Jul 4, 2019 | DDHH, Novedades
Guasta fue visto en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio de Campo de Mayo por María Rosa Reinoso.
Se inició el tramo llamado Área 400 de la Megacausa Campo de Mayo, que busca indagar los secuestros y desapariciones de obreros en la zona fabril de Zárate y Campana. En la última audiencia, llevada a cabo el miércoles último, declararon los familiares del desaparecido Eugenio Antonio Guasta y una testigo que vio la escena del secuestro.
“Mis papás tenían, además del trabajo, un negocio de reparto de galletitas. Un día, cuando volvían de distribuirlas, dos autos estacionaron en la vereda y bajaron cuatro personas vestidas de civil. Uno se identificó como policía federal y dijo que había una denuncia contra mi papá por venta de droga entre las galletitas”, rememoró Leandro Javier Guasta, el hijo menor de la familia. A partir de ese momento, un 23 de noviembre de 1976, nunca más vieron a su padre. “Nos dijeron que se lo llevaban a la comisaría, pero no lo encontramos ahí”, agregó.
Todas las declaraciones de la audiencia recrearon la misma situación: el secuestro de Eugenio Antonio Guasta, desde distintas ópticas y puntos de vista. Los dos hijos que vieron a su padre subir al auto e irse detenido; la mujer que volvía de trabajar con él y lo fue a buscar a la comisaría, y una vecina que jugaba en la vereda, frente a la casa de los Guasta y presenció la detención. “Hace diez años me llamaron para ayudar a crear La Casa de la Memoria y me dieron información sobre mi padre”, siguió Leandro, relatando el recorrido que hizo con su familia para encontrar más datos sobre Eugenio. “En esa reunión me contaron que había una persona que sabía cómo había muerto mi papá. Se llamaba María Rosa Reinoso y había compartido cautiverio con él”, detalló.
Si bien Leandro no conoció a María Rosa Reinoso, sí lo hizo su vecina, Marisol Burroni. Fue ella la que descubrió que habían estado en el mismo centro clandestino. “La conocía por intermedio de mi esposo y me contó que había estado secuestrada”, relató ella en su extensa declaración. Cuando le comentó que iba a presentarse a testificar por la desaparición de Guasta, Reinoso le dijo que había estado con él. “Me contó que habían estado en la casa de los Guerci, un palacete medio victoriano en una barranca de Zárate”, precisó. El caserón funcionaba como centro clandestino de detención y los secuestrados se comunicaban por sus nombres, aunque llevaban vendas en los ojos casi todo el tiempo y no se podían mirar a los ojos. “Sabía que los secuestradores eran militares porque por debajo de la venda podía ver la botas”, recordó.
“Sabía que los secuestradores eran militares porque por debajo de la venda podía ver la botas”, recordó Reinoso.
Marisol Burroni, que tenía seis años en 1976, vivía frente a la casa de los Guasta y estaba jugando en la vereda con una amiga cuando presenció el operativo. “Mi papá me llevó adentro cuando vio todo, pero yo salí por el balcón y vi a los chicos llorando”, contó. A pesar de que no entendía qué estaba pasando, ver a sus vecinos, casi de la misma edad, tan angustiados, le llamó la atención. Su padre cruzó la calle y asistió inmediatamente a la mujer de Eugenio Guasta. “Yo no sabía manejar y el señor Burroni me llevó a la comisaría con la camioneta que usábamos para repartir galletitas”, agregó a la historia María del Carmen Favaro, esposa de Eugenio. “Recorrimos varias, pero en todas nos decían lo mismo, que no estaba ahí”, rememoró.
La mañana anterior del secuestro, llamaron a la puerta militares del Ejército. “Venían a hacer un allanamiento”, contó Favaro. No se llevaron nada, aunque revisaron algunas partes de la casa, e incluso preguntaron por una máquina de escribir. “No me pareció raro porque en ese momento era común que entraran a las casas. Lo hacían por manzanas”, relató. No llegó a decirle esto a su marido porque a la tarde, cuando volvían del trabajo, se lo llevaron a él. Una semana después aparecieron de nuevo, pero esta vez no se quedaron mucho. “Me dio la impresión de que venían a corroborar que faltaba alguien en la casa”, teorizó.
