Jun 22, 2021 | Comunidad, Novedades
Salar de Olaroz en Palpalá, Jujuy.
El nuevo milenio se tiñe de blanco. Ya sea por un sincero deseo de orientarse hacia una economía ambientalmente sustentable o por las ventajas comparativas que subyacen en la explotación de un recurso abundante para países como Argentina, Chile o Bolivia: estados y empresas transnacionales se han lanzado a la conquista del litio.
En el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, a principios de marzo, Alberto Fernández anunció la presentación de proyectos de ley para promover la transición hacia una economía verde. Una consigna que acompaña al actual presidente desde la campaña y que tiene en la extracción de litio el primer eslabón en una cadena de valor que contempla la producción de baterías para la fabricación de autos eléctricos.
El triángulo andino
Argentina integra, junto a Bolivia y Chile, el denominado “triángulo del litio”: una región que concentra más de la mitad de las reservas del mundo. Según estudios de la Secretaria de Minería, nuestro país ocupa el tercer lugar, por detrás de Chile y Australia. Esto ha convertido a las provincias del noroeste argentino en un atractivo destino para las empresas mineras. En la actualidad, existen dos proyectos en operación: uno en el Salar de Olaroz en Palpalá, Jujuy, bajo explotación de Orocobre y Toyota Tsusho (con un 8,5% de participación de la empresa público-privada jujeña JEMSE), y otro en el Salar del Hombre Muerto de Catamarca, un desarrollo de la firma estadounidense Livent Corp. Además, hay otros dieciocho emprendimientos avanzados y cuarenta en etapas preliminares.
El litio es uno de los recursos de mayor crecimiento en los últimos años, insumo esencial para la fabricación de las baterías que usan celulares y computadoras portátiles, pero también utilizado en la industria metalúrgica, farmacéutica y del vidrio. Es clave en la transición energética que buscan promover los países comprometidos con el Acuerdo de París de la ONU, en el que la movilidad eléctrica aparece como el objetivo a alcanzar, ya que reduciría la emisión de gases de efecto invernadero y resolvería los problemas asociados al empleo de combustibles fósiles, cuya escasez solo aumentará.
Por eso, el Ministerio de Desarrollo Productivo ha impulsado estudios para evaluar las condiciones de inserción del país en el nuevo paradigma mundial de electromovilidad. Fernando Porta, Director del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI), lideró el equipo de investigación para determinar las posibilidades de producción de baterías y automóviles eléctricos: “Es necesario un cambio en la matriz productiva. Nosotros tenemos una oferta energética insuficiente y al mismo tiempo basada en una matriz de producción que es bastante costosa”. Una vez instaladas estas fábricas, podrían aplicarse incentivos a la demanda, como beneficios fiscales específicos para quien acceda a un vehículo eléctrico.
La construcción de baterías y la consecuente fabricación de automóviles impulsados eléctricamente es el fin de la cadena. En el principio está la extracción de litio, el cual debe ser purificado para su utilización. En la actualidad, Argentina solo produce el mineral en grado técnico, como carbonato y cloruro de litio. A pesar de que, de acuerdo a informes de la Secretaria de Minería, para el año 2019 estas exportaciones representaron 189 millones de dólares, el monto es despreciable en comparación con los valores que se obtienen en instancias posteriores de procesamiento. Las estimaciones realizadas por Livent muestran que la renta obtenida por el carbonato y el cloruro de litio constituye solo el 5,74 % del total, mientras que productos derivados como el hidróxido de litio, cuyo refinamiento se efectúa en las filiales de Estados Unidos, China o Gran Bretaña; reditúan más del 55 %.
La fosa de evaporación marca el inicio del proceso de producción del litio.
¿Están dadas las condiciones para agregar valor a la cadena productiva en Argentina? Para Porta, el obstáculo es institucional antes que técnico: “Argentina tiene un sistema científico tecnológico robusto. Lamentablemente nuestra legislación no ha protegido al litio como a otros minerales en términos de darle su carácter estratégico y, por lo tanto, el Estado nacional y los provinciales no tienen disposición sobre las reservas. Estas han sido concesionadas bajo el imperio de la Ley Minera, que es lo suficientemente laxa como para permitir que quienes han obtenido los derechos de concesión no estén obligados a desarrollar ningún tipo de eslabonamiento hacia adelante”.
En este contexto, el gobierno se reúne con empresas para expandir los actuales emprendimientos mineros, así como elaborar conjuntamente proyectos que apunten a agregar valor a la producción de litio. Recientemente, en un seminario organizado por el Wilson Center, con patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo, algunos potenciales inversores se mostraron escépticos respecto a la posibilidad de concretar operaciones similares a futuro y Alberto Carlocchia, presidente de la cámara que agrupa a los empresarios mineros (CAEM), aseguró que no hay condiciones para expandir la inversión, ya que “los costos laborales aún son altos”.
Según Porta, “las mineras no son empresas que tengan un alto nivel de ocupación, por lo que este no es un factor importante en su estructura de costos. La Ley de Minería vigente les asegura ganancias extraordinarias bajo distintos mecanismos: una muy baja imposición, estabilidad fiscal por 30 años y escaso control sobre sus números, puesto que sabemos de sus operaciones lo que ellas mismas declaran”. Para el economista, este es un problema general del capitalismo argentino, caracterizado por “baja productividad, baja inversión por años y por una estructura que maximiza las rentas del corto plazo y las oportunidades financieras”.
Por otro lado, algunos especialistas desconfían de los anuncios del gobierno. El investigador de CONICET e integrante del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes, Bruno Fornillo, afirma que no hay una estrategia integral que apunte en una dirección distinta a la que desarrollaron gestiones anteriores: “Por un lado, la política litífera la está llevando adelante el Ministerio de Desarrollo Productivo, sin un contacto fuerte con áreas como Ciencia. A su vez, el instituto creado por la Ley de Movilidad Eléctrica no se relaciona ni se financia con las rentas litíferas. Lo más patente respecto al impulso actual es la expansión de la frontera extractiva”.
El Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, es explotado por la firma estadounidense Livent Corp.
El mes pasado, un memorándum de entendimiento celebrado con la firma china Ganfeng Lithium incluyó la voluntad de que esta empresa fabrique baterías en el país, aunque no establece plazos ni montos concretos. “Hace años que los gobiernos provinciales dicen que hay compañías con intenciones de fabricar baterías en Argentina -recuerda Fornillo-, pero incluso si eso llegara a suceder, esas empresas no nos compartirían la tecnología de punta, y perderíamos la oportunidad de utilizar el mercado local para un crecimiento y un desarrollo endógeno. Una empresa como INVAP o YTEC debería tener la tecnología; no una extranjera que venga a llevarse el litio casi regalado y nos venda productos manufacturados acá, en lugar de importarlos”; afirma quien también es Doctor en Geopolítica por la Universidad de Paris VIII. La observación es aún más pertinente si se considera que esta semana el gobierno de Salta anunció una inversión de 580 millones de dólares por parte de la empresa china para la ampliación de las operaciones de extracción.
