Jun 4, 2018 | Novedades, Te puede interesar, Trabajo
Anoche, mientras se celebraban los premios Martín Fierro, cientos de trabajadores se agruparon en las afueras del hotel Icon Alvear para reclamar contra el recorte presupuestario, el vaciamiento de contenidos y los despidos en los medios públicos.
Representantes de TV Pública, de Radio Nacional y de la agencia oficial de noticias Télam, junto a todos sus sindicatos de prensa y televisión, se manifestaron en la entrada del lugar bajo la consigna “Que no te apaguen los medios públicos”, a raíz de la difícil situación que están pasando sus empleados.
Sebastián Struciat, integrante de la producción de Encuentro y de Paka Paka, explicó a ANCCOM respecto de la movilización que “hace más de dos años que existe el conflicto y no estamos teniendo respuestas claras ni de (el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos) Hernán Lombardi ni del gobierno. La intención es generar un vaciamiento de los contenidos. Desde su punto de vista, como no produce ganancia, todo lo que tiene que ver con lo público no merece presupuesto. Por esto hoy nos encontramos en la lucha”.
Durante la entrega de premios, algunos actores y periodistas mostraron un cartel con la leyenda «que no te apaguen los medios públicos».
Y mientras los famosos pasaban solo a metros de las banderas y del agite, Cecilia Bachetta, delegada gremial de APJ (Asociación del Personal Jerarquizado), quien fue despedida por considerar que su labor sindical no era compatible con el que hacía en TV Pública, comentó: “esto viene complicado, mirá la gente que hay acá. Son más de trescientos despidos, con ajuste y recorte”.
A su lado, entregando folletos que informaban los motivos de la lucha, Agustín Lecchi, representante de SiPreBa (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), agregó que el próximo miércoles 6 de junio tendrá lugar la marcha federal del periodista junto a los trabajadores de prensa de todo el país.
Una marcha para que en la TV Pública, en Radio Nacional y en Télam no haya más despidos ni vaciamientos. Para que vuelvan a ser vanguardia, y para que vuelvan a ser de calidad.
May 30, 2018 | Novedades, Te puede interesar, Trabajo
La historia de la crisis en los medios sumó esta semana un nuevo capítulo con el despido de dos trabajadores de la agencia estatal Télam y 30 de Radio Del Plata. Aunque con características diferentes, ambos ajustes retratan la sangría en los medios de comunicación -en especial radiales y gráficos- en los últimos dos años.
El caso de Del Plata tuvo un costado siniestro. Los trabajadores fueron notificados el domingo por la noche y por teléfono que habían sido desvinculados por la empresa Radiodifusora del Plata S.A., parte del grupo Electroingeniería S.A. propiedad de Gerardo y Sebastián Ferreyra y Osvaldo Acosta. Al día siguiente los trabajadores iniciaron un paro de 24 horas con retención de tareas que interrumpió la programación y derivó en la decisión del Ministerio de Trabajo de dictar la conciliación obligatoria. Esa medida implica la reincorporación inmediata de los despedidos y la reanudación de la programación sin interrupciones hasta el 19 de junio. En ese lapso, la empresa deberá dar una respuesta a la crisis que atraviesa la emisora.
Nicolás Trinchero, delegado de la comisión interna del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), informó a ANCCOM que los telegramas fueron llegando a los domicilios de los trabajadores a destiempo y que mostraban irregularidades en los motivos de despido. “No teníamos certeza concreta de cuántos eran los despedidos, nos fuimos enterando a medida que llegaban los telegramas”, agregó.
Los trabajadores denuncian desde hace varios meses los incumplimientos de la empresa: el atraso en el pago de salarios y su abono en cuotas, la falta de depósito de cargas sociales, el incumplimiento del pago de aguinaldos y el ofrecimiento de retiros voluntarios. El 14 de mayo iniciaron una medida de fuerza como respuesta a la imposición de reducir los salarios de todo el personal un 50% durante 60 días. Durante esa semana, la empresa manifestó a los trabajadores su intención de reducir personal por lo que algunos trabajadores negociaron un acuerdo para que se les abone la correspondiente indemnización en cuotas, mientras que otros accedieron a otra fuente laboral. Ese acuerdo fue incumplido por la empresa que alegó que los trabajadores “habían abandonado su puesto de trabajo”. La maniobra se tradujo en doce despidos de la semana pasada.