La familia presentó numerosos habeas corpus y hasta contactó al párroco de Garín, tío por parte de madre de Eugenio Guasta, para obtener información. “El clérigo se comunicó con el obispo de Campana y en un principio parecía que estaba en el Área 400, pero después lo negaron”, relató Juan Carlos Guasta, hermano de la víctima.. Ante las preguntas sobre la actividad política o militancia de Eugenio, las respuestas variaban mucho. Su hijo menor recordó que fue parte del Partido Intransigente y su mujer agregó que se presentó en una elección cuando eran joven. Sin embargo, su hermano y su hija mayor no recordaban la vida política de su familiar.
Todas las declaraciones contaban los mismos hechos, con dudas, lagunas mentales, recuerdos borrosos o muy claros, típico de un suceso que ocurrió hace cuarenta y tres años. A pesar de las preguntas de los abogados defensores, que buscaban constantemente desligar a los secuestradores de Eugenio Guasta de los militares que defienden, los testimonios siguieron sin contradecirse y firmes en la convicción de armar el rompecabezas que les trajera memoria, verdad y justicia.
Jun 21, 2019 | DDHH, Novedades
En la audiencia, se indagó sobre el secuestro de Héctor Ratto, empleado de la fábrica y sobreviviente de Campo de Mayo.
“Acá se juzgan genocidas”, dice una pintada sobre el pavimento en la entrada del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín donde se realiza el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo. En la última jornada del tramo Mercedes Benz –la próxima semana comenzará a indagarse en otra parte de la causa– prestaron testimonio Ramón Germán Segovia, José Alberto Anta, Héctor José Leiss y Aldo René Segault, todos antiguos trabajadores de la automotriz alemana.
Fiscalía y querellas buscaron reconstruir puntualmente las circunstancias del secuestro de Héctor Aníbal Ratto, empleado de la fábrica y sobreviviente de Campo de Mayo, quien estaba citado para declarar en la audiencia pero avisó que, por razones de salud, recién podrá hacerlo a partir de julio.
De acuerdo al relato de sus compañeros, el 12 de agosto de 1977, alrededor de las 16, Ratto fue convocado a las oficinas del gerente de Producción, Juan Ronaldo Tasselkraut. “Le dijeron que lo llamaba la esposa por teléfono, algo un poco difícil porque en esa época comunicarse con Mercedes-Benz era imposible. Así que otro compañero se acercó a la portería para ver qué ocurría. A metros de la vigilancia se encontró con unos vehículos militares y patrulleros de la Policía. Entonces volvió y contó lo que pasaba para que no saliera, porque lo iban a llevar detenido”, precisó Segault.
La noticia circuló rápido en la planta de González Catán y todos los compañeros –que sabían que lo podían desaparecer– intentaron resistir. Frente a esto, la empresa intervino y se realizó una negociación en el despacho de Tasselkraut. “Lo que informaban los delegados [de SMATA] que salían de allí era que Tasselkraut le pedía a Ratto que se entregara y los compañeros que estaban con él pedían garantías. No sé con qué promesa o negociación, pero a Héctor Ratto se lo llevaron”, narró Segovia. “En esa oficina se firmó un acta donde se aclaraba cuál era el motivo de detención”, subrayó Segault. El documento, aseguró, fue ocultado por la compañía hasta 1985, cuando apareció publicado en el diario Clarín un día antes de que él declarara en el Juicio a las Juntas. “Averiguación de antecedentes”, era el motivo de detención.
Ratto fue liberado luego de 19 días en cautiverio. Contó a algunos de sus compañeros que lo habían llevado a Campo de Mayo. Su deterioro físico por los tormentos padecidos era evidente. “Me dijo que había quedado sordo de un oído por la picana o algo de eso que le habían hecho”, recordó José Anta. “Tenía una pierna y un brazo que no podía mover correctamente”, añadió a su turno Segault.
«Hasta el golpe militar no había la presencia de policías y de militares en la caseta de la entrada», declararon los testigos.
Las partes acusadoras también apuntaron sus preguntas para que los testigos puedan describir el ambiente de trabajo en la fábrica. “Compañeros con más antigüedad decían que hasta después del golpe militar no había la presencia de policías y de personal del Ejército en la caseta de la entrada. Nos bajaban del colectivo algunas veces y nos revisaban, nos pedían las credenciales. Intimidaban a los trabajadores, era continuo eso”, rememoró Héctor Leiss. “Yo nunca me topé con un infiltrado de las fuerzas –declaró Ramón Segovia–, pero nos cuidábamos. Era vox populi que había algunos entre los operarios. Una sola vez hubo un episodio de alguien que ingresaba en el turno noche, un hombre de treinta años, nuevo, no lo conocía nadie, pero trabajaba. Y se le cayó una pistola, aparentemente militar. Se puso muy nervioso. El comentario de esa noche era cómo había podido pasar la vigilancia. No vino más”.