Minería del agua
No obstante, y como es habitual en las discusiones sobre explotación minera, el factor económico es solo uno entre los principales a considerar. Como señala Fornillo, la del litio es, en particular, una minería del agua: “Las técnicas actuales extraen una cantidad de agua potable que, en un par de décadas, convierte a esa zona en inhabitable. Una zona que de por sí es árida y endorreica, con cuencas cerradas”. El procedimiento consiste en extraer la salmuera que se encuentra bajo tierra y depositarla en enormes piletones a cielo abierto para que, una vez que se evapore el agua, las sales resultantes sean sometidas a un proceso de purificación para lograr el grado técnico necesario. Esta última instancia, a su vez, demanda grandes cantidades de agua dulce. Según estimaciones de las mismas empresas, para obtener una tonelada de carbonato de litio se necesitan alrededor de 30.000 litros de agua dulce, que se adicionan a los 600.000 evaporados de la salmuera inicial. Las 40.000 toneladas que se extraen anualmente (entre los dos proyectos en operación, según Secretaria de Minería) requieren así de más de 25.000.000.000 de litros de agua.
Si bien existen grupos de investigación que han desarrollado métodos alternativos para la extracción, estos no han podido implementarse en gran escala, y su utilización implica un costo mayor, que las empresas no están obligadas a asumir. El método de separación electroquímica que han desarrollado científicos del CONICET a través de YTEC, la empresa de base tecnológica de YPF, por ejemplo, permitiría obtener litio sin necesidad de evaporar el agua de la salmuera, obteniendo, adicionalmente, agua salubre del proceso. Para Fornillo, la ausencia de presiones legales a las empresas se combina con la falta de visión estratégica del Estado: “No existe vínculo entre el área extractiva y el área de crecimiento tecnológico. Nosotros hemos conformado el Foro de Especialistas de Litio en la Argentina, donde nos reunimos alrededor de 200 investigadores que trabajamos en esto hace por lo menos 10 años. Tratamos de ver de qué manera podríamos aportar en la creación de valor tecnológico y demás, a partir de investigaciones que hoy están atomizadas, descoordinadas. Y hay iniciativas individuales de sectores productivos interesados: Fabricaciones Militares; INVAP; IEASA; YTEC está interesada en hacer celdas; Astillero Río Santiago podría producir barcos movidos eléctricamente. Pero no hay una política estratégica conjunta, orientada y con un financiamiento acorde”.
El impacto ambiental y la falta de acuerdos con los pobladores locales conducen a distintas medidas de resistencia. “Se los considera como un sujeto a ser removido o a quien se le ofrece una serie de dádivas menores. Además, las comunidades originarias, los pueblos atacameños de la Puna habitan los salares hace miles de años y en verdad son los dueños naturales de esa zona”, dice Fornillo. Se trata de un fenómeno que atraviesa a la mayoría de las explotaciones de recursos minerales en el país, como sucede con el cobre en Andalgalá.
¿De quién es?
En 2015, Chile conformó una Comisión Nacional del Litio para establecer una normativa en la que los distintos actores tuvieran participación. No solo se acordaron mayores ganancias para las comunidades locales (alrededor de 25 millones de dólares anuales), sino que las empresas son obligadas a tributar el 40 % de sus ganancias, y parte de ese monto es utilizado para financiar investigaciones tendientes a desarrollar la cadena de valor.
El litio es central en el mapa geopolítico actual y futuro, y otros países ya lo han entendido así. En Bolivia el control de todos los yacimientos es estatal, en Chile es un recurso estratégico, también en Brasil, en México se han revocado las concesiones privadas y se piensa en armar una empresa estatal. Existen voluntades de coordinar esfuerzos a nivel regional, pero la discrepancia entre los distintos modelos dificulta los planes de articulación.
En este sentido, una parte de la coalición de gobierno se ha manifestado a favor de avanzar en una ley que asegure la participación del Estado argentino en la industria litífera. El proyecto elaborado por los diputados Marcelo Koenig y Carlos Heller propone declarar al litio como recurso estratégico y conformar una Comisión Nacional que integre al sistema científico en el desarrollo de la cadena de valor. Una iniciativa resistida por los gobiernos provinciales nucleados en la Mesa del Litio, que buscan mantener las rentas locales aseguradas por la minería.
También lo han entendido los principales actores de la economía mundial. Elon Musk, dueño de la compañía de autos eléctricos Tesla (cuyas ganancias aumentaron 700 % durante la pandemia), llegó a bromear con el golpe de estado en Bolivia y “atribuírselo” en función de una liberalización de la explotación de los yacimientos nacionalizados por aquel gobierno. Un gesto risueño de los que el empresario acostumbra hacer en Twitter (como aquel que le costó millones en pérdidas a la criptomoneda Bitcoin), pero que señala con claridad en qué medida los grandes capitales miran hacia las reservas minerales del sur mundial.
Oct 15, 2020 | Entrevistas
“Tomando estado” es una referencia a la tarea de los operarios de empresas eléctricas, a la vez que señala la importancia de los actores sociales en la disputa por el poder en dos momentos bisagra de la historia argentina. Carlos y Nicolás son trabajadores de una cooperativa de electricidad en un pueblo del interior. Los recuerdos de una militancia por mantener las conquistas laborales contrastan con las expectativas de una generación desencantada de la política. Historias que dialogan con un país que está en llamas, al calor del estallido social de 2001.
Este es el cuarto film del realizador Federico Sosa, egresado de la ENERC. Tras ser convocado por la productora Ayar Stories y Pampa Films para la dirección de Tampoco tan grandes, en 2017, Sosa vuelve a encarar un proyecto independiente. Tomando estado se estrena hoy por el canal Cine.ar TV y a partir de mañana se podrá ver en la plataforma Cine.ar Play gratis durante una semana. Los siguientes dos meses estará disponible para alquiler a 30 pesos.
¿De dónde surge la idea de Tomando estado?
Soy electricista. Trabajé en empresas de mantenimiento desde fines de los 90 y hasta hace unos pocos años. Y quería hacer una película que trate del mundo del mantenimiento, de mis compañeros, todas las experiencias que uno va viviendo mientras trabaja. Yo viví un poco del 2001, desde adentro de esas empresas, y quería contar esos personajes. Al mismo tiempo quería hacer una película política que contara la historia argentina, de dónde venía toda esa debacle neoliberal que arranca con las decisiones económicas de la dictadura militar.
