Oct 19, 2016 | inicio
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y la empresa Arcos Dorados S.A. (McDonald’s) celebraron un convenio que, según se promocionaba, le daría trabajo a cinco mil jóvenes entre 18 y 24 años. A cambio, los nuevos empleados recibirían una retribución mensual de 4.500 pesos, de los cuales 1.000 pesos serían afrontados por el Gobierno nacional. Gracias al amparo presentado por las diputadas del Peronismo para la Victoria Araceli Ferreyra, Silvia Horne y Lucila de Ponti, junto con el secretario de Juventud de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Matías Zalduendo, la Cámara de Apelaciones ordenó frenar dicho convenio. ANCCOM indagó los pormenores del acuerdo.
“Nosotros pedimos la nulidad de las Prácticas Clarificantes porque entendimos que, para los jóvenes beneficiarios, genera flexibilización y precarización laboral. No se cumplen los derechos mínimos de la Ley de Contrato de Trabajo y tampoco se respeta el Salario Mínimo Vital y Móvil”, afirmó la diputada de Ponti, y agregó: “Si se quiere llevar adelante una política para que se genere el empleo en el segmento juvenil, hay que hacerlo respetando los postulados mínimos de la normativa”.
En Argentina, Mc Donald’s ocupa el sexto lugar en el ranking de empresas empleadoras, con un total de 16.809 trabajadores. Esta información es la que la propia multinacional declara en las planillas anexadas en el convenio con el Gobierno nacional.
«Pedimos la nulidad de las Prácticas Clarificantes porque entendimos que, para los jóvenes beneficiarios, genera flexibilización y precarización laboral».
Daniel Arenaza, abogado interviniente en la causa y miembro del Observatorio de Políticas Públicas, Legislativas y Comunicacionales, entiende que uno de los motivos que los llevó a intentar frenar el acuerdo es que el Salario Mínimo Vital y Móvil está pautado en 7.560 pesos, muy por encima de lo que establecía el convenio entre la multinacional estadounidense y el gobierno Nacional.
Un trabajador de McDonald’s, en su categoría más baja y sin antigüedad, actualmente cobra en Argentina por Convenio Colectivo de Trabajo cerca de 10.000 pesos por mes. Quienes iban a ingresar a través de las llamadas Prácticas Clarificantes -ahora suspendidas- hubieran cobrado menos de la mitad de ese monto. Aunque el Gobierno haga un esfuerzo significativo para instalar en el imaginario que son pasantías para el aprendizaje de un empleo, va saliendo a la luz que, en realidad, el funcionamiento es el mismo que el de una relación laboral tradicional, sólo que recibe otra denominación (y otra remuneración).
Respecto a la jornada laboral, también existen numerosas irregularidades. Arenaza explica que el acuerdo preveía que un trabajador cumpliera una carga horaria de 30 horas semanales, las cuales podían estar distribuidas entre fines de semana, feriados y horarios nocturnos. Un empleado regular de Arcos Dorados cobra un plus por una jornada laboral con estas características. Las Prácticas Clarificantes le sacaban al trabajador esa bonificación y tampoco contemplaban cargas previsionales o los aportes de otras características.
Los motivos que llevaron a la diputada correntina Araceli Ferreyra a impugnar el convenio son de índole personal. La legisladora recuerda que, en su provincia natal, conoció de primera mano a jóvenes trabajadores de McDonald’s y de su principal competidora, sometidos a una situación de precarización e inestabilidad. Los trabajadores son contratados a través de acuerdos temporarios, luego los despiden y no les abonan ningún tipo de indemnización. Además, Ferreyra recordó: “A mí me tocó a mediados de los ’80 y principios de los ’90 salir a buscar trabajo. En pleno fulgor del neoliberalismo los programas de empleo joven no servían para nada. Era creciente la desocupación juvenil. Esta era una manera que tenía el sector empresarial para bajar costos, sin garantizar ni capacitación, ni posibilidad al empleo. Sé por experiencia propia que estos programas no sirven para nada. De hecho, en España también hay este tipo de convenios y allí hoy existe un 60% de desempleo juvenil”.
Las tres diputadas, Arenaza y Zalduendo presentaron el pedido de amparo ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 76, a cargo del Juez Fernando Alfredo Vilarullo, quien rechazó de manera inminente la acción de amparo. El abogado actuante explicó que el juez “consideraba que, ni las diputadas nacionales que se presentaron en la causa, ni la CTA, representada en Matías Zalduendo, tenían la legitimidad para poder defender los supuestos derechos vulnerados. Este desconocimiento de la CTA como una organización que propende los derechos de todos los colectivos de trabajadores, más allá de este conflicto en particular, es uno de los motivos por los que decidimos apelar a una segunda instancia”.
«Las Prácticas Clarificantes le sacaban al trabajador esa bonificación y tampoco contemplaban cargas previsionales o los aportes de otras características».
