Jun 8, 2016 | inicio
Edwin Sánchez llegó siendo niño a la Argentina desde Bolivia, en 1997, junto a su madre y sus hermanos. “Durante todos estos años nos dedicamos a trabajar y a estudiar”, dice. Se formó en comunicación pasando por la Universidad de Buenos Aires y obtuvo una beca de producción radial en la TEA. “Desde ese momento empecé a trabajar en producción radial. Luego pensé en hacer un material dentro de mi propia comunidad: la boliviana”. Actualmente es el director del Canal Bolivia Al Aire y de la productora audiovisual Calidad de Radio (CDR).
Sintonizando boliviaalairetv.com pueden verse distintos materiales sobre la colectividad boliviana. Los domingos a las 15 Edwin conduce con serenidad y entusiasmo el noticiero Bolivia al Aire, creado por la productora CDR. El programa también se transmite en simultáneo por el Canal 8 de Villa Celina y por Urbana TeVé de la Villa 31, Retiro. El contenido cuenta con informes sobre cine y música, historias de vida de artistas, pero también de emprendedores textiles y rurales, y visibiliza problemáticas actuales de los trabajadores de esta comunidad residente en el país. Además, reflexiona críticamente sobre acontecimientos nacionales como la reciente conmemoración de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, celebrando aquel proceso de descolonización que estimuló la independencia de la región, aunque denunciando que actualmente subsisten otros tipos de colonización: cultural y económica.
De Mendoza a la pantalla
“Muchos dueños de campos tenían amenazados a trabajadores rurales bolivianos al decirles que si salían de la finca, los podrían detener”. La idea de realizar un medio audiovisual se gestó a partir de un trabajo de investigación periodística sobre este tema que realizó Sánchez en 2006. “Durante unos meses me puse a trabajar en una finca en Mendoza para conseguir datos, porque no es fácil ingresar si no sos un trabajador”, dice el director y agrega: “En aquella época no existía la tecnología actual, así que sólo tenía apuntes, audios y fotos. Pensé que de tener un registro audiovisual, podría haberlo denunciado y tener mayor difusión en los medios”. De todas formas, el informe logró su objetivo: “Lo llevé al consulado de Bolivia y pasó al Ministerio de Desarrollo Social. A partir de ahí, autoridades y periodistas empezaron a indagar sobre el asunto con mayor profundidad”, declara.
Cuando volvió a Buenos Aires, y a partir de aquella experiencia, Sánchez, junto a su colega Marco Ramos, comenzaron a realizar el programa radial llamado Calidad de Radio, específicamente para la comunidad boliviana en el país. Al programa le fue bien, “lo empezaron a retransmitir en Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca”. Pronto notaron que el producto estaba consolidado y junto a otros compañeros conformaron un equipo y se propusieron realizar producciones audiovisuales. “En 2009, empezamos a trabajar en el Canal 4 de La Matanza. Ahí tomamos las siglas de Calidad de Radio para la Productora CDR y agregamos Bolivia al Aire para que se relacione más con la comunidad. El programa tuvo buena aceptación. Invertí un dinero que había juntado para comprarme un automóvil. Pero a medida que fueron pasando los meses no logré recuperar lo invertido. Tuvimos que salir del aire a los siete meses, ya que no podíamos costear el alquiler de las cámaras y el estudio”. Sin embargo, no se desalentaron. Sánchez continúa su relato: “Después de 2009 seguimos trabajando a nivel periodístico. Teníamos el propósito de hacer un programa audiovisual, aunque no tanto acompañamiento económico. Pasamos tres años practicando y produciendo algunos informes. Cuando estuvimos más consolidados, en 2013, volvimos a emitir por el Canal 4. Tuvimos un éxito importante, y al año siguiente vimos la posibilidad de que, además de formar una productora, podíamos llegar a ser un canal. Así que con el equipo técnico, de ingeniería y diseñadores, lanzamos la señal vía Internet. Hoy en día el canal está consolidado y se transmite las 24 horas. Además somos los corresponsales de Bolivia TV, un canal estatal de allá”.
«Tuvimos un éxito importante, y al año siguiente vimos la posibilidad de que, además de formar una productora, podíamos llegar a ser un canal», cuenta Sanchez.
