Dic 24, 2019 | Entrevistas, Novedades
Barbara Cassin, filósofa francesa.
Durante los que fueron, probablemente, los días más calurosos del verano porteño, Bárbara
Cassin visitó la ciudad de Buenos Aires antes de partir a la Costa Atlántica a participar de la
tercera edición de la Noche de las Ideas. Cassin es filósofa y filóloga doctorada en las
universidades de Lille y la Sorbona, y actualmente es directora de investigación en el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) en París. En su trayectoria, se dedicó
especialmente a analizar las obras de los sofistas, retomando la Grecia Antigua para pensar
los fenómenos contemporáneos. Pero también escribió sobre las relaciones de las grandes
corporaciones y la democracia a partir del motor de búsqueda más poderoso del mundo y
sobre este y otros temas se prestó a dialogar con esta agencia.
En su libro “Googléame, la segunda misión de los Estados Unidos” -publicado por FCE-, usted afirmó que el motor de búsqueda es un “campeón de la democracia sin democracia”. Sabiendo el rol que ha tenido el uso datos personales en las elecciones de Estados Unidos y en varios países de América Latina, ¿cómo cree usted que influye en las democracias contemporáneas?
Hay que marcar la diferencia entre los motores de búsqueda y las redes sociales. Google es
un motor de búsqueda pero no es un WhatsApp. El rol de WhatsApp en las elecciones de
Brasil lo viví de cerca porque en ese momento estaba allí. Ahí entendí, mis amigos recibían
mensajes tras mensajes. En el caso de (Donald) Trump fue distinto. Ahí está la injerencia de los trolls rusos que intervinieron para favorecer su elección contra su rival Hillary Clinton. Lo que no es idéntico, es el poder de las redes sociales que es inédito desde hace unos años, y por otro lado está el peso de la injerencia financiera que en el caso de (Jair) Bolsonaro costó muy caro, y alguien pagó por todo eso. No mezclaría las redes sociales con los motores de búsqueda, son cuestiones diferentes. Sí puedo explicar cómo Google, que se presenta como un campeón de la democracia, no trabaja sobre la democracia ni con la
democracia ni por la democracia. El algoritmo de Google hace que la calidad se vuelva una
propiedad emergente de la cantidad. La calidad por sí sola no tiene ningún tipo de existencia. Se podría pensar que la cantidad es democrática pero no es el caso. Es una
cantidad de clicks.
En el mismo libro, usted menciona el concepto de Globish. ¿Qué influencia tiene la
globalización del inglés como “idioma universal” en las formas de pensar
contemporáneas?
Están muy conectados. El inglés es una lengua de comunicación como cualquier otra, como
la griega en su tiempo. El tema es que hoy se ven como inutilizable las lenguas de cultura.
Se reducen al rango de dialectos locales. Eso es un verdadero problema porque desaparecen culturas, obras, y autores. Ese punto es grave. Por otro lado, eso está ligado a los sistemas de valuación mundiales, sistemas de expertos que no tienen al globish como lengua materna. Lo malo de esta valuación es que se hace a través de criterios muy
simplistas. Eso tiene un sentido demasiado global y poco interesante. En lugar del globish
yo prefiero la traducción. La frase de Umberto Eco que dice que la lengua de Europa es la
traducción puede ser extendida al mundo, la lengua del mundo es la traducción. Que es
más interesante que un pseudo universal, que es lo universal del mundo anglosajón. y la
conexión de ese mundo y un tipo de capitalismo.
En su libro “El efecto sofístico” usted hace alusión al hecho de que el lenguaje es un cuerpo que produce acciones, que genera efectos. ¿Qué rol cree usted que tiene el discurso político contemporáneo? ¿Puede esto explicar el avance de la derecha conservadora en Latinoamérica?
