Abr 18, 2017 | Trabajo
El 20 de diciembre de 2013, empleados de la empresa Perfil participaron de una asamblea para tratar de resistir una tanda de despidos y la salida del bisemanario homónimo se retrasó diez horas. Meses después, les llegó una citación para prestar declaración ante la Justicia a cinco delegados y un miembro de la Junta Electoral de la publicación. Allí se enteraron de que la compañía, propiedad de Jorge Fontevecchia, los había denunciado, que estaban procesados penalmente, acusados de atentar contra la libertad de prensa, y con la amenaza de terminar en prisión de uno a seis meses. Aunque el juicio se suspendió momentáneamente, debido al conflicto por el traspaso de parte de la Justicia a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, la causa no se cerró y una posible condena pende sobre los trabajadores.
El conflicto había empezado en octubre de 2013, cuando se conocieron los primeros despedidos. En el marco de las elecciones de renovación de la Comisión Interna donde se eligen delegados, la editorial decidió echar a trece trabajadores, entre ellos a integrantes de la Junta Electoral. “Estábamos en medio de elecciones y echaron a parte de la la Junta Electoral, porque a mí no me podían echar, porque tengo inmunidad gremial. Lo que ellos no sabían era que la Junta también la tiene, y ahí fue cuando estos tipos dijeron: `Bueno tenemos que hacer algo, y empezaron a avanzar con todo´”, recuerda Marcelo Iglesias, delegado de Perfil desde hace 17 años.
Luego de realizar una seguidilla de paros, medidas de fuerza y conciliaciones obligatorias, se logró la reincorporación de todos los trabajadores. Pero la empresa Perfil fue un paso más allá y mandó nuevos telegramas de despidos cerca de fin de año.“ Tenés todo el año para despedir, y elegís justo esa fecha. Fue una medida ejemplificadora, como diciendo: `Me importa un carajo vos, tu Comisión Interna y el día de elecciones. Yo soy el dueño, hago lo que quiero y se terminó”, dice Rubén Schofrin, delegado de Perfil desde el cierre del viejo diario en 1998 y actualmente secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).
Planta de la Empresa Perfil donde se produce el conflicto.
A finales del año pasado, la causa – que se encuentra en el Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 12- fue elevada a juicio. Las audiencias tenían fecha desde el 29 al 31 de marzo pasado, pero fueron suspendidas en el marco de una crisis entre la Justicia y el Gobierno por el traspaso de los fueros nacionales a Capital. Sin embargo, entre los trabajadores de Perfil creen que pudo haber influido el contexto de conflictividad social, vivido durante el último marzo, con la lucha docente y la convocatoria del paro de la CGT. Además, se había llevado adelante una campaña de solidaridad con los delegados y estaba programada una movilización para el día del comienzo del juicio.
“Desde lo personal genera cierto alivio -dice Iglesias-, pero también cierta incertidumbre porque esto se estira. Desde la óptica político-sindical para nosotros es una victoria”. No obstante, la abogada defensora, Claudia Ferraro, advierte: “El juicio está suspendido pero sigue siendo una espada de Damocles sobre la cabeza de los trabajadores y en cualquier momento pueden notificarnos que se inicia”.
Un dato que no pasó desapercibido entre los acusados fue que la empresa de Jorge Fontevecchia no se presentó como querellante en la causa y sólo se encargó de asentar la denuncia penal en primera instancia. “Se encontraron con que la Justicia actuaba por ellos, sin tener que presentarse ni ir al choque con la Comisión Interna. Es una forma de maquillar la responsabilidad que tienen, en esta persecución penal, porque ellos han sido quienes presentaron la denuncia, los apellidos y nombres de los trabajadores, y los que en sus declaraciones señalaron como autores de este supuesto delito a quienes están imputados”, afirma Ferraro.
Delegados y trabajadores de Perfil reclamando el derecho a huelga.
En el momento del juicio, tendrá lugar una discusión entre la defensa del derecho a huelga y la libertad de empresa, en este caso, presentado como libertad de prensa. “Para el gremio de prensa un fallo adverso sería un golpe mortal al derecho de huelga, porque el objetivo del paro es que el producto periodístico no salga. Entonces, si no sale te acusan de violar la libertad de prensa, quiere decir que no hay derecho a huelga. Por lo tanto, se está a la merced de las patronales”, explica el secretario adjunto de SiPreBA.
