Feb 23, 2016 | inicio
Más de 1.500 personas agrupadas en organizaciones sociales y políticas, y vecinos de barrios humildes comenzaron a reunirse el martes pasado en avenida Rivadavia y Nazca, en el porteño barrio de Flores, para realizar una marcha de 24 horas bajo el lema “Urbanización Ya”, en reclamo de la urbanización de las villas y por el acceso a una vivienda digna. La manifestación culminó este miércoles 24 en Plaza de Mayo, para unirse con el paro nacional convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en contra de los despidos en el ámbito estatal.
“Vamos a recorrer gran parte de la Ciudad de Buenos Aires, pasando sobre todo por la zona Norte, dónde viven clases altas, y muchos de los empresarios que hacen negocio con las tierras donde vivimos”, dijo a ANCCOM “Mafalda”, una integrante de Movimiento por la Dignidad.
“Los días pasados, en Villa Celina, Iki -un militante de Movimiento por la Dignidad- sufrió un intento de asesinato por parte de un puntero del macrismo porque los vecinos venían frenando un proyecto inmobiliario”, agregó Mafalda.
Según un informe realizado por la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires en 2015, el seis por ciento de la población total de la ciudad vive en villas, asentamientos informales y núcleos habitacionales transitorios. Aproximadamente 200 mil personas habitan en los más de 30 barrios carenciados de la ciudad, en su mayoría ubicados en la zona sur. En estos barrios, más del 70 por ciento de los hogares habitan en viviendas deficitarias en sus componentes constructivos. A su vez, el 20 por ciento carece de conexión cloacal.
«Decidimos realizar esta marcha, porque en la campaña electoral tanto de (Horacio) Rodríguez Larreta como de (Mauricio) Macri prometieron urbanizar las villas. Además, desde hace más de ocho años hay leyes votadas en la Legislatura porteña en ese sentido y no se ha avanzado ni un milímetro. Como gente trabajadora queremos que se cumpla con la urbanización de nuestros barrios y que terminen con la estigmatización de los pobres «, dijo Nicolás Mayr, integrante de Encuentros de los Pueblo.
“El no tener cloacas, el vivir en barrios donde gracias a la precariedad los gobiernos ocultan a los transas y un montón de negocios ilegales y todo esto es parte de la lucha. Y también para decirle al gobierno que no nos vamos a quedar callados”, sostuvo Mayr.
Estos vecinos también reclaman el tendido eléctrico y la red de gas y agua, plazas, centros de salud y escuelas dentro de los barrios.
“El 10 de marzo vamos a ir a plaza de Mayo, no solo para reclamar la urbanización, sino por muchos otros reclamos como educación y salud. Ese día se realizarán actos en las 23 provincias del país”, informó Mayr a ANCCOM.
Dic 7, 2015 | inicio
El mapa interactivo de la ciudad dejó de tener un sector gris en el lugar donde deberían estar las calles de las villas y asentamientos. En conjunto con referentes de juntas vecinales, organizaciones políticas y habitantes de diferentes barrios, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Wingu Tecnologías Sin Fines de Lucro desarrollaron un mapa digital y de código abierto en el que figuran calles y pasillos que habían quedado excluidos de la cartografía oficial porteña. La idea del proyecto es que a partir de ahora los habitantes de los lugares mapeados puedan consultar el estado de obras de urbanización o reparaciones y, si estas están frenadas, usar la plataforma «Caminos de la Villa» para hacer los reclamos correspondientes.
Rosario Fassina se desempeña en el Área de Derecho a la Ciudad de ACIJ. La organización trabaja desde hace más de diez años en distintos casos ligados a problemas habitacionales como el acceso al suelo, desalojos, inquilinatos, déficit habitacional y otros proyectos el de Caminos de la Villa. “Se trata de una herramienta digital. Surgió a finales de 2013 con la idea de geolocalizar las problemáticas de la villa y mantener un control y monitoreo de las obras públicas. La idea es hacer pública información que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no da a conecer respecto de la falta de urbanización y el estado de obras”, explicó Fassina a ANCCOM.
Para realizar la plataforma, la organización necesitaba cargar los mapas de las villas al de la ciudad. Sin embargo, según relataron a ANCCOM los integrantes de ACIJ, no pudieron acceder a ninguna información digitalizada. Luego de visitar la Secretaria de Hábitat y Ciudad sólo encontraron que había mapas en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) que estaban hechos en papel e incompletos. “Ahí dijimos: antes de la plataforma hace falta mapear los barrios”, contó Fassina.
Villa 20 en la ciudad de Buenos Aires.
