“Queremos cambiar el paradigma de plan social por el paradigma del salario social complementario”, plantea Leonardo Grosso, diputado nacional por el bloque Peronismo para la Victoria, uno de los impulsores de la Ley de Emergencia Social, que obtuvo media sanción en el Senado la semana pasada. En su oficina de la calle Riobamba el legislador, miembro del Movimiento Evita, habló con ANCCOM sobre su decisión de alejarse del Frente para la Victoria, el peronismo y el rol que ocupan los dirigentes opositores, como Cristina Fernández de Kirchner.
¿Qué establece específicamente la Ley de Emergencia Social?
La ley tiene tres puntos. El primero es crear el programa de ingreso social con trabajo, declarar la emergencia social y plantear que, en el plazo de un año, el Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Trabajo, tiene que crear un millón de puestos de empleo de la economía popular. El segundo punto establece las instituciones: el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular que, según algunos estudios, son más de tres millones, y el Concejo del Salario Social Complementario. Por ejemplo, la Federación de Organizaciones Cartoneras de la Argentina hizo un promedio del salario de los cartoneros, estableciendo que es de 5.000 pesos. Entonces, el salario social complementario de los cartoneros va a ser de 2.600 pesos porque es lo que le falta para llegar al mínimo, vital y móvil. Y el tercer punto es la actualización de las Asignaciones Universales por Hijo a la inflación del año. Si no queremos que se pierda capacidad de compra, hay que actualizarlas un 15% más. En debate en comisión en el Senado se le incorporó otro artículo, que es la emergencia alimentaria, que insta al Gobierno Nacional a aumentar un 50% las partidas alimentarias para las escuelas, comedores y merenderos.
¿Cómo surgió el proyecto?
La ley es, primero, una iniciativa del tridente de organizaciones piqueteras que se constituyó a partir de la llegada de Macri al gobierno, compuesto por la CCC (Corriente Clasista y Combativa), Barrios de Pie y la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular). El Movimiento Evita es parte de la CTEP, pero abarca también organizaciones de izquierda, cooperativas, cartoneros. Estas tres organizaciones marcharon desde Liniers a Plaza de Mayo el 7 de agosto, que es el día de San Cayetano, pidiendo paz, pan y trabajo, y empezaron a plantear la necesidad de declarar la emergencia social. Fue un mes en donde se habló de los nuevos pobres que había en la Argentina a partir de los datos de la UCA (Universidad Católica Argentina), de la desocupación, de la contracción del mercado interno, la devaluación, la inflación, por lo tanto pauperización de los niveles de vida del conjunto del pueblo argentino. Además, Macri había vetado la Ley Antidespidos y se volvieron a despedir, posterior al veto, 130 mil personas. A partir de todo esto, se estableció una reunión en el Senado donde las organizaciones fueron a contar esto. Había más de 17 senadores y 25 diputados de distintos bloques: desde Pino Solanas hasta (Miguel Ángel) Pichetto. Ahí se establece la posibilidad de hacer la ley.
Sin embargo, recibió críticas de sectores de izquierda.
Y de La Cámpora también. Nosotros les tenemos mucho cariño, son nuestros hermanos, pero ahora han hecho un comunicado planteando que esto era una medida coyuntural, entonces estamos un poquito enojados. Desde la izquierda también critican que sea coyuntural. Sí, bueno, chocolate por la noticia, no somos salames y las organizaciones, tampoco. Es una respuesta inmediata a la emergencia lo que estamos planteando. No queremos discutir cómo se resuelve mientras la gente se muere de hambre.
Desde el Gobierno plantean que la ley no es viable económicamente. ¿Cómo se financiaría?
Es increíble que digan eso cuando durante todo el año han transferido recursos a los sectores más concentrados. Es una cuestión de decisión política, no de financiamiento de recursos. El Gobierno entregó 63 mil millones de pesos anuales a tres empresas agroexportadoras y a dos empresas mineras, que encima son yanquis. Es el mismo Gobierno que le regala 19 mil millones de pesos a tres empresas eléctricas, una de las cuales es del primo de Macri. Ya con eso vos tenés, en siete empresas, 81 mil millones de pesos anuales: la mitad es lo que necesitamos nosotros para la emergencia social, para crear un millón de puestos de trabajo, y para tres millones y medio de Asignaciones Universales por Hijo. Por otro lado, armamos tres proyectos de ley para hacer un impuesto a empresas trasnacionales que invierten en la Argentina y, mes a mes, giran miles de millones de dólares al exterior. Y, esta semana, presentamos un impuesto al juego y a los plazos fijos en moneda extranjera mayores a un millón. Entonces hay posibilidades, si nosotros gravamos a los que más tienen y distribuimos. Y esta plata, que se gastaría en la emergencia social o que se invertiría en los sectores populares, rápidamente se volcaría al Estado con impuestos, porque los compañeros que menos ganan gastan todo en consumo, no ahorran.
El senador por Cambiemos Luis Naidenoff dijo que esta ley agita el fantasma del estallido social a fin de año.
El PRO vive adentro de un termo. La verdad es que no tienen ni idea de lo que está pasando. Este fue un año complicado, no es diciembre el mes complicado, y esto es un desastre para los sectores populares. Hoy los compañeros vuelven a pedir comida, y esa es una señal clara de cuál es la situación social este año a partir de políticas económicas viejas, porque son las mismas que usó Martínez de Hoz en la Dictadura, y las mismas que usó Cavallo en el menemismo y la Alianza.
Con respecto al Ministerio de Desarrollo Social, ¿cómo son las relaciones con la ministra Carolina Stanley? Emilio Pérsico manifestó que es necesaria la relación con el Gobierno.
