May 28, 2020 | Comunidad, Novedades
Los estados pobres del norte y nordeste están colapsados, ahora el problema está alcanzando a los más ricos.
En cuestión de semanas, Brasil pasó a ser el epicentro de la pandemia superando a Estados Unidos en cantidad de fallecidos por día. Los contagios crecen sin parar ante la desidia política del gobierno de Jair Bolsonaro que apuesta a un laissez-faire sanitario, económico y social.
Ante la ausencia de una acción coordinada entre el Planalto y las administraciones provinciales, cada estado enfrenta el coronavirus como puede. “Es catastrófico. El país es como un barco sin capitán”, opina la directora del Sindicato de Médicos del Estado de San Pablo (SIMESP), Carolina Pastorin Castiñeira.
El colapso del sistema hospitalario es una realidad. La gestión del covid-19 es “absolutamente precaria y crítica”, señala el médico sanitarista Pedro Tourinho. La desigualdad social a nivel nacional queda reflejada por el impacto de la pandemia. Según el Ministerio de Salud brasileño, la región del norte tiene una mortalidad de 26,6 cada 100 mil habitantes. Esta cifra duplica la del sudeste (13 cada 100 mil), la zona más rica.
Los estados pobres del norte y nordeste –Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco–, hace días que están colapsados. Sin embargo, el problema está alcanzando a los sectores más ricos: el área metropolitana de San Pablo y el interior de Rio de Janeiro “ya tienen filas para internación y las camas de terapia intensiva están completas”. Tourinho, quien también es concejal por el Partido de los Trabajadores (PT) en la ciudad de Campinas, advierte que el riesgo de colapso es “inminente” en el interior paulista y “ya es una realidad en la capital”.
El estado de San Pablo es el más afectado por el covid-19, con 86.017 casos confirmados y 6.423 víctimas fatales. “Estamos con regiones colapsadas dentro de la ciudad”, subraya Pastorin y remarca que en algunas partes de la capital ya tienen una ocupación de camas públicas de cuidados intensivos (UCI) del 100 por ciento.
El interior de Rio de Janeiro ya tienen filas para internación y las camas de terapia intensiva están completas.
El personal médico que está en la primera línea padece la falta de testeos, el sufrimiento psíquico y la impotencia ante los casos que crecen desmedidamente. “Los profesionales de salud estamos pasando un momento difícil. No solamente por la cuestión sanitaria. Nuestra salud física y mental está perjudicada”, admite Pastorin. Unos 130 colegas suyos han fallecido por el covid-19. “Veo en muchos el desgaste que genera la sensación de poder ser una de las víctimas”, dice y destaca que “trabajando en la primera línea, es importante crear momentos de distracción para aliviarse un poco de las pésimas noticias”.
“Muchos profesionales trabajan en condiciones de protección muy por debajo de lo ideal, atendiendo un volumen demasiado grande de pacientes”, observa Tourinho. En tanto, Pastorin alerta sobre la desigualdad en el país y entre los trabajadores sanitarios: “Tenemos localidades con equipos de última generación y otras donde utilizan tapabocas caseros”. Según la directora del SIMESP, cada día crece el número de profesionales suspendidos de sus puestos “sea por contagio, por cuestiones emocionales o por falta de condiciones para trabajar”.
No existe una coordinación del sistema sanitario, público y privado. “Otra vez, la desigualdad impera”, manifiesta la referente sindical. Brasil tiene grandes diferencias entre regiones. En el norte, nordeste y Rio de Janeiro todos los hospitales están desbordados, mientras que en el estado paulista hay disponibilidad de camas en el sector privado “pero la gente muere en el sistema público sin acceso a una. Es profundamente injusto”, denuncia Tourinho.
“Lo importante, ahora, consiste en mantener a la gente en sus casas y dar las condiciones desde el Estado para que eso ocurra. Es injusto y contradictorio mandar al pueblo a aislarse sin la ayuda necesaria para que todos puedan acceder a la salud y a una chance de recibir cuidados adecuados”, sostiene Pastorin, quien reivindica el reclamo por una lista de espera única para camas de UCI. Según Tourinho, debería haberse constituido un “gran pacto nacional en defensa de la vida” con medidas de aislamiento rigurosas, puniciones para quien rompiese la cuarentena y medidas de auxilio.