“La Ley de Medios nos dio un horizonte”
Edwin Sánchez dice que antes de que se sancionara la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual era impensado que la productora fuese un canal. “Sin esa legislación hubiese sido difícil proyectarlo porque sabes que por delante te vas a cruzar con barreras. Con la ley, ese camino se mostraba abierto para avanzar y apostamos por Bolivia al Aire TV”. El Programa Fondo para el Mejoramiento de la Calidad (FOMECA), que incluía la ley, ofrecía concursos y constantes capacitaciones para los medios emergentes y comunitarios. Varios integrantes de Bolivia Al Aire han participado de ellas. Consultado por ANCCOM acerca de cómo es la situación actual del canal, en relación al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado en diciembre de 2015 por la administración Macri y la eliminación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) en abril de 2016, Sánchez respondió: “En 2015 nos presentamos para la licitación de un canal. Actualmente hemos presentado un escrito al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y estamos esperando que nos den respuesta, ya que sólo nos dicen que todavía están en revisión de temas estructurales. Por otro lado, hay productoras con las que tenemos relación, que han ganado los concursos del FOMECA y hoy no se les está pagando; en cambio, los primeros concursos los abonaron en tiempo y forma, y vimos que el apoyo a los medios comunitarios por parte del AFSCA era real. La mayoría son productoras jóvenes y cooperativas que hacen un trabajo interesante. Si no tienen un apoyo económico, tarde o temprano van a dejar de hacerlo. Es una pena que el gobierno actual no vea la necesidad de darle la oportunidad a aquellas otras voces que tienen ideas y energía.”
Los medios y la representación de la comunidad boliviana
Ante tristes placas como “Accidente fatal en Flores: mueren dos personas y un boliviano”, Sánchez considera que en los medios hegemónicos existe una estigmatización sistemática, no sólo de la comunidad boliviana sino de los migrantes en general. Sin embargo, sostiene que en estos últimos años ha ido menguando por parte de la sociedad.
Con respecto a la visualización de la comunidad boliviana sostiene: “Sucede que silencian la tarea bien hecha que desarrollan. Acá hay muchos emprendedores, que incluso han invertido en la Argentina al vender una casa o terreno en su país natal. Hace poco fuimos a hacer informes a zonas del conurbano donde se cultivan hortalizas y verduras que se consumen en Buenos Aires. Muchos de ellos han empezado alquilando tierras y luego llegaron a comprarlas en cuotas. El trabajo que hacen es muy importante, de otra forma estos alimentos tendrían que llegar desde zonas más lejanas, lo que aumentaría el costo de distribución, que se volcaría al precio que paga el consumidor. Los bolivianos hacemos trabajos importantes y los medios no los destacan.” Y ésta es la visibilización que tiene como objetivo la Productora CDR.
“En 2015 nos presentamos para la licitación de un canal. Actualmente hemos presentado un escrito al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y estamos esperando que nos den respuesta, ya que sólo nos dicen que todavía están en revisión de temas estructurales».
También se focaliza en incentivar la integración de la cultural. “Bolivia se caracteriza por tener una cultura muy rica, desde el canal tenemos la intención de seguir cultivando las raíces”, declara Sánchez y agrega: “Nosotros mostramos las manifestaciones culturales porque se nota muchísimo la integración. Incluso muchos de los que participan de estas celebraciones son argentinos”.
Bolivia Al Aire tiene presencia en distintas festividades de la comunidad. En abril realizó Festyniños, un evento en celebración del día del niño en Bolivia y que se transmitió por el canal. La iniciativa surgió de Elena Quelca, maestra jardinera boliviana, que ha realizado sus estudios en Argentina. “Festyniños está pensado para que los padres se diviertan al igual que los niños. Los adultos bolivianos se dedican mucho al trabajo y a veces se pierden de disfrutar. En Buenos Aires hay muchas obras de teatro infantiles y los padres argentinos llevan a sus hijos. Pero dentro de la comunidad boliviana no están tan habituados a eso. Incluso los papás manifiestan: ‘En mi niñez nunca disfruté de esto’. Nosotros notamos cómo en Festyniños los adultos se divierten a la par de sus hijos.
Por otro lado, Sánchez dice: “Con Elena vemos que dentro de los establecimientos de educación no se habla mucho de la discriminación. Al niño y a la niña nadie les enseña a discriminar, pero existe a nivel ciudadano y los niños adoptan esos comportamientos. Dentro de los afectados están los niños migrantes, que al ser nacidos de familias que vienen del lado del altiplano, han crecido con las costumbres de sus padres. Incluso su forma de hablar es diferente. Entonces en los colegios, muchas veces los discriminan. Sería bueno que todos los niños entiendan que el otro es igual uno”.
Bolivia Al Aire hace la cobertura de los principales acontecimientos de la comunidad, desde Alasitas, el Carnaval en Parque Roca, Charrúa, la entrada folklórica en el centro porteño, hasta su reciente participación en el Encuentro de Tinkus de Villa Celina, realizado el mes pasado. Laura Jiménez, que participa de la productora desde el 2014 como diseñadora gráfica explica: “Para mí el canal representa una oportunidad de hacer lo que me gusta. Soy hija de bolivianos, trato de colaborar para a dar a conocer mis raíces y esto es lo que me permite la productora”.