En cambio, la sala número VI de la Cámara Nacional del Trabajo revocó el fallo de primera instancia que había desestimado la demanda. Se admitió la acción de amparo y la medida cautelar, y se le ordenó al juez que resuelva sobre esta medida cautelar, sin posibilidad de rechazo o desconocimiento sobre el tema.
Por otro lado, se incorporó a la causa a la empresa Arcos Dorados S.A. Daniel Arenaza explica: “Nosotros presentamos el amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, contra el Ministerio de Trabajo, que es el administrador, la cabeza del convenio. Los jueces en segunda instancia quisieron que también incorporáramos a la multinacional”.
Este convenio supuestamente está dirigido a crear empleo en jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. Matías Zalduendo, de la CTA, explica que existe un amplio desconocimiento entre estos sectores sobre los derechos laborales. Por tal motivo, afirma: “Un acuerdo anunciado con bombos y platillos, que pone en el centro de la escena a un joven que hoy en día está sin trabajo, que vive una situación difícil en su casa y quiere buscar un empleo para independizarse e ingresar al mundo laboral, puede ser visto por los receptores como una posibilidad. Nosotros tenemos que demostrarles a quienes quieren acceder al primer empleo que tienen derecho a un salario mínimo y a recibir aportes patronales. La idea es que el trabajo te dignifique, y no ser explotados”.
Los promotores del amparo se encuentran a la espera de que el expediente vuelva a la primera instancia, en donde van a tener que notificar al Estado nacional y a la empresa Arcos Dorados para que se presenten en la causa dando explicaciones o presentando los informes correspondientes. “Lo primero que el juez va a tener que hacer es resolver la medida cautelar. Luego, tenemos fe en que la Justicia va a seguir los lineamientos que ya demostró. Tenemos confianza de que vamos a tener una resolución favorable. Aunque eso ya es criterio de los jueces y nos excede”, afirmó Arenaza.
Frente a esta realidad, el secretario de juventud de la CTA menciona la falta de cobertura de los medios masivos de comunicación ante la noticia del amparo: “No lo cubrieron porque es el primer golpe para el macrismo. Es uno de los primeros fallos que se da en contra del Gobierno nacional. No salió en ninguno de los grandes medios. Es más, el ministro Triaca se llamó al silencio. Esto es algo que sólo ha sido difundido por los medios alternativos y los portales. Cobró relevancia en las redes sociales porque se le ha puesto un freno a una política que nosotros consideramos que perjudicaba a los sectores más vulnerables y a los jóvenes”. Además, aseveró: “Estamos convencidos de que en este asado, en esta fiesta de los patrones, los trabajadores no vamos a ser el carbón ni mucho menos. Vamos a tratar de frenar este momento para defender a la clase trabajadora que es lo que más nos importa”.
Actualizado 18/10/2016
Jul 24, 2016 | inicio
Miles de trabajadores circulan a diario como autómatas por las distintas líneas de trenes y subtes del barrio porteño de Retiro. Disponen de tan poco tiempo que apenas si pueden detenerse unos minutos en algún puesto de comida al paso de los alrededores. Allí, en el hall central del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, se destaca un local de comida rápida que es atendido por eficaces trabajadores con discapacidad. Se trata de Discapanch, una de las tantas empresas gastronómicas que hoy se encuentra en riesgo de cerrar sus persianas y mantener sus fuentes laborales, como consecuencia de los aumentos indiscriminados en los servicios y la suba en el contrato de alquiler.
Los costos
“El problema es no solo para Discapanch sino para todas las pymes. Aumentan los proveedores, los impuestos, los servicios y, en menor medida, los salarios. Y todo ese aumento en los gastos fijos no se puede trasladar a los productos que vendemos porque la gente tiene poco poder adquisitivo. Termina siendo una trampa sin salida”. Así lo asegura Saúl Macyszyn, dueño fundador de Discapanch.
Macyszyn denuncia que se ha multiplicado por cinco la tarifa de servicios que pagaba en las últimas facturas. “La boleta de luz registraba 2.000 pesos y ahora pago 11.000, lo mismo el gas y el agua. Aducen que el aumento se debe a que se trata de un local comercial. Pero pido que me acompañen en esta reflexión: esto es un comercio que está generando trabajo social, hay una función social de darle empleo a personas que seguramente han sido discriminadas en otros empleos. Esto no es un consumo de energía individual en mi casa”.
Macyszyn logró recibirse de Analista de Organización y Métodos, tarea de la que pudo trabajar varios años, hasta que el salto tecnológico redujo esa actividad que fue remplazada por la de analista de sistemas.
