Nov 22, 2018 | Comunidad, Novedades
Hace pocos días, por la plataforma digital change.org, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, publicó un escrito donde menciona el proyecto de traslado del Instituto Superior de Educación Física Nº 1 «Dr. Enrique Romero Brest» de su histórico edificio en Núñez al Parque Sarmiento. Autoridades del profesorado y estudiantes manifestaron su repudio y establecieron un plan de lucha para proteger su espacio.
Al recibir la noticia a través de este insólito medio, la rectoría del Romero Brest pidió dos reuniones con las autoridades del Gobierno de la Ciudad para discutir el tema. La segunda, que tuvo lugar en el Ministerio de Educación el pasado miércoles 14 de noviembre, contó con la presencia de once consejeros directivos pertenecientes a los cuatro claustros involucrados – estudiantes, graduados, docentes y no docentes – y el rector, Raúl Supital. Por parte del gobierno, estuvieron la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, y su jefe de Gabinete, Luis Bullrich, junto a un asesor de la Jefatura de Gabinete del Ejecutivo y un arquitecto. En dicho encuentro, la ministra explicó que existe un proyecto de cambio de Código de Planeamiento Urbano que incluye la enajenación de las tierras donde está ubicado el Romero Brest, así como también la salida del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), recientemente anunciada.
Pablo Caserío, profesor y consejero del claustro docente, dijo a ANCCOM que Acuña ‘‘se refirió al Romero Brest como una parcela’’ y agregó que, ante el pedido de explicaciones por parte del Consejo Directivo, ‘‘recalcó explícitamente que era una decisión del Ejecutivo que la excedía”. Las razones de esta movilización no parecen justificarse con una mejora del Instituto o una modificación estratégica para su beneficio. ‘‘Le pregunté específicamente a la ministra si había razones académicas y ella dijo que no. La razón tiene que ver con el cambio del Código de Planeamiento Urbano’’, explicó Caserío. Y concluyó: “No fue una reunión conciliadora, fue informativa”.
«Tirar instalaciones nuevas en un momento de la educación donde faltan edificios es pecaminoso. Consideramos que es un negocio inmobiliario”, dijo Gabriela Sacristán.
Si bien no se estipularon plazos puntuales para cada etapa del traslado, en la reunión se habló de momentos sucesivos. El primero implica la aprobación del cambio de Código. Luego iniciaría un proceso de otorgamiento de tierras y en paralelo se construiría el nuevo instituto en el Parque Sarmiento. Se estima que esto sucederá en un período de dos años. Luego de disculparse por la desprolijidad con la que la institución se había enterado de la decisión, Acuña avisó que se contactaría con la comunidad educativa cuando avanzara el proyecto para estipular las necesidades edilicias –como espacios deportivos, gimnasios y aulas- para las futuras instalaciones.
Docentes y autoridades del Romero Brest, por su parte, argumentan que se trata de una cuestión puramente económica que va de la mano de la toma de terrenos del CeNARD. ‘‘Creo que la verdadera batalla está en que no se reforme el Código y en que no se les permita hacer uso de esas tierras. Necesitan una aprobación especial de la Legislatura, porque es un pasaje de manos públicas a manos privadas’’, afirmó Caserío.
Que no haya reforma del Código de Planeamiento Urbano no significa una garantía para todos. “Quizás no se apruebe y nos quieran trasladar a otro lado”, dijo María Teresa López, una de las vicerrectoras del Instituto. Y continuó: “No quieren darle identidad a lo que se habla en todos lados, que quieren hacer un gran emprendimiento inmobiliario acá. No está escrito nada, pero se dice que están vaciando el Tiro Federal, el CeNARD y a nosotros”.
Si bien no hay nada confirmado con respecto a la venta del CeNARD o del Romero Brest, este lunes la Ciudad de Buenos Aires realizó la subasta del Tiro Federal Argentino, ubicado a pocas cuadras. “Acá van a hacer un movimiento inmobiliario muy interesante para ellos. No para nosotros”, dijo López a ANCCOM.
