Cooperativa de Trabajo Cintoplom Ltda es una fábrica de pinturas recuperada y autogestionada por sus trabajadores desde 2004. A pesar de que llevan catorce años de sustentabilidad produciendo en las instalaciones de la antigua Cintoplom S. A., ubicada en Ciudadela, la gobernadora María Eugenia Vidal vetó una ley, aprobada en mayo de este año, que establecía una prórroga de tres años para la expropiación que beneficiaría a los trabajadores. No es la primera vez que el Gobierno obstaculiza el camino de las fábricas recuperadas, en enero Vidal vetó la expropiación de la Cooperativa de Precisión Limitada -ex Rench- que realiza cerraduras bancarias, ubicada en Don Torcuato, en febrero fue el turno de la metalúrgica Raimat de Quilmes y en abril rechazó la expropiación de la CooperativaAcoplados del Oeste, ex Petinari.
José Silva, presidente de la Cooperativa Cintoplom, trabaja hace veinte años en la fábrica. Primero comenzó en el sector de fabricación de masilla, después pasó al sector de Logística y Expedición. Además de ejercer las tareas que tiene como presidente, no ha perdido la humildad y sigue vistiendo ropas de trabajo, manchadas con pintura. José cuenta que cuando se conformaron en cooperativa trataron de seguir haciendo el trabajo que cada uno sabía hacer. A aquellos que tenían un poco más de tiempo, como fue su caso, les adjudicaron tareas administrativas para poder llevar adelante los trámites burocráticos y legales. José menciona que su vida laboral cambió, ya que tuvo que aprender nuevas tareas y adquirió nuevas obligaciones. “Debimos hacernos cargo de la empresa, es decir autogestionarnos. Todos los que quedamos éramos operarios y trabajadores de planta, lo que sabíamos era usar máquinas. Yo tuve que capacitarme en algunas cuestiones, hacer cursos y formarme para poder interpretar ciertas cosas en la administración de la empresa”, explica Silva.
La salida cooperativa
Los cooperativistas de Cintoplom fueron asesorados principalmente por el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas. “Dentro del movimiento hay un montón de fábricas y colegas que tienen distintos niveles de experiencia en la autogestión y nos ayudaron mucho. Se acercaron a Cintoplom, nos dieron cursos de costos y nos enseñaron cómo comercializar un producto. La gente del Movimiento, además de ponernos la mano en el hombro y decirnos qué hacer, nos ayudó económicamente. Aún hoy los tenemos presentes, cuando uno necesita preguntar alguna cuestión, siempre están, tenemos un contacto fluido”, asegura Silva. Ahora, los trabajadores de Cintoplom tratan de retribuir esa ayuda brindándosela a otros. “A veces vamos a fábricas que recién comienzan para ofrecerles información, le contamos nuestra experiencia y les decimos de qué forma pueden ir solucionando ciertos problemas”. El mayor desafío que recuerda Silva en el pasaje de empresa capitalista a cooperativa fue poner en condiciones la fábrica para volver a producir. “Se requería mucho tiempo de trabajo y dinero. Tuvimos la suerte de que nos apoyaron muchas personas, la gente del Movimiento de Fábricas Recuperadas nos compró pinturas, también los vecinos del barrio”, rememora el presidente de Cintoplom.
«No sólo heredamos la marca, sino también las fórmulas. En el sector de fabricación de pintura tenemos gente muy capacitada, son químicos”, explicó Silva.
Silva habla de la dificultad que tuvieron para volver a instalar la marca en el mercado y generar nuevamente confianza, ya que cuando quebró Cintoplom quedaron deudas pendientes con proveedores y clientes enojados. “Teníamos que demostrar que éramos serios y teníamos ganas de trabajar. Nuestros primeros ingresos nos sirvieron para poder invertir en materia prima y seguir fabricando. En un principio no nos querían vender materia prima, y cuando lo logramos teníamos que pagar por adelantado. Hoy ya no es así, los proveedores nos dejan sacar materia prima con plazos de entre 60 o 90 días. Con todo este tiempo de trabajo se dieron cuenta que nosotros nunca dejamos de pagar a nadie. Con respecto a los clientes volvieron a elegirnos porque ingresamos nuevamente en el mercado con una calidad igual a la que teníamos. No sólo heredamos la marca, sino también las fórmulas. En el sector de fabricación de pintura tenemos gente muy capacitada, son químicos”, explica Silva. El mayor logro que encuentra el presidente es que actualmente la fábrica funciona en un noventa y cinco por ciento como cooperativa.
Ismael Ramón Elías trabaja hace treinta y cinco años en Cintoplom, antes de que se transformara en cooperativa era un operario en el sector de fabricación de pintura. Actualmente se desempeña en el área de administración, control de los créditos y la financiación. Ismael explica que tenía una idea de cómo hacer el trabajo y fue aprendiendo a medida que fue haciéndose cargo, junto a sus compañeros. Ismael también recuerda el proceso que los llevó a formar la cooperativa: “El mismo día en que el dueño presentó la quiebra, los trabajadores nos acercamos a las dos de la tarde para hablar con él. Le dijimos que íbamos a seguir trabajando a pesar de la deuda que la empresa tenía con nosotros -nos debía diez meses de sueldo, más aguinaldos y vacaciones-, que lo íbamos a apoyar para no perder nuestra fuente de trabajo y él nos dio a entender que había aceptado”. Ismael describe que ellos trabajaban de seis a tres de la tarde. Aquel día, se fueron a su casa pensando que al otro día volverían a defender su trabajo; sin embargo el propietario (uno de los hermanos Bosedi, dueños de la empresa familiar) fue directo al juzgado a declarar la quiebra de la empresa. “Al día siguiente nos encontramos con que no podíamos ingresar y con una faja de clausura en la entrada. Intentamos hablar con el dueño pero no lo pudimos localizar, fue un abandono total”.
«Estoy vestido con ropa de trabajo porque a pesar de estar en el área administrativa, también bajo a colaborar, fabricamos y envasamos, todos hacemos todo” comentó Ismael Ramón Elías, secretario administrativo de la cooperativa.
Todos los miembros de la cooperativa recuerdan aquellos como los tiempos más duros. Pasaron más de un año sin trabajo hasta que Ismael conoció a un abogado especializado en cooperativismo que lo aconsejó. “Nos asesoró y empezamos hacer los trámites para formar la cooperativa, lo que también nos llevó su tiempo. Estuvimos alrededor de un mes con una carpa afuera de la fábrica para hacer el aguante, ya que había gente que quería ocuparla. Finalmente el juez nos permitió ingresar primero para hacer limpieza y mantenimiento hasta que en el 2004 nos cedió la tenencia de los medios de producción para empezar a trabajar”, repasa con orgullo. Cuando repararon las máquinas empezaron fabricando en una escala pequeña e Ismael salió a la calle para vender y buscar clientes. “Estuve cinco años en la calle como vendedor hasta que pusimos un aviso en el diario buscando vendedores independientes, porque tampoco podíamos poner efectivo a nadie. Tuvimos la suerte de que la gente nos acompañó”, agradece Ismael.
Los desafíos pasados y futuros
Para Ismael Ramón Elías el desafío más grande que tuvo la Cooperativa Cintoplom fue en un principio comprar materia prima para fabricar. La mayor parte de los insumos para la fabricación de pintura son productos caros e importados. La otra dificultad que se encontraron fue el mismo trabajo autogestionado. “Nosotros nunca fuimos patrones sino siempre operarios y cambiar de un día para otro la cabeza cuesta. Fue incómodo hasta que nos adaptamos al sistema autogestivo, hay muchos a los que no les quita la humildad y hay otros que los cambia un poco. No es mi caso, estoy vestido con ropa de trabajo porque a pesar de estar en el área administrativa, también bajo a colaborar, fabricamos y envasamos, todos hacemos todo”. Ismael cree que el mayor logro que consiguieron como cooperativa fue poder mantenerse y vivir de su trabajo. “Ahora estamos bien, pero siempre con la meta de seguir creciendo”, augura.
