Ene 2, 2018 | Entrevistas, Novedades
Sanmartiniano Painefil lleva adelante la organización de su pueblo desde que tiene memoria. En los ´80 estuvo junto a las comunidades de la “Línea Sur”, a través del Consejo Asesor Indígena (CAI), y hoy, en Bariloche, en el Espacio de Articulación Mapuche (EAM), una organización abierta a comunidades, familias, agrupaciones y todas las personas que se acercan, ya sean mapuche o huincas (personas no mapuche). Painefil fundó el EAM en 2010, con el objetivo de preservar, difundir y reproducir el conocimiento de la cultura mapuche, además de fortalecer la organización para el reclamo por las tierras, que quedaron en manos de grandes empresarios internacionales.
Santiago Maldonado, el joven que se encuentra desaparecido hace casi un mes, acompañaba los reclamos del pueblo mapuche cuando Gendarmería Nacional reprimió la manifestación. El 11 de agosto pasado, miles de personas en distintas ciudades del país, se movilizaron por su aparición con vida. En Bariloche la cita fue en el Centro Cívico. Allí, los manifestantes taparon con una gran bandera la estatua de Julio A. Roca, líder del genocidio a los pueblos originarios de la Patagonia. “Que hoy Santiago Maldonado este desaparecido habla de que mañana puede desaparecer otra persona y que el Estado no va a hacer nada, porque son los mismos funcionarios los que dicen que no van a aceptar una nación mapuche dentro del territorio argentino, pero lo que no dicen es que el pueblo mapuche es anterior al Estado argentino, y que hoy existimos y nos deben un reconocimiento real”, denuncia Painefil en diálogo exclusivo con ANCCOM y en referencia a las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra la comunidad mapuche.
¿Cómo fue su primera experiencia de organización junto al pueblo mapuche en Río Negro?
Mi primera experiencia fuerte fue con la Federación de Cooperativas, que se conformó después de la nevada de 1984, cuando casi todos los pobladores se quedaron sin animales, sin nada. Acostumbrados al intercambio, las familias vendían la lana en valores que no eran para nada rentables, y la situación se hacía cada vez más difícil. Primero armamos la Federación, y después se conformó el Consejo Asesor Indígena (CAI), porque se estaba discutiendo la Ley de Comunidades Indígenas en el Congreso y queríamos participar del contenido. En el CAI había referentes de cada comunidad, y el objetivo era aparecer en el documento, que diga explícitamente que las tierras usurpadas deben ser restituidas. También reclamábamos para que se especifique “pueblo mapuche” porque el proyecto de ley solo decía “comunidades indígenas”. En 1985 se sancionó la ley, y los diez años siguientes estuvimos trabajando para que se implemente, pero las leyes no cambian las cosas: los terratenientes estaban con el Gobierno, como ahora.
En una entrevista reciente con Radio Mitre, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, declaró que el Gobierno no aceptará una “república mapuche” que desconozca al Estado argentino, ¿qué significa para el pueblo mapuche?
Nosotros no planteamos la creación de una república ni desconocemos al Estado argentino, lo que se reivindica es la autonomía y la libre determinación de las personas mapuche. Antes decían “malones”, ahora nos dicen “terroristas”. Lo que están buscando es crear un enemigo real para generar un rechazo hacia el pueblo mapuche, para que la gente piense que somos peligrosos.
Sin embargo hay quienes, como Santiago Maldonado, acompañan la lucha, ¿qué implica su desaparición?
Que hoy esté desaparecido habla de que mañana puede desaparecer otra persona y el Estado no va a hacer nada, porque son los mismos funcionarios los que dicen que no van a aceptar una nación mapuche dentro del territorio argentino, pero lo que no dicen es que el pueblo mapuche es anterior al Estado argentino, y no sólo en la Patagonia sino también en Santa Fe, en Córdoba, en provincia de Buenos Aires. Somos un pueblo que existe y eso es lo que les molesta, que acá estamos y nos deben un reconocimiento real.
Y en la actualidad, ¿en qué situación se encuentran las comunidades de la “Línea Sur”?
En el campo la situación sigue siendo la misma, de abandono: en muchos lugares no hay caminos, no hay servicios. Por eso los más jóvenes, los que pueden, se van a las ciudades, a Bariloche, Neuquén o Viedma. En los últimos diez años hubo un vaciamiento terrible en el campo, ya casi no hay animales, no hay proyectos ni hay un sostén desde el Estado para que se mantenga la actividad rural. La gente se va empobreciendo, desgastando, y los recursos no llegan. Y encima están los fenómenos de la naturaleza que hay que afrontar, como hace unos años fue con las cenizas.