¿Tu experiencia fue en un pueblo del interior también?
Trabajé en Capital y en el conurbano, toda mi vida. Lo del pueblo del interior es muy interesante, porque terminamos filmando en una cooperativa eléctrica por cuestiones de diseño de producción. Tuvimos que adaptarnos por falta de presupuesto, e incluso había inflación en el momento en que estábamos filmando, y la plata valía cada vez menos. Así que con la productora pensamos que si queríamos hacer todas esas escenas teníamos que encontrarle la vuelta. Y se la encontramos al trasladar la historia a un pueblo del interior. Las locaciones estaban más cerca, además la gente en los pueblos siempre te ayuda. Y también teníamos un contacto a través de Roberta Sánchez, que es la productora, con el gerente de la cooperativa de Suipacha. Nos abrieron las puertas y terminamos filmando la película ahí.
¿Hubo cambios importantes en la adaptación del guion?
No, básicamente la historia es la misma. Sí cambió el contexto, los lugares y cuestiones por el estilo. Pero también, cuando más o menos tenés claro a dónde querés llegar, le buscás la vuelta. Incluso hay cosas que quedaron muy bien y no estaban en el guion original. Hay unas imágenes, poéticas digamos, que nos dieron las locaciones cuando íbamos a abordar las escenas, que quizás no las hubiéramos tenido de otra manera. Hubiéramos tenido más cemento, una cosa más de ciudad y del conurbano. Así que perdió algunas cosas, pero ganó otras.
¿Qué influencias cinematográficas reconocés en el filme?
Un montón. Principalmente, dos películas fundamentales para mí, que yo las quiero mucho: Tiempo de revancha, de Adolfo Aristarain, y No habrá más penas ni olvidos, de Héctor Olivera, que está basada en la novela de Osvaldo Soriano. Esa justamente transcurre en un pueblo en el interior y tiene un humor medio negro, y atravesado por todas las cuestiones políticas. Son dos claras referencias. Después, las referencias del tono y del humor negro que tiene la película por momentos, vienen de mi preferencia por el cine italiano de los 60 y 70, que es entre cómico y grotesco, provoca risa y un poco de ganas de llorar. Todo ese cine: Lina Wertmüller, Fellini, Elio Petri, Giuliano Montaldo, un montón de directores grosos de esos momentos.
Con el actor Sergio Podeley ya habías trabajado en Yo sé lo que envenena, ¿qué te llevó a buscarlo nuevamente?
Yo quería trabajar con alguno de los tres (Podeley, Federico Liss y Gustavo Pardi) y me decidí por Sergio después de encontrar al actor principal (Germán de Silva). Cuando vas eligiendo actores siempre lo hacés de arriba hacia abajo, porque cuando elegís al actor principal después tenés que buscar al actor que complemente, no solo actoral sino también visualmente, al protagonista. Todo se va complementando cuando ya tenés al protagonista principal. Aparte yo ya sabía que iba a ser una película difícil, en un pueblo del interior donde íbamos a tener bastantes dificultades, sobre todo por las exigencias que tiene uno a la hora de filmar. Fue algo natural, Sergio no solo es un gran actor, sino que tiene una fuerza que arrasa, lo tenés que frenar más que pedirle cosas.
Te toca estrenar en contexto de pandemia y con las salas de cine cerradas. ¿Qué beneficios y qué problemas le trae a la película?
Hubo otras opciones para estrenarla antes, pero no prosperaron. La película ya la tenía terminada el año pasado, la íbamos a estrenar a principios de este y pasó todo lo que pasó. La parte positiva es que se va a ver en todo el país, que la va a ver mucha más gente que si se hubiera estrenado en unas pocas salas. Es una película de presupuesto bajo, entonces uno no tiene acceso a la prensa ni la publicidad en las calles que tienen las grandes. Por eso, que se estrene en CineAr, que es el canal del Instituto, posibilita que se vea en todos lados. Va a estar gratis, que es muy importante también. La parte negativa es que no se va a poder ver en sala. La experiencia de la sala de cine, para uno que se crió viendo películas de chico, es medio intransferible, escuchar a la gente reírse o lo que fuere que pase en la sala, y el encuentro con la gente que hizo la película. Todas esas se pierden. Pero es el contexto que nos toca vivir.
Tus proyectos suelen estar atravesados de alguna manera por la historia nacional, ¿de dónde viene ese interés?
Es como uno se crió. Yo de chico leía mucho en mi casa, veía mucho cine. Y siempre me interesó lo que tenía que ver con la historia nacional. Y me interesa también en el sentido que hay muchas películas que no abordan el tema, o miran más para afuera. Me parece que es un cine que hay que hacer. En el nuevo cine argentino ha habido una moda de no mirar para atrás, de que no hubiese padres ni abuelos. Había un desprecio por el costumbrismo de los años 80 también. Y uno cuando piensa una historia piensa también qué película falta o cuál le gustaría ver y no está. Con la reivindicación de la política, los 12 años de Néstor y Cristina, yo decía que tenía que haber más películas que hablen de esto, de alguna manera. Uno siempre que elige un tema de una película está hablando con el presente, más siendo una película política. La idea entonces era homenajear de alguna manera a los referentes que uno tuvo, a los tipos que pelearon, que pensaron otro tipo de país y a los que les cortaron la cabeza, que es un poco lo que le pasa al personaje.
Da la sensación que mostrar la óptica de los trabajadores se ve poco en los grandes medios y en el cine. El sentido de pertenencia a un sindicato es algo bastante menospreciado. ¿Cómo fue la vinculación con ese sector al momento de pensar la película?
