Ene 29, 2021 | Comunidad, Novedades
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El 28 de enero fue la última de las treinta jornadas de la audiencia pública sobre la rezonificación y venta de Costa Salguero y Punta Carrasco. Con más de 7.000 inscriptos y un total de 2.058 oradores, los participantes expresaron su opinión sobre el proyecto oficialista que privatiza los terrenos costeros y habilita la construcción de edificios de hasta 29 metros de altura, impulsado por el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.
En la audiencia pública más larga de la historia de la ciudad, que inició el 27 de noviembre y que duró dos meses, 2.003 participantes se posicionaron en contra el proyecto frente a 55 favorables. Esto se traduce en más de un 97% de desaprobación ciudadana.
El inicio de la polémica se remonta al pasado octubre en la Legislatura porteña, cuando con 35 votos a favor y 22 en contra, el oficialismo porteño aprobó la rezonificación de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco. Además de los votos del oficialismo (PRO-Juntos por el Cambio), Rodríguez Larreta obtuvo el apoyo del espacio de Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Roy Cortina (Partido Socialista) para autorizar la venta de los terrenos públicos. Ambos dirigentes habían manifestado críticas al modelo de privatización de tierras y la necesidad de más parques y espacios verdes durante las campañas electorales pasadas.
Con la finalización de la audiencia pública, que no tiene carácter vinculante, el proyecto pasa a segunda lectura en la Legislatura donde no se prevén cambios. “El Jefe de Gobierno ha mostrado una indiferencia alarmante en un sistema de gobierno que, según la Constitución, debe ser una democracia participativa”, señala el referente del Observatorio por el Derecho a la Ciudad (ODC) Jonatan Baldiviezo. “El Ejecutivo ha decidido avanzar como si este debate no estuviera sucediendo, o supiera el resultado de antemano o, peor aún, sin importarle lo que la ciudadanía exprese en sus intervenciones”, remarcó.
A pesar de ir contra lo estipulado por la Constitución porteña, donde establece que los contornos ribereños son públicos y de libre circulación, el gobierno de Rodríguez Larreta insiste que la manera para hacer un espacio verde frente al río es a través de la venta de los terrenos de la Ciudad. Sin embargo, a pesar de la promesa de un porcentaje de terreno destinado a espacio verde, el Estado porteño perdería la propiedad de las tierras, un bien que escasea.
Con un índice de menos de 6 metros cuadrados de espacio verde por habitante, la pérdida de terrenos públicos con potencial de ser convertidos en parques con acceso privilegiado al río resulta irreparable. Frente al proyecto de inmuebles de lujo impulsado por el PRO, organizaciones civiles junto a la oposición presentaron una alternativa para la creación del “Parque Público Nuestro Río” y la desprivatización de la Costanera Norte.
Desde la Coordinadora la Ciudad Somos Quienes la Habitamos, un espacio integrado por más de 130 organizaciones sociales, ambientales y urbanas, presentaron en 2020 una propuesta para crear un parque con distintos usos. Entre ellos se encuentran áreas destinadas a recreación y actividad física, educación ambiental, agroecología y una estación de medición meteorología, además de delimitar un área de preservación de humedal costero.
Sin embargo, los proyectos del Gobierno de la Ciudad en otras áreas indican que no planean cambiar el proyecto de privatización de las tierras costeras. Según informa Baldiviezo, el Ejecutivo porteño realizó licitaciones para estudios de impacto ambiental del proyecto inmobiliario en Costa Salguero. En el presupuesto se puede observar que esperan la urbanización de los terrenos. “En el Plan Plurianual de Inversiones figura que se destinará $4.800 millones para Infraestructura en Costa Salguero y más de $812 millones para el proyecto ejecutivo del Colector”, detalla Baldiviezo.
“Costa Salguero interpela los límites de la tolerancia ciudadanía cuando la clase política que nos gobierna viola la Constitución, remata lo público, desvirtúa la democracia participativa y utiliza los recursos de la comunidad porteña para continuar enriqueciendo a un pequeño grupo de desarrolladoras inmobiliarias”, denuncia Baldiviezo.
