Oct 18, 2018 | Novedades, Trabajo
El desmantelamiento de la Subsecretaría de Agricultura Familiar (SAF), reducida de su rango de Secretaría por la reciente reestructuración del Gabinete nacional, no es un caso más en la avanzada del Gobierno contra los empleados estatales. Los 600 despedidos en ese sector dependiente de la Secretaría de Agroindustria de la Nación eran parte de una estructura de apoyo imprescindible a nivel técnico y metodológico para miles de familias dedicadas a la pequeña producción agrícola.
Como explica Lorena Putero, economista e investigadora del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), “la Secretaría es un derecho histórico de asistencia para una agricultura que es la principal proveedora de alimentos en las grandes urbes. No solo aporta subsidios, sino también asesoramiento técnico, legal y productivo”. A su vez Putero, maestranda en Economía Social y Solidaria en la Universidad General Sarmiento (UNGS), aclara que “los proyectos del organismo permitían una autonomía productiva sin dependencia de importaciones, precios accesibles y un aumento notorio en la calidad de los productos. Ahora, en un contexto de inflación, aumento tarifario y suba del dólar, los productores se quedaron solos”.
En el norte del país, varios trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar se vieron tan afectados como poco sorprendidos por los telegramas que materializaron su desvinculación. Tal es el caso de Ana Herrera, quien se desempeñaba como referente de Comercialización en la sede que el organismo posee en Salta. “Desde hace dos años y medio fuimos maliciosamente evaluados por la nueva conducción. El presupuesto disminuyó hasta hacerse inexistente, los vehículos se deterioraron y se vencieron las revisiones técnicas obligatorias”, dice Herrera, quien también fue referente de Comunicación hasta 2012. “Después de 23 años en el sector, en abril me despidieron sin previo aviso, al igual que a otros 25 trabajadores”, concluye.
Feriazo organizado por familias de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) para vender su producción a $10 en Plaza Constitución, CABA.
Como un efecto dominó, los trabajadores de la tierra se ven directamente perjudicados en este contexto. “Con mi familia nos dedicamos a la cría de cabras para fabricación de queso artesanal, con los técnicos despedidos veníamos trabajando y estudiando el valor agregado del queso. Ahora la persona encargada del sector ni aparece y casi no hay visitas territoriales”, explica Rodrigo Cuevas, pequeño productor de la localidad de Amblayo, en el valle Calchaquí salteño.
En la región Centro, las imágenes no hacen más que repetirse. “Nosotros formulábamos proyectos junto a las familias agricultoras para mejorar la escala de producción y forjar un vínculo directo con el consumidor, evitando intermediarios. También promovíamos la agroecología a través de encuentros y ferias polirrubros con certificación estatal”, describe Ariadna Arrigoni, quien se desempeñó durante 15 años como técnica en la SAF de Córdoba. “De los 52 técnicos que trabajábamos en 2015, solo quedaron 8, hay territorios que ya directamente no tienen asistencia”, explica Arrigoni, quien también era delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) dentro del organismo.
“Me dediqué toda la vida a la producción de verduras y huertas en las casas. La SAF nos brindó talleres, nos inculcó conocimientos más allá de los que teníamos y promovió ferias para el productor que está a 70 u 80 kilómetros de la ciudad y no se podía ganar el mango. Lo que hizo el Gobierno con la subsecretaría es un desastre”, asevera Servando Conci, agricultor del pueblo Colonia Tirolesa, en Córdoba.
El litoral tampoco escapa a la onda expansiva de despidos en la institución. “En Entre Ríos hubo tres tandas de despidos, 60 en abril de 2016, 16 en abril de este año, y otros 20, incluido yo, en agosto”, detalla Mario Den Dauw, quien trabajaba en la SAF desde el 2001. “Las más afectadas fueron las mujeres y los profesionales que habían ingresado en la época del kirchnerismo. Las listas las armó la Federación Agraria Argentina (FAA), comandada por el senador Alfredo de Ángelis, con el aval del ahora secretario Luis Etchevere. De todas formas esto nos fortalece, porque la solidaridad entre los organismos y los productores, que representan más del 70 por ciento de actividad en la provincia, es irrompible”, asegura Den Dauw, también delegado de ATE.