José Silva dice que la empresa anterior dejó la fábrica en una condición pésima. Mientras recorre la planta ve un cuadro de un auto de carreras en la recepción, que data de la época de Cintoplom S. A., y sentencia con recelo: “Invertían la plata ahí –en las carreras- en vez de en la fábrica. Estaba muy en claro cuáles eran sus prioridades». A diferencia de otros casos de fábricas que fueron recuperadas, ellos no pudieron quedarse a resistir el vaciamiento dentro de las instalaciones. “Cuando la planta quebró, nosotros regresamos a nuestras casas y después de un año y medio volvimos. La fábrica quebró en 2002, volvimos en 2004 y tuvimos que permanecer un mes con una carpa en la puerta, mientras dialogábamos con el juez, para que nos permitiera ingresar. Ya nos habíamos formado como cooperativa, hacíamos nuestras asambleas en la vereda. Finalmente cuando pudimos entrar nos encontramos con la planta totalmente vaciada, no había absolutamente nada, estaba todo roto porque habían entrado a saquear. Lo que no se pudieron llevar quedó completamente en desuso debido a los destrozos, a las máquinas les sacaron plaquetas y cables”, recuerda José afligido. En el mismo sentido Ismael agrega: “Acá el que vino a robar sabía que se estaba llevando el corazón de las máquinas, la pieza principal para que funcionaran”. Les llevó un año poder hacer su primera fabricación como cooperativa. Estuvieron seis meses sin luz, porque tenían que comprar los cables que se habían robado y no contaban con el dinero. El Movimiento de Fábricas los financió para que pudieran instalar las máquinas y empezaran a trabajar. “La vuelta fue terrible porque empezamos de cero y muchos compañeros no quisieron continuar, ya que era una tarea muy difícil. Cuando la fábrica pertenecía a Cintoplom S.A. trabajaban 200 personas, hoy somos 22 los cooperativistas. La mayoría de los que nos quedamos fue porque teníamos una cierta edad y en ese tiempo -creo que ahora también es así- si eras grande quedabas fuera del mercado laboral. En esa situación decidimos quedarnos acá, resistiendo. Nos capacitamos y hoy en día estamos trabajando”, resume Silva.
«Ahora gracias a Dios generamos laburo para nosotros mismos y para los demás, estamos creciendo de a poquito” comentó José Villalba, operario de la fábrica.
José Luis Villalba maneja un montacargas como si fuera una extensión de su cuerpo, trabaja hace veintisiete años en la fábrica. Mantuvo el mismo puesto en que se desempeñaba antes de que Cintoplom se transformara en cooperativa. Dice que es diferente el trabajo autogestivo que el asalariado porque antes tenían que trabajar para un patrón y ahora son ellos sus propios patrones. “Entender eso fue uno de los mayores desafíos. Ahora gracias a Dios generamos laburo para nosotros mismos y para los demás, estamos creciendo de a poquito”, agrega José Villalba.
El veto
Gerardo Ángel Arrieta trabaja hace veinticinco años en Cintoplom, antes era fabricante de pintura. Actualmente es cocinero y mecánico, desempeña su labor en el área del mantenimiento de las máquinas y su hijo, Nicolás Arrieta, trabaja junto a él. Gerardo también recuerda los duros momentos del principio y plantea que ahora están pasando una situación bastante holgada, ya que tienen clientes fieles incorporados. “Formamos la cooperativa gracias al trabajo del presidente y el secretario, entre otros compañeros, que hicieron los trámites para que se formalizara. También fue indispensable el apoyo del Movimiento de Fábricas Recuperadas y después lógicamente el sacrificio nuestro”, asegura.
Nicolás Arrieta trabaja en la fábrica junto a su padre, Gerardo Ángel Arrieta, quien desde hace veinticinco años se desempeña en el área del mantenimiento de las máquinas de Cintoplom.
“Cuando me enteré que Vidal había vetado la expropiación en un principio no me molesté tanto, porque estamos acostumbrados a esta respuesta por parte del Gobierno”, dice José. El presidente de la cooperativa contó que no es la primera vez que ocurre, antes que lo hiciera Vidal, ya lo habían hecho en otras oportunidades Daniel Scioli y Felipe Solá. “Nosotros vamos a volver a insistir y presentar nuevamente la ley. Esta es una lucha constante desde que formamos la cooperativa. Desde hace catorce años que lo venimos viviendo con nuestra empresa y con fábricas amigas. Siempre te hacen el camino más difícil, aunque nosotros no hagamos otra cosa más que trabajar y producir.”
Ismael también recuerda cómo recibió la noticia y confiesa que se sintió mal, porque considera que la situación del país es difícil. “No hay trabajo en ningún lado y el Gobierno en vez de ayudarnos nos pone un freno para seguir creciendo. Si no nos aprueban la expropiación y el día de mañana nos tenemos que ir de acá, hay veinte familias que quedarían en la calle, porque están viviendo de esto. Y ese día nadie me va a ayudar a darle de comer a mis hijos”. En la misma línea, Villalba dijo que se sintió triste porque cree que el Estado no ayuda al trabajo cooperativista, sino que por el contrario lo ataca. “Nos tiran a matar a todos, no solo a nosotros sino a varias cooperativas le vetó la ley de expropiación, pero no perdemos la fe”. Por su parte, a Gerardo el veto lo tomó por sorpresa porque ya tenían en sus manos una aprobación legislativa de tres años desde mayo pasado.. Pero aseguró que tanto él como sus compañeros seguirán adelante.
Los trabajadores de Cintoplom nunca recibieron las indemnizaciones ni cobraron los sueldos adeudados. “Todo lo que la empresa nos debía forma nuestros créditos laborales, que algún día vamos a hacer valer cuando tengamos que comprar la planta”, explica Silva. La necesidad de mantener una fuente de trabajo fue lo que llevó a los trabajadores de Cintoplom a conformar la cooperativa y a continuar hasta el día de hoy trabajando. A pesar de no recibir el apoyo del Estado, los trabajadores de Cintoplom afirman que están encarando la compra de la empresa.
“Siempre te hacen el camino más difícil, aunque nosotros no hagamos otra cosa más que trabajar y producir.” explicó José Silva, presidente de la cooperativa.
Una fábrica vacía, sueldos e indemnizaciones adeudadas, policías en la puerta, los obreros en la calle y sin respuesta, familias enteras con incertidumbre sobre su futuro. Tras el veto de la Ley de Expropiación a mediados de 2016, llegó el desalojo el 3 de marzo. Y la semana pasada se realizaron allanamientos en viviendas de ex delegados. Hoy, los 120 trabajadores de la Cooperativa Acoplados del Oeste (ADO ex Petinari) se encuentran en el medio de una lucha dispar.
Más de 120 días han transcurrido desde que el juez Ricardo Fraga, del Juzgado de Garantías N° 2 de Morón, ordenó el desalojo de los integrantes de ADO a través de un enorme operativo que contó con la presencia de 600 efectivos de distintas fuerzas de seguridad (Gendarmería, Policía Federal y Policía Local). Cien días en que los obreros han tenido que acampar en una carpa blanca situada en la puerta de la fábrica, velando porque no vacíen sus instalaciones y pidiendo colaboraciones para poder llevar comida a sus hogares. Hoy la situación se vuelve insostenible.
ADO-Petinari se encuentra a la altura del kilómetro 32 de la Ruta Provincial 200, ubicada en el partido de Merlo. El predio tiene alrededor de 16 hectáreas, ocupadas entre galpones, maquinarias y extensos espacios de terreno. Desde agosto de 2015 la bandera que se podía ver en la entrada (junto a la nacional y a la provincial) era la de la cooperativa Acoplados del Oeste. Hoy la bandera de ADO fue reemplazada por la de Petinari.
