoria colectiva que da cuenta de una primera inundación en 1974 y un par durante la década de 1980, nadie recuerda haber experimentado lluvias tan sustanciales ni recurrentes. Margarita Zubizarreta, vecina y referente del Centro Comunitario Barrio Mitre, dijo: “El barrio se construyó en 1958. Cuando cada vecino tuvo el título de propiedad definitivo, se empezó a pelear por la renovación de la red cloacal y agua potable. Por la construcción precaria, cuando hay inundaciones, el contenido de las cloacas brota en el interior de las casas a través de los inodoros y los lavatorios. En 2015, el Estado nacional, a través de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), invirtió once millones de pesos y realizó obras que ya se están terminando”. Sin embargo, sin las correspondientes obras de la Ciudad, las llevadas a cabo por dicho organismo no funcionan. Los millones invertidos no pueden implicar mejoría para los habitantes de las seis manzanas, dado que no se ha concretado la conexión entre las casas y las cañerías: “El gobierno de la Ciudad tiene la obligación de realizar los pluviales externos para canalizar el agua de lluvia hacia los pluviales públicos que atraviesan toda la ciudad. Hay que terminar la obra de las conexiones internas de cada casa a la red nueva hecha por AySA”, afirmó Zubizarreta.
Los millones invertidos por el Estado Nacional durante el año pasado no mejoran las condiciones de los vecinos porque no se construyó la conexión entre las casas y las cañerías.
Tres años más tarde, las reuniones con los representantes del gobierno continúan sucediéndose sin que lo discursivo se transforme en soluciones concretas que modifiquen la vida de los vecinos y los deje dormir tranquilos cuando escuchen las gotas de lluvia golpeando sus techos. Décadas después de que lo transitorio se volviera estable, en 1998, con la ley 106, se regularizó la situación cuando se reconoció al barrio como zona destinada a la vivienda residencial; en caso de que se realizara una construcción en los terrenos frente al barrio, debería instalarse también un sistema retardador de líquidos pluviales, lo que podía solucionarse con la construcción de un reservorio. El desagüe pluvial que debía desembocar en el conducto de Holmberg, dado que disponía de mayor capacidad, terminó llevándose a cabo hasta Arias, calle ubicada justo frente al barrio.
Los problemas aumentaron con la inauguración de Dot Baires en 2009. Ante la posibilidad siempre latente de que existieran inundaciones graves, el shopping construyó un reservorio precario y el gobierno de la Ciudad diseñó un conducto hacia allí para descargar parte del agua. Dos semanas más tarde, la tormenta dejó demostrado que las obras habían sido inútiles. Los vecinos que habían perdido parte de su historia, convocaron a una concentración frente a la Jefatura de Gobierno para reclamar que se finalicen las obras pendientes, así como también la limpieza del arroyo y los pluviales, y un plan a futuro para eventuales inundaciones. Mariano Przybylski, abogado de los vecinos en la causa por las inundaciones, contó: “Para 2012 se habían hecho mil reclamos por este problema histórico. Comenté la posibilidad de judicializar el tema, de hacer un amparo para que el gobierno de la Ciudad garantice la vivienda digna, que es un derecho, y que no pueden inundarse todo el tiempo. Si bien las obras del Dot no son inocentes, el principal responsable es el Estado”.
La marcha «Saavedra no duerme cuando llueve» dio la vuelta al Parque Saavedra a las 16:30.
Luego de la presentación del amparo, se llevaron a cabo dos audiencias judiciales, pero hace más de un año que se esperan las pericias que indiquen cuáles son las obras que deben realizarse. El abogado explicó: “Antes de que el perito empezara a trabajar, el juzgado le preguntó al gobierno de la Ciudad cuáles fueron las nuevas obras que hizo. Las autoridades no quieren responder, así que le estamos pidiendo al juez que ponga multas diarias, económicas, hasta tanto no brinden la información de cuáles son las obras que se hicieron (o no), pero que actualicen la información. Esperamos que el gobierno conteste para que el perito pueda hacer el informe y en base a eso ver fehacientemente cuáles son las obras que hacen falta para que el juez pueda tomar una decisión”.
