“La situación en San Juan es bastante grave», cuenta Eliana Laredo, vecina de Jáchal e integrante de la asamblea Salvemos Huachi.»Ya es de público conocimiento que tenemos un megaproyecto minero desde el 2000 que es Veladero de Barrick Gold. Por distintas situaciones, en el 2015 nos levantamos como pueblo y surgió la idea de crear una asamblea. No tardamos mucho en conformarla porque en septiembre de ese mismo año ocurrió el derrame en Veladero. Y a pesar de las luchas en la justicia, en lo social, aquí seguimos luchando en la calle y concientizando”, cuenta la militante sanjuanina.
Hace aproximadamente tres años, un grupo de jóvenes creó Salvemos Huachi con el objetivo de llevar adelante una campaña social en el pueblo, concientizando principalmente a las juventudes y complementando el trabajo que venía haciendo la Asamblea Jáchal No se toca. Conformada en febrero de 2015, la Asamblea convocó a la comunidad movilizada debido a las actividades de exploración minera en La Ciénaga para la explotación de uranio, área natural protegida por su valor geológico y arqueológico, ubicada a 16 kilómetros del centro de San José de Jáchal, ciudad cabecera del departamento homónimo.
“Con Salvemos Huachi vamos a las escuelas, damos charlas. Antes de la pandemia hacíamos actividades en la plaza, todos los domingos pasábamos proyecciones. También hacemos marchas, notas, juntamos firmas para apoyar a nivel judicial lo que hace la Asamblea pero nuestro foco es más la concientización con distintas actividades en forma personal y a través de las redes sociales para visibilizar todo lo que está pasando acá. A la crisis ambiental se suma la crisis hídrica, “no tenemos una gota de agua”, dice Laredo. “Acá ya hay cortes, a los productores se les han disminuido los días de riego e incluso les han advertido que siembren menos para el año que viene porque va a haber menos agua”. Desde hace varios años distintos sectores y distritos cortan las rutas porque sufren la falta de este recurso primordial para la vida cotidiana y las actividades productivas de la zona, durante días, semanas y hasta un mes entero.
Al mismo tiempo que sigue funcionando Veladero -ya que se extendió su vida útil por al menos 10 años– se gestiona un nuevo megaproyecto de cobre, plata y oro tres veces más grande llamado José María de la empresa Lundin Gold. Ubicado en la cordillera al noroeste de San Juan en el departamento de Iglesia –entre los 3.700 y 5.300 metros sobre el nivel del mar- usaría en promedio 550 litros de agua por segundo y podría afectar su calidad, según figura en los informes de impacto ambiental. Este plan de mina a cielo abierto comenzó a explorar y perforar el área en 2003, y para su explotación, utilizaría el agua de las napas subterráneas.
“Las napas alimentan las únicas cuencas que tenemos acá y la mayoría de los distritos nos alimentamos de pozos de agua porque el agua del río Jáchal, desde lo de Veladero, no se puede consumir más”, dice Laredo. Ante el temor de la comunidad por el panorama ambiental que pronostica José María, han estado elevando notas y denuncias al Ministerio de Minería, al Consejo Consultivo Minero y al Ministerio de Ambiente de la Nación.
Además, por emplazarse dentro del ambiente periglaciar, en la Reserva de Biósfera San Guillermo, la provincia estaría incumpliendo con la Ley Nacional de Glaciaresque prohíbe la actividad minera sobre estas reservas de agua dulce que alimentan las cuencas de San Juan. A su vez, hay un conflicto latente con La Riojaque reclama regalías debido al impacto ambiental que producirá en su territorio y a que hoy se accede a la mina a través de esa provincia, entre otras razones.
Veladero, mina de Oro a cielo abierto, ubicada en la provincia de San Juan.
Sin diálogo
Los vecinos y vecinas de Jáchal no mantienen un diálogo formal con el gobierno provincial ni tampoco fueron convocados a una instancia participativa respecto a este nuevo proyecto ya que la licencia social se limita a la población de Iglesia. Sin embargo, Jáchal se vería afectado ya que las cuencas hídricas alimentan ambos departamentos. Por el momento, sólo hubo reuniones de funcionarios de gobierno, concejales del departamento y proveedores con representantes de la empresa, a puertas cerradas, en busca de apoyo local. Laredo recuerda la llegada de CEOs para dar charlas en el municipio: “Les pasan un listado diciendo que firmen con nombre y DNI, una planilla común como para justificar que ha ido gente a la reunión y esa es la licencia social, pasó con Veladero. Ahora como saben que ya estamos advertidos y en pie de lucha, en el departamento no apareció nadie”.
Salvemos Huachi lleva ese nombre porque en el año 2018 quisieron instalar una minera en la zona aledaña al pozo que alimenta a toda la población de Jáchal y que toma agua del acuífero Pampa del Chañar. “A la gente no le gustó nada cuando se enteraron que la mina quería asentarse en Huachi, saben que es nuestra única fuente de agua. Sobre el río ya están resignados que está muerto pero tocar el acuífero era matarnos. La gente tomó conciencia y salimos todos. Cuando vieron a la gente en la calle el proyecto quedó en pausa. Y seguimos controlando porque no se dio de baja, no nos hemos quedado tranquilos. Tenemos contacto con vaqueanos y pobladores porque el lugar no está tan lejos pero no es fácil el acceso, y cuando podemos, vamos para ver si hay algún movimiento. Es más, hay una obra, un puente en el medio de la nada que es el paso de las maquinarias de la empresa para Huachi”, cuenta Laredo.
