Abr 5, 2016 | destacadas
La madrugada del 2 de abril de 2013 fue una de las más largas para los vecinos de Barrio Mitre y de Saavedra: esa noche cayeron 155 milímetros de agua, lo que generó una de las mayores inundaciones en la historia de la Ciudad de Buenos Aires y dejó seis muertos. En aquel momento, vecinos de los barrios afectados y legisladores denunciaron que las precauciones básicas, comunes a partir del alerta meteorológico, no se habían tomado (no hubo recolección de basura ni limpieza de sumideros). El último 2 de abril, en un tercer aniversario de aquella madrugada, vecinos de toda la Comuna 12 junto con organizaciones sociales y agrupaciones políticas, se reunieron para realizar una marcha hacia el Parque Saavedra. En el acto ratificaron sus exigencias al gobierno de la Ciudad para que se realicen las obras necesarias, ya que el riesgo de una nueva inundación está latente. La manifestación fue convocada por la Asamblea de Vecinos Inundados de Saavedra y de Barrio Mitre, que continúan reclamando por las obras públicas fundamentales y por la implementación de un plan de contingencia para toda la comunidad.
Barrio Mitre está compuesto por seis manzanas, en el centro del barrio de Saavedra, cerca del recorrido del arroyo Medrano y a metros del shopping Dot Baires, cuyos desagües inundan la zona. Una solución posible para esta problemática era la construcción de un canal aliviador del mencionado arroyo, pero las obras fueron suspendidas durante el segundo gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad. Las consecuencias pudieron vivirse la noche en la que el agua subió hasta 1,5 metros dentro de las casas. Graciela Solís, vecina del barrio, relató a ANCCOM: “En ese momento, sabés que el agua te sube al cuello pero no sentís nada. Sólo podés esperar, porque tarda muchísimo en bajar. La angustia y la desazón vienen cuando ves que todo se arruinó”.
Barrio Mitre está compuesto por seis manzanas, en el centro del barrio de Saavedra, cerca del recorrido del arroyo Medrano y a metros del shopping Dot Baires.
Ese mismo día, se acercaron psicólogos, primero con donaciones y luego para escuchar. Fabio Muente, uno de los integrantes de ese grupo, relató: “Había una necesidad de decir, de descargar, de protestar, de llorar, más que de recibir elementos materiales, así que empezamos a brindar asistencia psicológica gratuita a los vecinos que la solicitaran”. Más tarde, el eje del problema estuvo situado en qué hacer con lo que el agua dejó: “La pregunta de cómo recuperar (o cómo no tirar) las cosas de mucho valor afectivo, nos incentivó a iniciar un taller de reciclado. Íbamos aprendiendo con los vecinos, mientras veíamos qué hacer. Hoy, tres años después, está conformada la cooperativa Ciclos, así que también es una fuente de trabajo”.
Aquella semana, el barrio compuesto por 324 casas terminó con 300 personas evacuadas. Si bien existe una memoria colectiva que da cuenta de una primera inundación en 1974 y un par durante la década de 1980, nadie recuerda haber experimentado lluvias tan sustanciales ni recurrentes. Margarita Zubizarreta, vecina y referente del Centro Comunitario Barrio Mitre, dijo: “El barrio se construyó en 1958. Cuando cada vecino tuvo el título de propiedad definitivo, se empezó a pelear por la renovación de la red cloacal y agua potable. Por la construcción precaria, cuando hay inundaciones, el contenido de las cloacas brota en el interior de las casas a través de los inodoros y los lavatorios. En 2015, el Estado nacional, a través de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), invirtió once millones de pesos y realizó obras que ya se están terminando”. Sin embargo, sin las correspondientes obras de la Ciudad, las llevadas a cabo por dicho organismo no funcionan. Los millones invertidos no pueden implicar mejoría para los habitantes de las seis manzanas, dado que no se ha concretado la conexión entre las casas y las cañerías: “El gobierno de la Ciudad tiene la obligación de realizar los pluviales externos para canalizar el agua de lluvia hacia los pluviales públicos que atraviesan toda la ciudad. Hay que terminar la obra de las conexiones internas de cada casa a la red nueva hecha por AySA”, afirmó Zubizarreta.
Los millones invertidos por el Estado Nacional durante el año pasado no mejoran las condiciones de los vecinos porque no se construyó la conexión entre las casas y las cañerías.
Tres años más tarde, las reuniones con los representantes del gobierno continúan sucediéndose sin que lo discursivo se transforme en soluciones concretas que modifiquen la vida de los vecinos y los deje dormir tranquilos cuando escuchen las gotas de lluvia golpeando sus techos. Décadas después de que lo transitorio se volviera estable, en 1998, con la ley 106, se regularizó la situación cuando se reconoció al barrio como zona destinada a la vivienda residencial; en caso de que se realizara una construcción en los terrenos frente al barrio, debería instalarse también un sistema retardador de líquidos pluviales, lo que podía solucionarse con la construcción de un reservorio. El desagüe pluvial que debía desembocar en el conducto de Holmberg, dado que disponía de mayor capacidad, terminó llevándose a cabo hasta Arias, calle ubicada justo frente al barrio.