Con este panorama, se inició un plan de lucha que, en primer lugar, busca darle visibilidad a la problemática. Mercedes Semhan, vicerrectora del ISEF n°1, lleva adelante una convocatoria virtual en la plataforma change.org –la misma por la que trascendió la noticia del traslado– para juntar firmas en defensa del Instituto. En dicha publicación, Semhan menciona lo mucho que les costó obtener ese predio lindero al CeNARD y que ese sacrificio ‘‘no puede borrarse en base a otros intereses’’. La convocatoria ya posee más de 62.000 firmas.
‘‘Fue vergonzosa la forma en la que nos enteramos. Ese día no se hablaba de otra cosa en las aulas’’, afirmó Mariana, integrante de la conducción del Centro de Estudiantes.
La casa de estudios fue fundada en el año 1906 y fue la primera institución de Latinoamérica en otorgar título de Educación Física. A principios de los noventa todavía no contaba con un espacio propio. “Hasta 1994, 1999 hecho efectivo, estuvimos en un montón de lugares de prestado. Este es el primer predio nuestro. Fue cedido para Educación”, contó López sobre el terreno que perteneció al Club YPF. Con el objetivo de formar profesionales de la enseñanza y técnicos superiores del campo del deporte, el Romero Brest cuenta hoy con unos 2.000 alumnos.
Muchas de las construcciones que se hicieron en él todavía no llegan a los diez años. “Hay edificaciones nuevas que se entregaron en el 2014”, dijo Gabriela Sacristán, docente del Romero Brest. Y agregó: “Tirar instalaciones nuevas en un momento de la educación donde faltan edificios es pecaminoso. Consideramos que es un negocio inmobiliario”.
Según la docente, el traslado del Romero Brest es un ajuste “no sólo educativo, también sobre el espacio público”. El lugar de destino del Instituto sería el Parque Sarmiento, un predio de setenta hectáreas para actividades deportivas y recreativas que funciona en el barrio de Saavedra desde 1981.
Otros institutos de formación docente han manifestado su solidaridad, así como el Instituto Superior de Educación Física N° 2 Federico Dickens, también situado en Capital Federal. El reclamo también traspasó nuestras fronteras, ya que la rectoría recibió la adhesión por vía virtual del INEF de España, un referente mundial de las ciencias del deporte y la educación física.
“Hasta 1994, 1999 hecho efectivo, estuvimos en un montón de lugares de prestado. Este es el primer predio nuestro. Fue cedido para Educación”, contó María Teresa López
Por su parte, el estudiantado no es ajeno a los hechos. Tras la reunión en el Ministerio, el Centro de Estudiantes convocó a una asamblea en las que se debatió un plan de acción, y entre las posibilidades circula la idea de tomar el instituto por tiempo indeterminado.
‘‘Fue vergonzosa la forma en la que nos enteramos. Ese día no se hablaba de otra cosa en las aulas’’, afirmó Mariana, integrante de la conducción actual y única lista del Centro de Estudiantes. Es un hecho que, a raíz del proyecto UniCABA, aumentó significativamente la participación y la militancia estudiantil en el ISEF N°1, pero es difícil lograr un compromiso colectivo. ‘‘Cuesta interpelar e involucrar a los pibes. Somos futuros docentes, y tenemos que hacer llegar a esa idea a los estudiantes y al afuera’’. Con respecto a la asamblea del pasado jueves, que contó con un gran número de presentes, opinó que fue útil ‘‘para saber cómo estamos parados los estudiantes frente a esta situación y con qué fuerza contamos para llevar adelante una toma’’.
Sin embargo, el sector estudiantil de la institución presenta posturas divididas sobre los métodos de protesta. Hay grupos que no apoyan la toma debido a la consecuente pérdida de clases, que pone en riesgo la continuidad del año académico completo. ‘‘A los que trabajamos además de estudiar, nos mataría perder este año, se alarga muchísimo la carrera’’, explicó Tatiana, estudiante de primer año. Algunos aceptan la medida pero sólo en última instancia, y creen que sería apresurado tomar ahora el profesorado: ‘‘No creo que tenga sentido hacer la toma ahora. Yo estoy de acuerdo, pero si la hacés ahora perjudicás a los ingresantes del año que viene, a los que egresan, incluso a todos los trabajadores docentes y no docentes que están acá todos los días. Hay que pensar que afecta a todos’’, opinó Owen, estudiante de segundo año.