La situación en Mar del Plata, a su vez, es extrema: hay un cese total de actividades. Como explica Hernán Molina, prosecretario gremial de ATE en la ciudad costera, “la decisión política fue despedir a nueve compañeras y cerrar las oficinas del organismo. En la provincia de Buenos Aires, los despidos ascienden a 61, afectando tanto la producción como las normativas que regulan la calidad y suprimen la utilización de agrotóxicos”.
En la región más austral del país, el caso de Silvia Crettón, ex agente territorial de SAF Santa Cruz, excede a cualquier lógica, ya que se transformó prácticamente en una trabajadora ad honorem. “Había un listado con el nombre de cinco de los siete trabajadores en la provincia, dentro del cual estaba el mío. Finalmente, en septiembre nos rescindieron el contrato pero nunca tuvimos notificación ni telegrama”. A su vez, Crettón explica que al manejarse en varios territorios no tenía oficina y nadie fue a retirar las herramientas que le brindaba el organismo, a pesar de las presiones recibidas para que las devuelva. “Hay 600 familias productoras registradas a las cuales seguimos asistiendo por una cuestión humana. Somos el único ente estatal que está con los pequeños productores”, asegura.
Una de las localidades en las que Crettón desarrollaba su actividad era Comandante Luis Piedrabuena. Javier Lemos, oriundo de la zona y fabricante de cerveza artesanal, explica que “hay proyectos con mi familia y la gente del pueblo para hacer plantaciones de lúpulo, un producto escaso y cotizado. La asistencia de gente como Silvia es fundamental no solo en lo técnico, sino también en lo anímico”. Esto parece no importarle al gobierno nacional, que sigue cercenando puestos laborales e historias de vida desde Ushuaia a La Quiaca.
Sep 26, 2018 | Novedades, Trabajo
En la localidad de El Palomar, al oeste del Gran Buenos Aires, se encuentra el hospital más grande del país. Se trata del Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” el cual fue creado a fines de los años 1950, proyectado y diseñado por el ministro de Salud Ramón Carrillo durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón. Hoy es noticia por la sangría que provoca 1.300 despidos, que afectan desde camilleros hasta cirujanos.
Antonio Barrera es enfermero y desde hace 20 años trabajaba el área de Terapia Intensiva Pediátrica del hospital en el turno noche. “Soy secretario gremial de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) y desde el 22 de agosto soy un despedido más”, cuenta. Como tantos otros, Barrera se enteró de su desvinculación laboral cuando llegó a la recepción.”Ese día llegué y al fichar no me admitía la huella digital, fui a preguntar a la División de Presentismo qué pasaba y me dijeron que ya no estaba vinculado, hasta el día de hoy no tuve otra respuesta”, sostiene el enfermero.
El conflicto comenzó en junio de 2017, cuando la Dirección del hospital (en ese momento a cargo de Pablo Bertoldi Hepburn) aumentó la jornada laboral de 10 a 12 horas, lo que fue rechazado por los trabajadores que fueron a la Justicia porque consideraron a la resolución ilegal, insalubre y peligrosa para los pacientes. La jueza Martina Forns, del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martin, falló en favor de los enfermeros. Sin embargo, el hospital apeló y aumentó la apuesta. Primero descontó de los salarios los días no trabajados por huelga y después avanzó con nuevos despidos. En este último tiempo, la destrucción de puestos laborales también cayó sobre médicos altamente especializados.
“Yo trabajaba en un área de gestión, a cargo de toda el área ambulatoria del hospital donde se atiende un promedio de tres mil consultas diarias”, sostiene Soledad Hidalgo, médica que en el último tiempo estuvo trabajando en la coordinación de consultorios clínicos. El pasado 6 de agosto recibió una carta documento anunciándole su despido, obteniendo como única respuesta la medida de implantar la “adecuación de planteles óptimos”.