En cuanto a las producciones de ficción, la productora CDR está trabajando en la realización de series cortas. “Tenemos un proyecto en formato serie de ficción, protagonizada por un detective boliviano que interviene en un barrio típico boliviano bonaerense y relata las aventuras de este personaje, en clave de humor, fantasía y absurdo”, explica Juan Iglesias, cineasta y camarógrafo de la productora. Y agrega: “Jugamos en las historias, con la parodia de ciertos personajes comunes de la colectividad y a su vez reflejamos hábitos y costumbres que los bolivianos mantienen fuera de su país, comportamientos que se transforman al encontrarse en Argentina”. Francisco Pote, actor argentino que participa en la serie, dialogó con ANCCOM: “Para mí es muy importante participar en la serie. Los actores, con distintas experiencias y formaciones, ponen mucho énfasis en hacer un producto interesante. Creamos desde la improvisación materiales muy valiosos. Además me enteré de muchas cosas que suceden dentro de la comunidad boliviana en la Argentina, como por ejemplo, la venta de una crema blanqueadora. Una atrocidad brutal, que deviene en parte de una sociedad que tiende a la xenofobia con migrantes de países limítrofes y a la exaltación de valores de países de Europa o Estados Unidos, aunque seamos todos latinoamericanos”.
Este tipo de material es novedoso ya que, si bien se han realizado películas sobre bolivianos en Argentina, nunca se habían hecho series. Sánchez considera que este tipo de producción es un incentivo para quienes los ven filmar en los barrios, incluso para la comunidad en sí. “Muchos nos ven trabajando y pueden pensar: ‘De una manera humilde lo están haciendo posible. Entonces, yo también lo podría hacer’”.
En un bar de Almagro, Sánchez pide un café negro. Era pasado el mediodía. Su mañana había estado ocupada con una reunión que se extendió poco más de lo previsto. Su agenda suele estar ocupada con actividades relacionadas con la productora. Habla de manera calma, pero siempre entusiasta. Aunque a veces mantiene unos instantes de silencio, reflexiona: “El canal es mi vida. Y no vamos a cambiar el discurso”.
“Tenemos un proyecto en formato serie de ficción, protagonizada por un detective boliviano que interviene en un barrio típico boliviano bonaerense y relata las aventuras de este personaje, en clave de humor, fantasía y absurdo”, explica Juan Iglesias, cineasta y camarógrafo de la productora.
Actualizada 08/06/2016
Abr 13, 2016 | destacadas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el órgano máximo en la materia en el continente, realizó una audiencia en su sede en Washington para que el Gobierno argentino brinde explicaciones sobre la anulación de la ley de medios. ANCCOM la siguió por videoconferencia en el Congreso de la Nación junto a diputados opositores, representantes de medios comunitarios, universidades y cooperativas.
A raíz de las denuncias presentadas ante la CIDH por la Coalición por una Comunicación Democrática y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra el Ejecutivo nacional por incumplir los estándares internacionales sobre libertad de expresión, la CIDH citó a las partes a sentarse y a decir lo suyo el pasado viernes 8 de abril.
El primer expositor fue Horacio Verbitsky, presidente del CELS: “Con el pretexto de las falencias en la aplicación de la ley de medios, que muchos de nosotros hemos señalado en distintas oportunidades y con la promesa de una futura ley de convergencia tecnológica, se sustituyó un esquema participativo y multisectorial por otro de regulación y gestión puramente estatal. Excluye a la sociedad civil de las autoridades de aplicación y de los consejos federales, cuyos integrantes fueron removidos sin seguir los procedimientos legales que los amparaban”. La nueva legislación, subrayó, habilita una mayor concentración mediática, reduce el pluralismo y la diversidad, y beneficia a las grandes empresas en detrimento de las pequeñas.
El segundo expositor fue Martín Becerra, especialista en políticas de comunicación de la UBA y la UNQ, resaltó el problema de la concentración de la propiedad de los medios en Argentina. “La Corte Suprema de Justicia, en 2013, con el aval de seis de sus siete miembros, entendió que es obligación inexcusable del Estado generar políticas de estímulo al pluralismo, y en consecuencia de restricción de la concentración. La concentración excesiva de la palabra es la antítesis misma de la democracia”. Y añadió: “Sin embargo, las nuevas normas decretadas por el Gobierno dan la espalda a este problema. Obstaculizan la competencia y potencian la concentración”.
El abogado experto en derecho a la información Damián Loreti, en representación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, puntualizó los estándares internacionales violentados por la nueva normativa que impuso el Gobierno: “En primer lugar, se quita la autarquía legal a sus autoridades prevista en la legislación. Segundo, se viola la obligación de transmisión o must carry. Y tercero, se violenta el principio de legalidad de los estándares reconocidos en diversas declaraciones de los relatores [de la CIDH] en 2009 y 2014”.