“Con el Gobierno federal tenemos la peor gestión del planeta de la crisis del coronavirus”, enfatiza Tourinho.
“El problema es que con el Gobierno federal tenemos la peor gestión del planeta de la crisis del coronavirus”, enfatiza Tourinho y califica al presidente Bolsonaro como un “psicópata” que no le importan las vidas perdidas: “Lo que él quiere es que los que tengan que enfermarse, se enfermen, y los que tengan que morir, se mueran. Todo para que la economía vuelva a funcionar”.
El máximo mandatario, que definió al coronavirus como una “gripecita”, boicotea la cuarentena en cada uno de sus discursos y milita la reactivación de la economía. La socióloga y analista política, Aline Piva, observa que el camino elegido por el Planalto es una “salida maltusiana. Están haciendo un cálculo muy deshumano: que se mueran los que se tengan que morir, después vemos que hacemos”, afirma.
“Nada indica que vamos a tener un cambio y eso nos pone frente a un problema muy grande”, asegura. Los gobiernos provinciales son los que responden ante la crisis sanitaria, pero “es una respuesta muy desigual, cada uno hace lo que puede”.
Mientras las medidas de aislamiento y cuarentenas son dictadas por las autoridades regionales, los fondos para auxiliar a las personas económicamente provienen del Gobierno federal. “No estamos viendo medidas además de los 600 reales (unos 110 dólares), que no llegan a comprar la comida mensual de una familia. Hay gente que dice preferir morir con la panza llena que de hambre en casa. Es muy agobiante la situación que vive la población más vulnerable”, plantea.
Pastorin no ve mejoras en el horizonte. “El presidente ignora a la ciencia y los especialistas y decide por su cuenta. No tiene conocimiento sobre eso, no es ni médico ni investigador ni científico. Estamos hace más de una semana sin Ministro de Salud y sin previsión de un nuevo nombramiento – detalla preocupada-. Es catastrófico que estemos en esta situación en medio de una pandemia. Es como un barco sin capitán”.
En menos de un mes, la cartera de Salud vio la renuncia de dos ministros. El médico Luis Henrique Mandetta abandonó a su cargo el 18 de abril tras constantes cruces con el Presidente. Luego, el oncólogo Nelson Teich presentó su dimisión el 15 de mayo, por estar en desacuerdo con Bolsonaro sobre el uso de la cloroquina.
El puesto quedó en manos del general Eduardo Pazuello. “Aunque asumió como interino, todo indica que va a quedar al frente del Ministerio”, precisa Piva y añade que Bolsonaro ya había dicho que quería un militar en ese puesto: “Ahora no solo está el general como ministro, sino que también hay otros militares en cargos estratégicos, nombrados por el interino”.
Tourinho califica al ministro interino como un “completo despreparado” (sic) para el cargo. La cartera sanitaria, compuesta mayormente por militares sin experiencia en políticas de salud pública, está “más comprometida con la pauta de Bolsonaro y no con la vida de los brasileros”. Pazuello, al mando interino del Ministerio, aprobó la prescripción de cloroquina para tratar casos leves de covid-19. “Es un Ministerio de charlatanes -se indigna Tourinho-. Recetan ese medicamento en la fase inicial de la enfermedad cuando ya se sabe que no hace bien”.
La salida de Teich no generó una reconfiguración política del gobierno de Bolsonaro, según Piva, sino que fortaleció la presencia militar en el gabinete. Para ella, este avance es lo más preocupante en la crisis política, “especialmente tener a uno al frente de un ministerio tan clave para controlar la pandemia”.
El estado de San Pablo es el más afectado por el covid-19, con 83.625 casos confirmados y 6.220 muertos.
Funebreros a la vista
En el gigante sudamericano no sólo están saturados los hospitales sino también los cementerios. “La invisibilidad de los sepultureros fue quebrada por esta pandemia: estamos apareciendo en el mundo entero”, comenta Manoel Norberto, funebrero desde hace 20 años y miembro del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Pablo (Sindsep). La jornada es vertiginosa, comienza más temprano, el almuerzo es más corto y la salida más tarde. “Sumamos más trabajadores para ayudar a los que ya estaban cansados, contratamos autos, todo por el rápido aumento de las sepulturas”, explica.