Si la postura de la decisión de la ciudadanía expresada a lo largo de las 30 jornadas de audiencia pública tuvo algún impacto en los proyectos del oficialismo porteño, recién se sabrá en la segunda lectura del proyecto en marzo próximo. Sin embargo, no hay una perspectiva optimista ya que el oficialismo tiene facilidad para lograr mayoría en la Legislatura.
Nov 4, 2020 | Comunidad, Novedades
Es un domingo soleado cerca del puerto de la ciudad. El asfalto aumenta la sensación de calor. Decenas de personas, muchas de ellas con bicicletas, rodean la entrada de Costa Salguero, predio de la ciudad conocido por sus boliches nocturnos y lugares gastronómicos. Al canto de “el río no se vende”, se escuchan palmas y se ven bicis alzadas en repudio al proyecto de venta de terrenos públicos en Costanera Norte.
Con las consignas centrales “Parque sí, torres no” y “Defendamos nuestro río”, organizaciones ambientales, ciudadanas y políticas convocaron a las puertas del predio concesionado hace treinta años. Ese acuerdo termina el próximo año y el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta ya proyectó su próximo destino: un emprendimiento inmobiliario con viviendas de lujo y acceso privilegiado al río de la Plata.
En caravana de bicicletas desde Plaza Almagro y de autos desde el Planetario, los manifestantes repudiaron la ley aprobada por la Legislatura porteña el 8 de octubre que autoriza la venta del predio y la construcción del exclusivo emprendimiento inmobiliario.
“Se quiere hacer una privatización definitiva y vender el terreno para hacer un proyecto inmobiliario. Estos predios fueron cedidos de Nación a Ciudad para que sean destinados a un parque público”, señala para ANCCOM el referente del Observatorio de Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo. La Legislatura porteña, con mayoría de la alianza Cambiemos, aprobó la ley impulsada por el gobierno de Larreta donde se establece la rezonificación de los predios costeros y se autoriza la construcción de un barrio con viviendas para sectores de alto poder adquisitivo.
Desde el gobierno y sectores simpatizantes, el proyecto fue recibido como algo mejor que lo que está ahora: un predio de puro cemento, sin verde ni acceso al río. Sin embargo, el abogado Baldiviezo niega esta versión. “El gobierno genera esa extorsión de que, para hacer espacios verdes, tiene que vender terrenos públicos. Hay una primera mentira: van a vender todo el predio. La parte verde va a quedar en manos privadas. A lo sumo restringirán la construcción sobre esos espacios pero en el futuro el privado podrá solicitar a la Legislatura seguir construyendo”, advierte.
La venta de terrenos ribereños va en contra del artículo 8 de la Constitución porteña que establece que “los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación”. Baldiviezo a su vez recuerda que ningún poder ejecutivo ni legislativo puede ir en contra de este acuerdo político. “No queremos que haya un nuevo muro de edificios que desconecte a la ciudad del río. Este complejo inmobiliario justamente va a generar esa perpetuidad de la desconexión como pasó con Puerto Madero”, concluye.
La venta de terrenos públicos, que podrían transformarse en espacios verdes en una ciudad donde los índices ambientales y sanitarios están en rojo, es una constante. Para el político, economista y director del Banco Central de la Nación Claudio Lozano, el macrismo apalanca sus negocios y asociaciones con el mercado inmobiliario a través de la venta de tierras públicas. “Están pasando por encima de la Constitución de la ciudad y contra todas las recomendaciones urbanas a nivel mundial. Lo que hay detrás es el intento de armar una ciudad ribereña para los ricos y dejar al resto en una situación complicada en términos ambientales”, analiza.
En una ciudad donde la cantidad de espacios por verde es de seis metros cuadrados por habitante, diez metros menos de los recomendados por organismos internacionales, la venta y construcción de viviendas de lujo profundiza la problemática.
Desde la coordinadora “La Ciudad somos quienes la habitamos”, compuesta por más de 120 organizaciones, presentaron un proyecto de ley llamado “Nuestro Río”, para el desarrollo de un parque multifunción. “Recuperar los humedales autóctonos, incorporar una estación meteorológica experimental para controlar las variables climáticas, relacionadas con el cambio climático, y una producción agroecológica”, señala los principales pilares la referente de la cátedra de ingeniería comunitaria María Eva Koutsovitis.