El proyecto contempló el mapeo de cinco villas: Los Piletones, Villa 20, Fátima, la 21-24 y Zavaleta. La representante de Acij explicó que el primer paso fue comunicarles “a los vecinos, las juntas vecinales y la gente que se iba sumando la idea general. Con referentes barriales que ya conocíamos realizamos grupos de trabajo e hicimos recorridos con GPS de cada lugar de los barrios. Caminamos todos los pasajes”, agregó la representante del Área de Derecho a la Ciudad de ACIJ.
“Hubo mucho impacto, sorpresa de que alguien quisiera que figuráramos en el mapa”, manifestó Cristian Heredia, referente de la Junta Vecinal de la 21-24 en diálogo con ANCCOM. En la cartografía porteña, las villas “eran baldíos gigantes. Es importante el reconocimiento. Pasamos de ser una zona gris a formar parte de la trama de la ciudad, lo cual es ser reconocido como existente. Lo más importante es que no somos un espacio gris, somos parte de la Ciudad. Es sólo un paso en el largo camino para cumplir los derechos de quienes vivimos en las villas”, explicó Heredia.
A medida que se hacía el trazado, la información obtenida se cargaba a la página. «El trabajo se hizo con referentes del barrio, se llevaba a los vecinos y ellos corregían los errores o lo que quizás les parecía que no tenía que figurar, como puertas de la casa”, explicó Fassina y agregó: “Una vez generados los mapas los cargamos a la plataforma y empezamos a pedir información de obras a todas las áreas del Gobierno de la Ciudad, las subimos y empezamos a capacitar a los vecinos para que puedan hacer uso de este servicio. Fueron ellos mismos quienes eligieron el nombre de la plataforma Caminos de la Villa.
Villa 20 de la Ciudad de Buenos Aires
«Los mapas que generamos son en código abierto, están en Open Street Map donde todos pueden colaborar o exportar recorridos y tomarlos para su mapa, a veces incluso poniéndolos en código cerrado como hizo la Ciudad con el mapa interactivo», contó Rosario. Actualmente, «el mapa de la ciudad cuenta con los trabajos que hicimos y la Ciudad está completa. Hace un mes y medio ya se puede ver en el mapa interactivo las 36 villas y asentamientos de la ciudad. Aun nos falta un sistema oficial para sistematizar los reclamos de obras con el 147 pero estamos en diálogo con el Gobierno de la Ciudad para ello», remarcó Fassina.
Hasta la existencia de Caminos de la Villa, los barrios y asentamientos figuraban exclusivamente como bloques gigantes rodeados por las calles principales. La mayoría de los mapas o GPS los califican como zonas peligrosas e indican varias cuadras antes maniobras para evitarlos. «Si bien en los GPS que son de empresas privadas no está bueno que las villas aparezcan como zonas peligrosas, hasta que el Estado no reconozca a los barrios como tales, no podemos exigir a un privado que lo haga. El objetivo es que todos los reclamos que se suban a Caminos los pueda canalizar el Gobierno de la Ciudad, pero además es un primer avance en el todo general que es la necesidad de garantizar la igualdad de derechos para los habitantes de las villas y asentamientos», concluyó la representante de ACIJ.
Villa 20 en la ciudad de Buenos Aires.
Oct 12, 2015 | inicio
“Culpo al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en especial al Jefe de Gobierno: a Mauricio Macri. Me vi obligada a hacer ese pozo ciego porque nunca los vienen a vaciar. Ya lo estábamos por tapar y no dejaron entrar los materiales”. Así le habló Flora Huamán, la mamá de Gastón, a la puerta de la Legislatura porteña, lugar al que se movilizaron los vecinos de la villa Rodrigo Bueno para pedir justicia por el chico muerto al caer en un precario pozo ciego. “No es justo que Gastón, que era mi hijo, que era un nene bueno de sólo trece años que iba a la escuela y estaba tan feliz con el secundario… no es justo que se haya muerto en el patio de nuestra casa”.
Mientras estaban afuera, el animal se cayó a un pozo ciego y, en un intento por rescatarlo, el adolescente cayó tras él.
Gastón Arispe Huamán tenía 13 años y había empezado el secundario en el colegio Ingeniero Huergo. El lunes 10 de marzo a la noche llegó de la escuela y se puso a jugar con su gato. Mientras estaban afuera, el animal se cayó a un pozo ciego y, en un intento por rescatarlo, el adolescente cayó tras él. Como el tiempo apremiaba y la ayuda que habían llamado no llegaba, entre vecinos y familiares aunaron fuerzas y pusieron en riesgo sus vidas para rescatar al joven. Lograron sacarlo con mucho esfuerzo pero la ambulancia tardó una hora en llegar y Gastón murió.
A poco más de un mes de ese episodio, los mismos familiares y vecinos que asistieron al chico sumaron a sus amigos, compañeros y maestros en una manifestación frente a la Legislatura porteña bajo la consigna “con urbanización, hoy estaría Gastón”.