Los trabajadores reunidos en Asamblea, luego de una reunión con directivos del municipio.
Pese a que la fábrica es una de las tres más importantes del mercado nacional dedicada a la fabricación de acoplados y repuestos en general, actualmente la actividad está suspendida. Según cuentan los ex empleados de Petinari, solo hay entre diez y doce personas ocupando la fábrica. Ninguno quiso dar testimonio. Según manifiesta Walter Romero (operario de ADO) esto responde solo a una razón: “Tienen miedo, de que los echen y de quedarse en la calle como nosotros, fijate que no preguntan ni por su deuda. Les deben lo mismo que a nosotros y no lo reclaman porque tienen miedo”. Para Fernanda Lizarraga, vicepresidenta de la Cooperativa, la ocupación de la fábrica no es más que “una pantomima” generada por los dueños.
Entre fines de 2014 e inicios de 2015, los operarios comenzaron a evaluar la idea de emprender una cooperativa. Sin embargo, al momento de aventurarse a crear ADO, el sindicato les quitó su apoyo. Así lo cuenta Walter Romero: “Fuimos a hablar con el sindicato (SMATA) pero nos decían que la cooperativa no era algo posible de llevar a cabo. En ese momento nos dimos cuenta que el sindicato no estaba con nosotros, sino del lado de la empresa”. Esto generó que varios compañeros desistieran de la idea. Otro grupo se siguió movilizando en pos de su objetivo. A través del diputado provincial del Frente para la Victoria, Miguel Funes, pudieron viajar y conocer el caso de la Textil Pigüé (Ex Gatic), otra empresa recuperada que se encuentra a 600 kilómetros de Merlo. Esto les dio a los trabajadores la pauta de que su meta era posible. Así lo detalla Walter: “Vimos el modo en el que estaban produciendo, y notamos que era algo muy difícil pero no imposible, así que lo emprendimos. Lo hablamos con los compañeros y empezamos con la Cooperativa”.
Hoy, los 120 trabajadores de la Cooperativa Acoplados del Oeste (ADO ex Petinari) se encuentran en el medio de una lucha dispar.
Desde agosto de 2015 los obreros tomaron la fábrica, luego de conseguir que ambas cámaras de la Legislatura Bonaerense dieran sanción a la expropiación de la planta; sin embargo, todo cambió a partir de mayo de 2016. En ese momento la gobernadora María Eugenia Vidal vetó dicha ley a través del decreto 307/2016. La medida trajo como consecuencia dos realidades: por un lado, los Petinari empezaron a realizar movimientos burocráticos con el fin de recuperar la fábrica, trabando la causa judicial por la quiebra de la empresa. Por otro lado, en los integrantes de ADO se acrecentó el temor por perder su fuente de trabajo. ¿Qué es lo que los ex empleados esperan actualmente? Que el Estado dé marcha atrás con el veto. Es decir, que se reflote en el Senado el proyecto de la Cooperativa.
El veto a la Ley de Expropiación de ADO no es el único. A partir de la asunción de Mauricio Macri como Presidente de la Nación se han multiplicado los conflictos en torno a las cooperativas. Otros emprendimientos semejantes son la Asociación Pantalón Cortito, de la localidad de Abasto; el Hotel Bauen, de Capital Federal; la Asociación Civil “La Semillita de Algarrobo Colorado”, de Lanús; la Cooperativa de Trabajo “Presidente Néstor Kirchner Limitada” de Bernal; la Cooperativa de Trabajo CDP en Tigre y el caso de la Asociación Civil sin fines de lucro SER.CU.PO de Almirante Brown.
En el caso de Petinari, además, se suman los allanamientos a los domicilios de cuatro integrantes de la cooperativa, ordenados por el Poder Judicial de Morón. Los operativos, realizados durante la noche del martes pasado, se ordenaron con el argumento de buscar elementos faltantes en la metalúrgica.
Desde agosto de 2015 los obreros tomaron la fábrica, luego de conseguir que ambas cámaras de la Legislatura Bonaerense dieran sanción a la expropiación de la planta.
Decretos, decisiones arbitrarias y un manejo que va por encima del poder legislativo. Para Fabián Malacalza, referente dentro de Acoplados del Oeste, el veto responde a una política de Estado: “Es una persecución hacia todas las cooperativas. Este gobierno es empresarial. El empresario tiene mucha impunidad. El favorecido nunca es el trabajador.” Al mismo tiempo, Malacalza detalla cifras acerca de la situación: Acoplados Petinari adeuda cerca de 65 millones de pesos a sus empleados (entre salarios, aguinaldos y vacaciones impagas), 75 millones de pesos a la AFIP y entre 7 y 8 millones de pesos al Municipio de Merlo. A esos números es necesario sumarle las deudas que la empresa tiene con sus proveedores directos.
¿Qué dice la familia Petinari sobre el conflicto?Adolfo Petinari fue contactado por ANCCOM pero evitó hablar sobre lo sucedido. En su página web la empresa deja en evidencia su postura ante los hechos. Allí tilda a los obreros de “delincuentes disfrazados de cooperativistas” que actuaron “bajo falso ropaje de una cooperativa de trabajo”. Al mismo tiempo habla de “acciones delictivas llevadas a cabo por los usurpadores”. Sin embargo, los cooperativistas se definen como trabajadores y resaltan que los problemas con la empresa no son algo novedoso, sino producto de años de disputa. Como sostiene Walter Romero, quien trabajó durante 18 años en la planta, la precarización laboral era una constante: “El aguinaldo te lo pagaban en dos o tres veces. Las vacaciones no te las pagaban, te ibas pero te tenías que volver porque no te depositaban la plata. Me llegaron a pagar las vacaciones en cuatro veces”.
Entre fines de 2014 e inicios de 2015, los operarios comenzaron a evaluar la idea de emprender una cooperativa. Sin embargo, al momento de aventurarse a crear ADO, el sindicato les quitó su apoyo.
Frente a lo que ocurría en la antigua Petinari, la cooperativa ADO manejaba una dinámica de trabajo distinta. Los empleados ya no se limitaban solo trabajar en su sector, sino que se capacitaban entre sí en diferentes tareas y sectores. Al mismo tiempo, inauguraron un comedor dentro de la planta, donde almorzaban todos juntos. De este modo, se establecía un mejor clima laboral. Como contó Julio Ramírez, operario,la dinámica era diametralmente opuesta:“Con Petinari, entre los compañeros prácticamente no nos conocíamos, teníamos que agachar la cabeza y trabajar. Hoy tenemos un compañerismo bárbaro, sabemos cosas de nuestras vidas, de nuestras familias, nos apoyamos entre todos”.
La mayoría de estos obreros superan los 45 o 50 años, por lo que conseguir un trabajo se torna cada vez más complicado para ellos. Sus cuerpos están marcados por el duro esfuerzo que han realizado en esta fábrica. “Acá dejamos nuestra vida”, dice Julio Ramírez mientras aclara que se enfrentan a una lucha desigual. Esta lucha es la que ha conmovido a los vecinos de la zona, que se acercan a la carpa blanca a brindar su apoyo todos los días y también a compartir las “mateadas informativas” de los domingos. Este es el caso de Carlos (80 años), un vecino que va todos los días a compartir con los cooperativistas: “Siempre estoy acá y tratando de convocar a los vecinos. ADO está presente siempre. Yo soy parte de ADO, tengo hasta mi camiseta. En este tiempo me comprometí a que volveremos a entrar. Y vamos a entrar, no tengas dudas”.