El discurso produce efectos en el mundo. Todo discurso, el amoroso, el discurso político, el
filosófico, produce efectos. Todos los discursos producen efectos, que yo llamo “efecto
mundo”. No es el hecho que el discurso produzca efectos lo que explica ese crecimiento de
la derecha en América Latina o en el mundo. El discurso solo no produce eso. Pero es
verdad que la política está ligada al discurso eficaz. Cuando alguien dice “declaro la guerra”
y quien lo dice es un jefe de Estado, al decirlo está declarando la guerra. Esa es la punta
performativa del discurso político. Cuando Bolsonaro dice cosas como: “Cuando la policía
mata personas en la favela hay que felicitarlos”, eso no produce que los policías maten.
Pero lo transforma en algo natural, es muy eficaz. O cuando dice, “Si mi hijo es gay, prefiero que esté muerto”, crea una norma porque es presidente. Si yo digo eso, me pueden pegar una cachetada. Pero él fue elegido de manera democrática, lo dice, y es mucho más complicado. Produce un efecto.
¿Cree que hay vínculo entre el valor performativo de la palabra y las ‘fake news’?
Las fake news son actos, las palabras son actos. Esto transforma de alguna manera el
mundo. Hay que luchar contra las fake news como se lucha contra los hechos. El problema
es que yo no estoy segura de que exista una Verdad. Hay puntos de vista y hay que marcar
una diferencia extrema con las fake news. Para lograr esta diferencia hay una sola forma,
que es aceptar a juzgar por sí mismo, el único remedio contra las fake news es aceptar
mirarse a uno mismo como quien juzga.
En algunos reportajes comentó que trabajar como maestra de adolescentes con psicosis fue una de las experiencias más interesantes de su carrera, ¿qué relación tiene el lenguaje y su valor performático con el psicoanálisis?
Lacan, que sigue los pasos de Freud, tiene una frase excelente. Dice que el psicoanalista
es el sofista de nuestra época. Es alguien que hace que el discurso sea realmente un acto.
El acto sofístico y el psicoanalítico son análogos en varios puntos. El primero, es el interés
que se le da a lo dicho, a su significante. Luego está la relación entre esto y en que la
palabra pueda curar. Esto es lo que sucedió en África luego del apartheid y en Argentina, la
palabra ayudó a reconstruir un país. Lo último que tienen en común es que estos discursos
se pagan.
Usted fue alumna de Martín Heidegger, ¿qué influencia ha tenido en su carrera? En algún reportaje mencionó que prefiere “huir de la iglesia heideggeriana”, ¿A qué se refirió?
Es un gran filósofo y gran historiador de la filosofía. Él es el quien luego de Nietzsche puso
bajo el reflector a los presocráticos. Lo que me preocupó e interesó fue llegar a entender a
los griegos sin caer en el nazismo, descubrir cómo se podía llegar a ser presocrático de otra
manera, y me llamó mucho la sofística. Tiene una mirada irónica sobre los presocráticos
originales, sobre el ser pensar decir. Por eso fui discípula de Heidegger y terminé
alejándome como prácticamente todos los filósofos franceses, como Deleuze, Derrida…
En Argentina estamos viviendo un debate ante la emergencia del lenguaje inclusivo, que se da paralelamente en países con lengua española. Teniendo en cuenta que el lenguaje es un elemento histórico que evoluciona, ¿puede considerarse el lenguaje inclusivo una herramienta política que genera efectos y construye una nueva realidad?
Cuando se interviene de manera salvaje en el lenguaje, el lenguaje resiste. El lenguaje se
las arregla muy bien solo. Pienso que es un buen diagnóstico porque es cierto que la lengua es machista. Pero la solución propuesta, la del punto intermedio, con el uso de la e, me parece ridícula.
Usted es miembro de la Academia de Francia y directora de investigación en el
Centro Nacional para la Investigación Científica de París. Las mujeres hace no mucho tiempo tenían que publicar sus investigaciones con seudónimos o con el apellido conyugal, y sabemos que hoy son minoría ocupando cargos directivos en
instituciones científicas, ¿cómo ha sido su lugar como mujer en el mundo científico?
