Los colectivos perdieron 45 millones de pasajeros mensuales

Los colectivos perdieron 45 millones de pasajeros mensuales

Durante el gobierno de Macri el aumento del boleto en el Área Metropolitana llegó al 500 por ciento.

Cuatro años de gestión de Cambiemos dejaron un saldo negativo en diversos aspectos del sistema de transporte automotor de pasajeros. El aumento del boleto de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) llegó al 500 por ciento y generó que los colectivos de la zona pasaran de vender mensualmente 290 millones de boletos a 245 millones, es decir, 45 millones de pasajeros optaron por otro medio de transporte. A su vez, en un contexto de crisis económica, numerosas empresas del rubro sufrieron el paro de sus actividades, despidieron trabajadores y algunas incluso llegaron a declarar la quiebra. 

El 31 de octubre de 2019, la histórica línea 60 oficializó la reducción de sus 19 ramales a sólo 8, mientras que la fábrica de carrocerías Metalpar anunció el 27 de febrero del mismo año el cierre de su planta tras operar en el país desde 1997. Cabe señalar que cuatro de cada diez colectivos que circulan por la Ciudad de Buenos Aires –cerca de 10.000 unidades- hoy tienen carrocerías Metalpar, según Matías Labate, creador del blog especializado Ciudad de Bondis. En el resto del país, la situación es aún peor, ya que el Gobierno de Mauricio Macri traspasó los subsidios a las provincias y al poco tiempo se declararon en estado de emergencia del transporte público distintas localidades de La Pampa, Entre Ríos, Santiago del Estero, San Luis, Jujuy, Tucumán, Chaco y Chubut. Dos semanas antes del cierre de Metalpar, ERSA, la empresa que monopoliza en Corrientes el servicio de colectivos, ingresó en concurso de acreedores. En Córdoba, por su parte, la empresa de transporte interurbano TUS tuvo que presentar un pedido de quiebra el 10 de agosto de 2018.

Frente a este cuadro de situación, la primera medida que tomó el Gobierno de Alberto Fernández fue congelar las tarifas por 120 días en el AMBA, en tanto el ministro de Transporte, Mario Meoni, invitó a las provincias y municipios a que se sumen a la medida. El funcionario nacional adelantó que está pensando en lanzar la primera etapa de un esquema de subsidios más justo y equitativo, contemplando la capacidad económica de quienes usan el servicio. También explicó que se está trabajando en una Ley Nacional del Transporte que involucre a todas las movilidades y que brinde una estrategia para los próximos 25 años.

El grupo DOTA posee el 67% de las compañías, lo que significa 180 líneas de colectivos de un total de 389.

Un sector con pocos jugadores

A fines del año pasado se hizo público un informe de la Auditoría General de la Nación que analizó el sistema de transporte automotor de pasajeros del AMBA entre el 1º de enero de 2014 y el 30 de septiembre de 2017. El trabajo alertó el fuerte proceso de concentración que sufre el sector: “Se detectaron 14 grupos empresarios conformados por 106 empresas de transporte y 54 operadores sin vinculación, sobre un total de 160 empresas. De esta manera, el 66% de las empresas forman parte de grupos empresarios”. En este sentido, precisó que el grupo DOTA posee el 67% de las compañías que prestan el servicio, lo que significa 180 líneas de colectivos de un total de 389. Le sigue Micro Ómnibus Quilmes (Moqsa), con 20 líneas y cinco sociedades, mientras que el resto apenas asoman con un par de líneas. Por si esto fuera poco, el grupo DOTA controla la concesionaria Megacar, representante oficial de la terminal de utilitarios brasileña Agrale, y también es dueña de la carrocera Todobus, la principal competidora de Metalpar. 

Rafael Skiadaressis, economista y especialista en transporte, explica que con este nivel de concentración se corre el riesgo de que los grupos empresarios hagan “lobby” contra el Estado, sobre todo por el alto nivel de know how que los privados utilizan para inclinar la balanza a su favor en una mesa de negociación. El Estado no posee la misma cantidad de información y datos duros con los que pueda sugerirle a la empresa cómo puede prestar un mejor servicio, lo que da a lugar a que el grupo empresarial tenga mayor capacidad para marcar la agenda de cómo tiene que organizarse. Sin embargo, Skiadaressis explica que este proceso de concentración no comenzó ahora y que para entender cómo estamos hoy  es necesario conocer la historia del sector a nivel nacional. 