El estado de San Pablo es el más afectado por el covid-19, con 83.625 casos confirmados y 6.220 víctimas fatales al cierre de esta nota. “Pasó todo muy rápido”, repasa Manoel. Con el avance del virus, el cementerio Vila Formosa —el más grande de Brasil— pasó de 38 a 80 sepulturas diarias. “Es un momento muy difícil”, confiesa. El miedo al contagio está presente entre ellos. “Desde el sindicato estuvimos dando todo el soporte que puede ser ofrecido por la letalidad de este virus”, destaca.
Se añadieron nuevos elementos al uniforme de trabajo. “Pedimos a la Municipalidad una mayor protección para nuestros trabajadores y ahora redoblamos el uso de guantes, macacos (trajes enterizos) y máscaras, para cuidar a nuestros compañeros”, señala. También se sumó un servicio de ayuda psicológica. “Esta fue una acción voluntaria de los profesionales de salud, psicólogos y asistentes sociales que abrieron sus teléfonos y se pusieron a disposición de los trabajadores por si necesitan una ayuda, una charla o un hombro amigo”, cuenta.
Según Manoel, desde el sindicato buscan mantener a sus trabajadores informados porque hay mucha “desinformación”, que él atribuye al Presidente. “Hace que la gente vaya a la calle y ahí el pico de muertes aumenta”, dice y remata: “La rutina fue completamente cambiada por culpa de ese tipo”.
May 22, 2020 | Comunidad, Novedades
Los barrios populares concentran el 35% de los casos de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires. Al cierre de esta nota, las 29 villas porteñas sumaban 1651 infectados y 17 fallecidos. El barrio Padre Mugica (ex Villa 31), con 1083 positivos, reunía la mayor cantidad, seguido por la 1-11-14 del, Bajo Flores, con 471.
La muerte por COVID-19 de dos referentes sociales puso en evidencia, una vez más, las medidas insuficientes del Gobierno de Horacio de Rodríguez Larreta. Uno de ellos, Víctor Giracoy, de 60 años, trabajaba en el comedor «Estrella Belén» del Barrio Mugica. La otra víctima, Ramona Medina, de 42 años, integrante de La Poderosa, había sido internada en grave estado en el Hospital Muñiz. Ella había sido una de las personas que visibilizó en los medios de comunicación la falta de agua durante 12 días en la Villa 31, antes de que los contagios empezaran a multiplicarse rápidamente.
Ramona vivía con siete familiares en un espacio de 26 m2, entre ellos su pareja y sus dos hijas, una con síndrome de West y síndrome de Aicardi y que dependía completamente de su cuidado. Además de coordinar el Área de Salud de la Casa de las Mujeres del barrio, Ramona también cocinaba en su casa para solventar los gastos de medicamentos que el Estado no le garantizaba.
La organización La Poderosa informó que la familia esperaba su relocalización desde hace cuatro años, cuando Rodríguez Larreta “impulsó” el proyecto de urbanización. “La vivienda nunca llegó y la respuesta ante la falta de agua tampoco. Llegó el coronavirus”, señalaron en un comunicado.
La tragedia de Ramona parece haber perforado el blindaje mediático sobre la dramática realidad que se vive en las villas porteñas. Ante la indiferencia de las autoridades locales, el presidente Alberto Fernández “leyó la situación” y recibió en Olivos al periodista y militante de La Poderosa, Nacho Levy, quien le detalló de primera mano la extrema vulnerabilidad que atraviesan los sectores populares durante el aislamiento social.
Hace más de 12 años que la gestión del PRO –y sus variantes Cambiemos y Vamos Juntos- prometió mejorarles la calidad de vida, pero hoy los vecinos continúan hacinados, expuestos a enfermedades como el dengue y el coronavirus, y sin los servicios básicos de luz, agua y gas.
El lunes 18 de mayo, tras las muertes de Ramona Medina y Víctor Giracoy, el Comité de Crisis de la Villa 31 realizó una conferencia de prensa para exigir la declaración de la emergencia sanitaria, alimentaria y habitacional. El Comité, compuesto por organizaciones sociales y la parroquia Cristo Obrero, se conformó para dar respuesta a la pandemia frente a la desidia del gobierno porteño. Una de sus integrantes denunció las obras nunca realizadas en el barrio. “Hubo cuatro años de macrismo donde se hizo campaña con la urbanización de nuestro barrio”, afirmó y recordó unas declaraciones de 2018 del secretario de Integración Social, Diego Fernández, responsable del barrio: “Decía que toda la infraestructura de agua, cloaca y tendido eléctrico iba a estar terminada para ese año. Estamos en el 2020 y, durante una pandemia, sale a la luz que todas esas obras no se hicieron”.