Por su parte, la concesión de los locales comerciales de las distintas estaciones de tren está a cargo de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), en la órbita del Ministerio de Transporte de la Nación. Actualmente, este organismo proyecta de convertir en hall de Retiro en un shopping. “Están sacando a los comercios chicos que no pueden convertirse en centros comerciales de categoría aumentándoles el alquiler entre un 37 y un 50 por ciento. Están previendo que el valor del alquiler debe contemplar este cambio de imagen, que va a demandar mayor marketing y que va a suponer mayor venta y consumo”, señala Macyszyn, también presidente de la Asociación Microemprendimientos Solidarios.
“Estamos dialogando antes de llegar a un conflicto judicial. Las fuentes de trabajo para personas con discapacidad están protegidas por dos leyes nacionales: la ley 26.378 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la ley 4.308, aprobadas internacionalmente ante la ONU. Por eso, busco un acuerdo para llegar a una modernización que mi empresa pueda pagar y mantener todas las fuentes de trabajo de mi empresa”, afirma.
Orígenes
Sobre la barra de la derecha hay una larga vitrina con cada nota periodística que hace referencia a la vida de Saúl Macyszyn. “Evita me salvó la vida cuando me accidenté a los 10 años. Un camión se había descontrolado, se subió a la vereda y me atropelló contra un alambrado, me produjo múltiples lesiones y discapacidades, como la amputación de un brazo, disminución de la vista y de la motricidad de las piernas. Evita conoció mi caso y la situación social de mis padres, que eran muy humildes, y le pidió al doctor Ricardo Finochietto que me atendiera, un adelantado en materia de cirugía en la Argentina”, rememora este hombre de mirada franca detrás de sus grandes lentes. “Estaba convaleciente y no podía caminar. Evita me regaló un trencito para estar entretenido y rodeado de amiguitos”, agrega con nostalgia.
“Nosotros no nos sentimos discapacitados, nos sentimos personas con capacidades diferentes» afirmaba Walter Gabriel Versaci.
Macyszyn se casó y tuvo tres hijos. En 2000 creó la Asociación Microemprendimietos Solidarios para colaborar en el bienestar de las personas con discapacidad, ofreciendo asesoramiento y capacitación gratuitos. Integró la Mesa de Diálogo en una comisión del Senado de la Nación sobre discapacidad como asesor honorario (sin remuneración), hasta que el organismo fue disuelto por la vicepresidenta Gabriela Michetti.
Macyszyn logró recibirse de Analista de Organización y Métodos, tarea de la que pudo trabajar varios años, hasta que el salto tecnológico redujo esa actividad que fue remplazada por la de analista de sistemas. Así, durante siete años, Saúl estuvo sin empleo fijo. En cada entrevista “era discriminado porque me faltaba un brazo”, dice mientras cubre su calva del frío de la estación con su boina negra. “De repente, me di cuenta que la única persona que podía darle empleo a Saúl Macysyn era Saúl Macysyn”, agrega con una sonrisa.
Así, en 1998, nació Discapanch como un modesto puesto de venta callejera de panchos, que estaba atendido por la familia Macysyn. Recién en 2001 Saúl pudo acceder, con el dinero de la venta de su casa, a la concesión de uno de los locales de la estación Retiro.
“‘Ahora voy a tomar personas con discapacidad’ -me dije. Voy a demostrarle a la sociedad que no tiene porqué discriminar. Si se les da una buena capacitación y una disposición ergonómica laboral adecuada -adecuar el lugar de trabajo y otorgar las herramientas para que la discapacidad no interfiera en la labor-, terminás teniendo un trabajador excelente”.
Cerca de un centenar de trabajadores han sido parte de las empresas de Macyszyn. Actualmente, Discapanch opera con 12 empleados, y diez de ellos son personas con discapacidad. El sueldo más bajo es de 13 mil pesos, según informa Macyszyn, quien por su parte se opone a la quita de subsidio para los discapacitados que han conseguido empleo formal.
Los trabajadores
Entre quienes trabajan en Discapanch se encuentra Walter Gabriel Versaci, de 41 años. Trabaja hace siete años como cajero. Está a cargo de un hijo de 13 y de sus ancianos padres. Versaci, que nació con hemiplejía congénita, recuerda: “Trabajaba de modo informal en otro local de comida y también hacía changas para sobrevivir”. Y aclara: “Nosotros no nos sentimos discapacitados, nos sentimos personas con capacidades diferentes. Nos da bronca e impotencia que este lugar pueda cerrar. Toda empresa tiene que tener como mínimo un cinco por ciento de personas con discapacidad entre su personal y eso se cumple en pocos lados”.
Guillermo Martín Aguirre tiene 41 y es otro de los empleados que está defendiendo su fuente de trabajo. Cumple funciones como cajero hace siete años y tiene dos hijos. “Trabajé en un maxikiosko, hacía changas y en la mayoría de los lugares donde fui a pedir empleo me cerraban la puerta apenas me veían”, asevera Aguirre y explica su estado: “Tengo un problema de nacimiento en la muñeca, pero eso no me impide ejercer funciones porque tengo mucha movilidad. Me manejo muy bien y soy muy eficaz. Acá en Discapanch me pude desarrollar y ayudar a mi familia y me siento bastante bien con eso”.