Hoy están latentes más de 180 proyectos mineros de una escala menor en toda la provincia aunque la mayoría se encuentra dentro de Jáchal, Iglesia y Calingasta. “Cuando nos enteramos de un proyecto ya tienen aprobada la prospección, exploración, ya hicieron todo”, dice Laredo. Tanto el gobierno departamental como provincial tienen una postura prominera, alineada con los gobiernos nacionales que han favorecido a estas empresas, por ejemplo, estableciendo un tope de regalías y eliminando las retenciones a las exportaciones mineras durante dos años en la gestión de Mauricio Macri o reduciéndolas de manera arbitraria.
“Ellos insisten que con la minería vamos a salir y va a haber desarrollo, trabajo, un montón de cosas pero nos están exponiendo a todos”, afirma Laredo. Las autoridades se escudan en rever las condiciones para el nuevo megaproyecto como el cobro de más impuestos y la mitigación de los efectos ambientales, e incluso proponen que la empresa provea de pozos de agua y del sistema de riego por goteo a los productores y la población en general.
“La gente pasa semanas sin agua y el gobierno no da solución alguna, largan el agua por unos días y le cortan a otro sector, y así. Muchas veces hemos tratado de entablar un diálogo para que se nos tenga en cuenta, no para mediar ni consensuar. Ellos quieren que nosotros tengamos un diálogo para que aceptemos la minería con controles pero no hay un punto medio lamentablemente. Sabemos que los controles no existen y que estamos en un contexto de emergencia hídrica en un pueblo precordillerano semidesértico donde el agua siempre ha sido escaza. Qué casualidad que después de 15 años de megaminería nosotros estamos sin agua”, sostiene la ambientalista jachallera.
¿Cómo se vinculan las empresas mineras con la comunidad? Desde Salvemos Huachi cuentan que su esfuerzo a veces se ve afectado por los recursos que manejan: “Siempre se han involucrado pero a la gente igualmente no le gusta. Desembolsan mucha plata con las instituciones deportivas, con las escuelas, con salones, iglesias, lo que te imagines. Aparte de eso, el gobierno se encarga de hacerles el lobby: aunque no sea con plata de la minería ellos pusieron un foco o asfaltaron una calle y te dicen que lo hicieron con las regalías mineras”, cuenta Laredo.
A lo largo de la provincia, los proyectos mineros son innumerables pero el pueblo está activo y movilizado, defendiendo sus recursos desde las asambleas como lo hicieron y lo hacen en Chubut, Mendoza y Catamarca, territorios que tampoco le dieron licencia social a esta industria.
En defensa «de»
El Colectivo Crisis Socioambiental y Despojo del Instituto Tricontinental de Investigación Social, formado por José Seoane, Viviana García y Patricio Vértiz, describe en su Cuaderno N° 4un nuevo ciclo de luchas contra la megaminería. En él escribieron las organizaciones sociales y militantes populares de estas provincias que resisten para transformar las distintas realidades de las comunidades que habitan.
Para Patricia Collado, socióloga de la UNCuyo e investigadora del CONICET, el objetivo de estas experiencias “trasciende la lucha en ‘contra de’ para proponer ‘la defensa de’ una forma de desarrollo de la comunidad que no empeñe en el presente o el futuro la forma de vivir que los caracteriza”. ANCCOM habló con José Seoane, Sociólogo y Doctor en Ciencias Sociales, sobre estas historias recientes. ¿Es posible un modelo alternativo a la narrativa del desarrollo que pone en riesgo la vida? ¿Luchar sirve?
¿Por qué teniendo tanta información y evidencias de lo que genera el extractivismo minero los gobiernos continúan avalándolo?
Tenemos que tener en cuenta que estamos ante corporaciones mineras transnacionales de gran porte que manejan grandes finanzas, que obtienen grandes ganancias de la explotación megaminera en los territorios, incluso producto de los beneficios fiscales sancionados en la Argentina y a nivel provincial. Esos grandes actores transnacionales tienen capacidad de influir y de incidir, e incluso a través de la corrupción, de comprar las representaciones políticas particularmente de los estados provinciales que, en términos de sus capacidades económicas y de gobierno, son ciertamente débiles frente a estas grandes corporaciones. Otra cuestión es la contribución a los recursos locales provinciales que pueden hacer este tipo de actividades económicas. De todas formas el balance es absolutamente negativo. Claramente en el caso de las provincias con más tradición minera, por ejemplo en Bajo de la Alumbrera, el primer gran proyecto megaminero de Argentina de esta fase neoliberal, los resultados en términos sociales son terribles. La provincia no deja de ser una de las más pobres, con un alto nivel de desempleo, con un alto porcentaje de la población debajo de la línea de la pobreza. O sea que el impacto social real en la vida de las poblaciones, en términos de los beneficios prometidos, está por demás ausente.
