Dic 2, 2015 | inicio
“Informamos la restitución de otro nieto, el caso número 119 que logramos resolver”, anunció Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Minutos después del inicio de la conferencia de prensa, destacó que esta es la quinta vez que una madre puede recuperar a su hijo apropiado durante la dictadura. En este caso, Sara había sido secuestrada en julio de 1975 en Tucumán: fue de una comisaría a la Jefatura de la Policía Provincial y luego a la Cárcel de Villa Urquiza, donde la mantuvieron secuestrada en calidad de detenida-desaparecida. En ese mismo lugar dio a luz entre mayo y junio de 1976. Apenas alcanzó a escuchar el llanto de su bebé cuando un enfermero se lo llevó. En noviembre de ese mismo año fue liberada.
Décadas más tarde, en 2004, Sara se puso en contacto con la Secretaría de Derechos Humanos de su provincia. Dos años después, llegó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) comenzó una investigación sobre el caso. En 2007, su sangre fue ingresada al Banco Nacional de Datos Genéticos. Claudia Carlotto, titular de la CONADI, explicó a ANCCOM: “Es un caso especial porque no es de los históricos de Abuelas, que toda la vida estuvieron en el Banco de Datos. Tenemos bastantes casos de desaparecidos que no estaban denunciados por diferentes razones. Ella está un poco amedrentada, porque no la mataron pero la dañaron mucho, pero más que eso pudieron las ganas de estar con su hijo. Ahora van a empezar a tener la relación que tienen que tener”. Mario, por su parte, contó: “Siempre ves que encuentran a otro y otro. Pero hoy me toca a mí, no puedo no creer esto. Yo me encontraba a la noche revisando la página de Abuelas, mirando fotos de desaparecidos y pensando de quién sería. Y claro, nunca me iba a encontrar si mi mamá estaba viva”.
El nieto recuperado 119, Mario Bravo.
Mario vive en Las Rosas, Santa Fe, pero viajó a Buenos Aires y aquí se reencontró con su madre biológica. Respecto del abrazo guardado durante casi cuarenta años, Carlotto expresó: “Este encuentro fue de dos adultos, pero era la mamá abrazando al bebé. Yo los visualicé como que no se podían separar. Casi estaba naciendo él de esa madre, nuevamente. Mientras ella le susurraba a este hijo cosas que él sabrá, y yo alcancé a escuchar que nunca más se iban a separar”. El hombre, al mismo tiempo, estaba acompañado por su esposa y su hijo, el mayor de tres: “Mi mamá me hablaba mucho en su panza, todos esos meses. Es una madre que me vio después de 38 años y escuchó mi voz después del llanto. El click se hizo cuando decidí acercarme a Abuelas. Recibís un apoyo increíble, acá hay gente que trabaja en serio, que trabaja con amor”. La decisión fue tomada en febrero de este año, cuando se acercó a la sede de Abuelas en Rosario y se derivó su caso a la CONADI. Meses más tarde, se llevó a cabo la extracción de sangre que, en noviembre, confirmó que es hijo de Sara.
De todas maneras, el hombre manifestó que desde chico tenía sospechas sobre su verdadero origen. Había sido inscripto como nacido en 1977 con el apellido Bravo, en la localidad santafecina en la que se crió, que cuenta con 15 mil habitantes. Es uno de los cinco casos en los que un hijo apropiado durante el terrorismo de Estado logra reencontrarse con sus padres biológicos. Destacó la contención y el acompañamiento que le brindaron las personas de los organismos estatales que intervinieron en su investigación y búsqueda, sobretodo el apoyo de otros nietos restituidos que colaboran con estas instituciones y juegan un papel central en el proceso de recuperación de la identidad. Al plantearse la posibilidad de que alguien con dudas lo estuviera escuchando, relató: “Cuando empecé todo esto, mi madre de crianza estaba viva y yo no quería dañarla de ninguna manera. Pero hay gente que te va a contener muchísimo y además somos iguales, porque venimos del mismo lugar. Ellos también son hijos de desaparecidos. Entonces, hablan desde adentro”.
“Cuando empecé todo esto, mi madre de crianza estaba viva y yo no quería dañarla de ninguna manera», dijo el nieto 119, Mario Bravo.