Frente a esta situación Fabián Muente reflexiona: “Hay que considerar las cuestiones que afectan la participación de los vecinos, el desgaste que genera la falta de respuestas, el ninguneo, las idas y vueltas. Esta vez fue notable la participación de organizaciones políticas y sociales, de distintos espacios, que en ocasiones anteriores no marcharon juntas. Eso se notó en la cantidad de gente y en el impacto que tuvo con el resto de los vecinos de Saavedra, que capaz se olvidaron, que no participan o no tienen presente lo sucedido porque reaccionaron diferente a la situación de dramatismo”, confesó y añadió: “Es imprescindible seguir con estas marchas para recordar y para seguir reclamando justicia y obras verdaderamente estructurales que brinden una solución definitiva. No puede suceder, como dicen las banderas, que cada vez que llueva, Barrio Mitre no duerma”.
En 2012 se presentó un amparo ante la Ciudad de Buenos Aires. desde ese momento se llevaron a cabo dos audiencias judiciales pero hace más de un año se esperan las pericias que indiquen qué obras se deben realizar.
Actualizado el 05/04/2016
Mar 3, 2016 | Entrevistas
La Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) realiza este jueves un encuentro, para debatir y presentar los nuevos 21 puntos por una Comunicación Democrática. Convoca a organizaciones políticas, sociales, sindicales, cooperativas, pueblos originarios, e universidades. El periodista Néstor Piccone contó a ANCCOM cómo está circulando por el país este borrador para fortalecer ideas y propuestas.
¿Qué acciones están proponiendo para defender la democratización de la palabra?
Empezamos a reunirnos antes de que asumiera Mauricio Macri, cuando escuchamos que Oscar Aguad, quien sería luego el Ministro de Comunicación, dijo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) no servía para nada y que iba a derogarla. Desde los primeros días de diciembre hasta hoy, nos hemos reunidos semanalmente. La Coalición es una organización de organizaciones, una coincidencia de posiciones respecto de la democratización de la comunicación. Desde ese lugar, coordinamos con distintas organizaciones la denuncia de los DNU y la presentación de medidas cautelares cuando estos decretos quisieron eliminar AFSCA y AFTIC. Utilizamos también las herramientas que propone la Defensoría del Público, que fue generada para que los públicos y los comunicadores puedan denunciar cualquier atropello contra la comunicación desde los distintos poderes. Vimos la situación inédita de que un DNU volteaba no sólo la Ley 26522, sino todo lo que habíamos hecho con participación de las provincias, organizaciones sociales y pueblos originarios. El Congreso por una Comunicación Democrática se hace para difundir las acciones y ver, en forma conjunta, qué otras podemos plantear. Se hicieron encuentros en Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Río Negro, Buenos Aires, entre otros lugares, para coordinar las denuncias pero también para plantear los nuevos 21 puntos. Los comparamos simbólicamente con aquellos del año 2003 y estamos contentos porque tienen que ver con todo lo que falta para la aplicación de la ley y también para incidir en los debates que se den en las cámaras de Diputados y Senadores. Hay una ley existente que hay que defender y hay que habilitar otro tipo de discusiones. Hemos tenido una buena recepción por distintos bloques de diputados y senadores (no sólo del FpV) que están dispuestos a discutir y a apoyar estas iniciativas.
¿Cuáles fueron las limitaciones a la implementación de la Ley 26522 en relación a los medios comunitarios?
La ley era bien compleja y no se consiguió la legalidad para todos los medios cooperativos y de pueblos originarios. Eso es una deuda pendiente que tenemos, porque hay varias cuestiones que la ley habilitó y que tenían que aplicarse: algunas tenían que ver con el Poder Ejecutivo, otras con quiénes manejaban AFSCA y otra con las organizaciones universitarias, comunitarias, cooperativas o de pueblos originarios que tuvieron que inventarse a sí mismas para ser incluidas. Este tema no se resuelve de la noche a la mañana y es una tarea que queremos seguir apoyando, fundamentalmente tratando de que la población entienda que la comunicación es un derecho humano. Hay quienes creen que la comunicación y los medios no son parte de la política, sino de un sector aparte al que uno tiene que acceder, pedir o pagar. Todos estos cambios culturales no se dan por ley, sino por debate de ideas y profundización.
¿Cómo se piensa la comunicación dentro del nuevo contexto político?