Claro, obviamente la época de los 70 no la viví. Pero mi viejo era de SEGBA y del sindicato de Luz y Fuerza, y yo en los 80 iba con mi hermana a las colonias del sindicato. Me crié viendo el retrato de Oscar Smith que aparece en la película, que fue el Secretario General de Luz y Fuerza detenido y desaparecido en el 77. Lo fueron a buscar a Wilde, lo secuestraron, lo torturaron y lo mataron. Quise reivindicar esa figura. El tema del sindicalismo está bastardeado. De hecho, hicieron hace poco una serie de televisión donde bastardean a todo el sindicalismo en su conjunto. La dedicatoria de la película a Oscar Smith tiene que ver con esa experiencia mínima mía. Yo iba a la colonia y comía pollo con zapallo y estaba el retrato de Oscar Smith, era un momento de felicidad para mí. Y después los vínculos que uno tiene, la gente con la que uno se junta. Ahora estoy haciendo un documental de Norberto Galasso, que es un referente mío también. Y él siempre, a través de toda su historia y sus libros, se encargó de reivindicar al sindicalismo, el que quedó después de la masacre de la dictadura militar que se llevó un montón de dirigentes y cuadros medios. Y ahí hay un montón de dirigentes: Sebastián Borro, que estuvo en la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, Avelino Fernández, Germán Abdala, que murió de cáncer en los 90. La historia sindical es riquísima y no se conoce porque la ocultan, te muestran lo que les interesa mostrar a los medios que estigmatizan a todo el sindicalismo en su conjunto. Yo quise mostrar a los trabajadores. Como nunca sé cuándo voy a hacer otra película, porque es muy difícil filmar, tengo una bitácora, un cajón de ideas, de carpetas, de libros, de pedazos de obras de teatro, y siempre voy anotando todo. Entonces, cuando me propongo escribir un guión junto todo lo que tengo sobre ese tema, escrito por mí, que viví, o me contaron o leí, o vi en una obra de teatro. Junto todo eso y trato de meterlo, como una especie de guiso. Algunas cosas quedan en la historia y otras no, porque sería imposible meter todo. Mi idea es que al espectador le queden referencias, por más que no esté todo el tema explicado, y si tiene interés lo pueda ir a buscar. Obviamente, el cuadro de Oscar Smith está en la pared, y el que no sabe quién es entiende que es un dirigente importante para el personaje. Pero si le interesa, lo puede googlear. Me gusta mucho meter cosas de la cultura popular, que el espectador se sienta adentro de la película y que sean referencias reales. No que la película se pueda ver y entender en cualquier parte del mundo, como una cosa sin historia.
¿En qué otros proyectos estás trabajando ahora?
Ya terminamos un documental sobre un colombófilo, un loco del que me hice amigo que se llama Américo, que por todo lo que está pasando seguro lo estrenaremos el año que viene. Y después estoy trabajando en ese documental de Norberto Galasso, que es historiador y es biógrafo de Arturo Jaureche, Scalabrini Ortiz, Hernández Arregui. Es como la historia del pensamiento nacional del siglo XX a través de la figura de él. Estamos en una especie de etapa de montaje paralela a la de rodaje. Ya tenemos todas las entrevistas y todavía falta construir toda la parte visual. Por suerte, ocupado y trabajando en eso. Y también con otros proyectos, más ambiciosos, guiones de ficción, pero esperando a ver cómo se acomoda todo.
Sep 23, 2020 | Entrevistas
La demanda de la vicepresidenta Cristina Fernández contra Google por el agravio publicado en el buscador el último 17 de mayo, abrió un amplio debate que incluye aspectos como los límites de libertad de expresión, la vulneración del honor, la responsabilidad de los intermediarios en Internet, el rol de los Estados en materia regulatoria, el poder de las grandes corporaciones digitales y el lugar cada vez más determinante que ocupan los algoritmos en la vida de los usuarios.
Un panel de expertos reflexionó sobre estas cuestiones en el marco de un conversatorio organizado recientemente por Acces Now y Observacom, dos organizaciones interesadas en la protección de los derechos de los usuarios digitales. En diálogo con ANCCOM, Beatriz Busaniche, directora de la Fundación Vía Libre, sintetiza la idea principal que sobrevoló en el encuentro: “Sería interesante que haya más transparencia sobre cómo funcionan los algoritmos”, afirma.
La pericia informática pedida por los letrados de la vicepresidenta exige a Google revelar cómo su algoritmo selecciona y exhibe la información destacada en el panel de conocimiento. Según Busaniche, esta solicitud conduce a dos problemas: “El primero es que probablemente Google se localice jurídicamente en los Estados Unidos y diga que allá es donde funciona su algoritmo y entonces trate de correr la jurisdicción. La iniciativa de los abogados de Cristina de ponerlo bajo la Ley de Defensa del Consumidor es para tratar de que el conflicto legal quede radicado en la Argentina. La otra cuestión es que, si esto prospera, puede haber algún pleito vinculado con la propiedad intelectual. Porque las empresas, en general, guardan sus secretos industriales bajo siete llaves”.
La directora de Vía Libre señala que, aun “imaginando el mejor escenario” en el que Google muestre su algoritmo, no se tendría total claridad sobre cómo opera: “No es solo su funcionamiento lo que determina el resultado de las búsquedas o de las recomendaciones, sino lo que hace con el volumen de datos que manejan: qué sabe ese algoritmo de cada uno de nosotros cuando hacemos una búsqueda, qué le sirve para ajustar los resultados a muchas de las cuestiones que conoce de la persona que busca y que condicionan también esos resultados”, explica.
Por otra parte, el «recuadro de conocimiento» constituye un caso particular para la especialista: “No es el resultado de una búsqueda lo que está en cuestión, sino ese box donde Google hace una edición diferente. Hay una información destacada, una selección, una referencia a un tercero, Wikipedia en este caso, o como cuando ante una búsqueda de información médica se destacan fuentes médicas confiables. Hay una curaduría diferente de los resultados del buscador. Y por eso es que los abogados de Cristina están tratando de hacer cargo a Google como autor de la calumnia y de la injuria”.
Beatriz Busaniche. Archivo ANCCOM.
Para Busaniche, esto complejiza y simplifica el caso: “Lo complejiza porque hay que dirimir si Google es un simple expositor, curador, seleccionador, ordenador de información producida por terceros, con lo cual debería primar el régimen de responsabilidad de intermediarios, o si es autor de la calumnia y de la injuria. Si finalmente la Justicia resuelve que Google es responsable en tanto autor o editor de ese contenido, le caben las generalidades de la ley. Es decir, las mismas que podrían caberle a cualquier otro medio de comunicación que tenga una línea editorial y publique una calumnia o una injuria contra una funcionaria pública”.
Sin embargo, Busaniche se muestra escéptica respecto del éxito de la demanda. “Si la Justicia resuelve que hay una cuestión de autoría de Google, dudo que el caso prospere, porque sería un pleito por calumnias e injurias clásico, en el cual deberían probar real malicia. Y si prospera, sería una cuestión seria en términos de libertad de expresión atribuir una responsabilidad editorial a un medio de comunicación por tratar de ladrona a una funcionaria de alto nivel”, algo que también señaló Diego de Charras, actual presidente de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo durante el conversatorio.
