“¡Se va a acabar, esa costumbre de matar!”

“¡Se va a acabar, esa costumbre de matar!”

Nora Coriñas y Sergio Maldonado participaron de la marcha a Plaza de Mayo para reclamar justicia por los cuatro adolescentes asesinados por la policía en San Miguel del Monte.

La marcha fue convocada a última hora. Los acontecimientos obligaron a hacerlo. Por Danilo, Gonzalo, Camila y Aníbal. Sus deseos, sus ilusiones, sus proyectos y todas las otras cosas que no podrán ser más. Emilia Vasallo, Nora Cortiñas, Mónica Alegre, Sergio Maldonado y madres cuyos hijos fueron víctimas del gatillo fácil encabezaron la marcha. Caminaron con rapidez, muchos con lágrimas en los ojos. Las calles retumbaron ante el grito colectivo: “¡Se va a acabar, esa costumbre de matar!”.

El domingo en la madrugada cinco jóvenes de entre 13 y 22 años de San Miguel del Monte, en la provincia de Buenos Aires, salieron a dar una vuelta en auto. En una colectora, la policía empezó a perseguirlos y dispararles y el auto, fuera de control, chocó contra un camión. Cuatro pibes perdieron la vida y una aún lucha por la suya.

La Bonaerense intentó hacer pasar el suceso como un accidente y los efectivos presentaron los cargadores de las armas con la munición completa. Sin embargo, el peso de las pruebas dio vuelta el caso cuando uno de los peritajes mostró que uno de los cuerpos tenía un impacto de bala. Siete policías de la comisaría local se encuentran presos, de los trece que fueron desplazados de sus funciones.

Ayer, en Plaza de Mayo, el mensaje era uno solo: “Pedimos que dejen de matar a los chicos”. “La doctrina Chocobar y del gatillo fácil avala estos hechos y el Ministerio de Seguridad permite que estas cosas pasen. Es algo sistemático y no son casos aislados”, afirmó una mujer que marchaban al frente de la columna. “Las víctimas de esto son los chicos pobres, los que viven en las villas, los pibes que hacen lo que pueden con su vida para sobrevivir”, añadió.

De los 13 policías sospechados que fueron desplazados de sus funciones, siete se encuentran detenidos.

Guillermo Alberto Lorusso y Ana María Parnasse, integrantes de Ex Detenidos Desaparecidos, miraban desde el Cabildo hacia la plaza. “El incremento de la represión que tiene como objetivo acallar la protesta que cunde por todos lados, por la enormidad de injusticias que se están viviendo”, subrayó Lorusso. Según él, la raíz del problema es la vía libre a las fuerzas represivas que lleva a que se cometan hechos que no tienen que ver directamente con aquello que quieren reprimir: “La matanza de estos chicos no es un hecho político, pero sí tiene consecuencias políticas. Así que nuestra respuesta es política. Esta protesta es un anuncio de que no vamos a dejar pasar estas cosas. Vamos a estar peleando por la justicia que se nos debe”, sostuvo.

Las madres organizadoras de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil encabezaron la movilización de ayer. Emilia Vasallo, madre de Pablo “Paly” Alcorta, fusilado por la policía, fue una de las oradoras. “Nos concentramos hoy por la rabia y el dolor que tenemos. Hoy nos congregamos por los pibes de San Miguel del Monte y por los más de 6.000 asesinados por el gatillo fácil”, remarcó en diálogo con ANCCOM. “Todos esos jóvenes merecían vivir y sus vidas valen lo mismo que otras”, dijo y completó: “Nos asesinan chicos de 11 años, como hicieron con Facundo en Tucumán. Nos matan un pibe cada 21 horas y no tenemos otra forma de reclamar porque la justicia siempre está del lado de las fuerzas de seguridad”.

“¿Qué lugar queda para la justicia?”, grita Mónica Alegre, madre de Luciano Arruga, frente al micrófono. “La justicia no existe en un sistema donde nos matan, donde nos explotan. Sin embargo peleamos y seguimos luchando en las calles. Tenemos fe porque creemos que merecemos vivir en una sociedad justa para todos”.