Cuando las dictaduras militares derrocaban a los gobiernos, se terminaba la democracia rápidamente mediante la intervención de los medios de comunicación. Con la etapa neoliberal de los 90, lo primero que se privatizó fueron los medios. Salvamos Canal 7 y Radio Nacional por la lucha de los trabajadores, pero también porque se entendió que el Estado tiene que tener medios de comunicación propios. Ahora, que viene un gobierno neoliberal, conservador y de derecha, lo primero que hace es tirar un DNU que pone en zozobra lo que se había construido con la LSCA, con todos los avances conceptuales que se hicieron en cuanto al derecho a la comunicación y la libertad de expresión. Sabemos que la derecha, que además tiene un gobierno que trabaja para los grupos económicos, busca que la comunicación sea manejada por CEOs y tecnócratas. Sabemos que tenemos un gobierno que va a estar en contra de la participación y sabemos lo que es un gobierno adverso a la democratización de los medios, pero creemos que mucho de lo logrado en lo conceptual va a poder ser defendido.
¿Estos avances promovieron la aparición de nuevos actores que ahora van a intervenir en el debate?
Eso es lo fundamental. Antes, las cooperativas, los sindicatos y las organizaciones sociales tenían prohibido tener medios de comunicación, porque no perseguían fines comerciales. Lo mismo sucedía con las universidades, por ejemplo, que no podían tener canales de televisión y de radio. Más allá de que no pudieron resolver internamente de dónde sacar los fondos para financiarse, se hicieron concursos y ahora tienen canales de televisión digital. En eso no se retrocede. La creación de contenido financiada por los Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), por ejemplo, permitió que se conociera que había más de tres o cuatro productoras de contenido. Con eso no hay marcha atrás, aunque no haya una ley o un ministerio que esté respaldando. Seguramente no tendremos el apoyo del Estado y del gobierno, pero ya hay una articulación que vemos como un resultado positivo. Son derechos que no se van a perder, muchos sectores de la política proponen defenderlos y profundizarlos.
¿Cómo se da la reorganización de los medios comunitarios en este contexto?
El tema sostenibilidad no estaba previsto en la LSCA y es un debate que se abrió en el año 2009. Inmediatamente después de que se aprobara la ley, muchos medios alternativos, pueblos originarios, plantearon la problemática. Yo apuesto a que estamos en un escalón más alto del que teníamos hace doce años, cuando no había FOMECA y cuando nadie había tenido la experiencia de estos fondos. Siempre tenemos que construir con el Estado, aunque sea un Estado adverso, porque siempre hay fisuras y hay diferentes modelos gobernantes en todas las provincias. El que tuvo la experiencia del FOMECA quizás no vuelva a recibir ayuda de AFSCA, pero vamos a reclamar para que la institucionalidad sostenga la realidad de los nuevos medios de comunicación, que también los haga sostenibles. Desde la Coalición estuvimos trabajando en la creación de un ente para la financiación de los fondos de los medios alternativos, comunitarios, cooperativos, donde también discutíamos la pauta publicitaria no sólo estatal, sino también privada. Defendemos que los medios públicos no estatales también puedan sostenerse y esa lucha se da manteniendo los medios como podemos, pero también ganando gente: se necesita que sectores populares, sindicales y sociales apoyen este proyecto.
En relación a la democratización de la palabra y el acceso a la información, ¿cuál es el rol de las redes sociales?
Una red social no organiza pero sirve para difundir. Si se articula organización político-comunicacional con redes, creo que se puede lograr muchísimo. La Coalición, por ejemplo, nunca tuvo una conducción ni un sistema de comunicación. Internet nos permitió (y permite) estar comunicados para hacer conocer lo que cada uno realiza. Creo que las redes sociales sin articulación ni organización, no sirven para una construcción. Puede servir para un rechazo, unan resistencia o una denuncia. Pero utilizadas correctamente, son fantásticas.
¿Cuáles son las expectativas para este Congreso?