Si bien al único que sacaron detenido de la fábrica fue a Ratto, hubo más empleados desaparecidos y sobre varios de ellos –Alberto Gigena y Fernando Del Conte, entre otros– indagó la Fiscalía. Mercedes Benz cooperó con los represores facilitándoles los legajos de los trabajadores que serían secuestrados, con sus domicilios incluidos. “Ellos tenían todos nuestros datos”, afirmó Segovia, quien al igual que los restantes testigos aseguró que no conocía la dirección de sus compañeros secuestrados.
Con casi nulas intervenciones de la Defensa de los 22 imputados –todos ex militares y policías y ningún directivo de la empresa–, la audiencia concluyó cerca del mediodía y con ella el tramo conocido como Mercedes Benz. En la próxima comenzarán las declaraciones testimoniales correspondientes a la causa N° 468, que abarca a víctimas de la zona Zárate-Campana que estuvieron detenidas-desaparecidas en Campo de Mayo.
Las audiencias se realizan todos los miércoles a las 9.30 en Pueyrredón 3728, San Martín, provincia de Buenos Aires. Los mayores de 18 años pueden presenciar el juicio presentando el DNI.
Jun 14, 2019 | DDHH, Novedades
Javier Matías había sido secuestrado junto a su madre en las cercanías de la ESMA en diciembre de 1977.
La noticia se hizo esperar. El pasado lunes, las Abuelas anunciaron desde su cuenta oficial de Twitter una nueva restitución, la número 130. Pero no se daría a conocer al nieto sino hasta la conferencia de prensa, pautada para las trece horas de este jueves. Y si tres días de incertidumbre parecieron ser muchos para nosotros, cómo imaginar la espera de Roberto Mijalchuk, que aguardó durante cuarenta años un llamado telefónico que finalmente llegó en 2016.
La historia del nieto 130 está signada por la matemática, la búsqueda, los teléfonos y los abrazos. Javier Matías Darroux Mijalchuk siempre supo que sus padres eran desaparecidos, pero no tenía interés en comprobarlo. Él estaba conforme con su vida. Tardó treinta años en comprender su egoísmo, según mencionó en la conferencia, porque su identidad no sólo es importante para él, sino también para la familia que lo busca, que no sabe si está vivo, que sueña todos los días con abrazarlo y que, en este caso, estaba representada por su tío Roberto, siempre esperando al otro lado de la línea telefónica.
Roberto Mijalchuk es hermano de Elena Mijalchuk, la madre de Javier Matías, quien desapareció con su hijo, al igual que su marido Juan Manuel Darroux, en diciembre de 1977. «Yo mismo la llevé al lugar de la desaparición, en la calle La Pampa entre Lugones y Figueroa Alcorta», confesó luego Roberto a ANCCOM. Juan Manuel, su cuñado, había desaparecido días antes y a ella le había llegado una carta con la firma de su esposo diciendo que vaya a esa dirección. Desde entonces, con 19 años, Roberto busca a su hermana, quien además de tener a Javier Matías en los brazos, estaba embarazada de dos meses. Las esperanzas de encontrarla tanto a ella como a su cuñado fueron desapareciendo con el tiempo, explicó durante su intervención en la conferencia. Pero no así las de recuperar a Javier Matías. Es por ello que conservó siempre la misma línea telefónica. “La tenía mi hermana, la tenía mi cuñado y si mi sobrino estaba vivo seguramente se la habrían pasado”.
El nieto 130, Javier Matías, estuvo acompañado en la conferencia de prensa por sus dos tíos.
En octubre del 2016 la sede de Abuelas de Córdoba citó a Javier Matías para darle la noticia que ya todo su entorno imaginaba. Con un 99,9% de compatibilidad genética, era hijo de desaparecidos. Siempre intuyó, por irregularidades en la información de su nacimiento, que sus padres habían sido secuestrados en la dictadura. Tenía noción de que una señora lo había encontrado a tres cuadras de donde, se supo después, Roberto había dejado a Elena aquella tarde de diciembre de 1977. “Imaginate qué tuvieron que hacerle para que abandone a su hijo”, reflexiona Roberto con ANCCOM. “Para mí la información siempre implicó más dolor», termina. Desde entonces, una familia adoptó a su sobrino, lo crió y hasta lo acompañó este jueves en la conferencia.
