Ene 25, 2017 | Trabajo
La medida de fuerza de los empleados de AGR –propiedad del Grupo Clarín– lleva más de una semana. Atrincherados en el taller grafico, ubicado en el barrio porteño de Nueva Pompeya, los trabajadores denuncian el vaciamiento de la empresa. La gerencia de AGR aduce no tener trabajo suficiente para mantenerlos en sus puestos. Lo cierto es que, durante estos días de toma, otros talleres recibieron llamadas del Grupo Clarín para encargarles parte del trabajo que antes realizaban en AGR. Tal es el caso de la Cooperativa Poligráfica del Plata. “Necesitaban imprimir y coser urgentemente”, afirma Rodolfo Pugliese, integrante de Poligráfica, y agrega: “Pero cuando nos enteramos que era trabajo de AGR lo rechazamos inmediatamente”.
Marcelo Quinteros, afónico por los nervios que le provoca esta situación, trata de poner en palabras lo que están viviendo sus compañeros y él. Sobre la represión que sufrieron el martes pasado, considera que fue una acción premeditada entre el Gobierno porteño y las fuerzas de seguridad. “Da la casualidad que ese martes nos convocan a una reunión urgente con la persona que intervenía en este conflicto en el Gobierno de la Ciudad. Cuando salieron los colectivos a manifestarse al Ministerio, instantáneamente la policía se empezó a replegar y quiso vallar a unos 20 ó 30 metros de los portones. Querían aislar a los que habían quedado dentro del taller”. En la vereda, se encuentran acompañando familiares de los empleados que están en el interior de la planta. “A la policía esto no le importó -cuenta Quinteros-: le pegaron a chicos, mujeres, gente adulta. Por suerte, pudimos resistir la embestida y evitar el vallado”, añade.
Momentos antes de la represión, a los trabajadores los sorprendió la presencia del gerente industrial de AGR, Andrés Wertheim, quien se acercó a mirar lo que sucedía de manera desafiante. A esta provocación, le respondieron con cánticos. Hasta ahora, ni la Policía ni Gendarmería intentaron desalojar el edificio, pero los operarios, igualmente, mantienen guardias permanentes por si quisieran hacerlo.
Sobre la reunión del jueves pasado en el Ministerio de Trabajo de la Nación, Quinteros sostiene: “Fue trunca. El Gobierno sigue dándonos la espalda. Nos dijeron que no pueden dictaminar nada, que lo que está haciendo la empresa es legal”. El viceministro Ezequiel Sabor se negó a llamar al jefe de la Cartera, Jorge Triaca, pero tras la presión ejercida por la comitiva de AGR terminó prometiendo un futuro encuentro.
La única comunicación de la empresa ha sido el papel pegado en la puerta el lunes 16 con la información de que la planta cerraba y que todos los empleados tenían su indemnización a disposición. Ningún directivo se puso en contacto para buscar una solución al conflicto. Los trabajadores, mientras tanto, se mantienen unidos y ninguno aceptó la propuesta de la compañía. Debido a esto, un estudio jurídico comenzó a llamar a los despedidos recomendándoles aceptarla porque, según les dicen, a fin de mes vence. La oferta es de 120% de lo que le corresponde a cada trabajador, más prepaga por un tiempo determinado. “Lo peor es que piensan que somos ignorantes, porque te dicen que si no aceptás solo van a pagar el 50% de la indemnización. Y eso no corresponde de ninguna forma”, relata Quinteros indignado. Cada vez que una familia recibe el llamado, le avisa a la comisión interna para decidir, entre todos, qué hacer en cada caso. Hasta hoy, la actitud es no responder ni ir a la cita. Como si el despido no hubiera sido suficiente, hasta la mañana del viernes los trabajadores tampoco habían cobrado la primera quincena de enero.
En medio de todo esto, Quinteros valora el apoyo recibido: “Que te des vuelta y veas la columna que te sigue, tan numerosa, que día a día venga gente diferente preguntando `¿con qué podemos ayudar, qué necesitan?`… No tenemos conciencia de la magnitud que está abarcando esto, Clarín tampoco. No tienen noción de hasta dónde estamos llegando”. Ocho días de toma se sostienen con solidaridad: las familias que acompañan, las agrupaciones sindicales, políticas y estudiantiles que acampan en la puerta del taller. “Nos han traído cajas de pollos, ropa, ahí están entrando colchones nuevos, agua mineral, de todo nos traen”, enumera.
