May 18, 2018 | Novedades, Te puede interesar, Trabajo
Los trabajadores de Télam se reunieron ayer en la sede de Belgrano 347 para realizar una Asamblea General. Los ataques hacia el personal y el acotamiento del servicio en las últimas semanas dieron lugar a que se organicen para resistir ante la hipótesis de una liquidación de la empresa. Si el Directorio no revierte la situación, dicen, tomarán medidas de fuerza.
La agencia de noticias Télam fue fundada en 1945.
Los episodios de censura directa en la agencia se fueron multiplicando. “Recolectamos más de 50 casos de cables que nunca fueron publicados, en secciones blandas que se supone que no hay demasiados temas conflictivos para la línea editorial del Gobierno”, dijo Mariano, uno de los primeros trabajadores en exponer durante la asamblea.
La reconversión de textos se ha vuelto una práctica cotidiana incluso en secciones como Cultura y Espectáculos. Pero la situación de malversación informativa se ve ahora agravada con la eliminación y bloqueo del material directamente por el editor de texto. Tal fue el caso de la nota sobre la revocatoria judicial al sobreseimiento del titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos Hernán Lombardi, en una causa por fraude en la compra de hectáreas para un parque nacional. El artículo salió al servicio un día después, presionado por la denuncia de los trabajadores, pero quedando sin efecto dado que ya había pasado por todos los medios nacionales.
“Preferimos seguir profundizando la denuncia pública del acotamiento de los contenidos porque estamos convencidos de que la defensa de nuestros puestos de trabajo también se hace demostrándole y contándole a la sociedad la misión de nuestra tarea, que es la defensa del derecho humano a la comunicación”, concluyó Mariano.
Otro de los puntos clave del debate fue el agotamiento y desecho de contenidos. Por un lado, se cerró la sección Reporte Nacional, que era de suma utilidad para los medios del interior, e incluso había logrado éxito comercial. Asimismo, sus suplementos Tecnológico, Deportivo, Para Chicos y Literatura fueron arrasados luego de 366 ediciones. “Tengo la sensación que en las últimas asambleas hay un clima de velorio –exclamó con pesar otro compañero-. No hacemos más que velar a Reportes Nacionales que se murió, a Publicidad que no tiene más trabajo, a los colaboradores de Cultura, a los colaboradores de Historietas Nacionales…Perdimos todo”.
Si bien los miembros de las áreas eliminadas son reubicados en otras, los puestos en su esencia se pierden. Un trabajador de Infografía agregó: “Es como si hubiéramos puesto una cámara fija panorámica hacia el séptimo piso. Hace meses estaba lleno de compañeros; cuatro, cinco líneas de escritorios llenos de computadoras, y hoy somos tres compañeros trabajando ahí. Es elocuente de lo que está haciendo Télam con nosotros. Esos puestos no se recuperan aunque los reubiquen. Y en algunas secciones se va a dar un sobredimensionamiento de gente que no va a tener nada que hacer, porque los cables se reducen, las coberturas se reducen, las investigaciones se reducen. Entonces la empresa un día va a decir ‘Bueno en esta sección sobran cinco, no tenemos donde más ubicarlos. Fuera’”.
Por otro lado, también está en vilo el archivo sobre los juicios de Lesa Humanidad. Los trabajadores no confían en que la agencia sea garante del material documental. En Infojus (Sistema Argentino de Información Jurídica) el archivo se preservó porque los periodistas y fotógrafos realizaron un back-up propio y lo subieron a la web o cedieron a agencias. “Lo de Derechos Humanos se puede ceder a organismos; el de Reporte Nacional se puede subir a las bibliotecas, o las hemerotecas que hay en el país. Pero la tarea de defensa del archivo tiene que ser una cosa de este colectivo. Lo tenemos que hacer nosotros”, propuso un trabajador del sector de Infografía.
En el último año, se decidió el cierre de cinco secciones informativas.