Mariana Zaffaroni, una mujer que recuperó su identidad en 1992, manifestó a ANCCOM: “Cada edad tiene lo suyo. Me parece que cuanto más grande sos, es más fácil aceptar algunas cosas y a la vez todo se vuelve más complicado por los hijos”. Por su parte, Mario dijo en relación a esto, que buscaba saber quién era, más por sus hijos que por él mismo. Y agregó: “Estamos siendo padres y necesitamos dar respuestas, porque los hijos van preguntando y quieren saber. Hay que ser consciente también de que te están buscando. Pensá en tu hijo, que lo podés perder y lo vas a buscar. Es duro. Pensás que te buscaban, y pensás que faltaste, que le faltaste a esa familia durante todos estos años, en tantos momentos”. En relación al logro de la restitución de la identidad de un nuevo nieto, Carlotto manifestó: “Esto nos da fuerzas para seguir. Es lo que nos anima a saber que no estamos haciendo mal las cosas”.
“Cada edad tiene lo suyo. Me parece que cuanto más grande sos, es más fácil aceptar algunas cosas y a la vez todo se vuelve más complicado por los hijos”, dijo Mario Bravo.
Leonardo Fossati, otro nieto restituido presente en la conferencia de prensa, habló con ANCCOM y se refirió a los hechos vandálicos que tuvieron lugar en el predio del Centro Clandestino de Detención Mansión Seré, ubicado en Morón, semanas atrás: “Esta es una reivindicación más, y de las más fuertes. Haber encontrado un nieto más demuestra que el trabajo está intacto, que seguimos para adelante y que la sociedad entera festeja estos hechos. Ante semejantes actos de cobardía, la mejor respuesta que puede haber es encontrar un nuevo nieto, llenar estos espacios de alegría, de contenido, de historia, de memoria, de verdad, de justicia. Hay personas que verdaderamente quieren volver atrás, que sienten sed de venganza. Es gente que no cree en la justicia, porque justamente en su momento no pidió justicia, sino que pidió asesinatos, desapariciones, torturas”. Minutos antes, Estela de Carlotto había hecho referencia a esos aires de revancha en el comunicado institucional: “Hoy, que desde algunos sectores políticos, mediáticos y judiciales se intenta dar voz a la idea de reconciliación, se evidencia una vez más la necesidad de profundizar las investigaciones. Aún hay desaparecidos con vida y graves delitos por juzgar” y aseguró que “por todos los nietos y nietas que desconocen su verdadero origen, por todas las víctimas que aún no alcanzaron justicia y para que estos crímenes nunca más se repitan” no permitirán “dar ni un paso atrás”.
A días del inicio de un nuevo gobierno que comenzará el 10 de diciembre con Mauricio Macri como presidente de los argentinos, Fossati reflexionó: “La nueva etapa va a ser todo un desafío. Ellos (por el gobierno electo) tienen en sus manos la posibilidad de acompañar a los organismos de Derechos Humanos en su gestión, de continuar políticas de Estado que surgieron en estos doce años. Sabemos que son la derecha, sabemos a quiénes representan, pero también sabemos (y ellos saben) que tiene un costo grande ir para atrás con ciertos derechos ganados del pueblo”.
Dic 1, 2015 | inicio
El Senado aprobó, el pasado 25 de noviembre, la creación de una Comisión Bicameral para investigar las complicidades empresarias en los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Argentina durante la última dictadura cívico militar.
La creación del organismo fue aprobada por los legisladores del FPV y parte del interbloque socialista liderado por Rubén Giustiniani. El PRO y la UCR, en cambio, se retiraron del recinto.
La nueva comisión estará compuesta por cinco diputados y cinco senadores nacionales, de los cuales tres de cada cámara serán de la primera minoría, uno de la segunda minoría y uno por la tercera minoría. El cuerpo se propondrá confeccionar un documento que identifique a «los actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron con la dictadura aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza». Además, la norma crea, dentro del ámbito del Parlamento, el Archivo Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, con el objeto de poner a disposición gratuita del público toda la documentación vinculada al tema, utilizada por la bicameral.