El sábado último se realizó un plenario en la calle en el que la asamblea resolvió realizar este martes una jornada de lucha por la reapertura de AGR en diferentes edificios de Clarín. Un pedido de reunión con la CGT, acompañados por la Federación Gráfica Bonaerense, es otro de los pasos previstos, a la vez que impulsan un fondo de huelga para sostener el reclamo y la extensión del acampe en la puerta del taller de Corrales 1393.
“Somos 380 familias que estamos en la calle, estamos dispuestos a pedir reuniones con el Presidente, el Papa, con quien sea. Estamos dispuestos a todo para defender nuestro trabajo”, concluye Quinteros.
24/01/2017
Ene 17, 2017 | Trabajo
La Policía Federal lanzó balas de goma y gases lacrimógenos contra los manifestantes que se solidarizaban, este martes, con los 380 trabajadores despedidos de la empresa Artes Gráficas Rioplatenses (AGR), perteneciente al Grupo Clarín. El delegado Ezequiel Gatti recibió dos perdigonazos en la cabeza y otro en la espalda.
El lunes por la mañana, los operarios llegaron a su lugar de trabajo y lo encontraron cerrado, con un cartel en la puerta que informaba un teléfono para negociar indemnizaciones. Por esa razón, decidieron tomar los talleres ubicados en la calle Corrales 1393 del barrio de Pompeya, en la Ciudad de Buenos Aires.
La gráfica funcionó con normalidad hasta la semana pasada, pero los empleados denuncian una maniobra de vaciamiento premeditada. Un operario del sector de Rotativa, con 15 años en la compañía, denunció que “se llevaron 16.000 bobinas”. Y agregó: “Ni para lavarnos las manos dejaron”. Ante estos hechos, los trabajadores montan guardia para evitar que retiren las máquinas más grandes.
La maniobra del Grupo Clarín viene de antes. “Hace un mes fuimos a hablar con los directivos porque nos dimos cuenta que estaban imprimiendo las revistas Viva, Genios, Miradas -la de Cablevisión- y folletería de Garbarino y Frávega, en otros talleres, pero diciendo que eran de AGR”, cuenta un obrero del sector de Encuadernación con más de 30 años de antigüedad en la empresa. Los directivos argumentaron que había más trabajo del que podían absorber. Tal es el grado de planificación, sostiene, que ya se encuentra impresa toda la tirada de Viva hasta fin de febrero. “Están cubiertos por un tiempo”, dice el operario, junto a un compañero, sentado a la sombra, en la vereda de la fábrica.
El lunes, el grueso de los trabajadores quiso ingresar a sus puestos y se encontró con un operativo policial. Frente a esta situación, ochenta operarios ingresaron y tomaron la planta en defensa de sus puestos de trabajo, mientras el resto quedó del lado de afuera.
Los trabajadores piden la reincorporación de los despedidos, rechazan la indemnización y desconocen el “retiro voluntario” que propone el Grupo Clarín. Daniel Pellegrino, empleado del sector de Control de Calidad, afirma: “Nos dimos cuenta que algo se iba a venir, porque es demasiado el vaciamiento, demasiado el trabajo que se está adelantando acá y el que están mandando a otras gráficas del Gran Buenos Aires”. Otro operario cuenta que en noviembre de 2016 los directivos ofrecieron la desvinculación de 65 trabajadores como parte de un plan de reestructuración, pero ellos se negaron.
La empresa emitió un comunicado en el cual habla de la “reconfiguración que atraviesa el sector de impresión comercial” y la necesidad de una “reestructuración”. De paso, hace responsable al gremio de la situación: “Existen varios sectores industriales que han logrado atenuar dificultades económicas o cambios en la tecnología con acuerdos gremiales-empresarios que posibiliten un horizonte de futuro para la empresa. Incluso ha habido ejemplos en el sector gráfico. Pero en la planta Pompeya desgraciadamente ello no ha sido posible”.
Otro de los motivos que aduce la empresa es el “el rechazo a la realización de trabajos de impresión –por solidaridad gremial–, al provenir de talleres que habían cerrado sus puertas”. Según los trabajadores de AGR, se trataba de trabajos provenientes de la ex Donnelley y la negativa a hacerlos fue en defensa de los compañeros echados de esa imprenta.