Como pasó en la primera mitad del año, 480 bibliotecas populares de la Provincia vuelven a quedar en jaque porque el Gobierno bonaerense hace seis meses que no les paga el subsidio que les corresponde por ley. La deuda, que asciende en total a $ 22.690.899, las afecta seriamente ya que el 90 por ciento de ellas cuenta con ese dinero para abonar el salario del personal. “El atraso compromete la subsistencia de los bibliotecarios o genera demoras en el depósito de las cargas sociales”, explica el presidente de la Federación de Bibliotecas Populares de la Provincia de Buenos Aires, Luis Zurueta.
Pero el problema es aún mayor: a la vez que la Dirección de Bibliotecas Populares no les deposita el dinero, la AFIP y el Ministerio de Trabajo intiman y amenazan con embargos a sus directivos cuando contraen deudas o se atrasan con el sueldo del bibliotecario. “A la AFIP no le importa si la Provincia te pagó o no: te envían un inspector, te intiman y te demandan”, sostiene Zurueta. Además, aunque los miembros de la comisión directiva sean vecinos que colaboran ad honorem en una institución sin fines de lucro, “para el Estado legalmente son empleadores, entonces la situación no es fácil para ellos”.
“El atraso compromete la subsistencia de los bibliotecarios o genera demoras en el depósito de las cargas sociales”.
Además de los $ 7.887 mensuales del Estado provincial –que en noviembre debería actualizarse a $ 8.481–, los ingresos de una biblioteca popular se componen de la cuota de sus socios, entre 30 y 40 pesos, una partida de dinero a principio de año de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) cuyo monto se determina según la cantidad de socios, libros y préstamos de cada una, y en algún momento pueden recibir donaciones de ciudadanos o empresas. Los gastos corrientes incluyen salarios, compra de libros, mantenimiento y pago de servicios. Sobre este punto, Zurueta declara que todavía no pudieron acceder a las tarifas sociales, “igual que los clubes de barrio”.
“La última vez que la Provincia pagó fue, justamente, porque descubrió que estaban queriendo embargar a las bibliotecas y ahí se dieron cuenta que la falta de pago desataba un caos”, señala María Virginia de Torres, presidenta de la Biblioteca Popular Alberdi de Remedios de Escalada, en referencia a julio, cuando les depositaron cinco meses adeudados de enero a mayo de este año. “Ahora pasa lo mismo –afirma–, nos deben de junio a noviembre ”.
Zurueta se remonta al origen de las históricas deudas: “Desde la segunda mitad de la década del 90, el recorte de subsidios fue brutal. En 2001, la crisis redujo en un 80 por ciento la cantidad de socios y nunca más pudimos recuperarlos. En parte, porque los avances tecnológicos reemplazaron a las bibliotecas en la búsqueda de información, y en parte, también, porque comenzamos una carrera por subsistir”.
En 2003, las bibliotecas pasaron de la órbita del Ministerio de Educación, que realizaba los depósitos en tiempo y forma, a la del Instituto Cultural bonaerense, cuyo presupuesto se distribuye entre teatros, museos, festivales artísticos y otros destinos. La ley provincial N° 13.056, que creó el Instituto y determinó el traspaso de las bibliotecas, hacía énfasis en la eficiencia y en la desburocratización. Sucedió todo lo contrario.
Leandro De Sagastizábal, presidente de la CONABIP
Patear la pelota
Rocío Giaccone es diputada provincial y desde 2012, todos los años, se encarga de impulsar leyes que prorroguen por doce meses la ejecución de sentencias sobre bienes de asociaciones civiles y así retrasar posibles embargos. “Debido a su funcionamiento burocrático –explica– la administración pública se toma entre tres o cuatro meses para que un expediente recorra su camino y los fondos lleguen a destino. Por lo cual, hasta noviembre de 2015, las bibliotecas recibían un ingreso mensual pero desfasado unos meses”.
Al asumir la gobernadora María Eugenia Vidal, se congelaron los pagos. “No tendría que haber demora con un dinero que se venía dando y que es un derecho de las instituciones. El problema es que no tienen una política clara respecto a las bibliotecas populares”, opina Giaccone. “A principio del año, nos dijeron que estaban poniéndose al día con la actualización de firmas de los responsables. Pero los pagos se suspendieron. Luego, con muchas presiones y pedidos de informes en la Legislatura, logramos que en julio se pagaran cinco meses atrasados, hasta mayo”.
Ariel Guallar, presidente de la Biblioteca Popular de Haedo, denuncia que, por su cuenta y junto a otras instituciones, ha llamado “mil veces” a la Dirección Provincial de Bibliotecas para hablar del problema. “Pero te bicicletean o ni siquiera te atienden. No sabemos la causa real de por qué se siguen retrasando”. ANCCOM intentó comunicarse con la responsable del organismo, Natalia Hidalgo, pero sólo pudimos establecer contacto con dos de sus secretarias y con su jefe de prensa, Manuel Balut, que no brindaron respuestas.
Lo paradójico, remarca Zurueta, es que “las bibliotecas con mayor riesgo de cierre son aquellas que más se esforzaron por enmarcar en la ley a su personal, tener buenos bibliotecarios y brindar un servicio de calidad, y así ser reconocidas por el Estado provincial para acceder al subsidio”. Hoy cada una hace lo que puede con lo que tiene para autosustentarse, pero “muchas están tendiendo a reducir los horarios de atención, luego dejan de hacer asambleas y de a poco van cerrando”, se lamenta Zurueta.
Mirta Pérez Díaz, profesora del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 35 de Monte Grande.
Modos de supervivencia
En la fachada de la Biblioteca Popular de Haedo resalta un cartel amarillo: “Todos los problemas de nuestra patria son, en el fondo, problemas de educación. Sarmiento”. “Si querés espantar a cualquier posible lector, esa es la frase justa”, comenta Ariel Guallar, su presidente. “No podemos tenerla en la puerta, no conjuga con la energía de la biblioteca”, cuya patrona es, curiosamente, Rosario Vera Peñaloza, descendiente del caudillo “Chacho” Peñaloza, asesinado por orden de Sarmiento.
La idea es que artistas del barrio realicen un mural más colorido y atractivo: “Darle vida”, dice Guallar, quien además cree que los cargos directivos deben ser ocupados por gente joven y con equidad de género en su composición. Hoy, la institución realiza campañas a través de redes sociales para sumar socios. “Caímos en la cuenta de que muchos ni sabían que existía”, reconoce. Mientras, admite Guallar, tuvieron que “considerar una medida profundamente impopular que fue aumentar la cuota a 60 pesos para mantener la supervivencia de la biblioteca y el rango horario”.
La Biblioteca Pública y Complejo Cultural Mariano Moreno, de Bernal, una de las más grandes de la provincia, hace tiempo que ha decidido “alquilar todo lo que sea alquilable”, cuenta su coordinador Evaristo Rodríguez. Así, alquilan espacios al Municipio, a una biblioteca comercial y a una empresa teatral. “También extremamos la oferta de cursos arancelados y, si bien seguimos mal, no pensamos en cerrar”, dice Rodríguez.
“La Moreno” es un caso extraordinario: un golem cultural declarado de interés nacional con un edificio de cuatro pisos y dos subsuelos. En su interior funciona un teatro para 300 personas, una radio y un jardín de infantes. Además, dispone de un “bibliomóvil”, una camioneta con capacidad de llevar 700 libros a las escuelas de la zona que lo soliciten, una pequeña parte de los 80.000 que guarda la institución.
Rodríguez explica que desde sus inicios, en 1938, “este es un proyecto educativo con múltiples facetas, que nuclea la vida social tanto de Bernal como de los barrios aledaños”. Actualmente, ofrece más de cincuenta cursos para mil alumnos: animé y manga, historia del arte, astronomía, coro, nutrición, kung-fu, yoga, meditación y taller de búsqueda de vida inteligente extraterrestre, entre otros. Y si bien la biblioteca “ha sentido el efecto de Internet y los dispositivos móviles, sobre todo en los jóvenes, sigue prestando más de 15 mil libros al año.