Además, Busaniche asegura que los distintos tipos de responsabilidad atribuible serían de difícil implementación. “El régimen de responsabilidad de intermediarios, según se dictaminó en el caso Belén Rodríguez contra Google en 2014, establece responsabilidad subjetiva, y aquí Google actuó con celeridad, dando de baja el contenido injuriante, aun sin que la damnificada hubiera tenido que tomar cartas en el asunto. Atribuirle responsabilidad objetiva, por otro lado, marcaría un antecedente preocupante. Todas las relatorías de libertad de expresión, de Naciones Unidas, OEA, Unión Europea y demás, han planteado que no se les debe atribuir porque eso sería un incentivo muy fuerte para las empresas de ejercer un tipo de censura privada justamente para cuidar sus espaldas. Porque si ellos van a ser responsables de cada cosa que diga cualquier usuario de Internet, lo que vamos a tener son grandes máquinas de censura y de reducción drástica del espacio y de la esfera pública del debate”.
La disputa mediática fue uno de los elementos destacados durante la presidencia de Cristina Fernández. Las tapas agraviantes y las expresiones injuriosas se sucedieron a lo largo de toda su gestión. Basta con buscar, por ejemplo, algunas portadas de la revista Noticias. “Se trataba de acciones que podrían haberse catalogado como violencia simbólica contra una mujer –opina Busaniche–. Y ningún medio salió a pedir disculpas, ni a retirar algo que pudiera ser calumnioso. Al contrario, siempre ha escalado el nivel de agresión. Si uno analiza comparativamente la acción de Google, lo que se ve es que reaccionó rápido respecto a algo que se les escapó, la manipulación de los datos en Wikidata, y la información fue retirada de inmediato”. En otras palabras, para la especialista, “no podría demostrarse que la opinión de Google es que Cristina Fernández es una ladrona”. Pero el contenido fue difundido y amplificado por los medios de comunicación posteriormente.
Entonces, ¿por qué Cristina decidió ir contra Google? Busaniche arriesga una hipótesis: “Intuyo que quiere meter algún tipo de discusión pública sobre el rol de las grandes empresas de Internet, en línea con muchos grandes líderes políticos a nivel global que lo están haciendo. Es un tema que se está discutiendo en el mundo. Hay que mirar también lo que está pasando con Donald Trump en su pleito con Twitter, algunos proyectos de ley sobre fake news en Brasil, algunas cosas que han estado pasando en Francia con los discursos de odio, las regulaciones sobre discurso racista en Alemania. Hay una corriente de muchos líderes políticos que están tratando de subirse a esta discusión. Probablemente, Cristina haya tomado esta decisión de entrar en la disputa y tratar de dirimir cuál es la responsabilidad de las plataformas”.
El camino de la regulación
Hasta el momento, en nuestro país no existe una ley que indique qué responsabilidad poseen las plataformas virtuales a la hora de indexar contenidos, ni tampoco una que imponga penas a acciones editoriales como las que se les atribuye a Google en la construcción del espacio destacado. Los pasos a seguir, en materia judicial, están orientados de forma jurisprudencial, es decir, en base a fallos previos. Las demandas iniciadas por Belén Rodríguez y Natalia Denegri (a favor del derecho al olvido) fueron dirimidas mediante fallos de la Corte Suprema, y sentaron precedentes de utilidad para litigios subsiguientes.
“Una buena regulación protectora de la libertad de expresión, ante todo en materia de responsabilidad de intermediarios, debería ser una de las políticas a acompañar”, afirma Busaniche, quien también subraya la necesidad de proteger el discurso público de la fuerte incidencia que tienen estas plataformas debido a los niveles extremos de concentración: “Como señaló Martin Becerra durante el conversatorio, si algo no puede circular por Facebook, por las distintas áreas de negocio de Google o por Twitter, probablemente no logre permear el discurso público, entonces la baja de contenidos y la protección del discurso de las figuras más débiles en esta ecuación, como somos los usuarios de las redes, también podría ser parte de una regulación interesante en estos entornos de grandes empresas de tecnología de Internet”.
El avance de los procesos de automatización mediante inteligencia artificial y la injerencia creciente de los algoritmos en sistemas que seleccionan, categorizan y deciden en los más diversos ámbitos de nuestra vida, ha traído el debate sobre la necesidad de regularlos. En Nueva Zelanda, el Ministerio de Estadística ha impulsado, desde el mes pasado, un acta que dispone revisar los procesos estatales basados en algoritmos y transparentar estos mecanismos a la población, explicándolos en un lenguaje sencillo y comprensible.
Martín Becerra. Archivo ANCCOM.
¿Se puede tomar algo de esta regulación? La directora de Vía Libre opina que sí: “El de Nueva Zelanda es un modelo pensado más que nada para el sector público, pero me parece que va en el sentido apropiado: mecanismos que permitan dotar de transparencia a los distintos sistemas de regulaciones mediadas por sistemas automatizados”. Existen iniciativas similares, incluso privadas. Tal es el caso de TikTok, que en su batalla con la administración Trump hizo públicos algunos lineamientos de su algoritmo y empezó a trabajar en una política interna a partir de la cual el usuario puede disponer de qué tipo de selección y decisiones se toman de sus contenidos y del acceso a ellos. “En Estados Unidos, por ejemplo, muchas decisiones se toman de esta forma: hay mecanismos algorítmicos para evaluar la posibilidad de que una persona recupere la libertad bajo palabra en el sistema carcelario, hay otros que definen si aceptar o no a una persona como cliente en un seguro médico, hay sistemas que evalúan la perfomance de docentes en escuelas públicas, hay otros que evalúan el otorgamiento o no de ayuda social. Está lleno de mecanismos algorítmicos, tanto del sector público como del privado, que están tomando decisiones que impactan sobre la vida de las personas. Y en el caso de las redes sociales, estos algoritmos, a su vez, impactan sobre lo que se ha empezado a llamar nuestra ‘dieta informativa’, qué cosas nos llegan en este mar inmenso de información que circula por Internet minuto a minuto”.
Estos procesos automatizados nos han ayudado a encontrar consumos de nuestro interés, a que Netflix nos sugiera la próxima película que nos puede llegar a gustar, o que Spotify o YouTube nos recomienden una banda que nunca escuchamos pero que tiene similitudes con otras que sí. Pero cuando se los plantea desde el punto de vista del acceso a la información, dice Busaniche, se ven tendencias como la exposición permanente a contenido extremista, como el discurso del alt right (derecha alternativa estadounidense), que han fortalecido mucho su posición en la vida pública, “no solo a partir de la exposición en la calle, sino que todo eso tiene una expresión en las redes y se le ha dado una visibilidad allí, ese tipo de contenido cada vez más extremo se visibiliza a partir de estos algoritmos. Por eso sería interesante saber cómo funcionan, qué variables toman en cuenta, en función de qué datos se exhiben o no ese tipo de contenidos”. La respuesta está en tener mayor y mejor acceso y transparencia los algoritmos y saber cómo construyen los resultados a partir del volumen de datos. Una discusión que recién comienza.