Los problemas aumentaron con la inauguración de Dot Baires en 2009. Ante la posibilidad siempre latente de que existieran inundaciones graves, el shopping construyó un reservorio precario y el gobierno de la Ciudad diseñó un conducto hacia allí para descargar parte del agua. Dos semanas más tarde, la tormenta dejó demostrado que las obras habían sido inútiles. Los vecinos que habían perdido parte de su historia, convocaron a una concentración frente a la Jefatura de Gobierno para reclamar que se finalicen las obras pendientes, así como también la limpieza del arroyo y los pluviales, y un plan a futuro para eventuales inundaciones. Mariano Przybylski, abogado de los vecinos en la causa por las inundaciones, contó: “Para 2012 se habían hecho mil reclamos por este problema histórico. Comenté la posibilidad de judicializar el tema, de hacer un amparo para que el gobierno de la Ciudad garantice la vivienda digna, que es un derecho, y que no pueden inundarse todo el tiempo. Si bien las obras del Dot no son inocentes, el principal responsable es el Estado”.
La marcha «Saavedra no duerme cuando llueve» dio la vuelta al Parque Saavedra a las 16:30.
Luego de la presentación del amparo, se llevaron a cabo dos audiencias judiciales, pero hace más de un año que se esperan las pericias que indiquen cuáles son las obras que deben realizarse. El abogado explicó: “Antes de que el perito empezara a trabajar, el juzgado le preguntó al gobierno de la Ciudad cuáles fueron las nuevas obras que hizo. Las autoridades no quieren responder, así que le estamos pidiendo al juez que ponga multas diarias, económicas, hasta tanto no brinden la información de cuáles son las obras que se hicieron (o no), pero que actualicen la información. Esperamos que el gobierno conteste para que el perito pueda hacer el informe y en base a eso ver fehacientemente cuáles son las obras que hacen falta para que el juez pueda tomar una decisión”.
Frente a esta situación Fabián Muente reflexiona: “Hay que considerar las cuestiones que afectan la participación de los vecinos, el desgaste que genera la falta de respuestas, el ninguneo, las idas y vueltas. Esta vez fue notable la participación de organizaciones políticas y sociales, de distintos espacios, que en ocasiones anteriores no marcharon juntas. Eso se notó en la cantidad de gente y en el impacto que tuvo con el resto de los vecinos de Saavedra, que capaz se olvidaron, que no participan o no tienen presente lo sucedido porque reaccionaron diferente a la situación de dramatismo”, confesó y añadió: “Es imprescindible seguir con estas marchas para recordar y para seguir reclamando justicia y obras verdaderamente estructurales que brinden una solución definitiva. No puede suceder, como dicen las banderas, que cada vez que llueva, Barrio Mitre no duerma”.
En 2012 se presentó un amparo ante la Ciudad de Buenos Aires. desde ese momento se llevaron a cabo dos audiencias judiciales pero hace más de un año se esperan las pericias que indiquen qué obras se deben realizar.
Actualizado el 05/04/2016
Feb 23, 2016 | inicio
Más de 1.500 personas agrupadas en organizaciones sociales y políticas, y vecinos de barrios humildes comenzaron a reunirse el martes pasado en avenida Rivadavia y Nazca, en el porteño barrio de Flores, para realizar una marcha de 24 horas bajo el lema “Urbanización Ya”, en reclamo de la urbanización de las villas y por el acceso a una vivienda digna. La manifestación culminó este miércoles 24 en Plaza de Mayo, para unirse con el paro nacional convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en contra de los despidos en el ámbito estatal.
“Vamos a recorrer gran parte de la Ciudad de Buenos Aires, pasando sobre todo por la zona Norte, dónde viven clases altas, y muchos de los empresarios que hacen negocio con las tierras donde vivimos”, dijo a ANCCOM “Mafalda”, una integrante de Movimiento por la Dignidad.
“Los días pasados, en Villa Celina, Iki -un militante de Movimiento por la Dignidad- sufrió un intento de asesinato por parte de un puntero del macrismo porque los vecinos venían frenando un proyecto inmobiliario”, agregó Mafalda.
Según un informe realizado por la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires en 2015, el seis por ciento de la población total de la ciudad vive en villas, asentamientos informales y núcleos habitacionales transitorios. Aproximadamente 200 mil personas habitan en los más de 30 barrios carenciados de la ciudad, en su mayoría ubicados en la zona sur. En estos barrios, más del 70 por ciento de los hogares habitan en viviendas deficitarias en sus componentes constructivos. A su vez, el 20 por ciento carece de conexión cloacal.