Nosotros venimos hablando desde principio de año. Hay una mesa de diálogo abierta, por distintas cuestiones, entre las tres organizaciones y Stanley. Es buena la relación, pero eso no alcanza, lo sabemos y se lo decimos. Son vasitos de agua en el desierto. Si nosotros en el gobierno kirchnerista no podíamos resolver los problemas estructurales de la pobreza con política social, y había una política económica virtuosa, ahora que hay una política económica contraria a los sectores populares, mucho menos. Emilio es el que va a las reuniones con Stanley. Estamos tratando de hacer viviendas en la provincia de Buenos Aires con cooperativas sociales, pero la relación es gremial, no política. Algunos sectores que se paran desde un ideologicismo dicen que no hay que sentarse a hablar, pero es el Estado… nosotros no podemos no sentarnos a hablar. No es como la teoría de los troskos, cuanto peor, mejor; para nosotros es cuanto peor, peor. Si esto estalla, la gente sale a saquear, ¿y quién paga los costos de la crisis? No hay una sola crisis en este país que la haya pagado Techint, Macri, Clarín… estos tipos salen siempre por arriba. ¿Quiénes son los muertos del 20 de diciembre? No hay ningún banquero o funcionario muerto, sino pobres que fueron a protestar por comida o para que se vayan todos.
Nosotros eso no queremos más pobres muertos. Yo quiero construir una alternativa política, que este gobierno se vaya dentro de cuatro años, cuando se tiene que ir, y que nosotros no arranquemos de cero. Quiero tratar de estar lo más arriba posible. Néstor nos subió muchos escalones; bueno, yo de acá no me bajo.
¿Por qué vos y otros legisladores decidieron abrirse del Frente para la Victoria? ¿Tuvieron que ver los hechos de corrupción?
Se utilizó eso porque fue una semana después del tema del bolso de José López y ese espectáculo tragicómico de la historia argentina. Pero nosotros decidimos armar un bloque aparte con los diputados del Movimiento Evita porque no estamos de acuerdo con la política que lleva adelante el FpV. La discusión la tuvimos adentro durante cinco meses, y sigo insistiendo en que el FpV persiste en ese error: muchas veces se cargan las tintas sobre los sectores de la oposición, y no sobre Macri. Y hoy tenés un adversario común mucho más importante que las diferencias que vos puedas tener con tus pares de la oposición. Eso va más allá de que lo quieras traducir, después, en términos electorales. Es muy difícil que, por ejemplo, nosotros y Massa terminemos juntos, o que La Cámpora y los socialistas terminen juntos, pero nosotros acá podemos hacer una articulación en contra de Macri. Porque lo hicimos con la Ley Antidespidos, y porque lo podemos llegar a hacer con la Emergencia Social. Yo no puedo determinar la política a partir de quién bancó o no mi gobierno. Yo fui parte de ese gobierno, es mi gobierno, yo a Cristina la quiero, es una genia para mí, pero no acuerdo la estrategia política. Yo creo que el campo nacional y popular es más grande que el kirchnerismo y, de hecho, el kirchnerismo juntó un espacio enorme en el campo nacional y popular. Fuimos a elecciones con Scioli a la cabeza, pero perdimos. Entonces, eso que juntamos es mucho, pero no alcanzó porque ellos eran más. Ahora, nosotros tenemos el desafío de juntar un poco más, y eso no se hace cuestionando a los que estaban conmigo, o a los que no estaban conmigo que podrían haber estado. Yo cuestiono a Macri, no voy a cuestionar a Barrios de Pie porque no estuvo en mi gobierno, porque ellos están en la calle: sus compañeros son los mismos que los míos que se están muriendo de hambre por la culpa de este Gobierno. Y con la CGT pasa lo mismo. Yo no puedo discutir con Moyano para atrás porque no voy a estar de acuerdo con lo que hizo en las últimas elecciones, yo jamás hubiese ido a un acto con Macri para hacerle un monumento a Perón. Pero ahora tenemos que construir una nueva mayoría. Hoy es una situación política de defensiva popular. Hay que aplicar menos la política del codazo, de pelearle al de al lado tuyo, y empezar a hacer la política del puño, porque si pegamos entre todos, el puño es mas grande. Si nos codeamos entre nosotros, es imposible pegar para adelante.
¿Cuál será, entonces, el rol de Cristina Fernández de Kirchner en los próximos meses?
Es innegable que Cristina es una de las figuras más importantes de la Argentina. Tiene peso y está afilada en sus planteos al macrismo, pero depende de lo que ella quiera. Si quiere ocupar un lugar importante, va a colaborar en la construcción de una alternativa a esto. Si ella pretende ocupar un lugar de testimonio, en términos políticos, de poder ir marcando siempre donde está el error, pero sin la necesidad de tener una estrategia para gobernar, puede armar su propio grupo y expresar esa política sin la necesidad de confluir en algún frente. Yo creo que hay dos o tres estrategias que puede tomar ella. Hoy, por lo pronto, yo la veo ocupando el espacio opositor. De los dirigentes importantes en este país, no hay nadie más opositor que Cristina. El resto practica un opo-oficialismo, como dice (Horacio) Verbitsky.
¿Qué papel juegan otros peronistas, como Diego Bossio o Sergio Massa, en la escena política?
Tienen que definir si están en el espacio opositor o el espacio oficialista. Me parece que eso es cuestión de tiempo. Yo no estoy de acuerdo con la política de buscar traidores, fue una de las discusiones que tuve en el bloque del FpV cuando se fueron Bossio y los otros compañeros a armar el Bloque Justicialista. Uno no puede simplificar así la política porque, sino, tendría una lectura muy lineal que no permitiría hacer política en términos reales. Entonces, yo soy un poquito más respetuoso de esos compañeros. Tenemos excelente relación con (Oscar Alberto) Romero, el presidente del Bloque Justicialista, y trabajamos muchas cosas en común. Me parece que ese espacio es parte de la posibilidad que tiene el peronismo de rearticular una mayoría, con distintos niveles de protagonismo. Por otro lado, Massa tiene la disyuntiva de elegir entre Margarita Stolbizer y el peronismo. Yo lo veo más cerca de Margarita, pero allá él. Nosotros tenemos otra tarea: vamos a la calle, construimos base social para poder enfrentar y frenar este Gobierno, y vamos hablando con todo el peronismo, intendentes y sindicatos, tratando de armar alguna propuesta política interesante en la provincia de Buenos Aires.
¿Cuál es tu relación con el Municipio de San Martín y con el intendente Gabriel Katopodis?