Familiares y vecinos que asistieron al chico sumaron a sus amigos, compañeros y maestros en una manifestación frente a la Legislatura porteña bajo la consigna “con urbanización, hoy estaría Gastón”.
Un centenar de personas, algunos recién salidos de la escuela y de sus trabajos, se mantuvieron reunidas frente a la legislatura porteña junto a la familia del adolescente, con carteles que evocaron a Gastón y a todas las víctimas de “la desidia que vive la Rodrigo Bueno”.
Flora, la mamá del chico, se aferró en todo momento a la bandera que pedía “Justicia por Gastón y Urbanización ya” y que casi le tapaba la cara. A su lado varias mujeres lloraban y la abrazaban, pero ella tomó aire y habló sin cavilaciones porque manifestarse en ese lugar, donde están “los responsables de la muerte de Gastón” era lo único que quedaba “por hacer ahora que él no está más”.
“No es justo que Gastón, que era un nene bueno de sólo trece años que iba a la escuela y estaba tan feliz con el secundario… no es justo que se haya muerto en el patio de nuestra casa”, dijo Flora Huaman Ramos
Después de revivir ese día, Flora hizo una pausa para respirar y gritó una y otra vez “Justicia por Gastón”; los presentes se sumaron al pedido y la consigna resonó por varios minutos hasta que tímidamente comenzaron a asomarse algunos legisladores.
“Nos toca despedirnos de tantos nenes, Gastón no es el primero, es uno más de muchos chicos que se nos van así sin que a nadie le importe sin que nadie nos ayude”, expresó un vecino de la familia mientras cargaba a su bebé en brazos.
“Pedimos como barrio Rodrigo Bueno que los legisladores nos acompañen y ayuden, no sólo por este caso de Gastón sino por todos los chicos que se nos van por la falta de urbanización. Si la Rodrigo Bueno estuviera urbanizada hoy Gastón estaría vivo”, concluyó Flora.
Flora, la mamá del chico, se aferró en todo momento a la bandera que pedía “Justicia por Gastón y Urbanización ya”
Luego de expresarse frente al edificio, los vecinos leyeron y entregaron una nota en la que exigieron: “urbanización con radicación definitiva del Barrio Rodrigo Bueno” y “que se investigue el accionar del SAME, la Policía Federal Argentina y la Prefectura” por no “responder adecuadamente a los pedidos de ayuda” de los vecinos del barrio.
“¡Basta de discriminar a nuestros barrios! Las demoras del SAME y los servicios de emergencia matan”, concluyeron.
Sep 9, 2015 | inicio
La Villa 20 forma parte de la Comuna 8, en el barrio de Villa Lugano. Bordeada por las avenidas Escalada y General Fernández de la Cruz linda, por un lado, con la Escuela Federal de Policía y, por otro, con el recientemente construido Polo Farmacéutico. Delante de la Villa está el estacionamiento de la Policía y al lado un predio vacío, que solía ser un cementerio de autos. Desde hace diez años, los vecinos esperan que se cumpla la Ley de urbanización para acceder al derecho de tener una vivienda digna. “Queremos que realmente se cumpla la urbanización, porque esto causa la desigualdad”, reclama Marisa Llanos, vecina del lugar.
Predio recuperado y el paredón, vista desde arriba.
El 11 de agosto de 2005, durante el gobierno de Aníbal Ibarra, la Legislatura Porteña sancionó la ley 1.770 que en su artículo 3º dice: “El Poder Ejecutivo deberá realizar, en el término de noventa días de promulgada la ley, una audiencia pública con los vecinos y vecinas a fin de establecer conjuntamente las obras a realizar en lo relativo a tipología edilicia, emplazamientos, apertura de calles, equipamiento de servicios y toda otra inquietud que consideren importante”, el texto finaliza con la exigencia: “El Poder Ejecutivo debe realizar antes de comenzar las obras mencionadas en el párrafo anterior, el saneamiento del suelo”. Sin embargo, recién hoy, diez años después, y tras la toma del predio y su posterior desalojo forzado, comienzan las tareas de análisis y saneamiento.