Para la ingeniera, la situación en la ciudad es crítica: “Estamos en emergencia habitacional, ambiental y climática. Tenemos seis metros cuadrados de espacio verde por habitante pero este número es más dramático en las villas y asentamientos, donde hay solo un 0,1. En esta situación de crisis ambiental y climática, es un contrasentido absoluto privatizar y cementar el borde costero”, indica.
Con respecto al afán inmobiliario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, el referente de Jóvenes por el Clima Bruno Rodríguez señala que se condena la posibilidad de un desarrollo urbano sobre pilares sostenibles. “La avanzada en pos de rematar terrenos de todos los y las porteñas, que podrían ser espacios verdes, lamentablemente es una reiteración del gobierno porteño. El proyecto es muy simple, es una venta directa de la costanera a empresas inmobiliarias para la construcción de torres”, indica.
El cambio climático no es algo que afecta solamente a los polos, lejos de las ciudades. El avance de proyectos inmobiliarios y el déficit de espacios verdes trae consecuencias como mayor efecto de isla de calor, inundaciones por falta de absorción de los suelos (algo que regulan los humedales y la vegetación) y también aglomeraciones en parques y plazas que se observaron durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.
El verde ecológico de la ciudad al parecer solo queda en los slogans y afiches de las calles. El militante ambientalista señala: “Estamos ante un punto en que la costanera se convierte en un predio completamente privatizable. No se realiza la construcción de espacios urbanos que tengan el objetivo de mitigar y adaptarnos al cambio climático, de crear una mejor calidad de vida de la ciudadanía local. Todas las organizaciones aquí presentes repudiamos este proyecto”, concluye.
Habrá una audiencia pública el 24 de noviembre donde se apuesta revertir la decisión del poder ejecutivo y legislativo sobre la privatización de la costa. “Hace 25 años todos los gobiernos de la ciudad vienen sosteniendo que esto se transforme en un parque. Hasta Mauricio Macri lo sostuvo cuando aprobó la Ley Urbano Ambiental. Se está tirando este plan a la basura. Queremos solicitar a la ciudadanía que vengan a apoyar para que la legislatura archive el proyecto inmobiliario y declare la nulidad de las leyes que decretaron la venta”, detalla Baldiviezo.
May 28, 2020 | Comunidad, Novedades
Los estados pobres del norte y nordeste están colapsados, ahora el problema está alcanzando a los más ricos.
En cuestión de semanas, Brasil pasó a ser el epicentro de la pandemia superando a Estados Unidos en cantidad de fallecidos por día. Los contagios crecen sin parar ante la desidia política del gobierno de Jair Bolsonaro que apuesta a un laissez-faire sanitario, económico y social.
Ante la ausencia de una acción coordinada entre el Planalto y las administraciones provinciales, cada estado enfrenta el coronavirus como puede. “Es catastrófico. El país es como un barco sin capitán”, opina la directora del Sindicato de Médicos del Estado de San Pablo (SIMESP), Carolina Pastorin Castiñeira.
El colapso del sistema hospitalario es una realidad. La gestión del covid-19 es “absolutamente precaria y crítica”, señala el médico sanitarista Pedro Tourinho. La desigualdad social a nivel nacional queda reflejada por el impacto de la pandemia. Según el Ministerio de Salud brasileño, la región del norte tiene una mortalidad de 26,6 cada 100 mil habitantes. Esta cifra duplica la del sudeste (13 cada 100 mil), la zona más rica.
Los estados pobres del norte y nordeste –Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco–, hace días que están colapsados. Sin embargo, el problema está alcanzando a los sectores más ricos: el área metropolitana de San Pablo y el interior de Rio de Janeiro “ya tienen filas para internación y las camas de terapia intensiva están completas”. Tourinho, quien también es concejal por el Partido de los Trabajadores (PT) en la ciudad de Campinas, advierte que el riesgo de colapso es “inminente” en el interior paulista y “ya es una realidad en la capital”.