Sep 11, 2020 | Comunidad, Novedades
El país se debate entre la flexibilización de la cuarentena y el aumento de casos de pacientes con Covid 19. En algunas jurisdicciones se producen rebrotes que obligan a retroceder de fase en la cuarentena. En la Provincia de Buenos Aires, coexisten 135 municipios con realidades distintas: 43 en fase 3, 67 en fase 4 y 25 en fase 5. Del primer grupo, el partido de General Pueyrredón transita una “situación crítica”, de acuerdo a declaraciones de los gremios de salud.
La suba de casos en Mar del Plata, la ciudad más populosa del distrito, exige al personal sanitario. Matías Olmos, médico intensivista del Hospital Privado de Comunidad, afirma: “Vivo más horas en el hospital que en mi casa”. La situación modificó el trabajo diario: “Cuando no teníamos tantos pacientes respiratorios graves, era mucho más holgado. Esto implica un estrés inevitable, no solo por el paciente, sino también por la contención de su familia. Hoy la familia de un paciente con Covid que está aislado, no lo ve por 14 días, y eso si no está grave. Y uno tiene que ser el apoyo y los ojos de la familia. Todo eso desgasta, cansa, dormís poco o mal, lo cual se ve reflejado en el rendimiento a lo largo del tiempo”.
Hace unos días, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva emitió un comunicado en el cual puso de manifiesto la fatiga por la saturación de los recursos. Se trata de una especialidad que siempre contó con pocos profesionales capacitados. Según Olmos, “una de las cosas que puede llegar a limitar la existencia de intensivistas son las situaciones estresantes con las que uno puede convivir. El paciente grave requiere cuidados de manera rápida, intensiva, multimodal, de enfermeros y kinesiólogos y muchas veces de soportes extra. Otra cuestión es estar constantemente expuesto a la muerte o a las situaciones más vulnerables que pueda tener un paciente. Además, el régimen de trabajo y la remuneración que no es acorde a todo lo que implica”. Por otra parte, pocas universidades contemplan la terapia intensiva en la formación. “El intensivista elige la especialidad porque tuvo algún contacto con alguien que le dijo cómo era o fue a un hospital y vio la terapia”, puntualiza el médico egresado de Fundación Favaloro.
“Vivo más horas en el hospital que en mi casa”, dice Olmos.
Con los meses, el aplauso diario al personal médico se fue diluyendo y el #QuedateEnCasa fue reemplazado por un reclamo de la libertad, presuntamente coartada por las autoridades. Olmos opina que no hay que culpar a los dueños de los comercios que abren ni a la gente que busca retomar sus actividades, sin embargo, señala la contradicción: “No podemos estar hablando de que hay pocos intensivistas por cama, y a la vez de que hay gente que se junta a comer asado o a ir a un bar de manera relajada. El agradecimiento pasa por tener los recaudos de la distancia, el lavado de manos y el uso del barbijo cubriendo nariz y boca. Uno puede tener más o menos empatía con el aplauso de las 21, pero lo primordial del apoyo es que la gente entienda que hay que cuidarse”. Olmos destaca el trabajo de las enfermeras, quienes son la “primera línea de batalla” y están más expuestas al contagio.
Florencia Sacco es una de ellas. Se desempeña en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Municipal de Chivilcoy desde hace seis años: “En Enfermería ya éramos pocos, siempre tuvimos que hacer horas extra, pero ahora se bajaron muchos compañeros por ser personal de riesgo. El plan de contingencia que hizo el hospital para tratar de que se trabaje en equipos diferenciados, servía hace dos meses, cuando teníamos pocos pacientes. Ahora llueven los casos”. Además, remarca que estar “continuamente al lado del paciente” conlleva un riesgo mayor para los trabajadores.
Para Sacco, “el personal de salud tiene la fatiga de toda la gente, más el cansancio por vivir la pandemia desde adentro”, y enfatiza que lo más estresante es el miedo a contagiar a sus familiares. En este sentido, el grupo de Salud Mental del hospital formó un equipo con teléfonos abiertos para contener al personal que lo necesite, ya en el inicio de la pandemia. “Hay mucho miedo y angustia”, subraya.
“Los residentes y concurrentes hoy estamos sin pasar aun de año y sin tener aseguradas las rotaciones de los años próximos, por lo que es la formación lo que se pone en juego”. Leandro se hace un espacio para hablar durante la guardia. Es residente de tercer año (R3, como se conoce en el ambiente) de uno de los hospitales de agudos de la Ciudad de Buenos Aires. La situación es crítica para los profesionales que están cursando los ciclos de especialización, pero no es una novedad. Son históricas las demandas de este sector que, de acuerdo a las necesidades de cada momento, son considerados especialistas en formación o, como señala Leandro, trabajadores que “cubren baches de médicos de planta por falta de personal”. A fines del año pasado, tras una peculiar votación (que se llevó a cabo mientras miembros de los bloques opositores salieron a la puerta de la Legislatura para detener la represión de la policía a los manifestantes), se aprobó un nuevo régimen de residencias médicas que establecía una carga horaria de hasta 64 horas semanales, mientras que legitimaba la figura del concurrente en un régimen no remunerado. Una semana más tarde, a partir del paro y la movilización de los profesionales, la Legislatura debió dar un paso atrás y vetó la ley en forma unánime.
“No podemos decir que hay pocos intensivistas y a la vez hay gente que se junta a comer asado o a ir a un bar», dice Olmos.
El jueves 10 de septiembre se realizó una jornada de visibilización de reclamos de los trabajadores de salud en CABA, aunque aseguran que la situación en la provincia es similar. Además de solicitar que se garantice la formación de residentes y concurrentes, piden la apertura de paritarias y denuncian la falta de personal y la precarización. Leandro sostiene que el bono percibido por los médicos es una medida selectiva que “genera conflictos entre el personal de salud y enmascara el verdadero problema de los sueldos bajos y la falta de paritarias”.
El panorama no mejora al finalizar la residencia. A más de un año de haberse recibido de pediatra, Melina trabaja en cuatro establecimientos distintos, y en solo dos logró algún tipo de estabilidad: “Trabajo en dos hospitales privados, donde tengo una cantidad escasa, pero fija, de horas como monotributista. Tanto en el Cesac como en la guardia del hospital municipal hago suplencias. La idea es que se abran puestos, pero no hay nada seguro”. Tras más de una década formándose, espera, como tantos contratados y residentes recibidos, el pase a planta y la ansiada estabilidad.
