Dic 7, 2015 | inicio
En las inmediaciones del cementerio de Chacarita, en la calle Girardot, se ubica la fábrica de pastas y tapas de empanadas y tartas La Litoraleña. A la diez de la mañana, los empleados se encuentran en su lugar de trabajo. Sin embargo, la producción está detenida. La fábrica está tomada. Las causas son el adeudamiento de cinco meses de salario y el despido de 32 empleados. “No somos delincuentes, somos trabajadores que queremos trabajar y hace más de cinco meses que no tenemos respuesta del dueño de la fábrica”, asegura a ANCCOM Luis Baini, delegado sindical de La Litoraleña, luego de la infructuosa audiencia de conciliación convocada para la primera semana de diciembre.
El conflicto comenzó hace varios meses. En un principio, el pago de los salarios estaba atrasado. Sin embargo, la situación empeoró hace algo más de sesenta días, cuando el sueldo dejó de cobrarse por completo. Para acentuar el problema, el viernes 30 de octubre llegaron 29 telegramas de despido, que se sumaron a otros tres anteriores que habían recibido en mayo. “Desde hace varios meses que están jugando con el desgaste. La situación se agravó cuando dejamos de llevar plata a nuestras casas y con el despido de los 29 compañeros, sin indemnización alguna”, sostiene.
Por estos motivos, 82 empleados decidieron tomar la fábrica para pedir, en primer lugar, la restitución de los 32 compañeros y, en segundo lugar, la cancelación de la deuda. “Nuestro principal objetivo es conseguir lo más inmediato y lo más justo. Ya no podemos volver a que nos paguen a cuenta gota y entrar a un concurso de acreedores de un año. Tenemos que definir esta situación inmediatamente por nuestras familias. Nuestras casas están vacías y, como consecuencia, nos estamos metiendo en un endeudamiento que nosotros no creamos”, refuerza Baini.
Según sostuvieron los trabajadores en conferencia de prensa el 1° de noviembre, la firma Deconti, dueña de la marca La Litoraleña, está concursada y cuenta con un pasivo de 83 millones de pesos y una deuda a la AFIP de 17 millones de pesos. A esta situación, se le suma una deuda con la Mutual 12 de Enero por una estafa, a partir de créditos personales de los empleados: “Nos descontaban de nuestros haberes, pero no pagaban”, resalta Baini.
Por este motivo, los trabajadores concuerdan en que el objetivo de la firma es jugar con el desgaste de los trabajadores a partir del retraso y la falta de pago. “Su objetivo es reducir el personal –sostiene Baini– y como no quieren pagar las respectivas indemnizaciones porque la mayoría de los empleados están hace más de quince años, pretenden que por cansancio renunciemos”.
Vaciamiento
Los trabajadores de La Litoraleña concuerdan en que los dueños de la firma Deconti planean un vaciamiento o reducción del personal para achicar costos. “Nosotros estuvimos produciendo hasta último momento, pero ellos no hacían otra cosa que jugar: ´si te pago no compro la materia prima, si compro la materia prima no te pago´”, afirma Baini. Por otro lado, los trabajadores despedidos tienen algo en común: son parte del personal más antiguo. Su despido refuerza esta idea. “A fines de octubre recibimos, junto a 28 compañeros, un telegrama de despido. Entre las causas estaban usurpación de la propiedad y obstaculización de la salida de mercadería”, cuenta Rubén Pérez, trabajador de La Litoraleña desde hace más de cinco años. Su situación lo preocupa, aunque sabe que sus compañeros no van a aceptar trato alguno sin que ellos sean reincorporados a sus puestos de trabajo.
A pesar de esta situación, el objetivo de los trabajadores es continuar con la producción de manera autogestionada a partir de la creación de una cooperativa. “Estamos defendiendo nuestra fuente de trabajo. Nosotros queremos trabajar. Las máquinas están, la empresa vende. El tema es que no queremos hacerlo gratis para un patrón que no nos paga –sostiene Baini– Queremos trabajar para nosotros y para nuestras familias”.