Tengo excelente relación. Tenemos una alianza política con el intendente hace un tiempo largo. Hay compañeros del Movimiento Evita que están integrados a la gestión municipal. Este es el segundo mandato de Katopodis, y ha hecho una buena gestión; cualquiera, le guste o no, puede ver que San Martín está un poquito mejor. Con Katopodis venimos compartiendo mucho la mirada política de qué es lo que hay que hacer, y caminando mucho la provincia de Buenos Aires y el conurbano, articulando compañeros para poder establecer una alternativa política desde el peronismo, que se plante opositor al gobierno de Macri, y que permita ir articulando algunas propuestas interesantes.
¿Cómo es la relación de los intendentes de la provincia con el gobierno de María Eugenia Vidal?
Ellos tienen que hablar porque son intendentes y la señora es gobernadora, pero no resuelve mucho. La verdad es que el gobierno de Vidal es un desastre en materia de gestión. Todavía no construyó ni una casa y hace un año que está. Dijo que iba a hacer las grandes obras y lo único que hizo fue inaugurar un pozo que es un túnel de un paso bajo nivel. Si nosotros habíamos pensado que Scioli había hecho el desastre más grande que se puede hacer en la provincia en materia de seguridad, vino Vidal y lo empeoró.
¿Cómo se resuelven las negociaciones entre los gobernadores y el Ejecutivo?
El Gobierno utiliza los recursos económicos para extorsionar a los gobiernos provinciales. Pero los gobernadores de a poquito se van cansando de esa situación. Ellos avanzan con reclamos, el Gobierno les dice que sí, pero después les dicen no, o no les manda los fondos. Hay un problema que es estructural en Argentina, que nosotros no lo resolvimos durante doce años, que es la falta de federalismo en términos de recursos: hay una dependencia de las provincias y los municipios para con la Nación o con cada provincia, que es enorme. Y eso está mal que lo hagan estos, y también si lo hacíamos nosotros. Pero creo que ahora empeoró, porque otra cosa es un Estado que invierte, que alimenta el mercado interno, entonces vos tenés posibilidades de absorber recursos a partir del movimiento de la economía. En una situación de recesión, de ajuste, de transferencia, y de endeudamiento, es diferente. La única propuesta que hicieron desde el gobierno nacional para las provincias es endeudarse, y eso ya sabemos cómo termina.
Se agota el ancho y, hasta donde se vio, el largo de la 9 de Julio. La columna sur se derrama sobre ella al ritmo de bombos lejanos. La serie de banderas, alterna colores: agrupaciones sindicales, estudiantiles, organizaciones barriales, fábricas recuperadas, PyMEs y organismos de Derechos Humanos, entre otros. Encabezada por Avellaneda, y respetando cierto orden geográfico, a medida que la columna avanza se visualizan agrupaciones del sur de la provincia de Buenos Aires y de ciudades patagónicas. La misma imagen se repite en los frentes norte y oeste: todos convergen en la 9 de julio y así comienza a concluir la Marcha Federal que se inició tres días antes, el 31 de agosto, en todo el país, bajo la consigna: «Un pueblo movilizado para terminar con el tarifazo, los ajustes y los despidos». El cierre es en Plaza de Mayo a las 17. La Marcha Federal es una de las tantas costumbres noventistas que se retoman este año.
Entre la organizada heterogeneidad de banderas, se destaca -algunos metros detrás del telón del Frente Ciudadano de Avellaneda- la figura de San Cayetano, cargada sobre los hombros de dos manifestantes. A su paso, suspendido en el aire, va recibiendo reverencias, agradecimientos y rezos breves. La imagen del santo, ornamentada con flores blancas, sostiene un cartel que se queja: «Lo que San Cayetano te da, Macri te o quita». Encabeza ese grupo el Frente Ciudadano de Isla Maciel, con el Padre Francisco «Paco» Olivera, párroco de Nuestra Señora Fátima.
Previo a la marcha, la columna sur se nucleó en la Plaza Alsina de Avellaneda, en dónde el intendente Jorge Ferraresi presidió un acto en el que además hablaron representantes de las provincias de Neuquén y Chubut y Jorge Baradel, titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Provincia de Buenos Aires (Suteba). «Fueron discursos que hablaron de la unidad del campo popular, de la lucha contra este gobierno neoliberal que nos está sacando día a día los derechos», comenta el Padre Paco, sosteniendo una bandera blanca con letras gruesas y rojas que piden por la libertad de Milagro Sala. «Tres curas de la Opción por los Pobres hicimos una pequeña oración pidiéndole fuerza a San Cayetano para que sigamos en la lucha», agrega inmediatamente, con los ojos azules distraídos en el flamear de la bandera. «Después nos sumamos a la marcha por el Puente Pueyrredón, puente histórico, dónde los trabajadores cruzaron para exigir la libertad de Perón hasta llegar a Plaza de Mayo».
A medida que avanza por la avenida, reducida a dos carriles por la doble hilera de micros estacionados, la columna se va nutriendo de otros grupos de manifestantes que desembocan desde las calles aledañas. En avenida Belgrano se desvía para encaminarse finalmente por la Diagonal Sur hasta Plaza de Mayo.
Los Curas en Opción por los Pobres, cuenta el Padre Paco, están repartidos en las distintas columnas. Algunos partieron desde Jujuy y llegarán al último punto de encuentro desde La Matanza, encarando el tramo final por Avenida de Mayo. «Nosotros no entendemos que ser cura pueda ser de otra manera. Yo siempre digo que el día que vea un alma caminando, a lo mejor cambiaré. Somos personas de carne y hueso, con necesidades. Creo en un Dios que comparte el pan, que es pan partido y compartido para todos, un Dios que dice ´no matarás y el hambre es un crimen´, un Dios que quiere que vivamos con dignidad y si no hay trabajo, aunque tengamos el pan, no estamos viviendo con dignidad. Un Dios que no quiere que explote un hermano a otro hermano».