«Decidimos realizar esta marcha, porque en la campaña electoral tanto de (Horacio) Rodríguez Larreta como de (Mauricio) Macri prometieron urbanizar las villas. Además, desde hace más de ocho años hay leyes votadas en la Legislatura porteña en ese sentido y no se ha avanzado ni un milímetro. Como gente trabajadora queremos que se cumpla con la urbanización de nuestros barrios y que terminen con la estigmatización de los pobres «, dijo Nicolás Mayr, integrante de Encuentros de los Pueblo.
“El no tener cloacas, el vivir en barrios donde gracias a la precariedad los gobiernos ocultan a los transas y un montón de negocios ilegales y todo esto es parte de la lucha. Y también para decirle al gobierno que no nos vamos a quedar callados”, sostuvo Mayr.
Estos vecinos también reclaman el tendido eléctrico y la red de gas y agua, plazas, centros de salud y escuelas dentro de los barrios.
“El 10 de marzo vamos a ir a plaza de Mayo, no solo para reclamar la urbanización, sino por muchos otros reclamos como educación y salud. Ese día se realizarán actos en las 23 provincias del país”, informó Mayr a ANCCOM.
Oct 21, 2015 | destacadas
Casi como un augurio de la superstición, el martes 13 de octubre al mediodía, una tuneladora de la empresa Ibercom Multicom SA, contratista de Telmex SA, que se encontraba realizando un tendido de fibra óptica por debajo de la Avenida Figueroa Alcorta, perforó dos cables de alta tensión de la empresa de distribución eléctrica Edesur, inhabilitando el servicio de las Subestaciones Azcuénaga y Paraná y dejando alrededor de 110 mil usuarios sin electricidad en varios barrios, principalmente Recoleta y Palermo. Las Facultades de Medicina y de Farmacia y Bioquímica de la UBA se vieron enormemente afectadas con la falta de suministro eléctrico que, aunque parezca paradójico, alumbró las carencias preexistentes de infraestructura y las precarias condiciones de seguridad de la institución que agravaron aún más la situación.
A medida que pasaban las horas y la electricidad no volvía, los investigadores de los institutos ubicados en ambas facultades tuvieron que movilizarse de manera autogestiva para paliar la situación ante la inminencia de daños irreparables en sus materiales y experimentos.
Sin un plan de emergencia, todo fue caos. Compras masivas de hielo seco por dos mil, cuatro mil y seis mil pesos para tratar de conservar la cadena de frío y evitar la pérdida de reactivos esenciales. Subidas y bajadas por las escaleras en una oscuridad que hizo notar la ausencia de luces de emergencia. Animales de laboratorio sacrificados por perder las condiciones estándar requeridas para determinados experimentos. Investigadores que ante la desesperación se llevaron muestras, trasladándolas por la vía pública hasta llegar a las heladeras de sus casas para convivir con alimentos y poner en riesgo su bioseguridad. Y la total incertidumbre para algunos de si eso sirvió para algo. Porque las pérdidas de los materiales biológicos se irán evaluando a medida que se retomen las experimentaciones.
Un día y medio después del apagón, la Facultad de Farmacia y Bioquímica se abasteció con un generador eléctrico cuyo alquiler costó alrededor de 100 mil pesos, según cuenta Silvia Álvarez, integrante de la cátedra de Físico Química. “Si bien algunas actividades, de a poco, se van normalizando, todavía no estamos trabajando al 100% de nuestra capacidad. Toda esta situación implicó una reestructuración del calendario en cuanto al dictado de clases y los experimentos que se estaban llevando a cabo” reveló Álvarez a ANCCOM.
“Fue una situación particular. No esperábamos que fuese tan largo ni de tanta gravedad”, reconoció María Florencia Martini – miembro del Instituto de Química y Metabolismo-. Martini trabaja en química computacional y, si bien no perdió los datos, tener los equipos apagados implica un retraso en todos los experimentos. La investigadora comentó a ANCCOM que hay casos peores, como el de Físico Química, donde se perdieron cultivos celulares sobre los que se estaban trabajando curvas de crecimiento. Frente a esta situación de emergencia “hay que hacer una reevaluación. Por ejemplo, no hay una línea separada de heladeras y freezers, o sea que para prenderlas tenés que encender la corriente de toda la Facultad”, explicó Martini y agregó que desde la Facultad ya se está evaluando la posibilidad de tener un generador propio.
Por su parte, Karina Alleva –de la cátedra de Física- transmitió calma ya que pudieron rescatar todo (bacterias, células, proteínas, enzimas), aunque aclaró que algunas muestras todavía están en su casa y aseguró que “hasta que no vea todo estable, no voy a traer nada”.
Para Clara Nudel, Directora del Instituto de Nanobiotecnología del CONICET, ubicado en el 6° piso de la Facultad, el panorama en cuanto a qué se perdió es todavía incierto. “Hay reactivos biológicos muy valiosos de mil, dos mil, tres mil dólares que se usan para hacer todos los análisis y que es muy difícil saber a ciencia cierta si sirven o no”, desconfianza que se traslada a todo el experimento y a la pérdida de certeza de los resultados. “Pero abandonar la investigación no podés, porque se trata de proyectos de tres, cuatro, cinco años o más. Entonces se continúa con lo que se tiene y se confía en Dios”, ironiza Nudel, quien sentencia que la instalación de un generador eléctrico a tiempo hubiese evitado toda esta penosa situación.