Según Melina, la pandemia sacó a relucir faltas tanto a nivel edilicio como de personal. “Eso conllevó muchos problemas, demoras innecesarias, protocolos mal armados. Si bien uno tiene un protocolo para vestirse en caso de que venga un paciente, a veces no se da el 100 por ciento de las condiciones para la limpieza ni para vestirse correctamente. Mucha gente también tiene miedo, y eso los paraliza y los predispone mal para el trabajo. La atención de los pacientes durante la pandemia requiere un tiempo más prolongado, se necesita un lugar cómodo para lavarse las manos y quitarse el equipo. Y eso no está bien armado, pero porque nunca se pensó un lugar con las condiciones necesarias, nadie esperaba una pandemia de este tipo”, afirma.
Su trabajo en el Cesac se divide en una semana activa y una pasiva, en la cual se hace trabajo desde el hogar. Durante la pasiva, Melina hace seguimiento de contactos estrechos, tanto de adultos como de chicos. La cuarentena funcionó, destaca: “Ahora los casos empezaron a subir porque estamos saliendo. Y que salgamos no significa que no hay más virus, sino que nos estamos empezando a exponer. Entiendo las flexibilizaciones, pero me parece que no están bien reguladas. En algunos comercios se respeta la distancia, en otros hay mesas pegadas entre sí, y se propicia el contagio. En las salidas a los parques, si bien están dadas las pautas, la sociedad no comprende bien lo que tiene que hacer, entonces hace lo que puede o lo que le sale, que no siempre es lo correcto. La mayoría de casos que llegan al hospital son personas que se juntan con amigos. Hace poco tuve que hacer el seguimiento de una familia de 14 personas que almorzaron juntas, por ejemplo”.
A Melina la pandemia también le toca personalmente. Recientemente falleció su tío Horacio, de 82 años, a causa de un cáncer agravado por el Covid. Los pacientes que fallecen por coronavirus no pueden recibir visitas. “Nadie merece morir de esa forma, aislado y sin poder despedirse”, se lamenta angustiada.
«No hay más virus, sino que nos estamos empezando a exponer», subraya Melina.
La crisis mundial evidenció el aspecto más crudo de la precarización del personal sanitario en el país. Enfermería es una de las profesiones de mayor riesgo de contagio, pero también de las más castigadas. La jornada de protesta del jueves 10 señaló también la necesidad de reincorporar la disciplina a la carrera sanitaria. En la Ciudad de Buenos Aires, como en muchas jurisdicciones del país, los enfermeros fueron excluidos de la categorización como personal de salud. Al igual que muchas de sus compañeras, Rosa divide sus horas entre el hospital público y el privado. “Los enfermeros están muy mal pagos, y eso implica que muchos tengamos varios trabajos y el agotamiento es peor”. También refiere que muchos establecimientos privados están tomando personal bajo la modalidad de contrato con monotributo, lo que profundiza la precariedad.
“Hay muchas bajas por compañeros contagiados, y eso nos sobrecarga de trabajo”, cuenta Rosa. A veces, y pese a tomar todas las medidas de seguridad, los pacientes asintomáticos contagian a los enfermeros, que manifiestan los síntomas días después. Por otra parte, denuncia la falta de insumos, tanto en el sector público como en el privado: “El tema de los camisolines es un lío. Según las autoridades, son reutilizables, y los mandan a lavar. Pero resiste a lo sumo tres lavados, en muchos lugares te los dan y parecen transparentes, y tienen las tiras rotas. Además, faltan cofias y botas”. Por estas y otras demandas, las enfermeras están organizando, junto con otros gremios de la salud, una movilización para el próximo 21 de septiembre.
La curva de contagios no cede. Aún no se sabe cuál será el pico de casos y la demanda de una mayor flexibilización de actividades amenaza con agravar la situación. Por decreto, el personal de salud no puede tomar licencia en lo que resta del año. Matías Olmos, el intensivista marplatense dice que no se la tomaría si pudiera, para no sobrecargar a sus compañeros. Camino a casa, después de otra jornada de trabajo extenuante, observa las olas bañando la Costa Atlántica. Hace meses que no disfruta de un paseo por la playa junto a su familia, pero “el hecho de tener contacto visual por 20 cuadras con el mar, aunque sea arriba del auto, en este momento es casi tan relajante como estar de vacaciones”.
“Los enfermeros están muy mal pagos, eso implica que tengamos varios trabajos y el agotamiento es peor”, explica Rosa.
Jun 18, 2020 | Comunidad, Novedades
«Con la nueva ley, un departamento que vale 15, el dueño te lo va a poner en 18, olvidate”, desafía Osvaldo, un agente inmobiliario de Caballito.
“Cuando entre en vigencia la ley, los alquileres van a subir. Este departamento que vale 15, el dueño te lo va a poner en 18, olvidate”, dice Osvaldo, un agente inmobiliario de Caballito. Más que una predicción, la suya es una manifestación de la resistencia que opone el sector a la regulación establecida por el Senado. “Esto de registrarse en la AFIP es para enganchar a gente, necesitan plata y la buscan donde sea”, agrega y, sin ruborizarse, tantea al potencial locatario: “Podemos firmarte ahora un contrato con la nueva ley, pero no sé hasta dónde te beneficia, porque te engancha con tres años en principio”. Y, según él, “el inquilino va a pagar un porcentaje de la comisión, como se pagaba en la ley anterior a esta”. Pero está equivocado. En la Ciudad de Buenos Aires al menos –ya que esto lo dispone cada distrito– seguirá correspondiendo al propietario.
Las opiniones off the record de un puñado de agentes de bienes raíces, recabadas por ANCCOM, permiten entender cómo fue recibida la noticia en el sector. El presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la ciudad (CUCICBA), Armando Pepe, sostiene: “Nos hace ruido el avance sobre la propiedad privada por parte del gobierno al determinar que los contratos sean por tres años en lugar de dos. Esto ya había sido regulado en 2015 cuando se sancionó el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, y venía funcionando perfectamente normal el mercado de alquileres”. Pepe asegura que le advirtieron al gobierno anterior y al actual que “si una cosa funciona, no hay que tocarla, porque va a crear es más incertidumbre”.
En base a las proyecciones de CUCICBA, si el índice se hubiera aplicado el año pasado, el valor de los alquileres se habría incrementado un 52%. Para el dirigente empresario, hubiese sido un aumento desmedido, puesto que “en Capital Federal no era nunca más de un 20% semestral, lo que da un 44% anual”. “En un año, estas pseudoasociaciones de inquilinos van a estar pidiendo que se modifique el índice porque les va a dar mucho más de lo que normalmente se venía aplicando”, vaticina.