Inmediatamente detrás del Frente Ciudadano de Isla Maciel marcha ATECH, Asociación de los Trabajadores de Chubut. Melisa y Luján, de Puerto Madryn y Rawson, repasan el recorrido que arrancaron el 31 de agosto en Comodoro Rivadavia. Pasaron por Trelew en un acto en el Museo de la Memoria, en el lugar en donde ocurrieron los históricos fusilamientos, pasaron por Puerto Madryn, por Viedma, siguieron por Bahía Blanca, después por Tres Arroyos, Necochea y Mar del Plata, para llegar ahora, dentro de poco más de una cuadra, a Plaza de Mayo. «En todos lados se iban sumando compañeros», aclara Melisa, tan orgullosa como cansada después de tantos kilómetros. Toma mate para mantenerse a ritmo, estimulada también por la masividad de la marcha.
En relación a la situación de Chubut, Luján advierte: «Está en un momento muy crítico. Yo trabajo en la construcción y cada vez hay menos trabajo. Se pararon los planes Procrear y tampoco se están cobrando las becas Bicentenario. El gobernador (Mario) Das Neves persigue a los dirigentes sindicales. No hay derecho a manifestarse, están echando gente por sumarse a las marchas y a los reclamos”. Como docente, Melisa plantea que su situación es igual de delicada: «Los profesores y maestros estamos de paro porque la inflación ya nos comió el salario. Nuestra paritaria cerró en 24% y la inflación ya está alcanzando el 50. Pero si paramos, somos malos docentes porque no vamos a trabajar».
Una vez a orillas de la Plaza, la columna se detiene. La voz metálica y enardecida de la locutora anuncia a través de los parlantes la incansable lista de agrupaciones que están marchando para finalmente estimar una convocatoria de más de 200.000 personas. Cada grupo responde al anuncio de sus siglas con cánticos particulares, aunque hay un canto que abarca toda la plaza: «Unidad, de los trabajadores».
Arriba del escenario que fue montado de frente al Cabildo, se termina de condensar el paisaje de diversidad y la consigna de unión. Allí se encuentran gremialistas de diferentes centrales obreras, como Daniel Catalano (ATE Capital), -quien se encargará de leer una carta escrita por la dirigente jujeña ilegalmente encarcelada Milagro Sala– Roberto Baradel (SUTEBA), Sergio Palazzo, (Bancarios), Víctor Santa María (Trabajadores encargados de edificios), Eduardo Lopez (UTE), Omar Plani (Canillitas), Pablo Moyano (Camioneros), junto a los principales oradores del acto de cierre, Hugo Yasky y Pablo Micheli (CTA Autónoma). También algunos dirigentes políticos como Alejandro Godart (MST), Daniel Filmus (Diputado del PARLASUR), Carlos Tomada (FPV), entre otros. Además están presentes Estela de Carlotto y Taty Almeida, junto a otras Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, ovacionadas y reconocidas por todos los presentes.
Cuando le toca su turno, Micheli no da rodeos: «Hay que dejarse de joder con el sectarismo y con el interés individual o corporativo. Hay que pensar en la patria y en nuestro pueblo, sin perder la identidad. Las diferencias las discutimos en la calle codo a codo, no tirándonos piedras”. A continuación le responde al Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quién el jueves por la mañana declaró que la marcha tenía “tintes políticos e ideológicos”: “No queremos ajuste, esa es nuestra ideología”, replica Micheli, antes de rematar: “Ajuste violento o gradual, ese es el debate del equipo económico. Ni violento, ni gradual, ajuste las pelotas. No vamos a pagar con despidos, suspensiones, rebaja salarial, salario indigno, impuesto a las ganancias, precariedad laboral”.
Antes de ceder el micrófono, Micheli aborda el tema de las paritarias apuntando contra el discurso oficial: “Desde el Gobierno hablan de darles tiempo, pero cuando tienen que transferir recursos a mineras y al capital concentrado tienen una celeridad pasmosa. Mientras que, para reabrir paritarias, comienzan a poner peros”.
Hugo Yasky lo sucede en la palabra, como último orador, marcando que el acto fue posible gracias a la convergencia de movimientos sindicales y estudiantiles, organizaciones de derechos humanos, PyMEs y pequeños productores del agro, trabajadores informales, empresas recuperadas y organizaciones de izquierda. “Esta unidad”, sostiene, “es el mapa del campo popular que el neoliberalismo quiere dividido. Si construimos la unidad con la convicción de la lucha para la liberación, emancipación y justicia social, entonces somos invencibles.”
Gran parte de la ovación se convierte en abucheos cuando el titular de la CTA agradece a Pablo Moyano, diciendo que “no hubiese sido lo mismo sin tantos compañeras y compañeros de la CGT. Por debajo, la unidad entre esa central obrera y la CTA crece y se hace fuerte –continúa Yasky- y nos permite decir que estamos en el camino de la construcción de un sujeto colectivo que va a tener la agenda social que el gobierno se niega a discutir”. En sintonía con Micheli, retoma una frase repetida insistentemente por los funcionarios del gobierno de Cambiemos, y en especial por el Presidente Mauricio Macri: “No somos nosotros los que ponemos palos en la rueda. Al contrario, al Presidente le decimos que nosotros queremos sacar los palos de la rueda que metieron en nuestro salario. No queremos un bono para llegar a fin de año, queremos un salario para llegar a fin de mes”.
A continuación, Yaski refuerza en los temas abordados por Micheli y hace hincapié en las consecuencias del aumento de tarifas de los servicios de luz, agua y gas. “Necesitamos que a las PyMEs no se las desparrame con tarifazo, y que una familia no tenga que elegir entre comer o pagar tarifas”, reclama, antes de llamar a una nueva marcha de unidad sindical para el 16 de septiembre, día en que se tratarán, en audiencia pública, los nuevos cuadros tarifarios. “Las centrales sindicales, las dos CTA y los compañeros de la CGT, vamos a convocar a estar movilizados, presentes y discutiendo el nuevo cuadro de tarifas”, afirmó. De esta forma, Yaski anunció los pasos a seguir, en consonancia con lo que Micheli había advertido unos minutos antes: “Va haber paro nacional más temprano que tarde”. “O cambia la política económica o acá va a haber lucha todo el tiempo, con paro y movilizaciones, a lo largo y ancho del país. A no conceder un solo milímetro de las cosas conquistadas”.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y los gremios docentes nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) realizaron este miércoles un abrazo al Ministerio de Educación para protestar contra 200 nuevos despidos a trabajadores de esa cartera.