Habiéndose formado como médica en el año 2002 y realizado la residencia de clínica en ese mismo hospital, Hidalgo dedicó gran parte de su vida a los pacientes. Sin embargo, esto no parece alcanzar para las nuevas medidas sobre la salud pública. No tuvo un previo aviso, ni tampoco posibilidad de diálogo por parte de las autoridades del Posadas.
Por parte de las autoridades del hospital hay acusaciones hacia los empleados por incumplimiento de la carga horaria. El mismo secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, dijo en su momento ante los medios: «Solo quedaron al desnudo incumplimientos de horarios flagrantes. Y estamos esperando que esos empleados den una explicación».
Hidalgo aclara los tantos: “Esto tiene tres ejes principales. Por un lado, fueron despidos sin notificación ni preaviso, recibimos cartas documentos; por otro lado, no tiene que ver con la carga horaria ni con el control biométrico, porque la carta de documento especifica que es por la adecuación de planteles óptimos; y en tercer lugar, siendo el más importante: está el perjuicio a la población, porque hay muchos especialidades que dejaron de funcionar”.
El doctor Christian Kreutzer era jefe del equipo de Cirugía Cardiovascular Infantil, y a raíz de la ola de despidos que fue creciendo día a día decidió renunciar a su cargo. Junto a él, también lo hizo su equipo completo. Esta es otra especialidad que se cierra sumándose a los despidos en el área de Neumonología Infantil, Cardiología Infantil y Servicio de Imágenes, Hemodinamia de Adultos y Ecografía Pediátrica. Por otra parte, otro de los directivos que renunció a su puesto fue el director de Prestaciones Asistenciales del hospital, Jorge Palmieri, que según fuentes gremiales, se negó a firmar una planilla con más de 300 nuevas destituciones.
Una característica que tiene el Hospital Posadas es que aloja cientos de historias que se pueden conocer al dialogar con los que hoy en día se encuentran sin su lugar de pertenencia. Alejandra Solemena, otra trabajadora despedida, tiene 60 años, es asistente de enfermería y cuenta que su vida está vinculada con el Posadas desde que nació. Su madre comenzó a trabajar ahí en el 1958, año en el que se inauguró y también ahí nació su hija Alejandra.
“Mientras mi mamá trabajaba en el sector de Planchado, yo asistía al jardín de infantes ubicado en el quinto piso, donde hoy funciona Internación” asegura Solemena. Asimismo recuerda que la señora, al terminar el secundario, logró estudiar y recibirse en la carrera de Enfermería donde trabajó durante 40 años en el área de Gastroenterología.
Alejandra siguió el ejemplo de su madre. “A los 16 años empecé a buscar trabajo porque la situación así lo ameritaba, pero en ese momento no tomaban personal dentro del hospital. Sin embargo, me ofrecen trabajar ad honorem, me anoté y al tiempo me llamaron. Así trabajé durante 22 años hasta que llegó este nuevo gobierno. En primera instancia nos dijeron que teníamos que firmar un nuevo contrato’, obviamente nos opusimos a esta medida porque nosotros reclamábamos el pase a planta. Somos muchísimos los que estábamos con ese contrato, es ahí cuando empezaron los problemas, primero descuentos en el salario y luego los despidos”
Desde que comenzó el conflicto, la cifra alcanza de despedidos alcanza los 1.300, entre ellos, unos 50 médicos de gran prestigio en la salud pública. En un clima totalmente hostil, por la presencia de agentes de la Policía Bonaerense y personal de Gendarmería Nacional, abunda el silencio, y la mayoría de los empleados tiene prohibido hablar con la prensa y los pocos que se animan deben pedir permiso al área de Comunicación del establecimiento. Por un lado en el hall principal, los desempleados sin respuestas montaron un quiosco para tener un mínimo ingreso de dinero pero al mismo tiempo, un gran recurso para visibilizar la medida de ajuste a la salud pública. Por otro lado, en las inmediaciones del hospital, cada miércoles por la mañana se reúnen médicos, auxiliares, vecinos y hasta algunos pacientes solidarizándose para realizar una marcha silenciosa al pedido de “No a los despidos en el Hospital Posadas”. Mientras tanto, la herida a la salud pública sigue sin curarse.