Uno de los operarios recuerda que ya en 2004 vivieron una situación similar. En esa ocasión, quisieron despedir a 140 empleados y que gracias a la lucha de la comisión interna redujeron ese número a 80.
Desde que se inició el conflicto, se acercaron referentes políticos y gremiales a la puerta del taller, custodiado por unos cuarenta agentes de la Policía Federal. Entre ellos, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. A partir de las 18 del lunes, la Gendarmería desplegó un cordón de sesenta efectivos con escudos y palos. El dispositivo de seguridad ocupa todas las entradas.
Ese mismo día se había montado un escenario donde se destacó la presencia de Silvia Martínez Cassina, periodista de Canal 13 y delegada gremial de la Comisión Interna de esa emisora, quien hizo una firme denuncia a la precarización laboral a la que se quiere empujar los trabajadores de AGR y a los de todo el Grupo. También estuvieron los dirigentes del Frente de Izquierda Néstor Pitrola, Marcelo Ramal y Nicolás Del Caño. Uno de los discursos más aplaudidos fue el del representante de la Federación Gráfica Bonaerense, Mario Abraham, que convocó a un paro general del gremio gráfico para este jueves y llamó a todos los trabajadores del sector a no realizar trabajos provenientes de AGR. Todos los oradores coincidieron en que la tercerización de las impresiones y las “negativas” que plantea la empresa son parte del plan de flexibilización laboral avalado e incentivado por el Gobierno nacional de Cambiemos.
Pablo Viña, delegado de los trabajadores de AGR-Clarín, cerró el acto desde adentro de la fábrica. Agradeció el apoyo de los trabajadores, denunció que la redacción del diario Clarín y el taller de Zepita-Clarín trabajan bajo custodia policial. Viña se dirigió con tono desafiante al CEO del Grupo Clarín: “Si querés combate lo vas a tener, Magnetto”. También denunció que el Ministerio de Trabajo, tanto de este Gobierno como del anterior, no hizo nada frente a sus reclamos. Y desmintió que la empresa no tuviera trabajo: “Por el contrario, hay mucho; son excusas para querer quebrar la empresa”.
Mientras los telegramas de despido iban llegando a cada familia y la toma continuaba, los delegados de AGR fueron convocados el martes a una reunión en el Ministerio de Trabajo. En el encuentro, los representantes de la empresa ratificaron su decisión de despedir a todos los operarios y los delegados gremiales solicitaron que el Ministerio de Trabajo dicte la conciliación obligatoria, una medida habitual en este tipo de conflictos. Insólitamente, los funcionarios de la Cartera Laboral que estaban presentes manifestaron que no estaban habilitados para intervenir.
18/01/2017
Dic 21, 2016 | destacadas
Trabajadores de la Biblioteca Nacional (BN) denunciaron haber recibido amenazas de despido por replicar en las redes sociales el informe de un portal de noticias que apuntaba al director del organismo, Alberto Manguel, por supuestas irregularidades en el manejo de fondos para viáticos. Los empleados advirtieron que existieron directivas del director de la BN a los responsables de diferentes áreas para que intimen a los trabajadores a evitar la divulgación de lo que considera una “campaña de difamación”. La denuncia derivó en un pedido de audiencia de los delegados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) con el ministro de Cultura, Pablo Avelluto.
“Tienen dos opciones: o se dejan de entorpecer nuestras tareas comunes por medio de alarmar y acusaciones repetidas sin fundamento, o buscan trabajo en otra parte. Este es un país libre y nadie está obligado a permanecer en una institución que juzgan fraudulenta”, fue el mensaje que recibieron los empleados, según pudo reconstruir ANCCOM.
El artículo que los empleados difundieron en sus redes sociales fue publicado por el sitio Letra P el 24 de noviembre pasado. La nota detalla que en apenas cinco meses de gestión, Manguel lleva gastados más de 400 mil pesos de viáticos para sus viajes alrededor del mundo. El salario del director de la BN es del mismo rango de un secretario de Estado: 150 mil pesos.
La unión hace la fuerza
Tres de los cuatro trabajadores afectados pertenecen a ATE. Decidieron unirse a UPCN en la denuncia y, sin excepción, pidieron preservar su identidad.
