La Fiscalía pidió las máximas penas para Fader y Alfonso

La Fiscalía pidió las máximas penas para Fader y Alfonso

El juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad por los que están acusados Eduardo Alfonso y Rafael Félix López Fader tuvo este martes la presentación de los alegatos de la Fiscalía; el próximo martes será el turno de las defensas de los imputados. La Fiscalía, al igual que las querellas que representan a Abuelas de Plaza de Mayo y a las familias de las víctimas, pidió prisión perpetua para el ex General de Brigada Eduardo Alonso, acusado del asesinato de Domingo García y la desaparición de Beatriz Recchia, embarazada de cinco meses; y la misma pena para el ex Capitán del Departamento de Inteligencia del Comando de Institutos Militares Rafael López Fader, imputado por su participación en el secuestro, tortura y homicidio del ex diputado nacional Diego Muniz Barreto y de tentativa de homicidio de su secretario Juan José Fernández

A las 10 de la mañana ingresaron los acusados a la sala. Alfonso pareciera no comprender  aún la gravedad de su situación y los delitos que se le imputan, así como tampoco sus amigos, que al verlo pasar por la puerta del tribunal,  lo vitorean, en voz baja, haciendo ademanes con la mano como si estuvieran festejando una hazaña.

La audiencia comenzó con una contextualización de los hechos de ambos casos. El secretario de la Fiscalía dijo que el arma elemental usada en el plan sistemático de eliminación de la subversión fue la inteligencia basada en la extracción de información a través del secuestro, tortura y disposición final de las personas, es decir su ejecución y la posterior desaparición de los cuerpos. “No existía otra operación en esa época que no tuviera que ver con dicho plan. Las planas mayores de la jefatura, los comandos, cada uno de los departamentos y escuelas, tenían distribuidas determinadas tareas en función del cumplimiento del plan. De ahí se desprende la importancia de los oficiales de operaciones en la ejecución de cada uno de los hechos como los que hoy se están juzgando”, amplió. Tanto en el caso García-Recchia como en el del ex diputado Diego Muniz Barreto tuvo participación el Área de Inteligencia.

Eduardo Alfonso y su abogado en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín. San Martin, provincia de Buenos Aires, 31 de Octubre de 2017.

Eduardo Alfonso rechazó las imputaciones en su contra. Dijo que no participó en el hecho y que no estuvo en el lugar

El fiscal Marcelo García Berro comenzó su alegato manifestando su coincidencia con todo lo expuesto por las querellas. Luego nombró a todos los condenados por la participación del secuestro y desaparición de víctimas embarazadas, entre las que se encontraba Beatriz Recchia, en el marco del juicio conocido como “Plan Sistemático de Apropiación de Menores”: Santiago Omar Riveros, Reynaldo Bignone, Luis Sadi Pepa y Carlos Eduardo José Somoza. “Hoy nos toca juzgar a Eduardo Alfonso porque cuando se hizo aquel juicio, el señor estaba prófugo”, dijo García Berro. Las pruebas que demuestran la participación de Alfonso en los hechos fueron las mismas mencionadas por las querellas de Abuelas de Plaza de Mayo y la Secretaría de Derechos Humanos, tanto Nacional como Provincial. Entre ellas figuraban las constancias médicas y los legajos personales del ex Teniente primero Raúl Fernando Delaico y Alfonso, el reclamo administrativo de Delaico, las condecoraciones a ambos por su desempeño en el operativo de Villa Adelina, las notas periodísticas de la época, el Boletín Oficial militar y las declaraciones de los vecinos de las víctimas. Alfonso rechazó las imputaciones en su contra. Dijo que no participó en el hecho y que no estuvo en el lugar, alegó que estaba con Delaico realizando un control vehicular en Villa Adelina en el que resultó herido. Sin embargo, el descargo que realizó Delaico no coincidió con la declaración del imputado. “De las pruebas del juicio surge que Alfonso mintió sobre su declaración indagatoria, sus dichos resultaron inconsistentes y no explicó cómo es que se encontraba realizando tareas rutinarias fuera de su jurisdicción, siendo oficial de contrainteligencia destinados a tareas especiales”, dijo el fiscal.  

En base a los argumentos expuestos, la Fiscalía pidió prisión perpetua para Eduardo Alfonso bajo los cargos de allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad cometida por abusos funcional y agravada por el uso de violencia y amenazas, cometidas en perjuicio de Juliana Inés García y de Beatriz Recchia y homicidio agravado con el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Antonio Domingo García y Beatriz Recchia. Esto es una novedad, ya que es la primera parte querellante que acusa a Eduardo Alfonso de la coautoría del homicidio de la desaparecida Beatriz Recchia.  También pidió que se considerase como agravantes la multiplicidad de homicidios, el plan perverso de apropiación de la beba que llevaba en su vientre Beatriz Recchia, para el cual se la mantuvo cautiva dentro del campo de concentración hasta el momento del parto, para luego asesinarla.

Rafael López Fader y su abogado en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín. San Martin, provincia de Buenos Aires, en la audiencia del 31 de Octubre de 2017.

La Fiscalía pidió la prisión perpetua para Rafael López Fader por coautoría en la privación ilegal directa de la libertad.

En el caso contra López Fader, la Fiscalía afirmó: “Con las pruebas producidas durante el juicio se ha probado la directa intervención de Rafael López Fader como integrante del Departamento Nº2 de Inteligencia, funcional al plan sistemático empleado por las Fuerzas Armadas”. El acusado declaró en dos oportunidades negándose a responder preguntas que no fueran formuladas por su abogado. “Para el 6 de marzo de 1976 trabajaba en el Comando de Institutos Militares con la categoría de Teniente Primero,  era instructor de tropa y oficial de servicio que tenía a su cargo tareas como cortar el pasto y arreglar los alambrados. Yo no soy de inteligencia, trabajé desde el 73 hasta el 79 como oficial experto en  tropas especiales”, declaró Fader. La Fiscalía cuestionó esa declaración y manifestó que el imputado omitió su paso por el Área de Inteligencia en Campo de Mayo y su amplia carrera en la especialidad, sin embargo existe prueba documental y testimonial que lo coloca en ese destino ejecutando la especialidad. “Esto no se debe a una falta de memoria, ya que su paso por ese lugar ha marcado significativamente su trayectoria militar”, subrayó.  Entre las pruebas se encuentran el legajo personal del acusado, un reclamo administrativo que inició el propio imputado por cuestiones económicas, en el que él mismo dice haber sido designado en el Comando de Institutos Militares del Departamento de Inteligencia; también el informe del programa “Verdad y Justicia” y la firma de López Fader  en una evaluación a un suboficial de Inteligencia en calidad de jefe y capitán de Contrainteligencia. “Está ampliamente acreditado que López Fader se desempeñó del 77 al 79 en la División de Contrainteligencia de Departamento Nº 2 como el tercero en jerarquía. Ocupó al momento de los hechos una función esencial dentro del esquema represivo del Comando Institutos Militares. Por lo tanto, se le confiere un rol activo en los hechos que se le imputan como coautor y debe ser investigado por hechos similares y si corresponde enjuiciarlo”, concluyó.