A principios de mayo de este año, realizaron una movilización hacia Viedma para exigirle al gobernador que frenara el nuevo Código de Tierras en Río Negro. ¿Por qué se rechaza esta normativa? ¿Recibieron algún tipo de respuesta al respecto?
En primer lugar, el Código fue conformado sin consultarnos. La razón es muy simple: así es más barato. Si nos hubieran avisado, cada comunidad hubiera querido que el Estado vaya y vea cómo son las cosas allí. Y también opinar, debatir. Pero todo eso es muy costoso, entonces prefieren hacerlo puertas adentro. En segundo lugar, el Código califica como fiscales las tierras que son ancestrales, que son del pueblo mapuche. Una vez que figuran como fiscales, las venden o dan la concesión para mega proyectos económicos. Nosotros creemos que en la tierra existe un determinado equilibrio: si vos le sacás algo, tenés que devolverle otra cosa. La forma que las empresas tienen para explotar la tierra, desequilibra ese estado. En la reforma que propone el Gobierno, se prioriza el capital y nosotros, que no somos rentables, nos quedamos sin tierras.
En Bariloche, ¿cómo es la situación en las distintas comunidades mapuche?
Acá la mayoría de las comunidades están todavía dentro de territorios del Ejército, es decir, territorios mapuches que fueron tomados por el Ejército. Y las que no están tomadas por el Ejército, dependen de Parques Nacionales. Lo peligroso de esto es que si llega a haber algún conflicto, las personas quedan en manos de una u otra institución, ambas pertenecientes al Estado. En una época, el Ejército usaba el espacio junto a una de las comunidades, para hacer las prácticas de tiro, ahí mismo, junto a las viviendas de la gente. También sucede que algunas, a pesar de anotarse en el Registro de Comunidades Indígenas y obtener la personería jurídica para tener el derecho legal sobre la tierra, quedan dentro de loteos que se venden salteando el derecho de la comunidad que lo habita. ¿A quién le vamos a reclamar respuestas si los reclamos son contra el mismo Estado? La lucha por el territorio es larga y muy agotadora.
Dentro de las distintas organizaciones que hay en la Patagonia, una de ellas, el movimiento Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) es criticado por sus métodos, ¿Qué opina sobre esta organización?
Nosotros no compartimos la acción de RAM porque preferimos no generar violencia sabiendo que hay un Estado que permanentemente es violento, que nos criminaliza y nos persigue. Hoy tenemos detenido a un peñi, un compañero, Facundo Jones Huala. Más allá de las diferencias, yo exijo su libertad porque está preso injustamente. Es muy fuerte la agresión que hay por parte del Estado, incluso desde las palabras, las declaraciones también son parte de la violencia que hay. Todo esto genera miedo en el pueblo, hay temor de hacer y de hablar, entonces creemos que lo mejor es salir a las calles y estar organizados. No hay otra opción: si combatimos la violencia con más violencia, no llegamos a nada.
Actualizado 30/08/2017.
Nov 30, 2017 | Comunidad, Novedades
“Cuando los policías vieron que se cayeron heridos, inmediatamente se fueron. Una vez que les habían pegado los tiros no se acercaron para detenerlos: dispararon a matar y se fueron”. Es el relato de María Nahuel, tía de Rafael Nahuel, el joven de 22 años que el sábado fue asesinado con un balazo de plomo, por la espalda, disparado por un prefecto del Grupo Albatros. El sábado pasado, esta fuerza en conjunto con la Policía Federal, reprimió a integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu en las cercanías del lago Mascardi. Las mismas fuerzas ya habían protagonizado el jueves un desalojo en el que violentaron y detuvieron a cuatro mujeres y cinco niños, luego del cual unas diez personas lograron escapar y refugiarse en la espesura del bosque. Durante dos días estuvieron internados en la montaña, sin comer y sin dormir, hasta que finalmente el sábado fueron sorprendidos por un grupo de uniformados que, camuflados entre los árboles, les comenzaron a disparar balas de plomo cuando estaban descansando. Una de esas balas fue la que ingresó por el glúteo izquierdo de Rafael Nahuel y terminó con su vida. Fausto Jones Huala y Lautaro González terminaron detenidos cuando bajaron el cuerpo de Nahuel, y recién ayer a la noche fueron liberados. En diálogo con ANCCOM María Nahuel, tía de Rafael; Romina Jones, vocera del Pu Lof Cushamen; la abogada Sonia Ivanoff y el periodista de Bariloche, Santiago Rey, reconstruyeron lo que ocurrió durante la última semana en en esa localidad patagónica.