Según los cesanteados, el ajuste es parte de una política de vaciamiento del Gobierno Nacional que busca desmantelar los programas socioeducativos más sensibles, cuyo fin es garantizar el acceso a una educación de calidad. Eduardo López, Secretario General de UTA y representante de CTERA, dijo en diálogo con ANCCOM: “Esta lucha es en contra de los despidos porque los trabajadores representan políticas públicas en la educación, y despedir -por ejemplo- a un trabajador del Plan Conectar Igualdad, implica poner en riesgo ese plan”.
Según los cesanteados, el ajuste es parte de una política de vaciamiento del Gobierno Nacional.
En este sentido, las dependencias afectadas por los despidos que se vienen sucediendo desde marzo de este año son el Instituto Nacional de Formación Docente, encargado de formar y capacitar docentes para mejorar su tarea pedagógica y en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, que tiene a su cargo la implementación de las políticas públicas de educación técnico-profesional con el objetivo de capacitar a los estudiantes en materia informática y en las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. También hay cesanteados en el Plan Nacional de Lectura -una iniciativa que publica y distribuye de forma gratuita libros en todas las escuelas del país-, y en el mencionado Plan Conectar Igualdad, a través del cual se reparten de forma gratuita netbooks a todos los alumnos y docentes de las escuelas secundarias, de educación especial y de los institutos de formación docente de gestión estatal.
Varios de los despedidos denunciaron durante el abrazo que “nadie del Ministerio les comunicó de su desvinculación”. Franca Marqueti, una de las trabajadoras cesanteada declaró: “A mí, como a los otros 70 trabajadores que componíamos el equipo central del Programa Conectar Igualdad, nos echaron sin ningún aviso” y agregó que a muchos los llamaron por teléfono de un número anónimo y les dijeron que estaban despedidos. El resto de los trabajadores -explicó Marqueti- “se enteró en el propio Ministerio” cuando “vieron sus nombres inscriptos en una lista de `Despedidos´ pegada en hall de entrada”.
también han sido afectadas por las cesantías las áreas de Educación Sexual Integral y de Educación Intercultural Bilingüe.
A su vez, también han sido afectadas por las cesantías las áreas de Educación Sexual Integral y de Educación Intercultural Bilingüe que garantiza el acceso de todos los pueblos originarios a tener una educación que preserve su identidad étnica, su lengua y su cultura.
Frente al Ministerio de Educación, los trabajadores despedidos mostraban carteles que proclamaban “Más despidos, menos educación” y afirmaban: “No somos ñoquis”, mientras cantaban: “Somos trabajadores del Estado, no como otros que tienen cuentas en Panamá”, en clara referencia al Presidente Mauricio Macri. Rodrigo Recalde, Secretario General de ATE en la Junta interna del Ministerio de Educación dijo que “los despidos tienen que ver con el vaciamiento de diversos programas educativos” y advirtió: “Esta política está en sintonía con los ajustes en materia económica que propone el gobierno nacional”.
“Esta marcha es para los compañeros que no tienen trabajo, ustedes hoy no vinieron a acompañar a las Madres”, exclamó con su eterna voz potente Hebe de Bonafini, al comenzar la Marcha de la Resistencia alrededor de la mítica Plaza de Mayo.
Habían pasado más de diez años de la última. En aquel momento, gobernaba Néstor Kirchner, considerado un “hijo” por las Madres. En enero del 2005, decidieron ponerle fin a una manifestación que tuvo su origen en plena dictadura cívico- militar.
La reinstalación de la marcha tuvo al actual presidente Mauricio Macri como uno de sus ejes. Los más de 500.000 despidos generados por las políticas del gobierno de Cambiemos fueron la alarma y el motor para el retorno de la Marcha de la Resistencia, bajo el lema “por el derecho a trabajar, a resistir sin descansar. Cristina Conducción”.
“Ustedes tienen que ser nuestras piernas”, exaltó Hebe, quien encabezó la manifestación con una fuerza admirable y realizó en pocas palabras un simbólico traspaso a las nuevas generaciones que se sumaron a resistir y que quizás no tengan marca ni registro de esta histórica movilización.
Miles de personas, militantes y referentes de organizaciones políticas y sindicales, como La Cámpora, Nuevo Encuentro, Kolina, Frente Transversal, la Central de Trabajadores (CTA) y la Asociación de trabajadores del Estado (ATE), entre otros, participaron de “las 24 horas de resistencia ininterrumpidas” que iniciaron su vigilia alrededor de las cinco de la tarde en un cálido último viernes de agosto y finalizó con un acto multitudinario en medio del frio y de la lluvia de este invierno en retroceso.
Un pequeño escenario y una pantalla en donde se proyectaban fragmentos de discursos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, fueron montados a espaldas de la vallada Casa Rosada. Desde allí, los locutores alentaban a que se marche como “lo hicieron las Madres hace más de 25 años” y reiteraban, al infinito, la frase enunciada hace días atrás por la presidenta de la asociación: “Macri, pará la mano”.
“En este presente, donde hay un gobierno de derecha que viene a atacar los derechos conquistados, por ejemplo el derecho al trabajo, las Madres una vez más llevan bien alto las banderas de sus hijos, convocan a defender los derechos y convocan a proteger el proyecto nacional que lidera Cristina”, dijo a ANCCOM, el referente del Partido Nuevo Encuentro y ex presidente de la AFSCA, Martín Sabbatella.
En esta edición, la Marcha de la Resistencia se resignificó alrededor de la defensa del trabajo pero también se sumaron banderas y pancartas con otros reclamos, como el pedido de libertad de la referente social Milagro Sala, quien lleva más de cien días encarcelada.
En el costado izquierdo del escenario, muralistas pertenecientes a los grupos de artistas callejeros Sudakas y los Fileteadores del Conurbano, realizaron un improvisado mural: un reluciente sol emergía detrás de la figura de los trabajadores con un puño en alto junto al rostro de las Madres de la Plaza.