En cuanto las Abuelas le comunicaron la noticia a Javier Matías, le dieron el número de su tío, que vivía en Caseros. A Roberto también le dieron el número de Javier Matías, pero le advirtieron que no era él quien debía llamar. Siempre se respetan los tiempos del nieto y se espera a que sea él quien inicie la comunicación. No fue este el caso. Javier Matías no se animaba y Roberto violó la regla. Marcó y llamó. «¿Hola, Javier?» Pero quien atendió no fue Javier Matías, sino Vanina Fasulo, su compañera.
Vanina y Javier Matías se conocieron cuando ella tenía 21 años y él 23 en la Facultad de Filosofía de Córdoba y desde entonces están juntos. Ella fue una de las primeras personas en insistirle que debía hacerse el examen de identidad. «Era una posibilidad y conocer los orígenes siempre está bueno. Encontrar la verdad es sanador», expresa a ANCCOM. Explica después por qué, si la restitución se produjo en 2016, recién ahora se hace público el caso: «La investigación sobre los padres está estancada, no hay datos. Es una cuestión de respeto». Justamente decidieron hacer la conferencia para difundir la situación, con la esperanza de que sirva para encontrar datos y compañeros de Elena y Juan Manuel, que puedan aportar anécdotas, vivencias, experiencias, «armar el rompecabezas», define Javier Matías casi al término de su exposición. Para Roberto, que está sentado a su lado y tomado fuerte de su mano, es un día de alegría, pero también de duelo. “Todavía tengo una hermana y un sobrino que, hasta donde pude llegar a averiguar, fue adormecida y tirada en un vuelo de la muerte en el Río Paraná, con el hermano de Javier en su vientre”., dijo. Javier Matías lo sabe muy bien, lo charlaron previamente y por ello expresa “la alegría es siempre parcial, porque el hecho de encontrarme a mí significa que nunca va a volver a ver a su hermana». Y sigue: «La restitución de mi identidad es, para mí, un homenaje a mis padres, una caricia en el alma, un símbolo de memoria, verdad y justicia. Es un abrazo con mi tío después de 41 años. Sí. Abuelas son abrazos». Abrazos que hoy ya suman 130. Cada uno significa una familia reencontrada, una identidad restituida, y una exhortación a no negociar la memoria, la verdad y la justicia.
Vanina Fasulo, la pareja de Javier Matías, fue quien lo impulsó a realizarse los análisis genéticos.
Tras el llamado de aquel octubre de 2016, Javier Matías y Roberto quedaron en encontrarse al siguiente viernes. “¿Sos vos Javi?” Fueron las únicas palabras que resonaron antes del abrazo que repetirían una y otra vez durante la conferencia. “Roberto nunca bajó los brazos”, mencionaba Javier Matías. A su lado, Roberto, como ilustrando lo que su sobrino acababa de expresar, tenía los brazos levantados, bien en alto aunque temblando, con las fotos de su hermana y su cuñado. Al mismo tiempo lloraba. Pero no era el único. Toda la sala también lo hacía. Y lo volvió a hacer cuando Roberto tomó la palabra. Todos menos Estela de Carlotto que, emocionada, sentada al lado de Javier Matías, sonreía.
Cuando no está tomando mates con su familia, Roberto enseña matemática en la universidad. Durante sus clases le explica a sus alumnos cómo calcular las variables X y Z. No obstante, lo que no todos saben, es que entre la X y la Z hay una Y. «Un desaparecido es un muerto que vuelve todos los días. No es alguien que, como dijo Videla, no está. No es ni X ni Z. Es la letra Y. Y Matías es la letra Y. Mati no era una incógnita. Era una incógnita en dónde lo abandonaron y qué hicieron con él». Pero ni en las matemáticas existe algo que las Abuelas no puedan. Tras varios años, despejaron la X, descartaron la Z y Matías apareció en la vida de Roberto. Para ya no irse nunca. Nunca más.