Por su parte, el periodista Daniel Badenes, delegado de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo, criticó la conformación del directorio y la dependencia de la nueva autoridad de aplicación al Poder Ejecutivo: “El decreto que crea el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) suplantó al directorio. La nueva conformación excluye la representación universitaria y esto es una regresión. Lo mismo debemos decir del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA), que fue disuelto y actualmente todas sus funciones son concentradas por un ministro”.
Osvaldo Francés, representante de la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina y vicepresidente del disuelto COFECA, en referencia a la eliminación de los techos de concentración, afirmó: “Librados a estas condiciones de mercado no vamos a sobrevivir y de esta forma se atenta contra la pluralidad de voces que tanto se declama”.
El presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), Néstor Busso, denunció que “el Fondo de Fomento para medios comunitarios e indígenas se encuentra paralizado” y agregó que “hay más de 300 organizaciones que concursaron, ganaron, firmaron los convenios correspondientes y no cobraron los subsidios. Tampoco se planificaron los que corresponderían al presente año 2016”.
Los representantes del Gobierno tuvieron su turno para hablar y el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj -ya por esas horas salpicado por los Panamá Papers- comenzó diciendo: “Lo más relevante que venimos a plantear aquí es uno de los más desafiantes compromisos que ha asumido el gobierno de Mauricio Macri en materia de derechos humanos: restituir el pleno ejercicio de la libertad de expresión en el país”. “El año pasado fue crítico –sostuvo–con periodistas hostigados y encarcelados, constantes abusos de las cadenas nacionales y del sistema público de medios y distribución arbitraria de la pauta de publicidad oficial”.
Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos bonaerense, dedicó todo su tiempo a criticar al anterior gobierno y se refirió a la pelea entre el ex kirchnerismo y el Grupo Clarín: “Uno de los casos emblemáticos de persecución, pero no el único, fue la campaña durante años contra un diario de gran circulación encabezada por la presidencia y seguida de forma grotesca por la mayoría de los funcionarios públicos”.
Eduardo Bertoni, director nacional de protección de datos personales, fue quién más criticó la ley de medios: “Una evaluación seria dejar la conclusión que su aplicación e implementación fue deficiente, selectiva, parcial y partisana”, sostuvo y agregó que “resulta prematuro y especulativo deliberar sobre el posible problema que podría derivar una legislación que hoy se encuentra en plena elaboración, siguiendo principios que se ajustan a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”, argumentó.
El presidente del flamante ENACOM, Miguel De Godoy, fue el más breve y utilizó sólo dos minutos para destacar la importancia de la convergencia tecnológica. También prometió convocar a distintos sectores, incluidos los peticionarios de la audiencia, teniendo en cuenta los aportes que la CIDH realice, pero no dio ninguna precisión sobre el tema de la concentración de medios.
Mientras tanto, en el Anexo A de Diputados, las intervenciones oficialistas despertaron gritos, silbidos y risas irónicas. Terminada la videoconferencia, no obstante, hubo consenso sobre el balance positivo del debate en Washington. La diputada del Frente para la Victoria Liliana Mazure consideró urgente trabajar en un proyecto desde la oposición: “Tenemos que armar una agenda y un recorrido por el país y empezar en no más de una semana”. Su compañero de bloque, Eduardo Seminara, opinó que se trata de un debate difícil: “Somos dos proyectos comunicacionales, dos modelos de Estado y dos modelos de país distintos”.
Mariela Pugliese, presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), contó sus expectativas: “Esperamos que la CIDH mande sus recomendaciones al Gobierno argentino en función puntualmente de los DNU que ya están generando cambios concretos”.
En diálogo con ANCCOM, el ex diputado kirchnerista Carlos Raimundi, ensayó una autocrítica: “El día que vuelva un gobierno popular va a tener que redactar nuevamente una ley más moderna, porque es cierto que el salto tecnológico en pocos años modificará las condiciones y el sistema de comunicación, y tiene que actuar con mucha fuerza. Si hay que desmonopolizar un grupo, hay que desmonopolizarlo al otro día que salió la ley”.
Actualización 14/04/2016
Dic 18, 2015 | inicio
«Ayer estuvimos bancando la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la plaza Congreso. El gobierno ya anunció que presentará un nuevo proyecto que no tenga artículo 45. En otras palabras, que no haya límite a la concentración mediática», dijo Diego de Charras, director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y agregó que «ese es el único objetivo. En estos pocos días ya tuvimos una muestra de lo que es el silenciamiento mediático. La marcha del lunes y la de ayer prácticamente no se informaron, la inseguridad y el narcotráfico desaparecieron de la agenda. Todo indica que vamos a tener una verdadera cadena nacional permanente donde los medios públicos y privados concentrados repliquen la misma información».