Sep 20, 2018 | Novedades, Trabajo
Parque Industrial Villa Flandria, Jaureguí, Provincia de Buenos Aires.
La creciente cantidad de despidos en lo que va del año es un eslabón en la profunda recesión económica que trajo aparejada la gestión del gobierno de Mauricio Macri. Un informe emitido por el ex Ministerio de Trabajo, tras un relevamiento llevado a cabo por el Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA), muestra la pérdida de 106 mil puestos laborales en los primeros seis meses de 2018. Dentro de este grupo, el sector privado se vio particularmente afectado, a tal punto que solo en el mes de mayo se perdieron más de 13 mil empleos registrados. La situación se agrava en las provincias, donde las desvinculaciones arbitrarias se suman a la evasión de leyes y la implementación de artimañas por parte de las empresas para maximizar ganancias y reducir la mano de obra.
Benito Aramayo, licenciado en Economía (UBA) y ex titular de Economía Política en la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), sostiene que “las causas principales de la crisis y el ajuste tienen como base la estructura dependiente y latifundista de la economía, cimentada en el avance de la concentración y monopolización de la producción en la industria y en el campo. En Jujuy, por ejemplo, tan sólo seis empresas monopolizan el 82 % de la producción manufacturera industrial y cinco grandes terratenientes poseen el 45 % de los terrenos con valuación fiscal”.
Aramayo, ex vicedecano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (UNJu) y Profesor Emérito de la institución, entiende que hay sectores particularmente afectados por la crisis económica y el aumento del desempleo. “En el NOA y el NEA ya hay despidos masivos en empresas azucareras y pymes. De todas formas, comparado con el centro del país, en proporción podrían haber menos despidos dado que la estructura económica está más monopolizada en la producción: azúcar, tabaco y minería” aclara el economista.
La situación del tradicional Ingenio Ledesma en Jujuy es ilustrativa de la problemática que plantea Aramayo en relación al sector azucarero. “En este último tiempo despidieron a 32 personas, y están rotando gente para, supuestamente, no seguir despidiendo, aunque nadie nos garantiza que esto no suceda”, explica Rafael Vargas, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma (SOEAIL).
«Las causas principales de la crisis y el ajuste tienen como base la estructura dependiente y latifundista de la economía», dijo Benito Aramayo, licenciado en Economía de la UBA.
En la misma línea, Vargas afirma que “desde que está Gerardo Morales como gobernador en Jujuy, se han perdido 400 puestos laborales, han intervenido sindicatos y asambleas. El Ingenio San Isidro en Güemes (Salta) dejó 700 trabajadores en la calle, ahora nos enteramos que reabrió pero con el mínimo de personal posible”. Por su parte Antonio Apaza, delegado de la sección Biocombustibles de la SOEAIL, aclaró que “a los 32 despedidos hay que sumarles 50 que estaban fuera de convenio, y 150 que se jubilaron. Las jubilaciones son una forma de despido encubierto, ya que los puestos no se renuevan”.
“Estuve ocho años trabajando en la empresa y este año por primera vez me adherí a un paro de 24 días. De ser uno de los empleados más calificados pasé a ser perseguido, sancionado, impedido de ascender y finalmente despedido con una liquidación final inferior a lo establecido por la ley”, afirma Daniel Campbell (30), quien era el único trabajador dentro del convenio en la sección de Fermentación de Alcohol y está en litigio con Ledesma.
En la región centro del país la situación es similar. Los últimos informes muestran desvinculaciones y suspensiones en Georgalos (Córdoba), Mercedes Benz (Mar del Plata), y General Motors (Alvear, Santa Fe). Consultado por este medio, Mauricio Brizuela, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (SOEPU) de San Lorenzo (Santa Fe), aclara que “en la provincia, DOW-Dupont tiene 22 despedidos disfrazados de ‘retiros voluntarios’, petroquímica Pampa otros 7 y 22 cesanteados sin renovación de contrato. También la aceitera Buyatti cerró sus puertas en enero y les paga la mitad del sueldo a 150 empleados con una proyección de cierre hacia fin de año, mientras que Bunge despidió a 3 empleados en su planta de San Jerónimo”.