“Si a nosotros nos encuentran culpables, yo estoy convencido que la empresa sale a pedir el desafuero de los delegados”, observa Iglesias sobre la posibilidad de que él y sus compañeros sean despedidos sin indemnización, tras quitarle la inmunidad gremial y continúa: “La causa no solo afecta a prensa, puede afectar a los gráficos, a los canillitas, a los camioneros. Generaría un antecedente importante y esto se puede aplicar tranquilamente a otros gremios. Es una caso, en algún punto, emblemático.”
Actualizado 18/04/2017
Abr 8, 2017 | Trabajo
A las 14.00 de este viernes, la Policía desalojó a los trabajadores de AGR-Clarín de la planta de Corrales 1393, Nueva Pompeya. «El desalojo fue pacífico, por suerte. Hubo como siempre mucho acompañamiento desde afuera», dijo a ANCCOM Sebastián Marietan, delegado de AGR-Clarín que trabaja desde hace 19 años en la planta. Los gráficos continúan exigiendo la reincorporación de los 380 despedidos con un acampe en la vereda y este sábado realizarán una asamblea para decidir cómo seguir.
La policía llegó con una orden de allanamiento, se acercó al portón y la leyó. Luego de que la comisión interna hablara con la policía, salieron de la planta alrededor de 110 trabajadores que permanecían adentro. «Priorizamos la integridad de todos. Habíamos votado en una asamblea que si no eran violentos, íbamos a salir», explicó Ariel Caruso, que también trabaja hace 19 años en la planta impresora del Grupo Clarín.
Los trabajadores pidieron que un fiscal entrara a la planta junto a un testigo propio, para que quedara en actas que las máquinas y la planta estaba en perfecto estado. En el escrito también consta el acampe que están realizando actualmente los obreros. La camioneta de inteligencia que realiza espionaje a los trabajadores continúa en el lugar.
Marcha de los trabajadores de AGR-Clarin frente a canal 13 por la reincorporación de los trabajadores despedidos, el pasado enero.
Actualizad 07/04/2017
Abr 4, 2017 | Trabajo
«Esto es como una cárcel, los venimos a ver acá», dijo Vanesa, la esposa del trabajador de AGR-Clarin Gustavo Mendoza, cuando su marido se acercó a la reja para saludarla y la besó entre los barrotes verdes.
Los trabajadores de AGR-Clarín continúan dentro de la planta situada en Corrales 1393, Nueva Pompeya, desde el 16 de enero. Piden por su reincorporación. Son 380 los gráficos despedidos y exigen que la planta siga funcionando. No quieren dejar su lugar de trabajo, por eso realizan vigilias durante la noche, frente a las amenazas de desalojo que la patronal hace circular. Sus parejas y sus hijos los acompañan durante el correr de los días, siempre del otro lado de la reja, en la vereda. Las amenazas de desalojo comenzaron el jueves último con barras bravas y policía y continuaron durante el fin de semana. El lunes a las 5 de la mañana hubo una gran concentración frente a la planta apoyando a los trabajadores debido a una nueva intimidación. Los trabajadores se mantienen en alerta porque temen que se trate de una táctica de desgaste para, finalmente, desalojarlos cuando estén desprevenidos.
Organizarse y visibilizar la lucha
Los trabajadores de AGR-Clarín no descansan. El viernes último realizaron un plenario obrero donde analizaron exigir la estatización de la gráfica. Además, informaron el procedimiento judicial llevado adelante por la Sala C de la Cámara Civil: le otorgó la instrucción de la causa al juez Alejandro Verdaguer, a pesar de que se había excusado por ser hermano de un importante gerente de Clarín.
En el medio de las amenazas y el conflicto judicial, los trabajadores sintieron un aire fresco cuando editaron una revista para contar el conflicto y cómo organizan su resistencia. La experiencia de realizar la revista VIVA las luchas obreras los llenó de alegría al ver, otra vez, las máquinas andar. Además, sintieron tanto la posibilidad de retomar sus puestos de trabajo como de sentir el apoyo de quienes la compraban como una forma de aportar fondos para los despedidos. «Desmoraliza no poder tener plata para pagar las necesidades de una familia, o no poder pagar los impuestos. Es emocionante cómo la gente nos está apoyando a través de la revista», dijo a ANCCOM Javier Rivero, trabajador de AGR-Clarín desde hace 20 años.
