Abr 27, 2016 | destacadas
Es viernes y son las nueve y media de la mañana. En la esquina de Santa Magdalena y California, en el barrio porteño de Barracas, un móvil de la Prefectura Naval corta el tránsito. Casi llegando a Alvarado, se encuentra la Escuela Técnica Nº 14, “Libertad”. Esta mañana, como tantas otras, hubo una amenaza de bomba. Un prefecto está apostado en la puerta del colegio al que flanquean edificios industriales y galpones de ladrillo. A través de su equipo de radio transmite información a un empleado del juzgado, mientras espera la llegada de la brigada de explosivos para dar el debido curso a la denuncia. “Ya van quince llamadas en lo que va del año”, dice, notablemente fastidiado. Y agrega: “Lo que pasa es que estos pibes no quieren estudiar; estos pendejos son unos vagos”. Sin embargo, los chicos de la escuela —quienes están junto a su profesores y preceptores a la vuelta de la esquina, detrás del perímetro de seguridad donde los condujeron luego de la evacuación, y a la espera de que las autoridades les permitan regresar al edificio para continuar el día de clases— tienen otra historia para contar.
La ET Nº 14 pertenece al Distrito Escolar 5, y se ubica en el corazón de la Comuna 4 de la Ciudad de Buenos Aires, integrada por los barrios de La Boca, Barracas, Nueva Pompeya y Parque Patricios. Datos oficiales de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad señalan que en 2014 sólo el 78% de los jóvenes de entre 13 y 17 años que habitan esa zona porteña estaban escolarizados. Este porcentaje representa una merma del 10% respecto del promedio comunal, un valor que se posiciona como el segundo peor de la Ciudad, y está ocho décimas por encima del perteneciente a la aledaña Comuna 1, conformada por los barrios de Retiro, San Nicolás, San Telmo, Puerto Madero, Monserrat y Constitución. Otro dato completa el cuadro: en términos de empleo, para el mismo período, la Comuna 4 registraba una tasa de desocupación del 6,6%, que era apenas superior al total de la Ciudad (6,1%), pero la tasa de subocupación, es decir, en la que el trabajo es inferior a las 35 horas semanales, era del 12%, cuatro puntos por encima del valor promedio, cuatro veces más que en Recoleta (3,4%), y poco más del doble que en Caballito (5,6%). Y la ET Nº 14 -como otras escuelas del distrito- no es ajena a la situación educativa o laboral de quienes viven en la Comuna.
“Aprender trabajando” es un programa de prácticas educativo-laborales promovidos por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Y desde hace más de seis años, la escuela es una de las 135 instituciones educativas públicas de nivel medio que presentan uno o más proyectos pedagógicos con la finalidad de brindar capacitación a jóvenes en tareas laborales o pre profesionales, en empresas privadas o instituciones públicas, por lo general reparticiones del Estado porteño. Aunque no se conocen cifras oficiales exactas, Luciana Piccirillo, coordinadora del programa, estima que entre 2.000 y 2.500 chicos se anotan por año en los distintos proyectos de formación.
Objetivos y brechas
Creado por el Decreto 266/03 durante la gestión de Aníbal Ibarra como jefe de Gobierno, el programa tiene como finalidad salvar la brecha existente entre las demandas del mercado de trabajo y las competencias con las que los chicos egresan de la escuela al promover una instancia de capacitación supervisada en entornos laborales reales. A cambio de una actividad sostenida de 20 horas semanales como máximo, y una asignación estímulo de 1.500 pesos que el propio GCBA fija -y por debajo de la cual ninguna empresa privada interesada en participar puede acordar-, se espera que los estudiantes tomen contacto, quizá por primera vez, con un trabajo real. Esos ambiciosos objetivos no siempre se cumplen por completo.
La capacitación efectiva de los chicos -que es a lo que se limita y compromete el programa- depende de una doble labor de articulación pedagógica entre los tutores escolares, es decir, los profesores que presentan los proyectos para el aval de la coordinación de “Aprender trabajando”, y los tutores de práctica, empleados y profesionales en las empresas, quienes serán los encargados de acompañarlos y enseñarles algunas tareas específicas. Los tutores de práctica son seleccionados por las propias firmas privadas y las reparticiones públicas que recibirán a los practicantes. La coordinación del programa es la encargada de supervisar que las condiciones laborales y enseñanza sean, en la práctica, las mismas que se proponían en el proyecto original. Tarea a veces dificultosa: la coordinación incluye en todas las etapas a once personas.
En el segundo piso de la escuela “Libertad”, la jefa de preceptores libera una oficina para que un grupo de chicos de 5to. y 6to., le cuenten a ANCCOM sus experiencias y expectativas respecto del programa. En el centro de la ronda flota la pregunta acerca de por qué habrían de anotarse. Algunos de los chicos ya han participado de la propuesta y otros se integrarán este año. Mauro es uno de estos últimos, y no duda en responder: “Hay que hacerlo porque vos lo sentís, no por la plata; la plata va y viene”. Lo que cuenta es la experiencia, dice, y sus compañeros están todos de acuerdo. Es que al hablar acerca del primer trabajo (ninguno de ellos ha buscado un empleo hasta ahora) son conscientes de que habrán de buscar -y en el mejor de los casos, encontrar simplemente, un trabajo que no será ni el mejor, ni tampoco uno relacionado con su área de conocimiento: “ayudantes, asistentes…”, comentan al unísono, como si estuviesen recitando lo que leen en una imaginaria hoja de avisos clasificados.