 

Otros dos asesinatos estatales, impunes

Otros dos asesinatos estatales, impunes

Cartel con un dibujo del rostro de Justicia por Rodolfo Orellana pidiendo justiciaEl pesado y acalorado ambiente que predomina en la Avenida de Mayo y la 9 de julio no impide que se congreguen poco a poco múltiples banderas de distintos colores e insignias. El objetivo es marchar en dirección al Congreso de la Nación para luego manifestarse en dos destinos: la Casa de la Provincia de Buenos Aires y la Casa de Córdoba. A todos los motiva un mismo sentimiento, la indignación generada por el asesinato por la espalda de dos integrantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), con dos días de diferencia entre cada caso.

El asesinato del trabajador textil Rodolfo Orellana ocurrió en la madrugada del jueves, durante un desalojo policial basado en una toma de terrenos en el partido de La Matanza. Ese día también fueron detenidos Mirian Calizaya, Hugo Vedia, Alanes Coria y Wilson Delgado, quienes fueron liberados ayer. El otro caso es el de Marcos Soria, la CTEP denunció que el sábado sufrió una brutal golpiza en un descampado, por parte de dos uniformados, luego resultó ultimado por estos en el barrio Ciudad Obispo Angelleli II, al sur de la ciudad de Córdoba. La versión policial planteó que los disparos efectuados a Soria se realizaron mientras él intentaba huir, luego de cometer un robo con un presunto cómplice, quien se encuentra detenido.

Bandera amplia con letras pintadas que dicen: "Justicia por Rodolfo Orellana y Marcos Soria". De fondo la Manifestación.

“Las órdenes directas de la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, son primero disparar y después preguntar», dijo Luciano Álvarez.

“Hay una escalada represiva avalada por la Presidencia de la Nación porque sino, ¿qué fue la felicitación que Macri le dio a los dos tiros por la espalda efectuados por el agente Chocobar? Nunca se dijo tampoco quién mató a Rafael Nahuel por la espalda ¿Y ahora Orellana y Soria? ¿Se piensan que nos vamos a quedar callados?”, expresa el cineasta y actual senador Fernando “Pino” Solanas a ANCCOM mientras camina al frente de una columna de manifestantes que ya lleva varias cuadras de extensión. A su lado se encuentran los representantes gremiales Juan Grabois, Roberto Baradel, Hugo Yasky y Pablo Moyano. Atrás brindan su apoyo las filas de la CTEP, ATE, CTA, Barrios de Pie, MP La Dignidad, el Polo Obrero y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otras organizaciones sociales.

“Las órdenes directas de la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, son primero disparar y después preguntar, como también primero dispersar la manifestación antes que saber cuáles son los motivos de los reclamos. Pero por más que quieran matar o judicializar a nuestros compañeros, vamos a seguir demostrando el más grande arco de solidaridad en las calles”, descarga Luciano Álvarez, de la organización Los Pibes perteneciente a la CTEP. A los dos costados de la columna, sobre la vereda, se vislumbran transeúntes dispersos y desconcertados ante el masivo movimiento de gente. Algunos se detienen a aplaudir, otros miran para otro lado con indiferencia. Pero nada detiene el andar de los concurrentes que ya llegaron al Congreso de la Nación y se disponen a doblar en dirección a la avenida Corrientes.  

Un cordón policial presente en la entrada de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, espera a la muchedumbre, que se detiene para acercarles una base de madera que sostiene la figura de la Virgen María con banderas blancas de la CTEP. Otro cordón se forma al frente de los uniformados, es distinto, ya que están tomados de las manos y poseen chalecos blancos con la insignia de aquella organización gremial. De fondo se escucha a León Gieco por los parlantes de una camioneta: “¡Bajen las armas que aquí solo hay pibes comiendo!”. A continuación, toma la palabra Esteban “Gringo” Castro, secretario general de CTEP: “La muerte de nuestros compañeros y compañeras en los barrios populares son la consecuencia de una política de hambre, saqueo y de represión que lleva adelante el Gobierno. No vamos a mostrar violencia y ser funcionales a su política. Queremos la paz, pero como fruto de la justicia social”.