Como resultado del análisis de las pruebas presentadas, la Fiscalía también pidió la prisión perpetua para Rafael López Fader por coautoría en la privación ilegal directa de la libertad cometida por abuso funcional y agravado con uso de violencia y amenazas, tormentos y homicidio agravado con el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Diego Muñiz Barreto. Y consideró como agravantes el sadismo aplicado a las víctimas, tanto dentro del centro de detención clandestino como durante el recorrido que tuvieron cuando fueron llevados para su eliminación en la provincia de Entre Ríos.

Querellantes en la causa contra los represores del Ejército Rafael López Fader y Eduardo Alfonso, durante la audiencia en Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín, el 31 de Octubre de 2017.

Querellantes en el juicio contra los represores del Ejército Rafael López Fader y Eduardo Alfonso

Tanto en el caso contra Fader como en el de Alfonso se pidió que se incluyeran como agravantes las consecuencias generadas a los hijos y a los familiares de las víctimas por los hechos comprobados. La Fiscalía consideró que dada las gravísimas modalidades desplegadas y los roles que los imputados desempeñaron en los hechos  no encontraron atenuante alguno para con los acusados.

El próximo martes 21 de noviembre será el turno de los alegatos de la defensa, las réplicas y duplicas. La sentencia por parte del juzgado está prevista para el viernes 24 de noviembre.

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Más pedidos de perpetua

Actualizado 15/11/2017

Más pedidos de perpetua

Más pedidos de perpetua

El juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad por los que están acusados Eduardo Alfonso y Rafael Félix López Fader tuvo este martes la presentación de los alegatos de las querellas de las secretarías de Derechos Humanos de Nación y de la Provincia de Buenos Aires. También de Pablo Llonto, el letrado de la familia Muniz Barreto, víctima de López Fader. Todas las querellas, como ya lo había hecho la de Abuelas de Plaza de Mayo en la audiencia anterior, pidieron prisión perpetua para los dos imputados.

El abogado Pablo Llonto, representante de los hijos de Diego Muniz Barreto en la causa contra Rafael Félix López Fader, inició su alegato con el paralelismo entre genocidios: “Así como la Alemania nazi nos transporta al horror de los hornos crematorios, la dictadura argentina nos lleva a las víctimas arrojadas al mar o a un río, como fue el caso de Barreto”. El abogado aseguró que este tipo de  delitos no fueron el accionar de una sola persona, sino que fueron un plan común ideado por varios agentes efectivos y agregó que dichas operaciones fueron llevadas  a cabo por especialistas de la muerte entre los que se encontraba López Fader. “Participó voluntariamente y conscientemente. Él tuvo el poder en sus manos en cada hecho”, agregó.

Llonto afirmó que la materialidad de los tres hechos -privación ilegítima de la libertad, tormentos y el homicidio en perjuicio de Barreto- ya se encuentran probadas. Por este motivo se dedicó a desmantelar las declaraciones de López Fader contrastándolas con las pruebas recabadas. Llonto se remitió a las pruebas que ubican al acusado no solo en los lugares físicos de los hechos que se juzgan en este caso, sino también en un puesto jerárquico y de decisión. Una de las pruebas es un reclamo administrativo que inició el propio imputado por cuestiones económicas en el que él mismo dice haber sido designado en el Comando de Institutos Militares bajo las órdenes del Jefe del centro clandestino de detención, el Campito. “Incluso en ese reclamo menciona con orgullo una felicitación que había recibido por parte de un oficial por su participación en el Operativo Independencia, quién supuestamente le habría dicho que si tuvieran más agentes como él las Malvinas no estarían en manos de los ingleses”, describió el letrado. Llonto también mencionó como prueba una firma de López Fader como parte de Inteligencia del Ejército en una evaluación a un suboficial.

ARCHIVO – Juicio contra los represores del Ejército Rafael López Fader y Eduardo Alfonso. Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín.

Entre las pruebas más contundentes figuran la identificación del acusado por parte de tres testigos: el ex sargento primero Víctor Armando Ibáñez, un conscripto que declaró haberle entregado al ex capitán López Fader a Diego Muniz Barreto y Héctor Michelena, testigo que declaró por videoconferencia la semana pasada, quien afirmó haber estado presente durante el  planeamiento de un ataque contra la revista Estrella Roja y ubicó en esa escena a López Fader como uno de los jefes con el rango de Capitán por las insignias que llevaba en su uniforme. Llonto también destacó las coincidencias entre las descripciones físicas que hizo el sobreviviente, Fernández, con la apariencia del acusado.

Según el abogado querellante todo lo presentado desecha los argumentos de la defensa de López Fader, quien se presentó como un modesto cortador de pasto y reparador de alambrados, que nunca formó parte del Departamento de Inteligencia en Campo de Mayo, ni de la lucha contra la subversión. Sin embargo, López Fader pidió ser incluido en la Ley de Punto Final y Obediencia Debida reconociendo en ese momento que participó en tareas represivas. “Fader fue una pieza decisiva en la lucha contra la subversión. Integró grupos de tareas, patotas y grupos especializados que cometieron los mayores horrores en Campo de Mayo, incluyendo el secuestro, los tormentos y el asesinato de Diego Muniz Barreto”, detalló.

“La función del Campito era ser un centro de detención clandestino, no funcionaba para otra cosa. Es decir que ya sea como interrogador, operativo o como el encargado de trasladar rumbo a la muerte a los detenidos, ese era el escenario de accionar de López Fader. Fader era un hombre de Inteligencia, lo cual implicó el conocimiento y su disposición para todos los métodos utilizados en el Campito para la obtención de información de los compañeros secuestrados llevándolos al máximo sufrimiento para lograr el cometido  y luego eliminarlos”, dijo Llonto.  Finalmente el abogado pidió la prisión perpetua para López Fader por coautoría en la privación ilegal directa de la libertad cometida por abuso funcional y agravado por el uso de violencia y amenazas, tormentos y homicidio agravado con el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Diego Muniz Barreto. El abogado realizó dos solicitudes, la primera fue que el acusado sea dado de baja del Ejército, una vez que la sentencia quede firme. La segunda tiene que ver con el lugar de cumplimiento de la pena, se pidió que no fuera en prisiones militares, ni ex centros clandestinos, sino Prisiones del Servicio Penitenciario Federal.