Cuatro de cada diez colectivos del AMBA los fabricó Metalpar, planta que anunció su cierre en febrero de 2019.

Argentina no inventó el colectivo

Los orígenes del colectivo en el país se remontan al surgimiento de los taxis colectivos que aparecieron cerca de 1928 en la Ciudad de Buenos Aires. Contrariamente al mito popular, Skiadaressis aclara: “No inventamos el colectivo, ya existía el ómnibus”. En aquel entonces, los ómnibus y los tranvías no competían entre sí porque distintas empresas solían prestar ambos servicios. Con la crisis del 29, comenzaron a aparecer taxis de gran capacidad que llevaban gente compartida, similar a los Uber pool actuales. Estos no sólo competían con el tranvía, sino que resultaron ser más baratos y prácticos, por lo que a medida que ganaron escala y crecieron en carrocería las empresas de tranvías y de ómnibus fueron quebrando consecuentemente. Para 1940 ya teníamos numerosas líneas de colectivos que pertenecían por lo general a choferes individuales, familias o cooperativas que prestaban recorridos cortos. 

El proceso de concentración comenzó en la década de los 90, cuando el Estado llevó a cabo políticas públicas que buscaron modernizar el sector. Se ordenaron los recorridos y se impusieron determinados estándares de calidad mediante licitaciones de los distintos ramales en los que se pedían distintas condiciones para poder ganarlos, como nivel de servicio, calidad de parque y seguro, entre otras cuestiones. Contar con todo eso era costoso, así que las empresas que estaban en mejor situación económica lograron quedarse con más rutas y absorber las que quedaron fuera. En esta etapa, la concentración también se agudizó por una enorme caída en cantidad de pasajeros gracias a que mejoró el transporte ferroviario y creció el sector de los automóviles. Con la crisis del 2001, se produce una segunda etapa de concentración porque muchas compañías quebraron y fueron absorbidas por las que gozaban de mejor situación financiera. A esto hay que agregarle que el Estado comenzó a subsidiar la oferta para garantizar la continuidad del servicio, lo que redundó en un esquema que, en términos generales, predomina hasta el día de hoy. Las empresas que no pueden más con sus cuentas son absorbidas por otras, como sucedió con el Grupo Plaza que fue adquirido por La Nueva Metropol a principios de 2018, y en el medio, se mantienen los servicios tal cual existían o empiezan darse de baja algunos en pos de la rentabilidad empresarial.

Barajar y dar de vuelta

“Tenemos un proceso de racionalización de los colectivos con una mirada bastante corta, muy focalizada en los costos del sector y poco focalizada en la lógica del transporte en general. Nuevamente volvemos a estar en una situación de emergencia en la que hay que implementar más subsidios a nivel nacional”, señala Skiadaressis. Si bien entiende que este no es un contexto fácil, plantea la necesidad de construir institucionalidad y realizar reformas de largo plazo: “En el AMBA, hay que analizar el sector en el marco del Ministerio de Transporte con la participación de la Ciudad de Buenos Aires, los municipios y las provincias. La autoridad para eso es la Agencia de Transporte Metropolitano, la cual debería de tener una existencia real con técnicos que trabajen en una visión de largo plazo e intermodal, o sea no sólo mirar el colectivo sino todos los modos de transportes que pueden verse afectados ante cualquier política pública”. 

En la misma línea se ubica Eladio Sánchez, contador público y especialista en transporte, quien también rescata al sistema SUBE como una primera medida que ayuda, entre otras cosas, a ejercer un mayor control a los grupos empresarios de colectivos ante la creciente concentración del sector. La información que antes brindaban las empresas con su declaración jurada ahora es posible recolectarla con las máquinas validadoras –en las que se apoyan las tarjeta SUBE- que tienen un GPS incorporado. De esta forma, el Ministerio de Transporte controla en tiempo real la cantidad de coches en circulación, frecuencia, cantidad de kilómetros recorridos y velocidad de cada unidad, entre otras cosas. Con estos datos el Estado puede ajustar los subsidios y aplicar penalizaciones, así como también conocer cuánto recauda cada línea de colectivo. 