Con la pretensión de integrar los saberes teóricos adquiridos en las aulas con problemas prácticos y concretos encontrados en un lugar de trabajo, el programa pretende facilitar la inserción laboral de los chicos, una inserción que a veces es percibida por ellos con urgencia y agobio, frente a un mercado laboral ya habituado a demandar jóvenes con experiencia. Esta semana, el gobierno intentó una respuesta para ese sector: el presidente Mauricio Macri anunció un proyecto de empleo que apunta a otorgar descuentos impositivos a las empresas que les den su primer trabajo a un joven.
Las experiencias
Mauro y sus compañeros son estudiantes de la orientación en construcciones. Cuando egresen, lo harán con el título de Maestro Mayor de Obras. Realizarán sus prácticas en la Dirección de General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento, perteneciente al Ministerio de Educación de la Ciudad. Antonio Mundo es el coordinador general del programa en representación de esta oficina gubernamental, y explica que los estudiantes harán su labor en algunas de las áreas dedicadas al mantenimiento edilicio de las escuelas: obras, proyectos, y cómputos y presupuestos, todas ellas vinculadas a la orientación específica de la escuela a la que pertenecen. “Lo que los chicos hacen acá es lo que se está haciendo”, explica. Es trabajo del mundo real, realizado en compañía de profesionales encargados de proyectos de refacción y mejoras edilicias.
José es uno de los compañeros de Mauro que el año pasado hizo la práctica. Les comenta a quienes ingresarán este trimestre que no la volvería a hacer. “Lo que nosotros hacíamos era archivar los planos de las obras que ya se habían completado”, puntualiza. Tomás y Juan, también de 6to. año, tenían otra tarea. Iban a los edificios donde había una obra y examinaban los trabajos de mejoras. Vieron cómo revocaban una pared. “Eso ya lo sabíamos, y nos dijeron que los iban a llamar cuando pusieran el ascensor, pero nunca nos llamaron”, reconstruyen. El propósito de la observación era “adquirir conocimientos”, lo que, de una u otra manera, aunque no fuera lo que esperaban, reconocían haber hecho. Mauro y sus amigos bromean y se lamentan porque les habían tirado abajo muchas expectativas. Pero José les aconseja hacer que lo aprovechen, que pregunten, y que pidan rotar de sector, llegado el caso, una posibilidad que, como explica Mundo, los chicos siempre tienen a su disposición.
Felipe y Karen cursan en la Escuela Técnica Nº 11, “Manuel Belgrano”, del barrio de San Cristóbal, y comenzaron el viernes pasado su práctica en la Dirección de Infraestructura. Se sientan frente a una computadora y alternan entre varias ventanas abiertas. La oficina de proyectos, donde los chicos trabajarán hasta fin de año, está en el cuarto piso del edificio sito en Estados Unidos 1228 y ocupa buena parte de la planta. Varias mesas largas corren a lo ancho del lugar, donde al fondo trabaja a ritmo lento una impresora de planos. El movimiento de personal es permanente, acompasado por el zumbido de las computadoras, las impresoras y las conversaciones en una jerga que los chicos aprenderán a manejar: se los nota muy entusiasmados. Felipe cree que la experiencia será buena para adquirir responsabilidades; Karen está convencida de que aprenderá cómo manejarse en el caso de trabajar en un estudio de arquitectura. Ninguno de ellos ha buscado trabajo, de modo que ésta será su primera experiencia laboral. Comparten, junto a los chicos de la ET Nº 14, la esperanza de conseguir un buen empleo el año próximo, cuando terminen la escuela.
—¿Conocen a alguien que trabaje en un área relacionada con lo que estudiaron?
Sólo Karen asiente:
—Yo sí tengo amigas que trabajan. Trabajan en estudios de arquitectura. De cadetes.
Coordinación y empresas
El profesor Martín Lombardi es el responsable de coordinar los distintos proyectos del “Aprender trabajando” en su escuela, la ET Nº 4, “República del Líbano”, también perteneciente a la Comuna 4. A diferencia de otros colegios que cuentan con un ciclo superior, el título que otorga a sus graduados es el de Técnico en Administración de Empresas. El docente entiende que esta orientación los posiciona mejor a la hora de conseguir su primer trabajo, sencillamente porque todas las materias del último año (auditoría, teoría y técnica impositiva, técnica bancaria y seguros, entre otras) los capacitan en lo que pueden necesitar en un trabajo de oficina. De este modo se salvaría la aparente paradoja de contar con estudiantes recién recibidos de la escuela y que ya cuenten con experiencia laboral, algo que suele ser muy solicitado por las empresas del sector privado. “Los empresarios se fijan en que los chicos lleguen temprano y cumplan el horario que corresponde, en que absorban rápidamente los conocimientos laborales, y en que sean autónomos y flexibles; se quedan con esa gente”, explica.