La fábrica Extreme Gear S.A. (ADIDAS) de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires, cierra sus puertas por la apertura de las importaciones.
Brizuela también se refirió a otros casos a nivel provincial, como el de Motos Guerrero, empresa que en julio cerró sus puertas para luego reabrirlas con turnos y sueldos reducidos; y el de General Motors, que suspendió 1.500 empleados hasta febrero del año próximo. “A principio de mes paralizamos el cordón industrial de Rosario para visibilizar la gran cantidad de despidos y suspensiones en el sector. También hay persecución sindical, hace doce días que estamos de paro en la química IDM porque suspendieron a todos los delegados y la policía se mete adentro de la fábrica e interviene de forma violenta. Este modelo de país para los trabajadores no va más”, asegura el gremialista.
Si el viaje continúa hacia el sur, el paisaje no se modifica. Según el Sindicato de Empleados de Comercio de Chubut, en lo que va del año se perdieron 500 empleos en la región, mientras que un informe de la misma institución afirma que en Puerto Madryn se realizan dos consultas diarias por despidos. En la localidad chubutense de Gaiman, 24 empleados quedaron en la calle tras el cierre de la procesadora de algas Soriano. La ciudad de Catriel (Río Negro) también se vio afectada por los 83 trabajadores despedidos de la petrolera San Antonio, empresa que en mayo del año pasado despidió 334 empleados en su planta de Santa Cruz.
También hay conflictos como el de la distribuidora de frutas, peces y mariscos Agropez en Rawson (Chubut), que en julio había desvinculado a 23 marineros de su personal luego de una huelga. “Hubo una protesta de varios empleados por un descuento de dos mil cajones de langostinos con presunta melanosis (NdeR: formación de manchas oscuras en mariscos), pero nosotros sabíamos que los certificados presentados por la empresa eran truchos. Después de una semana de lucha logramos que reincorporen a los compañeros y les restituyan el dinero descontado injustamente” asegura Ramón Vera, delegado del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Entretanto Sergio Balcaza, secretario administrativo de la UOM en Madryn, declaró que “hay una disputa interna con Antonio Caló (NdeR: secretario general de la UOM y la CGT) y la cúpula dirigencial porque más allá de la situación crítica ponen trabas y están en contra de los que luchamos día a día para cambiar esta realidad”. Lejos de la atención mediática concentrada en Buenos Aires, sea en Jujuy, Santa Fe o Chubut, la destrucción de puestos laborales en el sector privado no se detiene.
Cierre de la Cooperativa textil Mac Body, ubicada en Villa Urquiza, Capital Federal.
Un relevamiento del Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA) muestra que en los primeros seis meses de 2018 se perdieron 106 mil puestos de trabajo.
Sep 12, 2018 | Novedades, Trabajo
En primer plano, un cartel escrito sobre una pizarra dice “hasta siempre”. Detrás, un vidrio deja ver una fábrica vacía y máquinas en desuso que resisten al paso del tiempo. Un polvillo muy fino se posó sobre ellas. Hace dos semanas, Extreme Gear cerró la última planta que le quedaba. La empresa que producía calzado para Adidas no pudo hacer frente a la apertura comercial implementada por el gobierno de Cambiemos. Hoy está siendo desarmada. Su ex dueño, Emmanuel Fernández, narra la caída, y entre nostalgia y tristeza advierte que “la situación de las pymes es caótica”. “Extreme Gear surge en el 2006 y fue creciendo por la alta demanda del calzado. En 2008 se pone a trabajar con Adidas por el aumento de la demanda y un plan fuerte de sustitución de importaciones impulsado por el gobierno anterior. De esa manera fuimos creciendo año a año, duplicando producción y gente. En 2015 llegamos a contar con 660 empleados entre las dos fábricas, la de Lanús y la más grande, de Esteban Echeverría, que cerró ahora”, cuenta Fernández.