La recepción de la publicación fue muy buena, hasta enviaron 7.000 ejemplares al interior del país. Rivero contó con voz pausada cómo fue la experiencia de la realización: «Nos turnamos toda la noche. Tuvimos algunas dificultades en el camino porque había máquinas saboteadas. Cuando nos habían despedido, tocaron varias partes electrónicas para que no se pudieran usar más. Pero entre todos lo fuimos resolviendo, y fue muy lindo volver a verlas funcionando». Karina, su esposa, lo miraba con ojos alegres mientras hablaba, y agregó al relato: «A mí se puso la piel de gallina cuando vi cómo la gente buscaba la revista. Mi marido ese día no pudo evitar las lágrimas». El tono de voz de Javier cambió cuando habló de la camioneta de inteligencia que está estacionada en diagonal a la fábrica. La emoción se convirtió en angustia. «Nos hacen escuchas. No somos narcotraficantes, somos trabajadores de una planta gráfica». La camioneta fue denunciada por varios senadores, entre los que se encontraba Néstor Pitrola, del Partido Obrero. Javier agregó: «Ahí se nota la magnitud de poder (del Clarín), sino esa camioneta ya se tendría que haber ido».
Para Diego Uribe, maquinista de encuadernación desde hace 23 años, la revista fue una forma de mostrar a la patronal que tienen operarios capaces y de dar cuenta que la planta gráfica está totalmente operativa. «Lo que quieren es sacarnos del medio y tercerizar los trabajos. La revista VIVA ahora se está imprimiendo en Chile. Ya hace un año y medio que mandan a imprimir a otros talleres y lo pasaban como si fuera de AGR. Ya lo habíamos denunciado». Más alejados del portón principal, Viviana le pasaba un mate a su marido rejas mediante. Hace más de veinte años que Gustavo Castillo trabaja en la planta. Se acuerda con exactitud la cantidad de días que ahora lleva adentro. Con voz triste, dijo: «Buscan sacarnos del medio y tener gente cobrando la mitad que cobramos nosotros. Quieren hacer precario el trabajo».
En la tapa de VIVA las luchas obreras aparece un trabajador en primer plano. Es Daniel Iglesias, el más antiguo de la planta, con 33 años de trabajo: «Ellos se deben haber asombrado de verme en la tapa de la revista. Me consideraban un trabajador ejemplar. Les estoy demostrando que además de buen trabajador soy buena persona».
Actualizado 03/04/2017
Mar 16, 2017 | Trabajo
American Express ya lo oficializó: 300 trabajadores se quedarán sin empleo en sus oficinas de Argentina a partir de la relocalización en México del sector de atención al cliente. “Se están entrenando a los trabajadores allá, se están armando los puestos del call center, el proceso está avanzado”, explicó David Aguilera, delegado gremial en la institución financiera. Hasta el miércoles de la semana pasada era un rumor, pero la empresa blanqueó una decisión que se enmarca en un proceso que comenzó el año pasado con el cierre de otros sectores de la compañía y que, según denuncian los delegados gremiales, continuará hasta mudar gran parte del personal al país azteca, donde es más barata la fuerza laboral.
En una primera audiencia conciliatoria realizada en el Ministerio de Trabajo, representantes de la firma radicada en Nueva York aseguraron que se conservarán los puestos de trabajo hasta el 30 de junio; mientras tanto, ofrecen la adhesión a un plan de “retiro voluntario” a cambio de una suma de dinero que superaría el valor correspondiente a la indemnización legal. Los trabajadores denuncian que esta metodología fraudulenta encubre los despidos y genera un clima laboral cargado de incertidumbre. El Estado: un espectador de lujo. “De alguna manera, la presión que ejercimos hizo que lo anuncien, porque no tenían pensado hacerlo ahora sino más sobre la fecha, cosa de no dar tiempo a ningún tipo de acción”, explicó el delegado Aguilera. El lunes de esta semana hubo una segunda reunión en la cartera laboral, pero tampoco aparecieron perspectivas auspiciosas.