Las tensiones en la Biblioteca no son nuevas. En marzo, los trabajadores lograron reincorporar a 140 de los 240 despedidos en el primer ajuste laboral de la administración de Cambiemos. “En este contexto, cuando un director amenaza con despedir, por más que sean dichos de la bronca del momento, nosotros nos tenemos que plantear como trabajadores y exigir una respuesta”, explicó uno de los afectados a esta agencia al anticipar el pedido de audiencia con Avelluto.
El miércoles 7 de diciembre cada gremio hizo una asamblea y luego realizaron otro plenario en conjunto. Ambas comisiones internas declararon el estado de alerta y movilización al considerar que las directivas representan “prácticas persecutorias que atentan contra la libertad de expresión”.
Javier Arone, delegado de UPCN, advirtió que los dichos de Manguel “no fueron muy oportunos” y subrayó que los gremios están aguardando todavía que el director del organismo cultural “se explique un poco”. “Es importante que la libertad de expresión no se pierda, especialmente en una institución como la Biblioteca Nacional”, subrayó.
Desde UPCN, advirtieron que hasta este episodio “había un canal de diálogo que estaba funcionando muy bien con este nuevo director”. “Ese diálogo se frenó y ahora estamos esperando que se recomponga”, agregó Arone.
Juan Domingo Pignataro, otro de los delegados de ATE, advirtió que la denuncia del gremio va más allá del conflicto público por el destino de viáticos. “Lo que impugnamos es el hecho autoritario de decir que un trabajador pone palos en la rueda por reenviar un mensaje. Estamos hablando de mensajes que es de la vida privada de cada uno”, puntualizó.
Y completó: “Después de todo lo que pasamos con los despidos no vamos a tolerar este tipo de accionar ya que vulnera los derechos individuales y colectivos cercenando la libertad de expresión y pensamiento”.
Los gremios aguardan para los próximos días la reunión con Avelluto. Hasta entonces, los trabajadores siguen esperando escuchar la voz del director de la Biblioteca Nacional.
Actualizado 21/12/2016
Dic 13, 2016 | inicio
«Bimbo me está robando los clientes», dijo uno de los 400 distribuidores de Fargo que quedó sin trabajo debido a que el Grupo Bimbo, su dueño desde 2011, decidió aplicar sus propias políticas de distribución en Argentina. Es decir, utilizar sus distribuidores en lugar de los que históricamente llevaban los productos Fargo a las góndolas. El personal histórico, con más de 40 años de trabajo, reclama una indemnización, ya que la clientela que construyeron pasaría a ser de Bimbo. El conflicto comenzó cuando Fargo les envió una carta documento desvinculándolos de la empresa.
La distribución de la empresa Fargo funcionaba, hasta el momento, a través de Pymes independientes. Cada distribuidor poseía su propio camión, mantenía una relación comercial con la empresa panificadora y asumía el costo de la compra de los productos. Luego, los vendía a sus propios clientes, como por ejemplo almacenes o supermercados. Forjaba una relación de confianza con el cliente. El primer cambio que dispuso el Grupo Bimbo en la distribución fue disponer la zonificación de la clientela, lo que significa que a cada distribuidor se le otorgaría una zona elegida por la empresa, en vez de atender a la cartera propia de clientes. «Cuando en Mendoza se dispuso la zonificación, los distribuidores acordaron porque era el primer lugar en el que se hacía y no se sabía el riesgo. Hoy hay un montón de compañeros que quebraron», dijo Darío Fantone, distribuidor de Fargo desde hace 21 años, referente de Rosario. A partir de la zonificación -explicó- se les otorgan lugares de baja densidad poblacional y la clientela forjada durante años pasa a ser tomada por distribuidores propios del Grupo Bimbo. En el caso de los distribuidores independientes, las promociones y los precios cuidados los asumen ellos mismos. Ahora, aseguran, estos costos quedarían en manos de la empresa por lo que se daría una situación de competencia desleal y les sería imposible competir en precios.