Ante las intenciones explícitas del entrante gobierno de Mauricio Macri de no respetar los logros democráticos en materia de medios, ayer una multitud de distintos sectores, medios, universidades, agrupaciones y organizaciones sociales se movilizó en el Congreso en defensa de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece las pautas que rigen el funcionamiento de los medios radiales y televisivos en la República Argentina. Esta ley promulgada el 10 de octubre de 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue parte de un intendo trabajo en democracia que permitió el reemplazo de la Ley de Radiodifusión 22.285, promulgada en 1980 por la dictadura militar.
La marcha, que tuvo a Martín Sabbatella, titular del AFSCA, como orador principal dijo ante la multitud: «Lo dijo el gobierno de Macri, a través de su flamante ministro de Comunicación, lo dijo con claridad, que esta ley no tiene que subsistir, dijo que esta ley tiene que desaparecer, que no había concentración mediática, que no habia posiciones dominantes en el mercado, la verdad cuando lo escuchábamos al principio decíamos o tiene un desconocimiento brutal de lo que está pasando en la Argentina o es claramente una toma de posición a favor de los intereses concentrados de los grupos corporativos y es claramente esto segundo».
Marcha en defensa de la Ley de Medios. Mirá la fotogalería de ANCCOM
Sep 9, 2015 | inicio
A partir de una orden del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, 40 miembros de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron un operativo que terminó con el decomiso del canal “Cooperativa de Trabajo Antena Negra TV LTDA” que funciona en Avenida Ángel Gallardo 752, a metros del Parque Centenario, en el barrio porteño de Villa Crespo. La orden pedía el secuestro de todos los equipos que generaran interferencia en la banda de frecuencia comprendida entre los 506 y 512 megahertz e indicaba también que la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) actuaría como depositaria judicial de estos equipos. Además, solicitaba que el presidente legal de la cooperativa, Martín Sande, se presente ante el tribunal el juez de Giorgi el jueves 17 de septiembre para prestar declaración indagatoria.
Antena Negra TV surgió en 2008 a partir de la necesidad de construir un canal televisivo que funcionara de forma comunitaria y, un año más tarde, comenzó su transmisión constante. Sande resumió los ideales fundacionales del espacio: “La perspectiva política del proyecto comunicacional es trabajar con todas las voces que son acalladas, con las distintas manifestaciones de las luchas populares. Buscamos que se expresen, que hagan síntesis de sus procesos y que puedan aportar material audiovisual para el conocimiento de sus causas. También tratamos de difundir luchas e interpelar a otros actores”. Malena Ruiz, quien participa del proyecto hace dos años y medio, explicó a ANCCOM cómo funciona el área de producción: “Nos encargamos de encontrar gente que tenga o produzca material, desde las organizaciones o desde la práctica independientemente, y que necesite lugares donde difundir. También tratamos de generar espacios de producción propias”. Actualmente, los participantes son aproximadamente 35 y la grilla de transmisión es de 24 horas, en la que se incluyen programas de producción en vivo y materiales de productoras audiovisuales que visibilizan luchas sociales de todo el país.
El conflicto que derivó en una intervención, comenzó a partir de una denuncia que realizó la propia Policía Federal, a partir de una interferencia que incomodaba la comunicación entre esta institución y la empresa de seguridad privada Prosegur. Santiago Marino, docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y director de la maestría en Industrias Culturales de la Universidad de Quilmes, aclaró: “Antena Negra es una organización civil sin fines de lucro que lleva adelante la prestación de televisión en abierto, desde una organización comunitaria. Utiliza un espacio que, hasta hace un tiempo, tenía Prosegur. En diciembre del año pasado, la presidenta Cristina Fernández firma el decreto 2456, que establece que la empresa privada debía dejar de usar esa frecuencia, ya que iba a destinarse sólo a televisión digital”. Se dictaminó así la inmediata liberación de la frecuencia correspondiente a la señal 20 por parte de cualquier servicio que no fuera radiodifusión y se la entregó al uso exclusivo de Televisión Digital Terrestre Abierta.
Los denunciantes plantearon una causa a partir del argumento de que la cooperativa interfería en las comunicaciones y, por consiguiente, ponía en riesgo la seguridad. Ruiz explicó: “La orden está basada en una denuncia penal que hace la propia policía. El mismo denunciante hace el operativo, junto con la AFTIC”. La mujer argumenta que, desde el canal, habían presentado a la AFTIC un acta en la que sostenían que Prosegur estaba ocupando ilegalmente una señal que no le correspondía: “En los 90, durante la presidencia de Carlos Menem, muchas frecuencias fueron regaladas o vendidas a diferentes entidades o empresas y ésta cayó en Prosegur. En diciembre de 2014 sale el decreto y en marzo de este año le decimos a AFTIC que tanto Prosegur como la Policía Federal estaban haciendo un uso irregular del espectro, a lo que ya no responden y directamente vienen en septiembre con esta orden de secuestro de equipos y allanamiento”.
