Ene 4, 2018 | Novedades, Trabajo
Las fiestas de fin de año llegaron con malas noticias para los trabajadores de los medios de comunicación públicos. Reunidos en una histórica asamblea conjunta de Radio Nacional, Televisión Pública y agencia Télam, este miércoles denunciaron la puesta en marcha de un “drástico programa de ajuste en los medios bajo gestión estatal”. El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (SDMCP), Hernán Lombardi, prefirió denominarlo “proceso de modernización”. A los 180 despidos en el área de la Televisión Digital (TDA), virtualmente desmantelada, se le sumaron “retiros voluntarios” y jubilaciones anticipadas, y, en el primer día hábil del año, una nueva ola de despidos en Radio Nacional que puede ampliarse en los próximos días.
Ayer, la asamblea conjunta reunió a más de 350 trabajadores de los tres medios en el hall de ingreso del histórico edificio de Nacional, ubicado en Maipú 550. Allí, se resolvió continuar con el plan de lucha, exigir la reincorporación de los despedidos y participar de la marcha de ATE al Ministerio de Modernización para rechazar los despidos en diferentes dependencias del Estado que el gobierno de Cambiemos anunció entre el final de 2017 y la primera semana de 2018. La posibilidad de un paro simultáneo en los tres medios sobrevoló el debate.
Gentileza SIPREBA
“Las tres empresas estamos bajo el mismo convenio de ajuste. El gobierno anunció retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, y si no les alcanza para las bajas que proyectan, habrá más despidos en los medios públicos. En Radio Nacional y en la TV Pública, ya comenzaron las llamadas jubilaciones anticipadas, en Telám se calcula que estarán comenzando dentro de diez días”, resumió Mariano Suárez, delegado de la agencia de noticias estatal, en diálogo con ANCCOM.
Por su parte Agustín Lecchi, delegado de la TV Pública, advirtió que se puso en marcha “un intento de ajuste y vaciamiento por parte de la gestión”. Y afirmó: “La asamblea que realizamos fue histórica. Se da como continuidad de un paro que comenzó el lunes en Radio Nacional, contra los 16 despidos de compañeros que estaban en una relación de fraude laboral desde hace años”.
“Nos enteramos de los despidos de la forma más perversa posible en la que se puede enterar un trabajador que viene a su lugar de trabajo”, dijo Cecilia Bari, secretaria general de la Asociación de trabajadores de Radio Nacional (ATRANA) a esta agencia. Y precisó: “El reloj digital que te toma tu huella en la entrada no te la tomaba y la gente de seguridad te decía que si pasaba eso ya no eras más trabajador de la radio”.
En TDA ya se había vivido un panorama muy similar. Después de Navidad, el subsuelo del edificio de Fabricaciones Militares, ubicado en Cabildo 65, cerró sus puertas y la totalidad de los trabajadores del área de Contenidos Audiovisuales de la Televisión Digital Abierta perdieron sus puestos de trabajo.
“La situación es que se bajan las persianas del lugar físico donde funcionaba la base operativa, entonces no hay un espacio para la reincorporación. Se baja la política pública y se entrega el edificio, no estamos hablando de un porcentaje de trabajadores estamos hablando de la totalidad y sin posibilidades de reincorporación”, explicó uno de los delegados sindicales del SATSAID a ANCCOM.
Anahí Molina, una de las trabajadoras despedidas de TDA, advirtió que el gobierno “habla de reestructuración pero en realidad está desmantelando. Aducen que éramos muy costosos y no es verdad: éramos muy baratos porque estábamos en negro”, detalló. El argumento oficial es que la “relación contractual” finalizó el 29 de diciembre. “Hay gente que trabaja desde hace siete años de una forma permanente, con un modo de empleador-empleado. Es una relación de trabajo encubierta y fraudulenta que no reconocen”, contrastó otro de los referentes del sindicato de televisión consultado por ANCCOM.