Con los 30 despidos de esta semana sumaron 42 los trabajadores que se habían quedado sin su fuente de trabajo. Trinchero informó que la empresa se puso a su disposición para ofrecerles el pago de la correspondiente indemnización, pero que ellos ya “no confían” en sus palabras, por lo que decidieron llevar adelante una asamblea permanente y exigir la inmediata reincorporación de los trabajadores. Finalmente, el martes se llevó adelante una reunión en el Ministerio de Trabajo en la que se dictó la conciliación obligatoria hasta el martes 19 de junio, lapso en el cual la empresa deberá dejar sin efecto las 42 cesantías. Los trabajadores levantaron la medida de fuerza y ya se encuentran en sus puestos de trabajo.
Télam
En Télam, el martes pasado el redactor de Economía Ángel Jozami y una miembro de la mesa de edición, Fernanda Arce, ambos trabajadores que no contaban con ningún tipo de sanción dentro de la empresa, fueron notificados de su desvinculación. Según un comunicado de la agencia del día lunes, la razón de su despido fue el “acto de irresponsabilidad” y la “falta de ética y profesionalismo” que los trabajadores habían tenido en su trabajo en un cable publicado el día 13 de este mes en el que se informaba que los propietarios de las Lebac que vencerían 48 horas después eran en su mayoría extranjeros, cuando en realidad sólo un 5% eran de ese origen, según datos del Banco Central contrastados en el comunicado.
El jueves 31 de mayo los trabajadores de Télam harán radio abierta frente a la redacción.
En diálogo con ANCCOM, Esteban Giachero, delegado de la comisión interna del SiPreBa, remarcó que ésta es una maniobra que constituye una “sanción desproporcionada y sin justa causa”. El protocolo para modificar una información errónea ya publicada, explicó a esta agencia, es simplemente “levantar” el cable del acceso a los abonados y publicar la nueva información, cosa que no sucedió durante los quince días que la nota estuvo “al aire” para ser consultada.
Además, advirtió que toda información disponible en Télam pasa por un estricto control llevado adelante por las cúpulas jerárquicas: los gerentes periodísticos Luis Sartori y Daniel Capalbo; y el jefe de la sección de Economía, Ricardo Sarmiento, a quienes señaló como responsables directos de los despidos.
El conflicto de los trabajadores de Télam ya lleva mucho tiempo. En una nota publicada el 18 de mayo por este medio, los trabajadores denunciaron censura, vaciamiento de secciones y agotamiento de contenidos. “Recolectamos más de 50 casos de cables que nunca fueron publicados, en secciones blandas que se supone que no hay demasiados temas conflictivos para la línea editorial del Gobierno”, comentó en ese momento Mariano, un trabajador de la agencia.
Los trabajadores de Télam se encuentran en asamblea permanente en reclamo por la inmediata reincorporación de los despedidos e iniciaron una campaña para defender sus fuentes de trabajo y el derecho a la información. Este jueves a las 13:00 también realizarán una radio abierta frente a la redacción, en Bolívar 531. ANCCOM consultó con el Ministerio de Trabajo si está previsto iniciar algún tipo de negociación, pero no obtuvo respuesta.
Abr 29, 2018 | Novedades, Trabajo
Trabajadores de fábrica de plastico Oropel de la Boca, en conflicto por su fuente de trabajo.
Los 75 trabajadores de la fábrica de plásticos Oropel S.A., ubicada en La Boca y que atraviesa un conflicto laboral, decidieron -con el apoyo de las organizaciones sociales y políticas del barrio- realizar una jornada de lucha el martes 1º de mayo.
Bajo la consigna “Oropel es de los trabajadores”, los organizadores esperan que la actividad sirva para visibilizar la problemática y, al mismo tiempo, recaudar recursos económicos para el fondo de lucha.
La fábrica de plásticos Oropel S.A. atraviesa un grave conflicto laboral: desde diciembre de 2017 los 75 trabajadores se encuentran sin percibir sus salarios. Si bien las irregularidades se iniciaron a fines del 2012 con atrasos en los aguinaldos y en el pago de las vacaciones, en 2016 Alejandro García Calabria, presidente de la firma, se presentó en concurso de acreedores e intentó formalizar un convenio proponiéndole al Ministerio de Trabajo acuerdos de pronto pago.
Gustavo Ureña, uno de los trabajadores que lleva más de 20 años en la fábrica, denuncia que “García Calabria prometió que se iba a poner al día y no cumplió. No presentó nada, ninguna disposición de pago. Los sueldos se empezaron a atrasar y ahora estamos hace cuatro meses sin cobrar” y continúa: “La única presentación que realizó ante el juzgado es que nosotros, supuestamente, estábamos haciendo una toma de fábrica e, incluso, que no queríamos trabajar. Está claro que las únicas propuestas que él tiene son acusaciones”.