Nora Cortiñas, Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, toma la palabra en la marcha

“Vengo a traer solidaridad y repudio ante la violencia institucional desatada contra el pueblo», dijo Nora Cortiñas.

Si bien la puesta en escena se repitió en la siguiente y última parada, la Casa de Córdoba, la sorpresiva presencia de Nora Cortiñas entusiasmó a la mayoría, que la recibió con cálidos abrazos y cantos: “Madres de la Plaza, el pueblo las abraza”. La cofundadora de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora fue la encargada de concluir la intensa jornada de lucha: “Vengo a traer solidaridad y repudio ante la violencia institucional desatada contra el pueblo. Es una violencia que demuestra el odio y el miedo que las autoridades nos tienen. Hay que resistir en la calle a esa política, impuesta por el FMI y traída con más fuerza por el G-20, que viene a quedarse con nuestras riquezas y nuestra soberanía. Los vamos a mirar de cerca para decirles que vamos a seguir luchando y que no nos vencerán”.

   

“Este Gobierno ha profundizado la violencia institucional”

“Este Gobierno ha profundizado la violencia institucional”

Raquel, mamá de Mariano Witis, junto a su esposo. 

La mañana del 21 de septiembre del 2000, Raquel y su hijo Mariano Witis, de 23 años, salieron juntos de su casa, ubicada en la localidad bonaerense de Martínez, para realizar un conteo de viviendas. Estaban haciendo un precenso (el año siguiente se haría el definitivo) y su trabajo era contar las viviendas aledañas. La metodología era sencilla: cada uno se encargaba de una manzana y luego se encontrarían en el punto de inicio, cercano al Hipódromo de San Isidro. Raquel terminó y fue hasta el lugar acordado, pero Mariano no estaba. Tuvo un mal presentimiento cuando vio pasar fugazmente a dos móviles policiales. Minutos más tarde hallarían a Mariano baleado.

Luego de separarse de su madre, Mariano comenzó a caminar y se encontró con una ex compañera de colegio, Julieta Schapiro. La joven se dirigía a su trabajo a bordo de un Volkswagen Gol de dos puertas que le había prestado su hermano. Reconoció a Mariano y frenó para saludarlo. Cruzaron unas palabras y fueron interrumpidos por Darío Riquelme, un adolescente de 16 años que junto a un cómplice los encañonó. Le pidieron a Julieta que manejara hasta el Banco Itaú ubicado en Avenida Bernabé Márquez al 700, a unas cuadras del lugar. El robo fue rápido: se llevaron 5400 pesos y huyeron a toda velocidad con destino a Villa Uruguay, un asentamiento ubicado en la localidad vecina de Beccar, perseguidos por la policía.

Julieta manejaba mientras las balas se estampaban contra el Gol. En la intersección de las calles Udaondo y Luis Flores (Beccar), perdió el control y se detuvo en un descampado. Aún consciente, se refugió debajo del volante. Uno de los asaltantes huyó. Bajo la mira del cabo Rubén Emir Champonois quedaron Riquelme y Witis. Riquelme arrojó el arma (defectuosa), Witis gritó que era rehén. Champonois gatilló igual.

Raquel reconoce que “septiembre siempre es un mes difícil”. Pasaron 18 años y aún recuerda cada momento con la precisión que sellan las tragedias en la mente. “Mariano era un pibe solidario, compañero, si no no me hubiese acompañado a hacer un censo el Día de la Primavera”.

Mucha lucha fue necesaria para que Champonois pudiera ser condenado. Finalmente recibió en 2014 la pena de 15 años de cárcel por el asesinato de Darío y Mariano, tras una lucha incansable de la familia Witis y la mamá de Riquelme, Ana María Liotto, hermanadas en el pedido de justicia. “Cuando nos conocimos, Ana María nos pidió perdón y le dijimos que quien tenía que pedir perdón era el policía que había disparado y matado a nuestros hijos”, subraya Raquel.

Sin embargo quedó un gusto amargo: Champonois estuvo preso 4 años y 9 meses, de los cuales sólo uno lo pasó en una unidad penitenciaria. Y tuvo 7 años años de libertad condicional. “Sólo a un policía le permiten algo así”, se lamenta Raquel.