Jueves
El proceso de recuperación del territorio en las cercanías del Lago Mascardi comenzó hace dos meses y medio. Durante todo ese período, Rafael Nahuel estuvo presente en Lafken Winkul Mapu junto a su prima, a su tía y a otros compañeros y amigos. “Rafael era una persona muy tranquila, buena y con un buen corazón –recuerda María Nahuel, que también forma parte de la comunidad-. Llegó a nosotros porque quería ayudar, quería hacer su casa allá, vivir en el campo, tener animales; quería vivir vida mapuche. Y también quería trabajar, porque era una persona que trabajaba. Cuando nos instalamos en el campo estuvo con nosotros. Sólo que estaba yendo y viniendo porque trabajaba en Bariloche de distintas cosas”.
En este territorio, los mapuches estaban llevando adelante el desarrollo y la formación de una autoridad ancestral que denominan “machi”: Se trata de la principal figura médica, religiosa, consejera y protectora del pueblo mapuche. “Estaban haciendo una recuperación totalmente pacífica”, subrayó por su parte Romina Jones, vocera de la comunidad Pu Lof Cushamen, de Chubut, que se solidarizó con la recuperación del territorio Lafken Winku Mapu. “Después de la Conquista del Desierto y de las diferentes campañas genocidas que sufrió el pueblo mapuche se encargaron de desaparecer principalmente a nuestras autoridades, entre ellas a los machis –agregó-. Hacía muchos años que de este lado de la cordillera no se levantaba una machi”. Para llevar adelante ese proceso, detalló Jones, el territorio es fundamental, ya que no es posible realizar ese tipo de actividad en la ciudad. “Ningún Gobierno se ha ocupado en cumplir lo que dice su propia Constitución: garantizarnos un territorio amplio y suficiente para desarrollarnos”, agregó.
La recuperación de Lafken Winkul Mapu seguía su curso hasta que, alrededor de tres semanas atrás, comenzaron a merodear por el territorio personal de Parques Nacionales, de la Policía Federal y de otros organismos estatales. El jueves de la semana pasada, la zona fue completamente militarizada e ingresaron al territorio decenas de uniformados de la Federal y del Grupo Albatros. En este primer operativo se llevaron detenidas a cuatro mujeres y nueve niños: un bebé de un año, uno de dos, otro de tres y dos chicos de diez años. El periodista de Bariloche, Santiago Rey, que cubrió los hechos para el diario Página 12, explicó que “lo que hicieron el jueves antes del desalojo fue cortar la ruta bastantes kilómetros antes, de un lado y del otro, para que no haya testigos ni presencia de nadie que no fueran las propias fuerzas de seguridad. Fue imposible pasar esas barreras, con lo cual desde el punto de vista de la cobertura nos vimos muy limitados para contar lo que pasaba”.
Entre las mujeres que fueron detenidas durante esa jornada se encontraba María Nahuel: “Yo trataba de proteger a mi gente y me ponía adelante de las armas –relató-. Me cruzaban las balas por las patas; nos disparaban por ser mapuches. Yo creo que en ese momento los pu newen (energía del territorio sagrado) me estuvieron cuidando. Los lamien me dicen que arriba de la montaña le decían a mi hija: ‘A tu mamá la habrán matado’, porque veían que las balas me cruzaban por todos lados. Yo gritaba: ‘¡Hay niños, hay niños! ¡No disparen!’. Pero no les importó nada. A los niños los agarraban como muñecos, los tenían colgando”.
Sábado
Cuando el jueves se llevó a cabo el desalojo, Rafael Nahuel no se encontraba en el territorio. “Había ido a Bariloche a ayudar a la casa de su mamá y su papá porque él siempre los iba a ayudar a cargar leña, a hacer diferentes cosas –contó su tía-. Sobre todo volvía a Bariloche a trabajar. Por eso iba y venía. Cuando se enteró de lo que había pasado en Winkul Mapu, decidió a la noche volver para acompañar a los lamien que habían quedado en la montaña”. Los compañeros que quedaban en el territorio se resguardaron en un lugar elevado del cerro, y las horas que pasaron hasta el siguiente operativo fueron precarias. Jones describió que “el ataque del sábado se dio después de dos días en los que ellos estaban corriendo y escondiéndose por la montaña, resguardando sus vidas, sin comer, muy cansados y sin dormir. No sé de qué enfrentamiento están hablando los medios de comunicación y el Gobierno”.
Según contaron las dos mujeres, pasadas las 14 del sábado, la decena de personas que había quedado atrapada en la montaña estaba descansando, cuando se comenzaron a escuchar ruidos entre las ramas, gritos, y luego disparos. “Nuestros compañeros venían bajando, entre ellos estaba Rafael, hasta que fueron sorprendidos por efectivos del grupo Albatros que estaban camuflados en el bosque. Empezaron a gritar ‘¡Al piso, al piso!’ y abrieron fuego con balas de plomo”.