Para lograr su objetivo, los trabajadores de la Litoraleña están recibiendo el apoyo de varios partidos políticos, entre los que se destacan el Frente para la Victoria y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Al mismo tiempo, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA) y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) están presentes en su lucha. “Ante esta situación, recibimos apoyo de legisladores, comuneros y de FACTA. Sin embargo, el apoyo que realmente necesitamos nunca llegó. Las respuestas que recibimos por parte del Ministerio de Trabajo fueron insatisfactorias en todo momento”, afirma Baini.
Instancias de negociación
Varias fueron las instancias de negociación entre los trabajadores de La Litoraleña y los abogados de la firma Deconti. Sin embargo, la oferta siempre fue insatisfactoria para los empleados: “En las primeras conciliaciones nos prometían plata, pero nunca estaba. Y si lo estaba era muy poca. Con una remuneración de 12 mil pesos mensuales, nosotros llevábamos a nuestras casas 700 pesos por semana. No podíamos solucionar nada con ese dinero”, cuenta Baini. “En la última conciliación, desde el Ministerio de Trabajo nos ofrecieron una miseria. Ellos planteaban un acuerdo, pero su oferta era miserable. Nos ofrecían pagar 1500 pesos. Yo llego acá con esa oferta y los muchachos me parten la cabeza”, ironiza.
A pesar de las dificultades, la unión entre trabajadores los fortalece. Esto queda de manifiesto, apenas se divisa Girardot 345. Durante el día son varios los operarios que están en la vereda de la fábrica charlando y buscando una solución. Otros se mantienen dentro de la planta, en el comedor. Entre todos muestran aquello que afirman una y otra vez “la base está unida y fuerte”.
La lucha continúa
El empresario Rodolfo Conti no solo despidió a 29 trabajadores, sino que, ante la toma de la fábrica, también realizó una denuncia penal que fue resuelta, en un principio, a favor del reclamo de los operarios. La justicia de la ciudad de Buenos Aires dictaminó el jueves 12 de noviembre que la toma de la fábrica por parte de los 82 trabajadores no comete “ningún delito ni contravención alguna ya que la medida de lucha forma parte de un reclamo sindical”. Baini asegura: “Nosotros estamos ante un problema gremial, estamos defendiendo nuestra fuente de trabajo. Desde ya que no se trata de una usurpación privada”.
Ataliva Dinani, abogado de Facta-CNCT (Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo) acompañó a los empleados durante las negociaciones y los defendió ante la denuncia penal. “La Fiscalía actuante entendió que los trabajadores no estaban delinquiendo, sino que Rodolfo Conti estaba violando las leyes laborales –expresa Dinani– Por eso, los compañeros de La Litoraleña se encuentran cada día más decididos a mantener la medida de lucha”.
Sin embargo, luego del fallo a favor de los trabajadores, las denuncias no cesaron en su contra y, a fines de noviembre, el fiscal Norberto Brotto ordenó poner una consigna policial para evitar que ingresaran al edificio. “Nuestra idea es producir a pesar de la consigna policial y, con el apoyo de otros trabajadores, cooperativas y de Facta, poder comprar la materia prima. Exigimos al fiscal Brotto que nos deje trabajar tranquilos”, sostiene Baini.
Sus objetivos están claros: la incorporación de los empleados despedidos y el cobro de los sueldos atrasados. Mientras tanto, defienden su fuente de trabajo. Esa es su consigna y así lo comunicaron el 30 de noviembre en una conferencia de prensa que se realizó en la puerta de la fábrica: “Ya presentamos la documentación para constituirnos como cooperativa y poder defender lo nuestro a partir de la producción autogestionada”, finalizó Baini.
Dic 7, 2015 | destacadas
Agrupaciones argentinas que integran el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia -una red de organizaciones de todo el país que trabaja de manera horizontal- presentaron este mes, en el Congreso de la Nación, la mini serie La Mesa de la Cocina: “Es un esfuerzo muy grande para darle voz a los chicos, y está muy bueno que ellos puedan expresarse y caminar junto con nosotros para aportar a que sean reconocidos los derechos de los chicos”, aseguró Facundo Hernández, miembro fundador del Colectivo. La producción a la que se refiere es el primer proyecto comunicacional co-producido y realizado por adolescentes de países que forman parte de la Red de Coaliciones Sur: Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. La saga cuenta con la característica de ser multi-soporte, es decir, está preparado para ser difundido en cualquier espacio audiovisual.