Una integrante del grupo de investigación de Microbiología Antártica –que prefirió no dar a conocer su nombre- manifestó que “esta situación particular pone en evidencia un montón de carencias de bien común que tiene el sistema”. En diálogo con ANCCOM, la investigadora sostuvo que sin el esfuerzo de los investigadores y sin el dinero que destinaron de sus subsidios para la compra de hielo seco, “se hubieran perdido muestreos de campañas antárticas de más de diez años”. Si bien considera que es muy difícil evaluar las pérdidas inmediatamente, el riesgo sin duda existe. “Tenemos 400 cepas de bacterias y hongos que nos vamos a enterar si se afectaron o no cuando intentemos revivir una y esté muerta.” Los materiales biológicos requieren de condiciones de conservación especiales, temperaturas de congelación de -80 °C, y de alterarse la cadena de frío se corre el riesgo de perderse por completo. “Cuando voy a estudiar la muestra no tengo forma de saber si ésa era la condición inicial o fue alterada por el cambio de temperatura. Si tengo que ser honesta y objetiva tengo que tirar todo pero si tiro todo me quedo sin trabajo, se pierden años de inversión, y además hay tesis doctorales involucradas”.
Sin embargo, no es la primera vez que ocurre un corte de electricidad que afecta a la Facultad y probablemente tampoco sea el último. Por eso, para esta investigadora de microbiología antártica, “es imperioso garantizar una infraestructura central, que haya una línea eléctrica prioritaria con un generador para mantener freezers y heladeras inmediatamente, aires acondicionados que funcionen, calefacción… Y que los suministros de hielo seco, nitrógeno líquido, generadores eléctricos y agua destilada, sean servicios centrales de la Facultad.” Si bien considera que en esta oportunidad les correspondía a los responsables del corte el pago del generador, “tendría que haber saltado una autoridad de la UBA cuando se supo que el problema se iba a prolongar por más días. Hay que empezar a hacer un poco de autocrítica en todas las instituciones”.
En la Facultad de Ciencias Médicas, todo fue peor. El grupo electrógeno llegó tres días después del corte de electricidad. “Entendemos la situación pero lo que nos llamó mucho la atención es ver que la Facultad no tomaba ninguna determinación, cuando en Económicas, Farmacia y Odontología ya lo habían solucionado”, comentan Gustavo Paratcha y Fernanda Ledda, ambos docentes de la Facultad e investigadores del CONICET.
El Instituto de Biología Celular y Neurociencia, ubicado en el 3° piso de la Facultad, cuenta con su propio grupo electrógeno para abastecer ciertos equipos como los ultra-freezers de -80°C y las estufas de 37°C, pero en esta oportunidad no fue suficiente. Frente la desesperación de perder cultivos celulares que requieren tratamientos de 21 días para tener un resultado experimental, el instituto alquiló otro generador eléctrico que Paratcha, junto con tres investigadores más, se encargó de subir por las escaleras aguantando los 60 kilos de peso del equipo. Sin suministro eléctrico, además, la Facultad “es una boca de lobo, ni siquiera hay una luz de emergencia y ésas son condiciones mínimas de seguridad que parecen elementales cuando ocurren estas cosas. Pero después nadie hace nada».
La falta de electricidad alteró el ciclo de luz y oscuridad -de 12 horas cada uno- que deben tener las ratas y ratones que se encuentran en el bioterio, cuyo comportamiento es indispensable para ciertos experimentos. Además, “hay reactivos que no tienen un valor comercial sino que son donaciones de otros investigadores del exterior, y son únicos”, explica Paratcha.
“Yo siento que la Facultad no valora y no fomenta la investigación, aunque es lo que ayuda a que progrese la medicina” expresa Fernanda Ledda y explica que si bien lo que realizan no es investigación aplicada, los descubrimientos en investigación básica pueden mejorar, por ejemplo, aproximaciones terapéuticas en la patología de la enfermedad de Parkinson.
Este matrimonio de investigadores, Paratcha-Ledda, trabajó durante diez años en Suecia y reconocen que a veces, cuando pasan estas cosas, piensan en volverse. Ledda, incluso, confesó que decide no traer a conocer el Instituto a sus colegas que vienen del exterior por la vergüenza que le genera que haya cables colgando del techo. “Venís con todas las ganas y te encontrás con una realidad a veces muy lamentable” expresó Paratcha y agregó: “Yo estoy peleando por las condiciones de trabajo, por el dinero que el mismo Estado nos da y porque debemos ser eficientes. No puedo ser insensible o irresponsable, porque de eso depende mi trabajo y el de mis becarios”.