Para mí fue una experiencia feliz porque fue marginal, y de todas maneras yo era marginal.
Mi manera de trabajar era más difícil pero de alguna manera más libre. Tuve maestros que
podrían haber sido mujeres, pero eran hombres. Porque efectivamente hay menos mujeres
en puestos de jerarquía, aunque hay cada vez más. Actualmente estoy escribiendo un libro
con Alain Badiou que se llamará “Hombre, mujer, filosofía” . Allí intentamos ver qué de
nuestras doctrinas vienen por una posición de hombre y qué de una posición de mujer. Si él
es platónico, ¿es en tanto hombre? Si yo soy sofista, ¿es en tanto mujer?
¿Se considera feminista?
No pertenezco a ninguna corriente en particular feminista. Dirijo una revista que se llama
Revista de las Mujeres Filósofas que es de la UNESCO, aunque no pertenece a ninguna
corriente en particular. Una granjera, pero también un hombre, pueden ser una “mujer
filósofa”. Pero si voy a trabajar de una manera feminista, que sea desde la introducción a la
diversidad de los países. Pienso que las mujeres de Siria o de Mali, no tienen las mismas
posibilidades de expresarse ni de aprender la filosofía.
Ene 31, 2019 | Culturas, Novedades
Las partidas públicas nacionales destinadas a Salud sufren desde 2016 mutilaciones permanentes. Mientras tanto, el brote de hantavirus originado en la ciudad chubutense de Epuyén, dejó un total de 28 casos y 10 personas fallecidas, según información de la Secretaría de Gobierno de Salud (ex Ministerio, reducido al actual rango en septiembre del año pasado). ¿Qué relación existe entre ambas noticias?
El recorte aplicado en el presupuesto destinado a la salud pública en 2019 llegó a las áreas relacionadas con la prevención y el control de epidemias, lo que afectó la eficacia de las herramientas para enfrentar el brote. Según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria (FSS), desde 2016 el área de Salud de la Nación ha sido víctima de un recorte sistemático de recursos que en algunos programas ha llegado a una disminución de casi un 80% de sus fondos.
Si bien la emergencia del virus no está directamente relacionada con el desfinanciamiento de la salud pública, limitar los instrumentos para combatirlo podría haber provocado el aumento en la cantidad de casos. “Mientras exista el roedor y exista el virus, hay posibilidades de que aparezca un brote” explicó Federico Kaski, médico sanitarista y vicepresidente de la FSS. “Antes se hacía un seguimiento, que por el ajuste se dejó de hacer, donde se investigaban los roedores de las zonas que son endémicas, se analizaban las muestras para ver si son portadores del virus y de qué tipo. Si eso se hubiera hecho, hubiéramos podido saber que estaba aumentando la cantidad de roedores portadores y anticiparnos al brote. Hoy nos encontramos con menos herramientas para dar respuesta y para hacer que el impacto del brote sea el mínimo”, agregó.
En la misma línea, Fabián Martín, secretario general adjunto de la Comisión Interna de ATE en la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Doctor Carlos. Malbrán” aclaró: “Un brote no se produce directamente porque se desfinnacie el área de Salud. Lo que ocurrió es que a fines de 2015 se desmanteló el área de control de vectores, es decir, de roedores, dependiente del entonces Ministerio de Salud en ese entonces. Si no hubiera ocurrido, tal vez se hubieran achicado las chances de que se produzca un brote. Además, en 2018 se despidió a un grupo de los biólogos dependientes del Ministerio de Ambiente que estudiaban la dinámica poblacional del ratón colilargo, que es el causante del virus, en la zona afectada y alrededores”.