¿Cómo romper con la dicotomía ambiente–economía que limita el debate a la premisa de que sólo es posible una política de “desarrollo económico” extractivista?
Hay toda una narrativa que afirma la importancia de las actividades extractivas y de ciertos daños “colaterales” sobre el territorio, sobre el ambiente y la naturaleza, en razón del prometido desarrollo económico y social, que es totalmente falaz. Creo que ahí una de las rupturas y de la pérdida de credibilidad de estos discursos tiene que ver con la experiencia en los pueblos. En la medida que llevan adelante una experiencia de sufrimiento, también de frustración en relación con la ausencia de mejora social que implican estos emprendimientos, crece el cuestionamiento y estas falacias muestran toda su falsedad. Por eso las resistencias tan fuertes que están habiendo hoy en las provincias donde se quieren llevar adelante estos proyectos, donde en muchos casos ya ha habido experiencias de este tipo o ha habido grandes movilizaciones rechazando la minería como el caso de Catamarca. El enfrentamiento entre el desarrollo y lo ambiental es una construcción discursiva en una narrativa de los sectores dominantes. En la realidad e incluso en la práctica de estos movimientos, lo social y lo ambiental están profundamente articulados.
¿De qué manera se conectan estas historias de lucha en el país?
Hay un movimiento social que las articula. En 2001-2002 se inicia un primer gran ciclo de lucha en la Argentina contra estos proyectos megamineros con la resistencia en Esquel a la implantación de un emprendimiento de explotación de oro que tiene una victoria importante a través de un plebiscito que realiza la comunidad en rechazo. A partir de ahí se generalizan estas experiencias, incluso se construyen marcos de articulación regional y nacional. Fue el periodo de la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas. Ese primer período es el gran ciclo de lucha y de movilizaciones del 2003 al 2010, que incluso conquista leyes importantes como la Ley de Protección de los Glaciares o la Ley de Bosques. Incluso las leyes a nivel provincial, donde siete provincias conquistan regulaciones que prohíben o limitan la megaminería contaminante. Ese ciclo de luchas está retomándose ahora, a partir del 2019, en este nuevo contexto donde estos emprendimientos son empujados por los altos precios de los minerales en el mercado mundial. Lo que los lleva a volver o a poner más énfasis en el desarrollo de sus proyectos y en ese sentido reaparece este ciclo de las resistencias.
Cuál es el horizonte de estos movimientos sociales?
Me parece que uno de los desafíos es cómo poder articular estas protestas y resistencias de las comunidades y de las poblaciones que habitan los territorios donde se asientan los proyectos mineros, con las luchas, las resistencias y las poblaciones de los grandes centros urbanos, que también sufren el impacto de estas políticas que deterioran el ambiente. Cómo articular esta diversidad de luchas que están cuestionando un modelo de desarrollo que implica un deterioro ambiental y social. Por ejemplo en Chubut la resistencia es un movimiento que atraviesa toda la provincia y que articula una diversidad de sujetos, actores y organizaciones muy disímiles, desde las comunidades indígenas hasta los sindicatos de salud y de educación hasta los pobladores, los vecinos de las ciudades o las resistencias más locales. Son comunidades que se levantan no sólo por una preocupación abstracta respecto de la naturaleza o del ambiente sino que están resistiendo, están movilizándose y están llevando también propuestas. Están defendiendo su propia vida, sus propias condiciones de vida. No hay una cuestión ambiental separada de lo social en la emergencia de estos movimientos.
¿Cuál es el camino a trazar para que un modelo alternativo sea posible y se traduzca en la práctica?
Hay respuestas que están formuladas por los propios movimientos, las resistencias contra la megaminería tienen propuestas en sus territorios de desarrollos alternativos, de formas de gestión económica alternativa. En los grandes centros urbanos hay otro tipo de movimientos que hoy están también en el centro de la discusión, por ejemplo los relacionados con la economía popular. Particularmente aquellos de la agricultura familiar, de la pequeña producción agrícola, movimientos territoriales como el MTE [Movimiento de Trabajadores Excluidos] Rural y la Unión de Trabajadores de la Tierra, que vemos a diario en la escena pública y en las movilizaciones mostrando que hay otra forma de producir alimentos. Incluso para abastecer el consumo de las grandes ciudades, con una producción cooperativa, comunitaria y de carácter agroecológico. Con otra forma de distribuir y de acceder a los alimentos, a menos precio y con más calidad. Es decir, hay un montón de propuestas que podrían ponerse en marcha y que incluso en algunos casos se logran conquistas. Existe toda una variedad de iniciativas legislativas de políticas públicas que están siendo impulsadas por estos movimientos de carácter socio ambiental.
¿Qué dificultades atraviesan estas resistencias?