Lo importante es que todos conozcamos todo. Participan abogados, universitarios, radios comunitarias, sectores sociales que quizás no tienen sus propios medios y sindicatos que defienden la fuerza de trabajo. La expectativa es que tomemos conciencia, podamos discutir y continuemos sumando personas a la pelea por la democratización de la información. La gente no va a pelear por un derecho que no sabe que tiene. Nosotros logramos modificar totalmente la realidad que se vivía en el país con respecto a los medios de comunicación. Creo que hemos avanzado muchísimo, pero que falta mucho más y que hay que crecer en la lucha por la comunicación como un derecho humano, la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Fundamentalmente por la democratización de la comunicación. La coalición es un ejemplo de eso: es una coordinación que nos damos en cada una de las provincias y los diferentes sectores se van sumando en forma individual para discutir el tema de la comunicación. Tener un lugar de referencia que sirva y que sea reconocido por el Poder Legislativo, por diputados, senadores y organizaciones. Desde 1983 a 2009 pasaron muchos años, que coronamos con una ley revolucionaria. Pasaron gobierno neoliberales, de derecha y, sin embargo, terminamos con una reglamentación ejemplar en el mundo. No por nosotros solamente, sino por un gobierno y por dirigentes que se atrevieron. Pero no es el único camino hacerlo desde el gobierno, sino también construir desde abajo, como lo hicimos en las épocas más difíciles del neoliberalismo.
Mar 2, 2016 | destacadas
Especialistas en derechos humanos, medios de comunicación y juventud se reunieron para debatir en el Foro contra la Violencia Institucional que el sábado último se realizó en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). La organización del foro estuvo a cargo del Ministerio Público de la Defensa, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicaciones de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y Nuevo Encuentro en el marco del Frente para la Victoria (FpV).
La intención de la jornada fue la de articular un espacio que reuniera a diferentes actores de la vida política y social de la Ciudad de Buenos Aires para pensar de manera colectiva acciones que respondan a la violencia institucional. Se prestó especial atención a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. La mesa central de apertura contó con Marcelo Saín (especialista en Seguridad), Paula Litvachky (directora del área de Justicia y Seguridad del CELS), Luis Duacastella (Defensor General Adjunto en la CABA), Víctor Santa María (diputado del Parlasur por el FpV), Carlos Tomada (jefe de bloque FpV de la Legislatura porteña) y José Cruz Campagnoli (legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Nuevo Encuentro), quien resumió a ANCCOM los intereses centrales de la convocatoria: “Los mecanismos represivos están organizados en virtud de un modelo de país, relacionado con la transferencia de riqueza de los sectores populares a los más concentrados. En la Argentina actual, sólo puede suceder eso a través del miedo, para evitar la protesta, y la represión, en caso de que la protesta suceda de todas formas. Las actitudes represivas no son hechos aislados, sino que se enmarcan en un modelo más fuerte, más complejo y más estructural que Mauricio Macri quiere poner adelante. Este foro surgió luego de la violenta represión de la Gendarmería a la murga del Bajo Flores, que terminó con decenas de chicos heridos. Veníamos del caso de Cresta Roja y del protocolo antipiquetes, y que le hayan disparado a los nenes con balas de goma fue de una brutalidad absoluta”.
Los participantes del Foro se dividieron en mesas de trabajo: Modelo de seguridad para la Ciudad de Buenos Aires; Violencia institucional contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes; Abordaje mediático de los casos de violencia institucional; y Criminalización de la protesta social. Tomada explicó: “Los últimos doce años significaron la posibilidad de superar el miedo que había instalado primero el terrorismo de Estado y, después, la hiperinflación y la desocupación de los 90. Ese miedo era indispensable para poder producir las modificaciones de esos tiempos. Hoy han puesto en marcha los mismos mecanismos. Se disciplina a la clase trabajadora con el miedo al despido y a la represión. Lo de Cresta Roja fue un señalamiento, como lo de los pibes de la murga. Se acabaron los valores y los criterios que regían el accionar de la fuerza”.
En la primera mesa, moderada por la legisladora porteña por Nuevo Encuentro, Andrea Conde, se trató el traspaso de la Policía Federal al ámbito de la Capital Federal, lo que también implica pensar la relación entre un sector de la conducción política y el paradigma desde el cual entiende la seguridad democrática. Al respecto, Saín sostuvo que la represión es un tema que tiene matices y, por ende, no puede ser abordado holísticamente: “La violencia adquiere cuerpo en una matriz de desarrollo político, de acumulación económica y en un cierto ordenamiento social”. Sostuvo que los mismos gendarmes que repartieron balas entre los niños y niñas de la murga del Bajo Flores, no hubieran hecho lo mismo dos meses antes: “Esto tiene que ver con que la represión es funcional a un modelo económico y político”.