Roberto, el tío de de Javier, muestra las fotos de su hermana Elena Mijalchuk y su cuñado, Juan Manuel Darroux, aún desaparecidos.
Jun 12, 2019 | DDHH, Novedades
El Campito fue el centro clandestino más letal de la última dictadura.
La bandera argentina flamea en lo alto del mástil. Los plátanos, con sus hojas anaranjadas por el otoño, flanquean la larguísima Avenida Ideoate, poblada a uno y otro lado de edificios castrenses. Ubicado en el partido de San Miguel, a 30 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Campo de Mayo abarca cinco mil hectáreas de terreno abierto. Aquí funcionaron, entre 1975 y 1983, cuatro centros clandestinos de detención, tortura y exterminio: El Campito, La Casita, la Cárcel y el Hospital Militar, en cuya maternidad clandestina dieron a luz unas 30 desaparecidas y sus hijos fueron robados. Algunos han recuperado su identidad pero la mayoría –hoy mujeres y hombres de cerca de 40 años– continúan siendo buscados por sus familias biológicas a través de Abuelas de Plaza de Mayo.
El Campito fue el centro clandestino más letal de la última dictadura. Sus estructuras lindaban con un pequeño aeropuerto de donde despegaban los “vuelos de la muerte”. Entre las miles de víctimas que pasaron por allí se cuentan sindicalistas ferroviarios, miembros de las comisiones internas de Ford y Mercedes Benz, dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) como Mario Santucho, de Montoneros como Miguel Lizaso y el escritor Héctor Oesterheld. Varios de estos casos forman parte del juicio oral y público por la megacausa Campo de Mayo. Sólo sobrevivieron 43 personas.
No es un día común en la base. La rutina de los militares se ve interrumpida por un grupito de civiles se agrupa bajo la luz de un radiante mediodía en las puertas del Polígono de Tiro, a unos 500 metros de lo que fue El Campito. Dos soldados, parados como estacas, miran de reojo a la gente reunida: sobrevivientes y familiares de las víctimas que quieren homenajear a sus seres queridos y un contingente de chicos de la Escuela Técnica Nº 2 de José C. Paz que se sumó a la visita.
Oscar Comba, sobreviviente del Campito. recordó sus días en el lugar ante la atenta mirada de un grupo de estudiantes secundarios.
Griselda Fernández es sobreviviente de El Campito. Vive en Uruguay. Nunca había vuelto a entrar a Campo de Mayo, donde también perdió a José, su compañero de vida. “Estoy movilizada y no puedo evitar pensar: ¿Por qué puerta habré entrado? O, ¿dónde me habrán hecho dormir?”, dice. A unos metros, Iris Pereyra de Avellaneda contempla el sitio donde estuvo desaparecida 15 días. La secuestraron junto a su hijo, Floreal “El Negrito” Avellaneda, de 14 años, que fue torturado y asesinado. “El lugar es tétrico, frío y horrible pero sirve para rememorar y homenajear a quienes ya no están. Son muchos años de lucha, nos costaron lágrimas de sangre llegar a donde estamos ahora”, reflexiona Iris. “Queremos que acá haya un espacio de memoria intangible”, afirma Alfredo Castro, detenido en El Campito entre abril y mayo de 1977.
Sin embargo, la preocupación principal de familiares y sobrevivientes es que no se pierdan las pruebas contra los represores. El 60 por ciento del predio todavía no ha sido explorado, un detalle que al Gobierno nacional le importa poco. El 16 de noviembre de 2018 el presidente Macri firmó el decreto que convierte el terreno en una “Reserva Natural”, la máscara para un meganegocio inmobiliario, ganándose el rechazo de los organismos de derechos humanos. El Ejecutivo volvió a la carga el 22 de mayo de este año con un nuevo decreto que facilita “la aprobación de construcciones en Parques Nacionales”. “Me genera mucha indignación e impotencia”, sostiene Griselda Fernández, “es increíble que quieran construir un parque en un lugar donde no se han permitido excavaciones. No sabemos si nuestros compañeros están enterrados acá. Me parece un acto de inhumanidad impresionante”.
Seis días después del último decreto, en una audiencia del juicio “Contraofensiva Montonera”, el ex cabo primero Nelson González, citado como testigo, relató pormenorizadamente el fusilamiento y la cremación de cuatro detenidos en Campo de Mayo. Dos de ellos fueron identificados, Marcos “Pato” Zuker y Federico Frías. González aseguró que “cuatro mil personas fueron arrojadas al mar”. “Quedamos conmovidos por esta declaración. Es la puerta a que se abran nuevos testimonios”, expresa Iris Pereyra de Avellaneda mientras mira a la distancia.