Bajo la consigna “Oropel es de los trabajadores”, los organizadores esperan que la actividad sirva para visibilizar la problemática.
El abogado defensor de los empleados, Luis Palmeiro, explica que García Calabria llegó a hacer una denuncia penal contra los trabajadores “por una venta de mercaderías -así lo manifiesta- por ocupación. La Fiscalía mandó a archivar esa causa debido a que no hay delito porque lo consideró parte de un conflicto de carácter laboral. Los trabajadores siguen yendo a la planta, no se violentaron cerraduras, simplemente se presentan a trabajar todos los días en los distintos turnos así que no hay posibilidad de identificar eso con el delito de usurpación” y enfatiza: “El deudor dijo que iba a poder pagar los salarios vendiendo algunas máquinas, sin identificar cuáles. Esta propuesta también fue rechazada”.
Cabe señalar que, durante diciembre de 2017, Calabria retiró de la fábrica 36 moldes, luego se llevó otros tres y en enero retiró el de los envases de la Serenísima que para Franco Medina, empleado de hace más de 30 años, significa “el corazón de la fábrica”. Se trata de piezas fundamentales para poder realizar los productos y, según los argumentos del deudor, habrían sido llevados a un taller de reparación. Los trabajadores insisten en que “los moldes estaban en perfectas condiciones y pareciera que el propio gerente está intentando desmantelar su propia fábrica”.
Luis Palmeiro explica que “el último viernes, el Juzgado Comercial N°18 secretaría 36, ordenó que el síndico ocular concurra, en primer lugar, a Oropel para ver el estado de situación de la fábrica, para ver si los trabajadores están ahí y en qué situación y, en segundo lugar y en relación a la salida de molduras que son las matrices que se necesitan para hacer los envases plásticos, solicitó que fuera a ver dónde están los moldes y en qué estado”.
Lo cierto es que aquel acuerdo de pronto pago que Calabria propuso en 2016 ante el Ministerio de Trabajo para regularizar la deuda de la fábrica no se cumplió, por lo que fue necesario recurrir a lo que se conoce como período de exclusividad en el cual se deben presentar las conformidades y el consentimiento de todos los acreedores, proveedores, clientes, servicios, AFIP, sindicales y los propios trabajadores. Todos los acreedores deben prestar la conformidad a ese acuerdo que intenta hacer el deudor. Al no obtenerla, se extendió el plazo, se prorrogó dos veces por 30 días y el último improrrogable venció el 10 de abril.
Gustavo, trabajador que dialogó con ANCCOM.
Al terminarse el período de exclusividad se abre una nueva instancia que no va a estar destinada al deudor sino a los eventuales interesados en adquirir la fábrica. “El cramdown es la posibilidad de que un acreedor o un tercero adquiera la empresa del concursado y tiene como propósito evitar la quiebra” explica Palmeiro y continúa: “Es un proceso que, a partir de la última modificación de la Ley de Concursos y Quiebras del año 2011, habilita a la cooperativa de trabajadores en formación a presentarse al mismo”.
“En estos días estamos esperando la resolución de la jueza para ver qué va a pasar con nosotros. Lo que queremos es seguir trabajando pero necesitamos que vengan con propuestas”, exige Ureña y lamenta las situaciones difíciles que están atravesando todos sus compañeros: “Algunos tuvieron que dejar de alquilar, otros se separaron, compañeros que toman medicación hoy no pueden comprarla”. En esa misma línea, Franco Medina expresa que “cuatro meses sin sueldo es insostenible. Nosotros necesitamos trabajar y tener un sueldo para poder vivir”.
Desde diciembre de 2017 los 75 trabajadores se encuentran sin percibir sus salarios.
Abr 26, 2018 | Novedades, Trabajo
La primera posta fue el lunes de la semana pasada. Ese día, los trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad se enteraron que el gobierno echaba a 70 de sus compañeras y compañeros. Un policía en la puerta del organismo, en Hipólito Yrigoyen 1439, en Capital, leía de un papel los nombres de quienes a partir de ese momento eran dejados sin trabajo. La segunda sucedió pocos días después, cuando el Ministerio de Agroindustria resolvió echar a 330 personas, disfrazando la medida de “desvinculación”, tal como se usa en el lenguaje gerencial. Así, 400 empleados se quedaban en la calle en menos de una semana.