La maniobra de vaciamiento de las diferentes áreas laborales cuenta con la connivencia del Estado ya que la empresa tiene influencia en las altas esferas del poder político. La mediación del Ministerio de Trabajo resulta estéril para los trabajadores, debido que no interviene en el conflicto con ánimos de evitar los despidos. “En el Ministerio están, de alguna manera, con una postura neutral, que al ser neutral beneficia a la parte más fuerte, que es la empresa”, sostuvo Aguilera. La incertidumbre prima entre los empleados: aún no se ha anunciado cuál será el monto que se pagará a aquellos que accedan a retirarse voluntariamente, y tampoco se ha decidido qué pasará con aquellos que no acepten la oferta. “Se manejan a través de la coacción, porque la empresa te dice: ‘Te damos esta indemnización por encima de lo legal ahora, o el 30 de junio vemos qué pasa con vos’ –graficó Aguilera-. La realidad es que el Ministerio debería exigir la continuidad laboral de los que no acepten el retiro voluntario. Eso es lo que estamos pujando para que se logre en esa mesa de diálogo. Básicamente, lo único que conseguimos es que conste en actas que vamos a tomar medidas de acción directa a los fines de defender los puestos de trabajo de los que no se adhieran al retiro”.
Resulta destacable el hecho de que el sector financiero no esté atravesando ninguna crisis; más bien, todo lo contrario, ya que es uno de los que en los últimos años viene obteniendo ganancias extraordinarias, por lo que los despidos no se justifican desde lo económico. “Este modelo se va a trasladar a las otras compañías del sector financiero y no tiene ningún tipo de justificación, simplemente aprovechan el momento del país, en donde el Estado mira para el otro lado, no se regula nada, no pone reglas claras –advirtió Aguilera-. La tendencia que vemos es que esto va a suceder de igual manera en las demás empresas de tarjetas como Visa o MasterCard. Tendría que existir una política de Estado que contemple la situación y no permita que se genere desempleo a pesar de las tremendas ganancias que genera el sector financiero”.
Pero este proceso de vaciamiento de la empresa y de destrucción de los puestos de trabajo se viene dando desde principios del año pasado. “Ante las denuncias que hacemos los delegados, primero la empresa dice que son rumores y lo desmienten, pero luego se terminan llevando áreas como ya pasó con el sector de cobranzas, de prevención de fraudes, de créditos –señaló Aguilera-. La reducción de la plantilla es tremenda. Y de hecho esto no va a terminar acá, porque todavía quedan sectores que en el mediano plazo van a seguir siendo desmantelados, y se va a seguir centralizando el trabajo en México”.
La relación entre los delegados gremiales y la patronal es cada vez más tensa y no es casualidad que se decida vaciar un sector de la empresa en donde los trabajadores, a partir de la organización, lograron en los últimos años conquistas laborales importantes. “Hay una finalidad que tiene que ver con una postura anti gremial que tiene la corporación –dijo Aguilera-. En nuestro mandato como delegados tuvimos muchos logros, inclusive salariales, hasta negociamos una paritaria directamente con la empresa. Y esto no les gustó mucho y empezaron a mover sus influencias, haciendo lobby dentro del mismo sindicato. El gremio tampoco estaba muy contento con la autonomía de negociación que habíamos adquirido como cuerpo de delegados”. Este no es el primer conflicto laboral que se desata en American Express, pero sí uno de los que está adquiriendo mayor visibilidad. “Nosotros acampamos varias veces en la puerta de la empresa, y ya en el expediente del Ministerio advertíamos que la empresa podía llevarse la actividad del call center del país, pero la reacción del sindicato fue tardía”.
Este lunes hubo una segunda reunión en el Ministerio de Trabajo que tampoco llegó a buen puerto. “La empresa no se mueve de su postura de garantizar los empleos hasta el 30 de junio y va a proceder a ofrecer su plan de retiros voluntarios –dijo Aguilera-. Cuando sepa qué cantidad de personas no se adhirieron, recién ahí va a trabajar una solución para esas personas. El Ministerio lo único que hizo es hablar de casos particulares como algún tipo de enfermedad o casos de familias numerosas. Ni siquiera se preocupó por la desaparición de puestos de trabajo, ni le reprochó a la empresa haberse presentado ya con la decisión tomada de despedir. Vemos que no hay una perspectiva de solución”.