Como medida preventiva, este instituto UBA-CONICET iba a tratar de conseguir otro grupo electrógeno. Porque “con la ciencia no se juega” resumió Paratcha.
En el Instituto de Fisiología ubicado en el 7° piso de la Facultad, Claudia Capurro –investigadora de CONICET y consejera del claustro de profesores por la minoría- tiene en su mano la nota publicada por Página/12 el 17 de octubre y cuyas líneas resaltadas son las citas que corresponden a Sergio Provenzano, Decano de la Facultad. Sus declaraciones afirmaban que “cada investigador es responsable por su hábitat de trabajo” y “debe garantizarse su propio suministro alternativo de electricidad”. Esos dichos provocaron desconcierto e indignación en muchos de los investigadores.
“La declaración es muy irregular y es grave”, manifestó Capurro, basándose en el Estatuto Universitario que establece, en los artículos que van del 8 al 12, la promoción de la investigación científica. “El Decano no puede desconocer algo que tiene que ver con las funciones intrínsecas de la Facultad. Es su responsabilidad porque es la autoridad máxima y todos los proyectos de investigación están avalados con su firma”, denunció.
Frente a la falta de luz, el Decano declaró asueto al personal no docente. Para los investigadores se desató el caos: no hay un plan programado frente a estas posibles situaciones de emergencia.
Algunos institutos que cuentan con un grupo electrógeno propio -como del SIDA, ubicado en el piso 11- pudieron abastecer a muchos de los freezers de los pisos cercanos. Pero para Capurro “es una barbaridad que haya una facultad de 17 pisos, donde transitan miles de personas y que ante un eventual corte no exista un grupo electrógeno que funcione al menos para habilitar un ascensor”.
Imágenes del generador para la Facultad de Medicina.
En cuanto a las pérdidas, si bien Capurro sostiene que todavía no son evaluables hasta que se reactiven los experimentos, hay otras que ya son evidentes y que afectan determinados experimentos que estaban en curso y tuvieron que suspenderse: «Hay animales que estaban en el bioterio y dejaron de tener las condiciones estándar y se murieron cultivos celulares que teníamos que mantener en estufas a 37°C”.
“Lo más terrible de todo es que con un grupo electrógeno se soluciona. Es una situación que nos ha pasado otras veces y que se puede prever. No puede ser que en estos últimos años de gestión no se haya previsto la necesidad de un generador que es elemental. Más allá de lo imponderable, lo que sí podés prevenir es cómo actuar ante esa emergencia.” Para Capurro se trata de una decisión política sobre dónde se destinan los fondos y denuncia que no hay una presentación de presupuesto donde se detalle lo que se gasta en luz, teléfono, gas.
El próximo jueves 15, a las 8 de la mañana, en la Facultad de Ciencias Médica, habrá una reunión de Consejo Directivo acompañada por investigadores con el objeto de presentar una carta y exigir la instalación de un grupo electrógeno, la realización de un plan de evacuación, la conformación de un equipo técnico de guardia, de seguridad e higiene y se exigirá el reintegro del dinero que gastaron los investigadores en hielo seco y otros suministros para paliar la emergencia. Para Capurro, con esto se busca que “estas situaciones se resuelvan de manera colectiva y no autogestiva entre los investigadores”.
A una semana del apagón -mientras se inicia una investigación penal a las empresas privadas y a funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- las actividades de investigación y docencia en las facultades de Medicina y Farmacia y Bioquímica siguen sin normalizarse.
Sep 23, 2015 | inicio
Médicos, trabajadores y padres de chicos internados denunciaron reducciones escalonadas en las partidas destinadas al Hospital Nacional de Pediatría Juan P. Garrahan por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las cuales ponen en riesgo la actividad diaria, la adquisición de insumos y tecnología, y el avance de obras edilicias cuya finalización estaba prevista para mediados de octubre. En los últimos 18 meses se ha registrado una baja de 453 millones de pesos en los aportes de la Ciudad, aseguran las fuentes consultadas. ANCCOM investigó el estado actual del conflicto a través del testimonio de sus principales protagonistas.
Horacio García Cairone, miembro de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), resumió el accionar de la gestión de Mauricio Macri en el último tiempo: “A partir de 2014 se hizo un recorte para el funcionamiento operativo en 113 millones de pesos. Ya para este 2015 volvió a recortar 226 millones más, y a esto se agrega lo destinado para el aumento salarial que era de 158 millones, cuando se elevó el 27 de agosto para ser votado en Legislatura porteña, y se lo borró aprobando solamente 44 millones”.
El jefe de área de Terapia Intensiva del Garrahan, Aldo Haimovich.
Este último monto que no fue aprobado corresponde a la paritaria salarial homologada ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. Para Liliana Ongaro, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos, el conflicto actual es inédito y tiene su génesis tiempo atrás: “Ya desde 2009 había recortes sistemáticamente de parte del Gobierno de Macri. Y nunca se llegó a completar los 450 millones de pesos que adeuda”.