En el caso de Nacional, el futuro de las filiales del interior parece en la mira del plan oficial. “Se trata de un vaciamiento que aspira a que Radio Nacional deje de existir en el interior del país. ¡No hay ninguna causa para los despidos! Esto se trata de un plan de achique que nosotros denunciamos a partir de los ofrecimientos de jubilación anticipada que seguirá en enero con retiros voluntarios y con el cese de contratos de personal. Pablo Ciarliero, vicepresidente de la emisora, nos dijo que la radio se va a hacer con la gente que quede”, puntualizó Bari.
La delegada de ATRANA explicó que el plan del gobierno apunta a que “el plantel quede diezmado y se transformen todas las emisoras en meras repetidoras de Radio Nacional Buenos Aires, desconociendo el carácter que tienen las radios públicas que son principalmente un servicio”. Y completó: “A pesar de la era de las comunicaciones, en muchos lugares del interior la única forma que tienen de comunicarse los habitantes es a través del servicio social que brinda Radio Nacional”.
Gentileza SIPREBA
Actualizado 04/01/2017
Dic 20, 2017 | Trabajo
El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, fue uno de los dueños de Freddo hasta diciembre de 2015, cuando anunció que abandonaba el fondo de inversión Pegasus para pasar a ser funcionario del entonces flamante gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, más allá de la publicitada desvinculación, la empresa desarrolla una política salarial de precarización en sintonía con las intenciones oficiales.
A comienzos de mayo, los empleados de la compañía padecieron una serie de despidos masivos que iniciaron un conflicto que llevaría todo el año en resolverse. Marcelo Gasso, delegado hace más de 20 años, comentó: “La empresa en mayo despidió 30 trabajadores. Desde la crisis de 2001 que en la empresa no había despidos masivos.”
El suceso se agravó el 1 de agosto, cuando la empresa postergó el aumento de los trabajadores y postuló una serie de condicionantes para otorgarlo. Mientras que los trabajadores esperaban el 25% de incremento -el índice convenido con la Cámara de Heladeros- , la empresa solo buscaba ofrecerles el 10%.
Viviana Godoy, delegada en su primer mandato, comentó además la intención de Freddo de eliminar una de las categorías de los empleados. “Hay distintas categorías: inicial, especializado y calificado. Hay un 30% de la empresa que tiene esa última categoría. Argumentan que para hablar de un aumento, a esa categoría la tienen que eliminar”. La intención de la empresa era indemnizar a los empleados y bajarlos de categoría, a lo que se negaron. Por último, Godoy dijo: “No se puede bajarle el sueldo a alguien. Todos tienen un derecho adquirido”.
Una empleada, que trabaja hace 13 años y que prefirió no identificarse, comentó: “Al comienzo era o bajarnos la categoría o chau, irnos de la empresa. Muchos, por miedo, quieren aceptar eso”. En ese sentido, el delegado Gasso señala: “Había algo que era totalmente premeditado, de modificar el convenio, de reducir el plantel, de reducir los salarios de los trabajadores. Creo que todo eso viene en concordancia con la reforma laboral”.
La misma empleada que trabaja en uno de los locales comentó que como la empresa no contrató nuevos trabajadores luego de los despidos de mayo, muchos trabajadores se vieron forzados a realizar más tareas de las que realizaban habitualmente. “Yo soy empleada de atención al cliente y sin embargo también estoy en la caja. Pero a mí no me pagan como cajera. O sea tengo que hacer las dos tareas, con todo lo que implican las dos cosas.”
Al negarse a la oferta de Freddo, los empleados tuvieron una audiencia en el Ministerio de Trabajo, en la que no pudieron ponerse de acuerdo con la empresa. La firma no solo ofrecía el 10%, sino que además ese aumento le correspondía al 70% del personal, el que estaba en la categoría de especializado e inicial. Al negarse a estas condiciones, los trabajadores empezaron a convocar a asambleas en los diferentes locales de la empresa.
Al mes siguiente, los empleados descubrieron que en tres locales donde trabajaban los delegados, les habían descontado el presentismo a todos por haber presenciado las asambleas argumentando que habían hecho un cese de actividades. Fue ahí cuando comenzó la escalada del conflicto. Los trabajadores pidieron una segunda audiencia en el Ministerio para pedir explicaciones y el reintegro del dinero. En relación con esta situación, Godoy comentó: “La asamblea es un derecho. Pero fueron puntuales, en esos locales donde trabajan los delegados. Les descontaron al final a todos los empleados, incluso a los que estaban de franco”. La cadena de heladerías se negó a realizar el reintegro y los empleados realizaron un cese de actividades por 24 horas.