Los participantes del Foro se dividieron en mesas de trabajo: Modelo de seguridad para la Ciudad de Buenos Aires; Violencia institucional contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes; Abordaje mediático de los casos de violencia institucional; y Criminalización de la protesta social.
La segunda mesa se orientó a tratar la estigmatización y criminalización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El foco estuvo puesto en las estrategias para responder ante la irrupción de las fuerzas armadas en las vidas de los menores, así como en la necesidad de que sepan con quién contar para poder defenderse. Gabriela Diker, rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), contó: “Se lleva a cabo la violencia en nombre de una supuesta protección del niño. Al igual que el robo de bebés durante la última dictadura, que tenía como finalidad interrumpir la continuidad de una ideología, por su propio bien y por el resto de la ciudadanía”. Silvia Guemureman, coordinadora del Observatorio sobre Adolescentes y Jóvenes en relación a las agencias de control social penal, argumentó después: “El Estado se va a achicar en asistencia, mientras que se va a agrandar en represión. La nueva derecha trae aparejada la poca intervención del Estado en las políticas sociales, así como también el retorno de unas fuerzas armadas con antecedentes de avasallamientos de los derechos humanos en los barrios populares. No fue fortuito que Patricia Bullrich haya visitado a los gendarmes en lugar de a los niños y niñas”. Siguiendo con esta misma línea, la tercera mesa trató la temática del rol de los medios de comunicación en relación a la estigmatización y criminalización de la niñez, adolescencia y juventud, a partir del análisis del tratamiento, cobertura y difusión de los casos de violencia institucional en el marco de la concentración mediática.
Por último, la cuarta mesa giró alrededor de la criminalización de la protesta social, los reclamos y el accionar de las fuerzas armadas ante las manifestaciones de la sociedad en las calles. Juan Manuel Sueyro, Secretario Adjunto de ATE Capital, hizo mención a la detención de la dirigente social y política Milagro Sala: “No es casualidad que el eje central de la violencia y la criminalización esté sobre una de las organizaciones sociales más grandes de Argentina, estigmatizada por pertenencia, por origen y por clase”. Continuó su reflexión sobre las políticas impulsadas por el gobierno de Macri: “Si te movilizás, te reprimo. Si intentás organizarte, te despido. Vienen a desarticular un Estado que se puso del lado del pueblo y para eso necesitan hacer caer el poder adquisitivo, porque toda violencia tiene un brazo político, pero también económico y judicial”.
Todos los oradores reunidos confluyeron en una idea: de haber represión, se hará de modo selectivo y sobre los grupos menos numerosos, menos relevantes y menos organizados política y sindicalmente.
Emiliano Gareca, abogado y militante de La Cámpora, retomó la idea anterior: “El autoritarismo económico en su faz represiva se manifestó de tres maneras. Primero, con un decreto que declaró la emergencia en seguridad nacional; segundo, con la eliminación y desmembramiento de controles que se venían construyendo por parte del Estado, lo que colabora con el autogobierno y la autoregulación de la policía y, por último, con la represión a la protesta social y la criminalización de la política”. Al respecto, Tomada aclaró: “El protocolo de 2011, dictado por la ex ministra de Seguridad Nilda Garré, es el que está vigente. El otro es sólo un papel, un mamarracho para generar miedo e informar cuál va a ser el comportamiento, pero que no tiene ninguna validez ni ha sido avalado por ninguna provincia”. Sin embargo, todos los oradores reunidos confluyeron en una idea: de haber represión, se hará de modo selectivo y sobre los grupos menos numerosos, menos relevantes y menos organizados política y sindicalmente. Santa María agregó: “El proyecto del macrismo sólo se mantiene con violencia, porque genera profundas injusticias y beneficia a pocos en detrimento de las grandes mayorías”.