A esta serie de hechos se suma el caso específico de Marcelo Bartolomé, quien recibió una sanción sin goce de sueldo por haberse negado a infringir el Estatuto Profesional. El área de Audiovisuales funciona con sus cronistas, camarógrafos y editores, que trabajan con material propio. En cuanto al material de terceros, por un lado Télam tiene convenios con otras agencias para hacer uso de éstos; y por otra parte edita videos de organismos públicos, pero siempre aclarando las fuentes. Al margen de estas modalidades, no puede adjudicarse material ajeno. En el marco de una entrevista a Michelle Bachelet hecha por un redactor corresponsal de Télam en Chile, Bartolomé se negó a editar la filmación porque quien grabó el video no era del equipo de esta agencia. Ergo, hubiese violado el convenio. “El material salió al servicio –explicó Bartolomé-. Lo editó un jefe bajo su propia responsabilidad. Esto dio lugar a la apertura de un sumario, de una investigación. Tuve que ir a declarar, yo y otros compañeros. Eso fue en enero. La semana pasada me comunican a mí individualmente que me suspendieron”. Para él, esto es otra medida de disciplinamiento de los trabajadores: “La advertencia de ‘cuidado con lo que hacen, porque si no te tiramos por la cabeza con tal o cual sanción’”.
Todos coinciden en que para dar la lucha, deben unirse independientemente del sindicato de Prensa al que pertenezca cada uno. “La buena voluntad, la disposición al diálogo, la permanente vocación de ir a discutir las cosas tiene sentido cuando del otro lado tenés respuestas –señaló Bartolomé-. Pero lo que recibimos es agresividad. La agresividad no es solo poner una sanción. Vaciar una sección, dejar sin laburo a los compañeros, cerrar el Reporte, hacer desaparecer los suplementos… Eso también es agresión. Entonces creo que el tiempo de la discusión, de la buena voluntad, se terminó. Lo que se tiene que organizar ahora es un plan de lucha que ponga trabas al avance de estos facinerosos. Y además, cuentan con la colaboración de facinerositos que por un sueldito, un carguito, o una sección mejor, colaboran en este desastre que están haciendo en la agencia”.
Los trabajadores acordaron una nueva asamblea para el próximo jueves en la sede de Bolívar 531. En el plazo que hay antes de la reunión, apelarán al Directorio para que revierta la situación, y realizarán batucadas en ambos edificios para incentivar la concurrencia.
Mar 28, 2018 | Novedades, Trabajo
“El servicio público de radiodifusión constituye una organización fundamental para proveer a las sociedades modernas de una herramienta comunicacional que garantice el ejercicio del derecho a la comunicación de los pueblos”, sentencia el último párrafo del trabajo Medios públicos y derecho a la comunicación, del especialista en políticas de medios masivos y derecho a la información Guillermo Mastrini. “Es de suma importancia -reflexionó- contar con una activa participación de la sociedad civil en la tarea de legitimar los servicios públicos y en dotarlos de la arquitectura institucional que los transforme en representantes de las inquietudes y necesidades del conjunto de la población, con independencia política de los gobiernos e independencia económica del mercado”. La definición, palabras más, palabras menos, explica qué son y para qué sirven los medios públicos. Medios, siempre en peligro por los usos de los gobiernos. Sin embargo, tal amenaza se ha exacerbado en el último tiempo -exactamente, desde el comienzo de la gestión de la Alianza Cambiemos al frente de la Nación- debido a las constantes políticas de ajuste.
Audiencia pública impulsada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires .
No solo los medios privados se hallan sometidos a las consecuencias de las medidas económicas y el manejo de la pauta publicitaria ejecutadas por el gobierno del presidente Mauricio Macri. También los medios públicos están sujetos a la política de austeridad, que se traduce en recorte presupuestario, reducción de horas y despidos de trabajadores. Al menos 670 puestos de trabajo se perdieron entre diciembre de 2017 y enero de 2018, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). En la Televisión Pública hubo 204 empleos perdidos, mientras que en Radio Nacional, 233. También la Televisión Digital Abierta (TDA) sufrió las decisiones del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, del cual Hernán Lombardi es el titular, con 180 despidos. Los canales PAKA PAKA, DeporTV, y Encuentro tuvieron 34 cesanteados, y en el Canal de la Ciudad hubo 19. La política de vaciamiento de medios públicos no tuvo piedad: conductores, productores y colaboradores fueron perjudicados violentamente.
No solo hubo despidos. Reducción de gastos, congelamiento de salarios y eliminación de las horas extras fueron otras decisiones adoptadas por el gobierno. En la Televisión Pública, por ejemplo, los noticieros del fin de semana fueron eliminados por completo. Frente a tal cruzada, el jueves 22 de marzo se organizó una audiencia pública impulsada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). Participaron de ella vastos sectores que dieron forma a un rico arco político en defensa de los medios públicos y de su necesidad en cualquier sistema democrático. Bajo el lema “Sin trabajadores, no hay medios públicos. Sin medios públicos, no hay democracia”, delegados de SiPreBA, diputados, senadores y legisladores de distintos espacios políticos, organizaciones sindicales y de comunicación, entre otros, dijeron presente en la reunión celebrada en el anexo de la Cámara de Diputados, frente al Congreso de la Nación.