Nahuel relató que los uniformados “decían que tenían una orden de Buenos Aires o del juez, pero no tenían nada escrito. Les tiraron a matar y Rafael cayó. Empezó a sentir un dolor muy fuerte, me contaron los lamien. Otras dos personas cayeron al suelo por el impacto de las balas: Johana y otro lamien más. Cuando los policías vieron que se cayeron heridos inmediatamente se fueron. Una vez que les habían pegado los tiros no se acercaron para detenerlos. Dispararon a matar y se fueron”. Asustados, sus compañeros no sabían qué hacer y trataron de reanimar a Rafael, pero no lo conseguían. “Como no querían que pase lo que pasó con Santiago Maldonado decidieron bajarlo. Todos opinaron que había que bajarlo, nadie quería que muera, entonces ellos mismos lo bajaron corriendo el riesgo de que les meta otro balazo algún policía escondido”. Jones completó con el relato de esos minutos y detalló que “Fausto (Jones Huala) y Lautaro (González) bajaron con el cuerpo de Rafael a pedir ayuda, porque todavía aparentemente tenía signos vitales. En ese momento la policía les dijo que lo dejen en el piso y los esposaron”. Estuvieron detenidos hasta ayer por la noche, cuando fueron liberados. “La justicia decía que ellos habían abandonado a Rafa y es mentira –aseguró María Nahuel-. Ellos trataron de ayudarlo porque nosotros a nuestra gente la cuidamos”.
Cuando a María le avisaron que habían matado a su sobrino viajó lo más rápido que pudo al territorio en conflicto. “Llegué y vi que después de muerto a mi sobrino lo siguieron maltratando –denunció-. Los efectivos lo seguían pateando. A mí me volvieron a detener y me cagaron a palos. Vi que les estaban pegando a mis lamien y vi que a mi sobrino lo seguían moviendo de un lugar a otro. Cada vez que lo movían se les caía una prenda o algo y lo pateaban”, añadió.
Rafael murió por el tiro que entró por un glúteo, dañó órganos internos y causó una hemorragia letal. La autopsia realizada el domingo determinó que la bala que lo mató era de 9 mm, el tipo de proyectil que utiliza Prefectura. Pero en su cuerpo, según contó su tía, aparecieron otras lesiones. “Cuando lo bajaron tenía solo un balazo, pero una vez abajo la policía le seguía pegando; no sé con qué le dieron pero le rompieron la parte de atrás de la cabeza. Fue muy duro ver todas esas cosas, ver los golpes que le daban a mi sobrino que ya estaba muerto”.
El accionar de la “justicia”
El lunes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el ministro de Justicia, Germán Gararvano, dieron una conferencia de prensa en Casa Rosada donde principalmente defendieron el accionar de la Prefectura: «El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no –dijo Bullrich-. El Gobierno ha definido que esto se realizó en el marco de una demanda judicial dada por el juez Villanueva. Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas en el marco de una tarea con orden judicial». El miércoles, el presidente Mauricio Macri, desde Tucumán, respaldó a la ministra, cuando tras reiterar sus prédicas en torno al “trabajo en equipo”, y al “diálogo”, dijo: “Todo lo contrario de lo que es la violencia, que nuevamente hemos visto cómo grupos minoritarios intentan llevarnos a esa agenda. Eso, por suerte para ustedes, está pasando muy lejos de acá, en el sur de la Argentina”.
Bullrich y Garavano también subrayaron que había sido un “enfrentamiento”, en el que los mapuches tenían «armas de grueso calibre», y terminaron por definirlos como «grupos violentos que han escalado esta situación; grupos que no respetan la ley”. En cuanto a esta conferencia de prensa, el periodista Santiago Rey señaló que le impactó lo dicho por los representantes del gobierno ya que, mientras transcurría esa conferencia, él se encontraba en el velorio de Rafael Nahuel. “Mientras los funcionarios del Gobierno nacional hablaban de la RAM, de enfrentamiento, de grupos tácticamente preparados para una guerra, yo estaba en el velatorio de Rafael, en una casilla muy humilde, en un barrio muy pobre de Bariloche. La distancia que había entre la realidad y lo que se estaba diciendo en esa conferencia de prensa era enorme”. El periodista destacó, además, que mientras en todos los canales transmitían en vivo la conferencia de prensa, en el velorio sólo estaban él y dos periodistas más de medios independientes. “Me parece que había una desmesura enorme en las posibilidades de comunicación”, subrayó.