En el mismo sentido, Ciro Annicchiarico que  representa la querella por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dijo respecto al caso de Diego Muniz Barreto que el acusado López Fader integró el Comando de Institutos Militares que operó en el centro clandestino el Campito. Ciro Annicchiarico aclaró que si bien Fader alegó que no concluyó el curso de Inteligencia, éste figura -en las pruebas que detalló Llonto- como oficial de Inteligencia. Y subrayó que quienes ejercían ese rol  eran los interrogadores que sacaban información a los detenidos bajo torturas. El abogado expuso un alegato similar al de Llonto y también pidió la prisión perpetua para López Fader. Y solicitó que no se le considere atenuantes por el desprecio al dolor de las víctimas, pero sí como agravante el intento de amedrentar al testigo Michelena con el pedido de careo que fue denegado por el Tribunal. «Era obvio que el careo era para quebrar al testigo”, advirtió.

ARCHIVO – Pablo Llonto, querellante en la causa.

Maxi Chichizola, como querellante por parte de la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, planteó que es indistinto que López Fader haya sido separado del Departamento de Inteligencia -prueba que presentó la defensa del acusado- porque lo que importa es lo que  hizo durante su desempeño como capitán entre los años 1973 y 1976 dentro de esa dependencia. El resto de los alegatos y el pedido de la pena para este caso coincidió con las restantes partes querellantes. Por último, el abogado Chichizola convocó a que se inicie una investigación sobre la participación de Fader en la totalidad de los casos que ocurrieron en el centro clandestino el Campito.  

Respecto al caso García-Recchia -el otro que investiga en este proceso el Tribunal- en contra del acusado Eduardo Alfonso, Ciro Annicchiarico aclaró que hace suyos los argumentos que ya nombró en la audiencia anterior el abogado Alan Iud en representación de Abuelas de Plaza de Mayo y de la hija de las víctimas, Juliana García Recchia. Afirmó que Eduardo Alfonso cumplió funciones entre 1976 y 1983, siendo partícipe de la maquinaria represiva antisubversiva. Entre los principales argumentos que expuso la querella figuró la inexistencia de otro operativo en Villa Adelina la madrugada en que fue asesinado Domingo García y secuestradas Juliana y su madre Beatriz, embarazada de cinco meses. Tampoco hubo otro herido de bala ingresado en Campo de Mayo, argumentó la querella, en referencia a la coartada desplegada por Alfonso, quien aseguró que la herida que él mismo recibió fue en el marco de un operativo de tránsito supuestamente acontecido en el mismo momento en que ocurría la matanza en la casa de la familia García Recchia.

El abogado Annicchiarico  cuestionó la declaración del médico militar Agustín Masllorens porque las referencias que utilizó al analizar las heridas de Alfonso fueron indirectas, cuyo único fin fue crear una coartada defensiva para Alfonso.  También planteó que el argumento, utilizado por la defensa de Alfonso, basado en la diferencia entre el horario de defunción de Domingo Antonio García y la herida de bala del acusado carece de entidad, como tampoco se puede comprobar que la herida que el acusado recibió la hubiese provocado un tirador desde una motocicleta. Por último, la querella subrayó que en el legajo de Alfonso figura que estuvo con parte de enfermo por 68 días tras haber sido herido en operaciones. «Una distinción honorífica con entrega de una medalla por herido en combate por las operaciones en Villa Adelina, no cabe de ningún modo para alguien que hubiese sido herido realizando un control de tránsito», conjeturó Annicchiarico basándose en el informe hecho por Stella Segado, testigo en el debate oral. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió pena de prisión perpetua para Alfonso bajo los cargos de allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad cometida por abusos funcional y agravada por el uso de violencia y amenazas cometidas en perjuicio de Juliana Inés García y de Beatriz Recchia y homicidio agravado con el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Antonio Domingo García.

La Secretaría de Derechos Humanos bonaerense coincidió tanto en los argumentos que expuso la Secretaría de Nación como en el pedido de prisión perpetua para Alfonso. Maximiliano Chichizola agregó, a lo dicho anteriormente por la querella de Nación, que en la declaración en la que figura el ex Teniente primero Raúl Fernando Delaico  como condecorado por haber sido herido en un episodio de combate armado contra terroristas subversivos en Villa Adelina “el otro condecorado de esa madrugada fue Alfonso», conjeturó. Por último pidió que la declaración de Alfonso sea rechazada por falaz.

En la próxima audiencia que se realizará el martes 14 de noviembre finalizarán los alegatos de la querellas con los argumentos de la Fiscalía. Se prevé que para el martes 21 se presenten los alegatos de la defensa de ambos acusados y el viernes 24  concluya el juicio con la sentencia dictada por el tribunal.

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Actualizado 08/11/2017

La CIDH propone crear una Unidad de Memoria, Verdad y Justicia

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en estos días lleva a cabo su 165º período de sesiones extraordinarias en Montevideo, Uruguay, recibió este martes a organismos de Derechos Humanos y asociaciones sindicales de la Argentina para evaluar denuncias sobre violaciones de Derechos Humanos cometidos en el país durante el actual gobierno de Cambiemos. “Vemos con preocupación cómo desde las más altas esferas se promueve desandar el camino recorrido en estos 40 años de lucha, estamos una vez más recurriendo a esta Comisión buscando preservar lo conquistado y avanzar sobre lo pendiente”, manifestó Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, ante la Comisión. El Estado Nacional hizo su descargo representado por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el Director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa de la Nación, Jorge Szeinfeld. “Rechazamos toda malintencionada imputación de indiferencia, negacionismo y vaciamiento”, dijo el secretario y aseguró que el gobierno es “víctima de una campaña de desprestigio”.

La audiencia pública comenzó a las 9.45 en el Palacio Legislativo de Montevideo. Entre los impulsores de la reunión se encontraban la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT), las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA); los principales organismos de Derechos Humanos y decenas de agrupaciones sindicales. En primer lugar, se trataron cuestiones relacionadas a la situación de los derechos laborales y gremiales, donde representantes de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Asociación de Trabajadores del Estado-Capital (ATE-Capital), Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), entre otras, denunciaron violaciones a los derechos de los trabajadores y persecuciones hacia los gremios por parte del gobierno de Mauricio Macri. Más tarde, se debatieron problemáticas sobre derecho a la memoria, verdad y justicia por crímenes de lesa humanidad en Argentina. Allí participaron Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el CELS, H.I.J.O.S.- Capital, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), entre otros. A través de la lectura de un documento a cargo de Luz Palma Zaldúa, coordinadora del Área de Memoria, Verdad y Justicia del CELS; Estela de Carlotto y Alan Iud, coordinador del equipo jurídico de esa Abuelas, los organismos plantearon sus preocupaciones. “El proceso de juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina es una referencia a nivel regional”, comenzó Palma Zaldúa. “Sin embargo, este progresivo avance en el proceso de memoria, verdad y justicia se vio fuertemente afectado desde el inicio del gobierno del presidente Mauricio Macri, pues desde entonces distintos funcionarios promovieron un discurso público que relativiza la gravedad del terrorismo de Estado, llegando al negacionismo, y se debilitaron o desmantelaron dependencias del Poder Ejecutivo Nacional que contribuían con las investigaciones judiciales. Este contexto tuvo su correlato en el Poder Judicial, especialmente en la Corte Suprema”, denunció la representante del CELS enumerando distintos casos que evidenciaban una situación de retroceso en materia de Derechos Humanos en los tres poderes del Estado.