Según un informe realizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad en 2007, el predio vecino a la Villa era utilizado por la Policía Federal “como depósito de vehículos afectados a causas judiciales o abandonados en la vía pública” y esa acumulación y abandono de chatarra tóxica producía “un grave daño ambiental, que pone en riesgo la vida y la salud de los miles de habitantes de la Villa 20”. A fines de ese mismo año, el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Nacional firmaron un convenio para recuperar las tierras con el fin de construir viviendas. Todo se empezó a concretar en 2009, cuando un juez ordenó vaciar el predio para comenzar su limpieza y desinfección. Marta Lado, encargada de la secretaría Ad Hoc para el trámite de los expedientes colectivos en materia de derechos económicos sociales y culturales, bajo la órbita de la jueza Elena Liberatori, contó sobre el problema: “Fue un proceso largo para poder sacar los automóviles de ese predio. Porque el expediente tiene muchos años, y dicen que hace muchos años que no se hace nada, pero primero había que conseguir que esos autos destruidos fueran a alguna parte”. Finalmente, la última etapa del vaciamiento terminó a fines del 2013, cuando debió comenzar el saneamiento del suelo contaminado.
Marcha por la urbanización de la Villa 20. 25 de agosto de 2015
Barrio Papa Francisco
Luego de retirar la totalidad de los autos abandonados, la tierra contaminada permaneció a la espera del análisis. Pero algunos vecinos, ante la demora, decidieron hacer visible su demanda y se asentaron allí. El 5 de febrero de 2014 se produjo la toma de los terrenos, a los que sus habitantes llamaron Barrio Papa Francisco. “A principios de marzo logramos hacer una audiencia enorme con vecinos y legisladores. Ahí se fijaron líneas muy claras de trabajo, y yo les dije desde el primer momento que no me pidieran baños químicos, ni nada para la toma, porque la toma es un modo inapropiado de reclamar algo legítimo. Lo que podíamos hacer frente a esa situación, y yo para eso me comprometía, era trabajar la desocupación pacífica. Desocupación en función de obtener del Gobierno el compromiso de ver cómo íbamos al tema de fondo, que era el reclamo de la vivienda”, contó la jueza Elena Liberatori, titular del juzgado N° 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. Liberatori fue quien estuvo presente en el diálogo con los vecinos de Villa 20, y quien luego actuó como mediadora ante el Estado: “Habíamos avanzado bastante, porque para agosto estaba fijada la audiencia pública de la Ley 1.770, en el Parque Roca. Nos costó pero el Gobierno finalmente accedió. Teníamos una agenda, había gente de la Facultad de Arquitectura, con anteproyectos para la tipología urbana del barrio. Fuimos al barrio, nos reunimos en una escuela para hablar con los vecinos y explicarles que íbamos hacer la audiencia y que era una oportunidad”, agregó.
Para Liberatori la toma provocó una “contaminación política” dentro de aquella situación de negociación: “Ese desparramo que hicieron algunos no dejó participar a los vecinos que venían a enterarse de cómo era una audiencia pública. Entonces vino el desalojo, y después todos lloramos, y ahí se terminó todo”. Seis meses después de la negativa de los vecinos a retirarse voluntariamente del predio, el 23 de agosto de 2014, la jueza Gabriela López Iñiguez, titular del juzgado N° 14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, decidió el desalojo que llevaron a cabo la Policía Metropolitana y la Gendarmería. Según Liberatori, el desalojo también era la última medida para la jueza Iñiguez, por eso se realizó en el mes de agosto y no al comienzo de la toma: “Estoy convencida de que el abordaje de los conflictos no tiene que acudir en primera medida a lo punitivo y a lo represivo. Nos hubiera dado muchísima más fuerza, confiar en el camino legal que estábamos haciendo y poniendo en pie. Después de una audiencia, inclusive para los legisladores, hubiéramos llegado de otra forma”, dijo la jueza. Luego del desalojo, Liberatori exigió al Gobierno de la Ciudad el cumplimiento efectivo del plan de urbanización y estableció este año, 2015, como plazo límite.
“Si no se producía la toma, eso no se iba a visibilizar nunca. Iban a pasar los gobiernos, los mandatos, e íbamos a seguir siempre igual. Y la toma se produjo porque hubo muchos años de ausencia, de abandono, entonces los vecinos se cansaron y se asentaron ahí para tener su propia vivienda. Si ya el Gobierno no hace las casas, entonces las hacemos nosotros. Ahí se visibilizó el problema”, Marcelo Urquiza.
Por otro lado, algunos vecinos reivindicaron la medida como un modo de hacer valer sus derechos. Marcelo Urquiza, delegado de la Junta Vecinal de Villa 20, dijo: “Si no se producía la toma, eso no se iba a visibilizar nunca. Iban a pasar los gobiernos, los mandatos, e íbamos a seguir siempre igual. Y la toma se produjo porque hubo muchos años de ausencia, de abandono, entonces los vecinos se cansaron y se asentaron ahí para tener su propia vivienda. Si el Gobierno no hace las casas, entonces las hacemos nosotros. Ahí se visibilizó el problema”. Urquiza tiene 40 años y se crió en el barrio. En la Villa 20 vivieron sus abuelos, sus padres, y ahora sus hijos y nieto. Marisa Llanos también vive en el barrio. Su mamá vino de Bolivia hace 26 años y ella nació y creció en Lugano. Ahora es militante del Frente de Organización en Lucha y estudia para ser maestra de primaria. Llanos comentó: “Yo no estoy en contra, pero creo que había que buscar otra solución. La solución no es tomar un terreno, sino un plan de urbanización. Pienso que deberían hacer departamentos, y que los vecinos, la gente que necesita, que lo pague en cuotas a la medida de sus posibilidades”.