Cada mesa cerró con la intervención de los participantes y, lejos de alcanzar conclusiones cerradas, Campagnoli explicó: “El Foro pretende ser un disparador. Las respuestas a estas problemáticas no se van a dar desde lo académico, sino desde lo político. Intentamos discutir para dar continuidad, sumar organizaciones y poder presentar a la ciudadanía una alternativa para poner un límite a las políticas autoritarias del PRO”. El encuentro contó también con la participación de Julián Axat (titular del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia ATAJO), Alberto “Beto” Pianelli (Secretario General de los Metrodelegados), la periodista Cynthia García, Glenn Postolski (decano de la Facultad de Ciencias Sociales UBA), Luis Duacastella (defensor adjunto del Ministerio Público de la Ciudad), Miguel Palazzani (titular de Procuvin), entre otros.
Feb 25, 2016 | inicio
Con una sensación térmica de 36 grados, miles y miles de personas se concentraron en la Plaza de Mayo y sus calles adyacentes. La convocatoria a la movilización, el acto central y el paro nacional provino de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y estuvo propuesta para el mediodía. Aunque desde temprano, los primeros sindicalistas y militantes se acercaron al Obelisco, el punto de partida. El reclamo tuvo el respaldo de las dos CTA (conducidas por Hugo Yasky y por Pablo Micheli), aunque la confirmación no se dio sino hasta último minuto. Sebastián Rollandi, de la CTA que lidera Yasky, contó a ANCCOM: “Las dos centrales se unieron y salieron a la calle a movilizarse junto a los trabajadores estatales. Esta es una clara señal de una parte del movimiento obrero que no está dispuesto a regalarle al gobierno de Mauricio Macri nada de lo ganado en estos últimos doce años. Lo de hoy fue una contundente demostración de que no vamos a retroceder”.
Las calles cercanas a la Plaza de Mayo no podían albergar a más personas. Las columnas de los diferentes sectores se mezclaban, se chocaban, se esquivaban, siempre sabiéndose lejos del lugar esperado. Las banderas flameaban con fuerza, pero el viento fresco no se sentía entre la multitud abigarrada. Durante toda la jornada se notó la ausencia de las fuerzas de seguridad, aunque algunos medios de comunicación pregonaban la necesidad de implementar el nuevo protocolo de seguridad, comúnmente denominado “antipiquetes”. Tampoco hubo accionar policial en los cortes que se dieron en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, en los que los oficiales se encargaron simplemente de redirigir el tránsito. Damián Ravenna, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), sostuvo: “Esto sirvió también para demostrar que el protocolo de seguridad no sirve para nada y de que no podrían aplicarlo frente a manifestaciones de esta índole”. Rollandi agregó: “Este gobierno, con el tinte represivo que ha demostrado, querrá llevar adelante el protocolo antipiquete. Nosotros nos vamos a seguir movilizando porque nos ampara la Constitución”.
El calor no amainó en ningún momento: un hombre se cubría el pelo transpirado con un ejemplar de Página/12 y, unos metros más atrás, una pareja se abanicaba con un texto fotocopiado. Las botellas con bebidas frías circulaban entre compañeros pero seguía su camino hacia manos desconocidas. No había manera de escapar al agobiante mediodía del microcentro, menos aún cuando la cercanía a Plaza de Mayo significaba alejarse de los edificios que proporcionaban algo de sombra, mientras la marcha no se descomprimía. Entre el ruido de los bombos y los cantitos de las agrupaciones militantes, un adolescente menciona la marcha del 24 de marzo. Ya no está indignado con la visita de Barack Obama ni con la de François Hollande; sólo espera que las calles se llenen como en ese mismo momento. Ravenna afirmó: “Hay que salir, porque lo que Macri quiere generar es un Estado más pequeño, lo que conlleva que ciertas políticas (en particular las de Derechos Humanos) se vean seriamente afectadas. Por ejemplo, despidieron a compañeros y compañeras que trabajaban sobre la faceta económica de la última dictadura cívico militar. Esto tiene que ver con la visión que tiene el macrismo del terrorismo de Estado y del mismo Estado”.