Desde el Comité, reclamaron el acondicionamiento de hoteles y espacios que garanticen el aislamiento de personas que no pueden hacerlo en su casa. “Exigimos unidades de traslados y atención psicológica las 24 horas”, dijo la vecina y referenta Silvina Olivera.
Y mientras la atención está puesta ahora en la Villa 31, el desastre avanza sobre el resto de los barrios populares de la Ciudad. Por la falta de trabajo, todos los comedores comunitarios fueron desbordados ante la demanda: la mayoría duplicó y algunos hasta triplicaron la cantidad de platos de comida que dan al día.
En el barrio Zavaleta (Villa 21-24), ubicado entre Barracas y Pompeya, los coordinadores de los merenderos piden con urgencia la llegada elementos de limpieza, higiene y raciones de comida. María forma parte del comedor Madre Teresa de Calcuta que atiende allí desde hace más de 25 años. El espacio, que también funciona como un lugar de contención, entrega todos los días más de 200 platos de comida para familias y chicos en situación de calle. «La realidad es que hacemos magia, hacemos todo lo posible para que nadie duerma sin comer», afirma.
El presidente Alberto Fernández recibió a referentes sociales de los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires.
Además del miedo que les genera la pandemia, los vecinos sienten impotencia por el abandono que padece el barrio. «Le queremos pedir al Gobierno que se haga cargo de la situación que vivimos porque los problemas que tenemos, como la falta de agua, los padecemos hace tiempo», agrega María, indignada.
Las condiciones de hacinamiento y el estancamiento del agua hacen que el riesgo de dengue sea un peligro cotidiano. Carla, vecina y militante de izquierda, subraya: “Es indignante que el Gobierno diga que los hospitales están todos preparados para recibir los casos, pero no nos reciban a nosotros”.
El pasado lunes comenzó en la 21-24 de Barracas el operativo DetectAR (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina) y, ante la sospecha de casos positivos, mamás con bebés y niños pequeños fueron llevados al hospital Ramos Mejía. Allí los ubicaron en salas sucias, en contacto con otros infectados y sin brindar ninguna información sobre ellos hasta el momento.
Los vecinos de la 21-24 se manifestaron frente a la Casa de la Cultura, en Barracas, y exigieron que se cumpliera el protocolo de aislamiento a quienes se les hizo el test el lunes y están desde entonces en el Ramos Mejía.
“Es vergonzoso e inhumano el trato que reciben del Gobierno de la Ciudad –expresó el presidente de la Comuna 4, Ignacio Álvarez–. Mientras en los barrios del norte trasladan a las personas sospechosas en ambulancias del SAME, en el sur los amontonan como ganado en colectivos. No podemos permitir que siga habiendo ciudadanos de primera y de segunda”.
May 14, 2020 | Comunidad, Novedades
En los últimos días, la Ciudad de Buenos Aires se transformó en el epicentro del coronavirus en la Argentina. Más del 25 por ciento de los infectados viven en los barrios vulnerables, según datos del propio Gobierno porteño.
Hasta el 21 de abril, cuando dio positivo una mujer en el “Padre Mujica” (Villa 31), no se habían registrado casos en los barrios populares. “Apareció en medio de once días donde no tuvimos agua”, afirma Miriam Suárez, vecina integrante de Barrios de Pie y coordinadora de un comedor. “Durante esos días, los contagios se dispararon como un cohete. Si no tenés agua, ¿cómo te vas a lavar las manos? La falta de agua contaminó el barrio”, concluye.
El hacinamiento en las casas, la precariedad laboral y el acceso limitado a servicios esenciales, como agua, luz y gas, dificultan el aislamiento social. La falta de agua, que impide sostener las medidas sanitarias básicas, no es el único problema. La mayoría de las personas se quedaron sin trabajo y sus ingresos se redujeron parcial o enteramente.