Mercedes Semhan dijo que les costó obtener ese predio lindero al CeNARD y que ese sacrificio ‘‘no puede borrarse en base a otros intereses’’.
Con el dictamen firmado el pasado viernes, se votará la UniCABA en el recinto el jueves 22 de noviembre. Dado que hay mayoría de representantes del oficialismo – 34 legisladores sobre un total de 60 – es factible que la iniciativa se apruebe. Para ese día se espera un paro docente que abarcará todos los niveles de enseñanza y los estudiantes del Romero Brest, junto con los otros 28 profesorados, se movilizarán a la Legislatura.
Nov 15, 2018 | Comunidad, Novedades
El 9 de noviembre se publicaron los resultados de la asignación de vacantes para el ciclo lectivo 2019, donde miles de niños y niñas quedaron expulsados del sistema de educación pública. En base a una proyección de los datos presentados oficialmente por el Gobierno porteño en los últimos años, se estima que son alrededor de 22.000 chicos quienes, principalmente en el nivel inicial, no tendrán su lugar asegurado en las aulas el año próximo.
La asignación se dio en un contexto de incertidumbre, donde el Gobierno de la Ciudad publicó los resultados y después eliminó esa información por varias horas, provocando la angustia de las familias expectantes. “A los que la plataforma nos decía que no teníamos vacantes nos dijo luego que esperemos, y lo mismo a los que ya la tenían asignada”, explica el periodista Werner Pertot, a quien el sistema le denegó el cupo para su hija.
El grupo multitudinario “Vacantes para tod@s en las escuelas públicas”, es un colectivo conformado por madres, padres y docentes damnificados por esta problemática que fue profundizada con la implementación de la modalidad de inscripción online en 2014. El mismo funciona como una red colaborativa entre familias donde se comparte información sobre el funcionamiento del sistema, formas de reclamo y asesoramiento legal. Patricia Pines, una de las fundadoras, denuncia la ausencia de presupuesto destinado a la construcción de nuevas escuelas: “El gobierno se ampara en la excusa presupuestaria, pero eso es refutable ya que destinan el doble de dinero a publicidad oficial. Por eso asistimos numerosas veces al Ministerio de Educación a denunciar que no se cumple la construcción de los 75 establecimientos prometidos, pero la respuesta es siempre `apagarnos el aire acondicionado` mientras reclamamos con nuestros hijos a upa en pleno diciembre. Nos cierran la puerta en la cara”.
Pines explica que, junto a la comunidad que tiene alrededor de 10.000 miembros, lograron iniciar casi 300 amparos individuales de los cuales el 95% resultó favorable: “Esto significa que las familias a las que el sistema no les asignó vacante, logran obtenerla luego de un tiempo”. Sin embargo, aclara que esto es sólo una solución a corto plazo ya que se trata de una minoría dentro de la multitud de niños y niñas que se quedan afuera y que deben buscar otras opciones: “Esta es una política de privatización de la educación pública. Los que son excluidos, si es que sus familias pueden, se terminan inscribiendo en escuelas privadas”. Como en el caso de Marina Guitelman, mamá de Juana, a quien le negaron la vacante por tercer año consecutivo: “Una vez más quedamos en lista de espera, esta vez en sala de 4 de un jardín que tenemos a dos cuadras. El año pasado presentamos un amparo judicial, pero tuvimos sentencia negativa, por eso tuvimos que inscribir a nuestra hija en un jardín privado que pagamos con esfuerzo y ayuda de nuestros familiares. El sistema está diseñado así, te empuja a contratar niñeras, o a pasar al sector privado”, comenta.