El ex titular de la AFI, Oscar Parrilli, describió una “doble sensación” frente a la movilización. “Por un lado, uno siente la satisfacción por estar al lado de Hebe y de las Madres, siempre están delante de todos nosotros, viendo las cosas que el pueblo necesita y, por el otro, no es bueno que vuelvan a la Marcha de la Resistencia y que hoy estemos reclamando por trabajo, porque esto quiere decir que hay muchos argentinos que están sufriendo”, indicó Parrilli.
La impronta kirchnerista tuvo una fuerte presencia, los cánticos como “vamos a volver” al ritmo de los bombos y trompetas, los variopintos colores plasmados en cada una de las insignias de las agrupaciones o los vendedores de remeras con imágenes de Eva Perón, el “Che” Guevara o Cristina no faltaron.
Llegando la noche, varios artistas se subieron al pequeño escenario para interpretar algunas canciones de apoyo. Entre ellos, Víctor Heredia, Ignacio Copani y Horacio “El Negro” Fontova, quien exclamó en breve canto a capella, “como Cristina no hay dos”, antes de empuñar la guitarra que le prestó Copani y cantar “Resistiré”.
“Esta marcha significa que todas las conquistas que tuvimos estos años hay que reivindicarlas, resistirlas, porque creemos que en materia de derechos humanos hoy quieren llevar adelante, en lo discursivo y en los hechos, retrocesos” afirmó el nieto restituido, Horacio Pietragalla.
En tanto, el diputado nacional por el Frente Para la Victoria y referente de la organización política La Campora, Andres “El Cuervo” Larroque sostuvo que “lamentablemente, se tuvo que volver a convocar las marchas de la resistencia”.
“Hace muchos años que no se hacían y el cambio de modelo económico viene generando en tan poco tiempo consecuencias terribles, casi 500.000 despidos y no se avizoran tendencias de que esto cambie”, señaló el legislador, quien remarcó, además, que esta marcha convocó a “resistir y a construir”.
A partir de la medianoche, el clima comenzó a desmejorar y durante todo el sábado a la resistencia se le sumó un enemigo circunstancial: la lluvia, el frío y los fuertes vientos que no tuvieron piedad en arrancar ramas de las palmeras de la plaza como tampoco romper las cañas de las banderas de los militantes, sin importar a que organización perteneciesen.
Sin embargo, el clima adverso no aplacó el espíritu de las personas que se manifestaron con pilotos, paraguas y sobretodos durante todo el frio sábado, sumándose cada vez más y llegando a no poder discriminar el principio y fin de la marcha.
Tras 24 horas ininterrumpidas, la Marcha de la Resistencia tuvo su epílogo con un acto que contó como principales oradores al intendente de Ensenada, Mario Secco; al parlamentario por el Mercosur, Agustín Rossi; al diputado nacional por el FPV Edgardo Depetri; a la mismísima Hebe de Bonafini y cuyo cierre quedó a cargo del diputado por Santa Cruz y principal referente de La Cámpora, Máximo Kirchner.
“La verdad que siempre van sucediendo cosas que uno no espera y gracias a ustedes y a ellas, estás cosas que suceden suelen ser hermosas, suelen ser lindas y reconfortantes, cuando a veces hay que llevar sobre la espalda todo el día el bombardeo mediático de aquellos que creen que defenestrando y estigmatizando van a poder ocultar que ellos formaron parte de la mentira que llevó al presidente a la Casa Rosada” expresó Máximo en su discurso.
“Esta marcha al igual que la del ‘81, cuando comenzó, empezó también porque los medios callaban y esta marcha vuelve hoy porque los medios callan lo que está pasando”, sostuvo.
Hebe adelantó que se vienen varias Marchas de la Resistencia, mientras el gobierno nacional asegura que estas manifestaciones buscan desestabilizarlo. No obstante, uno de los cantitos que más se reiteró en la marcha decía “Mauricio Macri ya vas ver, con tu decreto no nos vas a detener”.
El frío no los congeló. O sí, pero no los paralizó. Miles de argentinos hicieron de la calle nuevamente su escenario de lucha, porque a la falta de trabajo y a los sueldos disociados de la inflación, se sumaron los tarifazos de agua, gas y luz. El 14 de julio y el 4 de agosto de este año, en distintas ciudades del país, se hicieron “ruidazos” para reclamar por el aumento en los servicios públicos. Pero no solo la calle fue un espacio de disputa: también lo fue la justicia. El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) presentó un amparo que fue ratificado por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, quien anuló las resoluciones 28 y 31 de 2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación que establecían la suba de precios en el gas. Pese al recurso extraordinario presentado por el gobierno para apelar esa decisión, la Corte Suprema de Justicia finalmente dictaminó el pasado jueves 18 de agosto la suspensión definitiva del tarifazo para usuarios residenciales y la obligatoriedad de la audiencia pública como requisito previo para programar el nuevo cuadro tarifario que -advirtió en el fallo- deberá tener en cuenta los criterios de razonabilidad y gradualidad. La fecha de la audiencia, según anunció esta semana el gobierno, será el 16 de septiembre. Cooperativas, fábricas recuperadas, pymes, clubes de barrio y otras entidades que pueden cerrar sus puertas por la imposibilidad de pagar los valores actuales de los servicios, quedaron afuera. Por eso, muchas de ellas ahora piensan en comenzar el camino judicial.
El amparo
Los amparos a los tarifazos de luz y gas fueron presentados por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS). Según explicó Mariano Lovelli, abogado y presidente de CEPIS, al presentarlos desde una ONG –y no como particulares que representan el interés individual– pudieron iniciar el litigio como un proceso colectivo de alcance nacional. “Nos reunimos con distintos sectores que estaban preocupados por la suba de tarifas. Vimos que se podía presentar un amparo y con un grupo de abogados lo armamos. Después se sumó otra asociación que se llama Consumidores Argentinos”, dijo Pedro Sisti, abogado y secretario de CEPIS.
El amparo al tarifazo del gas fue presentado la primera semana de abril. El fundamento en el que se basaron los abogados de CEPIS fue la falta del requisito de audiencia pública previa que establece la Constitución Nacional para efectuar cualquier tipo de modificación en la tarifa de servicios. “Es decir, las resoluciones del Ministerio de Energía que impusieron el tarifazo se hicieron de manera intempestiva, sin haber realizado antes este mecanismo de participación ciudadana”, consideró Lovelli.