El autor del proyecto recientemente convertido en ley fue el diputado nacional del FPV Héctor Recalde y la Cámara Baja lo había aprobado en noviembre pasado. En diálogo con ANCCOM, Recalde dijo que es necesario hablar de la participación y complicidad de los empresarios con los militares, ya sea “marcando” a trabajadores o aportando infraestructura o logística que permitió la violación de los derechos humanos. Según el legislador, estas maniobras tenían un triple fin: ideológico, económico y de sometimiento. “Ideológico porque estaban de acuerdo con el ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz, económico porque maximizaban la rentabilidad empresarial, y de sometimiento porque era mucho más fácil para ellos conducir una empresa con trabajadores que no reclamen nada”. Además, especificó: “Hay ejemplos muy claros, uno es Carlos Blaquier, del ingenio jujeño Ledesma, y el otro es Vicente Massot, directivo del diario La Nueva Provincia”.
Hector Recalde en la Carpa de la Resistencia ubicada frente al palacio de tribunales en la plaza Lavalle durante el repudio nacional a «La noche del apagón» ocurrido en Ledesma el 20 de julio de 1976.
Recalde enumeró otros posibles casos a investigar, algunos de los cuales ya ingresaron en la justicia: Papel Prensa, Loma Negra, Ledesma, Mercedes Benz, Molinos Río de la Plata, Grupo Bunge y Born, Editorial Atlántida –especialmente las revistas Para Ti, Gente y Somos-, La Veloz del Norte, Celulosa, Grafa, Sociedad Rural de Junín, la ceramista Lozadur Cattaneo, los astilleros Mestrina y Astarsa, y la metalúrgica Bovapi.
Walter Bosisio, sociólogo y co-autor del libro La dictadura del capital financiero, explicó a ANCCOM que la única manera de poder investigar judicialmente las complicidades del sector civil es que aparezcan atadas a delitos de lesa humanidad, dado que no prescriben.
Participación civil
Según Bosisio, el armado de la estructura económica y el manejo de los recursos financieros del Estado estuvieron a cargo de civiles que representaban los intereses del capital privado, tanto nacional como extranjero. A su vez, el autor comentó que el proyecto económico de la dictadura había tenido antecedentes en el gobierno de facto anterior y en las políticas económicas del ex ministro de Economía de Isabel Perón, José Celestino Rodrigo. Pero, subraya, que a partir del 76 se acabaron los escrúpulos: “Esta vez estaban dispuestos a todo. Los derechos humanos se vieron afectados, no solo en el plano civil y político, sino que también los derechos económicos, sociales y culturales porque no había garantía de nada, ni siquiera del derecho a la vida, ni al trabajo”. En esa misma tónica, Eduardo Codianni, investigador y miembro de la subgerencia de derechos humanos del Banco Central (BCRA), coincidió con la postura de enfocar la cuestión desde otro ángulo: “La teoría puede ser distinta: el poder económico usó a los militares para imponer un nuevo sistema. La única forma que había para derrumbar la organización de los trabajadores existente en ese momento era mediante la represión.”
Santiago Kosiner, politólogo y también miembro de esa Subgerencia del Central, amplió respecto de la vinculación de las violaciones de los derechos humanos con el sector civil: “Colaboración y complicidad son sinónimos, pero de lo que nosotros hablamos es de participación civil concreta. Acá están Santiago Soldati, Juan Alemann, Alfredo Diz, personas de distintos grupos económicos que estuvieron en el directorio del BCRA, todo el sector privado manejando el órgano de control financiero y haciendo una reforma profunda del sistema desde el Estado que beneficia a los privados”.
Marcha y escrache de agrupación HIJOS a Vicente Massot y Carlos Blaquier el 23 de mayo de 2015.
En la conformación del gabinete de Martínez de Hoz puede verse el tejido de alianzas con las grandes corporaciones. Bosisio especificó la continuidad con el presente: “Personas muy cercanas a Martínez de Hoz, como Guillermo Walter Klein -jefe de la Cámara Argentina de Comercio- y Héctor Maidal -abogado especializado en defender a multinacionales-, quedan a cargo de sectores importantes de la economía nacional”.
Estos dos funcionarios se asociaron en un estudio jurídico y hoy forman parte de los bufetes más importantes del país. Entre sus clientes se encuentran corporaciones como Citibank o CEO de multinacionales como el flamante ministro de Energía, Juan José Aranguren. Bosisio explicó que Maidal y Klein tenían un doble juego:, mientras ocupaban cargos públicos, defendían desde sus estudios jurídicos a las multinacionales y sobre todo a bancos extranjeros.