Situación actual
El 25 de agosto pasado, distintas agrupaciones junto con habitantes de la Villa 20, y en compañía de vecinos de otras villas de la Ciudad, se movilizaron desde el Obelisco hasta la Jefatura de Gobierno para recordar los diez años de la sanción de la Ley 1.770, su incumplimiento, y el primer año transcurrido desde el desalojo del predio. El pedido general era de una solución a la crisis habitacional: “Así como nosotros estamos desamparados por el Gobierno de la Ciudad, están también las otras villas, muchos barrios humildes que tienen la misma problemática que nosotros, que les falta urbanización, no tienen luz, no hay agua ni cloacas. Y todo le compete hoy al Gobierno que está conduciendo la Ciudad. ¿A quién le vamos a reclamar?”, se preguntaba Marcelo Urquiza. Mientras que Marisa Llanos hacía hincapié en la igualdad de derechos y obligaciones: “Si se corta la luz, nosotros no podemos reclamar porque no pagamos nada. Pero queremos pagar, queremos tener los mismos derechos que cualquier persona, así podemos reclamar. Pero no, nos tenemos que quedar como estamos y aguantar a que ellos quieran arreglarlo. Esa es la situación de todas las villas, todas sufren lo mismo”, aseguró la militante.
Chicos jugando al lado del paredón que divide el predio de la villa.
Durante este año, los habitantes de la Villa 20 no vieron que se realizaran mejoras en los terrenos. Urquiza comentó que lo único que se hizo fue “un paredón de dos metros y medio que rodea al barrio y esconde a la Villa del resto de la sociedad. Lamentablemente hay una falta de voluntad política en la Ciudad de Buenos Aires, donde los derechos de los ciudadanos los guardan en un cajón”. Virginia Gutiérrez vive en la Villa desde el 2001 y desde la terraza de su casa se puede ver el muro y el predio. Gutiérrez contó que durante la toma se vivieron momentos tensos de violencia y tiroteos y que aún recuerda a las personas que corrían llorando cuando las topadoras aplastaron sus casas y pertenencias. Ella alojó algunos vecinos en su casa por un tiempo, pero después muchos se fueron del barrio: “Algunos los llevaron a hogares pero se quedaron sin nada. Otros se fueron con familiares, y algunos se volvieron a sus países”. En cuanto a la movilización, opinó: “No sé qué va a pasar pero para mí hay que seguir. Por lo menos conseguir que se construyan las calles, que pongan el agua y la luz. No hay que dejarlo y acordarnos solamente una vez por año”. De la misma manera, la jueza Liberatori subrayó: “Lo que falta es la voluntad política. ¿Dónde está la voluntad política?: En la urna. No sale de mi firma, ni nos compete a los jueces forzar la voluntad política. Por eso las cosas no salen, andan de a tumbos, porque contra eso no podemos. La voluntad política es inexistente para ciertas cosas. Porque donde hay voluntad política las cosas caminan, y salen”. Por último, la jueza confirmó que el proceso de saneamiento ya comenzó, y adelantó que durante el mes de julio recibieron en el juzgado un avance: “Nos llegó un informe en donde se recategorizó el predio de la toma y dice que se van a construir 800 viviendas, que va haber comercios minoristas y distintos núcleos que llaman “nido” en donde darán talleres. Eso fue lo último que hemos recibido, y para nosotros fue una sorpresa. Con lo cual ahora, estaremos trabajando sobre esta segunda parte”, finalizó.
Jul 21, 2015 | inicio
Educación: más escuelas, menos globos
Matías Zalduendo es el Secretario de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y aquí plantea la agenda que el gremio docente le planteará al sucesor de Mauricio Macri.
¿Qué reclamos le harán al nuevo jefe de Gobierno como trabajadores de la educación?
Nosotros planteamos que no sólo luchamos por el salario, que claramente es con lo que cuenta el trabajador para vivir en esta sociedad, sino que también peleamos por las condiciones de trabajo. Entonces, las primeras medidas tienen que mejorar las condiciones de trabajo y de enseñanza en las escuelas de la Capital Federal. En primer lugar, algo que surge para el nivel primario es que nosotros seguimos peleando por la Ley de Celadores de Comedor, que todavía no fue cumplida en pleno ejercicio. Necesitamos que haya celadores en los comedores para que no recaiga toda la actividad sobre los docentes que bastante tarea tienen.