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora en la reunión con la CIDH.

La CIDH recibió a organismos de DDHH y asociaciones sindicales de la Argentina para evaluar denuncias sobre violaciones de DDHH cometidos en el país durante el actual gobierno de Cambiemos.

“El nuevo contexto político y los mensajes del Gobierno nacional también tuvieron eco en decisiones de la Corte Suprema y la Cámara Federal de Casación Penal y, en consecuencia, en algunos Tribunales Orales Federales”, continuó Iud. “El dato más relevante en este sentido es el fallo de la Corte, conocido como “Muiña”, que declaró aplicable a estos procesos la llamada “Ley del 2×1”. En ese fallo, la Corte omitió realizar el control de convencionalidad, violando así la prohibición de conmutación de penas para crímenes de lesa humanidad. El extendido repudio social forzó la rápida respuesta del Congreso Nacional y se dictó la Ley 27.362, una norma interpretativa que aclara que la regla del “2×1” no puede beneficiar a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad”, expuso. Luego se refirió a problemáticas como la lentitud del avance de las causas judiciales, la concesión de beneficios a imputados por delitos de lesa humanidad, la absolución de represores y apropiadores, la utilización del procesamiento del ex Jefe del Ejército César Milani como un logro propio del Gobierno, la situación de hostigamiento sufrida por defensores de derechos humanos, el ataque a la independencia de los fiscales –con particular referencia al intento de remoción de la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó-, y la falta de avances en la investigación por la desaparición de Julio López.

“Tal como hemos adelantado, estas regresivas decisiones judiciales o el debilitamiento de áreas clave del Poder Ejecutivo, no constituyen hechos aislados ni pueden comprenderse sin analizar el contexto en el que se producen”, prosiguió Carlotto. Fueron resonantes las declaraciones de dos funcionarios públicos que relativizaron el número de desaparecidos y el alcance de la represión, con un discurso claramente negacionista. Ante el aniversario del golpe de Estado, el bloque de diputados del partido de gobierno asimiló la actividad de los organismos de Derechos Humanos a un “negocio”. Porque vemos con preocupación cómo desde las más altas esferas se promueve desandar el camino recorrido en estos 40 años de lucha, estamos una vez más recurriendo a esta Comisión buscando preservar lo conquistado y avanzar sobre lo pendiente”, concluyó, exigiendo que el gobierno de Mauricio Macri garantice la continuidad del proceso de memoria, verdad y justicia por crímenes de lesa humanidad en Argentina.

Estela de Carlotto en el 165º período de sesiones extraordinarias de la CIDH

«La CIDH acaba de crear una Unidad para la Memoria, la Verdad y la Justicia como respuesta a las denuncias que planteamos», dijo Alan Iud, abogado de Abuelas.

A continuación, hizo su descargo la comitiva del Estado Nacional. “El Presidente de la Nación ha puesto como faro a la verdad, en virtud de que es un valor supremo, y a la justicia como un bien social que debe funcionar de forma independiente, como no ha ocurrido en los 12 años que precedieron a nuestra gestión. La agenda de derechos humanos -que denominamos ampliada- tiene como sostén fundamental a la memoria, el respeto, el encuentro, el diálogo y la inclusión. Memoria, verdad y justicia es política de Estado, a la que honramos con indicadores de eficiencia mayores a los heredados”, comenzó Avruj. “Reconocer el contexto de violencia del que emergió el terrorismo de Estado perpetrado por la última dictadura no significa en ningún sentido avalar la Teoría de los Dos Demonios. Nunca lo hemos hecho ni lo haremos. Los argentinos hemos demostrado en estos años de consolidación democrática, que no queremos volver a vivir el horror de la dictadura. Si se nos llama a responder sobre cifras, debemos reconocerle a la gestión anterior la creación en 2014 del Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado, el cual informa a la fecha 8.571 personas desaparecidas”, ratificó en justificación de la postura oficialista sobre la cantidad de detenidos desaparecidos durante la dictadura.

Por último, Francisco Eguiguren Praeli, Presidente de la Comisión y Relator para Argentina, remarcó la necesidad de unidad y trabajo conjunto entre ambas partes. “Los ministerios públicos tienen el deber de investigar, y el Poder Ejecutivo no puede influir ni cambiar sus conductas. Pero hay temas que son una verdad histórica, como la dictadura, las desapariciones y los crímenes de lesa humanidad. La Comisión está comprometida con eso y siempre lo estará. En ese sentido, es muy importante a partir de esta audiencia la creación de la Unidad de Memoria, Verdad y Justicia.”

Organismos de DDHH y organizaciones sindicales en el 165º período de sesiones extraordinarias de la CIDH.

Representantes de CTERA, ATE-Capital, SIPREBA, entre otras, denunciaron violaciones a los derechos de los trabajadores y persecuciones hacia los gremios por parte del gobierno de Mauricio Macri.

Al finalizar la audiencia, el abogado de Abuelas, Alan Iud, manifestó en diálogo con ANCCOM: “Planteamos en esta audiencia que las decisiones judiciales sobre causas de lesa humanidad son una de nuestras mayores preocupaciones, particularmente la implementación del 2×1 como se dio en el “fallo Muiña”. La CIDH acaba de crear una Unidad para la Memoria, la Verdad y la Justicia como respuesta a las denuncias que planteamos. Esto quiere decir que va a hacer un seguimiento directo sobre estos temas. Esperamos que nos sigan escuchando y que sigan de cerca la situación de los Derechos Humanos en Argentina para que, como dijo el Comisionado Paulo Vannuchi (de la CIDH), no haya regresionismos”, remarcó. Luego, en referencia a las declaraciones de funcionarios gubernamentales sobre la  cifra de los desaparecidos, especialmente los recientes dichos de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, aduciendo que durante la década del setenta “ni los demonios eran tan demonios, ni los ángeles, tan ángeles”, agregó: “No deberíamos estar discutiendo estas cosas sino acelerando los procesos judiciales”. Y ante la creciente incertidumbre sobre el futuro de los derechos humanos en Argentina tras la victoria de Cambiemos en las elecciones legislativas, concluyó: “Las Abuelas y las demás organizaciones nos demostraron que, aun en los momentos más difíciles, se han sobrepuesto y han mantenido su lucha por la memoria, la verdad y la justicia”.

Estela de Carlotto.

«Ante el aniversario del golpe de Estado, el bloque de diputados del partido de gobierno asimiló la actividad de los organismos de Derechos Humanos a un ‘negocio'», dijo Estela de Carlotto.

 

Organismos de DDHH y organizaciones sindicales durante la sesión extraordinaria con la CIDH.

«Los ministerios públicos tienen el deber de investigar, y el Poder Ejecutivo no puede influir ni cambiar sus conductas», dijo Francisco Eguiguren Praeli, Presidente de la Comisión y Relator para Argentina.