Aunque le cambia la cara al recordar a su hijo. Con una sonrisa cuenta que era maestro de piano y cantante. Fanático de la banda de metal progresivo Dream Theater, estaba incursionando en el jazz al momento de ser asesinado. “Su sueño era cantar en el (Teatro) Colón”, dice Raquel, que hoy dedica su vida a luchar contra la violencia institucional. En una charla sentida con ANCCOM, cuenta su historia y analiza la política de seguridad del Gobierno de Mauricio Macri, alertando que “ha profundizado la violencia institucional”.

Mariano fue asesinado por la policía que ya se había ganado el mote de “maldita”…

En diciembre de 1999, Carlos Ruckauf ganó la gobernación bonaerense diciendo que había que «meter bala». Mariano (Witis) y Darío (Riquelme) son el resultado de esas políticas de mano dura llevadas a cabo por el Estado, el verdadero responsable. Ruckauf bajó la orden y sabía cuáles iban a ser las consecuencias. Todas las balas que se encontraron en el lugar eran balas policiales. Dispararon a 75 centímetros de distancia, fue una ejecución.

¿Cómo ve la problemática de la violencia institucional hoy, con el gobierno de Cambiemos?

Este Gobierno ha profundizado la violencia institucional. Patricia Bullrich y Mauricio Macri son asesinos en potencia y tienen responsabilidad en muchísimas muertes. Hoy el clima de violencia es muy grande y los mismos funcionarios alientan el costado más violento de la sociedad. No pensé que volvería a vivir épocas que ya vivimos. Retrocedimos en materia de derechos humanos. Esta gestión deterioró y destruyó lo que estaba.

Raquel, dedica su vida a luchar contra la violencia institucional. Cuenta su historia y analiza la política de seguridad del Gobierno actual, que según considera :“ha profundizado la violencia institucional”.

¿En qué sentido se retrocedió? ¿Lo ve como algo intencional?

Sí, es una política de Estado. No hay interés en “Memoria, Verdad y Justicia”, en seguir los juicios de lesa humanidad, en que los casos de violencia institucional sean sancionados como corresponde. No hay interés.

Pero se le da un adicional a la Policía por decreto…

No sólo eso. Le sacaron fondos a Educación y Salud para ponerlo en la Policía, seguramente para reprimir a aquel que se resista a la pérdida de derechos. Los años de este Gobierno fueron una pérdida constante de trabajo, salud y educación. Y los recursos se destinaron para el disciplinamiento y el control social. No quieren que nadie levante la voz, el que la levanta se liga el palazo o un balazo.

En relación a la cuestión del disciplinamiento y control social, ¿qué postura tiene en relación al sistema penal y a las cárceles en particular?

Creo que en las condiciones en que está hoy la cárcel no sirve para que la persona pueda recapacitar, rehabilitarse y salir con otra idea. Porque tampoco tiene oportunidades al salir, el Estado no se las brinda ni cuando está adentro ni cuando está en libertad. Si no tenés los medios y las oportunidades para llevar un proyecto de vida, todo te empuja a cometer delitos. Somos bastante hipócritas como sociedad: condenamos a quien se equivocó a no cambiar nunca, lo tratamos de una manera indigna y de eso no puede salir nada bueno.

¿Por qué somos hipócritas como sociedad?

Tenemos una sociedad violenta, discriminatoria, racista, excluyente. El terrorismo de Estado lo que hizo fue romper la base social de solidaridad que existía en las personas, y potenció el individualismo. En los ‘90 se terminó de destrozar ese entramado social. Durante el kirchnerismo se trató de recomponer, pero no fue suficiente. Si no tuviésemos esta sociedad, las políticas de mano dura no irían y vendrían en tan corto tiempo.

¿Por eso refuerza la idea de que el Gobierno alude constantemente a esa fibra para llevar a cabo su política de Seguridad?

Claro.

¿En las fuerzas represivas sigue habiendo resabios de la dictadura?