Desde el inicio de las transmisiones en 2009, la cooperativa fue cumpliendo con distintos requisitos que pide la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) para ser tenidos en cuenta y transmitir de manera completamente legal, como la realización de un censo, la conformación de una cooperativa y la transmisión continua. Sin embargo, según fuentes de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Antena Negra no se presentó al llamado a concurso de 82 licencias para transmisión por Televisión Digital Abierta llamado mediante resolución número 24/2015 del 26 de febrero. Por su parte, desde la emisora manifestaron que no se inscribieron a este concurso y reclaman la apertura de un concurso para licenciatarios operadores.
Finalmente, el último viernes a las 11 de la mañana, la Policía se presentó en el espacio cultural El Cid, desde donde transmite Antena Negra, y se llevó equipos de transmisión (transmisor, potencia, computadoras). Sande contó: “Sin previo aviso, porque ni siquiera sabíamos de la causa, se presentaron 40 oficiales de la Policía Federal. Decían que venían a llevarse los equipos, que tenían una orden y que me corriera. Rompieron las puertas, entraron, destruyeron los equipos y se llevaron las cosas”.
Ante estos acontecimientos, los integrantes de Antena Negra reclamaron la presencia de AFSCA en el lugar. Finalmente Francisco D’Alessio, representante del organismo, llegó a la esquina del conflicto y aseguró que no tenía conocimiento de ninguna causa que implicara al canal.
En su comunicado de prensa, AFTIC informó que, por instrucción del Juez Federal que entiende en la causa, debió colaborar con el registro domiciliario efectuado el último 4 de septiembre, siendo el depositario judicial de los equipos secuestrados como resultado del procedimiento. ANCCOM intentó infructuosamente comunicarse con las autoridades de AFTIC para ampliar esta información. Ruiz dijo que este hecho remite a épocas funestas de nuestro país: “Es muy simbólico que vuelva una práctica que no se veía desde los 90 y que era muy usual en épocas nefastas de nuestra historia. Que además ocurra en relación a una empresa privada que está en una situación bastante ilegal, es un atraso muy grande en la búsqueda de igualdad y pluralidad en la comunicación”.
Martín Becerra, docente e investigador de la UBA y el Conicet, sostuvo que la Ley 26522, votada en el Congreso de la Nación el año 2009, se encuentra en completa vigencia, pero que sus problemas de implementación son numerosos: “Tiene que reservarse un 33 por ciento del espectro radioeléctrico a organizaciones sin fines de lucro y tiene que haber un plan técnico de frecuencias. Jamás pensé que volveríamos a presenciar el decomiso, el secuestro, el allanamiento, el desalojo violento, la destrucción de estudios de medios de carácter comunitario y alternativo”.
Los integrantes del colectivo comunicacional están trabajando con abogados para ver cómo defenderse de esta situación desde la legalidad. Además, continúan transmitiendo material enlatado mientras esperan que sus herramientas se arreglen o se recuperen para poder volver a la normalidad lo más pronto posible. Antena Negra convocó a los medios alternativos y a la sociedad en general a concentrarse el próximo viernes 11, a las 16, en Avenida de Mayo y Perú, frente a la AFTIC, para que los acompañen en su reclamo. Por otro lado, durante la mañana del jueves 17 se realizará una actividad pública en la puerta de los tribunales de Comodoro Py 2002, donde Sande deberá presentarse a declarar.
Mar 24, 2015 | inicio
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) realizó a la fecha, gran cantidad de llamados a concurso y otorgó en total 1280 licencias y autorizaciones a radios AM y FM, y televisión paga y abierta en todo el país.En varias zonas del interior ya fueron asignadas las frecuencias a muchas radios comunitarias y de pueblos originarios, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires todavía no han comenzado los llamados a concurso público para adjudicación de licencias debido a que es una de las 11 “zonas de conflicto” definidas por el AFSCA, y aún no resueltas.