 

Actualizado 25/10/2017

Cuando la dictadura plantó un cuerpo en un río

Cuando la dictadura plantó un cuerpo en un río

El juicio a los represores de la dictadura Eduardo Alfonso y Rafael Félix López Fader inició ayer su segunda audiencia con el testimonio de Juana, la hija del diputado nacional, Diego Muniz Barreto. El legislador fue víctima de un operativo de la última dictadura cívico-militar, comandado por Fader, ex Capitán del Departamento de Inteligencia del Comando de Institutos Militares. Luego del secuestro, el 16 de febrero de 1977, el diputado y su secretario Juan José Fernández fueron arrojados al río, simulando un accidente automovilístico, en marzo del mismo año. Juana comenzó su declaración con lo más íntimo de su historia, en la que lleva  40 años pidiendo justicia. «Cuando tenía 8 años entré a la Escuela de Ballet del Teatro Colón. Mi papá me decía que iba a bailar como Margot Fonteyn, ya me veía como primera bailarina del ballet de Londres. Él hacía planes para que yo viajara y pudiera hacer mi carrera allá. Cuando tuve mi primera función, a los 10 años, entró un señor al camarín, que compartía con mis compañeras, con un ramo enorme de claveles rojos con una tarjetita que decía: ´Lo más maravilloso que tengo en este mundo, papá´. Así era mi papá y así fue los 15 años que lo tuve conmigo y tal vez esto explique porque yo estoy acá», contó conmovida.

Como era una figura pública, la desaparición de Diego Muniz Barreto no pasó inadvertida. «El Parlamento europeo, la prensa internacional pero también el diario Buenos Aires Herald y la Agencia de Noticias Clandestina de Rodolfo Walsh pedían por mi papá, además de mi familia. Por lo tanto, mi papá era una carga para ellos porque tenían que devolver su cuerpo, no lo podían dejar desaparecido. Por eso se tomaron ese trabajo, no es tarea sencilla devolver un cuerpo sin marcas después de haber estado semanas en un centro de concentración, después de no haberle dado de comer tantos días que se le caían los pantalones. Se tomaron el trabajo, lo hicieron con mucha precisión y una planificación rigurosa y detallada.  Sin embargo, les falló porque a Fernández, el compañero y amigo de papá, no le hizo efecto la inyección (n. de r.: para sedarlo) y logró escapar», resumió Juana.

Después de que Fernández fuera liberado tras ser apresado como sospechoso del homicidio de Diego Muniz Barreto, fue a pedir auxilio y refugio a su amigo Salvador Viale, un escribano que vivía en Cuba. «A mí me emociona mucho pensar que hubo gente que tuvo el coraje de recibir y dar auxilio a un amigo. Salvador le dio de comer y cuando Fernández se recuperó le contó el horror que había vivido y cómo había vuelto de la muerte», relató Juana.

Según lo que recuerda la hija de Muniz Barreto sobre el testimonio de Fernández –quien falleció años después, exiliado en España-, Salvador le aconsejó que escribiera lo que había sucedido porque lo iban a estar buscando y si le llegase a pasar algo nunca se sabría la verdad. «Escribió a muy pocos días de los hechos un testimonio que tiene un valor extraordinario por lo preciso y detallado, con la memoria completamente fresca. Cuando en los 90 se conoció ese testimonio fue desgarrador, pero al mismo tiempo se transformó en la guía de la investigación», explicó Juana. 

El juicio a los represores de la dictadura Eduardo Alfonso y Rafael Félix López Fader inició su segunda audiencia con el testimonio de Juana, la hija del diputado nacional, Diego Muniz Barreto. Foto registrada el pasado martes.

Luego, la hija del diputado asesinado rememoró el testimonio del ex sargento Víctor Ibáñez, también  clave en el juicio: «Yo estuve presente cuando Ibañez declaró que López Fader pidió por mi papá, por el diputado, para que se lo llevaran al Comando de Institutos Militares el 5 de julio a las 3 de la mañana, allí Fader los recibió. Días después de la transferencia, Ibáñez comprobó que  mi padre era el diputado que mencionaron porque pegaron en la cartelera, próxima a la sala de torturas, recortes de diarios que daban cuenta del fraguado accidente de mi padre». Para Juana, el testimonio de Ibáñez coincide con el de Fernández, quien también escuchó voces que dijeron que la hora del traslado era las 3 de la mañana. Según señaló de Fernández, el día del traslado, a las 11 de la noche, mandaron a buscar a Muniz Barreto y a Fernández y les hicieron cortar la barba igual que como la tenían al llegar al «Campito» (el Centro Clandestino donde los tuvieron cautivos hasta el 6 de marzo de 1977, cuando fueron arrojados al río). Además, llevaron los documentos de ambos hasta Entre Ríos y antes de tirarlos al agua se los colocaron en los bolsillos. «El objetivo era que cuando encontraran el auto, la policía pudiera identificar fácilmente los cuerpos y así poder devolvérselos a la familia», conjeturó Juana. Otros dos datos que dan cuenta de la planificación de los hechos son, por un lado, que taparan la patente del auto del padre de Juana y, por el otro, que les vendaron las muñecas y tobillos para que las cadenas no los lastimaran y así no dejaran marcas. «El que los vendo sabía lo que hacía. Según Fernández, esa persona vendaba caballos. Y López Fader era de caballería», agregó Juana.

El tono de Juana evidenciaba el dolor, la voz se le quebró en cada frase pronunciada, pero aun así continuó con su relato: «Fernández escuchó la voz de mi  papá preguntando: ´¿Nos van a matar?´A lo que alguien le respondió que no. Por un lado se ilusionaban con que los iban a liberar y, por el otro, los amenazaban con que los iban a matar. ´No me cuesta nada pegarte un tiro, no te hagas el loco, no te hagas el héroe´, les decían. Al momento de meter a Fernández en el baúl le dijeron lo mismo: ´Te vamos a encadenar, a meter en un baúl de un auto, no quiero héroes, no te hagas el loco, porque no me cuesta nada pegarte un tiro y tirarte en una zanja´”.  No me voy a meter en el horroroso calvario que le hicieron sufrir a mi papá y a Fernández, con el calor insoportable en un baúl tantas horas sin recibir siquiera agua». Cuando llegaron a Entre Ríos, Fernández identificó tres autos estacionados de culata en un semicírculo, dos Falcón, uno color ladrillo y el otro blanco, y un Fiat. Además vio a los tres sujetos responsables debido a que les sacaron las capuchas, porque los iban a matar y ya no importaba si los reconocían. Uno de ellos era Domínguez, alias «Escorpio», que ya ha sido condenado. Los otros dos eran un señor de remera amarilla y el otro era López Fader, que llevaba el torso desnudo y a quién describió como un hombre de unos 33 años, cabello rubio oscuro, estatura mediana, ojos claros, cutis blanco, contextura normal. El de remera amarilla le sacó las vendas con una hoja de afeitar y luego se las pasó a López Fader, quién las quemó. Ese de torso desnudo es quién los había vendado a la mañana y quién luego Fernández señala como el jefe por la forma de hablar que tenía. «Mi papá le pidió por favor que le dieran agua y López Fader le respondió que se quedara tranquilo que ya iba a tener todo el agua que quisiera. Después mi papá les preguntó què hacían ahí, qué estaban esperando y este mismo sujeto le dijo que estaban esperando el camión que los iba a trasladar a la Penitenciaria y mi papá le preguntó si ahí iba a poder recibir la visita de sus hijos. Y eso es lo más precioso que me llevo de toda la investigación, que él en sus últimos minutos pensaba en sus hijos», dijo Juana sollozando. Inmediatamente después lo vuelven a encerrar en el baúl, el auto se alejó, pusieron la radio a todo volumen y procedieron con el asesinato de Barreto. «A mi papá lo mataron, no le dieron una inyección, murió desnucado. Fernández se dio cuenta que lo estaban matando por eso la música fuerte para que no oyera sus gritos», dijo Juana. Después lo inyectaron a Fernández y lo acomodaron en el asiento del acompañante, mientras que a Barreto, quién ya estaba muerto según la autopsia,  lo tiraron en el asiento de atrás. A Fernández no le hizo efecto la inyección y se escapó por el agujero del parabrisas. 