Sí, en las prácticas de vulneración de derechos. Es como dice Marcelo Saín, en las instituciones policiales y fuerzas de seguridad quedaron enquistadas tres cuestiones: la liberación de zonas, la participación en redes de delitos y la tortura como disciplinamiento y control social. Todo eso hoy lo ves, sigue estando. Los grupos más vulnerables son perseguidos y hostigados permanentemente por la policía. Con esas prácticas no hemos acabado.

¿Hay sectores de la sociedad que esperan siempre las políticas de “mano dura”?

Sí. Esos sectores que piden mano dura están siempre, pero cuando hay un proyecto de ampliación de derechos, están con la boca callada. Cuando ese tipo de de proyectos políticos cae, sale la jauría.

¿Hoy cree que le soltaron la correa a la jauría?

Sí. Pero creo también que hay muchísimas movilizaciones y hay personas que pelean y no ceden un centímetro. El movimiento está, pero falta un referente que aglutine toda esa resistencia y luche de cara a las elecciones de 2019. Hay muchos jóvenes que militan el tema de violencia institucional, hay que poner fe en ellos.

“La militancia es lo único que me permitió sanar y seguir con vida”. Raquel recuerda su juventud entre la música de Los Beatles y su militancia en la izquierda revolucionaria. Tanto ella como su esposo, Jorge, vivieron la oscuridad de la dictadura militar y hoy tienen familiares y amigos desaparecidos. Años después, volvieron a ser heridos por las fuerzas represivas, en manos de la más oscura Policía Bonaerense de los años democráticos.

Raquel relata que ante el dolor y la injusticia, volvió a encontrar en la militancia un motivo para vivir y luchar por “un futuro donde nunca más haya otros Marianos u otros Daríos”.

¿Cómo se convive con el dolor? ¿Hay alguna forma de retransformarlo?

Muchas veces me lo preguntaron y la verdad no sé. Creo que uno lo hace por amor: al que ya no está y a los que quedan vivos. Cuando pasó lo de Mariano dije que nunca quería estar en la vereda de la policía. No quiero sentir ese odio y ese desprecio por el otro. Creo que a pesar de estos dolores, que son pérdidas irreparables, uno tiene que poder cortar la espiral de violencia. Nunca tuve odio, eso me destruiría a mí y a mi entorno, y no me dejaría ver qué camino tomar. Creo que eso pasó con las Madres y las Abuelas. Cuando uno sufre un dolor tan grande, es incapaz de producirlo en otra persona porque sabe lo que significa. Todos los organismos de Derechos Humanos son un ejemplo de eso.

Hizo mención a la militancia por los derechos humanos y usted, justamente, tiene un rol activo en la Comisión Memoria, Verdad y Justicia.

Cuando a uno le pasan estas cosas se puede quedar en su casa y morirse de a poco (las ganas las tuve) o hacer algo. La militancia es lo único que me permitió sanar y seguir con vida. La única manera que encontré fue comprometerme a cambiar la realidad. No sé si lo voy a lograr pero sí voy a aportar mi granito de arena para que cambie.

Cada 21 de septiembre supongo que confluye esa militancia con el recuerdo de Mariano.

Yo, en general, los 21 estoy triste y es algo que no lo puedo manejar. Pero cuando termino estoy distinta, los chicos me cargan de energía. Uno trata de equilibrar la pérdida con buscar un futuro donde nunca más haya otros Marianos u otros Daríos. Eso es la utopía, pero también es lo que me permite caminar.

Como decía Eduardo Galeano, ¿cómo se fortalece para seguir persiguiendo el horizonte?

Militando. Es la única manera. Tratando de que los jóvenes se apropien de herramientas y aprendan a defender sus derechos. Estos tiempos son tiempos duros donde hay que resistir.

El gatillo fácil como política pública

El gatillo fácil como política pública

4ta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil.

Familiares y amigos de víctimas de violencia institucional y represión policial encabezaron la cuarta marcha nacional contra del gatillo fácil. Los rostros de jóvenes asesinados por las distintas fuerzas de seguridad se replicaban en cada esquina, remera, pancarta y  bandera. Sus madres adelante, tomándose las manos, abrazadas, gritando y cantando al unísono por justicia para sus hijos. Detrás, una caravana las seguía de cerca durante las tres horas que duró la movilización hacia Plaza de Mayo.