La abogada Alicia Vargas, defensora de los distribuidores, explicó que lo que buscan es que se haga cumplir la regulación del contrato de distribución que se especifica en el artículo 1511 del Código Civil: «La ley prevé dos tipos de indemnizaciones. Si el contrato de distribución se termina por cualquiera de las partes incluso de común acuerdo, establece una indemnización por clientela, que es el equivalente a un año de la rentabilidad del distribuidor. Por otro lado, también hay otra indemnización si la empresa rompe el contrato de manera imprevista, porque como son contratos de larga duración el distribuidor tiene su inversión a disposición de ese trabajo, en compra de unidades de transporte, productos y demás, por lo cual se le tiene que avisar con anticipación la ruptura del contrato para que tenga la posibilidad de readecuar su negocio. Cuando eso no se da, corresponde abonar la indemnización por preaviso, que está prevista en un mes de rentabilidad por cada año de antigüedad. Hay distribuidores que tienen entre 45 y 50 años de antigüedad. Lo que les quieren dar a los trabajadores es sólo un 20 por ciento de lo que les corresponde».
Además, el histórico contrato de distribución dice que de ser pertinente puede considerarse la regulación de los contratos de agencia, concesión o franquicia, los cuales establecen las condiciones de labor de un mediador entre el productor y el consumidor. El intermediario es quien acerca el producto a partir de conocer la modalidad y requerimientos de la mercadería en una región específica. No obstante, el distribuidor cuenta con una particularidad: asume la compra del producto, por lo que su clientela pasa a ser un fondo de comercio.
Guillermo Varela, distribuidor referente de Pilar, dijo que el Grupo Bimbo en el exterior no está acostumbrado a pagar indemnizaciones, y quiere aplicar lo mismo en Argentina. Además, el trabajador expresó: «Nos culpan a nosotros de que las ventas de la empresa bajaron, pero la empresa Bimbo sube los precios. Bajaron la calidad de los productos de Fargo desde que la compraron, nosotros hicimos el reclamo en su momento y nos prometían que iban a cambiarlo en unos meses. Esto sumado a la suba del dólar, y la situación económica actual, hace que nosotros quedemos fuera del mercado». Recientemente, a Varela le prohibieron el ingreso a la empresa, y no le dieron productos para vender.
El reclamo está unificado a partir de una junta federal de la que participan trabajadores de Córdoba, Mendoza, Rosario, distintas zonas de Buenos Aires, entre otros; y se expresó de diversas maneras para hacerse visible. «En la Secretaría de Comercio nos dicen que están trabajando en el tema, pero ya hace tres meses que dicen lo mismo», señaló Fantone. El 24 de noviembre, en la inauguración de una planta de Bimbo en Malvinas Argentinas, provincia de Córdoba, los distribuidores se manifestaron para mostrar su situación y también la de trabajadores de planta que están siendo despedidos, como los 108 trabajadores de la panificadora de Pilar que echaron en septiembre. La policía los detuvo 300 metros antes de llegar. Horacio Arregui, distribuidor de la zona de San Martin, con 36 años cumplidos de trabajo, dijo: «Somos gente grande y con años de experiencia. Ese día, compañeros nuestros tuvieron que ser hospitalizados». Además reflexionó: «Muchos de nuestros compañeros están en juicio, otros despedidos, otros ya quebraron. Con nuestra labor movilizamos la economía, generamos más puestos de trabajo. En la situación actual, más de 400 familias de distribuidores llegan a fin de año en la incertidumbre».
Actualizado 14/12/2016
Nov 1, 2016 | inicio
“At the end of the day”, tituló el Buenos Aires Herald al editorial de su última versión diaria impresa, traducido como “El final de un diario”. Detrás de este anuncio, el único matutino escrito en inglés en toda América hispanoparlante cerraba 140 años de historia, clausuraba una tradición a sus lectores y despedía a 14 trabajadores. En planta quedarán apenas cinco periodistas, que harán una edición semanal.
La empresa, a través de la gerencia de Recursos Humanos, comenzó desde hace varios días a llamar a los trabajadores, de a uno, para intentar un acuerdo de desvinculación. “Les dijimos que nos den toda la lista porque era una tortura”, explicó Ignacio Portes, uno de los trabajadores despedidos. La primera nómina era de once periodistas y Portes no estaba allí; luego la empresa cesanteó a otros tres, y ahí supo que se quedaba sin empleo.