Cuando no existe la posibilidad de contratar un servicio de niñeras o de pagar una institución privada, para Micaela López Rodríguez, de la organización “La Vacante es un derecho”, la falta de vacantes implica un doble juego: “Incide sobre todas las familias, pero también entendemos que hay una mayoría de situaciones en donde es la mujer la que tiene que generar una estrategia de cuidado. No solamente recae sobre las mujeres trabajadoras, sino también sobre aquellas que se dedican al trabajo doméstico que, como todas, tienen derecho a tener tiempo para sí”. En la misma línea, Pines asegura: “Esta problemática atenta con la posibilidad de las mujeres de desarrollarse no sólo en el ámbito laboral, sino que hace incompatible la maternidad con cualquier proyecto de vida, porque si no hay jardines y no se puede pagar una niñera, ninguna madre tiene la posibilidad de hacer otras tareas».
“A los que la plataforma nos decía que no teníamos vacantes nos dijo luego que esperemos, y lo mismo a los que ya la tenían asignada”, explica el periodista Werner Pertot.
Este año la problemática afectó principalmente al nivel inicial, donde la falta de escuelas se combina con la política de cierre de jardines maternales y salas de lactarios. Tal es el caso de la Escuela Infantil 6 del Distrito Escolar 6, más conocido como el jardín del Hospital Ramos Mejía. Luisa Cendoya, quien encabeza la lucha contra el cierre de esta institución, promovido por el Ministerio de Educación, comenta: “Mi hijo hoy está en sala de lactarios y entiendo que será de la última camada. En las inscripciones la sala de lactarios no fue ofertada para 2019. Al publicarse los listados definitivos, nos dimos cuenta que el sistema dejó a muchas familias anotar a sus hijos en otras salas, pero que finalmente no figuran en lista de espera en ninguna institución. La conducción del establecimiento confirmó que son 1652 los niños y niñas afectados”.
El Gobierno intentó saldar la falta de cupos en el nivel inicial suplantando la construcción de escuelas por la creación de Centros de Primera Infancia, (CPI). “Son instituciones que dependen del Ministerio de Desarrollo Social, por lo tanto, las personas a cargo de los grupos no necesariamente tienen que tener título docente, y si lo tienen, no están contratadas bajo el convenio de docentes, ni los mismos derechos ni obligaciones, esto significa un gran retroceso pedagógico. En los últimos años han crecido exponencialmente, cuando el PRO empezó a gobernar la Ciudad, se estimaba que había 20 CPI, hoy son 120”, explica Pines.
Myriam Feldfeber, directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, puntualiza en relación a la proliferación de CPI: “El Estado es responsable de generar las condiciones para garantizar el derecho a la educación desde los 45 días de acuerdo con la Constitución de la Ciudad. Esto significa que existan vacantes para todas las familias y que la propuesta pedagógica se desarrolle en instituciones educativas. En este sentido, es cuestionable la política del gobierno que expande los CPI y no así la construcción de escuelas de nivel inicial”.
Nov 15, 2018 | Comunidad, Novedades
La aprobación del Presupuesto para el año 2019 en la Cámara de Senadores, en consonancia con los lineamientos impuestos por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), representa un nuevo golpe a las necesidades prioritarias de la sociedad. Uno de los ítems más afectados será, sin dudas, el sistema educativo.
Un informe elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE) indica que la participación de la educación en el presupuesto se reducirá de un 7,1 a un 5,5 por ciento en 2019 respecto a este año. En la misma línea, se puede observar que, si bien en términos nominales la partida presupuestaria duplica a la de 2016, teniendo en cuenta que en los tres años transcurridos los precios aumentaron un 125 por ciento, la disminución real es del 17 por ciento. Si se toma como parámetro el aumento de la comunidad educativa en el período 2016-2019, estipulada en 500 mil alumnos, el ajuste presupuestario representa un 20 por ciento de disminución en la inversión por cada estudiante.