Pese a que Pepe afirma que la ley “se ha sancionado anticonstitucionalmente porque el Senado estaba autorizado sólo a sesionar por zoom para temas de Covid 19”, desde CUCICBA no piensan apelarla. “Hay un empecinamiento en sacarla, y el resultado de judicializar algo contra el Estado Nacional a lo mejor lo verían mis bisnietos”, se lamenta. No obstante, reconoce aspectos positivos: “Es correcto haber aclarado el tema de las expensas. Ya estaba en el Código Civil, pero en la práctica hubo muchos abusos de propietarios haciéndoles pagar a los inquilinos el 100%, cuando les corresponden únicamente las comunes, no las extraordinarias. Sí esperamos que en la reglamentación se incluya a los administradores de consorcio para que hagan la liquidación como es debido, separando los conceptos”.
La ciudad de Berlín, donde el 85% de la población alquila, congeló el valor de estas transacciones hasta 2022.
Los atropellos de dueños e inmobiliarias ocurren, más allá de lo reglamentado en los códigos civiles. De acuerdo con Sofía Veliz, abogada e integrante de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en las defensorías locales y demás instancias de negociación “hay una relación desigual de poder entre dueño e inquilino que hace muy difícil el litigio, y en las resoluciones de los conflictos suele prevalecer la voluntad del primero”. La ley sancionada plantea nuevas vías: “Se promueven otros mecanismos de resolución alternativos y gratuitos. Se establece que se va a avanzar en alguna institucionalidad específica, pero hay que esperar la reglamentación para ver cómo se traduce en una política pública”, destaca Veliz. Tal como se adelantó desde el oficialismo, la normativa crearía organismos de control bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
ACIJ fue una de las entidades que impulsó la ley y participó de los debates que le dieron forma. Uno de los elementos más controvertidos fue la indexación del precio, resultante de un promedio entre la inflación (del INDEC) y el salario promedio medido por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). “Es la única forma en que se pudo consensuar ese articulado. Es un cálculo que, con el nivel de inflación que venimos manejando, por ahora es conveniente para los inquilinos, pero en un escenario de recomposición salarial e inflación alta, pueden salir perdiendo. Hay un doble filo que exige trabajar más y pensar otros mecanismos de protección frente a esas eventuales situaciones”, admite Veliz.
La regulación de alquileres, de alcance nacional, representa una base a partir de la cual seguir trabajando. “Siempre se puede mejorar y seguramente podríamos tener una ley todavía más ‘pro inquilinos’”, remarca Veliz, para quien hay problemáticas que deberían abordarse de forma más activa: “Desde ACIJ nos preocupan, sobre todo, las disposiciones sobre un programa nacional de alquiler social, la forma en que el Estado puede intervenir como una alternativa para regular el mercado y los precios. Eso es algo con lo que seguramente se pueda avanzar mucho más”.
En Nueva York existe un límite a los precios y a los incrementos de los alquileres.
¿Y en el primer mundo?
Para Osvaldo, el agente inmobiliario de Caballito, “no pueden poner un límite al alquiler”. “El que lo quiera pagar que venga y lo pague”, aduce. Igual que él, muchos de sus colegas pronostican que la obligatoriedad de registrar las propiedades en la AFIP o la extensión de los contratos, provocarán una suba en los valores iniciales. Y en la indexación establecida por un límite objetivo ven un avasallamiento de la libertad de las partes. Sin embargo, en muchos lugares del mundo se han impulsado regulaciones similares debido a los excesos del mercado.
En febrero, la ciudad de Berlín, donde el 85% de la población alquila, congeló el valor de estas transacciones hasta 2022, y en los dos años siguientes los incrementos no podrán superar el 1,3%. La razón principal que motivó la regulación fue que en los últimos 10 años el precio de los alquileres se duplicó en la capital alemana, un 103% más que en cualquier otra ciudad del país. Esta medida se suma a otras para garantizar, desde el Estado, una vivienda accesible. A fines de 2019, el gobierno berlinés compró seis mil viviendas a una de las grandes empresas inmobiliarias germanas y amplió así la disponibilidad de residencias sociales.
Países como Dinamarca, Canadá o Australia, cuentan desde hace tiempo con un marco normativo mixto, que contempla controles de precios iniciales, de aumentos y mercados desregulados, según las disposiciones regionales. Mientras en los Estados Unidos, a nivel nacional, no hay un control sobre los alquileres, en la ciudad de Nueva York sí existe un límite a los precios e incrementos de estas transacciones sobre las viviendas antiguas.
Un informe reciente del Banco de España acerca de la intervención pública en el mercado de vivienda indica que la experiencia internacional apunta en aquella dirección. Allí, el valor del alquiler se establece libremente entre locador y locatario, aunque está prohibida la indexación anual que supere la variación del índice general de precios. Aún así, la coalición gobernante enviará en los próximos días una propuesta de ley que facultaría a los ayuntamientos y administraciones locales a establecer precios máximos en zonas tensionadas. Cataluña ya cuenta con límites al valor de las rentas en estos sectores.
En el vecino Portugal, el Programa de Arrendamiento Accesible otorga beneficios fiscales a los propietarios que se adhieran voluntariamente y acuerden mantener los alquileres un 20% por debajo del valor de mercado. Si bien es más un incentivo que una restricción, expresa la voluntad de intervención del Estado. Y la lista de ejemplos podría seguir.
Falta de créditos
Además de un traslado a los precios, los opositores a la nueva ley aseguran que una mayor regulación del mercado desincentivará a los propietarios, lo cual generará una retracción de la oferta y la consecuente alza de los valores. Quizás éste sea el factor más importante y real en las críticas. Un congelamiento de precios como el decretado por el Ejecutivo nacional a raíz de la pandemia de covid-19, y una regulación de los aumentos a través de la flamante normativa, podrían ser insuficientes. La historia argentina demuestra que la falta de un abordaje integral, que contemple la oferta sostenida, ha derivado en un crecimiento exponencial de los barrios de emergencia.
Expertos en planificación urbana opinan que la inversión estatal en viviendas sociales y una regulación de los inmuebles ociosos serían medidas adecuadas para estimular una oferta amplia. En Hong Kong y los Países Bajos han optado por la primera. Recientemente, el Frente de Todos presentó un proyecto para implementar la segunda en la Ciudad de Buenos Aires.
Todavía la ley no entra en vigencia. Las previsiones de sus detractores son similares a las que formularon en debates anteriores. En 2017, tras la sanción de la ley porteña que determinó que la comisión inmobiliaria la pagara el locador, y no el locatario, la oferta de alquileres no cayó, sino todo lo contrario. La escasez de créditos de verdad para la compra de inmuebles –los UVA resultaron ser una bomba de tiempo para miles de familias– explica la tendencia creciente de la población a alquilar. Esa es la realidad. No las suposiciones de Osvaldo.