En tanto, Guillermo Claudio Molina nació con focomelia, una enfermedad que le produjo una malformación en los brazos. Tiene 31 años, una nena de 11 y un nene de 5. Entró a trabajar en la panchería en diciembre de 2014 como ayudante de cocina. “Fui ayudante de albañilería, de pinturería, fui vendedor ambulante, fui parte de la Lotería Solidaria también”, dice y agrega: “No sufrí discriminación de modo directo, pero se sabe que por atrás existe y que no te llaman porque ya te juzgaron como una persona que no va a poder con la tarea que se le mande o que no va a dar con la presencia que demanda una empresa. Directamente te niegan la posibilidad de demostrar que sí podés y con eso te niegan también la integración social”.
El joven Maximiliano Escobar tiene 21 años y hace seis meses consiguió su primer empleo como ayudante de cocina. Maximiliano perdió el 80 por ciento de su capacidad auditiva y aún así contribuye con la economía de su familia. Busca darle el mayor bienestar posible a su padre quien padece diabetes y está atravesando por un cáncer cerebral. “Un poco mi enfermedad me afecta para realizar ciertas tareas; por ejemplo, intenté estar en la barra atendiendo pero me pasa que no puedo reaccionar a tiempo frente a lo que me están pidiendo. Justamente porque no puedo escuchar. Pero acá Saúl y mis compañeros me tienen paciencia y me ayudan en todo lo que pueden”, manifiesta Maximiliano.
“Estaba convaleciente y no podía caminar. Evita me regaló un trencito para estar entretenido y rodeado de amiguitos” afirmaba Saúl Macyszyn.
El futuro
Desde que se desató el conflicto con SOFSE, Discapanch tuvo una serie de inspecciones por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de Control Bromatológico de los Alimentos y del Ministerio de Trabajo. “Siempre tuvimos inspecciones cada dos meses, pero de repente se desata este conflicto y surgieron un montón de inspecciones casi al mismo tiempo”, dice Macyszyn y añade: “No encontraron nada para sancionarnos, lo único que me dijeron es cambiar una mesada de madera por una de acero inoxidable, que me metió en un gasto más de 70.000 pesos para adecuarme a las exigencias de la inspección”.
Finalmente Macyszyn concluye: “Discapanch está trabajando en el límite de ser deficitario y en el mes de julio con el pago de aguinaldos Discapanch será deficitario. Así que ojalá este mensaje lo escuche Gabriela Michetti, que disolvió la Comisión de Discapacidad y lo escuche también el ministro de Trabajo Jorge Triaca y el de Transporte Guillermo Dietrich: todo gobierno debe otorgar una distinción a toda PYME que genere una función social, no solamente con la discapacidad sino con toda problemática social. No por recaudar más se puede descuidar la política social de un gobierno”.
Actualizada 26/07/2016
Jun 22, 2016 | inicio
Al igual que muchos otros sectores de la economía social, cooperativas de trabajo agrupadas en la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), la Federación Argentina de Cooperativas y Trabajadores Autogestionados (FACTA) y la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop), entre otras, reclaman desde hace varias semanas a los Ministerios de Energía y Minería y de Trabajo por los aumentos en las tarifas de energía eléctrica, agua y gas. Según los cooperativistas, estas medidas del gobierno nacional ponen en riesgo sus fuentes de trabajo.
“Nosotros no vamos a bajar la persiana, no le vamos a dar el gusto a nadie”, sostuvo con seguridad Julio César Fuque, presidente de la cooperativa textil Kbrones, que pagaba $800 de energía eléctrica y ahora la factura ronda entre $3.500 y $4000. Kbrones fue creada en 2009 en la Unidad Penal 12 de La Plata con el fin de permitir la reinserción laboral de ex convictos, a los que luego se sumaron personas liberadas de talleres clandestinos. Situada en el barrio porteño de Barracas, hoy la cooperativa produce ropa de trabajo y está compuesta por 24 asociados. Sin embargo, entre los aumentos de tarifas e insumos y la apertura de las importaciones los ingresos han disminuido y algunos integrantes decidieron buscar otras alternativas laborales. “Nosotros los entendemos. Estaban acostumbrados a llevarse un retiro muy bueno y ahora que bajó el trabajo tiene que ser equitativo y llevarnos una monedita cada uno a casa para poder pagar la olla. Hay otros compañeros que no están acostumbrados a eso”, se lamentó Fuque.