La causa por el asesinato de Rafael quedó a cargo del juez federal de Bariloche, Gustavo Villanueva. Romina Jones explicó que “es el mismo juez que mantiene ilegalmente detenido a Facundo Jones Huala. También es uno de los responsables de la desaparición de Santiago y el mismo que dio la orden de desalojo, y el que llevó a toda estas fuerzas armadas al territorio de Winkul Mapu. Él es el responsable de la represión que terminó con la vida de Rafael. Pero a la vez es él el que está investigando su muerte. O sea que se está investigando a él mismo”. La vocera opinó que “se están manejando con toda la ilegalidad porque tienen el aval del Gobierno nacional. Nosotros ya no sabemos cómo defendernos; todos los argumentos legales que podamos tener, con cualquier ilegalidad los echan para atrás”.
Por su parte, la abogada de Jones Huala y González, Sonia Ivanoff, señaló: “Ellos se entregaron con el cuerpo de Rafael y quedaron vinculados con la causa por ocupación ilegítima del territorio. Las dudas del juez eran acerca de si ellos habían sido responsables de la muerte de Rafael, por lo cual el expediente fue caratulado en principio como ‘NN muerte por causa dudosa’”. La abogada apuntó que “las personas que terminaron detenidas fueron las que se entregaron espontáneamente para ayudar a bajar a Rafael con una camilla improvisada con palos y algunas de sus prendas de vestir debido a que le habían pegado un tiro”. Sumado a esto, Ivanoff denunció que ambos detenidos fueron víctimas de múltiples hostigamientos: “El primer día, cuando se entregaron, estuvieron esposados cuatro horas al lado del cuerpo de Rafael ya fallecido. Esa es sólo una parte de la tortura que vivieron”.
Ayer a la noche, pasadas las 22, Jones Huala y González fueron liberados. Entre los estudios que se hicieron en el marco de la investigación, los especialistas no encontraron rastros del uso de armas de fuego en las manos de ninguno de los dos detenidos. “Hay una enorme coincidencia del manejo comunicacional del Estado en el caso Maldonado y en el caso de Rafael”, reflexionó Rey. “El silencio por una parte; la intención de desacreditar los testimonios y las fuentes directas de la comunidad por otra, y la instalación de la idea de convertir en victimarios a los propios integrantes de la comunidad donde estaban oportunamente Santiago y, en este, caso donde estaba Rafael”.
Actualizado 30/11/2017
Nov 24, 2017 | Comunidad, inicio
Un pibe muere cada 25 horas por gatillo fácil, según un informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). El dato hace referencia a los años 2016 y 2017, y expresa un incremento de la violencia policial si se tienen en cuenta los períodos precedentes: entre 2003 y 2015, un chico moría cada 28 horas, mientras que, entre 1983 y 2003, se producía una muerte cada 30 horas. Es decir, durante el gobierno de Cambiemos, iniciado en diciembre de 2015, la represión por parte de las fuerzas de seguridad ha ido en aumento.
Es este contexto, la Marcha de la Gorra se realizó por primera vez en la Ciudad de Buenos Aires. La movilización, originada en 2007 en la provincia de Córdoba, y tomada como ejemplo en otras ciudades del país, ayer llegó al epicentro porteño como resultado de la escalada en la violencia y persecución policial hacia los sectores populares y, en especial, hacia los jóvenes. Bajo la consigna “Cuando la gorra crece, nuestros derechos desaparecen”, decenas de organizaciones sociales y políticas se nuclearon en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio con el objetivo de rechazar el aumento de la represión a la protesta social, el recrudecimiento de la criminalización de la pobreza y las políticas antipopulares del Gobierno Nacional. Una de las agrupaciones presentes fue la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y su presidente Adrián Lutvak dialogó con ANCCOM: “Esta marcha nació para criticar el avance represivo que vienen teniendo el Gobierno Nacional y las distintas fuerzas provinciales sobre la juventud, sobre la pobreza y sobre los distintos colectivos que protestan en nuestro país”.