Más de 400 personas quedaron sin empleo en el Ministerio de Agroindustria.
El lunes 16 de abril, los empleados y empleadas de la Agencia Nacional de Discapacidad llegaron hasta Hipólito Yrigoyen 1439, como todas las semanas, para retomar sus tareas habituales. Sin embargo, algo había cambiado en la geografía del lugar: carros de asalto y efectivos apostados en el ingreso. En las oficinas faltaban empleados; los que estaban eran policías de la Federal. Así se enteraron de los despidos.
La Agencia había sido creada por el Gobierno nacional en septiembre de 2017, tras el intento fallido (producto de la fuerte resistencia) de dar de baja 170 mil pensiones por discapacidad y absorber a otras reparticiones como la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad, el Servicio Nacional de Rehabilitación, el Programa Incluir Salud y la ex Comisión Nacional de Pensiones.
Christian Gutiérrez trabajaba en el área desde hacía 18 años. Su puesto era administrativo. “Nos encargamos de recibir y procesar el trámite de pensiones no contributivas, que asisten a una población muy carenciada, que no se pueden desarrollar sea por cuestiones de salud y/o dificultades económicas”, explica sobre las tareas que hacía. Los medios de comunicación (o buena parte de ellos) se encargaron de hablar del curro de las pensiones. Para Gutiérrez eso “es una gran canallada. Acá trabajan un montón de profesionales, y las personas para acceder a las pensiones tienen que presentar un montón de trámites, como presentar certificados médicos e informes sociales que realizan nuestros trabajadores sociales”. ANCCOM intentó comunicarse con la Agencia, pero nadie respondió.
Reclamo de la Agencia Nacional de Discapacidad en el Congreso.
El interior también existe (y sufre)
Los 70 despidos no corresponden solamente a la sede porteña sino que se extienden a otras sedes, entre ellas las de Córdoba, Neuquén, Mendoza y Ushuaia. Cerraron además algunos centros de atención local (CAL) en localidades bonaerenses como Lomas de Zamora, Moreno, Tigre, Necochea y Tres Arroyos. Para lograr el objetivo, emplean un método arcaico pero eficiente: dejande pagar los alquileres y servicios para que las oficinas de atención desaparezcan.
Silvia Moglie es delegada de ATE a nivel nacional. Trabajaba en el CAL de Luján hasta que la echaron la semana pasada. Cuenta que allá se enteraron de los despidos “por una foto que nos envían los compañeros de Capital de la lista que tenía la Policía en sus manos. Después nos llamó el gremio, ATE. En Luján, somos cuatro despedidas. Tres somos trabajadoras sociales y una compañera es administrativa.” Moglie agrega: “Vivimos un desguace permanente del organismo, no tenemos caja chica, nos compramos el papel higiénico, el agua que consumimos. Luján es cuna de Cambiemos y está claro que acá nos persiguen”.
Valeria Barrere, por su parte, trabaja en la delegación de Tres Arroyos. Su telegrama tiene fecha el 13 de abril, momento en el cual estaba mandando mails y solicitando respuestas a diversos trámites. Quedaron 100 trámites de pensiones pendientes que estaban a su cargo. Lejos de indignarse por su situación personal, Barrere realiza un diagnóstico integral: “No me preocupo por mi caso personal, porque voy a seguir trabajando y en definitiva soy una más en la larga lista de despidos que azota al país. Me preocupo porque hay que exigirle al gobierno nacional que toque timbre a cada uno de los pensionados para decirle adónde va a concurrir a hacer su trámite”, afirma.
La Agencia había sido creada por el Gobierno nacional en septiembre de 2017.
Menos pensiones
La mutilación de la Agencia Nacional de Discapacidad no solo afecta a los trabajadores. Según ATE, hasta diciembre de 2015 se otorgaban 12 mil pensiones por mes y en los primeros cuatro meses del 2018 sólo se aprobaron 8.869 en todo el país. Walter Pignataro es delegado general de ATE Pensiones y revela que “el mes pasado se entregaron 1000 pensiones y hoy hay 100 mil que están trabadas. Los expedientes están parados. Van pasando de una oficina a la otra, o quedan paradas un año en una oficina, y así sucesivamente, pero el trámite no se liquida. Estamos hablando de personas en la situación más vulnerable de Argentina“.