“Es un esfuerzo muy grande para darle voz a los chicos, y está muy bueno que ellos puedan expresarse y caminar junto con nosotros para aportar a que sean reconocidos los derechos de los chicos”.
La Mesa de la Cocina se filmó a principios de 2015 con el objetivo de promover una campaña que diera difusión a las problemáticas que viven niños, niñas y adolescentes de los diferentes países de la región y para contribuir al cumplimiento efectivo de sus derechos. “Es una serie de micro programas para televisión o webisodios, episodios para Internet, que está hecha en 4K, una calidad muy buena, cuatro veces mayor al HD”, explicó Nicolás Font, uno de los realizadores de Alta Productora, encargada del trabajo en cada país. “Es el primer trabajo, quizás, hecho por adolescentes en esa calidad. Es la mejor que existe hasta ahora y esto sirve para que la serie no pierda temporalidad, es decir, cuando los celulares vengan con pantallas 4K o los televisores vengan con 4K, vamos a poder seguir promocionando la serie”, aseguró Font.
El primer capítulo funciona como presentación: se muestran imágenes aleatorias de diferentes lugares de Latinoamérica y, luego, en una escuela de cada país, los maestros proponen a los chicos realizar como tarea un trabajo grupal en el que deben investigar sobre los derechos de los niños y niñas, para finalmente exponerlos en clase. Los chicos arman diferentes grupos, se presentan, y dan lugar a los cuatro capítulos siguientes en los que cada colectivo debate, en la mesa de la cocina de sus casas, sobre el tema que le tocó.
Es una serie de micro programas para televisión o webisodios, episodios para Internet, que está hecha en 4K, una calidad muy buena, cuatro veces mayor al HD”, explicó Nicolás Font, uno de los realizadores de Alta Productora.
Cada capítulo corresponde a un país y tiene una duración de entre cinco y seis minutos. Marcela Val es miembro de la Fundación Che Pibe -que integra el Colectivo de Drechos- y fue la facilitadora de la Comisión Participación Protagónica de Niños, Niñas y Adolescentes que llevó a cabo el capítulo realizado en Argentina. Val contó que en una reunión regional se decidió qué temática trataría cada país. A Argentina le tocó el Derecho a la participación protagónica, a Brasil el derecho a vivir sin ningún tipo de violencia, a Uruguay el derecho a la Educación y a Paraguay el derecho a la Salud y el Medio Ambiente.
“El proyecto lo venimos planeando hace cuatro años, pero se empezó a ejecutar hace dos. Primero con encuentros y reuniones entre los chicos, y después con el encuentro internacional de las redes. A fines del año pasado definieron los temas a tratar y la división de los capítulos. Esos fueron los primeros trazos, después vino todo un año de rodaje por los distintos países, en donde tomábamos informes de lo que iban haciendo los otros países en simultáneo. Todo el tiempo nos estuvimos manejando por Skype, en coordinación, y al final logramos este resultado del que estamos muy contentos”, contó Val a ANCCOM.
La producción a la que se refiere es el primer proyecto comunicacional co-producido y realizado por adolescentes de países que forman parte de la Red de Coaliciones Sur: Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay.
El capítulo que tocó realizar a Argentina se filmó en Tucumán y sus protagonistas fueron chicos de esa provincia. También contó con la participación de adolescentes de otros distritos que colaboraron en la actuación, la adaptación del guión y el vestuario: “Todo eso estuvo hecho en un trabajo de taller con los chicos que definieron qué planos querían, qué lugares querían, cómo tenían que ser los personajes, cómo se tenían que vestir, qué tipo de tono tenían que tener, las cosas que tenían en la mesa, porque algunos tenían objetos pero también alimentos relacionados con el lugar de cada país. Así que esa fue una construcción muy colectiva, y después en el momento de la actuación también fueron los verdaderos protagonistas”, dijo Font.