La ANLIS Malbrán es un organismo dependiente de la actual Secretaría de Gobierno de Salud, encargado de desarrollar y coordinar acciones de prevención y consecuencias causadas por enfermedades infecciosas y con base genética o nutricional, y que también ha sido víctima del brutal ajuste presupuestario efectuado desde el ascenso del macrismo. “Tuvimos recortes en el presupuesto en el 2017, en el 2018 no hubo básicamente ingreso de insumos en el instituto y en 2019 recibimos un aumento nominal del 13% interanual sobre un 50% de inflación, con lo cual llevamos desde que asumió el nuevo gobierno un recorte de más del 50% del presupuesto para que el instituto funcione”, comentó Martín. “Si a esto se le suma el recorte real de salarios, ya que muchos trabajadores del Malbrán cobran algo más cercano a la canasta de indigencia que a la canasta de pobreza, y que se prohibió el ingreso de personal, esta situación se vuelve sumamente grave”, puntualizó.
Aunque no existe un tratamiento específico para el hantavirus, los casos fueron atendidos con internación y cuidados intensivos necesarios. Pero según lo informado por la FSS, debido a la escasa dimensión de las localidades afectadas, las instituciones sanitarias no cuentan con suficientes equipamientos de alta complejidad ni profesionales para cubrir una demanda exponencialmente creciente. “El Gobierno Nacional debería asistir con el equipamiento de alta complejidad y los equipos adecuados. Pero el Ministerio se retiró de la centralidad y delegó la responsabilidad a las provincias, se desentendió de la responsabilidad y esto trae siempre consecuencias, porque no todas las provincias tienen la misma capacidad para garantizar el acceso a la salud y se necesita de una articulación nacional”, argumentó Kaski. En este sentido, Martín sostuvo: “Lo que hizo el Gobierno es dejar la salud en manos de cada uno, dar instrucciones de prevención no es suficiente. Si se quiere enfrentar este virus, lo que se tiene que hacer es invertir en prevención”. No parece que eso sea posible en un contexto de amputación permanente de dinero público.
Dic 13, 2018 | Comunidad, Novedades
Diego Bossio, diputado electo originalmente por el Frente para la Victoria y ex titular del Anses durante el kirchnerismo, es el impulsor principal de un proyecto de ley que propone derogar ocho artículos de la Ley Nº 26.736 sancionada en 2011, que regula la fabricación y comercialización a un precio único de pasta celulosa y papel para diarios. La iniciativa contó en en la Cámara Baja con el apoyo del bloque oficialista, del massismo y de la UCR, y fue aprobada por 127 votos a favor, mientras que hubo 66 en contra y 3 abstenciones.
“La aprobación de esta propuesta implica una vuelta a la situación previa al 2011, es decir, a la desregulación del sector de producción y distribución del insumo fundamental de los medios gráficos”, explicó a ANCCOM Daniel Badenes, docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). “Con la reglamentación vigente, Papel Prensa tiene que operar de acuerdo a su capacidad productiva y de acuerdo a la demanda de todos los diarios del país. Si se legaliza la iniciativa, la empresa ya no tendrá la obligación de informar su stock, su capacidad de producción, ni de establecer un precio único para toda compra de más de una tonelada de papel”, puntualizó.
“El proyecto consolida una posición dominante de los que tienen acciones en Papel Prensa como Clarín y La Nación, siendo los principales beneficiados con la aprobación de esta medida, como también de un grupo de medios gráficos que tienen fuerte presencia en las capitales provinciales que le compran a la empresa y que tienen un precio convenido. Quedan afuera los medios más pequeños, regionales o de baja tirada”, dijo, por su parte, Diego Rossi, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. “El Estado que entiende que el papel es más que una mercancía debería tener una política activa en proteger a los pequeños. No es el caso porque tenemos un Estado cuya política es avanzar en lo que le conviene a los más grandes”, agregó.