A unos 15 kilómetros de allí, en Remedios de Escalada, se encuentra la Biblioteca Popular Alberdi. Virginia de Torres, su presidenta, puntualiza que el municipio de Lanús, al cual pertenece, es uno de los ocho de la Provincia que cuenta con una ordenanza que ayuda mensualmente a las bibliotecas. No obstante, se ven obligados a alquilar dos cocheras y un salón de usos múltiples para complementar sus ingresos.
La institución tiene 500 socios, aunque antes de la crisis de 2001 llegó a tener dos mil. Hoy alcanzar ese número resulta imposible, y Torres lo atribuye a que en las escuelas no se difunde su existencia. Pero también reconoce que es difícil que la biblioteca salga a la calle: “De los que estamos, ninguno se preparó para esto. Y muchos de los directivos son personas grandes, reticentes al cambio. Para ellos, las bibliotecas no tienen nada que ver, por ejemplo, con recitales de música. Pero hay que entender que si no te transformás, no sobrevivís”.
En la misma dirección, el presidente de la CONABIP, Leandro De Sagastizábal, afirma que “desde la sociedad se está reclamando un nuevo rol a la biblioteca, articulando su rico pasado con un futuro que, si bien es incierto, pareciera ser el de un paso de centro exclusivo de libros a centro cultural”.
Evento de «Bibliotecas Humanas»,en el marco de los atrasos en la recepción de subsidios y del aumento de tarifas que sufren las 500 bibliotecas populares de la provincia de Buenos Aires.
Bibliotecas humanas
Daniel Canosa, bibliotecólogo, docente e investigador, sostiene que “las bibliotecas populares históricamente se tuvieron que adaptar a los cambios” y que “es imposible saber en qué se van a transformar en unos años”. Pero alerta sobre el momento que atraviesa la carrera de Bibliotecología: “El foco está en lo técnico, en la digitalización de documentos, y está perfecto. Pero si se descuida el aspecto humanístico de la carrera, las bibliotecas populares pierden su sentido”.
Esta impronta es la que quiere recuperar la Biblioteca Florentino Ameghino de Luis Guillón, en Esteban Echeverría, donde al visitante, en la puerta, le preguntan: “¿Con qué libro querés conversar?” Los títulos que ofrecen son: “Familiar de niño autista”, “Adicto recuperado”, “Portador de HIV”, “Probador de videojuegos”, “Persona privada de la libertad”. Adentro, esperan para charlar “los libros humanos”, personas que viven o vivieron esas situaciones y se acercan para compartir sus experiencias con la comunidad.
El proyecto de las Bibliotecas Humanas, surgido hace 16 años en Dinamarca y retomado por estudiantes de bibliotecología del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 35 de Monte Grande, es un intento por derribar prejuicios sobre temas sensibles en la sociedad a través del diálogo directo con los protagonistas. La pregunta que se hace Mirta Pérez Díaz, profesora del instituto, es: “¿Qué nos está pasando que para conocer otras historias de vida y problemáticas hace falta planificar un encuentro y no surge espontáneamente?”
Según Daniel Canosa, “en nuestra rutina diaria no tenemos oportunidad de escuchar lo que piensan otras personas con experiencias diferentes. A lo que accedemos, muchas veces, es a estereotipos de los medios de comunicación. Y lo peor que nos puede pasar, ya lo decía el filósofo Walter Benjamin, es que se destruya la experiencia humana por medio del combo de la información más opinión”, reflexiona.
La iniciativa atrajo la atención de 300 vecinos de Luis Guillón que días antes habían votado los temas que querían conocer a través de encuestas hechas por alumnos del Instituto. A partir de los resultados, los estudiantes realizaron un trabajo documental para complementar los relatos de los protagonistas. “Lo interesante, entonces, es que hay dos colecciones que se enfrentan, generando una intertextualidad entre la colección humana y la bibliográfica”, explica Canosa, para quien “la riqueza de las bibliotecas populares está en que ofrecen documentos que no se encuentran en ningún otro lado, principalmente conocimientos sobre la historia local” que permiten fortalecer la identidad de la comunidad.
La docente Pérez Díaz argumenta que “tienen la oportunidad de ser un espacio de innovación” pero para ello deben romper con “un estereotipo conservador, custodio, cancerbero, residual del siglo XIX, que hace un culto al libro y a la propiedad que ya no encaja”. Para ella, el futuro está relacionado con “bibliotecas totalmente dinámicas y desestructuradas, que pasan del paradigma de la información al de la comunicación, y donde los contenidos, además de recibirse, se generan”.
Con la soga en el estante
Más allá de los debates, lo concreto es que las bibliotecas siguen regidas por el decreto-ley 9319, elaborado en 1979, durante la última dictadura militar, que no reconoce el derecho a la lectura, tampoco su trayectoria histórica, al punto de llamarlas “bibliotecas públicas de instituciones privadas”, y que prevé la pérdida total de fondos en caso de “atentar contra los valores que hacen al sentimiento nacional y nuestra esencia occidental cristiana, o desarrollar actividades totalmente ajenas a la misión específica de la biblioteca” (sic).
La Ley N° 14777, que creó el Sistema Provincial de Bibliotecas, fue aprobada por unanimidad en la Legislatura bonaerense en octubre del 2015, pero nunca fue reglamentada por el Poder Ejecutivo. La diputada Rocío Giaccone afirma que la norma –de su autoría– venía a saldar una deuda con las bibliotecas en cuanto a su historia y función. “Cuando la trabajamos junto a bibliotecarios de toda la provincia teníamos como objetivo una actualización general desde el aspecto tecnológico, generar una mayor protección y reconocer su papel en la comunidad como ámbito de consulta permanente, intercambio de ideas y de comunicación”.
La ley dispone un aumento del 33% del subsidio y que el dinero debe surgir del 0,5% de lo recaudado por los juegos de azar. “Esto ayudaría a la administración interna, ya que, cuando se dispone de fondos especiales específicamente asignados, llegan más rápido, algo primordial para terminar con los atrasos”, sostiene Giaccone. Pero transcurrido más de un año de su aprobación, no sabe qué detiene su reglamentación. La nueva falta de pago del gobierno provincial la desanima: “Si la sociedad y los legisladores no nos seguimos moviendo, directamente van a dejar de financiar a las bibliotecas”.
A las 9 de la mañana de un sábado, un micro escolar se estaciona frente al 1950 de la calle Punta Arenas en el barrio de La Paternal. Hace mucho frío, pero de a poco llegan mujeres con changuitos de compras. Son vecinas de la zona que participan de los viajes al Mercado Central de Buenos Aires organizados los segundos sábados de cada mes por la Unidad Básica “La Irreversible” de La Cámpora. Susana Bellido y Alejandro Funes son los militantes encargados de coordinar la actividad. “Las compras siempre son un éxito porque es una gran ayuda al bolsillo de cada vecino. Las necesidades son terriblemente grandes y se hace una gran diferencia”, aseguró Bellido.
Sin embargo, Susana advirtió que los precios también subieron en el Mercado Central desde que la gobernadora María Eugenia Vidal echó a Alberto Samid, vicepresidente del lugar. “Era el que rompía para que los precios se mantengan”.
“Las compras siempre son un éxito porque es una gran ayuda al bolsillo de cada vecino. Las necesidades son terriblemente grandes y se hace una gran diferencia”, aseguró Bellido.