“La sanción del Presupuesto para el año que viene es de alguna forma ponerle la firma a la dependencia respecto al FMI, mientras que el ajuste es parte de un proyecto político que tiene como objetivo el desmantelamiento de la educación pública”, asegura la Doctora en Educación Graciela Morgade. La decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA agrega que la reducción presupuestaria no solo afecta al crecimiento y la renovación de las instituciones educativas, sino también al cuidado de los edificios. ”En la localidad de Moreno, la mayoría de las escuelas no tienen clases hace tres meses. Esto demuestra que la desinversión afecta tanto el desarrollo de nuevos institutos como el mantenimiento de los que ya existen”, explica.
En la distribución, el 61 por ciento de la partida presupuestaria está destinado a las facultades, mientras que el 39 restante se divide en Cultura, Becas, Ciencia y Tecnología, Fondo de Incentivo Docente y programas afines. El ámbito académico es el más “beneficiado” por el presupuesto, aunque teniendo en cuenta el notorio ajuste, el porcentaje lejos está de satisfacer las necesidades. “Las universidades se ven en algún punto favorecidas por la buena relación entre algunos rectores y el Gobierno, aunque la distribución no es homogénea y no todas gozan de los mismos beneficios”, subraya Morgade, quien entiende que las instituciones “jóvenes” sufren más los problemas estructurales en comparación con las casas de estudio tradicionales.
En diálogo con ANCCOM, Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), sostiene que “el presupuesto solo sirve para los sueldos de los docentes y el mínimo funcionamiento de la universidad. Nosotros tenemos edificios nuevos, los servicios tienen un incremento cada vez mayor y no están subvencionados”. La situación de la UNDAV muestra la incidencia del ajuste en instituciones de estudio superior creadas durante la última década. “Si a esto le sumamos las necesidades eventuales que puedan surgir y los sueldos de los no docentes, llegaríamos a fin del año que viene con lo justo, sin contemplar gastos en construcción, desarrollo ni crecimiento” asegura Calzoni.
Respecto a la infraestructura y el equipamiento, el documento de la UNIPE muestra una reducción presupuestaria del 75 por ciento en 2019 en comparación con el 2018. El importe estipulado para el año próximo es de $ 2.600 millones, mientras que este año fue de $9.200. El crecimiento en el presupuesto para este sector entre 2017 y 2018 está fundamentado en la implementación de varios proyectos de arquitectura y construcción financiados por organismos internacionales. No obstante, hasta octubre solo se había ejecutado un 27 por ciento del importe total.
Uno de los sectores más afectados dentro del sistema educativo es la rama de Ciencia y Tecnología. El informe estipula que, teniendo en cuenta la creciente inflación desde el año 2016, la partida presupuestaria destinada al sector supondría una disminución del 14 por ciento en valores reales. “La desinversión en organismos como el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) o el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), entre otros, supone una pérdida de autonomía científica que también impacta directamente en el sector universitario”, afirma Morgade.
Desde la década del ’90, el presupuesto de la educación no universitaria es diagramado y ejecutado por cada provincia de forma autónoma. No obstante, hay instituciones de estudio superior que tienen bajo su órbita a colegios secundarios, tal es el caso de la UNDAV. “Hay gastos que el Estado no contempla, nosotros tenemos una escuela técnica a jornada completa con comedor, también hay que pagar servicios y trabajo no docente. Esto nos obliga a eliminar proyectos para abrir nuevas carreras y nos impide incorporar nuevos docentes especializados, además de estancarnos en investigaciones y construcciones edilicias”, explica el rector de la institución.
Ante el desfasaje entre la inversión y el aumento desmesurado de los precios desde que la gestión actual gobierna el país, es trascendental un crecimiento exponencial en el presupuesto para equilibrar la balanza. Como especifica el informe, sería necesario un aumento presupuestario del 23 por ciento anual a nivel general, con partidas adicionales para sectores especialmente afectados como la franja etaria comprendida entre los 18 y los 29 años, y provincias particularmente carenciadas en este aspecto como Buenos Aires (Conurbano), Neuquén, Tucumán y Mendoza. Aunque el panorama para los próximos meses no parece ser auspicioso.