Muchos trabajadores afectados por la medida fueron incorporados a la compañía el año pasado, por lo que el monto de la indemnización va a ser muy bajo. “Teniendo en cuenta el contexto nacional, en donde no se está generando empleo en el mercado laboral, muchos compañeros saben que a partir del 30 de junio van a terminar en la calle –sentenció Aguilera-. El panorama es realmente muy oscuro”.
Actualizado 15/03/2017
Feb 22, 2017 | Trabajo
Pese al compromiso firmado el 22 de noviembre pasado entre el gobierno, empresarios y sindicalistas nucleados en la CGT, para evitar el despido de personal hasta el 1 de marzo de este año, el último informe del Centro de Economía Política Argentina -CEPA- revela que hay un promedio de 190 trabajadores por día que son despedidos.
En total ya suman 245.466 los despedidos y suspendidos desde que asumió Mauricio Macri, entre los 74.655 del sector público y los 170.811 del sector privado. Las principales ramas afectadas son la de construcción, metalúrgica y textil, aunque no son las únicas. En tanto, desde la firma del pacto, hace 3 meses, se destruyeron más de 13 mil puestos.
Las cifras del CEPA contabilizan los despidos a partir de la asunción del macrismo en diciembre de 2015 y detallan que el sector más afectado por esta problemática es el de la construcción, con 60.626 pérdidas de fuentes de trabajo. Le sigue la rama de la metalúrgica con 17.567 entre despidos y suspensiones. ANCCOM intentó dialogar con los referentes de la UOCRA y la UOM pero no hubo respuesta desde esos gremios.
Cooperativa Subpga. Foto: Archivo ANCCOM
Ola de despidos
Hace una semana, la empresa alemana Mefro Wheels cerró su planta en Rosario y dejó sin trabajo a 170 empleados. A fines de enero, la ensambladora de computadoras Banghó había hecho lo mismo con más de 200 trabajadores, de su fábrica ubicada en Vicente López. Luego de la protesta de la UOM, esos despidos se convirtieron en suspensiones. Por otra parte, también durante enero cerraron dos plantas de la empresa textil Alpargatas, empujando al desempleo a unas 200 personas.
Hernán Letcher, economista y director del CEPA, explica que la situación en la construcción se debe a la paralización de la obra pública a inicios de 2016. En cuanto al sector metalúrgico agrega: “En general es una actividad vinculada a la mayoría de los sectores productivos, como todo se retrajo, esto la afectó por distintos lugares”.
Otra de las ramas más desfavorecidas es la textil, que sufrió, según los registros del CEPA, 3.752 pérdidas de empleo y 11.820 suspensiones. Hugo Benítez secretario general de la Asociación Obrera Textil-AOT- se refiere a las dificultades que atraviesa su sector: “Es todo una cadena, aumentan los insumos porque hay una inflación del 41%, hay recesión en la producción, no hay consumo y eso hace que la industria nacional esté prácticamente paralizada”.
Como la mayoría de la actividad económica, la industria textil fue perjudicada por la apertura de las importaciones y la caída del poder de compra. Al respecto, Letcher señala: “El área textil está íntimamente ligada al mercado interno, al caer el salario real un 6%, se vio afectada y más si incluso parte de los que se compra viene de afuera”. Benítez, de la AOT, alerta sobre la situación: “Si la política económica no habilita la posibilidad de que se reactive el consumo, chau. Todas las empresas que suspendieron y despidieron, si cuando reincorporen a la gente no tienen la posibilidad de sacar el stock, los trabajadores vuelven otra vez a las casas o a la calle”.
En el estudio realizado por el CEPA también se registra la expulsión de trabajadores en otras áreas de la producción que no llegan a ser tan impactantes aún. Es lo que ocurre por ejemplo con el sector de frigoríficos donde se registraron 3.071 despidos. Lo mismo que en plásticos y curtiembres donde hay 406 entre cesantías y suspensiones para el primero y 374 para el segundo.
Claudio Blanch, secretario general adjunto de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, señala que en su sector donde el 20% de la producción se exporta, los conflictos se dieron en el área comercial debido al impacto en las ventas de la caída del consumo de carne vacuna. El sindicalista destaca que su gremio no sufrió grandes despidos aunque reconoce que hay mermas en la cantidad de horas de trabajo, lo que en definitiva influye en los sueldos: “Tenemos una herramienta fundamental que es la garantía horaria, son 140 horas mensuales garantizadas que si no se llega a cumplir esa cantidad las tienen que pagar igual. Es una instrumento que están utilizando mucho los empresarios y por eso no hay tantos despidos”, puntualiza.