De todas formas, Skiadaressis advierte que la insuficiencia de datos continúa siendo un problema. “Con la SUBE se empieza a generar, pero mientras vos más te puedas independizar de la necesidad de información del prestador del servicio mayor capacidad de regularlo tenés. Mientras más dependiente seas, mucho más laxa va a ser tu regulación y lamentablemente es la regla. Hoy en día si vos querés reformar el sistema te tenés que basar en lo que te explica la propia empresa: cómo es la demanda o cómo se podría cambiar el recorrido”.

ANCCOM a un paso de ser declarada de interés comunicacional y cultural 

ANCCOM a un paso de ser declarada de interés comunicacional y cultural 

“Nos parece muy importante visibilizar y reconocer el doble mecanismo que permite, por un lado, que los estudiantes salgan con una formación más sólida en sus prácticas periodísticas, pero también que, a través de esta agencia, puedan influir socialmente y que eso permita, de alguna manera, incentivar a otras iniciativas para seguir generando esta repercusión. Éste es el doble mecanismo de participación entre la casa de estudios, los estudiantes y la sociedad”, manifestó Andrea Conde, diputada de Unidad Ciudadana, el lunes en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Los asesores de la comisión de comunicación social aprobaron el proyecto para que ANCCOM sea declarada de interés comunicacional y cultural. Ahora el expediente N° 388 de 2019 que constata el reconocimiento pasará a tratarse en Diputados.

“ANCCOM es pionera en cuanto a prácticas pre profesionales dentro de la carrera de Ciencias de la Comunicación, ya lleva 5 años de funcionamiento y forma parte de la identidad de nuestra carrera. La verdad es que es un objeto de mucho orgullo para quienes día a día construimos esta carrera poder contar con esta agencia que ingresa en los debates y logra poner temas de agenda desde un lugar de producción de noticias dentro de la universidad pública”, agradeció Silvia Hernández, coordinadora técnica de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la UBA. A su lado estuvieron Sebastián Comellini, coordinador técnico de ANCCOM y Diego Rosemberg, coordinador docente de redactores de ANCCOM. Hernández aprovechó el momento para explicar el origen y el sentido que posee la Agencia, como también para resaltar sus particularidades y logros más interesantes. 

Silvia Hernández, Diego Rosemberg y Sebastián Comellini de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA durante la presentación del proyecto.

ANCCOM fue creada en el año 2014 en el marco de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Se enmarca en un espacio de prácticas pre profesionales con coordinación docente para estudiantes de la carrera y ya lleva nueve cohortes semestrales de practicantes estudiantiles que han pasado por un espacio de taller, tanto en roles de redacción, fotografía y redes sociales. Está pensada como un espacio formativo y responde a una demanda histórica de la comunidad de la carrera de Ciencias de la Comunicación: aumentar las instancias de práctica al interior de la formación en la Licenciatura. Así más de 200 estudiantes han transitado por la agencia. Actualmente están haciendo su experiencia 40 practicantes más, con la coordinación y colaboración de 15 docentes. 

De esta manera, Hernández finalizó resaltando dos distintivos que posee la reconocida agencia de noticias. Por un lado, si bien ANCCOM tiene lugar en un marco universitario, los temas que aborda no son propios de la universidad, sino que trata de construir nuevas agendas y poner nuevos temas en la escena informativa actual. Por otro lado, “no pretende competir con medios comerciales en la producción de contenidos, sino que busca proyectarse e instalar agendas nuevas, plurales y diversas en términos informativos. Las coberturas que lleva adelante tienen que ver con una agenda de género, derechos humanos y de actualidad en un sentido amplio. Trae temas que muchas veces no se ven reflejados en la construcción de actualidad de los medios que conocemos”, concluyó Hernández.

 

“Estamos en un momento de shock room”

“Estamos en un momento de shock room”

«La gran pregunta es por la gobernabilidad y cómo de Cambiemos pasamos a otro nombre: ‘Lleguemos’”, reflexiona Diego Sehinkman.