La organización Consumidores Libres informó que la canasta básica aumentó un 3,16 por ciento en junio y que de enero hasta a la fecha el incremento de precios es del 22,83 por ciento. Héctor Polino, fundador y director de la entidad, sugirió realizar compras de manera comunitaria como forma de paliar estos aumentos que, según él, están causados por la devaluación del peso, la quita o reducción de retenciones al sector agropecuario, el aumento en los servicios o el precio de los combustibles. “Hay aumentos en la estructura de costos, pero además hay un rubro que se llama “por las dudas” y se remarcan los precios sin ningún tipo de control”, denunció Polino.
“Nosotros salimos así vengan dos o treinta personas”, dijo Alejandro.
El micro arranca a las 9:30. Susana lamenta que el día anterior la llamaron varias personas para avisar que no podrían participar de las compras. Algunos porque se enfermaron o les salió un trabajo y otros porque, al estar a mitad del mes, no tienen dinero suficiente. “Nosotros salimos así vengan dos o treinta personas”, dijo Alejandro y agregó que esta es una actividad gratuita, que es la agrupación la que le paga los $1400 al conductor del micro.
En uno de los primeros asientos está sentada Gloria Camponigro, menuda y de pelo canoso. Ella es viuda hace cinco años y vive con su nieto que vino a estudiar a Buenos Aires. Gloria recuerda que la primera vez que fue al Mercado no recorrió mucho, pero que las veces siguientes se animó a dar vueltas y a comparar precios. “Hay que mirar”, recomendó y añadió: “Compré a $17 el kilo de pan, yo pensé que iba a estar feo, pero estaba riquísimo”.
Cerca de las 10 el micro estaciona entre los galpones del Mercado Central. Alejandro y el conductor ayudan a bajar a las mujeres mayores con sus changuitos. Estas se dispersan rápido apenas entran al galpón. Hay cajones repletos de frutas y verduras, vigilados por verduleros que constantemente gritan: “¡El que sigue!”. Carnicerías diversas, entre las que se encuentran varias sucursales de “La Lonja”, propiedad de Samid, y con una larga fila de clientes. Fiambres, lácteos, especias, aceites, plantas, ropa, zapatos, gente, gente y más gente.
“Compré a $17 el kilo de pan, yo pensé que iba a estar feo, pero estaba riquísimo”, recuerda Gloria.
Laura Saldaño fue derecho a comprar carne. Ella es ama de casa y vive con su hija de ocho años y su marido, Omar. Él trabaja en un servicio de mensajería y ahora tuvo que empezar a hacer delivery para una pizzería. “Si no, no llegamos”, se lamentó Laura. Gastó $402 en la carnicería y compró: 900 gramos de pamplona, 5 kilos de pata-muslo, 1 kilo de milanesas rellenas y 3 kilos de pechuga. Aseguró que con eso tiene para todo el mes. “Nunca me llevé chascos y me hace una diferencia a nivel mensual porque yo sé que acá me voy a gastar $500, pero después me ahorro $1000”.
“Para saber dónde comprar, tenés que mirar si hay fila. Si hay mucha gente, el lugar vende cosas buenas”, informó Laura. Contó que luego de comprar en el Central ella dedica todo el fin de semana a cocinar y guarda la comida en el freezer. Pasó por la fiambrería y cuando llegó a la verdulería señaló: “¿Ves? En el barrio el kilo de morrón está como a $100, acá tenés a $50 el verde y a $45 el rojo”.
Intentando salir del laberinto que es el Mercado, Laura se encuentra con Susana, que balancea feliz y orgullosa una bolsa de 700 gramos de filet de merluza que compró por $50. Ambas arrastraban sus changuitos llenos hasta el micro mientras intercambiaban recetas y consejos de dónde comprar el próximo mes.
“En otras épocas yo no he visto lo que está pasando ahora. Estos seis meses para mí son eternos”, afirmaba Inés.
En el micro ya estaba Inés Liliana Corradi esperando a los demás, con un cajón de 20 kilos de tomates a sus pies y con una libreta en la que anotó metódicamente sus adquisiciones. “Uno se la rebusca porque no alcanza la plata. Tenés que estirarla todo lo que podés”, dijo Inés. Ella es jubilada y vive con sus dos hijos. “Hasta noviembre del año pasado yo ganaba 420 dólares de jubilación. Al mes siguiente pasé a cobrar 300 porque el precio del dólar cambió. Tenía en mi bolsillo 120 dólares menos y los precios se fueron por las nubes”, se lamentó y agregó: “En otras épocas yo no he visto lo que está pasando ahora. Estos seis meses para mí son eternos”.
El resto de las mujeres llegan al micro y, junto con Alejandro, acomodan las compras. El conductor emprende la vuelta a La Paternal mientras todos charlan animados sobre cómo optimizar el rendimiento de sus adquisiciones.
“Todo lo que te imagines, el torno lo hace”, explica Julio Ramírez mientras pone en marcha la máquina que ahora está iluminada y produce un fuerte ruido metálico. Coloca el pistón, ajusta el milímetro, mueve una palanca y modera la velocidad; hace todo con la rapidez y la facilidad de quien practica el oficio hace veinticinco años. La herramienta de corte se acerca y tornea la pieza: «Esto es parte de mí –dice Ramírez mientras mira el torno-. Acá aprendí, es mi vida».
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Torneros, herreros, soldadores, matriceros; los trabajadores de la fábrica ADO-Petinari son obreros calificados que en cinco días pueden armar una carrocería completa. Durante cinco décadas ésta metalúrgica fue una de las más importantes del mercado nacional dedicada a la fabricación de volcadoras, acoplados y semirremolques. Pero en 2015 la firma Acoplados Petinari dejó de pagar salarios y fue acumulando una deuda que llegó a más de 50 millones de dólares con los trabajadores. La fábrica cerró sus puertas: los trabajadores quedaron fuera; la seguridad privada, dentro. Luego de varios meses de estar en la calle, los operarios decidieron entrar y crear la cooperativa Acoplados del Oeste, ADO. Cuando empezaron -en agosto de 2015- eran 15. Hoy la integran 120 trabajadores.
Ese mes apareció en el diario La Nación el comunicado sobre la convocatoria a concurso preventivo por cesación de pagos de Petinari. En septiembre la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobaba el proyecto de expropiación de la fábrica presentado, a instancia de los trabajadores, por el diputado Miguel Funes, del Frente para la Victoria. En marzo pasado consiguió la aprobación de ambas cámaras: votó a favor hasta el PRO, el bloque oficialista. La expropiación era ley.
Pero un mes después la gobernadora María Eugenia Vidal la vetó.
Y desde entonces, 120 familias pueden volver a quedar en la calle.
ADO está en Merlo, a la altura del kilómetro 32 de la ruta 200. Tres banderas flamean en la entrada: la de Argentina, la de la provincia de Buenos Aires, y la de la cooperativa. Son dieciséis hectáreas de predio: galpones con techos de hasta veinte metros de alto, maquinarias gigantescas, construcciones que tienen cien años y son patrimonio histórico, como un antiguo leprosario que los bomberos utilizan para operativos de simulacro. En la antigua vivienda del casero de la fábrica vive Julio Centurión con su mujer y sus tres hijos. Hace dos meses, cuando ya no pudo pagar el alquiler de la casa donde vivía, ni el plan de vivienda en el que estaba invirtiendo, sus compañeros le dijeron: «¿Por qué no te venís a la casa del casero?” Centurión es hincha de River, tiene 48 años y el deseo de bautizar en la fábrica a su hija de dos meses, Milena Lucía, a quien -de antemano- sus compañeros llaman “Ado” .
Centurión dice que lleva catorce años trabajando en la fábrica y que de allí sólo pueden sacarlo de una manera: muerto. “He dejado mucho en esta empresa, desde lo físico, lo moral y lo psíquico -cuenta con la garganta cerrada y los ojos llenos de lágrimas-. Es muy doloroso lo que vivimos con los compañeros . Nos dejaron en la calle”.