Otro nombre rutilante acusado de complicidad con los militares es el de Jorge Zorreguieta -padre de Máxima, la reina de Holanda-, quien fuera miembro de la Sociedad Rural, a cargo de la Secretaria de Agricultura. También pueden agregarse el primer interventor del BCRA, Alfredo Cassino, y su sucesor, Alfredo Diz, un economista neoliberal discípulo de Milton Friedman. También formaron parte del aparato económico estatal el dueño de la fábrica de electrodomésticos Longvie, Christian Zimmerman, quien fuera viceministro de Economía; Narciso y Juan Ocampo –autoridades del Banco Ganadero Argentino- que asumieron al frente del Banco Nación y Juan Alfredo Echebarne –mano derecha de Martínez de Hoz y amigo del por entonces ministro del Interior Albano Harguindeguy- que estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Valores.
Los Ocampo, además, fueron investigados por el secuestro y los tormentos sufridos por los hermanos Iaccarino, empresarios que fueron extorsionados para desprenderse de sus bienes económicos. Por su parte, Echebarne se encuentra actualmente en prisión por haber sido cómplice de delitos de lesa humanidad en el caso Banco de Hurlingham. La situación de este último funcionario fue estudiada a fondo por Bruno Nápoli, Celeste Perosino y Bosisio en una investigación publicada en 2013 por la Comisión Nacional de Valores. Estos aportes permitieron documentar que Echebarne presenció torturas y extorsiones: “Empresarios secuestrados reconocen las voces de Echebarne y René Garris, y si bien no saben si aplicaron ellos las torturas, estuvieron presentes y preguntaban. Por ende, son partícipes de delitos de lesa humanidad. Los militares sabían qué preguntarle a los militantes, pero no a los empresarios, entonces llegaban los técnicos y participaban. Veían un cuerpo torturado, cómo se violentaban los derechos humanos y no decían ni hacían nada para detener eso porque son partícipes”, detalló Bosisio, y agregó: “Con el informe que nosotros armamos, mostramos con pruebas cómo hubo participación directa en la toma de decisiones de favorecer a una empresa u otra. Cabe suponer que beneficiaron a algunos grupos y hasta aprovecharon la información extraída bajo tortura para tomar ciertas decisiones. En ese sentido, la justicia pudo obrar y meterlo preso a Echebarne, pero a Garris todavía no, y uno puede suponer que como él hubo otros personajes similares”.
Marcha y escrache de agrupación HIJOS a Vicente Massot y Carlos Blaquier el 23 de mayo de 2015.
Casos notables
Entre los casos paradigmáticos, aparecen en primera instancia los vinculados directamente a Martínez de Hoz como empresario: la siderúrgica Acindar y la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad. En la primera firma, Martínez de Hoz abandona el directorio dos semanas antes de que se diera el golpe y deja en su lugar al general retirado Alcides López Aufranc a cargo de la empresa. López Aufranc –fallecido en abril de este año- participó de la represión en una huelga ocurrida el año anterior a su asunción y poco después se jactaba de que 23 empleados ya no darían problemas porque “estaban bajo tierra”. “En el caso de la Ítalo –explica Kosiner- Martínez de Hoz era uno de sus accionistas. Y en un momento en que la política militar se caracterizaba por reducir el gasto público, decidió contradictoriamente estatizar la empresa y pagar cuatro veces más de lo que valía. El Estado compró cables viejos que no tenían ningún valor, hicieron un negociado enorme”.
En el caso del Banco de Hurlingham, veintinueve personas correspondientes al directorio de la entidad fueron secuestradas y llevadas a Campo de Mayo. Allí fueron torturadas e interrogadas por miembros de la Comisión Nacional de Valores, dato que fue corroborado por el juez federal Daniel Rafecas en 2010, a partir de una nota en la cual el Teniente Coronel Raldes agradecía al organismo por los servicios prestados de cuatro técnicos de esa institución.