Con el 98,8% de mesas escrutadas, las contundentes cifras que tardaron en aparecer el domingo por la noche no se modificaron sustancialmente durante el lunes. Las fuerzas presidenciales que superaron el piso del 1,5% en las PASO fueron El Frente de Todos (47,66%), Juntos por el Cambio (32,08), Consenso Federal (8,23%), Frente de Izquierda (2,86%), Frente Nos (2,63%) y Unite por la Libertad y la Dignidad (2,18%). Esta amplia mayoría del Frente de Todos no fue el único elemento que sorprendió a analistas y consultores. Todas las provincias se tiñeron de celeste a excepción de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, ambas sostenidas por Juntos por el Cambio, pero con una diferencia menor a la prevista. “Buenos Aires era el distrito más peleado y Juntos por el Cambio había puesto todas las fichas en Vidal que logró el 29,88%. Sin embargo, el Frente de Todos arrasó con un 50,65%. No sé si se esperaba que Kicillof ganara con tanta diferencia, incluso llegando a sacar más puntos que Fernández”, describe el politólogo Mateo Nielsen Obieta. 

Las razones por las que las terceras fuerzas quedaron desdibujadas se pueden explicar con la polarización buscada entre el oficialismo y el Frente de Todos. Según el politólogo Darío Rubinstein esta última fuerza fue moderada y apuntó hacia el centro, en cambio, Juntos por el Cambio decidió refugiarse en su electorado más duro. “Muchos sectores criticaron esta polarización, pero no me parece que sea un fenómeno criticable en sí, siempre que tengamos en cuenta que no signifique un giro hacia los extremos. Además, los que cuestionan la polarización curiosamente se declaran grandes admiradores de sistemas políticos donde la polarización es una constante desde hace décadas”, cree Rubinstein. Así todos los analistas consultados por ANCCOM piensan que la posibilidad de que la fórmula Fernández-Fernández no sea vencedora en las próximas elecciones generales es remota, por lo que las estrategias electorales ya casi no tienen sentido a esta altura. “Sabemos que, salvo un milagro sumamente improbable, el ciclo de Macri estaría terminado. Ahora la gran pregunta es por la gobernabilidad y cómo de Cambiemos pasamos a otro nombre que es, ni en la peor pesadilla soñada, ‘Lleguemos’”, reflexiona Diego Sehinkman, psicólogo y periodista.     

En este sentido, vaticinan que los números actuales no se moverán demasiado en octubre y que si la transición de un gobierno a otro será tranquila o caótica dependerá de la actitud que tomen las dos fuerzas principales. Por un lado, para Rubinstein Alberto Fernández debe mantener el discurso moderado que esgrimió ayer, más allá de su lógica euforia por semejante triunfo. Por otro,  Sehinkman opina que estos primeros días son críticos para saber la capacidad de resiliencia que tiene Juntos por el Cambio para estabilizar la economía al menos hasta diciembre. “Ahora va a girar todo alrededor del precio del dólar y cuánto se puede llegar a espiralizar la inflación. Estamos en un momento de shock room, una sala de emergencia de terapia intensiva. Hoy el problema primario es que estás en medio de un terremoto y empezás a no tener piso”, advierte Sehinkman.

“El resultado de la encuesta termina siendo sesgado porque los que contestan el teléfono fijo son en general jubilados y amas de casa de clase media o media-alta·, explica Rubinstein.

Una de las principales polémicas que se repitió en estas elecciones fue la baja credibilidad que poseen las encuestadoras debido a su gran distancia con el resultado de los escrutinios. Este último problema se debe a varios factores y uno de ellos es que si bien existe la capacidad técnica de hacer encuestas fidedignas, estas son costosas debido a que requieren una modalidad presencial y bien distribuida. En cambio, suelen predominar encuestas que sólo se realizan a teléfonos fijos y esto resulta en un problema por la disminución de su uso en los hogares. “El resultado de la encuesta termina siendo sesgado porque los que contestan esos teléfonos fijos son en general jubilados y amas de casa de clase media o media-alta. Por último, hay una cuestión de quién contrata la encuesta porque es el que decide lo que se publica”, profundiza Rubinstein.