Riudazo contra el tarifazo en Plaza de Mayo.
La acción de amparo se inició y tramitó ante un juez de primera instancia, y recayó en el Juzgado Federal N°4 de la ciudad de La Plata. Según detalló Lovelli, el juez rechazó el amparo en su sentencia, pero ordenó al Estado a que realice en un plazo de 20 días una audiencia pública para cumplir con ese requisito “bajo apercibimiento de retrotraer el valor de las tarifas previo al dictado de estas normas que generaron el tarifazo”, aclaró el presidente de CEPIS. Frente a esa decisión, las dos partes en litigio apelaron: “Nosotros porque consideramos que son nulas las resoluciones que se dictan sin haber dado cumplimiento al requisito de la audiencia y el Estado porque la sentencia lo obligó a llamar a audiencia en un lapso que consideró muy breve”, explicó Lovelli. Y continuó: “En la apelación intervino la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, que el día 7 de julio dictó sentencia haciendo lugar a nuestro planteo. Declaró la nulidad de las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y ordenó retrotraer los valores al 31 de marzo de este año”. El Estado apeló esta sentencia a través de un Recurso Extraordinario Federal y la Cámara aceptó esa apelación para que la Corte intervenga, pero manteniendo la plena vigencia del fallo que anuló el tarifazo.
“El fundamento del Gobierno para apelar fue que consideró que no era necesaria la audiencia pública porque son aumentos transitorios. Nosotros sostuvimos todo lo contrario: para hacer cualquier tipo de modificación tarifaria, sea transitoria o permanente, tiene que necesariamente llevarse a cabo este procedimiento que está establecido en la Constitución”, advirtió Lovelli.
Pedro Sisti también desestimó el argumento que había presentado el oficialismo: “En la energía eléctrica, la producción, el transporte y la distribución son servicios públicos. En cambio, en el gas la producción no se considera servicio público y sí lo es el transporte y la distribución. Como acá lo que más subió es la generación, el precio del gas en boca de pozo, el Gobierno sostiene que no tiene que haber audiencia pública. ¿Cuál es el problema? El precio del gas en boca de pozo es en la tarifa que paga el usuario entre el 65 y el 80 por ciento. Con lo cual, si sube el gas en boca de pozo, necesariamente sube la tarifa. Entonces, aun cuando no sea servicio público el gas en boca de pozo, como impacta en el costo del servicio público de transporte y distribución, tiene que hacerse audiencia pública antes”, argumentó y agregó: “La ley de Regulación del transporte y distribución de gas natural es la 24.076, que encima es una norma de cuando se privatizaron los servicios públicos, de antes de que se reformara la Constitución incluso, o sea, antes que se incorporara el artículo que habla de usuarios y consumidores, con lo cual tampoco se la puede tomar tan al pie de la letra, hay que entender que la Constitución amplió derechos”.
Otro ruidazo en Medrano y Corrientes.Flore
Finalmente, el jueves 18 de agosto la Corte Suprema confirmó la anulación del tarifazo, pero solo para los usuarios residenciales. El día anterior al fallo, la procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó recomendó a la Corte mantener la decisión de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que declaró la nulidad de las resoluciones 28 y 31 y estableció retrotraer el valor de las tarifas a los precios existentes hasta el 31 de marzo. Consideró que la falta de audiencia pública previa no respetó los derechos de información, consulta y participación ciudadana previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Además, desestimó el argumento del Gobierno que sostiene que esa instancia no es necesaria para aumentos transitorios ya que, según explicó la Procuradora, impacta de manera inmediata en el acceso a un servicio público.
“Por un lado es muy positivo -señaló Lovelli-, porque la Corte aceptó el nudo argumental de nuestro razonamiento, en el cual sin audiencias públicas previas no puede haber ningún tipo de modificación tarifaria. También estamos conformes con que se manden a discutir todos los componentes de la tarifa. Es decir, no solo el transporte y la distribución, sino también el de la generación”. Y agregó: “No sabemos cuánto cuesta producir gas en la Argentina, por eso vamos a ir a discutir a la audiencia pública, para que nos muestren los costos y nos expliquen por qué si –según las estimaciones que hacen consultoras especializadas en energía– el valor promedio es de 1,90 dólar, el gobierno le asignó un valor de 5,50. ¿Qué pasa con ese porcentaje de dinero que, en definitiva, es una inmensa transferencia de recursos de la población a un pequeño grupo de empresas?”
Héctor Polino, ex diputado nacional del Partido Socialista, es el fundador y representante legal de Consumidores Libres, una asociación con más de veintidós años de existencia que se dedica a defender los derechos de usuarios y consumidores. Este año inició una medida judicial contra la empresa Metrogas, contra el Ministro de Energía de la Nación, y contra el interventor del Enargas. Luego de meses de asesorar legalmente a usuarios que acercaban sus inquietudes y problemas frente a la suba desmedida de tarifas, recibió con alegría el fallo de la Corte. Al igual que los representantes de CEPIS, aplaudió la decisión del Poder Judicial de incluir en la discusión el precio del gas en boca de pozo. “Es lo que corresponde. Porque si el Ejecutivo está regulando ese precio, tiene que ser discutido y tratado en una audiencia pública. Estamos pagando más del doble de lo que se está pagando en el resto del mundo, favoreciendo a las empresas petroleras”, dijo Polino. Además, festejó que la Corte haya reconocido la tarifa social, reclamado al Congreso de la Nación la designación del Defensor del Pueblo y fijado el criterio que tiene que tener el Poder Ejecutivo en la evaluación de las audiencias públicas.