Floreal «El Negrito» Avellaneda fue uno de los asesinados en El Campito. Tenía solo 15 años.
Miembros de la Comisión de Sobrevivientes y Familiares de Campo de Mayo dan inicio formal a la caminata hacia al centro de detención y exterminio y guían al resto bajo la sombra de casuarinas y eucaliptos. El terreno es blando y cruje a cada paso. A los costados del camino un par de uniformados con ametralladoras custodian la visita. La única construcción visible del Campito es un abandonado edificio de mampostería donde funcionaban oficinas administrativas, salas de tortura y la recepción de los detenidos. Antiguamente había otras estructuras en pie: en el Pabellón 3, las caballerizas, donde hubo secuestrados en condiciones muy precarias; y en el Pabellón 1, una edificación donde permanecían cautivos los enfermos, ancianos y embarazadas, quienes estaban obligados a realizar el trabajo de mantenimiento del centro clandestino. El lugar tenía capacidad para 200 detenidos al mismo tiempo.
Con el propósito de borrar los terribles actos cometidos, el Ejército destruyó en 1982 el grueso de las instalaciones. Pero gracias a la memoria del militante montonero Juan Carlos “Cacho” Scarpati, quien estuvo detenido allí seis meses en 1977 y logró escapar, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) pudo hallar los cimientos, luego de múltiples excavaciones.
Durante la visita, el sobreviviente Oscar Vladimir Comba señala las fosas hechas por el EAAF y cuenta su experiencia ante la atenta escucha de los estudiantes de secundaria. El diputado y nieto restituido Horacio Pietragalla Corti, también presente, subraya: “Vamos a realizar distintas acciones judiciales para que permanezca intacto. Hay que recuperarlo como sitio de memoria y lograr que el EAAF haga un rastrillaje en toda la zona para reafirmar las pruebas bajo tierra de los cimientos y que se descarte que aquí están nuestros seres queridos”. Y agrega: “Acá tienen que venir los ingresantes del Ejército y las fuerzas de seguridad. El Campito no debe ser un lugar solo de las víctimas. Toda la sociedad debe conocer esta historia. Porque al desconocer lo sucedido, podríamos cometer el mismo error”.
Los familiares de las víctimas se oponen al emprendimiento inmobiliario que el gobierno quiere desarrollar en el lugar.
Hacia el final del recorrido, frente al único edificio del Campito, toman la palabra los sobrevivientes Alfredo Castro, Roberto Landaburu y Julio D’Alessandro. Landaburu, inspirándose en “Vidala de un nombrador” de Jaime Dávalos, dice: “Con la humildad de este entorno quiero nombrar a mis compañeros. Porque sé que si los nombro, los traigo. Y si los traigo, es algo que me hace bien”. Y recita los nombres de sus amigos desaparecidos, y ante cada uno se grita bien fuerte “¡Presente!” y sus ojos ceden a las lágrimas. “En el momento que los estoy nombrando, los estoy viendo acá, conmigo”, manifiesta conmovido. Los aplausos llenan el silencio y se arma un improvisado show musical con canciones de Mercedes Sosa y Carlos Puebla, mientras los asistentes se dispersan. Cada pisada queda marcada en las hojas como una huella de tristeza.
May 30, 2019 | DDHH, Novedades
“Falta de personal”. Eso es lo que alegó la jueza federal de Tierra del Fuego Mariel Borruto, tras suspender las indagatorias en las que debían rendir cuentas 18 militares de las Fuerzas Armadas denunciados por cometer crímenes de Lesa Humanidad contra los soldados que lucharon en la Guerra de Malvinas, a 11 años del inicio de la causa.
Hugo Robert, ex combatiente y presidente del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas de La Plata (CECIM), repone el momento en el que Ernesto Alonso, Secretario de Derechos Humanos de la institución, le informó acerca de esta resolución: “Estábamos esperanzados desde que se habían enunciado las fechas de las indagatorias dictadas por el anterior juez, el doctor Calvete. Pensábamos que la jueza Borruto, de quien teníamos buenas referencias respecto a temas de Derechos Humanos, iba a dar mayor celeridad a la causa. Ésta fue una muy mala noticia. Pero el CECIM está acostumbrado a reponerse de los golpes de tanta injusticia desde hace 37 años.”