Otro de los debates que aparecieron se refirió a las PASO como sistema, debido a la gran cantidad de boletas únicas presidenciales que se presentaron. Sin embargo, Néstor Leone, sociólogo y periodista, recuerda que anteriormente le sirvieron a la izquierda para que pueda unirse en 2011 bajo lo que hoy es la coalición consolidada del Frente de Izquierda, pero también valió para que en 2015 Cambiemos pudiera solventar su diferencias en una interna entre las tres fuerzas que la constituyeron. La eficacia de las PASO radica así en su capacidad de ordenar la oferta y permitir que se reduzca la fragmentación del sistema político. Volviendo a las elecciones recientes, Rubinstein rescata que en 17 de 24 distritos hubo candidaturas municipales y listas de legisladores que se resolvieron gracias a esta instancia. Si bien no se resolvieron grandes candidaturas, no se descarta que esto pueda ocurrir en próximas elecciones, aunque más allá de esto, para él existe un significado más importante: “Me parece que votar siempre es bueno. Es un ejercicio que siempre es saludable y discutir una elección por su costo siempre nos pone en el borde de entrar a discutir cosas más profundas y que están en el límite del cuestionamiento de la decisión popular”, finaliza Rubinstein.

Con el agua al cuello

Con el agua al cuello

El helado viento golpea con intensidad a un grupo de chicos que caminan apurados por la Avenida Paseo Colón y Cochabamba. A su lado, se erige la escuela Isauro Arancibia, con su nuevo y flamante edificio, que fue inaugurado a principio de año por el Gobierno de la Ciudad. Al ingresar llaman el ascensor y se distraen mirando las grietas de la pared. Alguien les avisa que no funciona, por lo que aceleran el paso por las escaleras hasta llegar a la sala de maestros. Se escuchan personas tosiendo y manos que se frotan para generar calor. Son los docentes que trabajan con sus pesados e incómodos abrigos a cuestas, porque no poseen calefacción. La intensa lluvia del sábado 15 de junio terminó inundando esta sala y la misma suerte corrieron el jardín, el comedor, la biblioteca, la sala de computación, el SUM y el resto de las aulas, muchas de las que ahora no tienen luz. Luego de numerosos reclamos en los medios de comunicación por parte de las autoridades del colegio, la Defensoría del Pueblo y la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires emitieron pedidos de informes para que se detallen las condiciones del edificio.  

Luis Pacheco, 24 años, hizo la primaria en el Isauro Arancibia, está finalizando la secundaria en una escuela de Barracas y quiere estudiar Profesorado en Historia. A pesar de que egresó hace 7 años del Isauro, continúa yendo porque está en situación de calle y allí, además de comer, participa en el Centro de Actividades Infantiles (CAI) para chicos de hasta 12 años. “Ese día llegamos y no pudimos hacer ninguna actividad del CAI en el SUM porque estaba todo inundado. Fue algo muy feo porque los chicos querían jugar a la pelota y tampoco podíamos ir al patio porque le falta un pedazo de techo. Estuvimos todo el día en el comedor, que era el único lugar en el que se podía estar. Llegamos el lunes temprano para desayunar y la escuela estaba cerrada porque todo el jardín estaba inundado. Fue un bajón: a esta escuela vienen chicos de la calle a estar secos, calentitos y sin humedad. En vez de secarnos la ropa tuvimos que agarrar un secador y empezar a ayudar a sacar el agua porque era caótico”, cuenta Luis. 

Durante muchos años la comunidad del Isauro realizó movilizaciones para que la escuela no fuera demolida por el Gobierno de la Ciudad con el objetivo de construir el Metrobus. Finalmente se acordó que la obra se iba a realizar quitándole diez metros de frente al viejo edificio y construyendo uno nuevo a su lado, en donde había una fábrica. Sin embargo, el primer día que los maestros encendieron la calefacción, un caño del jardín explotó y cayeron chorros de agua caliente sobre las cunas. “Por suerte fue a las cuatro de la tarde y los niños no estaban, pero podría haber sido una tragedia absoluta”, manifiesta Susana Reyes, directora de la escuela. A estos problemas se le agregan que no hay acceso para las personas con discapacidad, tampoco teléfonos para la comunicación interna y externa ni canillas para la limpieza. La cocina, además, sólo posee cuatro hornallas y un termotanque demasiado chico. “Los chicos vienen a pedirnos agua caliente y no hay abasto”, denuncia Marcelo, personal de cocina.