En algunos casos, la posibilidad de quedar empleado en un trabajo al finalizar la práctica del “Aprender trabajando” es muy concreta. En otras, no. Es el caso del Banco Itaú, que a través de su Fundación mantiene proyectos con la ET Nº 4, y también con la Escuela Comercial Nº 18, “Reino de Suecia”, del barrio de Parque Patricios. Marina Sanpietro, una de las responsables de prensa del banco, señala que la propuesta apunta a motivar a que los chicos terminen el secundario, pero no a emplearlos inmediatamente, ya que “el perfil de incorporación del banco es típicamente de estudiante universitario o graduado”. Llegado el caso de que se presenten más aspirantes que las vacantes disponibles para la práctica, el banco realizará una selección a partir del análisis de una encuesta que todos los estudiantes completan al postularse, y que servirá para determinar a los más idóneos o hábiles para participar. Por su trabajo, distribuido en tres horas, cuatro días a la semana, los chicos reciben una asignación estímulo de 100 pesos por día, con la intención de que cubran con ese monto los viáticos, una vianda, y la esperanza de mantener un adicional restante para algunos gastos personales. La duración del contrato es de 10 semanas.
Para los chicos que participan de estas iniciativas, el balance de la actividad suele ser positivo. Así lo refleja la experiencia en el Banco Itaú. El presidente de la fundación, José Pagés, explica que al finalizar cada ciclo de prácticas, tutores y jóvenes pasantes completan una encuesta anónima que registra un elevado porcentaje de satisfacción. En similares términos describe la experiencia de los estudiantes Patricia Álvarez, la vicerrectora del Comercial 18, y tutora pedagógica del “Aprender trabajando”. “El objetivo de este programa”, explica, “es que ellos se vayan insertando en el mundo laboral, que aprendan que hay otras cosas fuera de la escuela, y cómo deben manejarse. La vestimenta, por ejemplo. Y en el banco les dan una camisa, un pantalón negro, un uniforme”.
Abr 27, 2016 | destacadas
En solo cuatro meses de gestión de la alianza Cambiemos, un viejo y conocido fantasma volvió a ocupar el centro de las preocupaciones de hombres y mujeres: la pérdida del empleo y el consecuente aumento de la desocupación.
Los despidos masivos arrancaron en diciembre pasado con el declarado objetivo de “modernizar” el Estado. Más de 35.000 empleados públicos fueron cesanteados, muchos de ellos acusados sin pruebas de “ñoquis” o perseguidos por su militancia política. Los trabajadores del sector privado fueron, en paralelo, víctimas de la misma práctica. El panorama recesivo de la economía argentina encendió la alarma de empresarios y sindicalistas y motorizó ese ajuste laboral.
Los despidos registrados en el sector privado durante este primer trimestre superan los 80.000 trabajadores, según sostienen los informes realizados por distintos gremios y consultoras privadas, consultadas por ANCCOM ante la falta de información oficial.
Desde su asunción, Mauricio Macri prometió “normalizar” el funcionamiento del cuestionado Instituto de Estadística y Censos (INDEC), pero su gestión todavía no brindó registros sobre la desocupación que se generó a partir de los despidos realizados de diciembre a esta parte.
Abrazo al Ministerio de Trabajo.
El último relevamiento realizado por el INDEC durante el tercer trimestre del 2015, evidencia que las sucesivas administraciones de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2011 y 2011-2015) habían logrado que el desempleo llegara a uno de los niveles más bajos de las últimas décadas, un 5,9 %.
Ante la paralización del INDEC, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) liderada por el sindicalista Pablo Michelli realizó un relevamiento a través de su Observatorio Social. El estudio registró un total de 68.563 despidos, entre el 1 de diciembre y el 4 de marzo, de los cuales unos 30.936 se produjeron en el sector privado.
“Las tensiones que el mercado de trabajo venía presentando en los últimos años se exacerbaron en pocas semanas, y desde entonces hemos asistido a un shock de despidos liderado por el sector público, sin que por ello las empresas del sector privado se hayan quedado detrás”, sostiene el último documento publicado por el Observatorio Social.
El informe aclara que se trata de un “relevamiento de mínima”, ya que no incluye “aquellas denuncias que fueron realizadas por dirigentes sindicales en términos generales”.
La industria de la construcción figura entre los rubros más perjudicados por los despidos. Los representantes sindicales de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) denunciaron la pérdida de entre 25.000 y 30.000 puestos de trabajo desde la llegada de Cambiemos al poder.
Además, desde la UOCRA advirtieron que en el sector privado las grandes empresas utilizaron la actual coyuntura “para impulsar suspensiones colectivas”, una medida que “posee efectos disciplinadores sobre el conjunto de los trabajadores”. Las suspensiones “se han concentrado en la industria petrolera, la automotriz, la autopartista y la siderurgia”, agregaron fuentes del sector.
Informes realizados por la consultora privada Tendencias Económicas y por el Centro de Economía Política (CEPA) a los que tuvo acceso ANCCOM completan el cuadro del empleo argentino con un duro diagnóstico. Según Tendencias Económicas, los despidos en el primer bimestre de este año llegaron a unos 107.000, relevados a partir de las denuncias realizadas por los gremios a nivel nacional.
El informe indica que en enero se registraron alrededor de 41.921 despidos, cuya mitad se sucedieron el ámbito privado, siendo los sectores de la construcción, gastronómicos, textiles e indumentarios, los más perjudicados.
Con respecto al mes de febrero, se registraron 65.799 personas despedidas, un 72% de aumento con respecto al mismo mes de 2015, según la consultora.
Del total, alrededor de 55.800 pertenecieron al sector privado, sobre todo en la construcción y en otras actividades, como autopartes, petróleo, comercio y minería.