En el caso del Hotel Bauen, la factura de luz pasó de los 24 mil a los 100 mil pesos mensuales, mientras que la de agua era de 65 mil pesos bimestrales y ahora es de 218 mil. La factura de gas todavía no llegó. Federico Tonarelli, presidente de FACTA, dice que desde el Bauen se hicieron gestiones con los directivos de AySA y, de las dos boletas que tienen, van a pagar en cuotas sólo una, a la espera de que salga alguna resolución que revoque los aumentos. Tonarelli asegura que es imposible trasladar este aumento a los precios del servicio del hotel y que los ajustes que han hecho no afectan estructuralmente su situación. Una de las medidas que han tomado fue cerrar el espacio del segundo piso donde servían el desayuno a los huéspedes y atenderlos en el bar abierto al público que da a la avenida Callao.
Las cooperativas presentaron recursos de amparo. Sin embargo, Araceli Ferreyra, diputada nacional del Frente Para la Victoria (FPV-PJ), advierte que la presentación fragmentada de recursos es “jugar con fuego”. “Si el juez no ordena a la empresa prestataria que haga una nueva facturación, vos tenés la factura y si no pagás te cortan el servicio”, advirtió Ferreyra. Respecto a la gravedad de los aumentos, la diputada señaló: “Por primera vez, un tarifazo pone en crisis la situación de la economía. (…) Es la primera vez que los empresarios no pueden trasladar un aumento a los precios por la magnitud”. Ferreyra presentó un proyecto de ley que propone la derogación del esquema tarifario sancionado por el macrismo y que el Congreso establezca nuevos criterios para un aumento del costo de servicios.
Plácido Peñarrieta es impresor y hace 14 años trabaja en la cooperativa Artes Gráficas Chilavert, empresa recuperada y autogestionada desde 2002, ubicada en Pompeya. Peñarrieta aseguró que no se puede trasladar el aumento de tarifas y de insumos al producto:“Quedamos afuera del mercado”. En la cooperativa la factura de luz era de $3.000 y aumentó a $15.000. Con el fin de achicar gastos, tomaron diversas medidas: “Ya no prendemos la luz del galpón, literalmente estamos a media luz. Tampoco damos aumentos desde enero y tuvimos que achicar gastos de terceros, como remises y fletes. Intentamos hacerlo todo nosotros, en la medida de lo posible”. También han perdido clientes. “Esto nos achica la esperanza”, dijo Peñarrieta afligido.
Restaurant La Casona, Ciudad de Buenos Aires. Foto: Archivo ANCCOM
Para Tonarelli, es fundamental no hablar de “tarifas sociales” porque algunas cooperativas como Bauen, Cerámicas FaSinPat (ex Zanón) o la Gráfica Patricios son empresas muy grandes y quedarían por fuera de ese criterio. “Lo que hay que hacer es decir que va a haber una tarifa diferencial para la industria, que muchísimas veces tiene a cooperativas de trabajo como parte del conjunto. Algunas empresas, como Zanón, son muy grandes y superan la categoría de PyMES por la cantidad de trabajadores y niveles de facturación. Entonces es imposible pensar en una tarifa social para una empresa que gasta lo que gasta Zanón en gas, por ejemplo”. Y agregó: “Lo que hay que hacer es retrotraer todo y buscar porcentajes de aumento que sean racionales y que las empresas estén en condiciones de afrontar”.
A nivel nacional se han presentado dos proyectos que pretenden resolver específicamente el problema de la suba de tarifas para las cooperativas. Por un lado, el de Myriam Bregman, diputada nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), propone que las cooperativas de trabajadores de fábricas o empresas recuperadas no paguen los servicios públicos por un plazo de dos años. Por su parte, Héctor Recalde, jefe del bloque de diputados del FPV-PJ, presentó otro proyecto en el que se propone establecer “tarifas diferenciales” para las cooperativas y empresas recuperadas.
Actualización 21/06/2016
Abr 27, 2016 | destacadas
En solo cuatro meses de gestión de la alianza Cambiemos, un viejo y conocido fantasma volvió a ocupar el centro de las preocupaciones de hombres y mujeres: la pérdida del empleo y el consecuente aumento de la desocupación.
Los despidos masivos arrancaron en diciembre pasado con el declarado objetivo de “modernizar” el Estado. Más de 35.000 empleados públicos fueron cesanteados, muchos de ellos acusados sin pruebas de “ñoquis” o perseguidos por su militancia política. Los trabajadores del sector privado fueron, en paralelo, víctimas de la misma práctica. El panorama recesivo de la economía argentina encendió la alarma de empresarios y sindicalistas y motorizó ese ajuste laboral.
Los despidos registrados en el sector privado durante este primer trimestre superan los 80.000 trabajadores, según sostienen los informes realizados por distintos gremios y consultoras privadas, consultadas por ANCCOM ante la falta de información oficial.