Aparecen las grandes corporaciones, financiando y apadrinando, vinculadas a los representantes políticos. Eso es una realidad que sucede en todas las provincias donde se llevan adelante estos emprendimientos pero también en otras partes. Las últimas semanas circuló mucha información sobre el peso del lobby que hacen las empresas en el parlamento para garantizar que proyectos como la Ley de humedales o la del etiquetado no prosperen. Estamos ante corporaciones muy poderosas, globales, que han salido victoriosas y gananciosas de todo este proceso de transformaciones neoliberales que lleva varias décadas. Que ha concentrado el dinero y el poder en pocas grandes corporaciones mundiales a despecho de las condiciones de vida de los pueblos. Hay toda una cuestión de poder, de política, que ciertamente es el nudo gordiano a resolver. Tienen una capacidad de influir sobre los gobiernos de forma legal, en el sentido de los aportes que estas actividades pueden hacer al fisco, pero también de forma ilegal, respecto a las contribuciones en el terreno de la corrupción, del bienestar privado que pueden asegurar. Hay lógicas muy perversas de cooptación mercantil de las representaciones políticas y la lógica de la impunidad que construyen estas grandes corporaciones internacionales parece asegurarles estar por fuera de los mecanismos de administración de la justicia.
¿Luchar sirve?
Las movilizaciones y la acción de las comunidades tienen logros: se sancionaron leyes, se pararon proyectos, se pueden conseguir cosas. Por otro lado, respecto del pasado me parece que en la actualidad hay una mayor conciencia social general en las provincias pero también en las grandes ciudades de la importancia de las cuestiones socioambientales. Se ha ganado en una conciencia más socioambiental y es más complejo justificar las destrucciones del territorio de las comunidades a nombre de un desarrollo económico que no se visualiza. Hay una mayor presencia incluso en términos de la opinión pública, de la agenda política y de la agenda mediática.
Con una provincia sumergida en una profunda crisis económica, social y política, en noviembre del 2020 el gobernador Mariano Arcioni, presentó ante Nación su plan productivo, el cual incluye un proyecto de rezonificación minera. La iniciativa fue vista, por gran parte del pueblo chubutense, como una provocación y reflotó la lucha anti minera que lleva sin descanso desde hace 18 años. En ese contexto, se produjo la visita del presidente Alberto Fernández a las localidades afectadas por los voraces incendios de la última semana. El primer mandatario recibió reclamos y agresiones de la población: “El problema minero debe resolverlo la provincia”, intentó desligarse.
EL conflicto por la megaminería chubutense lleva ya dos décadas. En el año 2002 la empresa canadiense Yamana Gold desembarcó en la ciudad de Esquel con un proyecto para la explotación de oro e intentó obtener licencia social para llevarlo adelante. “A la charla que dio la empresa, asistieron dos docentes de química de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y todo lo que escucharon no les cerraba por ningún lado. Empezaron a investigar cómo era el proceso de minería y le hicieron llegar esa información a la comunidad. Así se creó un gran movimiento social y político que es hoy No a la Mina” explica Silvia Borgia, vecina de Esquel e integrante activa de la organización.
“La población se empezó a informar y con una lucha muy sostenida se logró, en el año 2003, llamar a un plebiscito no vinculante, en el cual la gente tenía que decidir si quería o no el emprendimiento. El 81.4% de la población dijo que no. A partir de ese momento, la asamblea se sostuvo marchando los días 4 de cada mes. Este movimiento comenzó acá en Esquel y luego se extendió a toda la provincia”, agrega Borgia.
Producto de ese plebiscito, el gobierno provincial sancionó la Ley 5001 (en la actualidad ley 1768) que prohíbe la explotación metalífera a cielo abierto con el uso de cianuro y que, en su Artículo 2 estipula un plazo de 120 días desde la sanción de la ley, para presentar un proyecto de zonificación. “Es una ley rara y frágil porque propone en el primer artículo la prohibición y en el segundo abre la excepción. Eso nos tiene en vilo desde hace 18 años”, comenta Marina Richeri, asambleísta y docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de Puerto Madryn.
En 2002 nació el movimiento «No a la mina» en Chubut.
En este marco se conforma la UACCh (Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses), que en el 2013 redacta un proyecto de ley por iniciativa popular, una herramienta de la democracia semi directa contemplada por la Constitución de la provincia. “Entró en la Legislatura en el 2014 y lo presentamos nuevamente el año pasado. Prohíbe totalmente la minería metalífera en todas sus etapas, en todo el territorio sin excepciones y prohíbe el uso de cualquier sustancia tóxica. Lamentablemente tras un escándalo de corrupción, en el que un diputado fue descubierto mensajeándose con un empresario minero en plena sesión, se anuló el debate y volvimos a tener la misma ley frágil”, explica Richieri.
El proyecto de ley 128/20 del Ejecutivo provincial pretende declarar exceptuada la zona de la meseta chubutense, comprendida por los departamentos de Gastre y Telsen, y así establecer la explotación a cielo abierto de minerales metalíferos. Si bien se estipula mantener la prohibición del uso de cianuro durante todas las etapas del proceso minero, no esclarece que tecnologías y sustancias serían las habilitadas para extraer los minerales. Desde la UACch se denuncia la inconstitucionalidad, ya que el plazo de 120 días que dicta la Ley 5001 para la presentación del proyecto de zonificación está más que vencido.