Las banderas contemplaban un amplio rango ideológico y demostraban la unidad dentro de la diversidad: desde el Partido Obrero hasta La Cámpora, estuvieron presentes los militantes sociales y políticos de Nuevo Encuentro, Movimiento Evita, Barrios de Pie, MILES, MST, Peronismo Militante, junto a las delegaciones de la Unión Ferroviaria y FOETRA, entre otras. No faltaron tampoco los representantes de la ciencia. Un trabajador del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) contó: “Sabemos que la política de Macri es de ajuste y de reducción del Estado. Cuando el neoliberalismo habla de modernización del Estado, quiere decir que va a despedir trabajadores. Hoy vinimos a esta plaza a decirle a Macri que los trabajadores del Estado somos el recurso que el país necesita para salir adelante. En el INTI brindamos servicios a la industria, a cooperativas, laburamos con tecnología aplicadas a la salud y la discapacidad. Hasta hace poco, dependíamos del Ministerio de Industria (que ahora es la Secretaría de Producción) pero ahora dependemos de Economía. Eso nos da un indicio de la poca importancia que tiene la industria nacional para el macrismo”.
En la misma línea, Roberto “Beto” Pianelli, Secretario General de la Asociacion Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP), dijo que el gobierno no quiere una política industrialista y agregó: “No vimos más que el inicio del plan que quiere aplicar Macri a favor de los grupos financieros y económicos concentrados. Quieren que el salario real y el poder adquisitivo de los trabajadores caiga abruptamente. Todavía no pasaron las primeras paritarias, pero ya podemos ver cuál es la orientación del gobierno. Lo primero que se va a empezar a ver es la intención de bajar el poder adquisitivo. Además, con las políticas económicas, que no apuntan a desarrollar el mercado interno, van a aparecer también despidos masivos no sólo del ámbito estatal sino también del privado”. Aprovechó para remarcar una diferencia con los años anteriores y la actividad sindical previa al 10 de diciembre pasado: “Durante el kirchnerismo, al no haber conflictividad laboral (porque las paritarias garantizaban siempre estar por encima de los niveles de inflación), no había movimiento para construir sindicalmente. Pero tampoco había condiciones objetivas para desarrollar movimientos sindicales, ya que el Estado garantizaba buenas condiciones para los trabajadores. Creo que va a haber un realineamiento político sindical, que todavía no se vislumbra, porque la nueva coyuntura va a exigir una renovación y una reestructuración. Objetivamente, va a haber movimiento, preocupación y acción, que van a permitir construir alternativas a lo existente”.
Circularon también decenas de ciudadanos con remeras de Resistiendo con Aguante que miraban alrededor, se quedaban unos minutos en alguna columna y seguían camino, sin saber bien qué hacer ni con quiénes acoplarse. Por Perú, entró el grupo de Jóvenes Científicos PrecarizadFos (JCP). Una becaria doctoral del CONICET relató a ANCCOM: “Participamos de la marcha para repudiar las políticas de ajuste y achicamiento del Estado. Reclamamos por la situación de precarización laboral de los compañeros que fueron admitidos a carreras de investigación en CONICET en las convocatorias de 2014 y 2015 y que aún no han sido efectivizados, supuestamente por falta de presupuesto”. A los pocos metros, chocaron con una columna de Peronismo Militante y giraron hacia la plaza, pero se avanzaba de a poco y muy lentamente: cerca de las 14, las columnas apenas habían recorrido una cuadra hacia el destino final, donde se estaba llevando a cabo el acto en un escenario ubicado frente a la Pirámide de Mayo. Tambien estuvieron presentes los trabajadores del Ministerio de Educación y Deporte de la Nación de los Programas Conectar Igualdad y Primaria Digital que, desde diciembre 2015 no cobran sus sueldos, no tiene autoridades asignadas y su equipo central esta siendo desmenbrado.
Finalmente, cerca de las 15, la manifestación comenzó a desconcentrarse y, una hora más tarde, quedaban sólo aquellos que disfrutaban de la sombra antes de emprender la vuelta. Se escuchaban bombos aislados, con grupos pequeños de manifestantes, pero los 50 mil estatales que habían participado de la primera medida nacional contra las políticas del gobierno de Macri, ya no estaban en el espacio. A modo de balance, Ravenna sostuvo: “Esta fue una demostración de fuerza hacia el gobierno nacional. Ni el sindicalismo ni las organizaciones populares y partidos políticos vamos a permitir el desmantelamiento del Estado”. Pianelli, por su parte, afirmó: “Era necesaria una respuesta de los sectores populares. Ha quedado en evidencia una de las estafas con las que el macrismo ganó las elecciones. Dijeron que no iban a sacar ningún derecho adquirido y lo primero que hicieron fue, justamente, empezar a retroceder. No vamos a aceptar que continúen los despidos, que nos condicionen las paritarias para bajarnos el salario ni que se criminalice la protesta”.