La iniciativa dificulta cada vez más el funcionamiento de medios autogestionados, que, según Rossi, se encuentran bajo una “tormenta perfecta”: “Por un lado, producto de la macroeconomía, tienen un aumento del costo del papel que va de un 110 a un 120%. Por otro lado, el aumento de combustibles que impacta sobre el precio de los fletes, y la devaluación hace que no puedan importar papel. Esta situación tiende a que se vendan menos diarios”, explicó. Además la desregulación podría transformarse en un obstáculo para acceder al insumo en las pequeñas y medianas publicaciones de todo el país, poniendo en peligro cientos de puestos de trabajo, provocando censura indirecta y restricciones a la libertad de información. “Las consecuencias serán ahogar aún más a la prensa gráfica independiente, lo que implicará un achicamiento del sector y afectará a toda la industria, incluyendo a trabajadores de imprenta y vendedores de diarios”, detalló Badenes.
En la defensa de su propuesta, el diputado justicialista argumentó: “Los medios gráficos están atravesando un proceso recesivo independientemente de la macroeconomía, debido a un cambio tecnológico. Hoy cuesta más una tapa impresa que la suscripción digital, por eso se venden menos diarios». Por otro lado sostuvo que la ley en siete años no funcionó, y que al consultar con diferentes medios provinciales, el precio del papel no ha mejorado. Sin embargo, Badenes comentó que las representaciones de diarios cooperativos, de provincias, revistas culturales y sindicatos de prensa no fueron consultados y están en alerta contra el avance de esta resolución.
Diego Bossio es el impulsor principal de un proyecto de ley que propone derogar ocho artículos de la Ley Nº 26.736 sancionada en 2011.
Julio Delgado, presidente de la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (FADRICCRA,) habló al respecto con esta agencia y manifestó: “Esta medida concentra la comunicación en los aliados a la empresa distribuidos en grandes centros urbanos, lo que impide que los medios independientes cooperativos asuman el rol de generar un contrarrelato sobre la realidad de todo el país”. Delgado también hizo referencia a la preocupación de la FADICCRA ante la posible sanción del proyecto: “Significaría una negación al derecho a la información y un gran golpe a los trabajadores de la comunicación autogestionada porque supone la negación de espacios, de voces, y de posibilidades de expresión popular, sindical y universitaria que muchas veces se proveen de papel para sus publicaciones y ya no tendrán los medios para hacerlo”.
Nov 15, 2018 | Comunidad, Novedades
El 9 de noviembre se publicaron los resultados de la asignación de vacantes para el ciclo lectivo 2019, donde miles de niños y niñas quedaron expulsados del sistema de educación pública. En base a una proyección de los datos presentados oficialmente por el Gobierno porteño en los últimos años, se estima que son alrededor de 22.000 chicos quienes, principalmente en el nivel inicial, no tendrán su lugar asegurado en las aulas el año próximo.
La asignación se dio en un contexto de incertidumbre, donde el Gobierno de la Ciudad publicó los resultados y después eliminó esa información por varias horas, provocando la angustia de las familias expectantes. “A los que la plataforma nos decía que no teníamos vacantes nos dijo luego que esperemos, y lo mismo a los que ya la tenían asignada”, explica el periodista Werner Pertot, a quien el sistema le denegó el cupo para su hija.
El grupo multitudinario “Vacantes para tod@s en las escuelas públicas”, es un colectivo conformado por madres, padres y docentes damnificados por esta problemática que fue profundizada con la implementación de la modalidad de inscripción online en 2014. El mismo funciona como una red colaborativa entre familias donde se comparte información sobre el funcionamiento del sistema, formas de reclamo y asesoramiento legal. Patricia Pines, una de las fundadoras, denuncia la ausencia de presupuesto destinado a la construcción de nuevas escuelas: “El gobierno se ampara en la excusa presupuestaria, pero eso es refutable ya que destinan el doble de dinero a publicidad oficial. Por eso asistimos numerosas veces al Ministerio de Educación a denunciar que no se cumple la construcción de los 75 establecimientos prometidos, pero la respuesta es siempre `apagarnos el aire acondicionado` mientras reclamamos con nuestros hijos a upa en pleno diciembre. Nos cierran la puerta en la cara”.