“Venimos a reclamar por las vidas que el Estado nos arrebató. Para que ninguna madre más tenga que golpear puertas, llorar, suplicar y humillarse. Hoy más que nunca pedimos justicia por los más de 5.600 pibes. Porque todos son mis pibes, no sólo mi hijo Luciano. Así como por las 3.200 chicas desaparecidas por trata.  Acá falta Johana Ramallo”, dice Mónica Alegre, mamá de Luciano Arruga, tras beber un poco de agua para recuperar la voz  incansable de dar aliento a sus compañeras. A un costado, una joven ayuda a su hija de no más de tres años a enderezar su cartel con la cara de Diego Nuñez. “El mismo día que cumplía 19 años a Diego lo mató el agente de Interpol Pablo Alberto Carmona de cinco disparos, en un palier de un edificio en Caballito. La  escena del crimen fue modificada, le plantaron un arma en la mano derecha, cuando él era zurdo. Todos los 19 de abril en mi barrio de La Boca hacemos un festival en su nombre para recordarlo y hoy estamos acá para que esto no pase más”, cuenta Camila Nuñez a más de seis años del crimen de su hermano.

La marcha se detiene en la esquina de Avenida de Mayo y Tacuarí frente a la placa recordatoria de Gastón Riva, asesinado por la represión policial del 20 de diciembre de 2001.  Se canta en su nombre para  luego reanudar camino hacia la plaza. “El gatillo fácil y la represión en los barrios humildes de la Argentina nunca cesó, pero en estos dos años y medio recrudeció. La mayor cantidad de policías la están poniendo no para prevención sino para represión. Hemos visto en los juicios por violencia institucional que hemos estado llevando a cabo muchas absoluciones a policías, cuando tenían todas las pruebas en su contra para ser condenados. La justicia mira para otro lado y responde a los intereses de este Gobierno que elogia a un personaje como Chocobar, un policía que mató a un chico por la espalda”, denuncia Pablo Pimentel, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

Los rostros de jóvenes asesinados por las distintas fuerzas de seguridad se replicaron en cada esquina, remera, pancarta y bandera.

Según el último archivo de casos 2017 de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), 5.462 personas fueron asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983, 725 bajo la gestión de Cambiemos en 721 días de gobierno, un muerto cada 23 horas. “Este nivel de liberalismo solo se sostiene con un alto grado de represión. Cuando se le da rienda suelta a la fuerza policial para actuar impunemente, se termina en casos de gatillo fácil.  Es un aparato represivo que funciona con la complicidad de las distintas organizaciones afines a ese modus operandi”, sostiene la diputada Gabriela Cerruti, quien adhirió a la convocatoria, en diálogo con ANCCOM.

Según datos del CELS, en consonancia con el informe de CORREPI, el grupo poblacional más afectado por la violencia policial son los varones de entre 15 y 27 años, el 65% de los asesinados por funcionarios policiales. “German tenía 22 años. Trabajaba en un frigorífico de Merlo, después de dos años lo pusieron en blanco y ese día salió a celebrarlo en una fiesta en el barrio Parque Sol, donde lo mataron. El gendarme Felipe Villalba, vestido de civil, sacó su arma reglamentaria y sin mediar palabra le pegó un tiro en el pecho. German cayó inconsciente al piso y lo remató de un disparo en el pómulo izquierdo. A los dos meses a Villalba lo trasladaron a Tucumán y aún sigue libre”, relata  Emilia, hermana de Germán, tras pedir a los presentes que acompañen a su familia en el juicio en la Fiscalía de Morón, el próximo 21 y 22 de noviembre.