Agotadas las instancias de reclamo frente a los funcionarios metropolitanos correspondientes (que incluyen a los responsables del Ministerio de Salud, de la Comisión y Presupuesto de Hacienda de la Legislatura y de la Jefatura de Gabinete porteña) se decidió visibilizar el conflicto. Fue así que el lunes 14 la comunidad hospitalaria informó sobre la delicada circunstancia en la explanada de Combate de los Pozos 1881. Días después, el jueves 17, se produjo una medida de fuerza “a la japonesa”, como la definió Cairone, sin paro de actividades, “porque tomar medidas de fuerza es lo peor que se le puede hacer a los pacientes. Pero no vamos a dejar de luchar por lo que creemos justo”.
Que se ocupe el otro
El Garrahan constituye un ente autárquico y de administración bipartita que depende financieramente de los recursos de Nación y Ciudad, a partes iguales, según dictamina el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 815 de 1989. La presidenta de la Asociación Civil de Profesionales del Hospital Garrahan, Esther Cáceres, indicó que el Gobierno Nacional se hizo cargo en distintos momentos del faltante para compensar el déficit. Pero en esta ocasión manifestó cierta incertidumbre: “No sé si esto va a volver a ocurrir este año”.
De acuerdo a datos revelados por Adriano Jaichenco, auditor general de la Ciudad de Buenos Aires, en 2009, mientras el Gobierno nacional contribuyó con 241 millones, el de Macri giró 215 millones, lo que implica un 12% de diferencia, tendencia que se incrementó año tras año. En 2014 el Ministerio de Salud nacional aportó 903 millones contra los 776 millones del Ejecutivo porteño, lo que supuso un 16% menos de aportes por parte de la gestión del PRO. Y en caso de que en esta oportunidad Nación vuelva a hacerse cargo del restante para que funcione un hospital como el Garrahan, de alta complejidad y costo, en 2015 desembolsaría un aporte de 1.165 millones (24% más) que contrastaría con los 939 millones que destinará el Gobierno de Macri.
Por su parte, autoridades porteñas negaron públicamente el posible estado crítico del Hospital. Graciela Reybaud, ministra de Salud, declaró que la partida asignada al Garrahan es igual que la de los hospitales Gutiérrez y Elizalde. Cáceres contestó afirmando que no se puede poner en un plano de paridad a los tres hospitales por las diferencias funcionales que existen: “En primer lugar, el salario del Garrahan sale del presupuesto; en cambio, los hospitales municipales tienen una gestión centralizada que cubre los salarios. Por otro lado, el Garrahan realiza procedimientos de altísima complejidad, como son los trasplantes cardíaco y pulmonar”, señaló. En tanto, Cairone agregó: “Negar la realidad de algo que es absolutamente contrastable con la documentación de los fondos enviados habla de una negación total de la decisión política que ellos mismos tomaron”.
El dinero faltante impacta no sólo en las obligaciones con los niños sino también en las previsiones del Garrahan. Según palabras de Cairone, en octubre los directivos deseaban inaugurar una nueva sala del Hospital de Día Clínico-Oncológico, construcción que fue posible gracias al aporte de donaciones privadas y la cual implica una ampliación de 750 a 7200 metros cuadrados. El nuevo edificio incluye 47 camas, de las cuales 14 están destinadas a pacientes que requieran trasplante de médula ósea, costoso tratamiento que sólo se hace en el exterior, principalmente en China. Pero esta área permanecerá cerrada porque implica agregar a la estructura los recursos humanos, la tecnología y los insumos necesarios para su funcionamiento. La remodelación de quirófanos, la incorporación de angiógrafos y la expansión de la farmacia hospitalaria, además de la imposibilidad de pago salarial, son otras de las tantas expectativas que quedarán truncas ante el recorte presupuestario.
En 2014, el Hospital recibió 533.902 consultas externas, que representan un 9,55% de incremento respecto del año 2012. En contraste con los 18 mil egresos de los hospitales Gutiérrez y Elizalde, el Garrahan promueve más de 25 mil. Apenas el 2% de las camas no están ocupadas. Realiza 16 mil terapias de radiación para pacientes con cáncer y 4.000 estudios de biología molecular. Además, capacita profesionales y promueve el desarrollo científico. Para completar, Ongaro, que trabaja en la preparación psicológica de niños que van a ser intervenidos, señaló que allí se realizaron el año pasado unas 1.200 anestesias, 1.000 cirugías y 170 trasplantes por mes a chicos de toda la Argentina y de países limítrofes.
Abrazo hospitalario
La reunión de los consejeros del Hospital con la Ministra de Salud y funcionarios de Hacienda dejó más dudas que resoluciones de fondo. Jaichenco dijo: “Reybaud se comprometió a pagar los salarios, pero no mucho más que eso. Tampoco se sabe de dónde van a provenir los fondos. Además, esto no resuelve la deuda de los 453 millones ni da garantía para el normal funcionamiento del Hospital”. Y resaltó que “no defender este modelo es no saber cuál debe ser el verdadero rol del Estado y de los derechos públicos”. En la mañana del miércoles los trabajadores realizaron en la explanada del Hospital un abrazo «en defensa del Garrahan», con el objetivo de continuar con la visualización del conflicto.