Godoy señala que hace diez días rubricaron un acuerdo: la empresa otorgará solo un 15% de aumento y una suma no remunerativa para compensar el diez por ciento restante. “Pan para hoy y hambre para mañana”, concluye en la heladería.
Actualizado 19/12/2017
Nov 16, 2017 | inicio, Trabajo
Encabezados por los trabajadores despedidos de
DyN -la agencia de noticias que acaba de ser
cerrada por sus accionistas, Clarín y La Nación- los trabajadores de prensa realizaron el pasado
martes un “camarazo” de protesta frente al Congreso de la Nación, donde presentaron un
proyecto para que se declare la emergencia laboral en el sector.
El proyecto elaborado por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (
SiPreBA) y la
Asociación de
Reporteros Gráficos de la Argentina fue entregado a Remo Carlotto, titular de la Comisión de
Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, quien se comprometió a analizar cómo la
Legislatura puede colaborar en mejorar la situación de los trabajadores de prensa que, según las
entidades gremiales, perdieron 3.000 puestos de trabajo en los últimos dos años.
Mirá la cobertura de ANCCOM:
Actualizado 16/11/2017
Nov 8, 2017 | inicio, Trabajo
Clarín y La Nación decidieron el cierre definitivo de Agencia Diarios y Noticia (DYN), medio periodístico con 35 años de antigüedad y dejaron a casi 100 trabajadores en la calle. Así le confirmaron a sus trabajadores desde el directorio de la empresa, controlada por esos matutinos, en una reunión que mantuvieron el pasado lunes.
Tal como lo anticipó ANCCOM, la agencia privada de noticias más importante del país deja de existir debido a la decisión de sus accionistas, que esgrimen razones económicas. Además de Grupo Clarín y S.A. La Nación – los medios gráficos que actualmente reciben más pauta publicitaria oficial -, el medio pertenece al diario Río Negro, La Gaceta de Tucumán y otros periódicos más pequeños del interior del país.
“La supuesta crisis económica que afecta a los diarios del interior no alcanza para explicar esta decisión. Los accionistas principales han ampliado su gama de negocios millonarios dentro y fuera de los medios de comunicación”, explica Santiago Magrone, periodista y delegado de la comisión interna de trabajadores de DyN. Tanto él como el otro representante sindical, Fernando Cáceres, desconfían de las razones que da la empresa. “Creemos que hay problemas entre los socios inversores, son cuestiones políticas. Clarín, por ejemplo, achicó la planta con despidos encubiertos el año pasado y mientras invertía en su plataforma web, desinvertía en DyN.”, comenta Cáceres. Magrone agrega que esa desinversión se evidenciaba en el deterioro de las condiciones de trabajo que fueron reclamando sucesivamente a la empresa.
Los trabajadores se enteraron del cierre de la agencia el pasado viernes, cuando recibieron una confirmación extraoficial de lo que venían sospechando desde hace varios meses. “Los que estaban en la redacción fueron llamando a los demás, y así nos fuimos enterando todos”, relata Alejandra Fernández Guida, redactora del turno mañana. Y agrega: “Tuvimos un viernes fatal. Durante el fin de semana no supimos más nada, y el lunes vemos el edicto en el Boletín Oficial”. Ese documento confirma una asamblea extraordinaria de accionistas que se llevará a cabo el 23 de noviembre en la sede de ADEPA con el fin de tratar la disolución de la sociedad. “Hay una relación muy estrecha entre Clarín y el gobierno -dice Cáceres-. Los rumores de cierre que se vienen escuchando desde hace meses también provinieron de ámbitos oficiales”.