El estado de San Pablo es el más afectado por el covid-19, con 86.017 casos confirmados y 6.423 víctimas fatales. “Estamos con regiones colapsadas dentro de la ciudad”, subraya Pastorin y remarca que en algunas partes de la capital ya tienen una ocupación de camas públicas de cuidados intensivos (UCI) del 100 por ciento.
El interior de Rio de Janeiro ya tienen filas para internación y las camas de terapia intensiva están completas.
El personal médico que está en la primera línea padece la falta de testeos, el sufrimiento psíquico y la impotencia ante los casos que crecen desmedidamente. “Los profesionales de salud estamos pasando un momento difícil. No solamente por la cuestión sanitaria. Nuestra salud física y mental está perjudicada”, admite Pastorin. Unos 130 colegas suyos han fallecido por el covid-19. “Veo en muchos el desgaste que genera la sensación de poder ser una de las víctimas”, dice y destaca que “trabajando en la primera línea, es importante crear momentos de distracción para aliviarse un poco de las pésimas noticias”.
“Muchos profesionales trabajan en condiciones de protección muy por debajo de lo ideal, atendiendo un volumen demasiado grande de pacientes”, observa Tourinho. En tanto, Pastorin alerta sobre la desigualdad en el país y entre los trabajadores sanitarios: “Tenemos localidades con equipos de última generación y otras donde utilizan tapabocas caseros”. Según la directora del SIMESP, cada día crece el número de profesionales suspendidos de sus puestos “sea por contagio, por cuestiones emocionales o por falta de condiciones para trabajar”.
No existe una coordinación del sistema sanitario, público y privado. “Otra vez, la desigualdad impera”, manifiesta la referente sindical. Brasil tiene grandes diferencias entre regiones. En el norte, nordeste y Rio de Janeiro todos los hospitales están desbordados, mientras que en el estado paulista hay disponibilidad de camas en el sector privado “pero la gente muere en el sistema público sin acceso a una. Es profundamente injusto”, denuncia Tourinho.
“Lo importante, ahora, consiste en mantener a la gente en sus casas y dar las condiciones desde el Estado para que eso ocurra. Es injusto y contradictorio mandar al pueblo a aislarse sin la ayuda necesaria para que todos puedan acceder a la salud y a una chance de recibir cuidados adecuados”, sostiene Pastorin, quien reivindica el reclamo por una lista de espera única para camas de UCI. Según Tourinho, debería haberse constituido un “gran pacto nacional en defensa de la vida” con medidas de aislamiento rigurosas, puniciones para quien rompiese la cuarentena y medidas de auxilio.
“Con el Gobierno federal tenemos la peor gestión del planeta de la crisis del coronavirus”, enfatiza Tourinho.
“El problema es que con el Gobierno federal tenemos la peor gestión del planeta de la crisis del coronavirus”, enfatiza Tourinho y califica al presidente Bolsonaro como un “psicópata” que no le importan las vidas perdidas: “Lo que él quiere es que los que tengan que enfermarse, se enfermen, y los que tengan que morir, se mueran. Todo para que la economía vuelva a funcionar”.
El máximo mandatario, que definió al coronavirus como una “gripecita”, boicotea la cuarentena en cada uno de sus discursos y milita la reactivación de la economía. La socióloga y analista política, Aline Piva, observa que el camino elegido por el Planalto es una “salida maltusiana. Están haciendo un cálculo muy deshumano: que se mueran los que se tengan que morir, después vemos que hacemos”, afirma.
“Nada indica que vamos a tener un cambio y eso nos pone frente a un problema muy grande”, asegura. Los gobiernos provinciales son los que responden ante la crisis sanitaria, pero “es una respuesta muy desigual, cada uno hace lo que puede”.
Mientras las medidas de aislamiento y cuarentenas son dictadas por las autoridades regionales, los fondos para auxiliar a las personas económicamente provienen del Gobierno federal. “No estamos viendo medidas además de los 600 reales (unos 110 dólares), que no llegan a comprar la comida mensual de una familia. Hay gente que dice preferir morir con la panza llena que de hambre en casa. Es muy agobiante la situación que vive la población más vulnerable”, plantea.