Desde su asunción, Mauricio Macri prometió “normalizar” el funcionamiento del cuestionado Instituto de Estadística y Censos (INDEC), pero su gestión todavía no brindó registros sobre la desocupación que se generó a partir de los despidos realizados de diciembre a esta parte.
Abrazo al Ministerio de Trabajo.
El último relevamiento realizado por el INDEC durante el tercer trimestre del 2015, evidencia que las sucesivas administraciones de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2011 y 2011-2015) habían logrado que el desempleo llegara a uno de los niveles más bajos de las últimas décadas, un 5,9 %.
Ante la paralización del INDEC, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) liderada por el sindicalista Pablo Michelli realizó un relevamiento a través de su Observatorio Social. El estudio registró un total de 68.563 despidos, entre el 1 de diciembre y el 4 de marzo, de los cuales unos 30.936 se produjeron en el sector privado.
“Las tensiones que el mercado de trabajo venía presentando en los últimos años se exacerbaron en pocas semanas, y desde entonces hemos asistido a un shock de despidos liderado por el sector público, sin que por ello las empresas del sector privado se hayan quedado detrás”, sostiene el último documento publicado por el Observatorio Social.
El informe aclara que se trata de un “relevamiento de mínima”, ya que no incluye “aquellas denuncias que fueron realizadas por dirigentes sindicales en términos generales”.
La industria de la construcción figura entre los rubros más perjudicados por los despidos. Los representantes sindicales de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) denunciaron la pérdida de entre 25.000 y 30.000 puestos de trabajo desde la llegada de Cambiemos al poder.
Además, desde la UOCRA advirtieron que en el sector privado las grandes empresas utilizaron la actual coyuntura “para impulsar suspensiones colectivas”, una medida que “posee efectos disciplinadores sobre el conjunto de los trabajadores”. Las suspensiones “se han concentrado en la industria petrolera, la automotriz, la autopartista y la siderurgia”, agregaron fuentes del sector.
Informes realizados por la consultora privada Tendencias Económicas y por el Centro de Economía Política (CEPA) a los que tuvo acceso ANCCOM completan el cuadro del empleo argentino con un duro diagnóstico. Según Tendencias Económicas, los despidos en el primer bimestre de este año llegaron a unos 107.000, relevados a partir de las denuncias realizadas por los gremios a nivel nacional.
El informe indica que en enero se registraron alrededor de 41.921 despidos, cuya mitad se sucedieron el ámbito privado, siendo los sectores de la construcción, gastronómicos, textiles e indumentarios, los más perjudicados.
Con respecto al mes de febrero, se registraron 65.799 personas despedidas, un 72% de aumento con respecto al mismo mes de 2015, según la consultora.
Del total, alrededor de 55.800 pertenecieron al sector privado, sobre todo en la construcción y en otras actividades, como autopartes, petróleo, comercio y minería.
En tanto, el informe publicado por CEPA, indica que el empleo, público y privado, expone “una tendencia a la contracción”. El relevamiento arrojó un total de 141.542 despidos entre enero y marzo de este año. Alrededor de 80.446 cesantías correspondieron al sector privado y el mayor perjudicado resultó ser el sector de la construcción, un 71,88%, siguiéndole el sector industrial con un 23,40% y por último, el sector servicios, con un 4,72%. Según el estudio, la mayor cantidad de despidos se dio “en los empleos de menor calificación o que más precarización sufren”.
Ante este panorama, el reclamo de las centrales obreras ante diputados y senadores, se plasmó en un proyecto de ley que declara la “Emergencia Pública en Materia Ocupacional” que aún no se discutió en el Congreso, pero que ya ha generado críticas del oficialismo y de representantes empresariales de la Pequeña y Mediana Empresa (PyMEs).
En un comunicado, representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reconocieron que “más 120.000 despidos han provocado una fundamentada preocupación de senadores y diputados de la Nación que obliga a buscar alternativas para detener ese flagelo en el sector público y privado”.
Pero que “hay que dimensionar” ya que en el sector privado, y especialmente en PyMEs, esa situación ocurre “por la caída en los niveles de producción provocada por la retracción en la demanda de consumo, por la casi nula demanda de inversión, por las aceleración de la inflación y por las altísimas tasas de interés del mercado”, sostiene el documento.
El proyecto de ley tiene por objetivo evitar que se continúe despidiendo, por lo que propone que se “congelen” hasta el 2017 los empleos del sector público y privado y se apela nuevamente, como lo fue en el 2002, a la figura de la “doble indemnización”, el punto más criticado por el gobierno como por los empresarios.
Desde CAME sostienen que ante la difícil coyuntura económica que atraviesa el país, implementar “la doble indemnización crearía niveles de conflictividad alarmantes para las PYMES, especialmente en las más pequeñas, que llevarían al cierre definitivo de muchas de ellas”.