Hugo Yasky , secretario general de la CTA , toma la palabra en la audiencia.
Durante la audiencia, la delegada gremial de Télam Carla Gaudensi indicó el actual estado de situación de la agencia de noticias: “Hemos tenido ajustes en todas las coberturas. Se ha dejado de cubrir hacia el exterior, a nivel nacional y varios trabajos que la agencia estaba acostumbrada a realizar. A su vez, este año tuvimos la reconversión de todo el servicio de radio. Salíamos por streaming, pero ahora no hay más vivo. Todo pasó a ser podcast para poder comercializarlo y venderlo”. Por otro lado, el diputado de Unidad Ciudadana por la provincia de Buenos Aires, Leopoldo Moreau, también se refirió al conflicto que viven los medios públicos: “Estamos frente a una problemática que pone en riesgo fuentes de trabajo y condiciones laborales, pero además, al sistema democrático. El gobierno se encamina, no a debatir una ley de convergencia tecnológica, sino a hacer desaparecer los medios públicos y limitar las voces plurales”.
Como dice Mastrini, el servicio público de radiodifusión -el conjunto de los medios públicos- es fundamental para la sociedad en su totalidad debido a que garantiza el derecho a la comunicación. Además, ello implica asegurar el principio de pluralidad de voces, la libertad de expresión y la heterogeneidad de temas a tratar por estos medios. “Este es un gobierno que se jacta de despreciar a los medios públicos y, por lo tanto, a los trabajadores. Y esa jactancia, en definitiva, se explica a partir del hecho de que ellos consideran que el resto de los medios que pertenecen a los grupos monopólicos son los que interpretan cabalmente su pensamiento y sus lineamientos”, dijo Hugo Yasky, diputado de Buenos Aires por Unidad Ciudadana. Y luego, agregó: “Estamos ante un conflicto que es grave porque afecta a estos sectores pero también a una cantidad muy grande en los medios privados, donde compañeros y compañeras sufren precarización laboral, despidos y trabajo intermitente”.
A los despidos se sumaron la reducción de gastos, el congelamiento de salarios y la eliminación de las horas extras. La situación es crítica.
En un ambiente marcado por la solidaridad entre las partes, la audiencia pública se desarrolló con puntos de vistas similares, a pesar de los diferentes espacios políticos de los participantes. La única voz que faltó fue la oficial: Hernán Lombardi, ni nadie del oficialismo, asistió a pesar de que habían sido invitados. “Vamos a hacer una presentación bien plural. Cuantos más seamos y cuanta más diversidad haya en el apoyo, va a ser mejor para fortalecer la posición de los trabajadores de medios públicos”, expresó Yasky cuando fue su turno de hablar. Quienes participaron de la audiencia advirtieron sobre el peligro que corre la pluralidad y la libertad de expresión y con ellas, la democracia.
La audiencia pública se desarrolló con puntos de vistas similares, a pesar de los diferentes espacios políticos de los participantes.
Dic 28, 2017 | Noticias en imágenes, Novedades
La Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina (Argra) y el Sindicato de Prensa de la Ciudad de Buenos Aires (SiPreBA) organizó un “camarazo” de repudio contra la represión que periodistas y fotógrafos sufrieron por parte de las fuerzas de seguridad durante las coberturas de las manifestaciones contra la reforma previsional que tuvieron lugar el 14 y 18 de diciembre. En esa ocasión, resultaron heridos más de 30 trabajadores de prensa.
Actualizado 28/12/2017
Nov 2, 2017 | inicio, Trabajo
Este jueves absolvieron a los seis delegados gremiales de Editorial Perfil en el juicio oral llevado a cabo durante esta semana, en el que los trabajadores habían sido acusados de afectar la libertad de prensa en el marco de una medida de fuerza. La causa penal, que había comenzado en 2013, era para los procesados una represalia de la empresa para disciplinar a los trabajadores y debilitar la organización gremial colectiva.