Eliana Fernández, delegada de ATE Pensiones, afirma que al panorama ya descripto “se suma que fueron achicando los criterios para el otorgamiento de pensiones: se empezó a reducir la cantidad de patologías que se podían tomar para iniciar la pensión, se empezó a quitar del medio la visión social que tenía la pensión no contributiva por invalidez.” Al otorgar una pensión se tenía en cuenta no solo la patología sino también el entorno social y cultural que tiene la persona: si vive en estado de hacinamiento, si tiene una familia numerosa, si tiene algún otro ingreso.
En febrero de este año los trabajadores denunciaron el achicamiento de estos criterios, y también la intención de excluir a los menores con discapacidad, porque no los consideraban discapacitados laborales. “Esto salieron a desmentirlo en La Nación, pero la realidad es que esos expedientes referidos a menores de edad están en cajas para mandar al archivo”, afirma Fernández.
Cosechar desempleados
El festival de despidos no terminó en la Agencia Nacional de Discapacidad. Continuó esta semana con la confirmación de 330 trabajadores despedidos en el Ministerio de Agroindustria, en manos del ex titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere. Las tres áreas de Agroindustria más afectadas por las cesantías son el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), donde ya hubo 130 despidos a principio de año, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y Agricultura Familiar, que sufrió 160 bajas en 2016.
Sebastián Rivera, delegado general de la Junta Interna de ATE, entiende que hay una orientación profundamente clasista en los despidos: “Se dirigen fundamentalmente a los trabajadores de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que se encarga de desarrollar políticas públicas para los sectores más vulnerables del agro y hacia los trabajadores que perciben los salarios más bajos, de apenas 12 mil pesos», denuncia.
Cualquier despido impacta de manera terrible porque puede dejar a una provincia entera sin operadores y, por ende, a productores sin apoyo. Carina Maloberti, secretaria gremial de ATE SENASA, anticipa que esperan unos “380 despidos en SENASA de un total de 958 que es lo exigido según el Plan de Dotaciones Óptimas desarrollado por el Ministerio de Modernización».
En tanto, la Federación Agraria Argentina (FAA) había aclarado mediante un comunicado de prensa que durante la última reunión de la Mesa de Enlace con el ministro Etchevehere «en ningún momento se nos adelantó acerca de posibles recortes ni despidos en organismos como SENASA, INTA, ni en el área de Agricultura Familiar». La FAA agregó que en dicho encuentro se exigieron soluciones a los graves problemas de los pequeños y medianos productores que se encuentran «en emergencia económica, financiera y productiva».
Jorge Harvez, trabajador de Agroindustria y primer vocal del Consejo Directivo de ATE Capital, es “un veterano”, y ya tiene antecedentes en la administración pública. Trabajó en su momento en la Junta Nacional de Granos, hasta que el menemismo la disolvió. Sostiene que “hoy tenemos como funcionarios públicos a los que desalojan a los productores. No sólo defendemos el lugar de nuestros compañeros sino el rol del Estado, que es lo fundamental de este caso”.
“Acá tenemos una disputa muy clara entre una política que basa el desarrollo económico en la fortaleza del mercado interno y otra que cree que hay que exportar cualquier cosa y así llegarán las inversiones, y estos dos años y medio nos demuestran lo contrario”, afirma con pesadumbre Harvez, quien ya vivió exactamente lo mismo cuando lo despidieron de la Junta Nacional de Granos, recordando con tristeza que “después de eso vino la crisis de 2001”.
Sebastián Rivera, delegado general de la Junta Interna de ATE.
Trabajo precario
Los trabajadores cesanteados revisten, en general, bajo la modalidad de contratación del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20744, que ofrece todos los beneficios de la planta permanente pero no la estabilidad laboral y, por lo tanto, no permite indemnización. Se trata de empleados que pueden tener más de diez años de antigüedad y, cabe reconocer, heredan esta situación de precarización y vulnerabilidad de gestiones anteriores.
Precarizados e injustamente rechazados por parte de la sociedad. Sebastián Rivera, delegado de ATE, recuerda al respecto un momento desagradable que les tocó vivir recientemente, cuando Agroindustria había dispuesto asueto, en medio del anuncio de despidos.: “Nos retiramos el viernes hacia nuestra seccional Capital, y desde algunos autos nos gritaban Vayan a laburar, vagos’. ¿Qué loco, no? Porque justamente quien no nos dejaba trabajar era el ministro, con otro lock-out patronal. Como sabemos, ya lo hizo en 2008 defendiendo sus intereses de clase. Hoy, con estas actitudes está ganando las batallas empresariales de aquel conflicto, y nosotros pagando con nuestros puestos el incremento de sus patrimonios”.