El oficialismo ya expresó su rotundo rechazo al proyecto de ley. El presidente Mauricio Macri, en varias declaraciones públicas, indicó que esta iniciativa, en caso de aprobarse, no generará “más empleo” sino que “destruirá fuentes de trabajo”. Y prometió vetarla en caso que, finalmente, el Congreso avance con su debate y aprobación.
Con la unificación de la Confederación General del Trabajo en proceso y el llamado a una movilización para el próximo 29 de abril, en donde participarán todos los sectores gremiales, el gobierno de Macri afronta un contexto socio económico conflictivo, al cual deberá dar respuestas inmediatas si su deseo es retomar las sendas del crecimiento económico y la gobernabilidad.
Festival No Al Vaciamiento del Grupo 23. Parque Centenario. 31 de enero de 2016.
En los medios
La ola de despidos masivos afectó a numerosos sectores y los trabajadores de los medios de comunicación no quedaron exentos. Desde diciembre, se ha registrado el despido de más de 200 periodistas de numerosos medios, siendo el caso más grave y emblemático el caso del grupo Veintitres perteneciente a los empresarios Sergio Spolzky y Matías Gardfunkel, con la cesantía de 136 trabajadores del canal televisivo CN23 y el vaciamiento económico del Diario Tiempo Argentino -hoy autogestionado por sus trabajadores en una cooperativa- y Radio América.
También fueron despedidos doce periodistas del grupo Crónica, cuyos dueños son los hermanos Olmos, treinta trabajadores del centenario diario La Nación, doce del diario platense Diagonales, cinco del grupo Octubre, Cinco en Radio Continental y ocho en Radio San Martín, según lo relevado por observatorio de la CTA Autónoma.
A lo que se le suma, la complicada y delicada situación del canal 360TV, cuyos trabajadores llevan adelante una huelga por salarios adeudados.
Actualizada 27/04/2016
Abr 19, 2016 | inicio
Más de 140 trabajadores de distintas sucursales de la empresa Nextel han sido despedidos por la empresa en lo que va de 2016. En tanto, delegados de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA) denunciaron que la firma incumple la conciliación obligatoria, dictaminada el 31 de marzo por el Ministerio de Trabajo de la Nación, al trabar la reincorporación de los trabajadores desvinculados.
Andrea Espíndola representa a los empleados del edificio que Nextel posee en Paseo Colón 523, en la Ciudad de Buenos Aires. En diálogo con ANCCOM revela: “La empresa se niega a cumplir las disposiciones de la conciliación que dictó el Ministerio de Trabajo, que incluye retrotraer la situación al estado anterior a los despidos, con la toma de servicio en cada lugar de trabajo”. Asimismo, la delegada de Foetra agrega: “A los compañeros se les está negando, con personal de seguridad y vallado policial mediante, la entrada a los edificios correspondientes”.
Otro de los delegados de la sede de Paseo Colón, Sebastián Gutiérrez, informa que la cifra total de despedidos supera las 140 pero todavía es incierta debido a que aún “no están contabilizados todos los compañeros. El viernes 8 de abril supimos que despidieron a dos trabajadores más, y así puede haber muchos más que no se nos acercaron”. Gutiérrez puntualiza: “Fueron cesanteados algunos rangos altos y medios y trabajadores de casi todas las áreas: del sector de Ventas, de Crédito, que atraía nuevos clientes, gente de Call Center, de Marketing y Publicidad, de Servicio Técnico, entre otras. No solo en Buenos Aires sino que también en Mendoza y especialmente en Rosario, donde se desmanteló casi una sucursal entera”.
El delegado conoce la experiencia de luchar por la fuente laboral, ya que fue reincorporado en 2014 tras haber sido despedido por la compañía ese mismo año. “Hasta febrero teníamos contabilizados 71 personas despedidas; supervisores, gerentes, gente dentro del convenio y fuera del convenio. En marzo se agregaron más despidos, el gerente de Recursos Humanos Gerardo Brizuela, por ejemplo. El lunes 28 de marzo la empresa desvinculó a 21 personas que no estaban en el convenio”, señala el representante gremial.
Gutiérrez cuenta que 250 compañeros se manifestaron en la sede de Paseo Colón el miércoles 30 de marzo ante el incumplimiento por parte de los mandos de Nextel/Cablevisión de la conciliación obligatoria. “En presencia de un montón de policías nos manifestamos apoyando a los compañeros. De Paseo Colón nos fuimos hasta la central en Puerto Madero. Esa misma tarde despidieron a dos compañeros más, que habían sido reincorporados en 2014, y a los que habíamos logrado defenderles sus derechos. Los despidieron directamente, como si dijesen ‘te toco a los que parecían intocables’. Y esa misma noche también a otros compañeros les informaron que estaban desvinculados. Lo cual asumimos casi como un mensaje mafioso, como una medida de disciplinamiento por parte de la empresa”, remarca.