Al respecto, Magrone también sospecha que la relación entre los principales medios propietarios de la agencia y el gobierno nacional ha tenido algo que ver con este abrupto cierre: “Nos llamó la atención que, existiendo un vínculo tan cercano entre los dueños principales y la Casa Rosada, hubieran cesado los ingresos por organismos públicos, que hace dos años eran abonados de DyN. Le preguntamos esto a Rodolfo Vedoya, el presidente del directorio, y nos dijo que hicieron gestiones pero el actual gobierno respondió que le dejaron de interesar los servicios de la agencia”, cuenta. Y agrega: “El cambio de época da para que se animen a tomar decisiones que antes no se animaron. Entre otras cosas, por el abaratamiento de las indemnizaciones, que luego de la gran devaluación hizo que el despido les costara la mitad. Además, cuentan con el santo y seña de un Ministerio de Trabajo, inoperante en materia de derechos laborales. En estos días, el poder económico y el poder político parecen estar muy en sintonía, deben haber pensado qué sentido tiene mantener una agencia como DyN, que no va a estar dispuesta a hacer oficialismo, sino periodismo”.
Reporteros gráficos que trabajaron en distintas épocas de la agencia DYN se solidarizan con la asamblea de trabajadores.
Desde la reunión del lunes, si bien los periodistas y administrativos continúan en sus puestos de trabajo, el contexto es otro: “La asamblea de ayer fue un velorio masivo”, cuenta Fernández Guida. “La reunión terminó con todos llorando. Es más, hace dos minutos un compañero rompió en llanto acá en la redacción, de repente. Así estamos desde el viernes, entre lágrimas y anécdotas a cada paso. Que un medio histórico cierre así de golpe yo no me lo esperaba. Pero Agencia DyN se va con el prestigio intacto. Se creó en 1982 con un grupo de periodistas excelentes para tratar de dar un enfoque profesional a la Guerra de Malvinas y no perdió jamás ese prestigio”, dice entre orgullosa y emocionada.
En tanto, Fernando “Tato” Dondero, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), confirmó que la empresa prometió pagar el 100 por ciento de la indemnización, lo que en este contexto de precarización laboral y reformas a espaldas de los trabajadores, es un alivio muy relativo.
Actualizado 08/11/2017
Nov 2, 2017 | inicio, Trabajo
Este jueves absolvieron a los seis delegados gremiales de Editorial Perfil en el juicio oral llevado a cabo durante esta semana, en el que los trabajadores habían sido acusados de afectar la libertad de prensa en el marco de una medida de fuerza. La causa penal, que había comenzado en 2013, era para los procesados una represalia de la empresa para disciplinar a los trabajadores y debilitar la organización gremial colectiva.
El juez subrogante Walter Candela dictó la absolución luego de escuchar los alegatos y el testimonio de 19 testigos, de los cuales 16 fueron llevados por el fiscal. En el banquillo de los acusados esperaban Marcelo Iglesias, Raúl Mileo, Carlos Rodríguez, Héctor Velásquez, Jose Luis Quartana y Rubén Schofrin, quien además es secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Sipreba). Durante las cuatro jornadas del juicio, este sindicato, que es, según Schofrin, “uno de los sindicatos que Macri dice que sobran”, organizó una radio abierta y actividades de apoyo a los delegados. A ellos se sumaron otras organizaciones gremiales, diputados, legisladores y periodistas para pedir la absolución en las puertas del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 12.
“Perfil dio un golpe de estado a nuestra comisión interna el 30 de octubre de 2013, día de elecciones. Echaron a trece compañeros, entre los cuales había miembros de la junta electoral, que tienen inmunidad gremial”, relata Schofrin. Y agrega: “El despido de un trabajador es legal, pero no el de un integrante de la junta electoral. La ley así lo considera. El paro fue masivo y entonces las publicaciones de la empresa, como el diario Perfil y la revista Caras, demoraron su salida unas horas. Frente a eso nos acusaron de violar la libertad de prensa”.
En el juicio oral llevado a cabo durante esta semana, los trabajadores habían sido acusados de afectar la libertad de prensa en el marco de una medida de fuerza.
Para Schofrin, la denuncia penal efectuada dos meses después de esos hechos fue una venganza de la empresa de Jorge Fontevecchia, ya que en el fuero laboral los trabajadores habían logrado grandes conquistas. “Perfil aplicó un revanchismo inédito. Nosotros sufrimos más de 800 despidos y revertimos cerca de 200. La acción punitiva busca quebrar una organización gremial colectiva e imponer un régimen de disciplinamiento a los trabajadores de prensa”, sostiene.