En la concentración, pactada para las 16, participaron familiares de víctimas de violencia institucional. Un caso de gatillo fácil lo representa Jon Camafreita, el joven de 18 años asesinado por el cabo Martín Naredo, el 23 de enero de 2012, en el barrio de Balvanera. El hecho ocurrió cuando Jon y un amigo se alejaban de la plaza Boedo, minutos después del desarrollo de una trifulca entre adolescentes, de la que no formaban parte. Fue en ese momento cuando llegó la policía: los chicos comenzaron a correr al notar que un patrullero los perseguía, pero fueron alcanzados a las pocas cuadras. Una vez atrapados, el cabo Naredo le disparó en la nuca a Jon. La prima de Camafreita, Jesús Castro, formó parte de la Marcha de la Gorra y dio sus razones: “Cuando fuimos a reclamar, el cabo estaba libre. En el juicio, lo condenaron a cadena perpetua pero terminó, aparentemente, escapándose. Pienso que estaba todo arreglado. Ahora, le envié una carta a la ministra (de Seguridad Patricia) Bullrich pero todo sigue igual”. Consultada sobre la actual situación, sostuvo: “Si antes eran diez los que mataban, ahora son cien. Están todos liberados y, con abuso de poder, siguen matando a nuestros hijos, a nuestros pibes, por solamente usar una visera o, como dicen ellos, por tener cara de negro”.
Bajo la consigna “Cuando la gorra crece, nuestros derechos desaparecen”, decenas de organizaciones sociales y políticas se nuclearon en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio.
Alrededor de las 17, la marcha arrancó destino al Congreso de la Nación, vía Avenida de Mayo. Encabezada por la CORREPI, organismos de derechos humanos y algunas Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la movilización pisó fuerte por las calles de la Ciudad, pese al mal clima que se preveía desde temprano y que se confirmó tiempo después, cuando unos leves chaparrones dificultaron el cometido. “Es importante visibilizar esta situación: hay un retroceso de los derechos de las grandes mayorías en favor de las minorías del gobierno”, señaló Lutvak.
Mientras las agrupaciones -La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el Movimiento Evita, Patria Grande, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otras- alcanzaban lentamente el Congreso, un escenario se terminaba de armar para luego brindar un festival a cargo de algunas bandas como Militantes del clímax, Klan y Asterisco. Antes de que la marcha llegara a su fin, las grisáceas nubes y la llovizna habían concluido. El clima y el lugar de la concentración eran diferentes, pero el clamor de la protesta continuaba vigente. Al escenario subió Taty Almeida, representante de Madres de Plaza de Mayo, quien se expresó sobre la problemática que asedia a los jóvenes de los barrios más humildes del país: “Felicitamos a los que organizaron esta Marcha de la Gorra, que contrapone la gorra de los chicos y la gorra de los que son policías y todas aquellas fuerzas de seguridad. Recordemos a Santiago Maldonado y a todos los asesinados y desaparecidos por parte de las fuerzas de seguridad”. Al calor de aplausos y cantos, el reclamo persistió con el fin de hacerse escuchar en alguna parte del imponente Congreso. “Claramente, hay una política de las fuerzas de seguridad mucho más represiva en las protestas, en las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y en los barrios, por eso queremos visibilizar este problema. La violencia institucional no empezó ahora, pero sí hay un recrudecimiento muy importante que creemos que hay que denunciar”, indicó Lutvak, presidente de la FUBA.
Un pibe muere cada 25 horas por gatillo fácil, según un informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
Otro de los familiares de víctimas de violencia institucional que protagonizó la movilización fue Nicanor, padre de Marcelo Bogado, quien fue asesinado por el sargento César Luis Díaz, el 26 de mayo de 2004, en el barrio de Villa Tesei. “Desde que murió mi hijo, pasaron tres años para que se iniciara el juicio. Sin embargo, el asesino se fue de la sala de audiencia con solo haberle prohibido, durante dos años, la portación de arma. Eso terminó de quebrar a la familia, sufrimos mucha impotencia y bronca”, dijo Nicanor a ANCCOM. Bogado tenía 20 años cuando sucedió el crimen. Había terminado de trabajar y se encontraba en un pool cuando cuatro personas ingresaron al lugar buscando a alguien. Al no lograr su cometido, se fueron pero regresaron a los veinte minutos, llevándose a Bogado en un Ford Escort, por un motivo que aún se desconoce y que las versiones policiales no hacen más que contradecirse. En el viaje, un patrullero seguía a los jóvenes y los obligaron a bajarse con las manos en la nuca. Pese a las declaraciones de la policía, Bogado fue esposado y luego, agredido de gravedad. Finalmente, mientras el adolescente explicaba, arrodillado, que no tenía nada que ver con la confusa situación, el sargento Díaz le pegó un tiro en la nuca y otro en la frente. “Si hay algo que aprendí de CORREPI es que no solamente un policía reprime, tampoco dos o tres, sino toda la institución es la culpable. Es importante que estemos organizados por nuestra condición de trabajadores y de vulnerabilidad, y por lo tanto, con la posibilidad de ser reprimidos”, señaló Nicanor.