Los argumentos expuestos en dicho proyecto, describen al área de la meseta como atrasada, improductiva y postergada, por lo cual el establecimiento de la actividad minera permitiría su desarrollo. “La población está conformada mayoritariamente por comunidades Mapuches – Tehuelches que viven, históricamente, del pastoreo de cabras y ovejas. Si bien esta el acuífero de Gastre Sacanana, el agua es un recurso escaso en la zona y nunca se ha tomado la decisión política de explotarlo. El abandono en relación a políticas productivas, sumado a la caída del valor de la lana y a un fuerte proceso de desertificación por falta de lluvias, hace que muchas de estas comunidades tengan problemas para alimentar a sus animales y cultivar sus huertas. A pesar de esto, quieren seguir con estas actividades y rechazan fuertemente la explotación minera” explica la historiadora Liliana Pérez, oriunda de Comodoro Rivadavia.
En esta sentido, Richieri dice que “hay una violación de los derechos humanos. El Artículo 169 de la Organización Internacional del trabajo (OIT), al cual nuestro país adhirió, dice que ante un proyecto en el cual los bienes comunes estén en peligro o sean utilizados, las comunidades aborígenes deben ser consultadas y ser partícipes del mismo. Esto nunca ocurrió y hay que denunciarlo. Por otra parte, se elaboró sin consultar a ninguna entidad científica reconocida local”.
Al respecto, el CONICET-CENPAT elaboró un documento en el que refleja su preocupación respecto al tema, y solicita el retiro del proyecto de su tratamiento legislativo. A su vez, explica que gran parte de la comunidad científica de Chubut declinó la invitación de Arcioni a participar de la mesa de trabajo sobre un proyecto que ya estaba hecho. “Nuestra institución recomienda debates abiertos, donde la exposición de los resultados de estudios e investigaciones que aportan al desarrollo productivo de la provincia sean parte de un proceso participativo. No hay debate sin espacios de reflexión, aporte técnico y comunitario para la diversificación productiva”, sentencia el informe.
El proyecto presentado por la UACCh nunca se trató, después que se interrumpiera una sesión legislativa tras el escándalo desatado tras descubrirse a un diputado intercambiando mensajes con un empresario minero.
Por su parte, una veintena de entidades avaló la actividad minera en la provincia a través de un informe técnico, el cual afirma ser un aporte para enriquecer el debate. Una de estas entidades es la Asociación Sindical del Personal Jerárquico Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN). “Quisimos dar nuestra visión profesional de la actividad minera. Desde luego que todo informe en este rubro tiene que tener una base científica y un balance objetivo de la situación” declaró Marcelo Mena, secretario general de la institución.
“La idea es que podamos permitir el desarrollo de las comunidades creando cooperativas, emprendimientos y que la minería solo sea el motor de arranque. A eso es a lo que apuntamos y el motivo por el que firmamos este informe”, explicó Mena y continúo “es muy importante el rol que cumple la posición anti minera en defensa del medio ambiente y del agua. Tienen que estar dentro de los controles y ser parte de la cadena de custodia de esas muestras. Nosotros queremos una industria que sea una casa de cristal, para que toda la sociedad sepa exactamente lo que está pasando”.
De aprobarse la zonificación, la compañía canadiense Pan American Silver (ya instalada en Gastre) podría llevar adelante su proyecto Navidad, que prevé la explotación por un mínimo de 18 años de un yacimiento de plata, considerado uno de los más grandes del mundo.
En esta coyuntura, surgieron sospechas respecto a posibles intereses mineros detrás de los incendios simultáneos, ocurridos la semana pasada en siete localidades cordilleranas de la provincia. Más de 200 familias se quedaron sin vivienda y perdieron todo. La presencia del gobernador y del presidente Alberto Fernández para solidarizarse con los damnificados, colisionó con las protestas anti mineras y agresiones, por parte de algunos manifestantes, al vehículo que trasladaba a los mandatarios. Según las organizaciones ambientalistas, se trata de infiltrados. En este marco, el proyecto de rezonificación sería tratado en lLegislatura este martes 16 de marzo. Desde las asambleas que claman “No a la mina”se anunciaron para ese día manifestaciones en toda la provincia y en la puerta de la casa de la provincia de Chubut en CABA.
Las movilizaciones en contra de los proyectos mineros en Chubut trascendieron las fronteras provinciales y se multiplicaron en varios lugares del país. Ayer se realizaron manifestaciones, además de en la propia provincia, en Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Jujuy, San Juan y Río Negro. Los manifestantes reiteraron su rechazo a la megaminería a cielo abierto que contamina con cianuro el agua potable que consumen los ciudadanos patagónicos.
Las manifestaciones en contra de los proyectos mineros se llevaron a cabo en diferentes provincias del país.
Un grupo de intendentes provinciales elaboró esta semana un proyecto de zonificación para habilitar zonas explotables que intentarán llevar al Parlamento provincial. Según los expertos, esta zonificación viola la Ley 5001. El principal argumento que esgrimen los gobiernos nacional, provincial y municipales, es la delicada situación económica que atraviesa la provincia; los funcionarios expresan que la crisis podría ser superada con la instalación de estos emprendimientos mineros. ANCCOM dialogó con Santiago Igón, diputado por Chubut del bloque del FpV e integrante de la Comisión de Minería de la Cámara, con Eduardo Barcesat, jurista especializado en medio ambiente y derechos humanos, y con chubutenses que participaron de la movilización de ayer en Capital Federal.