La escuela Isauro Arancibia se inició como un centro educativo en 1998 con Susana Reyes y veinte alumnos. Hoy brinda educación primaria y secundaria para jóvenes y adultos con 130 trabajadores y 394 estudiantes. A pesar de esto, en los papeles continúa figurando sólo como un centro educativo, lo que significa un obstáculo a la hora de hacer reclamos. Además de brindar educación primaria y secundaria para jóvenes y adultos, la escuela posee diversos talleres de oficio, como el de periodismo con la revista La Realidad Sin Chamuyo; reparación de bicicletas y una panadería que no funciona, debido a que los hornos no cuentan con gas desde hace tres meses. “Tuvieron que cambiar los caños porque el caudal de gas que necesita la panadería y la calefacción tiene que ser más gruesa que la que ellos pusieron. Ellos tenían un plano y sabían que iba a haber una panadería, ¿Por qué pusieron un caño chiquito si sabían que tenían que poner uno más grande?”, se pregunta Cristina Aguilar, secretaria de la escuela desde hace tres años y estudiante de Trabajo Social en la ex Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Actualmente no está cursando y se está replanteando su carrera debido a la intervención que sufrió la universidad a mediados de 2017, por parte de los ministerios de Justicia y de Educación, que reformularon en el plan de estudios y se despidieron a la mayoría de los profesores. 

Si bien se suele concebir al Isauro como una escuela destinada a personas en situación de calle, el formato es el que la hace inclusiva. Su enfoque educativo pone al sujeto pedagógico, y no a la normativa, como factor central. Sus docentes creen que este sistema debería implementarse en todas las escuelas. “Cualquier persona en cualquier situación tendría que poder ser recibido en cualquier escuela pública. Nosotros trabajamos con los pibes estigmatizados y que todo el mundo tilda de chorros. Son lo que no hay que ver, lo que quieren ocultar y silenciar. Acá tienen voz, se vizibilizan y aparte son seres adorables. Muchos de ellos han terminado el secundario y están pensando en ir a la universidad. Los pibes son un ejemplo de resistencia porque a pesar del desprecio, el maltrato y la violencia institucional siguen viniendo a la escuela”, finaliza Reyes. 

¿Será justicia?

¿Será justicia?

En la Provincia de Buenos Aires se realizaron 173 juicios por jurados en dos años.

El sistema de jurados populares ha ganado relevancia en los medios de comunicación nacionales a partir de los debates generados en casos como el de Daniel Oyarzún, acusado de perseguir, atropellar y asesinar a Brian González, quien lo había asaltado minutos antes en su carnicería, en la localidad de Zárate. Oyarzún fue absuelto por unanimidad en un juicio por jurados. Sin embargo, expertos en el tema aseguran que son pocos los casos de “gatillo fácil” o exceso de legítima defensa que no son condenados..

La investigación El Poder del Jurado, realizada por Aldana Romano en conjunto con Sidonie Porterie, politóloga y directora del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), revela que los jueces se ven teñidos por la numerosa cantidad de casos que han tratado, pero que el ciudadano no se comporta de la misma manera que cuando opina ante un hecho noticioso, sino que a la hora de juzgar a un tercero asume responsabilidad y compromiso “más allá de toda duda razonable”. Según este trabajo, en la Provincia de Buenos Aires hubo un total de 80% de condenas y 20% de absoluciones por parte de jueces profesionales en 2011, mientras que los juicios que se han realizado por jurados han dado como resultado un 65% de condenas y 35% de absoluciones en 2017. “En todos los (casos) que el policía acusa una situación de robo y dispara, el jurado ha condenado a los policías. En general, se suele condenar más la supuesta defensa a un policía, que a un particular. En los casos de legítima defensa, en Provincia de Buenos Aires, el jurado condena más de los que absuelve, contrariamente a lo que se cree. Si es en contextos de robo la decisión de condena o absolución están más parejos”, aclara Romano.