El juez subrogante Walter Candela dictó la absolución luego de escuchar los alegatos y el testimonio de 19 testigos, de los cuales 16 fueron llevados por el fiscal. En el banquillo de los acusados esperaban Marcelo Iglesias, Raúl Mileo, Carlos Rodríguez, Héctor Velásquez, Jose Luis Quartana y Rubén Schofrin, quien además es secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Sipreba). Durante las cuatro jornadas del juicio, este sindicato, que es, según Schofrin, “uno de los sindicatos que Macri dice que sobran”, organizó una radio abierta y actividades de apoyo a los delegados. A ellos se sumaron otras organizaciones gremiales, diputados, legisladores y periodistas para pedir la absolución en las puertas del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 12.
“Perfil dio un golpe de estado a nuestra comisión interna el 30 de octubre de 2013, día de elecciones. Echaron a trece compañeros, entre los cuales había miembros de la junta electoral, que tienen inmunidad gremial”, relata Schofrin. Y agrega: “El despido de un trabajador es legal, pero no el de un integrante de la junta electoral. La ley así lo considera. El paro fue masivo y entonces las publicaciones de la empresa, como el diario Perfil y la revista Caras, demoraron su salida unas horas. Frente a eso nos acusaron de violar la libertad de prensa”.
En el juicio oral llevado a cabo durante esta semana, los trabajadores habían sido acusados de afectar la libertad de prensa en el marco de una medida de fuerza.
Para Schofrin, la denuncia penal efectuada dos meses después de esos hechos fue una venganza de la empresa de Jorge Fontevecchia, ya que en el fuero laboral los trabajadores habían logrado grandes conquistas. “Perfil aplicó un revanchismo inédito. Nosotros sufrimos más de 800 despidos y revertimos cerca de 200. La acción punitiva busca quebrar una organización gremial colectiva e imponer un régimen de disciplinamiento a los trabajadores de prensa”, sostiene.
Iglesias, también acusado, cuenta algunos detalles de la noche de la denuncia: “Viene la Policía Federal, entra, mira y se va sin hacer nada. Más tarde vienen de Prefectura y pasa lo mismo. Cuando llega la Policía de la Ciudad, que en ese momento se llamaba Metropolitana, el fiscal de turno le dice al jefe del operativo que se vaya, que no había ningún delito. Eso figura en el expediente”. De hecho, durante el tercer día del juicio declararon algunos de los policías que participaron esa noche, ratificando que no había delito, tal como cuenta el delegado.
Editorial Perfil, que en diciembre de 2013 hizo la denuncia penal contra sus trabajadores, no fue querellante en la causa. “Fontevecchia tiene sus mañas, y prefirió hacerle hacer el trabajo sucio al Poder Judicial, a un fiscal. Y como el Estado defiende los intereses de la empresa, esto a Perfil le sale gratis”, dijo Iglesias. Por su parte, el abogado de la defensa, Fernando Gómez, aclara este punto: “Perfil no fue querellante porque estaban muy flojos de papeles, ya que los hechos que denunciaron no existieron y no hubo ningún ataque a la libertad de prensa. Solo hubo una medida de fuerza para impedir despidos ilegales porque la empresa violó la Ley 23551 de Asociaciones Sindicales”. El abogado, además, advierte: “Tendrán responsabilidades severas cuando se termine de comprobar la verdad que deriva de este juicio, y que es lo que motivó las medidas de fuerza. Esta empresa ha llevado adelante despidos masivos, ha violentado los recursos preventivos de crisis, ha desoído decisiones judiciales de reincorporación de trabajadores y ha desconocido la vigencia del Estatuto del Periodista”. Entre los testigos que declararon, hubo cinco gerentes de distintas áreas de Editorial Perfil.
Si bien el artículo 161 del Código Penal preveía una pena de uno a seis meses de prisión, detrás de este juicio se escondía un riesgo mucho mayor que la posible condena, y es la utilización de la justicia penal para criminalizar la actividad gremial. “Pegarle a la organización gremial es pegarnos a todos. Si nos llegaba a ir mal a nosotros, Clarín y La Nación iban a salir a hacer denuncias penales en vez de buscar abogados laboralistas. Estuvieron mirando este juicio de cerca”, se preocupa Iglesias. “Es una locura que los que producen los diarios y revistas sean acusados de coartar la libertad de prensa. En realidad, violar la libertad de prensa es echar periodistas y sembrar el terror para que no haya voces disonantes, que es lo que están haciendo algunos medios en este momento”, compara.
Para Schofrin, la denuncia penal efectuada dos meses después de esos hechos fue una venganza de la empresa de Jorge Fontevecchia, ya que en el fuero laboral los trabajadores habían logrado grandes conquistas.