Cuando Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo y querellante contra Eduardo Alfonso, le preguntó a Juana por las fuentes que consultó además de Fernández e Ibáñez ella respondió que leyó una  infinidad de libros y artículos e hizo mención a uno en particular: «Operación bananas» publicado en la revista El Porteño, escrito por Juan José Salinas en el que se describía un encuentro entre López Fader y el Capitán José Luis D’Andrea Mohr en el regimiento de Neuquén en el año 1978. Allí tuvieron una conversación en la que López Fader se jactaba de tirar muchos subversivos al río y para evitar que los cadáveres flotaran los destripaba para que así se fuesen al fondo.

Foto de la audiencia por el juicio a los represores de la dictadura Eduardo Alfonso y Rafael Félix López Fader, del martes 10 de octubre.

Juana dijo que hay una coincidencia en todo lo que relató Ibáñez y lo que escribió Fernández. Para ella, queda clara la responsabilidad de López Fader, no sólo en el Comando de Institutos Militares, sino en el lugar del hecho como jefe. Además tuvo una activa participación en los actos de represión, en los años de terrorismo de Estado. «En nombre de salvar la civilización occidental y cristiana y a la familias argentinas, destrozaron miles de familias, humillaron a sus Fuerzas. Ellos hablaban de civilización y cometieron el hecho más bárbaro, que es matar a dos personas indefensas. Mi padre fue el más maravilloso que podría haber tenido y que tengo, por eso espero, ni más ni menos, una sentencia justa. Sé que el jurado se guía por pruebas pero no me puedo quitar de la cabeza a esos otros que siguen desaparecidos, que no tienen causa ni querella porque no flotaron, porque los destripó. Espero que puedan hacer justicia también por ellos», dijo Juana entre lágrimas.

Después de la declaración de Juana Barreto se prosiguió con los testimonios que aportan pruebas al juicio contra el ex General de Brigada Eduardo Alfonso, por su participación en el asesinato de Antonio Domingo García y la desaparición de Beatriz Recchia, embarazada de 5 meses, en el marco de un operativo que se llevó a cabo, el 12 de enero de 1977, en la casa del matrimonio, en Villa Adelina. Con ellos estaba su pequeña hija Juliana, quien -ya adulta- declaró la audiencia anterior. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín, lleva adelante en este juicio unificado dos causas –que han sido acumuladas, pero no tienen conexión entre sí, salvo la impunidad de ambos imputados durante 40 años.
Eva Gloria García, vivía en frente del departamento de Villa Adelina en donde se llevó a cabo el operativo contra la familia García Recchia. Ella observó por entre medio de las persianas de su casa lo sucedido. «Hubo dos operativos en frente de mi casa en 1976, con seis meses de distancia. En el segundo episodio mataron al padre de Juliana y se llevaron a la mamá, que estaba embarazada. Había personas con uniformes militares, policías y gente particular. No pude ver como fue el enfrentamiento porque era a la madrugada y ellos estaban dentro del departamento, y hay un portón delante. Yo vi que alguien había sido herido porque lo atendieron en la casa que está al lado de la mía, creo que fue en el abdomen. Pascual Florencio lo atendió, un médico vecino. Hubo otro herido, según me enteré después era policía. Recuerdo que había un Falcón fuera de la casa, también. A la mamá de la nena -Juliana- la taparon con una frazada, la envolvieron con una soga como un matambre, la metieron en el Falcón y se la llevaron. Eso lo vi porque dejaron el portón abierto. En el barrio se comentaba que los militares decían que se los llevaron porque eran subversivos», contó Eva Gloria.

Durante el cuarto intermedio, Alfonso que asistió sonriente a la audiencia, charlaba animadamente con sus familiares y amigos, con las manos en los bolsillos. Las personas que presencian el juicio destacan el bronceado del imputado y comentan: “Claro, si están en Campo de Mayo jugando tenis y golf todo el día”, en referencia a la cárcel de privilegio que aloja a genocidas.

Luego fue el turno de tres peritos que examinaron las heridas de Alfonso que lo incriminan en la participación del operativo de Villa Adelina. El primero, Luis Horacio Márquez, perito oficial y médico forense, habló de su participación en el peritaje efectuado en el 2009. Hizo mención a que se encargó de verificar si Alfonso tenía heridas, describió las características de las mismas y estableció el posible orificio de entrada y salida de bala. Luego se limitó a repetir las conclusiones de sus compañeros. El segundo, Walter Jorge García, perito especialista en balística, fue quién realizó las pericias en el 2009, por pedido de la defensa de Eduardo Alfonso. Dijo que se hizo un análisis descriptivo de Alfonso –a quien curiosamente se refirió como la víctima-, donde se reunió junto a otros tres peritos. En ese análisis evaluaron la  cicatriz que tenía Alfonso en la parte superior del glúteo izquierdo. «La cicatriz que presentaba era indicativa de un orificio de entrada circular, es decir, que la trayectoria fue perpendicular al piso. Por lo cual la herida podría haber sido hecha desde una butaca de motocicleta, porque generaría una impronta horizontal. Si una persona hubiera estado acostada no hubiera dado tal impronta y si una persona hubiera estado parada la única posibilidad de que ese orificio fuera circular sería que el disparo se hubiese efectuado desde la cadera lo cual reduce la certeza del tiro». Todo eso para abonar a la teoría de Alfonso, quien dice que en el mismo momento del operativo de Villa Adelina, él estaba en otro contra un motociclista, que le disparó. Curiosamente, el único episodio que registra la prensa de la época, es el de la casa del matrimonio García Recchia.