Sin embargo, ese año la multinacional comenzó a discontinuar los pedidos. “A fines del 2015, Adidas nos bajó la producción con la excusa de la disminución de la demanda. Ese fue el primer golpe: como el trabajo del calzado es muy mano de obra dependiente, tuvimos que comenzar a bajar personal. Los siguientes semestres Adidas siguió bajando la producción, hasta que en junio de 2017 la canceló totalmente y dejó de enviarnos los insumos que venían de Asia. En ese momento tuvimos que dar de baja la mayor cantidad de personal. Casi 500 empleados, contando las dos fábricas, se quedaron sin trabajo entre junio y diciembre de ese año. En la planta de Esteban Echeverría hasta hace dos semanas quedaban 47 empleados que estaban terminando la poca producción que había. Después de eso, cerramos definitivamente”.
Según denuncia Fernández, la empresa alemana prefirió apostar a la importación de pares terminados en Asia, dinamizada por la política económica de la gestión Macri. “Desde el cambio de Gobierno se veía venir que todas las medidas iban a ser contra el consumo y la industria nacional. Y así fue: abrieron las importaciones y no hay ningún tipo de protección para el sector. Siento frustración e impotencia por haber dedicado tanto a la empresa y que por una decisión política y comercial se tenga que cerrar de un día para el otro. Se hizo una inversión muy grande, de más de 15 millones de dólares. Pero se ve que al Gobierno no le interesa las inversiones de los empresarios locales y sólo quieren las divisas extranjeras de modo especulativo, nada de inversión en la economía real”, agrega.
Emmanuel Fernández, su ex dueño, narra la caída entre la nostalgia y la tristeza.
Fernández señala además que el cierre de Extreme Gear es sólo un ejemplo de la situación que viven hoy las pequeñas y medianas empresas. “La actualidad de las pymes es caótica, casi terminal. Están sufriendo mucho la baja de demanda y el freno de la economía. Específicamente, el sector del calzado está en caída y el consumo no levanta. Nos enteramos de un nuevo cierre cada semana”, se lamenta.
A título personal, el empresario dice haberse visto sensiblemente afectado por despedir a sus trabajadores. “Dolió mucho. Por más que teníamos más de 600 empleados, nunca dejamos de ser una pyme. Sabíamos que estábamos dejando en la calle a gente que era el sostén económico de sus familias”.
Gladis Arce se quedó sin trabajo en diciembre del 2017. Hasta ese momento fue delegada de la comisión interna de Extreme Gear. Hoy le cuesta ser optimista y califica la situación económica del país como un “desastre”.
“Esto fue de golpe, en tres meses se fue todo a la mierda. Cuando Adidas decidió que no produzcamos más, la empresa fundió y nos quedamos todos en la calle. Hasta entonces, no sufrimos ni bajas de salarios ”, explica.
En el mismo sentido que Fernández, Arce también se queja de la actitud del Gobierno: “A Adidas le conviene traer las zapatillas ya armadas, le sale mucho mas barato, y el Gobierno no los frena. Nosotros como delegados pensamos que el Ministerio de Trabajo (ahora devenido en Secretaría) y el sindicato iban hacer algo para evitar los despidos, pero lo único que hicieron fue ver cómo se nos iba a indemnizar, nada más”. A su vez, Arce comenta que luego de enterarse de la decisión de Adidas no tuvieron demasiado margen de maniobra. Terminaron agarrando lo que les ofrecían.
“A Adidas le conviene traer las zapatillas ya armadas, le sale mucho mas barato, y el Gobierno no los frena», relata Fernandez.
Los números del cambio de rumbo
La planta de Esteban Echeverría fue inaugurada el 20 de octubre de 2011, en un contexto de protección y desarrollo de la fabricación local. En ese momento, más del 50% de las ventas de Adidas Argentina eran productos nacionales.