Feb 10, 2016 | destacadas
En una de las tardes más calurosas del año, los trabajadores y trabajadoras de Tiempo Argentino se concentraron en Amenábar 23 para continuar visibilizando el conflicto salarial que los afecta desde hace dos meses. La consigna original era llevar a cabo una mateada, con merienda incluida, cerca de las 16 para extenderse hasta entrada la noche. Durante la actividad, protagonistas del periodismo y de la política local se acercaron para expresar su solidaridad y apoyar el reclamo: Víctor Hugo Morales, Cynthia García, Pedro Brieger, Daniel Tognetti, entre otros. Cada uno de ellos contó con algunos minutos para expresar sus ideas en la radio abierta que se llevó a cabo en la vereda y que también fue el escenario para la música en vivo.
En la puerta de la redacción una mesa con facturas, galletitas, mate, limonada y magdalenas amenizaban el encuentro. Quienes se acercaban a la manifestación podían, si así lo querían, colaborar con algo de dinero en unas cajas ubicadas al costado, destinadas a recaudar fondos para los nuevos desocupados y aquellos que aún deben cobrar sueldos retrasados. Alejandro Wall, delegado del diario, contó a ANCCOM: “En Tiempo Argentino no cobramos sueldos desde diciembre, ni cobramos el aguinaldo. El supuesto nuevo dueño, Mariano Martínez Rojas, decidió no imprimir el diario en un lockout patronal clarísimo, como lo caracterizamos y lo denunciamos. Ese día decidimos quedarnos en el diario para hacer guardias nocturnas, permanecer de forma pacífica en la redacción y sostener la defensa de nuestros puestos de trabajo”.
Por el momento, no han recibido ninguna novedad y su causa no parece avanzar. Javier Schurman, subeditor de la sección Política, expresó que esperan que la empresa aclare cuándo y de qué manera van a pagar los salarios adeudados. Destacó la importancia de la visibilización de los conflictos: “Hay muchas plazas de catarsis por lo que está pasando. Tenemos que mostrar el conflicto y la mejor manera de hacerlo es salir a la calle y convocar personalidades que nos ayuden a hacerlo más visible”. En relación a esto, agregó que mientras los puestos en la redacción no se mantienen con la normalidad de meses atrás, sus integrantes realizan un boletín para dar a conocer su situación: “En vez de hacer un diario con noticias nacionales, hacemos uno con información de lo que nos pasa a nosotros, del saqueo que está sufriendo el diario o de las movilizaciones. Porque el cierre de un medio implica mayor precarización para el resto de los colegas”.
Wall argumenta que el vaciamiento del Grupo 23 tiene como dirigentes a Martínez Rojas, Sergio Szpolski y Matías Garfunkel: “Hay 200 trabajadores que trabajaron para sacar el diario a la calle. En los últimos, años, el gobierno nacional les pagó 814 millones de pesos. Como todo empresario, aprovechan la situación del país, con un gobierno que aplica ajuste y que despide en el Estado. Pero acá hay trabajadores que quieren cobrar su salario. Reclamamos la intervención del Ministerio de Trabajo, y que el gobierno nacional (que es deudor porque todavía mantienen deudas con la pauta publicitaria) no le pague a estos empresarios, para que seamos los trabajadores los que cobremos esa deuda”. Liliana Mazure, diputada por el Frente para la Victoria, remarcó: “El negocio de los medios está en el monopolio porque, si no, no se tiene el poder completo. No nos dejemos desvalorizar. Tenemos que encontrar herramientas para reaccionar, para seguir garantizando la libertad de expresión y la pluralidad de voces”.
Los trabajadores convocaron para esta tarde a una marcha desde el Congreso al Ministerio de Trabajo (Callao y Mitre). Allí estaba previsto una audiencia para exigirle a la empresa que se comprometa con un plan de pago para los trabajadores.
Actualizado 10/02/2016