Iglesias, también acusado, cuenta algunos detalles de la noche de la denuncia: “Viene la Policía Federal, entra, mira y se va sin hacer nada. Más tarde vienen de Prefectura y pasa lo mismo. Cuando llega la Policía de la Ciudad, que en ese momento se llamaba Metropolitana, el fiscal de turno le dice al jefe del operativo que se vaya, que no había ningún delito. Eso figura en el expediente”. De hecho, durante el tercer día del juicio declararon algunos de los policías que participaron esa noche, ratificando que no había delito, tal como cuenta el delegado.
Editorial Perfil, que en diciembre de 2013 hizo la denuncia penal contra sus trabajadores, no fue querellante en la causa. “Fontevecchia tiene sus mañas, y prefirió hacerle hacer el trabajo sucio al Poder Judicial, a un fiscal. Y como el Estado defiende los intereses de la empresa, esto a Perfil le sale gratis”, dijo Iglesias. Por su parte, el abogado de la defensa, Fernando Gómez, aclara este punto: “Perfil no fue querellante porque estaban muy flojos de papeles, ya que los hechos que denunciaron no existieron y no hubo ningún ataque a la libertad de prensa. Solo hubo una medida de fuerza para impedir despidos ilegales porque la empresa violó la Ley 23551 de Asociaciones Sindicales”. El abogado, además, advierte: “Tendrán responsabilidades severas cuando se termine de comprobar la verdad que deriva de este juicio, y que es lo que motivó las medidas de fuerza. Esta empresa ha llevado adelante despidos masivos, ha violentado los recursos preventivos de crisis, ha desoído decisiones judiciales de reincorporación de trabajadores y ha desconocido la vigencia del Estatuto del Periodista”. Entre los testigos que declararon, hubo cinco gerentes de distintas áreas de Editorial Perfil.
Si bien el artículo 161 del Código Penal preveía una pena de uno a seis meses de prisión, detrás de este juicio se escondía un riesgo mucho mayor que la posible condena, y es la utilización de la justicia penal para criminalizar la actividad gremial. “Pegarle a la organización gremial es pegarnos a todos. Si nos llegaba a ir mal a nosotros, Clarín y La Nación iban a salir a hacer denuncias penales en vez de buscar abogados laboralistas. Estuvieron mirando este juicio de cerca”, se preocupa Iglesias. “Es una locura que los que producen los diarios y revistas sean acusados de coartar la libertad de prensa. En realidad, violar la libertad de prensa es echar periodistas y sembrar el terror para que no haya voces disonantes, que es lo que están haciendo algunos medios en este momento”, compara.
Para Schofrin, la denuncia penal efectuada dos meses después de esos hechos fue una venganza de la empresa de Jorge Fontevecchia, ya que en el fuero laboral los trabajadores habían logrado grandes conquistas.
El clima de época es otro factor que los protagonistas de esta causa toman muy en cuenta para entender por qué llegó a juicio oral un reclamo laboral. “Yo tengo 30 años en el gremio y nunca vi un caso así”, dice Fernando “Tato” Dondero, secretario general de Sipreba y testigo de concepto en la causa. “La preocupación central es el momento político en el que aparece esto. El gobierno viene por reformas en contra de los trabajadores, y este hubiera sido un precedente terrible. Cualquier paro puede terminar en denuncia por entorpecer la libertad de prensa”.
Iglesias también entiende que los nuevos vientos políticos han dado aire a este tipo de criminalización del conflicto gremial: “Fontevecchia es un hábil lector de la realidad, y leyó este cambio de época, porque es en este contexto que una causa así puede tener algún asidero. El fallo de Cámara salió en 2015, el día después del balotaje, y a partir de ahí la causa se aceleró y avanzó hasta este juicio”.
“Volvemos a Editorial Perfil a trabajar como todos los días, pero sin la espada de Damocles sobre la cabeza”, dijo Schofrin al salir del juzgado, absuelto al fin, pasada la una de la tarde del jueves.
Los aplausos después de la absolución.
Actualizado 02/11/2017