En tanto, el informe publicado por CEPA, indica que el empleo, público y privado, expone “una tendencia a la contracción”. El relevamiento arrojó un total de 141.542 despidos entre enero y marzo de este año. Alrededor de 80.446 cesantías correspondieron al sector privado y el mayor perjudicado resultó ser el sector de la construcción, un 71,88%, siguiéndole el sector industrial con un 23,40% y por último, el sector servicios, con un 4,72%. Según el estudio, la mayor cantidad de despidos se dio “en los empleos de menor calificación o que más precarización sufren”.
Ante este panorama, el reclamo de las centrales obreras ante diputados y senadores, se plasmó en un proyecto de ley que declara la “Emergencia Pública en Materia Ocupacional” que aún no se discutió en el Congreso, pero que ya ha generado críticas del oficialismo y de representantes empresariales de la Pequeña y Mediana Empresa (PyMEs).
En un comunicado, representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reconocieron que “más 120.000 despidos han provocado una fundamentada preocupación de senadores y diputados de la Nación que obliga a buscar alternativas para detener ese flagelo en el sector público y privado”.
Pero que “hay que dimensionar” ya que en el sector privado, y especialmente en PyMEs, esa situación ocurre “por la caída en los niveles de producción provocada por la retracción en la demanda de consumo, por la casi nula demanda de inversión, por las aceleración de la inflación y por las altísimas tasas de interés del mercado”, sostiene el documento.
El proyecto de ley tiene por objetivo evitar que se continúe despidiendo, por lo que propone que se “congelen” hasta el 2017 los empleos del sector público y privado y se apela nuevamente, como lo fue en el 2002, a la figura de la “doble indemnización”, el punto más criticado por el gobierno como por los empresarios.
Desde CAME sostienen que ante la difícil coyuntura económica que atraviesa el país, implementar “la doble indemnización crearía niveles de conflictividad alarmantes para las PYMES, especialmente en las más pequeñas, que llevarían al cierre definitivo de muchas de ellas”.
El oficialismo ya expresó su rotundo rechazo al proyecto de ley. El presidente Mauricio Macri, en varias declaraciones públicas, indicó que esta iniciativa, en caso de aprobarse, no generará “más empleo” sino que “destruirá fuentes de trabajo”. Y prometió vetarla en caso que, finalmente, el Congreso avance con su debate y aprobación.
Con la unificación de la Confederación General del Trabajo en proceso y el llamado a una movilización para el próximo 29 de abril, en donde participarán todos los sectores gremiales, el gobierno de Macri afronta un contexto socio económico conflictivo, al cual deberá dar respuestas inmediatas si su deseo es retomar las sendas del crecimiento económico y la gobernabilidad.
Festival No Al Vaciamiento del Grupo 23. Parque Centenario. 31 de enero de 2016.
En los medios
La ola de despidos masivos afectó a numerosos sectores y los trabajadores de los medios de comunicación no quedaron exentos. Desde diciembre, se ha registrado el despido de más de 200 periodistas de numerosos medios, siendo el caso más grave y emblemático el caso del grupo Veintitres perteneciente a los empresarios Sergio Spolzky y Matías Gardfunkel, con la cesantía de 136 trabajadores del canal televisivo CN23 y el vaciamiento económico del Diario Tiempo Argentino -hoy autogestionado por sus trabajadores en una cooperativa- y Radio América.
También fueron despedidos doce periodistas del grupo Crónica, cuyos dueños son los hermanos Olmos, treinta trabajadores del centenario diario La Nación, doce del diario platense Diagonales, cinco del grupo Octubre, Cinco en Radio Continental y ocho en Radio San Martín, según lo relevado por observatorio de la CTA Autónoma.
A lo que se le suma, la complicada y delicada situación del canal 360TV, cuyos trabajadores llevan adelante una huelga por salarios adeudados.
Actualizada 27/04/2016
Abr 27, 2016 | inicio
Daniel Catalano prepara el primer mate del día y se queja con una sonrisa por las pocas horas de sueño. “La gente a veces se confunde, porque te ve en la tele piensa que uno dejó de hacer lo que hacía antes”, bromea. Al frente de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE – Capital), Catalano asegura que el presidente Mauricio Macri cree que los empleados públicos son “un gasto”, detalla el impacto de las cesantías en la implementación de políticas públicas, y refuta el argumento eficientista de la nueva administración con una radiografía certera de las condiciones de trabajo estatal. Además, pone en duda el impacto del acuerdo que el gobierno firmó esta semana con sectores empresarios para frenar los despidos por 90 días porque “no garantiza” un freno a la caída del empleo. Y advierte: “Si el Presidente veta la Ley Antidespidos, se va a generar una crisis social profunda”.
En una entrevista exclusiva con ANCCOM, el dirigente gremial también apunta sobre las diferencias entre las centrales sindicales y advierte sobre el “vedettismo” de algunos de los máximos referentes de ese universo. “La unidad del movimiento obrero no se da por la cúpula”, subraya.
¿Cuál es la situación del empleo público a partir de la asunción de Mauricio Macri como presidente?
En el Estado hay 270 mil empleados públicos de la administración nacional, que cumplen con distintas funciones. Allí tenemos constatados, por quienes recibieron telegramas, que hay 10.941 despidos, y entre municipales y provinciales, son 35 mil. Macri dice que en el Estado nacional hay alrededor de cuatro millones de empleados públicos y que existe un sobrante de un millón y medio. ¿Cómo construye ese número? Toma a todas las fuerzas de seguridad, desde el Ejército, Prefectura, Gendarmería, Policía Metropolitana, y a trabajadores municipales y provinciales.