En el origen, populares

Uno de los tantos objetivos que persiguieron los fundadores de la Argentina en la asamblea de 1813 fue que los juicios criminales se resolvieran por jurados populares. Sin embargo, no fue hasta la reforma constitucional de 1994 que se confirmó ese legado al ordenar el juicio por jurados en los artículos 24, 75 y 118 de la nueva Carta Magna. Córdoba se adelantó en 1991 al sancionar la Ley 8123 que modificó su Código de Procesamiento Penal, norma que tardó siete años en entrar en vigencia y dio como resultado que el 29 de julio de 1998 se realizara el primer juicio por jurados en Argentina. Si bien Río Negro, San Juan, Mendoza y Chaco han sancionado su propia ley, a la que se le está sumando Santa Fe con media sanción, las únicas provincias que gozan en su legislación del juicio por jurados son Neuquén, Buenos Aires y Mendoza. A nivel nacional, el nuevo Código Procesal Penal Federal sancionado en 2014 los prevé en el Artículo 249, pero aún es necesaria una ley específica que los regule.

En el mundo existen dos grandes modelos, denominados clásico y escabinado. Este último es el que terminó de instituir Córdoba en 2004 al establecer un tribunal mixto donde dos jueces profesionales deliberan junto a ocho ciudadanos comunes para determinar la culpabilidad o inocencia de un acusado. En el resto de las provincias las discusiones que se llevaron a cabo fueron por jurados clásicos y un claro ejemplo es Buenos Aires, donde hace cuatro años se estableció con la Ley 14543 mediante la cual doce jurados titulares, compuestos por seis hombres y seis mujeres, estudian el caso de forma secreta. A estos se le añaden otros seis jurados suplentes que no participan de esa deliberación. Así, el rol del juez queda reservado a moderar las exposiciones de la fiscalía y la defensa, brindar asesoramiento en materia de derecho al jurado y admitir o rechazar las pruebas que este puede considerar. Al final, es el jurado el que decidirá, a puertas cerradas, sobre la culpabilidad del acusado por cada cargo que se le impute. En la provincia de Buenos Aires se requiere una mayoría de diez votos afirmativos para la culpabilidad, aunque para los casos de reclusión perpetua es necesaria la unanimidad. Una vez que el jurado emite su veredicto este es vinculante para el juez, quien se limita a aplicar la sentencia. Si el acusado es encontrado culpable es posible pedir una revisión del proceso, opción que no existe en caso de su absolución.

¿Hacia la democratización judicial?

La aplicación del juicio por jurados es obligatoria para los casos de penas mayores a 15 años en todas las provincias que funciona, aunque en Buenos Aires el acusado puede renunciar a este novedoso sistema. De esta manera, queda restringido sólo a los casos de homicidio agravado, homicidio en ocasión de robo, abuso sexual agravado o robo agravado por arma si hay resultado de lesiones o muerte. Córdoba es la única provincia que incluye a los delitos relacionados a la corrupción. En esta dirección, un ejemplo fue el caso de Germán Kammerath, ex intendente de Córdoba, quien resultó condenado en 2015 a tres años y medio de prisión efectiva. “Estamos en una fase inicial en la que se quiso hacer una implementación gradual eligiendo delitos muy graves. Hasta ahora está funcionando, así que va a venir una segunda fase en donde se va a ampliar a más delitos”, explica Andrés Harfuch, miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y vicepresidente de la Asociación de Juicio por Jurados (AAJJ).