El caso de Papel Prensa –que permitió el despegue de Clarín hasta obtener una posición dominante en el mercado- también es paradigmático. En ese caso, Lidia Papaleo de Graiver denunció haber sido secuestrada y obligada a vender a precio vil su paquete accionario, tanto ella como los demás socios. Casos como los de las automotrices Ford y Mercedes Benz, donde desaparecieron obreros sindicalizados y militantes, también marcan una clara participación entre los civiles y los militares para la violación de derechos humanos.
Futuro
Celeste Perosino, titular de la subgerencia de derechos humanos del Banco Central, opina que es necesario continuar abriendo la agenda de los derechos humanos: “Hay que saldar deudas históricas y mirar para la dictadura, porque aquellas políticas proyectaron continuidades en democracia. De hecho, por ejemplo, en la CNV muchos de los que llegaron con los militares siguieron trabajando hasta los 90”. Codianni complementó: “Cuanto más se hable de las cuestiones, más se abran los archivos, más servirá. Aunque sea para la historia y para que las cosas no se repitan. Y, por supuesto, se juzgue lo que tenga que juzgarse”.
El proyecto de Recalde recientemente aprobado había recibido el rechazo de las grandes corporaciones: los primeros en quejarse fueron UIA, IDEA, AEA y la Cámara Argentina de Comercio. Una de las críticas fundamentales fueron que se buscaba perseguir y estigmatizar a los empresarios y que el Poder Legislativo buscaba suplir funciones del Judicial. “La comisión bicameral –respondió Recalde- no juzga, ni lesiona garantías constitucionales ni afectan la división de poderes establecida por la Constitución”.
“Uno podría preguntarse por qué ahora –completa Perosino- Me parece que tiene que ver con una cuestión histórica, hubo otras urgencias de investigar antes de meterse en la pata económica. Hubo que tapar otros baches, tratar de avanzar por lo más urgente, y me parece que eso también tiene que ver con un cambio de poder y hurgar en la pata cívica del asunto”.
Nov 11, 2015 | inicio
Lucas Cabello tiene 20 años, vive con su pareja y la hija de ambos. Hasta el lunes, trabajaba cuidando autos en el restaurant “Il Matarello”, en las calles Martín Rodríguez y Villafañe del barrio porteño de La Boca. Ese día, a la tarde, un policía de la Metropolitana le dio al joven tres disparos -en la garganta, el abdomen y los testículos-, en un episodio que el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Angel Palazzani, calificó como un auténtico «fusilamiento». Desde entonces, Cabello se encuentra internado en terapia intensiva del Hospital Argerich, peleando por su vida. Si sale airoso, no podrá mover nunca más las extremidades. El oficial de la policía Metropolitana, que se desempeña como custodia en la zona hace pocas semanas, está detenido e ileso.
Basándose en las pruebas y declaraciones de familiares y testigos, Palazzani calificó al hecho como “ejecución o fusilamiento”. “Estamos ante un hecho gravísimo de violencia institucional que de acuerdo a las pruebas y declaraciones de familiares y testigos presenciales configura una tentativa de homicidio calificado por parte de un efectivo de la Policía Metropolitana contra el joven Lucas Cabello», dijo Palazzani, cuya procuraduría depende al Ministerio Público Fiscal.
Esta no es la primera vez que la Metropolitana se encuentra envuelta en casos de violencia institucional. Según Palazzani, «Procuvín recibe al menos una denuncia por semana sobre detenciones, vejaciones y torturas contra jóvenes vulnerados y vulnerables. El 90 por ciento de esas denuncias provienen de la Comuna 4: La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya”, concluyó.
Procuvín recibe al menos una denuncia por semana sobre detenciones, vejaciones y torturas contra jóvenes vulnerados y vulnerables por parte de la Policía Metropolitana. Gentileza Sur Capitalino
La pareja de Cabello, Camila -quien fue testigo de los hechos junto a su hija de dos años- aseguró que el oficial de la Metropolitana le disparó en la nuca y luego lo remató cuando ya estaba en el piso. Además, Carolina Vila, madre del joven baleado, indicó que Lucas no está involucrado ni pesa sobre él ninguna restricción judicial. “Mi hijo está peleando por su vida y encima quieren ensuciarlo. No fue un enfrentamiento narco ni un tiroteo”, declaró Vila.