Abr 11, 2018 | Novedades, Trabajo
Ubicada justo en frente al Congreso, la carpa montada por los trabajadores despedidos del Hospital Posadas, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) unifica la lucha por los despidos en el Estado. “Si viene alguien del Gobierno será bienvenido”, dice Pablo, Minero de Río Turbio.
Segundo día de la carpa en el Congreso con trabjadores del INTI, Posadas, Río Turbio.
La puesta en pie de la carpa simboliza la unión de todos los despedidos que hubo en el Estado este último tiempo. Los trabajadores sostienen que cada situación en particular es parte del mismo plan de recorte presupuestario y achique del Estado.
El Yacimiento Carbonífero de Río Turbio está ubicado en Santa Cruz, cuenta con tres mil trabajadores y dos pueblos viven exclusivamente de su producción. Desde el gobierno sostienen que la mina no da ganancias, que es ineficiente. Desde enero hasta hoy son más de 500 mineros los que perdieron su trabajo. “Es muy duro mantenerse sin un ingreso, ahora vivo con ahorros y con eso me solvento los gastos de la comida. Además tengo que pagar un montón de cosas que pensaba a futuro”, cuenta Pablo, que se enteró por las noticias de su despido cuando disfrutaba de sus últimos días de vacaciones.
La carpa estará instalada hasta el viernes 13 de abril. “Sí al trabajo, no al ajuste” es el lema de lucha que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) trata de difundir. Se realizarán distintas charlas con diversos paneles sobre las diversas situaciones conflictivas que atraviesa el país. El jueves a las 17, además, se debatirá sobre la “reforma del Estado”, con distintos trabajadores que estén en conflicto laboral.
“A los 258 nos despidieron por tener algún nivel de participación sindical”, afirma Cecilia, trabajadora del INTI, quien trabajaba en el programa de Tecnología Industrial para la Agricultura Familiar: seis de las siete personas que lo integraban están despedidas. El séptimo tiene licencia por enfermedad prolongada, es decir, que el programa se extinguió.
Los pañuelos verdes, que representan la lucha por la legalización del aborto, se hicieron ver en el público.
“El presidente del INTI, Javier Ibáñez, puso como ejemplo a nuestro programa como uno de los que se superponía, según él, con otros organismos como Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) porque nuestro tema era la agricultura familiar”, expone Cecilia. Ella cuenta que el objetivo del programa era “desarrollar tecnológicamente la agricultura familiar, no es lo mismo que hace el INTA, ellos trabajan con la producción primaria, nosotros vamos más allá. Es un trabajo que se complementa, hay convenios firmados en conjunto”.
Los motivos que Ibáñez da por los despidos son la “conflictividad”, ausencias injustificadas y por ser familiares de otras personas del INTI. Sin embargo, “todos los telegramas son sin causa”, afirma Cecilia.
“Como un gesto de buena voluntad para negociar levantamos las medidas de fuerza, como nos habían pedido, y hace un mes nos vienen boludeando. Nos pidieron un montón de gestos, que se los dimos y no nos dieron ninguna respuesta seria”, concluye.
En el Hospital Posadas, los despidos alcanzan a más de 700 trabajadores. Si bien el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostiene que los despidos se deben a “modalidades contractuales irregulares” Cintia, una enfermera despedida en diciembre que trabajó 13 años en el hospital, sostiene: “Estuvimos trece años firmando contratos irregulares, el Estado es irregular”.
Cecilia, trabajadora del INTI.
En junio serán más los despedidos del Posadas. “En algunos casos se alargó la fecha del contrato hasta junio. Sin embargo, algunos trabajadores que firmaron por todo el 2018 también los van a despedir en junio: les robaron seis meses de contrato sin ningún tipo de justificación”, cuenta Cintia.
Sobre su cuello lleva el pañuelo verde que representa la lucha por la legalización del aborto que encabeza hace más de diez años la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. “Cualquier mujer que se realice un aborto tiene mucho miedo de recurrir a un hospital, porque no solo te vas a sentir agredida, sino por el riesgo de terminar encarcelada muchos años. Ninguna mujer que sufre un aborto va como primera medida al hospital, lo usa en última instancia y es por eso que terminan muriendo. Es terrible que no se tome como una cuestión pública”, enfatiza Cintia.
La carpa estará frente al Congreso hasta el viernes 13 de abril. Tiene como objetivo visibilizar y unificar los despidos que hay en el Estado. “Pasa bastante gente, es bueno. Algunos políticos también se acercaron”, aseguran los organizadores.