Pines explica que, junto a la comunidad que tiene alrededor de 10.000 miembros, lograron iniciar casi 300 amparos individuales de los cuales el 95% resultó favorable: “Esto significa que las familias a las que el sistema no les asignó vacante, logran obtenerla luego de un tiempo”. Sin embargo, aclara que esto es sólo una solución a corto plazo ya que se trata de una minoría dentro de la multitud de niños y niñas que se quedan afuera y que deben buscar otras opciones: “Esta es una política de privatización de la educación pública. Los que son excluidos, si es que sus familias pueden, se terminan inscribiendo en escuelas privadas”. Como en el caso de Marina Guitelman, mamá de Juana, a quien le negaron la vacante por tercer año consecutivo: “Una vez más quedamos en lista de espera, esta vez en sala de 4 de un jardín que tenemos a dos cuadras. El año pasado presentamos un amparo judicial, pero tuvimos sentencia negativa, por eso tuvimos que inscribir a nuestra hija en un jardín privado que pagamos con esfuerzo y ayuda de nuestros familiares. El sistema está diseñado así, te empuja a contratar niñeras, o a pasar al sector privado”, comenta.
Cuando no existe la posibilidad de contratar un servicio de niñeras o de pagar una institución privada, para Micaela López Rodríguez, de la organización “La Vacante es un derecho”, la falta de vacantes implica un doble juego: “Incide sobre todas las familias, pero también entendemos que hay una mayoría de situaciones en donde es la mujer la que tiene que generar una estrategia de cuidado. No solamente recae sobre las mujeres trabajadoras, sino también sobre aquellas que se dedican al trabajo doméstico que, como todas, tienen derecho a tener tiempo para sí”. En la misma línea, Pines asegura: “Esta problemática atenta con la posibilidad de las mujeres de desarrollarse no sólo en el ámbito laboral, sino que hace incompatible la maternidad con cualquier proyecto de vida, porque si no hay jardines y no se puede pagar una niñera, ninguna madre tiene la posibilidad de hacer otras tareas».
“A los que la plataforma nos decía que no teníamos vacantes nos dijo luego que esperemos, y lo mismo a los que ya la tenían asignada”, explica el periodista Werner Pertot.
Este año la problemática afectó principalmente al nivel inicial, donde la falta de escuelas se combina con la política de cierre de jardines maternales y salas de lactarios. Tal es el caso de la Escuela Infantil 6 del Distrito Escolar 6, más conocido como el jardín del Hospital Ramos Mejía. Luisa Cendoya, quien encabeza la lucha contra el cierre de esta institución, promovido por el Ministerio de Educación, comenta: “Mi hijo hoy está en sala de lactarios y entiendo que será de la última camada. En las inscripciones la sala de lactarios no fue ofertada para 2019. Al publicarse los listados definitivos, nos dimos cuenta que el sistema dejó a muchas familias anotar a sus hijos en otras salas, pero que finalmente no figuran en lista de espera en ninguna institución. La conducción del establecimiento confirmó que son 1652 los niños y niñas afectados”.
El Gobierno intentó saldar la falta de cupos en el nivel inicial suplantando la construcción de escuelas por la creación de Centros de Primera Infancia, (CPI). “Son instituciones que dependen del Ministerio de Desarrollo Social, por lo tanto, las personas a cargo de los grupos no necesariamente tienen que tener título docente, y si lo tienen, no están contratadas bajo el convenio de docentes, ni los mismos derechos ni obligaciones, esto significa un gran retroceso pedagógico. En los últimos años han crecido exponencialmente, cuando el PRO empezó a gobernar la Ciudad, se estimaba que había 20 CPI, hoy son 120”, explica Pines.
Myriam Feldfeber, directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, puntualiza en relación a la proliferación de CPI: “El Estado es responsable de generar las condiciones para garantizar el derecho a la educación desde los 45 días de acuerdo con la Constitución de la Ciudad. Esto significa que existan vacantes para todas las familias y que la propuesta pedagógica se desarrolle en instituciones educativas. En este sentido, es cuestionable la política del gobierno que expande los CPI y no así la construcción de escuelas de nivel inicial”.