Juliana Inés García Recchia en la audiencia del 10 de octubre por el juicio a los represores de la dictadura Eduardo Alfonso y Rafael Félix López Fader.

Cuando la querella cuestionó al perito y preguntó si la bala que recibió Alfonso no podría haber provenido de una persona en posición “arrodillada a tierra”, el perito se negó a responder porque no podía precisarlo por falta de datos. Tampoco quiso responder cuando plantearon si Alfonso podría haber sido herido, mientras se descolgaba de una pared, saliendo del patio de la casa en que habría asesinado a Antonio Domingo. Sin embargo, sí aseguró que el disparo efectuado  desde una butaca de una motocicleta era factible, aún sin tener los datos de la altura del vehículo ni del tirador. Por último, la perito Silvia Bufalini  aseguró que el informe se contestó desde la generalidad de los casos en balística y de los datos que se tenían en ese momento –orificio de bala y distancia al suelo-, porque había datos que no tenían como la altura del tirador y de la moto, si el vehículo estaba en movimiento o estático.

La  última en declarar fue Stella Segado ex integrante del Equipo de Investigación de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, quien reafirmó lo que ya había declarado en la etapa de instrucción: el legajo de Alfonso contiene una condecoración por su participación en el operativo  de Villa Adelina, la madrugada del 12 de enero de 1977. La noche que él dice haber perseguido una moto, sus superiores  lo premiaron por su desempeño en la tarea «antisubversiva».

Las audiencias de este juicio por ambas causas acumuladas continuarán el próximo martes a las 9.30 de la mañana en el Tribunal de San Martín. Alfonso pidió que para esa audiencia no se lo trasladase, ya que el juicio girará más en torno al caso López Fader y sus testigos.

Actualizado 18/10/2017

“Los hechos traumáticos no se olvidan”

“Los hechos traumáticos no se olvidan”

Comenzó ayer el juicio contra el ex Secretario General del Ejército, Eduardo Alfonso, acusado por el asesinato de Antonio Domingo García y la desaparición de Beatriz Recchia, embarazada, en 1977, en la localidad bonaerense de Villa Adelina. La pareja militaba en la organización Montoneros. Su hija mayor, Juliana -que tenía tres años en el momento del secuestro- luego del operativo fue privada de su libertad por algunas horas. Al momento de los hechos, Alfonso se desempeñaba como teniente primero de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, ubicada en Campo de Mayo. Este es el primer juicio que enfrenta el ex militar, luego de 40 años de impunidad y cuatro como prófugo. Pudo ser acusado recién en 2008, luego de una lectura minuciosa de su legajo, en el que se lo condecoraba por aquel allanamiento clandestino.

En el mismo juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín –integrado por los magistrados Marta Milloc, Diego Barroetaveña y Marcela Mónica Rodríguez– juzga a Rafael Félix López Fader, ex capitán del Departamento de Inteligencia del Comando de Institutos Militares, por su participación en la privación ilegal de la libertad y tormentos, homicidio y tentativa de homicidio del ex diputado Diego Muniz Barreto y Juan José Fernández.  

Fader está imputado por haber llevado adelante el secuestro de estos jóvenes, el 16 de febrero de 1977, en el marco de un plan sistemático. El personal policial habría obligado a ambos a salir de la carnicería en la que se encontraban y subir al automóvil de Fernández, marca Fiat 128. Las víctimas permanecieron detenidas en la comisaria cercana hasta el 18 de febrero de 1977, fueron trasladados a otra dependencia, arrojados en un calabozo esposados y desvestidos. Posteriormente fueron encapuchados e introducidos en dos automóviles Ford Falcon, donde se encontraban cinco hombres más. Después se inició la marcha hacia la localidad de Pacheco y los encapucharon hasta llegar al Centro Clandestino de Detención el “Campito”, en Campo de Mayo. Allí fueron golpeados, sometidos a simulacro de fusilamiento y a Barreto le aplicaron corriente eléctrica. El 6 de marzo de 1977, en horas de la madrugada, un militar que se apellida Roldan, apodado “Trapito” y un gendarme conocido como “Puma” trasladaron a los detenidos  hasta el Comando del Instituto militar de la guarnición militar de Campo de Mayo, donde fueron recibidos por Fader apodado “Raúl” y Mario Rubén Rodríguez alias “Escorpio”. Fader integraba una comisión especial encargada de trasladar a los detenidos desde allí hasta a provincia de Entre Ríos. Las víctimas fueron encadenadas, encapuchadas e introducidas en el baúl de dos automóviles para dejarlos a orillas del rio Paraná, en donde permanecieron hasta el anochecer. Luego le suministraron inyecciones para adormecerlos y colocarlos en el Fiat 128 de Fernández y  finalmente lanzarlos al agua. Muniz Barreto falleció, pero Juan José Fernández sobrevivió y pudo escapar del automóvil que había sido sumergido. Los represores intentaron ocultar los homicidios bajo la forma de un accidente automovilístico. Ante la lectura de las acusaciones, Fader decidió hacer uso de la palabra y dijo: “En primer lugar, quiero decirle al tribunal que soy totalmente inocente de los cargos que me han imputado. Yo no participé en el secuestro de Barreto como tampoco en la privación ilegal de su libertad  y mucho menos en su deceso, jamás lo he visto. No he participado en la lucha contra la subversión y según me ha manifestado mi abogado defensor lo único que me imputa en esta prueba de la causa Campo de Mayo,  ha sido prueba que ha traído el testigo protegido Víctor Ibáñez, al cual no conozco. Y yo le pido, excelentísimo Tribunal, tener un careo con esa persona. Esto es todo lo que voy a declarar por hoy, porque salí muy temprano de Campo de Mayo -a las 3 de la mañana- y olvidé una serie de documentos que sería muy importante mostrar”, dijo Fader, sin que le temblara la voz. Por último manifestó que quiere participar de todas las audiencias del caso.

Imagen de Eduardo Alfonso mientras declara en el juicio en su contra.

Eduardo Alfonso, ex Secretario General del Ejército, acusado por el asesinato de Antonio Domingo García y la desaparición de Beatriz Recchia.

Eduardo Alfonso en cambio, prefirió no declarar, por asesoramiento de su letrado y se remitió a su declaración indagatoria, que hizo en sede judicial el 11 de diciembre del 2008. Pidió que se la leyera en voz alta, públicamente, y que luego se incorpore a las actas correspondientes con el croquis de puño y letra que él hizo en esa oportunidad relatando los hechos “tal cual sucedieron”, según su versión. Además expresó que él también quiere presenciar de todas las audiencias. Alfonso niega haber participado en tiempo y lugar del operativo en Villa Adelina, en la calle Independencia al 1940, la noche del 12 de enero de 1977. En aquel escrito, Alfonso dice no conocer el lugar de los hechos que se le imputan, los que “afectan a su persona en lo familiar, personal y profesional”.