En tanto, Espíndola señala que muchos despidos fueron comunicados mediante llamados telefónicos. ”Los supervisores les avisaban a los compañeros por celular que no se presenten a trabajar, porque tenían que esperar la carta documento a su domicilio con la formalización del despido”, indicó la delegada. Los trabajadores decidieron apagar los celulares para evitar los despidos. “Decidimos que seguiríamos yendo a trabajar, pero en Paseo Colón el personal de seguridad del edificio nos pedía la credencial y el nombre, y si estábamos en una lista nos impedía el ingreso. Así, más de 50 compañeros fueron desvinculados el día jueves 31 de marzo”.
Por su parte, el pasado jueves 7, más de 2600 trabajadores y trabajadoras del sector telefónico se reunieron en Plaza de Mayo para marchar en señal de repudio a los despidos a la central que Nextel posee en Olga Cossettini 360, en el margen del Dique 4 de Puerto Madero, Capital Federal.
Durante las manifestaciones por los despidos se llevó a cabo un operativo de seguridad policial desproporcionado, según comentaron los delegados de Foetra y los trabajadores echados. La mayoría de los empleados despedidos tenían una antigüedad de entre ocho y nueve años en la compañía; e incluso hay algunos casos de un vínculo de 18 años, es decir, que están presentes desde que la empresa se asentó en la Argentina en 1998. Estos despidos se iniciaron a partir de que la cableoperadora Cablevisión Fibertel y su subsidiaria Televisión Dirigida, perteneciente al Grupo Clarín, compraran la totalidad de las acciones de la firma Nextel, a fines de enero pasado.
Santiago Callone es uno de los desempleados que cumplía funciones en el sector Créditos de Nextel/Cablevisión. “Me despidieron de una forma fea y poca ética: por teléfono. Hubiera querido que fuera cara a cara. Nos tiraron las cajas con nuestras pertenencias a la calle. Por eso, no volvería nunca más a trabajar en una empresa como Nextel”, comentó Callone, quien se desempeñaba en la empresa hace diez años.
Según recuerda el trabajador despedido, el conflicto de los empleados de Nextel/Cablevisión se remonta a 2014: “El 25 de febrero de ese año fueron echadas 150 personas. Después de esto hubo persecuciones a los trabajadores. También hubo problemas cuando nos sindicalizamos en FOETRA, antes estábamos por el Sindicato de Empleados de Comercio. Entonces, la empresa como que nos metió adentro de una grieta a nosotros mismos, porque nos terminamos dividiendo en empleados por sindicato, que es la minoría, y los empleados por fuera del convenio, que es la mayoría, y están más desprotegidos en cuanto a derechos laborales”.
Además, agregó su opinión sobre el rumbo que está tomando el Grupo Clarín desde que adquirió la totalidad de las acciones de la firma: “Lo que están haciendo es un vaciamiento de la empresa. Cablevisión/Grupo Clarín compró también Telecom/Personal y se quiere quedar solo con esta. Nextel es un piojo al lado de Personal. Si llegan a reincorporan es para volver a echar, que es lo que ya ha pasado”.
Otro de los desvinculados es Edgardo, quien integraba el sector de Ventas hace seis años. “Desde que el Grupo Clarín tomó las riendas la empresa está en un proceso de achicamiento de todo su plantel. Ni pensó en un plan alternativo más que usar a sus empleados como medida de ajuste”. Por su parte, Valeria, quien cumplía funciones en Atención Telefónica hace más de nueve años declaró: “Fui echada el 30 de marzo junto a 30 compañeros del mismo sector, bajo el pretexto de una reestructuración por parte de la empresa. Pero hay que decir que la empresa hoy se encuentra en plena expansión de crecimiento amplio del negocio, con lo cual entiendo que no hay justificación que amerite estos despidos que se vienen dando”.
Por otra parte, los trabajadores son conscientes de la escasa cobertura mediática del conflicto. “Lo que está pasando en Nextel está invisibilizado porque la empresa hoy pertenece Cablevisión que es el Grupo Clarín, el multimedios más grande del país. Entiendo que ellos no van a mostrar un conflicto que tienen dentro de su propia empresa. Sería más democrático y plural que sí lo hagan”, afirmó el delegado de FOETRA Gutiérrez.
En tanto, la delegada Espíndola agregó: “Esto no solamente afecta a los desempleados de Nextel sino que es parte de lo que sucede a nivel nacional. Ha habido a lo largo de estos cuatro meses más de 100 mil despidos, y no sale en ningún lado. Por eso apelamos a difundirlos en las redes sociales, con una buena repercusión”.
A fin de seguir promoviendo el conflicto, los trabajadores de Nextel/Cablevisión crearon en la web una petición por la reincorporación de los compañeros desvinculados este año.
Actualizado 19/04/2016