Otro ejemplo de vulnerabilidad, frente los constantes ataques policiales, lo constituye la villa 1.11.14. Hace algunos meses, Mónica, la maestra secretaria de la Escuela Infantil N°6 del Bajo Flores, le contó a ANCCOM lo siguiente: “Es muy habitual la muerte de chicos por la zona. Si no mueren en un tiroteo que se da entre bandas, se da por intervención policial o por el juego perverso con las armas”. Mientras que Dolly Demonty, madre de Ezequiel, quien fue detenido ilegalmente y luego torturado y asesinado por la Policía Federal en 2002, dijo: “La violencia institucional, por parte de las fuerzas de seguridad, está muy complicada en el barrio. Acá la Policía mata a los pibes como si fueran pajaritos, no los detienen. Algunos justifican ese accionar pero hay que darles una oportunidad de vida a los pibes para que cambien”.
La Marcha de la Gorra no solo tiene como objetivo terminar de algún modo con la violencia y represión institucional, sino también enfrentar el discurso hegemónico que circula por los medios de comunicación. En tiempos donde se intenta reinstalar el debate sobre la “inseguridad”, con el consecuente pedido de mayor presencia policial y de reducción en la edad de punibilidad, la movilización intentó fijar otra mirada: desnudar a quienes abusan de su condición de poder para enfrentar y castigar la vulnerabilidad de los sectores populares. Al respecto, Nicanor, el papá de Marcelo, quien lleva una foto colgada de su cuello, expresó: “Prácticamente, desde el comienzo de la democracia, de 1983 a esta parte, hubo y hay personas con las que no contamos porque nos las arrebató el Estado terrorista, capitalista y represor. Hay algunos casos que se conocen, pero muchos más que no, porque los familiares no denuncian y no visibilizan el caso por temor a represalias”.
Actualizado 24/11/2017
Sep 19, 2017 | inicio, Noticias en imágenes
A once años de la desaparición de Julio López, testigo clave en el juicio que condenó a cadena perpetua al genocida Miguel Etchecolatz, y a 48 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado en el Pu Lof Cushamen, una multitud se reunió en La Plata y Plaza de Mayo para exigir, una vez más, “aparición con vida” de ambos y la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Organismos de Derechos Humanos, sociales y políticos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia organizaron la jornada y responsabilizaron a la Policía bonaerense por la desaparición de López y a la Gendarmería por la de Maldonado. Como sucedió en las últimas marchas, en la desconcentración hubo un pequeño grupo de personas que intentó generar un clima violento, pero los manifestantes lograron aislarlos y desactivarlos.
Actualizada 19/09/2017
Sep 7, 2017 | Comunidad
«Digan sus nombres si no quieren ser los próximos Santiago Maldonado”. Uno a uno, los detenidos tras la represión policial en las inmediaciones de la Plaza de Mayo tras la masiva marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado escucharon la amenaza que les heló la sangre. El operativo reveló innumerables irregularidades que obligaron a la liberación de treinta detenidos después de un fin de semana encarcelados. “La sumatoria de todas las situaciones que tuvieron que padecer desde que los detiene la Policía convierte a esta represión en una de las más graves de los últimos meses”, evaluó María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), en diálogo con ANCCOM.
La mayoría experimentó las 55 peores horas de su vida. Detenidos en cuatro comisarías diferentes fueron víctimas del mismo procedimiento: incomunicados, despojados de sus pertenencias -algunas de ellas aún no han sido devueltas-, sin contacto con familiares o abogados, sin comer. Y una de las mujeres fue obligada a desnudarse para ser fotografiada.
El operativo reveló innumerables irregularidades que obligaron a la liberación de treinta detenidos después de un fin de semana encarcelados.
“Hubo una operación del macrismo junto a la Policía para correr de eje la foto de la marcha y poner en su lugar la de unos violentos que rompen cosas y la Policía heroica que detiene a esos violentos y los tienen un fin de semana presos“, subraya Ezequiel, de Antena Negra TV y uno de los trabajadores de prensa detenidos.
Su reconstrucción coincide con la mayoría de los testimonios. “Según la Policía, a mí me detienen 20:30 por tirar una valla, mientras que lo hicieron alrededor de las 22:00. Creo que a nadie lo detuvieron a la hora o en el lugar que decía el informe”, puntualizó.
Esas incongruencias fueron advertidas por la Justicia. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi terminó por ordenar la liberación.
Santiago, compañero de Ezequiel, estaba haciendo la transmisión en vivo desde la base de Antena Negra y confirmó que, a las 20:40, sus compañeros estaban haciendo su tarea en vivo con sus celulares.
Detenidos en cuatro comisarías diferentes fueron víctimas del mismo procedimiento: incomunicados, despojados de sus pertenencias -algunas de ellas aún no han sido devueltas-, sin contacto con familiares o abogados, sin comer.