Ya van más de cinco años de sancionada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522 promulgada en octubre de 2009. Aunque el crecimiento y el avance de la radiodifusión a nivel nacional son notorios, distinta es la situación en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), por su conflictividad. “La llamamos zona de conflicto porque el espectro está saturado, no hay espacio en el aire para otorgar licencias”, explica Mariel Baiardi, miembro de la Dirección de Proyectos especiales del AFSCA. La solución a esta saturación es un proceso complejo y a largo plazo que debe ser elaborado mediante el Plan Técnico, establecido por la Ley. El Plan será un registro de frecuencias que establecerá cuáles podrán ser reservadas y cuáles concursadas. Baiardi manifiesta: “Ahora lo que se está haciendo es avanzar en todas las zonas que no son conflictivas planificando el espectro y ordenándolo. Pero en los casos donde hay espectro saturado, lo que hay que hacer es relevar todas las señales que hay, algunas tienen cobertura legal y otras no. Después respetar los porcentajes que establece la Ley. Pero es un proceso en el que hay que ver cuáles son las licencias, si están vigentes, cuánto tiempo les queda hasta su vencimiento, cuáles son Reconocimientos sin fines de lucro, cuáles Permisos Precarios, porque el organismo fue recorriendo diferentes procesos tratando de normalizar lo que hay”. Por el momento este Plan Técnico está en desarrollo, por lo que aún muchas FM de la Ciudad se encuentran sin licencias, y sin poder participar de financiamiento.
Radio FM SUR 88.3. Parque Patricios
La Ley establece que la elaboración del Plan Técnico deberá realizar las reservas de frecuencias, con posibilidad de ampliarlas debido a la incorporación de nuevas tecnologías, para un mayor aprovechamiento del espectro radioeléctrico. Eduardo Fernández Rousseaux, director de Evaluación Técnica del AFSCA, explica que la falta de solución al conflicto no se debe a la ausencia de un Plan, si no a la falta de actualización. “Plan Técnico hay, se elaboró en el año 98. En las diferentes provincias cuando hemos llamado a concurso se lo va consolidando. En la Ciudad de Buenos Aires también está el plan pero con una dificultad, que es una zona de conflicto. Cuando se elaboró ese plan y se trabajó se declararon zonas de conflicto aproximadamente unas 20 localidades, que ahora se fueron reduciendo y quedaron 11, entre ellas la CABA”, detalla Rousseaux.
El 21 de octubre de 1998 se aprobó la Resolución Nº 3444 que establecía el Plan Técnico Básico Nacional de Frecuencias para el Servicio de Radiodifusión Sonora. Es decir, el plan que organizaba cuáles eran las frecuencias disponibles del espectro radioeléctrico para la adjudicación de licencias mediante concurso público. Hasta el momento, y luego de la aplicación de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, este Plan continúa vigente y se aplica en las zonas de conflicto más leves.
La dificultad y la demora en su actualización para la Ciudad se deben a que el panorama actual del espectro es muy diferente al del año 1998. Según Rousseaux: “La zona de conflicto es donde la capacidad técnica de planificación es superada en al menos tres veces por la cantidad de posibles licenciatarios. Entonces, por ejemplo, tenés en la Ciudad de Buenos Aires una planificación para 50 radios FM y una posibilidad de ‘x número’. Que todavía no está determinado pero que lo supera ampliamente. De acuerdo a los censos que realizó el organismo, veníamos hablando de una posibilidad de 1500 radios para que entren en un espectro que es limitado. Vos llamás a concurso con ese plan técnico y tenés un conflicto sangriento entre quienes se quedan con las frecuencias.”
Según lo dispuesto por la ley, un 33 por ciento de las localizaciones radioeléctricas planificadas se reservará para personas de existencia ideal sin fines de lucro. Si bien las emisoras populares, comunitarias y alternativas ya existían en el país antes de la sanción de la Ley – por lo que hubo diferentes decretos y regulaciones previas que permitieron limitadamente su accionar – es con la nueva Ley que se establecen definitivamente sus derechos, su legalización y su fomento. La posibilidad de acceso del sector comunitario y sin fines de lucro como un nuevo sujeto emisor en la radiodifusión es una de las modificaciones y novedades más importante con respecto a la anterior Ley Nº 22.285, en la que solo se permitía ser licenciatarios a personas físicas o jurídicas con fines de lucro.
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Lionel Martin, periodista de Radio Sur FM 88.3 y referente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) Argentina, comenta sobre la situación de estas radios: “Durante mucho tiempo, el AFSCA nos dijo que estaban trabajando para conseguir un software que pueda escanear de alguna manera todas las emisiones que hay, y a partir de ahí elaborar un plan técnico. Lo que nosotros pedíamos es que, hasta que se llame a concurso a las radios sin fines de lucro nos den algún tipo de Reconocimiento de nuestra existencia, para poder tener un resguardo legal. Pero también para tener un margen de acción para funcionar con respecto a los casos de interferencias con radios comerciales.”Mediante un proceso de empadronamiento que el ASCA aprobó a fines del año pasado, las radios comunitarias podrán presentar la información de sus emisoras, los requisitos cumplidos y sus composiciones legales, es decir si son cooperativas, fundaciones o sociedades civiles: “Esto como un paso previo para que después, en los llamados a concurso, eso pueda pesar como un antecedente de existencia previa”, plantea Martín.