Pastorin no ve mejoras en el horizonte. “El presidente ignora a la ciencia y los especialistas y decide por su cuenta. No tiene conocimiento sobre eso, no es ni médico ni investigador ni científico. Estamos hace más de una semana sin Ministro de Salud y sin previsión de un nuevo nombramiento – detalla preocupada-. Es catastrófico que estemos en esta situación en medio de una pandemia. Es como un barco sin capitán”.
En menos de un mes, la cartera de Salud vio la renuncia de dos ministros. El médico Luis Henrique Mandetta abandonó a su cargo el 18 de abril tras constantes cruces con el Presidente. Luego, el oncólogo Nelson Teich presentó su dimisión el 15 de mayo, por estar en desacuerdo con Bolsonaro sobre el uso de la cloroquina.
El puesto quedó en manos del general Eduardo Pazuello. “Aunque asumió como interino, todo indica que va a quedar al frente del Ministerio”, precisa Piva y añade que Bolsonaro ya había dicho que quería un militar en ese puesto: “Ahora no solo está el general como ministro, sino que también hay otros militares en cargos estratégicos, nombrados por el interino”.
Tourinho califica al ministro interino como un “completo despreparado” (sic) para el cargo. La cartera sanitaria, compuesta mayormente por militares sin experiencia en políticas de salud pública, está “más comprometida con la pauta de Bolsonaro y no con la vida de los brasileros”. Pazuello, al mando interino del Ministerio, aprobó la prescripción de cloroquina para tratar casos leves de covid-19. “Es un Ministerio de charlatanes -se indigna Tourinho-. Recetan ese medicamento en la fase inicial de la enfermedad cuando ya se sabe que no hace bien”.
La salida de Teich no generó una reconfiguración política del gobierno de Bolsonaro, según Piva, sino que fortaleció la presencia militar en el gabinete. Para ella, este avance es lo más preocupante en la crisis política, “especialmente tener a uno al frente de un ministerio tan clave para controlar la pandemia”.
El estado de San Pablo es el más afectado por el covid-19, con 83.625 casos confirmados y 6.220 muertos.
Funebreros a la vista
En el gigante sudamericano no sólo están saturados los hospitales sino también los cementerios. “La invisibilidad de los sepultureros fue quebrada por esta pandemia: estamos apareciendo en el mundo entero”, comenta Manoel Norberto, funebrero desde hace 20 años y miembro del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Pablo (Sindsep). La jornada es vertiginosa, comienza más temprano, el almuerzo es más corto y la salida más tarde. “Sumamos más trabajadores para ayudar a los que ya estaban cansados, contratamos autos, todo por el rápido aumento de las sepulturas”, explica.
El estado de San Pablo es el más afectado por el covid-19, con 83.625 casos confirmados y 6.220 víctimas fatales al cierre de esta nota. “Pasó todo muy rápido”, repasa Manoel. Con el avance del virus, el cementerio Vila Formosa —el más grande de Brasil— pasó de 38 a 80 sepulturas diarias. “Es un momento muy difícil”, confiesa. El miedo al contagio está presente entre ellos. “Desde el sindicato estuvimos dando todo el soporte que puede ser ofrecido por la letalidad de este virus”, destaca.
Se añadieron nuevos elementos al uniforme de trabajo. “Pedimos a la Municipalidad una mayor protección para nuestros trabajadores y ahora redoblamos el uso de guantes, macacos (trajes enterizos) y máscaras, para cuidar a nuestros compañeros”, señala. También se sumó un servicio de ayuda psicológica. “Esta fue una acción voluntaria de los profesionales de salud, psicólogos y asistentes sociales que abrieron sus teléfonos y se pusieron a disposición de los trabajadores por si necesitan una ayuda, una charla o un hombro amigo”, cuenta.
Según Manoel, desde el sindicato buscan mantener a sus trabajadores informados porque hay mucha “desinformación”, que él atribuye al Presidente. “Hace que la gente vaya a la calle y ahí el pico de muertes aumenta”, dice y remata: “La rutina fue completamente cambiada por culpa de ese tipo”.