“El proyecto de Cambiemos tiene como fin el desfinanciamiento de todo lo público, de esa forma cada vez habrá más paros, por ende más excusas para la criminalización y la posterior privatización en pos de la “eficiencia”, concluye Morgade. La frase deja en evidencia que la educación está cada vez más lejos de ser un derecho y más cerca de ser un privilegio.
Oct 25, 2018 | Comunidad, Novedades
Con la caída del presupuesto de la educación pública como eje y la fuerte preocupación que eso despierta, el 3º Congreso Metropolitano de Cooperadoras Escolares tuvo lugar en la sede de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Delegados, delegadas y representantes de distintas cooperadoras escolares de CABA se reunieron, el sábado 20, con la intención de debatir acerca del horizonte negro que ya no es que se avecine sino que oscurece el día a día en los niveles inicial, primario y secundario.
La Defensoría es el organismo estatal que mejor acogió a las cooperadoras. Junto a la mesa de entrada, un banner que abarca casi todo el ancho de la sala, promete con letras claras y blancas: “Defendemos Derechos”. En la gigantografía también se pueden leer las palabras “inclusión”, “accesibilidad”, “dignidad”, y “espacio público”, entre otras. Al fondo del salón, los 15 delegados y delegadas que conforman el Cuerpo de Cooperadoras de escuelas públicas de la Ciudad se sientan en ronda, intentan encontrarle la vuelta al primer eje propuesto: la participación.
Delegados, delegadas y representantes de distintas cooperadoras escolares de CABA se reunieron el sábado 20 en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Salvando las particularidades, el nexo compartido es el desafío que implica para las cooperadoras lograr que las familias se involucren con ellas. Además, es frecuente la falta de apoyo de las respectivas Direcciones. La preocupación se profundiza teniendo en cuenta la escasez de recursos que reciben por parte del Gobierno: “Del año pasado a este, el presupuesto destinado a la educación pública estatal ha sido mucho más bajo. Para nosotros, cada vez es más difícil afrontar los gastos. Eso conduce a que las escuelas dependan más de las familias para el sostenimiento de las actividades escolares”, explica Ana Flores, delegada de Cooperadoras Escolares y madre de egresadas de Comuna 15.
Al llegar el mediodía, se suman al encuentro más invitados e invitadas, representantes de cooperadoras e instituciones educativas estatales del Área Metropolitana. Sin embargo, algunos se ausentan. A pesar de haber sido invitada, los integrantes del Ministerio de Educación no asisten al Congreso. “No vienen porque saben que se les está reclamando que están cerrando escuelas, que el FUDE (Fondo Único Descentralizado de Educación) no alcanza, y que se está sub-ejecutando el presupuesto de Educación de la Ciudad”, sostiene Camilo Fernández, miembro de la cooperadora de la Escuela Nº 3 – DE 7 “Primera Junta”, y padre de uno de sus alumnos.
«No vienen porque saben que se les está reclamando que están cerrando escuelas, que el FUDE no alcanza, y que se está sub-ejecutando el presupuesto de Educación de la Ciudad”, dijo Camilo Fernández.
Las Cooperadoras de las escuelas estatales de la Ciudad recaudan fondos mediante los fondos propios, es decir, los aportes que realizan las familias de alumnos a través de las cuotas sociales junto con los que ellas mismas generan a través de distintas actividades, como fiestas y eventos para la comunidad; y el FUDE. Este subsidio se aprobó en el 2009 para los establecimientos de gestión estatal de todos los niveles de CABA mediante la Ley 3372. El FUDE del 2018 para escuelas primarias fue de 80 pesos por alumno anual. Para el año que viene será aún menor.
El monto para cada año se determina teniendo en cuenta distintos factores, entre los cuales se encuentran: la cantidad de alumnos y alumnas matriculados, las características edilicias, y los materiales destinados a las actividades didácticas. “El FUDE es cada vez menor a nivel inflacionario. El de este año fue igual al anterior. A misma plata, distinta realidad económica, distinto poder adquisitivo. Obviamente podemos cubrir mucho menos” explica Gustavo Alonso, presidente de la Cooperadora de la escuela Julio Cortázar desde hace siete años, ahora casi en retirada. “Dentro del cálculo del año que viene se consideró el estado de los edificios. Como desde el Ministerio consideran que el problema fue arreglado y ya no hay emergencia edilicia, dicen que se necesita menos plata.” agrega Camilo.