La demanda en los merenderos se duplicó y hasta triplicó. El que coordina Miriam no es la excepción: “Con el coronavirus se sumó mucha gente. Antes dábamos cincuenta raciones, hoy damos cien”, cuenta. Las medidas de higiene se extremaron. “Mantenemos todo lo más limpio posible, lavamos bien, usamos lavandina, para no contagiarnos. Si nos enfermamos, sería un desastre. ¿Quién le daría de comer a toda esta gente?”
«Si nos enfermamos, sería un desastre. ¿Quién daría de comer a la gente?”, dice Miriam, coordinadora del comedor.
En el sector donde trabaja Miriam, dos merenderos cerraron porque sus encargados enfermaron y las personas tienen que encontrar su ración en otro lugar: “Los comedores están saturados: no damos abasto ni de comida ni de utensilios”, asegura.
Desde su espacio, insisten a los vecinos para que respeten las medidas de distanciamiento. “Les pedimos que limpien bien sus tapers, que mantengan distancia en la fila, que usen barbijo, que se cuiden, porque si nos enfermamos, no podríamos abrir”, subraya.
“No hay presupuesto”
Ante el brote en los barrios populares, el Gobierno porteño, junto con Nación, puso en marcha el programa Detectar, que incluye operativos de testeos a personas con síntomas en las zonas más vulnerables al contagio. A través de un comunicado en Facebook, la organización villera La Poderosa denunció que estos testeos se realizan sólo en dos barrios de los 29 de la ciudad: en la Villa 31 y en la 1-11-14, las más afectadas por el momento.
Las organizaciones sociales están llevando adelante tareas fundamentales para contener la pandemia en los barrios marginados. No sólo para poner un plato de comida en la mesa de las familias sino también para el seguimiento y el cuidado de los contagios. “El Gobierno de la Ciudad entró al barrio para hacer controles de quién tiene el virus, pero no van casa por casa. Las organizaciones armamos un listado de quiénes estuvieron cercanos a los contagiados y a ellos les están haciendo los controles. También pusieron postas sanitarias en la entrada y varias zonas, ayudando a la gente que sale a trabajar porque ya no se aguanta la cuarentena sin comida”, detalla Miriam.
Las personas infectadas con hijos y personas mayores a cargo, ni siquiera saben si les están dando de comer.
Mientras tanto, el Gobierno porteño no les brinda información de cuántos infectados tienen, cuántos muertos, cuántos fueron dados de alta. “Nadie informa nada”, se queja Miriam. El desamparo no lo padecen sólo los que quedaron en el barrio. Vecinos que están contagiados y aislados en hoteles y hospitales denuncian malos tratos y falta de insumos básicos como jabón o abrigo. “Dos compañeras mías de la cooperativa están en esta situación. Cuando piden algo, no se los dan y las tratan mal. No sé si es así porque son de la villa o actúan de la misma manera con la gente que tiene una casa”, se pregunta.
Esto genera que mucha gente no quiera ir a espacios que brinda el Estado para realizar el distanciamiento obligatorio: “Muchos prefieren recibir el resultado en su casa. Si te tratan mal, ¿para qué salir de tu hogar?”, dicen. El miedo a dejar sola a la familia está presente. Las personas infectadas que tienen hijos y personas mayores a cargo, ni siquiera saben si les están dando de comer.
A raíz de las problemáticas que desnudó y agravó la pandemia –hambre, desempleo y condiciones de vida extremamente precarias–, las organizaciones sociales, los merenderos y comedores, junto con los curas villeros, conformaron un comité de crisis en la 31 para relevar las complicaciones y notificar al Gobierno porteño. “Nosotros somos los que vivimos y sabemos lo que pasa en el barrio, que los comedores están saturados. Les pedimos que brinden más raciones. Les dieron comida a 22 comedores no reconocidos, pero eso no llega a todo el barrio. La respuesta de ellos siempre la misma: ‘No hay presupuesto’”, explica Miriam.
El acceso al agua tampoco ha sido garantizado hasta ahora. Desde la Secretaría de Integración Social y Urbana de la Ciudad les informaron que se iba a cortar el agua en algunas manzanas por una obra en el caño matriz, “pero no nos dicen qué sectores van a quedar afectados para prever y llenar baldes –señala Miriam–. Esto es lo que nos genera más contagios”.