¿Cómo afecta ese ajuste laboral a la implementación o marcha de políticas públicas?
Para el gobierno, los empleados públicos son un gasto. Y sus medidas y despidos afectan la organización del Estado. Por eso nosotros medimos cuál es el nivel de daño que se genera cuando despiden empleados públicos. No hacemos una defensa corporativa de las fuentes de trabajo -que también hay que hacerla- sino que evaluamos las consecuencias de afectar a las políticas públicas, como por ejemplo en Conectar Igualdad: echaste mil laburantes pero dejaste a cerca de seis millones de estudiantes sin conexión y contenidos educativos. Estas medidas alejan al Estado de la gente. Lo mismo sucede con el programa Progresar o el plan Fines para incentivar a los jóvenes a terminar sus estudios.
¿Cuál es la situación de los contratos que el gobierno nacional puso a revisión a partir del Decreto 254?
En el Ministerio de Salud hay 570 trabajadores que no firmaron el contrato, no saben si van a cobrar, y siguen estando ahí. No se los despidió pero tampoco hubo un acto administrativo que de prórroga para los contratos. Se supone que al 31 de marzo todos esos contratos deberían haber caído, pero después la estructura burocrática del Estado hace que todo pase; podés estar sin firmar contrato años y seguir laburando, el tema es que este gobierno echa sin causal. Lo que establecía el Decreto 254 era que el Estado iba a revisar a 70 mil empleados públicos y eso iba a arrojar una situación individual de cada trabajador. Nosotros hicimos infinidad de pedidos para que nos digan qué pasó con cada uno de los trabajadores, porque si dicen que hay causal de despido entonces lo tienen que demostrar. ¿Cómo determinás si hay ñoquis? Si hay ñoquis los jefes de Recursos Humanos firmaron por alguien que cobra sin trabajar. Lo loco es que acá en el Estado nacional no se rajó a un solo jefe de Recursos Humanos; y no hay un solo caso auditado o un informe que diga ´esta persona no tenía banda horaria, por eso la echamos´.
¿Y los empleados que son monotributistas o tienen contratos a través de la universidades?
Para Macri no son trabajadores del Estado, ellos dicen que en todo caso tienen una relación con la Universidad. Hay una pelea con el macrismo para que los reconozcan como laburantes porque son trabajadores que cumplen funciones para el Estado y que tienen un objetivo estatal, pero se terceriza la actividad a través de las Universidades.
¿Hay una tendencia del gobierno de Macri a priorizar el ingreso de funcionarios políticos en lugar de la planta administrativa?
Es así, armaron una pirámide y en el medio no hay nada. En la Ciudad hay sueldos de ocho mil pesos en la base, casi todos en planta –no todos, hay cerca de 15 mil que no, pero los van pasando a planta- y después hay una cúpula que cobra como monotributista, que tiene salario de hasta 200.000 pesos. Lo mismo están haciendo en el Estado nacional, pero en ese caso además están metiendo por decreto gente a planta, pero no te ponen como personal de limpieza, mantenimiento o administrativo, sino que son todos cargos ejecutivos. Ellos no achicaron al Estado, armaron un Estado muy bobo. Crearon cuatro Ministerios que no sirven para nada, crearon 45 cargos directivos con sus Secretarías y 15 Secretarías de Estado, con eso repartieron política. Además de cada Secretaría dependen coordinaciones y ahí es donde metieron toda la estructura. De hecho, en el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas echaron a 160 trabajadores del programa Progresar, con salarios de nueve mil pesos, y recontrataron a 400, con sueldos mucho más altos. Entonces ni siquiera están planteando que tienen un problema de desfasaje de guita, sino que se está cambiando al trabajador público.
¿Y el proceso de pase a planta y jubilaciones?
Creo que van a jubilar a 24 mil personas, que son las que están en edad de jubilarse, y van a abrir una planta, y la van a empobrecer como sucedió en la Ciudad de Buenos Aires, que pasan a la gente con estabilidad laboral pero no con carrera administrativa, entonces pierden la antigüedad. Habrá muchos problemas, pero lo van a hacer. Van a decir: ´Nosotros pasamos a planta a la mayor cantidad de laburantes´ pero la realidad es que las condiciones en las que te dejan, no alcanzan ni siquiera para la supervivencia. Ellos también especulan con que los trabajadores renuncien, entonces te empobrecen, te dejan dos años con un salario de mierda y creen que te vas a ir al sector privado, pero no hay sector privado a donde ir. La gente se queda donde está, entonces termina empobreciéndose, como pasa en la Ciudad de Buenos Aires, donde el salario promedio es de nueve mil pesos y con eso no se puede mantener a una familia, pero igual no renuncia nadie. Están todos agarrados a los nueve mil pesos y termina precarizándose.
Esta semana es clave para la discusión parlamentaria del proyecto de Emergencia Laboral, pero el gobierno ya adelantó que vetará cualquier iniciativa en ese sentido…
En la Ciudad de Buenos Aires, de las 276 leyes que aprobó la Legislatura porteña, 130 fueron vetadas por Macri, es casi el 50%. Eso es un indicador. No elegimos un Presidente que camina de la mano de la institucionalidad. El tema es que Macri tiene que pagar el costo político de lo que va a hacer. Si veta, generará una crisis social profunda.