Los requisitos principales para integrar una cooperadora son dos: tener un hijo o hija en una escuela pública y pagar la cuota social correspondiente. Estos colectivos se encargan de conseguir “a pulmón” los recursos que no les brinda el Estado “buscando precios, intentando cubrir las necesidades básicas con el menor precio posible. Hay muchas cooperadoras que se juntan y hacen compras comunitarias para buscar el mango y cuidarlo”, explica Gustavo.
“El FUDE es cada vez menor a nivel inflacionario. El de este año fue igual al anterior. A misma plata, distinta realidad económica, distinto poder adquisitivo. Obviamente podemos cubrir mucho menos”, dijo Gustavo Alonso.
Las escuelas que no tienen conformada una asociación cooperadora, no están habilitadas a recibir el FUDE. “Eso hace que entren en desigualdad de oportunidades. Es una de las cosas por las que estamos trabajando, que haya un movimiento de cooperadores”, dice Ana. Las cooperadoras se presentan a sí mismas como mediadoras entre el Ministerio, los equipos directivos, y las familias. “Como comunidad podemos decir y hacer cosas que la dirección no puede por una cuestión jerárquica o porque pone en riesgo su trabajo. Nosotros sí podemos reclamar, podemos llevar acciones directas. Tenemos la fuerza de hacer visible un conflicto”.
De este modo, uno de los principales objetivos para el Cuerpo de Delegados de Cooperadoras Escolares de CABA para el 2019 es sumar participantes a esta red, para continuar debatiendo sobre las principales necesidades en los niveles inicial, primario y secundario. Como cooperadores o simplemente a través de un mayor involucramiento por parte de padres y madres, lo importante es aumentar la participación. “Lo que nos interesa es que los padres se empoderen y realmente valoricen que es un derecho de todos el poder participar. No tenemos que pedirlo. Es nuestro, está, y está bueno ocuparlo”, dice Ana.
“Del año pasado a este, el presupuesto destinado a la educación pública estatal ha sido mucho más bajo. Para nosotros, cada vez es más difícil afrontar los gastos”, dijo Ana Flores.
Oct 10, 2018 | Comunidad, Novedades
Dos meses pasaron de aquel trágico 2 de agosto, cuando la Escuela N°49 de Moreno, ubicada en el barrio San Carlos, explotó por una fuga de gas, dejando dos víctimas fatales: el portero Rubén Rodríguez y la vicedirectora Sandra Calamano. Hoy, sus compañeros de trabajo los recuerdan, sin dejar de construir una escuela sin paredes y sin techo.
Un día “normal” en ese establecimiento es muy distinto a lo que ocurre en las pocas
escuelas que tienen actividad en Moreno y a lo que sucedía antes de la explosión. A las 9 de la mañana comienzan a llegar los maestros, padres y alumnos. En filas comienzan a sacar bancos y sillas sobre sus cabezas y las llevan al predio que está junto a la institución, se acomodan en ronda y se preparan para que las “seños” pasen lista y comience así un nuevo día de clases al aire libre.
“Este terreno, en el cual estamos dando clases hoy, lo alambramos con Sandra gracias a una donación, para que los animales de los vecinos no pasen, porque es bien sabido que acá son moneda corriente los gansos y las gallinas. Antes, usábamos el predio para hacer fiestas como la del Día del Niño. Ahora no nos queda otra que dar clases de esta manera, no podemos detener las actividades por más que no tengamos edificio y eso es algo que no todo el mundo sabe”, cuenta Marcela Corvalán, maestra de sexto grado.