Denuncias y castigos
Aunque todo el Garrahan acuerda en mancomunar fuerzas a fin de resolver la deuda de la Ciudad, el conflicto es contemporáneo con otro de persecución sindical. La enfermera Elizabeth Ríos, quien cumplía funciones en la Guardia hace 23 años, fue despedida el 13 de julio pasado. Tras los descargos correspondientes y, sobre todo, las muestras de apoyo de la Asociación de Profesionales y la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital del 7 de agosto, Ríos fue reincorporada el jueves 17 de setiembre pero sólo temporariamente hasta fin de año.
Ríos había denunciado maltratos y falta de humanismo por parte de los superiores y las autoridades: “Me afectaba ver a los pacientes internados en el pasillo de la Guardia, verlos a todos hacinados, cada vez que tenía que reanimarlos. Elevábamos notas a los jefes inmediatos de Emergencia y a los consejeros, que son cuatro directores del Hospital, y después hacíamos denuncias a organismos por fuera del hospital”, remarcó.
Ongaro, por su parte, manifestó malestar por el accionar del Consejo Directivo del Hospital, integrado por Marcelo Scopinaro, Cristina Giménez, Rubén Nieto y Oscar Trotta: “La compañera lo que ha hecho fue denunciar las condiciones de los pacientes que no son las adecuadas. Elizabeth se ha negado a que esta situación sea así. Y esto ha generado que le pusieran ausentes que no eran ausentes, no le hayan reconocido certificados médicos ni días en los que ella ha estado en concursos como veedora de nuestra Asociación. Esta persecución proviene de las autoridades del Hospital”, afirmó. Y agregó que a Ríos no se le hizo sumario previo, ni tampoco se le avisó de sus supuestas inasistencias.
Finalmente la enfermera fue reasignada en una nueva área sin previa capacitación, tal como marca el reglamento del Hospital: “Me cambiaron de sector, a la sala de Internación, y estoy bajo control permanente. Para estar con un paciente se requiere conocer su patología y ya he informado a mi superior de la capacitación que necesito para esta nueva área, porque no conozco y no quisiera perjudicar, como nunca lo he hecho, a ningún paciente. Por eso me ayuda y guía una compañera”, indicó Ríos.
Según declaró ella, quien integró la Subcomisión de Maltrato Laboral, la persecución continúa: “El pasaje de una sector a otro es capricho de la supervisora Alejandra Martínez y la jefa de Enfermería Graciela Reinoso”.
Su suerte se decidirá a fin de año, cuando el Consejo mueva el pulgar señalando su destino. Y pese al obvio interés por no perder de nuevo su fuente de trabajo, dijo que no dejará de denunciar toda vez que vea injusticias de trabajo y maltrato para los niños del Garrahan.
Actualización 23/09/2015
Ago 25, 2015 | inicio
El Centro Comunitario Educativo Construyendo Sueños nació en plena crisis de 2001 y se fue consolidando a lo largo de los años. Situado en el Barrio Fátima de Villa Soldati, se encuentra en la Manzana 6, Casa 29 y pertenece al Distrito Escolar 19 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy cuenta con un equipo de 16 trabajadores, a quienes el Gobierno porteño ha dejado de pagar el sueldo y propone como alternativa al desmantelamiento, que el Centro se asocie a una organización no gubernamental (ONG) para seguir subsistiendo. En la actualidad, el Centro está a cargo de cuatro coordinadoras, Lorenza González, Fidelina Martínez, Lorena Navarro y Zulma López, quienes como el resto de los trabajadores, hasta hace dos meses, formaban parte de la planta transitoria del ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. López contó a ANCCOM la problemática que atraviesan y repasó la historia de este espacio de apoyo, pero también de desarrollo para los chicos y chicas del barrio: “A partir de tres casos de gatillo fácil y violencia, empezamos a ver qué necesitaba nuestro barrio y qué podíamos hacer”. Ya en los albores del 2000 comenzaron, entonces, a averiguar quiénes podrían colaborar con la iniciativa, pero los Ministerios de Educación y Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires no dieron buenas respuestas.
“A partir de tres casos de gatillo fácil y violencia, empezamos a ver qué necesitaba nuestro barrio y qué podíamos hacer”, cuenta Zulma López, una de las cuatro coordinadoras de Construyendo Sueños.