En diálogo con ANCCOM señaló que “muchos medios como América, TN, Canal 13, hablaron de ‘los detenidos por los incidentes’, ‘los que provocaron los incidentes’, incluso cuando ya se había demostrado que fue bastante armado”. Y advirtió: “Hasta el día de hoy no escuchamos a nadie que se haya retractado”.
Otra detenida fue Paola, estudiante de fotografía. “Había unas cinco personas que golpearon el vallado que separa la Casa Rosada de la Plaza y empezaron a incentivar a más personas a que continúen con los disturbios. En el momento que me detienen se escuchaban balazos por mi espalda. Recibí patadas por parte oficiales de sexo masculino”, reconstruyó consultada por ANCCOM. Con la caída, se rompió la cámara. La llevaron a la parte de atrás del vallado, justo el mismo lugar donde minutos antes unas personas la tiraron. “Esas personas eran oficiales civiles. No nos decían porque estábamos detenidos, ni a dónde nos iban a llevar. Me sentí perseguida por las fuerzas del Estado”, agregó.
El traslado hasta la comisaría fue otra película de terror. «Nos llevaron con dos dos testigos. Esos testigos eran oficiales civiles. En el trayecto, un chico pide ir al baño. Ninguno de los oficiales quiso soltarle los precintos ni escoltarlo. Él terminó orinándose encima. Uno de los ‘testigos’ acotó ‘ojala que vuelvan la época de los vuelos’», recordó.
Paola advirtió también que en la comisaría el trato fue «pésimo». «Desde pedir hielo y calmantes para el codo y que no te lo den, hasta preguntar la hora y que los oficiales te contesten con una risa. Pasamos tanto tiempo encerradas, sin ver el sol ni escuchar los ruidos de la calle que no sabíamos qué hora era”, subrayó. Y recordó: «Cada cuatro horas pasaban por las celdas. Nos pedían nuestros datos personales y familiares (por más de que ya se los habíamos brindado), anotaban nuestro color de piel, de ojos, tipo y color de pelo, si lo teníamos con tintura o no. Nos preguntaron nuestra orientación sexual. Querían generar terror en los detenidos”.
Uno a uno, los detenidos tras la represión policial en las inmediaciones de la Plaza de Mayo tras la masiva marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado escucharon la amenaza que les heló la sangre.
Verdú continúa trabajando en el caso sobre dos ejes. Por un lado la recopilación de material audiovisual para reconstruir los hechos y poner a disposición del Juzgado. “Por otro, estamos reuniendo todas las evidencias necesarias para demostrar que todos los jóvenes a los que estamos defendiendo ( y no tan jóvenes, como el docente que estaba comiendo una pizza en la calle Bernardo de Irigoyen y pagó $320 pesos a las 22:13 pero su expediente dice que lo hallaron 20:18) para demostrar y acreditar las falsedades y la arbitrariedad de esas detenciones, con el fin de imputabilizar a la Policía. Si primero no mostramos esa situación no es posible avanzar”, le explicó a esta agencia.
Según la abogada de la CORREPI, en las indagatorias se armaron cuatro grupos a los que se les imputa la misma conducta y eso coincide con quienes fueron trasladados en los mismos camiones”. “Acá hubo fue una decisión política de ir directamente hacia la gente con cámaras o con cualquier elemento que permitiera registrar lo que la Policía hacía. No hubiera habido un cuarto de millones de personas en la Plaza de Mayo, sino hubieran desaparecido a Santiago Maldonado”, reflexionó.
Ezequiel contó que en las largas horas de hostigamiento, hubo dos momentos que lo llenaron de esperanza. El primero fue cuando logró ver lo que pasaba afuera de la comisaría 15 de Chacarita donde estaba detenido porque uno de los policías estaba mirando TN. “Yo no sabía si a nuestra detención se le había dado trascendencia o no, qué había pasado. Una vez que me detienen quedé totalmente incomunicado”, recordó. Familia, amigos y compañeros trataron de hacerles llegar el mensaje de que los estaban acompañando. Frente a la comisaría, nunca dejaron de hacer sonar bombos de percusión. “Escuchaba la música y sabía que era para nosotros”, subrayó.
El segundo momento fue cuando les dijeron que la declaración se adelantaba un día. “Yo no veía la hora de salir”, destacó. “Quiero agradecer al SiPreBa (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, a AnRed (Agencia de Noticias en Red), a RNMA (Red Nacional de Medios Alternativos) porque nos acompañaron en todo momento”, completó.
Actualizada 06/07/2017