Según datos de la Federación Argentina de la Industria del Calzado y Afines (FAICA), entre 2010 y 2011 la producción de calzados aumentó un 8,5%, pasando de 106 a 115 millones de pares. Lo mismo ocurrió con el consumo, que subió un 5,8%, de 126,7 a 134,12 millones de pares.
Los siguientes años siguieron la senda del desarrollo. 2012, 2013 y 2014 coincidieron en una producción de 120 millones de pares de calzados, mientras que 2015 registró un récord de 125 millones de pares.
El consumo tuvo una leve merma, pero se mantuvo siempre en niveles superiores a los de 2011: 138,6 millones de pares en 2012; 137,2 en 2013; 136,6 en 2014; y el récord de 147 millones de pares en 2015.
El 10 de diciembre de ese año asumió como presidente Mauricio Macri. Ni bien pisó Casa Rosada anunció la modificación del sistema de importaciones, dando de baja las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), creadas por el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, en 2012, y reemplazándolas por el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones, un régimen que se volvió cada vez más flexible a la llegada de artículos extranjeros con el pasar de los años.
El viraje se registró de manera notable en los datos. De producir 125 millones de pares en 2015, la industria del calzado pasó a 111 millones de pares en 2016, cayendo un 11,2%. La merma se acentuó en 2017, año en el cual se registró una producción de apenas 100 millones de pares, un 9,9% menos en relación al año anterior, y un 20% menos si se lo compara con el 2015.
Las importaciones crecieron de manera considerable. En 2015 fueron de 21,6 millones de pares, mientras que en 2016, llegaron a 27,3 millones. En 2017 la cifra trepó a 33 millones de pares, según datos de FAICA. Entre 2015 y 2017, el incremento fue de un 52,7%.
La receta de la Organización Mundial de Comercio (OMC) derivó en un viraje económico cuyo costo fue alto. Como mínimo, al día de hoy se contabilizan 6.000 despidos en el sector, como así también suspensiones, vacaciones anticipadas y cierres de fábricas.
La política económica del gobierno de Mauricio Macri tampoco tuvo los resultados esperados: las inversiones no llegaron, y no sólo no se generó confianza, sino que hoy el país sufre una crisis cambiaria producto de la inestabilidad económica y financiera.
Emmanuel Fernández reconoce que aún está golpeado por el cierre de su empresa. Lo cuenta mientras intenta salvar de la ruina a un montón de máquinas que ya no usa nadie: “Van a quedar esperando un mejor momento”, afirma. Apagadas, se pueden ver a través de un vidrio que enmarca una fábrica desierta bajo luz tenue. Una verdadera ciudad fantasma.
Ago 21, 2018 | Novedades, Trabajo
Los últimos cincuenta operarios -sobre un total de quinientos- que quedaban en la fábrica Extreme Gear que producía zapatillas Adidas en el Municipio de Esteban Echeverría fueron despedidos la semana pasada porque la planta bajó la cortina, tras no poder competir con la mercadería que ingresa del exterior ni hacer frente a los aumentos de tarifas y la baja del consumo. Bastante lejos de allí, en Chivilcoy, Paquetá, otra planta que fabrica el mismo producto, decidió licenciar a sus seiscientos empleados por la acumulación de stock que se generó por la misma coyuntura.
La dinámica ascendente en la apertura de importaciones parecería no tener techo. La situación cada vez es más crítica y los números son alarmantes. ”En un contexto caracterizado por la pérdida de poder adquisitivo, tarifazos de gas y electricidad, y aumento de costos financieros, el reemplazo de bienes nacionales por importados generó la destrucción de empleo industrial de manera constante, alcanzando casi los 80.000 puestos de trabajos desde finales de 2015”, detalla el licenciado en Relaciones Internacionales e integrante de CEPA, Juan Cruz Lucero. El aumento desmesurado de la deuda sumado a la devaluación maratónica del peso muestra un escenario cada vez más oscuro. Lucero aclara que “en este sentido, resulta difícil sostener los mismos niveles de importación por su encarecimiento, y por la dificultad de financiar los dólares necesarios para sostener estos volúmenes de compras externas. El gobierno se enfrenta a las propias limitaciones y contradicciones de un modelo que tiene en el frente externo su principal problema”.