Mientras pensaban cómo sustentar el centro, armaron una biblioteca en el espacio de la capilla Virgen de Luján del barrio, pero como era fundamental que los niños contaran con un salón donde pudieran realizar actividades educativas, deportivas y recreativas, luego de sucesivas reuniones entre vecinos, decidieron comprar una vieja bicicletería para refaccionarla y disponer de ese local. Pero el dinero para solventar las actividades seguía faltando. “Continuamos buscando quién nos podía financiar para poder realizar talleres, que incluyen panadería, iniciación deportiva, teatro, música y defensa personal.Entonces, pedimos una audiencia con el ministro de Educación que, en ese momento, era Mariano Narodowski. Vino a conocer el Centro, le gustó el proyecto y ahí entraron los profesores”, recordó López. En ese año comenzaron las actividades que mantienen los docentes hasta hoy, a pesar de que el Gobierno de la Ciudad, a cargo de Mauricio Macri, dejó de pagar los contratos por horas cátedra. El conflicto se inició cuando, el pasado 1 de agosto, los docentes fueron a cobrar los haberes correspondientes al mes de julio y se dieron cuenta de que no se los habían depositado. Ariel Sánchez, secretario de Políticas Socioeducativas de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), expresó: “Desde el Gobierno dijeron que consigamos una organización no gubernamental (ONG) para que gestione el espacio. Nosotros buscamos una salida que no sea la firma del convenio de tercerización que quiere imponer el PRO, porque su idea es implementar lo que Macri llama ‘gestión asociada’ y nosotros, precarización laboral. En vez de construir jardines del Ministerio de Educación, firman con organizaciones que dependen de Desarrollo Social; ponen a la educación en un plano asistencial en lugar del plano educativo”. Mediante la implementación de este sistema de contratación, una ONG sería la receptora de los aportes del Estado, que automáticamente dejaría de ser responsable por la seguridad laboral de sus 16 trabajadores.
Centro educativo Construyendo Sueños (Fotos Deborah Valado)
Cuando les hicieron por primera vez la propuesta de tercerización, los integrantes de Construyendo Sueños se acercaron al gremio docente. Primero, se realizó una movilización con los maestros, alumnos y vecinos del Barrio Fátima hasta las puertas del Ministerio de Educación, donde esperaron durante horas pero nunca fueron recibidos. Semanas más tarde, volvieron al lugar, en esta nueva oportunidad oportunidad los chicos y sus talleristas exhibieron públicamente sus trabajos. Luego llegó el receso escolar y la baja de los contratos. En ese momento, UTE convocó a una conferencia de prensa en la que se anunció la presentación de un recurso de amparo ante la Justicia porteña para exigir la reincorporación de los docentes cesanteados. El acto contó con la presencia de Nora Cortiñas, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y los legisladores porteños José Cruz Campagnoli de Nuevo Encuentro y Paula Penacca del Frente para la Victoria. “El gobierno de la Ciudad no tiene mucha intención de moverse de su postura y el tema hay que solucionarlo, porque los compañeros están sin plata en el bolsillo. El centro se va a terminar cerrando porque no hay manera de sostenerlo. Si la justicia no responde, hay que buscar una salida alternativa”, dijo Sánchez. Por su parte, Lorena Navarro contó: “Somos cuatro coordinadoras, una psicóloga, un trabajador social, uno de mantenimiento, una de limpieza, una bibliotecaria y siete profesores. También transitan alrededor de cien chicos y jóvenes de distintas edades. Todos están viniendo de manera habitual y esperando que salga el amparo. Al Gobierno de la Ciudad se le enviaron petitorios para realizar una reunión, pero nos bajaron las horas y nunca nos llegó formalmente un telegrama de despido o algo por el estilo. No tienen comunicación con nosotros”. Su compañera López, agregó que “sólo en 2012 estuvimos con María Soledad Acuña, de la Subsecretaría de Equidad Educativa del Ministerio de Educación, y nos recibió muy mal, con un desprecio total”.
“Preguntan por qué el gobierno no nos quiere escuchar y vos, como adulto, no sabés qué responder», contó Zulma López.
Hasta julio, el Ministerio se encargaba únicamente de pagar los sueldos. Para el mantenimiento integral, insumos y gastos (como las boletas telefónicas o la compra de garrafas de gas), se realizaban rifas y se vendían alimentos del taller de panadería. Lo que más preocupa a los integrantes del Centro es que los niños y adolescentes son los más afectados. López señaló: “Preguntan por qué el gobierno no nos quiere escuchar y vos, como adulto, no sabés qué responder. Esas cosas te dan un poco de bronca: no es por nuestro sueldo, sino por la oportunidad de los chicos”. ANCCOM intentó comunicarse tanto con el Ministerio de Educación como con el de Desarrollo Social de la Ciudad. De ninguno de los dos obtuvo respuesta. Tampoco lo lograron los responsables de Construyendo sueños: “Hasta el momento, ningún representante del Gobierno demostró intenciones de realizar una reunión para buscar una solución alternativa.Nosotros les decimos que vengan a ver al laburo que hacemos, que vengan a escuchar a los pibes. Quieren que hagamos sólo apoyo escolar -afirma López-. Hay chicos que lo necesitan, pero también hay otra población que necesita otras cosas. ¿Y los que van nomás a los talleres? Eso no lo tienen en cuenta. Que se pierda todo lo logrado no es justo y duele”.