Finalmente, tras los inverosímiles relatos de los acusados, fue citada a declarar Juliana Inés García Recchia quien comenzó hablando de sus padres para “bajar a la realidad el caso”, aclaró. “Mi mamá, Beatriz Recchia, se recibió de maestra, ejerció como jardinera y estudió Historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Mi papá, Antonio Domingo García, había hecho la primaria como pupilo en el colegio Lasalle de González Catán y fue maestro de grado en el Colegio Pío XII. Los unió la pasión por la historia y la militancia, por el lado de la Iglesia. Se encontraron en un taller de historia en los 70. Convergieron en Montoneros, donde militaron hasta el último momento de sus vidas. Desde jóvenes tuvieron inquietudes sociales y políticas. En 1972 se casaron y cuando mi mamá estaba por rendir uno de sus últimos finales rompió bolsa y nací yo”, relató Juliana. Luego aclaró que a pesar de la corta edad que tenía cuando se produjeron los hechos, tiene recuerdos propios de esa noche porque la marcaron. Con respecto a la memoria de sus padres dijo: “La historia mía con ellos la fui armando con el tiempo. Trato de reconstruirla a través de lo que me contaron y otras que viví. Se han acercado muchas personas que conocían a mis padres, amigos y familia. Los recuerdos que tengo de ellos tengo que cultivarlos día a día. Trato de no perder sus caras, solo viví con ellos tres años y trece días. Los hechos traumáticos no se olvidan y éstos los tengo grabados a fuego junto con sus abrazos que me acompañan, porque es lo que me queda de ellos. Sé que me quisieron mucho y eso fue la base para ser lo que puedo ser hoy”.

Juliana Inés García Recchia, hija de las víctimas de Eduardo Alfonso.

“Los familiares necesitamos darle un cierre a esto. Hace más de 40 años que esperamos justicia», dijo Juliana Inés García Recchia.

Antes de la noche de horror que vivió la familia de Juliana, ellos ya sufrían la persecución a manos de la Junta Militar. La situación se había complicado aún más por las caídas de compañeros de sus padres motivo por el cual se mudaron varias veces hasta llegar al PH de Villa Adelina, ubicado en la calle Independencia al 1940, en diciembre de 1976. “Tengo recuerdos de adrenalina y terror que a veces vuelve en sueños”, contó Juliana.

El año pasado, Juliana volvió al barrio y habló con los vecinos y pudo saber qué pasó durante el operativo: “Muchos de mis recuerdos eran reales. Porque lo que me contaban era tal cual como lo tenía presente”. El operativo, según reconstruyó, fue alrededor de las 4 de la madrugada del 12 de enero de 1977. Lo primero que recuerda son los ruidos estruendosos. Después, que se encontraba con su madre agachada detrás de algo, como una cómoda, su madre la protegía y le hablaba. Beatriz le dijo a su pequeña de tan solo tres años que afuera había hombres malos explotando globos. Cuando los sonidos cesaron, aparecieron en la habitación unas personas que las sacaron a ambas de la casa. En el patio yacía su padre, Antonio Domingo García. “Nos hicieron pasar por el patio y ahí estaba el cuerpo de mi papá. El patio era tan chico que tuvimos que pasar por encima de mi papá”, dijo Juliana con la voz quebrada. Luego procedieron a subir a su madre a un camión que, según rememora Juliana, tenía lonas. Después de eso, solo recuerda que la subieron a la parte de atrás de un auto que tenía los “asientos largos”, típicos de los Falcón. Horas más tarde fue entregada a sus abuelos maternos por el personal de la comisaría de Villa Adelina. García fue inhumado como NN en el cementerio de Boulogne, mientras que Recchia -quien permanece desaparecida- fue confinada en la Guarnición Militar de Campo de Mayo, en el Centro Clandestino de Detención conocido como «El Campito». Allí fue vista con vida al menos por dos sobrevivientes. En ese lugar, dio a luz a una niña que permaneció desaparecida apropiada por Luis José Ricchiuti hasta 2009, cuando recuperó su identidad y se convirtió en la nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo número 97. Además, después de aquel operativo habían saqueado la casa. “Se llevaron todo, hasta mis dos cotorritas. Lo único que quedó fue un rollo de papel higiénico. Es lo único que me quedó como recuerdo de esa casa y de mis viejos”, repuso Juliana conmocionada.

“Lo más difícil era entender lo que pasaba con mi mamá, no estaba la figura del desaparecido en ese entonces. La gente desaparecía pero no se sabía qué iba a pasar con ellos. Hubo un tiempo que se decía que los desaparecidos estaban en España. Y yo quería creerlo, me quería ir a Europa a buscar a mi mamá. Mi tío Tito era el encargado de bajarme a la realidad, de pincharme los globos”, contó. A Juliana no solo le arrebataron a sus padres, sino también la posibilidad de tener un lugar en donde elaborar su duelo, una tumba para visitarlos y llorarlos. Al referirse al plan sistemático que llevó a cabo el Grupo de Tareas durante la última dictadura militar Juliana dijo -mientras sacaba un pañuelo y se secaba las lágrimas de dolor: “El plan era este: me quedo con todo, con tus bienes, tus hijos, tu cuerpo. Ni siquiera vas a tener una tumba”.

Juliana pidió que Alfonso tenga la valentía de contar la verdad y diga qué hicieron con su madre.

“Los familiares necesitamos darle un cierre a esto. Hace más de 40 años que esperamos justicia. El daño y el dolor son permanentes. Yo me despierto y todos los días me siento huérfana y mis hijas se perdieron de tener a sus  abuelos”, manifestó Juliana. Además, pidió que Alfonso tenga la valentía de contar la verdad y diga qué hicieron con su madre y lamentó que por retardos en la justicia muchos represores quedarán impunes. “Sentimos que esto no se acaba nunca”, dijo Juliana para concluir su testimonio. Inmediatamente finalizada la declaración los aplausos no se hicieron esperar para acompañar a la hija de la pareja víctima del genocida Alfonso a quién no sólo no se le movió un solo musculo mientras Juliana relataba lo que le había sucedido a sus padres, sino que provocó a la audiencia al sonreírle a una fotógrafa que lo estaba retratando. Las que sí se mostraron emocionadas por el relato, fueron quienes vienen acompañando cada uno de los juicios de lesa humanidad. En la sala del martes pudo verse a integrantes de la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo –querellante en esta causa en representación de Juliana-, miembros de la Comisión Campo de Mayo y de Comisión Memoria de San Martín, entre otros. Alfonso y Fader también estuvieron acompañados. Paradójicamente, las hijas de Alfonso no pudieron ocultar la emoción al escuchar el relato de Juliana.

La segunda audiencia se llevará a cabo el próximo martes a las 9.30 de la mañana.  López Fader y Alfonso continuarán detenidos en la Unidad Penitenciaria 34 de Campo de Mayo hasta que se dictamine una sentencia. Está previsto que declare Juana Muñiz Barreto, hija del ex diputado Diego Muñiz Barreto, secuestrado y asesinado el 6 de marzo de 1977.

Actualizado 11/10/2017