Desde ese predio, se escuchan los ruidos de las máquinas que trabajan puertas adentro
de la escuela. “Sólo la cocina va a llevar gas en la nueva obra. Reconstruyeron el lugar de la explosión, respetando el plano original de la escuela. Todo el mobiliario es nuevo, desde sillas hasta pizarrones. Además se hizo instalación nueva de luz mucho más moderna, tenemos hasta aire acondicionado en las aula”, asegura Marcela, que,
paseando por la vereda de la 49 alcanza a ver el nuevo color de la fachada.
«No podemos detener las actividades por más que no tengamos edificio y eso es algo que no todo el mundo sabe”, cuenta Marcela Corvalán, maestra de sexto grado.
Hasta ahora, 189 escuelas de Moreno siguen sin poder dar clases por distintos
problemas de infraestructura, según informaron desde la seccional local de SUTEBA.
No sólo los compañeros de Rubén y Sandra se preguntan cuándo va a llegar el día de
volver a las aulas con los chicos y cómo va a ser volver a cruzar esa puerta. Ingrid Machado, mamá de una estudiante de quinto grado, cuenta: “Traigo a mi hija todos los miércoles y viernes a las actividades con mucho esfuerzo, si trabajo me tengo que turnar con algún familiar para que ella no pierda las clases. Es duro para los chicos porque extrañan a sus compañeros, los días de lluvia se suspenden las actividades y solo vienen al mediodía al comedor”.
Durante las actividades, los chicos estudian y los padres se amontonan de a grupos con
los termos bajo el brazo, charlan, juntan y reparten a cada familia las donaciones de
alimentos. “Los padres están muy presentes y eso es muy valioso para nosotros, el
abrazo y el aliento que nos dan nos hace saber que vamos por el camino correcto, porque lo que reclamamos no es para los docentes, es para sus hijos”, reflexiona Marcela mientras junta las hojas que los chicos le alcanzan.
A las 9 de la mañana los maestros, padres y alumnos, sacan bancos y sillas y las llevan al predio que está junto a la institución. Las “seños” pasan lista y comienza así un nuevo día de clases al aire libre.
“Los miércoles y viernes por acuerdo de los maestros hacemos la continuidad
pedagógica y una vez que terminamos les acercamos la vianda que manda el Gobierno
de la Provincia más lo que cocinan algunas mamás que se van turnando y viven cerca de
la escuela. Seguimos investigando si los alumnos necesitan apoyo psicológico, nos
involucramos si dejan de venir a retirar sus tareas, les tomamos asistencia y notamos que rotan, algunos vienen siempre y otros no”, agrega la docente.
Todos los maestros caminan entre los círculos de alumnos vistiendo guardapolvo y un
pañuelo blanco con la foto de Sandra y Rubén, los recuerdan con palabras y con actos.
Entre las ideas conmemorativas tienen planeada elaborar una obra de arte a cargo de los
alumnos. Por otro lado, Brian Paredes, bibliotecario del establecimiento, cuenta que
“está lista el acta para pedir que el nombre de la Biblioteca recuerde a Sandra y Rubén.
Tengo relación con ellos desde 2011 y éramos como familia. Es difícil explicar que una persona que veías todos los días, compartías el mate, se preocupaba por vos, ya no está. Dejó la vida en su trabajo, que es nuestra casa”.
Los alumnos reciben asistencia pedagógica, se les acerca las viandas que brinda el Gobierno de la provincia y lo que cocinan las mamás que viven cerca.
“La mayoría de los docentes de esta escuela estamos haciendo terapia, algunos lo asimilaron mejor que otros, pero a todos nos cuesta de una manera diferente, nos damos apoyo mutuamente. Estamos esperando el retorno a clase, pero tenemos en cuenta que tenemos que entrar de a poco, es un golpe de realidad al que nos tenemos que enfrentar”, dice, por su parte, Marcela, quien admite sentir dolores de panza todos los días antes de ir a trabajar.
A dos meses de la explosión de la Escuela N°49, el posterior secuestro y tortura de Corina de Bonis, docente del CEC 801, sumado al incendio de la secundaria N°36 no hicieron más que recalcar la crisis educativa que se vive hoy en Moreno, que a pesar de todo encuentra una comunidad educativa luchando por continuar las clases.