En diálogo con ANCCOM, el especialista en macroeconomía Agustín D’Atellis asegura que “el impacto de la apertura de importaciones es totalmente negativo, ya que no se puede competir con los precios bajos, los niveles de salario y el tipo de cambio que manejan los países desde los cuales provienen estos productos, sobre todo China”. En la misma línea, el economista ejemplifica con el sector automotriz el desequilibrio que hay entre importaciones y exportaciones. “El Gobierno está permitiendo el ingreso de vehículos completos e insumos a gran escala, incumpliendo las limitaciones establecidas por el Flex (n.de r.: norma de intercambio) del Mercosur. Esto, sumado a las bajas exportaciones y la producción industrial descendente, genera que tengamos el déficit comercial más grande de la historia”, afirma.
El nuevo mapa macroeconómico de la Argentina no podría haber sido trazado sin una “pequeña ayudita de los amigos”, en este caso el tan mentado factor externo. “En diciembre de 2015 se conjugaron dos hechos: el triunfo de Macri y la prohibición de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para implementar las licencias no automáticas, un mecanismo de control comercial e ingreso de mercadería muy utilizado por el gobierno anterior. En este contexto, el Gobierno abrió la economía no solo por vocación ideológica, sino también como un intento de control de precios que finalmente no funcionó”, explica Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). A su vez, identifica las diferentes etapas que atravesó este proceso hasta la actualidad. “En 2016 y 2017 tuvimos un aumento significativo en la entrada de bienes de consumo final, mientras que más acá en el tiempo aumentaron las importaciones de bienes intermedios. Hay economistas ortodoxos que ven al ingreso de bienes intermedios como un repunte en la industria y eso es totalmente falso, están sustituyendo productos que antes fabricaban en el país por mercadería importada”, explica.
Las víctimas
Si bien los últimos índices muestran una economía en recesión y una baja de producción y consumo a nivel general, hay sectores particularmente afectados por las medidas de apertura comercial. Alberto Espinosa es uno de los pocos empleados que sobreviven en la fábrica Plásticos El Mirador ubicada en la zona oeste del conurbano bonaerense. “Nosotros hacemos artículos para negocios chicos -antes trabajaba el de arriba, el del medio y el de abajo-, ahora de quince personas pasamos a ser cuatro. Yo fui dueño y fundí con Menem por las mismas razones, hoy transito esta etapa como obrero y con el peligro de quedarme sin trabajo. Acá en La Matanza cerraron 7.500 PyMEs”.
Luciano Villagrán (22) fue “amablemente” invitado a desvincularse de Goldmund, una empresa dedicada a la fabricación de electrodomésticos ubicada en Hurlingham. “Hacía tiempo que venían recortando personal, y a quienes tomaban como empleados los despedían al mes. Al haber ingreso de tantas marcas era imposible competir, por eso las ventas empezaron a bajar muchísimo hasta que varios nos tuvimos que ir”, aclara.
Un párrafo aparte merece la industria textil, quizás el sector más damnificado por el nivel de laxitud en las reglas de importación. El sitio web Comunidad Textil reveló que, según un informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), en el 2017 cayó un 8 % la cantidad de trabajadores del rubro registrados. “En 2017 el ingreso de ropa creció un 22%, tanto en volumen como en dólares, en relación al año anterior. Este impacto es aún mayor si se toma el acumulado con el 2016: un aumento del 50% en dos años” detalla el informe, explicando una de las principales razones en la caída de la producción nacional. Consultado por este medio, el secretario de la Asociación Obrera Textil (AOT) Hugo Benítez especificó que “en este primer semestre, hemos tenido 1800 despidos, más de 2400 suspendidos y más de 1500 trabajadores con adelanto de vacaciones. Si en el semestre que se inicia el Gobierno no introduce cambios que reactiven el consumo, la situación de la industria se va a agravar”.