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La historia de Petinari incluye capítulos de traiciones familiares, estafas a los empleados, pedidos de quiebra y disputas judiciales. En 2006, con la muerte de Pedro Petinari -fundador de la empresa-, empezaron los conflictos. «Los hijos empezaron a hacer cualquier cosa con la fábrica -sitúa Luis Becerra, trabajador e integrante de la cooperativa-. Son cinco hermanos y se robaban entre ellos millones de dólares. ¿Cómo no nos iban a cagar a nosotros?»
En 2012 fue el primer gran conflicto salarial; duró tres meses hasta su resolución. “A partir de ese momento, la patronal empezó a vaciar la fábrica -recuerda el presidente de la cooperativa, Jorge Gutiérrez-. Los depósitos estaban llenos y empezaron a rematar todo; nos decían que era para traer máquinas nuevas, pero nos dimos cuenta de que no era así». La política de desguace alcanzó también a la mano de obra. De 350 trabajadores en 2009 -época en la que Petinari se instalaba como pionera en el mercado mundial-, la empresa pasó a tener 189 en 2012.
Y desde junio de 2014 la situación se agravó aún más. La familia Petinari comenzó a forzar a los empleados a firmar convenios mensuales con quitas del 40% del sueldo y suspensiones de jueves y viernes sin goce de haberes. La modalidad se iba a mantener sólo por tres meses, pero la patronal decidió extenderla más allá de septiembre, y en noviembre los trabajadores se negaron a firmar una nueva prórroga. Recuerda Gutiérrez: “Al aguinaldo lo cobrábamos en seis cuotas de mil pesos: al de diciembre de 2014 lo terminábamos de cobrar en junio de 2015, y así. Con las vacaciones nos decían que si nos íbamos, no cobrábamos el aguinaldo”.
La situación no dio para más y en febrero de 2015 decidieron cortar la Ruta 200 para hacer visible el reclamo y exigir respuestas al Estado. Ya lo habían hecho también durante el conflicto de 2012. Pero esta vez Petinari redobló la apuesta y envió cien telegramas de despido. El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la Argentina (SMATA), les dio la espalda: “El SMATA nos pedía que levantáramos la medida de fuerza y (Ricardo) Pignanelli (el secretario general del sindicato) nos empezó a acusar despectivamente de zurdos -rememora Gutiérrez-. Nosotros le dijimos que si ser zurdo era pelear por nuestros derechos, entonces que nos acusara de zurdos, pero esto no podía seguir así”.
El 19 de marzo de 2015 tuvo lugar una primera orden de desalojo y el predio quedó apenas ocupado por personal de seguridad privada. Allí cobró impulso definitivo el proyecto de constituir una cooperativa. Pero para entonces Petinari ya llevaba casi una década de descalabro administrativo. “No decidimos cortar la ruta y formar la cooperativa de un día para otro, veníamos de un año largo de conflicto”, asegura Diego Esteche, trabajador de la fábrica desde hace doce años. Sin embargo, lo peor no había pasado: “Cuando volvimos a entrar encontramos un boleto de compraventa: los Petinari le iban a vender la fábrica a un grupo de accionistas propios -agrega Esteche-. En junio se iba a hacer la escritura. Nosotros estábamos afuera, la empresa pasaba a nuevos dueños y listo. Por suerte conseguimos que saliera una cautelar y se paró todo”.
Jorge Gutiérrez es el último delegado gremial que queda en la ex Petinari desde que comenzó el vaciamiento; cumple esa función desde hace ocho años, de los doce en total que lleva trabajando en la fábrica. Fue elegido presidente de ADO gracias al respeto y a la admiración que por él sienten sus compañeros. “Es un rol difícil y desgastante, porque todos tienen sus problemas y hay que trabajar duro para mantenernos unidos -reconoce-. Podemos tener nuestras diferencias pero el objetivo es uno: recuperar a fábrica y la fuente de trabajo de mis compañeros». Viaja permanentemente a La Plata, corazón político de la provincia, en donde mantiene reuniones con funcionarios y legisladores para involucrarlos en su lucha. “Esta experiencia es nueva para mí”, admite Gutiérrez, que enfrenta el desafío con la ayuda de su consejero Francisco Martínez, a quien apoda “Manteca” (en referencia a Sergio Martínez, el delantero uruguayo que jugó en Boca Juniors en los ‘90), un cooperativista de Textiles Pigüé recomendado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (de la gestión anterior), cuando los trabajadores de la ex Petinari decidieron crear la cooperativa.
Entre quienes apoyan a la cooperativa están las Madres de Plaza de Mayo. Hebe de Bonafini, con quien tiene relación -y a veces habla- Gutiérrez. En su visita reciente al Papa, le llevó una carta de parte del obispo de Merlo en la que contaba la situación de la cooperativa.
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Eber Moreno tiene 41 años, es santiagueño y conserva la tonada y la simpatía provinciana. A los trece empezó a trabajar esquilando ovejas y cosechando papa; a los diecinueve, viajó a Buenos Aires. El oficio lo aprendió en la fábrica; veintidós años después tiene conocimiento en casi todas las áreas. Mientras la empresa pagó, Moreno muchas veces destinó todo su aguinaldo en herramientas de soldadura y herrería; a aquella inversión hoy la considera una ventaja para poder tener sus trabajos independientes y sostener a la familia, conformada por su mujer, sus cuatro hijos y sus dos nietos. «Así voy sobreviviendo”, dice Moreno y cuenta que hace poco construyó su primera escalera. “Toda la estructura que ves acá es mano de obra y pulmón de los trabajadores”, explica, y se acuerda de un trabajador de setenta y pico de años que hizo todos los techos y que cuando se jubiló se fue así, como si nada.
Felix León, de 60 años, está en la fábrica hace ocho. “¡Hasta infartado trabajó!”, dice Moreno señalando a su compañero. León –dice- no cree en la empresa, cree en sus compañeros, y por eso asegura: “Hoy no quiero darle nada a nadie, esto lo quiero para todos nosotros”. Durante el conflicto del verano de 2015 estuvo todos los días de los ocho meses en la ruta: por eso se autodefine como “una marca registrada”. “Al principio me escondía, me tapaba la cara porque me daba vergüenza -dice-. Yo laburé toda mi vida, es muy feo terminar de esa forma. Después ya me conocía todo el mundo y me hice un cara rota”. Se ríe, León.
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Todos recuerdan ese verano como una época muy dura y triste. Se organizaban en grupos de seis personas y se dividían los turnos; ponían dos tachos en la mitad de la ruta para visibilizar el conflicto pero sin cortar el tránsito. “Nos plantamos en la puerta porque si la dejábamos libre, venían los dueños para llevarse las maquinarias y las herramientas -explica Centurión-. Y si nos sacaban eso, nos quedábamos sin nada”. Durante un año Centurión pasó las veinticuatro horas del día en la ruta para evitar el vaciamiento de la planta. «Le decía a mis hijos que papá se iba a defender el trabajo, y no sabía cuando volvía -recuerda- Fue una lucha fuerte, constante, pero con mucho orgullo».
“Muchos ayudaban porque conocían la lucha -se acuerda León-. Pero también estaban los que pasaban y te gritaban: ‘¡Anda a laburar!’, y eso me hacía pomada, me destruía”.
Cuando en agosto los trabajadores no toleraron más la situación, decidieron entrar y recuperar la fábrica. “La empresa dice que nosotros entramos por la fuerza; pero mirá -demuestra Gutiérrez señalando con la mano la enorme entrada al predio que abarca cuadras y cuadras- está abierto por todos lados. Dijeron que rompimos el portón y secuestramos a los de seguridad, cuando fueron ellos mismos los que nos abrieron”. Hoy Gutiérrez está procesado penalmente por ese supuesto “secuestro” de los tres guardias de seguridad; él lo traduce como una estrategia de la empresa para desarticular a la cooperativa.