Las dos modalidades más frecuentes de la represión orientada al control social, según CORREPI, son los fusilamientos de gatillo fácil (44%) y las muertes de personas detenidas (40%). Desde su creación, en enero de 2017, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires –fruto de la fusión de la Metropolitana y la Federal– mató a más de dos personas por mes. El próximo martes comenzará el juicio oral y público contra Adrián Otero, uno de sus efectivos, acusado de asesinar el 15 de julio de 2017 a Cristian Toledo, de 25 años, vecino de la Villa 21-24 de Barracas y conocido como “Paragüita”. De 24 casos de gatillo fácil de la policía porteña, Otero es el primero en ser llevado al banquillo imputado por homicidio calificado. “Se supone que ellos nos tienen que cuidar, no matar. No quiero que esto vuelva a pasar”, dice al tomar el micrófono Leónida Medina, mamá de Cristián, en tono apenas audible por la conmoción.

El comunicado elaborado por los familiares y organizaciones convocantes era contundente: no se trata de casos aislados sino de múltiples formas de represión ejercidas sistemáticamente y dirigidas fundamentalmente a los jóvenes de los barrios más humildes. Es el recrudecimiento de un sistema de políticas represivas de la mano de un gobierno que promueve el gatillo fácil como política pública.

Luego de casi cuatro horas entre movilización y concentración y de los testimonios de madres, hermanos, hijos y amigos de las víctimas, los manifestantes reunidos en Plaza de Mayo empiezan a dispersarse con el dolor a cuestas y una misma consigna: “Ni un pibe ni una piba menos, ni una bala más”.

Mirá la fotogalería de ANCCOM:

“Dicen que los chicos son peligrosos y los peligrosos son ellos”

“Dicen que los chicos son peligrosos y los peligrosos son ellos”

Ivonne Kukoc, madre de Pablo Kukoc, asesinado por el policía Luis Chocobar.

“Somos las voces de los hijos que nos sacaron. Hay que difundir, hay que moverse. No tenemos a los medios de nuestro lado pero no hay que dejar de dar la pelea. Tenemos los medios alternativos, tenemos a los compañeros para resistir y luchar”. Roxana Cainzos es la madre de Nehuen Rodríguez, un joven de 18 años que el 15 de diciembre del 2014 decidió salir con su moto desde La Boca en dirección a Parque Patricios para festejar el ascenso de Huracán. En la esquina de Brandsen y Carrillo, un patrullero de la entonces Policía Metropolitana que pasaba a toda velocidad lo atropelló. Nehuen murió en el acto.

Roxana no es la única que reclama por su hijo. Nehuén tampoco es el único que murió a manos de la impunidad policial en La Boca. En los últimos años se registró un gran despliegue de violencia por parte de las fuerzas policiales. El nivel de impunidad que prevalece y la violencia institucional que recorre día a día cada una de las calles del barrio y que se legitima, actualmente, bajo la lógica de la llamada Doctrina Chocobar.

Ivonne Kukoc es la madre de Pablo, que -tras asaltar a un turista- murió en diciembre de 2017 en La Boca, a los 18 años, baleado por la espalda por el policía que dio nombre a esa doctrina oficial, Luis Chocobar. “¿Cómo pueden festejar la muerte de una persona? El mensaje de Macri es que hay que salir a matar pero creo que nunca leyó la Constitución Nacional porque acá en la Argentina no existe la pena de muerte. ¿Cómo el Presidente de la Nación puede celebrar eso y reconocer a quien asesina como un héroe?”, se pregunta Ivonne. Y cuenta que Pablo había tenido problemas de adicción y lo que necesitaba era ayuda pero “no cuatro tiros por la espalda” y continúa: “Si bien pareciera que están para cuidarnos, Chocobar hizo todo lo contrario. Mi hijo no lo atacó, no fue un enfrentamiento”.

Lucas Cabello tiene 23 años. Vivió la violencia institucional en carne propia. En noviembre del 2015, cuando volvía de una panadería del barrio, un policía de la entonces Metropolitana, Ricardo Ayala, decidió pegarle tres tiros. Lucas afirma no saber cómo logró sobrevivir pero lo que más le sorprende es el hecho que, “no sólo dijeran que el policía había actuado en legítima defensa sino que (Maria Eugenia) Vidal (por entonces ministra de Desarrollo Social del gobierno porteño) haya salido a decir que supuestamente se trataba de un caso de violencia de género. La actual Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires salió a decir esa barbaridad y después no se disculpó. No recibí ni un llamado para ver si necesitaba algo. Sé muy bien que nunca lo va a hacer. El Estado nunca se acercó”.