Muchas de las fuentes consultadas por ANCCOM pidieron que no se revele su identidad, debido a que los trabajadores afectados todavía están a la espera de su indemnización. Uno de ellos contó: “La gerente de Recursos Humanos me hizo la propuesta económica, y me dijo que tenía hasta el lunes para responder. Me junté con mis compañeros, y a todos les habían ofrecido lo mismo. Pero como estaban apurados para hacer el cierre, volvieron atrás y no hubo acuerdo”. Así, les llegaron los telegramas de despido.
La empresa, a través de la gerencia de Recursos Humanos, comenzó desde hace varios días a llamar a los trabajadores, de a uno, para intentar un acuerdo de desvinculación.
Ante el cierre, la empresa propietaria del Herald argumentó: “El escenario en el que nos encontramos hoy, de acuerdo a la visión del accionista mayoritario –el Grupo Indalo-, torna inviable continuar con la edición diaria”. Este panorama, argumenta la empresa, se inserta en una crisis mundial de la prensa en papel ya que los lectores migran hacia medios digitales aunque, según se explica, en el caso argentino “las modificaciones en la forma de distribución de la pauta publicitaria oficial y la recesión exacerban estos cambios”.
El lunes, los periodistas despedidos fueron convocados a una reunión con la gerencia de Recursos Humanos de la empresa para recibir sus cheques de indemnización: seis cuotas mensuales, a cobrar desde el 21 de noviembre. Sin embargo, la Ley N° 20.744 de contrato de trabajo establece que el pago de la indemnización debe efectuarse dentro de los cuatro días hábiles para la remuneración mensual o quincenal y tres días hábiles para la semanal. “No es legal, pero es tolerado por el sistema judicial”, señaló Portes. Por otro lado, Fernando “Tato” Dondero, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), añadió: “En el caso del Herald hay otra cuestión: una empresa no puede despedir a más de la mitad de sus trabajadores sin haber entrado en un procedimiento de crisis. Es una actitud ilegal”.
Así, el Herald se convierte en un semanario, que será publicado los viernes. “No fue una idea que se fue elaborando, sino que el plan fue echar al 80% del staff –puso en contexto Ignacio Portes-. Pensaron en qué podían hacer con lo que quedaba, y la respuesta fue esa”. En su última edición, se observaron avisos (de mal gusto) alentando la situación, tales como “Keep calm, and wait till Friday” (Mantené la calma, y esperá hasta el viernes), o “Good news, it’s Friday” (Buena noticia, es viernes). “El semanario era lo mínimo que podían hacer para que el nombre ‘Herald’ siguiera existiendo, y que la empresa no quede como la que cerró un diario de 140 años”, explicó Portes, y agregó: “Tratan de minimizar el escándalo manteniendo la publicación con respirador artificial”. Dondero, por su parte, sostuvo: “Cuando medios de este tipo pasan a otro formato, siempre es difícil el mantenimiento. Suena más a una política de ir retirándolo de a poco, que otra cosa”.
“At the end of the day”, tituló el Buenos Aires Herald al editorial de su última versión diaria impresa, traducido como “El final de un diario”.
Trabajadores de Ámbito Financiero, El Argentino y Buenos Aires Herald realizaron una asamblea en repudio del cierre de este último, y se solidarizaron con los periodistas despedidos. “El clima era de mucho miedo a futuros ajustes –dijo Portes-. En Ámbito Financiero también ha habido gente que se fue y que no es reemplazada. Lo mismo ocurre con El Argentino”. Si bien lo ocurrido en el Grupo Indalo en los últimos meses fue resonante, ya que contó con 136 trabajadores despedidos en CN23 y el cierre del diario El Ciudadano de Rosario, esta variante se repite, por ejemplo, en Clarín, donde actualmente están llamando a retiros voluntarios.
“Tato” Dondero expresó su preocupación: “El gremio está atravesando un año durísimo. Hasta ahora, hemos perdido más de mil puestos de trabajo de distintas maneras. Ante el cambio de pauta publicitaria por parte del gobierno y el achique general de la economía, las políticas patronales fueron estas”.
La historia del Buenos Aires Herald dio un giro en marzo de 2015, cuando el Grupo Indalo adquirió la publicación, junto con Ámbito Financiero y El Ciudadano de Rosario. Uno de los trabajadores despedidos recordó aquel momento: “Francisco ’Paco’ Marmol –gerente de Contenidos- había dicho que la idea no era comprar diarios para cerrarlos. ¿Cómo tenés que aclarar eso? Sin embargo, hubo diferencias entre Ámbito Financiero y el resto respecto a la importancia que se le dio”. Federico Poore, un periodista que decidió retirarse del matutino tres meses atrás, describió: “El Grupo Indalo no invirtió demasiado en el Herald, aunque Ámbito Financiero sí tuvo un rediseño”.