En un contexto de crisis de legitimidad del sistema judicial, el jurado se presenta como una propuesta que aparenta otorgar democratización, control, proximidad e imparcialidad. Su fuerza democratizadora reside en que se le devuelve al ciudadano un poder que originariamente había delegado, pero también en que tiene la posibilidad de deliberar entre pares para arribar a un consenso. Así, el modelo que más respeta el espíritu del jurado para Aldana Romano, politóloga y directora del INECIP, es el mendocino porque requiere de la unanimidad, es decir, que las doce personas se pongan de acuerdo tanto para condenar o absolver al acusado. “Existen prejuicios como que los argentinos no nos podemos poner de acuerdo porque somos como Boca vs River. El reparo que le tenemos a la unanimidad es porque desconocemos la deliberación como experiencia, no tenemos otras instancias en nuestra democracia donde exista la deliberación. Nuestro sector político está acostumbrado a negociar, que no es lo mismo”, afirma Romano. Según la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de 173 juicios realizados bajo esta modalidad entre 2015 y 2017 sólo tres se estancaron, es decir, el jurado no llegó a un acuerdo.

Este último punto es el que revela su fuerza de control, ya que en las pocas oportunidades en que el jurado se estanca se debe a que la prueba que le presentaron es poco clara, es decir, Fiscalía y Defensa hicieron un mal trabajo. “El sistema judicial en países como Argentina posee inflexibilidad, lentitud burocrática y un ritualismo absurdo. En el juicio por jurados todo se hace más rápido y además, eleva la calidad del debate porque obliga a las partes a traer mejores pruebas, lo que despeja el error judicial. Cuando el juicio es sin jurado el fiscal va más relajado, cuando es con jurado el fiscal labura el triple”, señala Harfuch. La duración promedio que tuvieron los 173 juicios mencionados fue de dos días y medio según la investigación por Romano y Porterie.

El beneficio de la proximidad del juicio por jurados se manifiesta en cómo se están modificando las reglas de juego para los abogados penalistas. Cualquier persona que presencie o participe de este sistema debe poder comprender todo lo que allí ocurrió y esto obliga a que los términos legales se expliquen en términos más asequibles para buscar la transparencia. “Estamos tan atados a una justicia colonial, escrita, secreta, plagada de tecnicismos y amparada en el famoso expediente judicial que el jurado rompe con esa lógica y pone en evidencia todas las falencias que el sistema tiene”, resalta Romano.

La selección del jurado

La imparcialidad puede rastrearse en el proceso de conformación del jurado. En Buenos Aires se realiza anualmente un sorteo sobre el padrón electoral para conseguir la cantidad de ciudadanos que van a participar durante un año judicial como jurados. Así se reúne uno por mil del padrón teniendo en cuenta sexo y departamento judicial, lo cual da 12.000 ciudadanos para toda la provincia. Luego, el Ministerio de Justicia depura ese padrón descartando los que no cumplen el requisito de poseer nacionalidad argentina, tener entre 21 y 75 años y entender el idioma castellano. Quedan excluidas las personas que posean cargos electivos o públicos, empleados del Poder Judicial, integrantes y exintegrantes de las Fuerzas Armadas o seguridad privada, abogados y escribanos, condenados de ciertos delitos y representantes de religiones. El siguiente paso consiste en otro sorteo para obtener 48 ciudadanos por cada juicio, cuyos nombres se preservan por razones de seguridad hasta la audiencia de selección. En esta ocasión, Defensa y Fiscalía tienen la posibilidad de descartar mediante preguntas a aquellos que pueden tener prejuicios y para esto ambas partes disponen de recusaciones con causa, que son ilimitadas y deben justificarse, y las sin causa que pueden alcanzar un máximo de cuatro jurados sin esgrimir razón alguna. Al finalizar esta instancia, se efectúa otro sorteo para conseguir los 18 jurados (12 titulares y 6 suplentes) que participarán del juicio.

Este proceso en la provincia de Buenos Aires, sin embargo, todavía presenta numerosos obstáculos a sortear. La investigación de Romano y Porterie ha dejado en evidencia un padrón electoral desactualizado, un proceso de depuración deficiente, falta de información de los potenciales jurados a la hora de contactarlos, fallas en la instancia de notificación de los mismos y una sobrecarga administrativa sobre los jueces. “La Constitución dice que todos los juicios criminales deben terminar con jurados y es lo deseable, pero no es posible hoy porque nuestro sistema de administración de justicia recién está empezando a atravesar la participación ciudadana. Organizar juicios por jurados conlleva un trabajo adicional administrativo que nuestra justicia no está del todo preparada para hacer, el sistema colapsaría”, finaliza Romano.