Pablo Ceballos, miembro de la Asamblea del No a la Mina de la ciudad de Puerto Madryn, explicó sobre el conflicto en la marcha que se realizó ayer en Plaza Congreso: “Me parece muy importante que el reclamo se empiece a hacer en diferentes puntos del país. En Chubut se hace en casi todas las ciudades, somos una provincia que tiene mucha conciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente, pero es fundamental que eso se pueda reproducir para que otros conozcan cual es la problemática que está viviendo hoy nuestra provincia”. Por su parte, Paula Carrizo, una de las organizadoras de la protesta en Buenos Aires y miembro de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel, expresó que “la situación política de la provincia es muy compleja, hay problemas económicos y sociales graves y quieren hacernos creer que todo se va a solucionar con la minería”.
En la misma línea, el diputado Igón expresó: “La provincia no está mal económica y financieramente porque no hay minería, lo que significa que tampoco va a estar mejor porque la haya, y mucho menos si uno lo entiende desde el punto de vista económico, porque las disposiciones que se establecen en las normas nacionales no hacen que en la provincia vaya a quedar plata por este tipo de extractivismo”. El legislador sostuvo que si los problemas económicos y financieros de la provincia son graves, lo son todavía más los problemas políticos. “No se puede medir la minería solamente como si fuese un tema de ingreso o egreso de dinero –argumentó-. Lo que hay que poner arriba de la mesa es el daño que puede provocar, no solo ambiental, sino también social. Dicen que si ingresa una cierta cantidad de dinero por la actividad minera la provincia va a poder pagar sueldos y pagarle a los acreedores, pero eso es una falacia, una gran mentira. La minería no va a solucionar esos problemas ni va a hacer que haya más obra pública”, agregó.
Uno de los grandes proyectos que se pretende instalar en Chubut es “Navidad”, a cargo desde 2010 de la empresa transnacional Pan American Silver, que consiste en la explotación minera -a cielo abierto- de plata, plomo y cobre. El Ministerio de Producción de Presidencia de la Nación lo presenta como “uno de los proyectos mineros más importantes del país, mediante el cual Argentina pasaría a ser el quinto productor mundial de plata”, y agrega que “se crearán 570 empleos directos” en la provincia. Explica también que “el Ministerio de Trabajo traerá soluciones integrales para empresas y emprendimientos” y que se formarán ciudades “en donde se fortalecerá el ecosistema emprendedor”.
Sin embargo, para lograr el desarrollo de este proyecto, la única vía es modificar la Ley provincial 5001, que prohíbe la actividad minera a cielo abierto con utilización de cianuro desde el año 2003. En línea con el gobierno nacional y provincial, que buscan fomentar la actividad minera, esta semana un grupo de ocho intendentes de la zona de la meseta chubutense armaron un proyecto que consiste en “zonificar” el territorio para definir áreas en las que se exceptuará la prohibición establecida en el Artículo 1º de la Ley 5001, acción que según la norma debía realizarse en el plazo de ciento veinte días corridos, a partir de la sanción de la misma. El objetivo de fondo es lograr la modificación de la ley para conseguir el ingreso de las mineras transnacionales.
La Ley provincial 5001 prohíbe la actividad minera a cielo abierto con utilización de cianuro desde el año 2003.
“Yo creo que estos proyectos se están impulsando desde el gobierno nacional. En febrero Aranguren visitó la provincia y el objetivo es instalar un proyecto que hace trizas la Ley 5001”, explicó Barcesat.
“El Gobierno nacional es coherente con sus políticas de entrega de las riquezas y recursos naturales contraviniendo la taxativa cláusula de los artículos 1º y 2º de los pactos internacionales de Naciones Unidas, que son parte de la ley suprema de la nación –agregó el jurista-. Sin consulta con el pueblo de la provincia y sin consulta de la legislatura local, el gobierno nacional impulsa estos proyectos con el pretexto de que, sin esto, la provincia no tiene fondos para atender a sus gastos ordinarios”. Barcesat aseguró que “esto es una falacia que lo único que pretende es beneficiar a las explotaciones de origen extranjero, lo cual significa un agravio para el pueblo de Chubut que se ha esforzado y obtuvo el 82% de votos en contra de la minería en un plebiscito de 2003, cerrando paso a estos proyectos que degradan el agua, la tierra y el aire”.
En cuanto a los problemas específicos que tiene la norma y el proyecto de los intendentes que pretenden modificarla, el jurista apuntó que, “personalmente después de examinar el tema jurídico, llegué a la conclusión de que la Ley 5001 tiene un artículo primero que es perfecto. Pero en el artículo segundo, inciso b, se introduce una excepción bajo invocación de que cuando se haga un plano zonal, se podrán establecer aquellas zonas en que se pueda exceptuar la prohibición establecida taxativamente en el artículo primero”. Barcesat consideró que, “como jurista creo que ese inciso b del artículo dos es un disparate y contradice abiertamente la prohibición total y taxativa que tiene la ley en su artículo primero”.