Al terminar la proyección durante la presentación, varios chicos contaron sus experiencias en la realización. Los protagonistas de Paraguay detallaron cómo decidieron incorporar diálogos en Guaraní para “mostrar algo que sea significativo de nuestro país”, y los chicos de Uruguay propusieron cambios en el guión que recibieron para que se adaptara a sus modos de hablar, y para que tuviera “un estilo más joven”. Entre todos elaboraron diferentes maneras posibles para la difusión, como llevar la serie a los barrios, o publicarla en las redes sociales, y también impulsar el proyecto para que pueda llegar a ser transmitido entre las publicidades de cine y televisión.
Desde la productora anunciaron que próximamente los capítulos estarán disponibles en una página web, en donde además, la idea es “generar que en esa web puedan hacer video-minutos, o videos rápidos, para contar cuáles son los problemas, o los deseos, y cuáles son las búsquedas que tiene cada uno desde su lugar. La idea es que puedan seguir en contacto, como en una especie de asamblea permanente entre las distintas regiones del mismo país y entre los distintos países”, aseguró el productor y concluyó: “Esperemos que la serie no quede obsoleta por la calidad, sino que quede obsoleta porque todos los derechos de los que habla la serie, se hayan resuelto”.
Sep 29, 2015 | destacadas
La historieta argentina goza de un reconocimiento internacional que fue ganado por la calidad de sus obras y el talento de sus artistas. Esta industria local que es requerida puertas afuera carecía de un organismo acorde con las necesidades y expectativas de sus profesionales. Por eso, cuando el pasado 10 de julio se reglamentó la Ley 27.067 por decreto 1329/2015, muchos artistas del dibujo, que participaron en su creación, comenzaron a creer en un Estado que viera a la imagen como parte del patrimonio cultural de una nación y que comience a actuar en consecuencia.
A través de la nueva normativa se funda el Instituto Nacional de las Artes Gráficas (INAG), dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, que funcionará a partir de 2016 y tendrá como fin fomentar, promover, proteger y difundir el arte del dibujo. También se crea el Registro Único de Artistas Gráficos, Agrupaciones y Asociaciones Afines, en el cual deberán inscribirse los trabajadores y colectivos con personería jurídica vinculados con el rubro. Entre las tareas asignadas al INAG estarán la edición de libros, revistas y publicaciones, la preservación del patrimonio histórico gráfico, la exhibición de obras nacionales y extranjeras, y la participación y creación de planes de estudio. Y dentro de lo que se define como arte gráfico, se contemplan a la ilustración, el dibujo humorístico y la caricatura, la historieta de humor y drama y el arte tipográfico.
Mariela Mosnaim, asesora legal de la Asociación de Dibujantes de la Argentina (ADA), consideró importante la norma no sólo por el aporte del dibujo a la cultura sino también porque supone un avance en la protección de derechos de los autores. Respecto a la realidad laboral reveló: “Los artistas gráficos viven situaciones de injusticia y descuido, cobran muy poco por su trabajo, la contratación es informal, no tienen aportes ni contribuciones jubilatorias (nota del r: y por el momento seguirán sin tenerlas), habitualmente se les exige que cedan los derechos de propiedad y muchos, incluso, los han perdido por las exigencias del mercado”. Por eso, agregó: “Resulta importante que puedan contar con un instituto que los apoye en sus emprendimientos y los ayude a profesionalizarse y difundir sus obras”.
“Hay colegas que tuvieron que vender sus originales para poder comer”, dijo el ilustrador Gustavo Mazali.
El ilustrador e integrante de la ADA Gustavo Mazali dijo: “Hay colegas que tuvieron que vender sus originales para poder comer”. Ni siquiera quienes gozaron del éxito del mercado han podido asegurarse su futuro, y ejemplificó con dos casos concretos. Uno es el de Pedro Seguí, cofundador de Rico Tipo (revista que en la década del cuarenta llegó a tener una tirada semanal de 350.000 ejemplares), quien enfermó y cuya esposa debió vender originales a turistas extranjeros en Caminito, La Boca, para afrontar el tratamiento médico. Y otro es el de Pedro Vilar, portadista de María Elena Walsh en la década del setenta, que tuvo que vender algunos originales de esos dibujos para poder solventar sus gastos.