El clima de época es otro factor que los protagonistas de esta causa toman muy en cuenta para entender por qué llegó a juicio oral un reclamo laboral. “Yo tengo 30 años en el gremio y nunca vi un caso así”, dice Fernando “Tato” Dondero, secretario general de Sipreba y testigo de concepto en la causa. “La preocupación central es el momento político en el que aparece esto. El gobierno viene por reformas en contra de los trabajadores, y este hubiera sido un precedente terrible. Cualquier paro puede terminar en denuncia por entorpecer la libertad de prensa”.
Iglesias también entiende que los nuevos vientos políticos han dado aire a este tipo de criminalización del conflicto gremial: “Fontevecchia es un hábil lector de la realidad, y leyó este cambio de época, porque es en este contexto que una causa así puede tener algún asidero. El fallo de Cámara salió en 2015, el día después del balotaje, y a partir de ahí la causa se aceleró y avanzó hasta este juicio”.
“Volvemos a Editorial Perfil a trabajar como todos los días, pero sin la espada de Damocles sobre la cabeza”, dijo Schofrin al salir del juzgado, absuelto al fin, pasada la una de la tarde del jueves.
Los aplausos después de la absolución.
Actualizado 02/11/2017
Oct 4, 2017 | inicio, Trabajo
Los trabajadores de Agencia DyN viven una situación de incertidumbre debido a los rumores de reducción de personal e, incluso, de la posibilidad del cierre definitivo. El medio periodístico, que ya cumplió más de 35 años de vida, tiene entre sus principales accionistas a grandes empresas de prensa como Clarín, La Nación, el diario Río Negro y La Gaceta de Tucumán. Si bien aún no se produjeron despidos ni cesación de pagos, el consejo directivo de la empresa le comentó a un grupo de trabajadores que se estarán ofreciendo acuerdos de desvinculación y que los accionistas están decidiendo cómo seguir en un contexto de crisis económica. La situación se enmarca en una realidad durísima del mercado laboral periodístico, en donde durante 2016 se destruyeron más de 2.600 puestos, según los números que maneja el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).
Santiago Magrone, periodista y delegado de la comisión interna de trabajadores, desconfía de los motivos esgrimidos: “No pueden hablar de crisis cuando las empresas dueñas de DyN, como por ejemplo Clarín y La Nación, están diversificando y ampliando sus inversiones”, denuncia. Y argumenta: “Nos dicen que el diario de papel no tiene futuro, pero uno sabe que invierten grandes sumas en la web y en otros proyectos”.
Magrone sospecha, además, que hay alguna relación entre esta situación y los abonados estatales y gubernamentales de la agencia, ya que se produjo una sensible reducción en la cantidad de medios oficiales que se valen de sus servicios para sus publicaciones.
Incertidumbre por los rumores de reducción de personal y cierre definitivo.
“Estamos muy preocupados por la cantidad terrible de rumores”, comenta Fernando ‘Tato’ Dondero, Secretario General del SiPreBA. Aclara, además, que al elegirse un nuevo directorio hace algunos meses, los empleados de la empresa pidieron certezas: “Los trabajadores hablaron con autoridades de la agencia, incluso con el nuevo presidente del directorio, y les dicen que están analizando todo pero no definen nada”. Y detalla: “Tuvieron varias reuniones: tanto con el gerente de Relaciones Laborales como con el director periodístico. Ellos reconocen que están discutiendo qué van a hacer, por eso los compañeros están en estado de alerta permanente”.
Por otra parte, si bien no hubo despidos, sí se habló de acuerdos laborales: “La empresa arrancó hablando de abrir retiros voluntarios muy a la baja”, relata Dondero. Y agrega: “Hay rumores de cierre que involucran al gobierno, ya que se cuestiona la utilidad de la Agencia DyN frente a una agencia estatal como Télam. Se preguntan si está de más, olvidando que tiene casi cien trabajadores que necesitan su fuente de trabajo”, sentencia.
Magrone, además, confirma las señales de achicamiento: “En estos últimos dos años, las personas que se fueron jubilando no fueron reemplazadas, eso es todo un signo” dice. Tanto él como Dondero coinciden en que los rumores que se lanzaron parecen ser interesados, ya que consideran altamente probable que los dueños de DyN estén pensando en qué hacer, cuánto achicar o de qué modo cerrar el medio.
Del otro lado del escritorio, ningún representante de la empresa atendió a ANCCOM, mientras que Ernesto Behrensen, director periodístico, reconoció la existencia de estos rumores pero prefirió no hacer declaraciones.
Actualizado 4/10/2017