Esta semana, el gobierno firmó un acuerdo con los empresarios…
El acuerdo firmado es una postura política que no garantiza que no despidan trabajadores. Es un acto lamentable. Además, el acuerdo no contempla a los ya despedidos. No es retroactivo. Permite cambiar de trabajadores por lo cual podría seguir despidiendo.
En las audiencias del Congreso, también se vieron diferencias de posturas de las centrales sindicales…
Porque la CGT, que son los que tienen más peso político, estaba más preocupada por el Impuesto a las Ganancias que por los despidos. Dentro de las tres CGT la que más sufre es la de Antonio Caló porque tiene toda la parte de fábricas, que hay suspensiones y despidos, y también están los empleados públicos. No todas las Centrales están atravesando la misma crisis. De hecho (Luis) Barrionuevo sí, porque se están cerrando locales, pero no sé, no le debe molestar tanto. Lo que sí va a suceder es que esto en algún momento va a detonar, hay partes de la CGT que están más preparadas que otras. Caló viene laburando muy bien, viene discutiendo y frenando miles de despidos, hasta ahora hay suspensiones. Si no arrancaron los despidos es porque hay una CGT que está presionando y negociando para que aquellos que se enriquecieron en los últimos años, hoy pongan la plata.
“La unidad del movimiento obrero no se da por la cúpula”, advierte Daniel Catalano.
En ese contexto, ¿cómo articularon la organización del acto por el Día del Trabajador?
Nosotros venimos trabajando con más de 150 sindicatos de base que son de la CGT y de la CTA. Es un laburo previo que tiene que ver con cómo concebir una situación que no nos deje atados a la realidad de la CTA. Nosotros somos CTA pero pensamos que la unidad del movimiento obrero no se da por la cúpula. Entonces armamos una estructura de gremios de la CTA y la CGT. Le cuesta mucho más a la cúpula juntarse que lo que nos cuesta a nosotros, que nos juntamos una o dos veces por mes. Hablamos, planteamos nuestro marco de laburo, nuestras necesidades. De hecho en la Capital Federal articulamos con el subte y con docentes mucho antes que haya algún marco. Pero en las Centrales hay un problema de cartel, un problema de vedettismo. Los tipos ven el mundo de una manera muy distinta a como lo ven los trabajadores. Entonces hoy se articulan las cinco Centrales obreras que tienen una matriz de pensamiento que es inabordable; un Moyano y un Barrionuevo que son macristas; un Caló y un (Hugo) Yasky que son kirchneristas; y un Pablo Micheli que es más de izquierda.
Actualización 11/05/2016
Abr 26, 2016 | inicio
El futuro de fábricas y empresas recuperadas está en riesgo. Debido al aumento desmedido en las tarifas de luz y gas, la devaluación creciente, y la suba en los transportes públicos que encarecen el traslado de los trabajadores a su lugar de empleo, algunas cooperativas podrían tener que cerrar sus puertas. El martes 20 de abril, representantes del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y la Confederación de Trabajadores de Economía Popular (MNER-CTEP) tomaron el Ministerio de Energía y Minería para exigir que se los incluya dentro de la tarifa social. Por otra parte, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA) se reunió el jueves con el legislador José Cruz Campagnoli, de Nuevo Encuentro, para presentar un proyecto de ley similar.
Eduardo Murúa, presidente del MNER y trabajador del IMPA, explicó a ANCCOM que desde que se conoció la resolución de aumentar los servicios, las cooperativas agrupadas han solicitado una audiencia al ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren. Ante la falta de respuestas, decidieron movilizarse y tomar las instalaciones. “Logramos tener una reunión con el subsecretario de coordinación administrativa Sebastián Scheimberg, que entendió el reclamo pero no dio ninguna solución”, explicó. Si bien el planteo inicial de MNER-CTEP era volver al monto anterior a la suba, lograron que se firme un acta de acuerdo donde el Ministerio se comprometió a crear un registro para rever la situación de cada una de las empresas recuperadas del país, con la finalidad de acceder a una tarifa diferenciada de servicio eléctrico. “Nosotros le pedimos hacer el esfuerzo de seguir conversando durante los próximos diez días para ver si se podía hacer algo en común, y no algo que contemple a cada una por separado. Pero bueno, en principio es lo que conseguimos”, aclaró Murúa.
Las fábricas y empresas recuperadas son fruto de la crisis política, económica y social que explotó en el país en 2001, pero que venía gestándose principalmente desde la dictadura del 76. Destrucción del Estado garante de derechos, reducción salarial masiva, concentración de la riqueza, endeudamiento externo desmesurado, desocupación y obediencia a las recetas del FMI son algunas de las medidas que se iniciaron en aquel entonces y que, durante el menemismo, se llevaron al extremo hasta que muchas empresas quebraron o fueron vaciadas por sus dueños.
Según explica el colectivo lavaca en su libro Sin Patrón –que recoge la historia de 166 empresas recuperadas en Argentina– en la década del noventa la estrategia de la represión se cambió por la del desempleo y la exclusión social: la desaparición económica de las personas. Con el trabajo flexibilizado y los despidos masivos, nació una “no” clase, sin derechos y solo preocupada por la mera subsistencia. En ese contexto, que terminó de complejizarse durante la presidencia del radical Fernando De La Rúa, fábricas y empresas empezaron a vaciar y cerrar sus establecimientos. Ante esa situación, los despedidos tomaron sus lugares de trabajo, y volvieron a ponerlos en funcionamiento a través de cooperativas.