Paradójicamente, la ley recientemente reglamentada no contempla el motor originario que le dio impulso al reclamo: el derecho a la jubilación. Justamente, Poly Bernatene, ilustrador y encargado de Prensa de la ADA, dijo: “Dibujantes Trabajando nació buscando el propósito de una asignación para casos especiales, ya que desgraciadamente tenemos muchos ejemplos de grandes maestros que terminan en la pobreza y el olvido”. Según subraya, la iniciativa motivó que se reúnan los distintos nucleamientos de dibujantes en un solo grupo. Fue así como se unificaron en la ADA, el ente más antiguo del dibujo, que dejó de lado su tradicional elitismo y actualmente congrega también al Foro de Ilustradores, Banda Dibujada, Dibujantes Trabajando y otras agrupaciones independientes. La unificación fue relevante para potenciar fuerzas ya que, como dijo el ilustrador Juan Manuel Terradas, la profesión “es un trabajo medio ermitaño”. Mazali, que tiene altas chances de dirigir el INAG, completó: “Nos dio la posibilidad de pensarnos mejor frente a las autoridades”.
El plan original de los artistas presentado a distintos diputados contemplaba el derecho a jubilaciones y pensiones. Sin embargo, la propuesta no avanzó en las comisiones legislativas. Por eso, los artistas decidieron apoyar y debatir sobre el proyecto de la diputada María del Carmen Bianchi (FPV), el cual no tenía a la renta por retiro como prioridad.
La renta especial fue finalmente desestimada también porque, de acuerdo a Mosnaim, “es muy difícil incorporar en el Presupuesto Nacional un gasto adicional que no estaba previsto, cuando aún el sector no tiene suficiente fuerza”. En ese sentido, Lito Fernández, veterano dibujante que desde los 13 años trabaja en el mundillo de la historieta, afirmó: “Hay cosas que no pueden postergarse, para los que están ahora ni para los futuros que se vienen”. Debido a esto el próximo paso será pujar por la creación de una Caja Compensatoria, “así los recursos provendrían ya de los propios dibujantes, no del Estado, y con ella se buscará la forma de que se generen dentro del sector los fondos que se destinarán en un sistema solidario a quienes se encuentren desprotegidos a la edad de jubilarse”, añadió Mosnaim, que también estará vinculada como consejera del INAG.
No obstante las cuentas pendientes, los dibujantes convienen en que la norma, directa e indirectamente, es un paso importante para los artistas de la imagen. En palabras de Mazali: “Lo que esperábamos, lo logramos; y nosotros (los dibujantes) vamos a estar a cargo de la institución”. El ilustrador Juan Manuel Terradas lo sintió como “un gol de media cancha”, pero advirtió: “No hay que dejarse estar y hay que desarrollar y expandir el mercado”. Mosnaim, por su parte, señaló la buena predisposición de la Secretaría de Políticas Socioculturales del Ministerio de Cultura, cuyos dirigentes ya “prometieron incluir al INAG dentro del presupuesto para el 2016”.
Y ya por fuera del INAG, Bernatene valoró lo positivo del crecimiento de la ADA, “una agrupación que representa al sector de artistas gráficos en pos de mejoras y reconocimiento de su profesión, por eso es un buen momento para sumarse y ser parte del cambio”.
«Lo que esperábamos, lo logramos; y nosotros vamos a estar a cargo de la institución”, expresó Mazali en su estudio.
De acuerdo con la normativa, no es requisito indispensable integrar ninguna asociación para registrarse. Pero “como decía (Enrique) Breccia: ‘una golondrina no hace verano’”, recordó Fernández, y añadió: “Estamos luchando con un montón de golondrinas, pero hay algunas que están quedando rezagadas. Espero que estas no caigan del vuelo, sino que aterricen y pasen los últimos días los mejor posible”.
Será momento entonces de esperar las designaciones de autoridades y de materializar la letra impresa. Para ello, Mosnaim resaltó la importancia de “saber con qué presupuesto se contará, porque es fundamental tener recursos para que el instituto resulte operativo”. Así la Ley 27.067 será una primera viñeta para una industria nacional de la imagen más próspera, que proteja a sus principales hacedores, los artistas del dibujo.
Actualización 30/09/2015