Si bien para el AFSCA la “zona de conflicto” está determinada por problemas técnicos de saturación del espectro, para el periodista el conflicto se debe más a una falta de resolución política: “Hay que definir cuántas radios entran en determinado lugar, qué potencia van a tener para emitir, porque una vez que se elabora el Plan después hay que hacerlo cumplir. Y si hay radios privadas, con fines de lucro, que no se ajustan a los requisitos o no tienen licencias tendrían que ser cerradas”. Para Martín esos cierres tienen un costo político: “Sobre todo, en las grandes ciudades (esas radios comerciales) son las que, a través de la venta de publicidad, se vuelven más rentables y ahí es donde está el negocio, que no se quiere afectar o no se tiene voluntad política para avanzar sobre eso”.
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Eduardo Rousseaux explica que la solución se basa en modificar el antiguo Plan fundamentalmente teórico -realizar nuevos acuerdos con la Organización Internacional y el Mercosur- y adecuarlo a la situación actual empezando por la práctica: “La idea es no llevar la teoría a la práctica, sino la práctica a la teoría. “De modo que un primer paso para elaborar un Plan adecuado es acceder al panorama real y para esto la solución ya está en proceso: “Se firmó un convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Cancillería de la Nación y AFSCA, para la compra de un sistema de control y monitoreo del espectro de manera permanente. De esa forma vamos a saber qué es lo que hay realmente en el aire hoy funcionando. Porque tampoco hay datos. O hay datos, pero no sabemos si es lo que realmente funciona o lo que la gente viene y te declara ‘yo estoy funcionando’, pero con qué potencia, cómo están funcionando los licenciatarios. En base a eso, vamos a poder tener en primer punto: la realidad” –asegura Rousseaux– y agrega : “A partir de esa situación podremos monitorear y tener en claro qué es lo que está funcionando hoy en el espectro radioeléctrico, desarrollar una normativa técnica acorde a la realidad. Donde puedan coexistir, convivir, la mayor cantidad de licenciatarios posibles. Pero para poder desarrollar eso necesitamos todo un conjunto de herramientas que las estamos creando y desarrollando ahora. Este sistema de control y monitoreo del espectro no existe en ningún lado, nosotros estuvimos consultando. Lo empezó a hacer ahora Brasil a través de una fundación que ellos tienen de telecomunicaciones, que es la única experiencia así de trabajo global, sobre el sistema de control y monitoreo del espectro.”
Néstor Busso, ex presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, opina al respecto: “El tema del plan técnico está demorado. En realidad la Ley dice que habría que haberlo hecho durante el primer año, obviamente que hay dificultades que son ajenas al AFSCA, pero eso es lo que dice la Ley. Hace tiempo ya que el AFSCA dice que va a contratar un software con el cual pretende monitorear el espectro y elaborar el plan técnico. Es necesario usar tecnología y un software para la elaboración del plan técnico, pero creemos que hay que apresurar este proceso.”
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El establecimiento del sistema de monitoreo llevará un año de trabajo sistemático y Rousseaux asegura que ya se inició: “Ya firmamos el convenio, estamos terminando los pliegos de llamados de licitación pública internacional que lo estaremos llamando para principios de marzo. Así que ya están todos esos pasos aprobados. La idea es que a partir de marzo, en treinta días se ponga en funcionamiento. Lo que se espera es tener resultados parciales, y para antes del mes de julio ya tener una base de datos consolidada de la zona sur de Gran Buenos Aires.” La zona sur es una de las más complejas debido a su saturación, entonces, según el Director, es conveniente que el proceso de acumulación de datos empiece por allí: “Sabiendo que es uno de los lugares de zona de mayor conflicto, si le encontramos la solución a ese lugar le encontramos la solución a todo. O sea, en vez de empezar por lo más fácil elegimos empezar por lo más difícil”. Para el Director de evaluación técnica el objetivo de la elaboración de la base de datos es: “Para que el software que le vamos a cargar al sistema pueda tener con qué cotejar lo que hay en los papeles AFSCA: desde licencias, autorizaciones o censo, con lo que sucede en la realidad.”
Según Gabriel Sottile, Director de Adjudicación de Licencias del organismo, para fines de 2015 se podrá contar con información precisa: “Lo que está realmente consolidado y funcionando hoy en la Ciudad de Buenos Aires no se puede saber, pero a fin de año sí, en todo el país. Obviamente que trabajamos también en conjunto con la Comisión nacional de Comunicaciones (CNC), quienes nos ayudan en la planificación y coordinación. Todo va llevando un tiempo de maduración hasta que el AFSCA esté en condiciones de hacerse cargo de esa cuestión de gestión que hoy sentimos que estamos en condiciones de hacerlo”. Al parecer será a fines de este año cuando se contará con la base de datos necesaria para poder comenzar a realizar la planificación del espectro y posterior otorgamiento de licencias.