¿Esto está relacionado con un aumento en el presupuesto?
Consideramos que lo primero que tiene que haber es un mayor presupuesto educativo, este gobierno viene subejecutando, bajando el presupuesto, y así se quiere construir la escuela pública. Es algo que no sale en los medios pero es real. Quieren aplicar la Nueva Escuela Secundaria (NES) -un reclamo legítimo, que implica discutir una escuela nueva, cambiarla – sin presupuesto. Hoy, hay muchas escuelas que no están preparadas para ese cambio. O peor, hay escuelas que han pasado o están pasando este invierno sin gas, con situaciones edilicias complicadas. No podemos pensar que haya una escuela pública para pobres y una escuela privada para ricos. Queremos que la escuela pública sea de todos, donde ingresa el hijo del farmacéutico, del profesional, del trabajador de una fábrica, la hija de un desocupado, una escuela de todos. El macrismo está estigmatizando la escuela pública.
¿Qué otras necesidades concretas tiene la escuela pública?
Ante la situación que hemos vivido -por la separación del cargo de las dos docentes del Jardín de Infantes N°2, D.E. N°12, luego de que un niño que asistía al establecimiento fuera asesinado por su padrastro a golpes– un reclamo importante es la necesidad de incrementar los equipos de orientación escolar en las escuelas. Hoy están saturados porque hay muy pocos por distritos, es una situación imposible. Tiene que haber muchos más equipos de orientación escolar: trabajadores sociales, psicólogos, que estén acompañando las trayectorias educativas de nuestros pibes en las escuelas. Eso es lo que necesitamos, equipos fortalecidos, que estén a la altura de la escuela pública. La sociedad fue cambiando y la escuela se tiene que actualizar. Necesitamos que el docente en el aula cuente con otros acompañamientos.
¿Qué otras políticas deben reverse?
Hay que actualizar las asignaciones familiares que están en el freezer. Con este gobierno de la Ciudad, no se actualizan hace años, me parece que es un reclamo importante.
¿Y respecto a lo edilicio, qué es lo que necesita la escuela pública?
Necesitamos más escuelas, tanto de nivel inicial como de primaria. El gobierno de la Ciudad no ha construido escuelas. El problema de las vacantes se dio este año, el año anterior y existe actualmente. Recién hace una semana colocaron un micro que va del Distrito 20 al Distrito 3 para llevar niños que no tienen vacante en su barrio hacia otro en que sí las hay: tardaron cuatro meses en dar el servicio. Hubo chicos que desde el mes de marzo estuvieron sin ir a la escuela. De eso nadie habla, no es noticia, no es titular de nada. Para los globos de colores hay presupuesto, pero para un micro para los chicos de las zonas más postergadas de la sociedad, no. Los chicos estuvieron más de cuatro meses sin escolarizarse, algo nefasto y terrible. Tiene que haber más escuelas para que lo de las vacantes no vuelva a ser un problema, para que no tengamos el año que viene situaciones de chicos que no se pueden escolarizar. Tienen que hacer más escuelas por distritos, más aulas de nivel inicial. La construcción de escuelas tiene que ser una política clara y educativa de este gobierno.
¿Qué otra necesidad tiene el sistema educativo porteño?
Otro tema importante es la titularización de los maestros del área socio educativa. Docentes que se encuentran en situación de interinos y el Gobierno se comprometió a su titularización y no ha cumplido. Por otro lado, está la implementación de la titularización de las docentes de nivel inicial y primario en las escuelas normales de la Capital Federal. Se ha votado una ley, el año pasado en la Legislatura porteña, en la que se comprometían a la titularización de todos los docentes y hasta la fecha no hay novedades, algo que es bastante preocupante porque se trata, ni más ni menos, que de la estabilidad laboral del docente.
Vista de la Villa Rodrigo Bueno.
Vivienda: Urbanización de la villa 31
Teófilo Tapia es un vecino de la villa 31, ahora llamado Barrio Carlos Mugica, de Retiro. Desde la década del setenta es el referente en la lucha por la urbanización. Además es el fundador del comedor Padre Carlos Mugica y elegido continuamente por los vecinos como delegado barrial. Reclama la implementación de la ley 3.343, aprobada por unanimidad en la Legislatura pero que nunca se aplicó.
¿Cuánto hace que milita por la vivienda digna?