Por su parte, el diputado Igón opinó que la Ley 5001 es “completamente endeble”. “Se puede perforar por cualquier lado, solamente habla de megaminería a cielo abierto y no tiene en cuenta el riesgo que podría tener, por ejemplo, la mega minería a través de galerías, que es mucho más contaminante”, detalló. Para el legislador, se trata de una ley “obsoleta”, que “nos da un paraguas para defender una postura que tiene gran parte de Chubut, pero tiene fisuras. Creo que hay que reeditarla y hacerla mucho más dura, con más complicaciones para las mineras”.
El gobierno quiere modificar la Ley 5001 para conseguir que las mineras transnacionales ingresen al país.
La semana pasada Barcesat dio una charla debate en la universidad San Juan Bosco de Esquel acerca del “neoliberalismo y el deterioro de la institucionalidad en Argentina” y además se ofreció como asesor técnico y jurídico del movimiento anti minero. “He sugerido, en una asamblea realizada en la plaza de Esquel, promover una acción de amparo tendiente a declarar la inconstitucionalidad del Artículo 2º, inciso b, para suprimir la contradicción y mantener el principio fundamental de la ley que defiende el voluntad del pueblo de Esquel, que ha votado a favor del no a la megaminería. Como medida cautelar se debe suspender todo tratamiento de proyectos que pretendan sortear la prohibición taxativa del Artículo 1º de la Ley 5001”.
Más allá de la cuestión legal, Igón explicó otros factores que están permitiendo el avance la minería a pesar de la resistencia popular. “El problema central está en el lobby que llevan adelante funcionarios políticos y empresarios locales y nacionales para que esas empresas se instalen, es más fuerte el lobby que hacen muchísimas veces los dirigentes y funcionarios políticos que el lobby que ejerce la empresa para instalarse –contextualizó-. Debemos advertir estas cuestiones para tener en cuenta cuál es nuestro verdadero adversario”. En cuanto a la oposición a la minería Igón considera que no se trata sólo de una cuestión partidaria: “Dentro de Cambiemos hay gente que está a favor y gente que está en contra, dentro del FPV lo mismo”, dijo y luego subrayó que “hay que entender definitivamente que no es una cuestión político partidaria y que todos aquellos que hoy estamos en contra de que se instale la mega minería a cielo abierto tenemos que madurar, ponernos por encima de la situación y empezar a trazar lazos que hagan que la fuerza sea mayor a la hora de enfrentar a un gobierno que está avanzando deliberadamente a espaldas del pueblo y frente a los empresarios que claramente tienen intereses meramente comerciales, ni sociales ni ambientales”.
En Plaza de los Dos Congresos, ayer, el asambleísta Ceballos se refirió también a la visita de Aranguren, en febrero pasado, a Telsen, localidad chubutense donde se hizo una “cumbre minera” con intendentes de la provincia. “La presentación que hizo el ministro fue igual a la que leíamos en 2010, cuando nos venía a entregar los manuales y folletos la empresa Pan American Silver, que es quien tiene a su cargo el proyecto Navidad desde esa época”. A su lado Paula Carrizo, referente del movimiento por el No a la Mina, completó el panorama. “Nosotros como vecinos de Esquel sabemos que la minería no va a traer soluciones a los problemas económicos –aseveró-. Porque llevamos 15 años de lucha y de mantenernos informados. Pero la realidad es que hay puntos de la provincia en donde hay menos posibilidades de trabajo y les es más fácil instalar ese tipo de discursos. Por eso es importante que nos informemos entre nosotros y que también ocupemos espacios de difusión nacional para que gente que no vive en Chubut también esté enterada: en definitiva, se trata de un territorio que es de todos”.
El Acuerdo Federal Minero que se firmará el martes próximo entre el gobierno y las provincias tiene como finalidad fomentar el desarrollo de esa actividad e incentivar el aumento de inversiones en el área, según el oficialismo. En sus puntos principales propone el uso compartido de recursos naturales entre el sector minero y el agroindustrial, promueve la incorporación de la temática minera en las currículas escolares y fija tope de regalías a las provincias. El pacto es fuertemente cuestionado por todo tipo de organizaciones sociales, que denuncian que, de implementarse, refuerza un modelo extractivista, sin participación social ni claridad en el respeto a cuestiones medioambientales. Además, el documento propone que se adapten los planes de estudio para que se dé una visión más “amigable” de la actividad.
Las entidades que rechazan el acuerdo elaboraron un comunicado en conjunto que hicieron circular en páginas web y redes sociales en busca de concientización y apoyo popular. Entre los firmantes se encuentran ONG ambientalistas como Greenpeace y Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y asambleas comunitarias de diferentes provincias.
“El acuerdo propone la consolidación de un modelo minero de enclave y netamente extractivista. Un modelo ideado y gestado en la década de los noventa, sostenido en la primera década del siglo XXI y profundizado en esta gestión a costa de la naturaleza, los territorios y los derechos de las comunidades locales”, dice en una de sus partes el comunicado.
El nuevo Acuerdo Federal Minero, que fue redactado durante una serie de reuniones realizadas entre autoridades del Ministerio de Energía y Minería, representantes de las provincias mineras, cámaras empresariales y sindicatos, deberá ser firmado por los gobernadores provinciales para luego ser remitido al Congreso nacional y a las legislaturas provinciales. Con su firma, el gobierno busca potenciar el desarrollo de la actividad minera y atraer nuevas inversiones, fijando lineamientos –según dice- que rijan la actividad de forma homogénea en todas la provincias.