Fuera de juego
Pese a lo positivo del fallo que puso el peso de la balanza a favor de los usuarios, varios sectores no fueron contemplados. Al restringir el alcance a los consumidores residenciales, el aumento en las tarifas sigue vigente para cooperativas, fábricas recuperadas, Pymes, clubes de barrio, teatros, y otras asociaciones que se han visto afectadas por el tarifazo. “No sé cuál ha sido la motivación. Entiendo judicialmente la diferencia que hace la Corte, la comprendo desde lo estrictamente jurídico, pero me parece que lo lógico en este caso hubiera sido que se extienda a todos”, consideró Lovelli. A pesar de esa restricción, alentó a los usuarios excluidos a que presenten demandas para acceder a la suspensión del tarifazo. “Lo cierto es que al declarar la nulidad de las resoluciones 28 y 31, se habilita expresamente para que cualquier damnificado no comprendido en la sentencia vaya mañana mismo a cualquier estrado judicial a pedir que le extiendan la anulación del tarifazo. Y se lo van a dar automáticamente, por los propios fundamentos de la Corte”, aclaró el presidente de CEPIS.
La explicación que dio la Corte para segmentar el alcance del fallo se basó en el argumento de la homogeneidad de los intereses: una asociación civil solo puede representar a los usuarios residenciales que se ven afectados por el gas de su vivienda. Si bien Lovelli consideró que la resolución aportó un gran mejoramiento de la calidad democrática al ratificar la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones, cuestionó la segmentación realizada. “Lo cierto es que no era un tema que se había planteado en esos términos como defensa por parte del Gobierno, sino que fue una cuestión que trajo la Corte per se para hacer esta división, cosa que no lo habían hecho ni el juez de primera instancia, ni la Cámara Federal, ni la Procuradora, lo cual genera que cada actor no comprendido en el fallo tenga que ir individualmente a peticionar. En el caso de las grandes empresas es entendible, pero en muchos otros casos condenan a un club de barrio, por ejemplo, a tener que litigar individualmente cuando son entidades que hacen al sostenimiento de las actividades recreativas, deportivas y culturales de la sociedad”, denunció el abogado.
Para poder acceder a la suspensión del aumento en las tarifas de gas, Polino explicó que los sectores excluidos del fallo pueden iniciar una acción judicial de manera individual o grupal, si están agrupados en alguna entidad de segundo grado que las represente con personería jurídica. En el contexto actual de desempleo creciente e inflación, el alto valor en las tarifas representa una importante traba al sostenimiento económico de esos sectores. “Esto afecta al empleo”, consideró el fundador de Consumidores Libres. Y agregó: “Con la suba de tarifas, aumentan los gastos fijos de las cooperativas y pequeñas empresas y tienen que trasladarlos a los precios. Eso puede llevar a una reducción de la demanda de trabajo. Y, en consecuencia, puede provocar desocupación, o disminución de la calidad de vida de los integrantes de estas entidades”.
Participación ciudadana
Pedro Sisti, secretario de CEPIS, explicó cómo debe darse la audiencia pública para ser constitucional y cumplir con el artículo 42: “Lo primero que deberían hacer es brindar toda la información: el Estado de situación de las empresas; quiénes las conforman –o sea, quiénes se van a ver beneficiados–; a qué se ha destinado la plata que se ha recibido de los subsidios y los costos de las tarifas todo el tiempo previo; dónde se va a dar la suba; qué destino se le va a dar a esta suba; cuáles son las razones, si es un aumento de costos internacional, si es para extender el servicio, etc.”, explicó. Luego de esa etapa informativa, debe darse lugar a la participación ciudadana: “Se debe garantizar la oportunidad de que los usuarios y consumidores presenten objeciones antes y durante la audiencia pública, oralmente o por escrito. Después debe existir un momento en el cual se contesten fundadamente todas las objeciones. Es decir, la audiencia debe dar información, escuchar y contestar. Porque si bien no es vinculante, tampoco es que pueden escuchar y no hacer nada. Que no sea vinculante significa que no estás obligado a resolver de la manera que plantee la gente en la audiencia pública. El que decide es el organismo de control, conjuntamente con el Estado. Pero sí están obligados a contestarle al ciudadano, que no es un tema menor”, concluyó.
Derechos humanos
La luz, el gas y el agua son servicios básicos que deben ser garantizados por el Estado. De allí la importancia de la discusión y el alcance desastroso que tuvo el tarifazo. “Un usuario puede prescindir de comprar una botella de gaseosa, de ir al teatro, pero no puede prescindir del gas natural, como no puede prescindir de utilizar energía eléctrica o agua potable, o utilizar el servicio público de transporte ferroviario, subterráneo o de colectivos”, enfatizó Polino. “Se trata de servicios públicos esenciales. Y una de sus características es la universalidad: tiene que llegar a la totalidad de los usuarios, con independencia de la capacidad de pago”, agregó.
“La Corte hace el planteo acerca de la razonabilidad y la justeza de las tarifas porque hay que comprenderlas como un todo. Tanto el agua, como la energía eléctrica y el gas, forman parte de bienes esenciales para la vida de los argentinos y no pueden ser tomados de manera aislada o individualmente, sino que tienen que pensarse de manera conjunta para que no termine siendo confiscatorio, y que la gente termine evaluando si calefaccionar e iluminar su casa o comer”, explicó el presidente de CEPIS. Pedro Sisti, opinó en el mismo sentido: “Sin luz no se puede vivir dignamente, como tampoco sin agua. Para nosotros el gas también se ve incluido en eso. No se puede negar que tener esos tres servicios hace a una mejor calidad de vida. Sobre todo por todo lo que se garantiza a través de ellos: la vivienda digna”. Y Lovelli completó: “No podemos entender vivienda digna solo cuatro paredes, un techo y un piso, sino los elementos que hacen que esa vivienda sea habitable, sea confortable, es decir, que tengas energía para poder iluminarte y que tengas gas para poder calefaccionarte”.
El proceso para presentar el amparo al tarifazo deluzse realizó de manera similar al de gas, porque el nudo argumental fue el mismo, es decir, la ilegalidad del dictado de normas que modifiquen las tarifas de los servicios sin haber realizado la audiencia pública. “En este caso –explicó Lovelli– la jueza de primera instancia nos otorgó una medida cautelar en la cual planteó la suspensión del tarifazo hasta tanto no se lleve a cabo la audiencia pública que establece la normativa”. La Cámara Federal de San Martín, frente al intento del Gobierno de cuestionar la decisión, ratificó el fallo de la jueza.
Respecto a la suba en las tarifas del agua, tanto Consumidores Libres como CEPIS están investigando para poder presentar un amparo que también frene ese aumento.