Es un camino que empezó en la década de los 70, desde esa época pedimos que se haga la urbanización de la villa 31. Fue una lucha que comenzó para que se hagan las viviendas del barrio, que antes se llamaba Eva Perón y ahora se le dio el nombre de Carlos Mugica. Y nosotros seguimos ese camino, esa lucha desde aquella época. En estos últimos años, en el 2009, se votó la ley 3.343, que se aprobó por unanimidad en la Legislatura de Gobierno de la Ciudad, que estableció la urbanización de la villa. Los primeros objetivos eran marcar un polígono, que decía cómo y dónde se iban a construir las viviendas, desde dónde hasta dónde son los límites. Inclusive el gobierno de Mauricio Macri aprobó el proyecto, nos pareció rara su aprobación, ya que él siempre tenía la intención de erradicar la villa 31.
¿Y se puso en marcha la aplicación de la Ley?
No, porque ahora lo que falta es la aprobación del dictamen de ley. El dictamen es lo que ordena cómo se van a distribuir las viviendas, cuánto van a valer, cómo se van a unir las calles, y todo lo que es necesario para conformar la villa 31 en un barrio urbano. Desde el Gobierno de la Ciudad no están de acuerdo porque no quieren ceder el poder de las tierras a los vecinos. Entonces, el conflicto es entre el Gobierno Nacional, que quiere entregarnos las tierras y el Gobierno de la Ciudad que no quiere. Porque el Gobierno de la Ciudad puede prometer que va a construir, y de pronto cambia de idea, no hace nada, y nos echa a todos. Ese es el temor. El problema es que en los tres sectores de la Legislatura que tratan la urbanización de la Villa 31 -la Comisión de Vivienda, Planeamiento, y en Presupuesto- siempre lo rebotan.
¿Entonces el obstáculo es la propiedad de la tierra?
No quieren que los vecinos sean los dueños de las tierras. Porque sus objetivos son quedarse con la tierra y hacer un barrio como Puerto Madero. La intención del Gobierno de la Ciudad no es hacer un barrio obrero, porque de un barrio obrero no pueden sacar mucho rédito. No van a poder poner muchos impuestos porque es un barrio de trabajadores. En cambio, si en ese lugar edifican torres, ahí les resulta más productivo.
¿Si tuviera que evaluar la acción del Gobierno en estos últimos años, cómo lo describiría?
Diría que aprobaron la Ley porque creían que el Gobierno Nacional al día siguiente le iba a ceder el traspaso de las tierras. Pero no salió como querían, cuando les dijeron que antes del traspaso tenían que firmar un acta que les daba el poder de la tierra pero “para la urbanización de los habitantes de la villa 31”, en eso no están de acuerdo. El Gobierno de la Ciudad lo que quiere es que hagan el traspaso primero y después ellos deciden. Dicen que van a urbanizar, pero quién sabe si lo van hacer. Ellos tienen mucho deseo de quedarse con las tierras.
¿Y mientras no se apruebe el dictamen, el proceso queda estancado?
No, seguimos peleando. El problema es que no sale el proyecto del dictamen de la Comisión de Vivienda de la Legislatura. En tres oportunidades lo volvimos a presentar, dos veces lo presentaron legisladores, y este año decidimos que lo iba a presentar el barrio en tanto Habitantes de la Villa 31 y organizaciones sociales. Esperamos que el nuevo proceso tenga consenso y los diputados puedan tratarlo y poder urbanizar. La primera reunión que tuvimos fue con asesores, pero no se consiguió nada. Se justificaron con el capricho de que si Cristina Kirchner no entrega las tierras, no se puede urbanizar, pero no le hablan a ella directamente, sino que dicen: “Acá la presidenta se niega a presentar las tierras, y Macri no puede urbanizar si no tiene las tierras”. No puede porque no quiere hacerlo. Se podría avanzar si Macri, como Jefe de Gobierno, mandara una nota pidiendo la urbanización, para que los habitantes de la villa puedan construir sus viviendas, ayudar con lo que falta, y tratar de organizar para que sea un barrio y no una villa. Pero él no está de acuerdo.
¿Como representante del Barrio qué le pediría al nuevo jefe de Gobierno porteño?
Le pediría que apruebe el dictamen, que sea más flexibles con el tema de la urbanización. Y que lo apruebe la mayoría, porque hay que esperar a ver cómo va a quedar conformada la Legislatura en la Ciudad. Aunque probablemente el nuevo Jefe se siga oponiendo a que salga el tratamiento de la Ley, y así va a ser difícil conseguir la urbanización de la villa 31. Lo que queremos es que se entienda que nosotros no somos usurpadores, la villa tiene cien años de historia, somos trabajadores, somos los que construimos los edificios donde vive la gente de Libertador. Entonces lo que pedimos es el derecho de vivir también dentro de la Ciudad, y no ser marginados por el resto de la sociedad. Porque Macri en un momento salió en una nota diciendo que la villa 31 crea la inseguridad de los vecinos que viven en Libertador, y no es así. Nosotros también somos vecinos. Vinimos a la villa por una necesidad, porque en la Provincia no hay tanto trabajo como hay acá. Pero es una lucha bastante dura, porque hay personas que no quieren que se urbanice la villa, no quieren que haya gente humilde dentro de la Ciudad.