Pía Marchegiani, directora de participación de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), afirmó: “El Acuerdo toma los temas que están en la agenda del sector minero, incluye los temas centrales, pero los toma al revés de la demanda social”.
En tanto, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalitas (AAdeAA), destacó: “Es un acuerdo redactado por las propias transnacionales mineras”. Y agregó: “Nos oponemos porque consolida un modelo minero obsoleto instalado en la década del noventa, un modelo colonial y retrógrado.”
Las asambleas comunitarias de distintas provincias que se oponen al acuerdo expresaron su disconformidad ante un modelo de minería que –consideran- prioriza la cuestión económica por sobre la ambiental y la social. Domingo Jofre, integrante de la Asamblea Jachal No se Toca, de la provincia de San Juan, sostuvo: “El nuevo Acuerdo Federal Minero de Macri y los gobernadores es una aberración, es una burla institucional, es la entrega de los recursos estratégicos no renovables al poder de las multinacionales.”
Las entidades resaltan que el acuerdo ignora la ley de prohibición de la minería que rige en diversas provincias y que no tiene en consideración el derecho a participar y decidir de las poblaciones locales que se verían afectadas por la implementación de futuros proyectos mineros. “Provincias que tienen leyes locales que prohíben la actividad minera a cielo abierto se ven ante la firma de este acuerdo como obligadas a recibir inversiones mineras para explotar en sus territorios. Esto implica un retroceso ambiental grave en cuanto a legislación”. señaló Gonzalo Strano, coordinador de Campañas de Glaciares de Greenpeace. “El Acuerdo –añadió da muy poca relevancia a la consulta popular, a las audiencias públicas, a los plebiscitos, cuestión que para Greenpeace es fundamental. Creemos que cada pueblo tiene derecho a elegir que tipo de ambiente quiere y que tipo de actividades productivas quiere desarrollar en ese ambiente”.
Los organismos coinciden en destacar el carácter regresivo del acuerdo y los daños que produce la minería sobre las poblaciones locales. Enrique Viale recordó: “Nosotros venimos hace mucho tiempo hablando de cómo la gran minería no solo es sinónimo de degradación ambiental sino también de una gran degradación institucional y de un gran trastrocamiento económico, se desplazan economías regionales, se compite con los recursos,- Donde hay gran minería, hay pobreza y esa es un poco la historia de Argentina.”
Por su parte, Strano, de Greenpeace, subrayó: “Se viene a consolidar un modelo claramente extraccionista donde importa muy poco la opinión de los pueblos, donde se beneficia a la empresas mineras permitiendo que avancen sin ningún tipo de control principalmente en relación al cuidado del medio ambiente.”
Otro de los puntos más preocupantes y objetados por las organizaciones es la incorporación, promovida por el Acuerdo, de contenidos en la currícula escolar que fomenten los beneficios del desarrollo de actividades mineras. En el comunicado, las organizaciones remarcaron que “la intervención en la currícula escolar en las provincias con potencial minero, que pretende promocionar ‘las virtudes’ de este tipo de actividad, va en contra de los paradigmas educativos actuales que buscan fomentar en los niños y jóvenes visiones críticas e integrales de los problemas ambientales. Lo importante no es solamente conocer los recursos minerales existentes sino comprender los riesgos asociados a la forma de extraerlos, y discutir si son riesgos que se quiere asumir como sociedad”.
Sobre este tema, Pía Marchegiani de FARN, explicó: “El Acuerdo incita a que todos los programas de educación incorporen elementos geológicos, que se expliquen cuales son los recursos, cuál es su valor económico. El paradigma ambiental habla, en realidad, de desarrollar un pensamiento crítico. La gente tiene que saber el valor de la minería y tiene que saber también los impactos que genera”.
Las organizaciones expresaron su rechazo al Acuerdo y piden apoyo a la ciudadanía. “Acompañamos las luchas que hay y acompañamos a las distintas provincias. Creemos que no puede firmarse este acuerdo, que nosotros resistiremos”, afirmó Enrique Viale. “Desde Asamblea Jáchal No Se Toca pedimos que la sociedad toda rechace tajante e inapelablemente esta muestra de complicidad ante el saqueo, la contaminación y la corrupción que genera la megaminería”, concluyó Jofre.
“La situación en San Juan es bastante grave», cuenta Eliana Laredo, vecina de Jáchal e integrante de la asamblea Salvemos Huachi.»Ya es de público conocimiento que tenemos un megaproyecto minero desde el 2000 que es Veladero de Barrick Gold. Por distintas situaciones, en el 2015 nos levantamos como pueblo y surgió la idea de crear una asamblea. No tardamos mucho en conformarla porque en septiembre de ese mismo año ocurrió el derrame en Veladero. Y a pesar de las luchas en la justicia, en lo social, aquí seguimos luchando en la calle y concientizando”, cuenta la militante sanjuanina.
En defensa «de»
¿De qué manera se conectan estas historias de lucha en el país?