Carlos Saso, presidente de la Cooperativa Maderera Córdoba, recuperada por sus trabajadores.
¿Por qué una cooperativa? lavaca esboza tres razones. En primer lugar, porque de esta forma no son heredadas las deudas, delitos y penas del anterior propietario: solo se recupera la producción. En segundo lugar, son organizaciones que reconocen el trabajo y la solidaridad como capital suficiente para iniciar una empresa. En tercer lugar, construir una sociedad en Argentina tiene un costo económico mucho mayor que darle forma legal a una cooperativa. Además, tienen dos características fundamentales. Por un lado, sus miembros no cobran un salario, sino que se reparten los excedentes. Y por el otro, los socios que se retiran no tienen derecho a reclamo indemnizatorio, ya que el único valor de la constitución es el trabajo. Incluso, si la sociedad entera se disolviera, el estatuto determinará a quiénes deberán donar los fondos.
La tradición del veto
Mauricio Macri, durante su gestión al frente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vetó dos normativas que beneficiaban a las fábricas y empresas recuperadas. El régimen de protección de estas cooperativas, en la ciudad de Buenos Aires, comenzó en 1999, a partir de la ley 238 promulgada por Aníbal Ibarra, que se prorrogó hasta 2011 mediante otras dos leyes –la 1529 y 2970-, sancionadas en 2004 y 2008 respectivamente. En 2011, Macri vetó la ley 4008 aprobada por unanimidad en la Legislatura porteña, que establecía extender la protección unos años más, como lo hicieron las normas anteriores. Pese a eso, los distintos bloques trabajaron y redactaron una nueva norma, la 4452, con el propósito de resguardar esas experiencias productivas colectivas. Pero también terminó en el veto macrista.
A diferencia de lo ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires, en 2011 se modificó la Ley Nacional de Quiebras y Concursos. Esa reforma facilita que los trabajadores organizados en cooperativas se hagan cargo de la empresa, tomando como moneda de pago todos los créditos laborales al momento de la quiebra, incluida la indemnización, salarios caídos y otras remuneraciones y derechos no abonados.
En los últimos meses, la situación de los trabajadores de las empresas recuperadas ha ido desmejorando. Las ventas han decrecido y los servicios y bienes necesarios para vivir aumentan cada vez más. La suba de la luz, según dijo Murúa a ANCCOM, en algunos casos llegó a siete veces más que la tarifa anterior. “El conjunto de medidas del gobierno actual no solo provocó una caída en las ventas de las empresas recuperadas, sino también una devaluación que afecta directamente al salario de los trabajadores y una recesión en toda la economía”, opinó el presidente de MNER.
El taller gráfico Conforti, ahora Cooperativa Gráfica Patricios, fue creado en 1952.
Gráfica Patricios
El taller gráfico Conforti, ahora Cooperativa Gráfica Patricios, fue creado en 1952. En marzo de 2003 comenzó la toma y posterior recuperación del establecimiento, ya que desde 1998 Raúl Gonzalo, su antiguo dueño, no pagaba a sus empleados lo correspondiente (en la Navidad de 2002 llegó a darles un paquete con diez monedas de un peso). Durante 2002 y 2003, no solo se incumplían los salarios, sino que comenzó el vaciamiento de la fábrica despidiendo a los empleados y traspasando trabajos que habitualmente se imprimían en la gráfica a otra que tenía el propietario. En noviembre de 2003, la Legislatura porteña expropió de manera definitiva las máquinas a favor de la cooperativa, y en 2004 hizo lo mismo con el edificio, el que están pagando en cuotas que se extenderán hasta veinte años después del nacimiento de la cooperativa.
Gabriel Rojas, uno de los asociados de la gráfica, opina que “estamos entrando en este momento en lo que era el 2001. Se empieza a desactivar la economía atacando a las empresas públicas y después las privadas empiezan a ver que también pueden despedir gente”. Además de la luz, el aumento de tarifas que más les afectó fue el de gas, ya que las rotativas tienen un horno. Otro costo fijo que creció durante el 2016 fue el papel: “Cuando asumió Macri fue lo primero en subir, un 30 o 40 por ciento. Tenemos que ver qué es lo que pasa, ya que nuestro trabajo bajó bastante. No sabemos qué es lo que va a venir y qué capacidad de respuesta podemos tener. Llegaron ellos, llegó el neoliberalismo, los precios subieron y los salarios no”, consideró Rojas.
Maderera Córdoba
Debido a una mala administración y al efecto de la crisis económica, la maderera fundada por Vicente Biglia –y manejada posteriormente por su hija–, entró en 2001 en convocatoria de acreedores y siguió trabajando dos años de modo cada vez más precario. En 2003, decretada la quiebra, los trabajadores fundaron la cooperativa en una casa vecina donde funcionaban las oficinas, ya que el local estaba con faja de clausura. En julio de 2004 consiguieron la expropiación temporaria del inmueble y las máquinas, y actualmente tienen la expropiación definitiva con cargo a pagar en veinte años.