En materia judicial cada uno de los casos se encuentra en instancias distintas. Roxana Cainzos reconoce que “fue todo un trabajo de hormiga: hablar con los testigos, reunirlos con los abogados para sacar conclusiones, tener copia de la causa. Un año después de la muerte de Nehuen me compraron el abogado y así dieron el segundo sobreseimiento”. Pero continúa: “Gracias a la lucha y después de muchas idas y vueltas en abril de este año se llevó adelante el juicio oral y público que terminó con la condena a Germán Castagnasso, el chofer del patrullero, a tres años: una pena excarcelable. Yo creo que tendría que estar preso pero, al mismo tiempo, viendo cómo está actuando la justicia y más en este contexto con el gobierno neoliberal hay mucha impunidad”.

Lucas Cabello, en la misma línea, insinúa con desesperanza: “Si al policía que atropelló a Nehuen le dieron tres años, en mi caso que no me mataron, ¿cuánto le van a dar? A Pablo (Kukoc) también lo mataron y encima lo festejaron”.

Mientras tanto, Ivonne continúa con los interrogantes: “¿Justicia? Para mi justicia sería que me devuelvan a mi hijo, devuélvanme a Pablo y ya está, está todo bien. Pero sabemos que no puede volver. Entonces yo ya perdí. A mí no me interesa la venganza ni que metan preso a Chocobar, yo sólo quiero que no sea más policía pero para que ningún otro chico tenga que pasar por lo que pasó Pablo”.

Llegar hasta donde llegaron de ninguna manera es fácil. Roxana relata que “en un momento teníamos que tomar pastillas para dormir. Fue un proceso muy difícil y sigue siendo difícil”, afirma y continúa: “Yo era una vecina común y todo esto lo miraba por televisión. Al comienzo me costó mucho. De a poco empecé a meterme en la multisectorial de La Boca Resiste y Propone y, de esa manera, las otras organizaciones se fueron enterando del caso. Comencé, poco a poco, a caminar por todos los espacios del barrio para que pudieran estar al tanto, para difundir y para que apoyaran la causa. Me sentí muy protegida, me siento muy abrazada por todos los vecinos y todas las organizaciones pero al mismo tiempo me encontré con muchas trabas: desde el Estado nunca hubo una respuesta”.

El proceso de lucha es largo. “Es horrible vivir sin mi hijo -afirma Ivonne-. No sólo murió él sino que atrás lo hizo toda la familia. Acá en La Boca mataron a muchos chicos. Hay madres que me vienen a buscar pero yo por ahora no quiero ir a ninguna marcha, no porque no quiera justicia para mi hijo sino porque no puedo creer lo que me está pasando. Me duele muchísimo, me cuesta un montón. Siento que nada me va a conformar”. Y continúa: “Hay que ayudar a los pibes, hay que darles una mano. Ellos están pidiéndolo a gritos. No podemos felicitar a la gente que mata, ¡somos seres humanos!”.

Mientras tanto, Lucas sostiene que “aunque a veces no tenga ni ganas de levantarme y quiera terminar con todo, hay algo del otro lado que me dice: ‘Dale, levantate’. Todavía no me acostumbro a no poder mover las piernas. Lo tengo siempre presente, hasta sueño todavía con ese día pero no me acostumbro a esta vida. Puedo decir que el motor es mi hija y el hecho de saber que somos muchos, que estamos comunicados y que tengo la suerte de estar vivo para poder contar lo que me pasó”, continúa y asume con orgullo que “eso lo siento como una responsabilidad: muchas madres me han dicho que soy como el hijo de todas ellas”.

Roxana entiende que, actualmente, existe un gran avance de la violencia institucional y que “es preocupante cómo se está dando todo. Dicen que los chicos son peligrosos y los peligrosos son ellos” pero no pierde las esperanzas porque asegura que “con todo lo que ya vivimos hace 40 años nos queda la conciencia colectiva, eso que nos enseñaron las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, es a eso a lo que tenemos que apostar y transmitírselo a nuestros pibes que son el futuro. Tendremos Justicia Social, de eso estoy segura”.