Los militares están acusados de actos de tortura tales como estaqueamientos, inmersión de soldados desnudos en agua helada, enterramiento de sus cuerpos hasta el cuello, picanas con teléfonos de campaña, golpes, violencia sexual y discriminación racial. “En todos los años que tiene la causa se ha discutido muchísimo sobre diferentes cosas. Por ejemplo, la calificación y el derecho, pero lo que nadie ha puesto en discusión es que se cometieron torturas y todo tipo de violaciones a los Derechos Humanos. El Estado tiene la obligación de investigar y llevar la causa a juzgamiento, con lo cual, no puede haber ningún tipo de argumento para frenar el proceso de Verdad y Justicia. El CECIM La Plata cree y afirma con convicción que son crímenes de lesa humanidad las torturas cometidas en Malvinas”, expresó Jerónimo Guerrero Iraola, uno de los representantes legales del organismo.
“Creemos que ha habido una gran presión del lobby militar y que este retardo de Justicia se parece mucho a la impunidad. La jueza va a tener que entender, en algún momento, que no se puede ocultar el pasado. ¿Cuánto tiempo piensa, la doctora Borruto, que los torturados en Malvinas pueden seguir esperando un poco de justicia? Es inadmisible lo que está pasando. Creemos en la razonabilidad de la jueza y en la necesidad, después de 37 años, de tener una bocanada de Justicia para quienes, pacientemente y bajo el imperio de la ley, están esperando, al menos, que los acusados le digan a la jueza por qué torturaron a soldados en la guerra. Entonces es cuando nos preguntamos, ¿cuánto tiempo más van a ocultar lo que pasó en Malvinas?”, arremete Robert entre aires de resignación y esperanza.
En menos de 30 días los excombatientes saborearon una victoria y la vieron esfumarse. Tras recibir la ansiada notificación por parte del Juzgado Federal de Río Grande de que se llevarían a cabo las indagatorias los días 27, 28 de junio y 1, 2, 3 y 4 de julio, donde los militares denunciados por estas graves violaciones a los derechos humanos deberían sentarse en el banquillo de los acusados -para rendir explicaciones y que un juez de la Nación les lea los delitos por los que se encuentran siendo investigados- llegó el lunes 27 de mayo la suspensión de las indagatorias sin especificar una próxima fecha. En respuesta a esta suspensión, los letrados y el secretario de Derechos Humanos viajarán este viernes a Tierra del Fuego para tener una reunión con la jueza Borruto. Estarán acompañados también por quienes se han constituido como querellantes en la causa, la Comisión Provincial por la Memoria y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.
La jueza adjudicó dicha decisión a la falta de recursos que exige la trascendencia y complejidad de la causa, por lo que solicita la creación de una secretaría específica debido a la repercusión que puede llegar a alcanzar el caso.
“Cuando mi sueño de una patria justa y soberana se ponía en marcha, tres palabras derrumbaron mis construcciones al respecto: ‘Falta de personal’. Imposible creer que son las razones que se interponen entre la mentira y la verdad, difícil comprender que de un día para el otro cambiaron las condiciones en su juzgado, en el cual lleva mucho tiempo trabajando como para que no se pueda concretar el llamado a indagatoria para dar explicaciones sobre los hechos por los que se los denuncia”, enuncia Silvio Katz, excombatiente, denunciante y parte del CECIM, que encarna en primera persona el comunicado oficial del centro que ha sido publicado en sus redes sociales.
Parecería que la impunidad ha ganado un capítulo más en esta historia. Los soldados de Malvinas, y su causa por la verdad y justicia, deben afrontar otro golpe, entre tantos. La Guerra de Malvinas, a 37 años de su finalización, aún sigue siendo una herida abierta. Katz, interpelando directamente a la Jueza Federal desde su carta abierta, declaró: “Veo con inmenso dolor y enojo cómo los autores de tan traicionero acto festejan hoy la decisión que usted tomó, y en eso me baso para pedirle un gran favor: que dé un paso atrás, solo uno, que nos permita a todos los argentinos dar un gran paso adelante y que se cumplan los sueños de los bien nacidos y los que creemos en los derechos humanos: un país con Memoria, Verdad, Justicia y Soberanía”.