En curtidores, las características de la industria, que exporta el 93% de la producción, también minimiza el impacto de los conflictos. Sin embargo, Walter Correa, Secretario General de la Federación del Cuero admite dificultades para la pequeña empresa: “Las pymes están muy expuestas al cierre debido a que la industria consume mucha agua, energía y gas. Estos factores indispensables son los que están sufriendo los tarifazos y es lo que termina afectando los puestos de trabajo.” Además, Correa advierte que la combinación de “las importaciones, el tarifazo y que se haya detenido el consumo local, son las tres causas que detonan la pérdida del empleo”.
Letcher, en la misma línea que Correa, agrega: “De las tres razones, la más importante es la caída del salario real, es la que más ha afectado la producción interna”. Y aunque analiza que no se prevé que en el 2017 vayan a mantenerse los mismos niveles de destrucción del empleo que los del año 2016, alerta sobre las importaciones: “Todavía no han llegado a su techo, lamentablemente van a hacer estragos incluso todavía más adelante.”
Cooperativa Subpga. Foto: Archivo ANCCOM
Desde las bases
Actualmente, dentro del gremio liderado por Correa, trabajadores de la curtiembre Espósito en Avellaneda, mantienen un conflicto con la fábrica, que estuvo cerrada durante un mes en octubre del año pasado. Al reabrir en noviembre, de 108 trabajadores que había, despidieron a 58. Aún hoy esos empleados aguardan una audiencia en el Ministerio de Trabajo para llegar a un acuerdo con los dueños de la empresa que ni siquiera presentaron una propuesta de pago por las indemnizaciones correspondientes. Daniel Flores, delegado en Espósito, advierte que: “Ya veníamos con una baja de trabajo pero no como para que despidan así a 58 compañeros”.
Correa se muestra escéptico respecto al rol del Estado: “El Gobierno echa gente desconociendo los propios acuerdos que firma. Y el viceministro de Trabajo (nota de la r: Miguel Ángel Ponte) les responde a los compañeros gráficos que no puede hacer nada porque la situación está superada”. Recordemos que a fines de enero el Grupo Clarín despidió a 300 trabajadores de su planta de impresión del barrio porteño de Pompeya.
Otra empresa en donde hubo conflicto durante el último mes fue Mascardi, perteneciente al sector del plástico. En enero hubo 42 cesantías, que fueron reincorporadas por la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. En febrero al vencer la medida se volvió a despedir a los mismos empleados y a otros ocho, originando la toma de las instalaciones de la fábrica. “La toma se decidió levantar porque dieron marcha atrás con los despedidos, los nuevos y los viejos, y se comprometieron a pagar el 100% las indemnizaciones”, comenta Emmanuel Kommers, delegado en Mascardi y agrega: “Están siguiendo una línea general. ¿Quién les va a decir algo?. Es un ajuste a todos, no solamente acá, hay miles de lugares que están iguales o peor”.
Marcha Federal a Plaza de Mayo, septiembre 2016. Foto: Archivo ANCCOM
Perspectivas
“En lo que tiene ver con la industria los despidos crecen todos los meses a una tasa relativamente uniforme”, señala Letcher y en base al acuerdo antidespidos firmado por el gobierno y empresarios el 22 de noviembre pasado señala: “No tuvo efecto básicamente, las grandes empresas que lo firmaron también despidieron.” Efectivamente, el cálculo realizado por el CEPA marca que desde la firma del compromiso se produjeron 13.291 nuevos despidos, lo que se traduce en un promedio de 190 por día.
Sobre esta cuestión, Benítez, de la AOT, opina: “Las empresas que habían firmado el compromiso de no despedir, son las mismas que salieron de la Casa de Gobierno y lo que hicieron al llegar a sus empresas fue hacer todo los contrario.” En cuanto a la recuperación de los puestos de trabajo Letcher concluye: “En el sector industrial, claramente los despidos no se han repuesto. Pero en términos generales, a cualquiera que echen de cualquier actividad, está en problemas porque no tiene dónde conseguir trabajo”.
Actualizado 22/02/2017