En marzo de este año, comenzaron los rumores de que el diario pasaría a ser un semanario, cuando Clarín publicó una nota explicando que se planeaba terminar con la versión impresa. Esto alertó a los trabajadores del periódico, mientras que el periodista y director del diario Sebastián Lacunza se había mostrado sorprendido.
A partir de allí, comenzó una política de desgaste en la planta: promesas de ascensos no cumplidos, maltrato laboral, periodistas que trabajaban como jefes o editores y recibían un salario de cronistas o redactores. “El ambiente era malo –contextualizó Portes-. Era un diario que dependió de la publicidad oficial durante años, y de repente tenía mucha menos. Y aunque no tenía Departamento Comercial –no vendía avisos-, no parecía importarle a los dueños”. Con el correr de los meses, siete trabajadores renunciaron. “Yo me fui en agosto, sabiendo que la situación del diario era complicada –explicó Federico Poore-. Los que íbamos renunciando no éramos reemplazados”. Desde el otro lado, Ignacio Portes contó: “Todo el mundo tenía que tapar agujeros, y fuimos varios los que hicimos trabajo extra que no fue pago”.
A lo largo de su trayectoria, el diario ha publicado varias primicias: “Por ejemplo, cuando llamamos al relator de la OEA Edison Lanza para que advirtiera sobre los primeros cambios en la Ley de Medios”, dijo Poore, y agregó: “El periódico ha funcionado como un lugar que esquiva la grieta, ya que había críticas hacia el kirchnerismo y también hacia el accionar del gobierno de Mauricio Macri”.
La historia del Buenos Aires Herald dio un giro en marzo de 2015, cuando el Grupo Indalo adquirió la publicación, junto con Ámbito Financiero y El Ciudadano de Rosario.
Marcelo García, colaborador del matutino desde hace seis años, escribió una columna en la última publicación del diario titulada “The Herald, twice a victim” (“El Herald, dos veces víctima”). Allí, explica que el periódico se ha convertido en “un peón en un juego más grande que superó las energías que su sala de redacción encontró para seguir haciendo periodismo decente y honesto”. En su cuenta de Twitter, el periodista escribió: “La publicidad oficial es el salvavidas que te hace creer que no necesitás aprender a nadar”. En diálogo con ANCCOM, explicó su afirmación: “En los últimos años, muchos medios se sentaron confortablemente en la pauta publicitaria, y eso les impidió que no sintieran la motivación de ir buscar otras alternativas que los pudieran hacer sustentables en el mediano y largo plazo, más allá de la cuestión política”. Además, manifestó que lo esencial no es la impresión de un diario, sino que “más importante es mantener vivas a las redacciones que generan información para que el público consuma. El papel puede ser una opción, pero hay otras formas para explorar”.
“Era un equipo muy chico pero que producía un montón de contenidos de calidad –evaluó Federico Poore-. Es una lástima que periodistas que trabajaban en un medio plural, hoy tengan menos posibilidades de hacer oír sus voces en este mapa gris de medios argentinos”.
El Buenos Aires Herald existe desde 1876, fundado por el inmigrante escocés William Cathcart. En 1968, el periodista británico Robert Cox fue designado director del Herald, y se destacó por su valor frente a la última dictadura argentina de 1976, hasta que tuvo que abandonar el país tres años después.
Luego de varios cambios de dueños y accionistas, en 1998, la norteamericana Evening Post Publishing Company se convirtió en su única propietaria. En 2007, el empresario argentino Sergio Szpolski adquirió la publicación pero, casi un año después, vendió el diario al Grupo Ámbito – Editorial AmFin. En 2015 el Grupo Indalo, cuyo socio mayoritario es Cristóbal López, adquirió el 60%.
Hoy, el panorama es otro. En medio de la crisis mundial de la prensa escrita, de las dificultades económicas del país y de las decisiones empresariales del Grupo Indalo con respecto a su financiamiento y desarrollo, los trabajadores y los lectores, nuevamente, salieron perdiendo.
Actualizado 02/11/2016