“No nos llegó la nueva factura de luz”, dijo preocupado Carlos Saso, presidente de la cooperativa. ”Estábamos pagando 2.000 pesos en diciembre y en febrero llegó una boleta de más de 6.000. Con las máquinas usamos el servicio permanentemente”, aclaró. Saso contó a ANCCOM que a causa de la devaluación sus excedentes se han reducido un 50 por ciento. “Hay algunas empresas que aumentaron el salario un 20 por ciento a sus trabajadores. En cambio, acá no llegamos ni al 15, porque no podemos. Como la venta cayó se nos hace imposible. Y teniendo en cuenta que el nivel de vida es cada vez más caro, que los servicios también aumentaron en cada una de nuestras casas, como así también los transportes, esto es cada vez peor. Yo vivo en Moreno, cargaba 100 pesos la SUBE y me duraba toda la semana. Ahora no me dura ni dos días”, explicó.
Alé Alé
Alé Alé es una cooperativa gastronómica de las más recientes. Nació a partir del vaciamiento que empezaron a hacer los propietarios en marzo de 2012. En ese año, cerró La Zaranda, otro restaurante del grupo OJA –también dueño de Don Battaglia, Los Chanchitos, Mangiata, y La Soleada, todos actualmente recuperados–, y eso fue lo que los alertó. “Cuando nos enteramos que la próxima era Alé Alé empezaron los conflictos. Ya veníamos con varios meses sin cobrar y además era muy obvio que iban a cerrar. Vaciaron las oficinas, la mercadería no era la misma. Estaban echando a la gente, querían bajar la clientela y demostrar que el restaurante no era viable”, contó a ANCCOM Andrés Toledo, presidente de la cooperativa. En enero de 2013 tomaron el local, y durante ese año tuvieron cinco intentos de desalojo. Superado el último, a cargo de la Policía Metropolitana, los trabajadores de la cooperativa se reunieron con los dueños. “Recibimos el apoyo del gobierno nacional de ese momento. Nosotros necesitábamos un tiempo para mudarnos, y el Estado se comprometió a hacerse cargo, cuando encontráramos el lugar, de las refacciones, traslados y equipamiento. Yo les pedía un año y los propietarios querían tres meses. En ese tiempo no podíamos hacer nada, así que terminamos arreglando ocho. El Estado nos transfirió el dinero a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)”, explicó Toledo. Finalmente, inauguraron la nueva sede en septiembre de 2014.
Respecto a su situación actual, el presidente de la cooperativa informó que cayeron un 30 por ciento los excedentes. “La gente no sale. Los costos fijos crecieron mucho, más del doble. De luz nos venía entre 7500 y 8000 pesos, y ahora estamos pagando 22000. El gas aumentó el triple aproximadamente. Y no podemos trasladar todo a los precios, porque la gente no solo busca calidad y cantidad. No los tocamos desde noviembre. Es preferible llevarnos menos dinero, y no que los clientes dejen de venir”, agregó.
La cooperativa Alé Alé nació a partir del vaciamiento que empezaron a hacer los propietarios en marzo de 2012.
La Casona
La pizzería ubicada en Corrientes y Maipú, nació como cooperativa en julio de 2014. Durante los meses anteriores, la empresa New Nort S.A. había comenzado a despedir a los empleados más antiguos y a suspender el pago de salarios. Los días previos al conflicto, los encargados de la firma se llevaron los aires acondicionados y otros elementos del lugar. Los trabajadores tomaron el establecimiento, y al día siguiente el dueño de New Nort S.A. les entregó la llave y comenzaron a funcionar como cooperativa.
Sin embargo, actualmente tienen un problema con la empresa Mercedes S.C.A., propietaria del inmueble. Los primeros días de abril, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó por unanimidad un proyecto que declara preocupación por la continuidad laboral de los trabajadores. “Tenemos un problema con el tema del alquiler”, contó a ANCCOM Daniel Fernández, socio fundador de la cooperativa. “Nos dijeron: hagan buena letra que nosotros en diciembre, que se vencía el contrato con la empresa quebrada, les empezamos a cobrar a nombre de ustedes. Cuando llegó ese mes, nos dijeron que a partir de la fecha nosotros éramos ocupas, y nos iniciaron un juicio de desalojo. Ellos tendrían que haber ido a la quiebra a cobrar los meses de alquiler que todavía les adeudaba New Nort S.A., y como vieron que no iban a sacarle un mango, nos empezaron a cobrar a nosotros con la promesa de renovarnos el contrato”, explicó Fernández. Mario Romero, presidente de la cooperativa, agregó: “Si en julio de 2014, cuando arrancamos, nos hubieran dicho que no iban a alquilarnos más, la cooperativa hubiese tomado otro rumbo. Con toda esa plata que se destinó en alquiler podríamos habernos ido a otro lado”. En este momento, según explicó otro trabajador de la cooperativa, Gonzalo Ruiz, están clausurados ya que al no estar el alquiler a su nombre, tampoco lo está la habilitación.
La empresa New Nort S.A. había comenzado a despedir a los empleados más antiguos y a suspender el pago de salarios y los días previos al conflicto, los encargados de la firma se llevaron los aires acondicionados y otros elementos del lugar.
El aumento en los servicios es otro de los motivos que dificultan el funcionamiento de la cooperativa. Según expresó Daniel Fernández, pasaron de pagar 8000 pesos de luz a 42000: “Ese fue el primer sartenazo que nos pegaron. Y después hay que pensar que aumentó todo, la mercadería, el colectivo. Van cuatro meses y todavía no vemos un panorama que ayude al trabajador, y menos teniendo en cuenta los despidos que hubo en el sector público y privado. Los excedentes bajaron muchísimo, ya que todos esos aumentos son menos retiros que podemos hacer. Lo que queremos es abrir y trabajar. Que la cooperativa funcione”.