Viviendas ociosas en la Ciudad de Buenos Aires, en Puerto Madero.
Alquileres: sistemas de mediación
Ricardo Botana es el presidente de la Unión Argentina de Inquilinos, una entidad diseñada para asesorar a todos aquellos que alquilan viviendas en el país. Pelean por defender sus derechos y por una ley que regule la actividad.
¿Qué cambios observa de los últimos años con respecto al precio de los alquileres?
Dentro de la Capital está muy diversificado. Cambiaron las exigencias porque hay un escalonamiento a nivel semestral cuando antes era anual. Antes uno firmaba un contrato y tenía un aumento del 20% al año, y ahora hay un aumento que llega hasta un quince por ciento semestral. También cambió la cantidad de garantes exigidos, ahora son dos y tiene que residir en Capital.
Y en cuanto a la regulación ¿qué cambios se fueron dando?
En algunos lugares se ha logrado, Por ejemplo en la ciudad de La Plata existe una oficina que funciona dentro de la Municipalidad con los compañeros de API (Asociación Platense de Inquilinos) para la mediación específica entre locadores y locatarios. Pero en la Capital todavía no hemos logrado lamentablemente un espacio concreto.
¿Qué opina sobre el programa “Alquilar se puede” del Gobierno porteño?
Es un programa que ojalá pueda llegar a más gente, pero por el momento no ha logrado dar mucha ayuda para alquilar. En realidad tampoco es la solución, que tendría que pasar por una mirada más ligada al acceso a los créditos. Es verdad que el programa tuvo mucha publicidad pero a la hora de ponerlo en marcha no tuvo gran cantidad de beneficiarios. No quiero mentir con respecto al número, pero hay una entrevista al legislador Fernando Muñoz donde decía que eran alrededor de trecientos.
¿Por qué cree que todavía no pudo ser más masivo?
No sé si no tendrá algún cupo o cómo vendrá el tema de las admisiones.
¿Qué esperan del nuevo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires?
En lo inmediato, la creación de un espacio para lograr la resolución de los conflictos entre locatarios y locadores para evitar la vía judicial. Lo que ocurre en los contratos en la relación cotidiana es que, por ejemplo, según el código vigente se establece que los gastos de conservación están a cargo del locador y algunos arreglos para la vida cotidiana, que son de poco costo, tiene que hacerse cargo el inquilino. Pero eso nunca se reconoce, paga siempre el inquilino.
Hospital de Niños de la Ciudad.
Salud: menos ajuste, más inversión
Carlos Paz tiene 53 años y trabaja como médico de guardia en el Hospital Moyano durante 30 horas semanales. Se opone a la precarización laboral que, denuncia, los profesiosionales de hospitales públicos porteños vivieron en los últimos años.
¿Cómo son las condiciones de trabajo en general?
Son desgastantes, con recursos humanos escasos, falta de políticas en el ámbito de salud mental con un alto nivel de violencia institucional, por parte de las autoridades instaladas desde la intervención. Formo parte de un grupo de profesionales que nos hemos organizado ante la falta de representación gremial legítima para hacer frente a las políticas del gobierno del PRO.
¿En qué situación están los salarios?
En términos generales, hace dos años nos rebajaron el sueldo a más de dieciséis mil profesionales del sistema público de salud, existen trabajadores precarizados con sueldos congelados hace más de tres años. Y hoy intentan modificar el régimen de residencias y concurrencias, por ejemplo, en salud mental.
¿Cuál es la situación de los médicos en el hospital?
En lo particular, en el Moyano, desde hace un año y medio, a través de auditorías persecutorias, se intentó cesantear a más de la mitad del personal, por ejemplo a través de sumarios y cambios de función a los colegas. Se descontaron sueldos sin ninguna justificación, se digitan los escasos concursos que hay de una forma discrecional. El clima, en general, es de violencia y se padecen enfermedades. Esa es parte de nuestra realidad cotidiana en el hospital que se repite en todo el sistema público de salud de la ciudad.
¿Qué expectativas tiene respecto del próximo jefe de Gobierno en materia de salud pública?
Lo lógico es que el próximo gobierno sea una continuidad del actual: más ajuste, cada vez menor inversión en lo público, tanto en salud como en educación, y más obras para “embellecer” la ciudad. La salud mental para los gobernantes es un gasto y, por lo tanto, van a continuar con los recortes en todas las áreas. No van a invertir en todos los dispositivos necesarios para la atención del paciente y el cumplimiento de las leyes de Salud mental nacionales y municipales.