Petinari también acusó a los trabajadores de que entraron a la fábrica para robar, pero cuando se hizo el inventario junto con la empresa y el síndico de concurso sobraban máquinas. “Nos somos usurpadores, somos defensores de nuestros derechos laborales”, sostiene Centurión sobre los adjetivos que usa Petinari para deslegitimar a los trabajadores. “¿Pero qué puedo esperar de la empresa si en catorce años nunca tuve un salario digno, ni una obra social digna, ni vacaciones dignas, nunca tuve la libertad de salir un fin de semana con mi familia, y siempre existí para la fábrica de lunes a lunes?”
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Rosa y Fernanda, las mujeres de la fábrica, se encargan del trabajo administrativo. Rosa es de las cooperativistas más nuevas -está hace tres años-, y siente que en esta lucha recuperó su dignidad como trabajadora. “Hubo mucho maltrato; para la empresa el trabajador era un esclavo -explica Rosa-. Mucho tiempo la gente aguantó trabajando sin ART, sin elementos de seguridad, sin cobrar los aumentos correspondientes, cobrando fuera de término o en cuotas, y hasta no cobrando. Incluso la falta de higiene, con semejante establecimiento nunca se hizo comedor. Y el trabajador siempre se calló la boca para no perder la fuente de trabajo”.
Como víctima de la negligencia, los trabajadores recuerdan a su compañero Maximiliano, que en 2006 murió aplastado contra una columna cuando el gancho de una batea de cinco mil kilos, que no estaba asegurado, se desprendió y lo mató en el acto. «Lo taparon con una lona y querían que siguiéramos trabajando», cuenta Esteche. También se acuerdan de otro compañero que quedó con la mitad del cuerpo paralizado al electrocutarse con una soldadora mojada por el agua que caía del techo roto.
“Durante varios años era obligación trabajar doce horas diarias, pero en el recibo figuraban sólo nueve”, denuncia Fernanda, que trabaja en la fábrica hace dieciocho años y parece conocer de cerca las irregularidades de la empresa: “Estafó hasta facturando doble una unidad. Petinari tiene todo mal: con los proveedores, los clientes, los trabajadores, y con el Estado. Pero también está la falla del Estado: si vas a Morón verías la infinidad de denuncias que hicimos constantemente como empleados hacia Petinari. Empapelás la ciudad, con esas denuncias”.
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Julio Ramírez es -según sus compañeros- el científico de los tornos. Lleva diez años en la fábrica. “Es el oficio más viejo del mundo”, dice mientras manipula el torno paralelo, que hace el trabajo artesanal de la tornería, y se usa principalmente cuando el torno computarizado -que según Ramírez “hace maravillas”- está roto. Hacer un cilindro en el computarizado puede llevarle a Ramírez tres horas; artesanalmente, dos días. Pero si tiene que elegir, se queda con el torno paralelo.
Ramírez tiene dos barras de titanio y cuatro tornillos en la espalda por haberse caído de una máquina en 2012. En ese momento la ART le dijo que sólo era «un fuerte dolor de espalda»; pero cuando se fue a hacer una revisión más específica se encontró con que tenía una vértebra rota y que podía quedarse en silla de ruedas. “Decidí operarme y cuando fui a hablar con la empresa me dijeron: ‘no se preocupe Ramírez, después vamos a arreglar’; así como lo dijeron, quedó en la historia”. Ramírez hace una pausa. Y pregunta: “¿Vos pensás que yo les puedo dar esto? Si me arruinaron la vida».
A sus cincuenta años Ramírez siente que su cuerpo ya no aguanta tanto. La lucha por el trabajo, sin embargo, lo hizo más fuerte. «Lloré, me enojé, zapatée; no lo podía creer; pedíamos monedas en la calle siendo todos obreros calificados”, recuerda sobre el conflicto. “Hoy la cooperativa me cambió la vida; siento que peleo por algo muy mío”, dice, y está seguro, como Centurión, de algo: «Yo de acá me voy muerto”.
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El alma de la fábrica es el sector de corte y plegado, donde la materia prima se corta e inicia su recorrido hacia los demás sectores: tornería, hidráulica, armado, pintura, terminación y reparación. “Ahora no hay trabajo, pero sabemos que es un problema general”, dice Gutiérrez sobre la situación económica actual de la cooperativa. La producción en los últimos meses bajó casi un 70 por ciento. Desde agosto hasta diciembre, los trabajadores cobraban alrededor de ocho mil pesos por mes. Hoy, el salario se redujo a dos mil. Y a pesar de que la fábrica está funcionando a un 30 por ciento, las tarifas de los servicios aumentaron de diez mil a cuarenta mil pesos.
Frente a la desaceleración de la producción, de los 120 trabajadores que integran la cooperativa sólo 70 están trabajando actualmente en la fábrica. «Hoy funcionamos como una escuela. El que era tornero, ahora aprende a hacer guillotina y viceversa; nos ayudamos entre todos», cuenta Gutiérrez. El ritmo de la actividad en la metalúrgica también se modificó: el trabajador ya no cumple un horario y se va; si hay que quedarse más tiempo para terminar, lo hacen. “Se cobra si se trabaja; todavía hay que concientizar a los compañeros sobre eso -dice Gutiérrez-. Es aprender a trabajar sin patrón”.
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“Desde que somos una cooperativa el compañerismo se reforzó más que nunca: todos estamos luchando por lo mismo -expresa Centurión-. Somos como una gran familia”. Sueña, dice, con que algún día haya 600 compañeros en ADO. A futuro, la cooperativa tiene el objetivo de ser también un espacio de formación y de primer empleo para los jóvenes que egresan de los colegios industriales, a través de un convenio con el municipio. “Queremos darles la oportunidad a hombres y mujeres de integrar la teoría con la práctica, que puedan llevarse su moneda con enseñanza y futuro -dice Centurión-. Que los compañeros más grandes puedan enseñarles a los más jóvenes la educación del trabajo y de la expresión, y se llenen de satisfacción. Esa es la ilusión y el futuro que queremos para esta fábrica».
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El abril pasado la gobernadora Vidal decidió vetar la ley de expropiación de la fábrica. A través del Decreto N° 307/2016 establece que la expropiación implica “la creación de un nuevo gasto en la Ley de Presupuesto vigente”; también asegura la presunta “voluntad de la parte empresaria de abonar las primas adeudadas”. “Eso no es cierto -replica Becerra-. Si se fijan en las actas del Ministerio de Trabajo que están en Morón, figura claramente que la empresa ni se presentó a las audiencias”.
A principios de mayo los trabajadores impulsaron un nuevo intento de llevar a la Legislatura la expropiación de Petinari. “En realidad, lo que se quiso hacer fue anular el veto -relata Becerra-. Teníamos el compromiso del bloque del Frente Renovador para acompañarnos, pero a último momento se dieron vuelta y el proyecto se cayó”. En cambio, consiguieron que la Cámara de Diputados bonaerense diera media sanción a una ley que impide cualquier intento de desalojo en la fábrica durante 90 días. “Falta la otra media sanción, pero esperemos que a ésta no la veten también -dice Esteche-. Suponemos que no, porque fue aprobada por los mismos diputados del oficialismo. Sería un papelón que la gobernadora vetara una ley sancionada por sus propios legisladores”.
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“Nuestro objetivo es resistir hasta fin de año, cuando debería declararse oficialmente la quiebra de Petinari, lo que sería un paso decisivo para que se reconozca a nuestra cooperativa”, explica su presidente, Jorge Gutiérrez. El cielo está despejado y el sol le ilumina la cara: “El veto nos hizo más fuertes y nos dio más ganas de pelear -dice-. Con la empresa no queremos negociar, no es creíble, y los compañeros quedaron mal psicológicamente. Ya estamos conformados como cooperativa. Y no hay ni un paso atrás”.