Rubén, padre de Lucas, contó en declaraciones a la prensa que el joven «está peleando por su vida» y tiene «la médula reventada», por lo que los médicos del Hospital Argerich le dijeron que, si sobrevive, «las manos y las piernas no las va a poder mover nunca más”.
El martes, la abogada Gabriela Carpinetti se presentó en la Fiscalía de La Boca, a cargo de Susana Calleja y fue tomada como querellante en representación de la familia, en conjunto con su colega Nahuel Berguier. La causa transita actualmente el proceso de investigaciones preliminares.
En diálogo con ANCCOM, la abogada explicó que si bien no trascendió el nombre del agente de la Metropolitana, se supo “que está detenido e ileso. Esto refuerza la hipótesis que trabajamos: no fue un enfrentamiento como quisieron hacer parecer”, amplió. Según la abogada, “las pericias no arrojaron resultados sobre que Lucas Cabello estuviera armado, sólo estaba ingresando a un inmueble con su hija y fue baleado: hay una realidad y es que en la causa sólo una persona está herida luchando por su vida y ese es Lucas”, expresó.
“El lugar donde pasó todo es un inmueble que pertenece al Instituto de la Vivienda de la Ciudad, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hay muchas situaciones entre vecinos que pueden estar ligadas a las condiciones en que viven, y por ello había custodia. Es muy preocupante que sucedan estos hechos con las fuerzas armadas que tienen la función de proteger”, opinó Carpinetti.
La puerta de la casa de Lucas Cabello dónde vive hace 10 años en una edificación del Instituto de la Vivienda porteño (IVC), Martin Rodríguez al 500, en el barrio porteño de La Boca.
Gentileza Sur Capitalino
La primera respuesta oficial del Gobierno porteño la dio la vicejefa María Eugenia Vidal, durante una recorrida de campaña con Mauricio Macri en Avellaneda. «Es un caso de violencia de género. Se le había dado un botón antipánico a una persona que tendría un vínculo con él (por Lucas) y se le agregó consigna policial en la puerta de la vivienda. Cuando salió de su casa gritando que la había amenazado de muerte, intervino la consigna, le dan la voz de alto, no atiende a la voz de alto y pasó lo que pasó», dijo a la prensa.
“Creemos que frente a investigación es inconveniente que funcionarios declaren sobre acontecimientos sin tener información al respecto, tenemos que ser cautelosos porque no se sabe que pasó y la familia está atravesando un momento muy doloroso”, concluyó la abogada frente a las declaraciones de Vidal.
Desde su creación en el año 2010, numerosos agentes de la Policía Metropolitana se vieron involucrados en casos de violencia institucional. En los últimos meses, se hicieron conocidos abusos contra activistas trans e inmigrantes de la comunidad senegalesa en Buenos Aires; la golpiza a cuatro jóvenes y una madre en Saavedra y el atropello de un chico en La Boca.
Según un informe del CELS entre 2010 y 2014 se registraron veintiocho muertes por uso letal de la fuerza por parte de agentes de la Metropolitana. Un reciente fallo condenó al policía Enzo Álvarez a prisión perpetua por el fusilamiento en 2011 del joven Bruno Pappa en Chacarita. Otro caso de gatillo fácil resonante -todavía sin sentencia-, fue el de «Robertito» Claudio Autero, ocurrido en febrero pasado. El chico, de 16 años y en situación de calle, fue asesinado de un disparo en la nuca cuando estaba con un grupo de amigos cerca a un automóvil estacionado en la calle Rosario. El agente imputado es Sebastián Ezequiel Torres, de 30 años.
El policía que le disparó a Cabello fue trasladado a la comisaría 24, de La Boca, pero luego, por cuestiones de seguridad, fue llevado a la seccional 28. El oficial detenido, quien presta servicios en la Comuna 4 y fue pasado a disponibilidad preventiva por la Auditoría Externa del Ministerio de Justicia del Gobierno de la Ciudad, será indagado en las próximas horas por el juez de instrucción porteño 35, Osvaldo Rappa, en los tribunales porteños, según lo confirmó el subjefe de la Policía Metropolitana, Ricardo Pedace.
Nov 10, 2015 | Entrevistas
Selva Herbón transformó su causa en una lucha social e impulsó la Ley los Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud. Licenciada en Ciencias de la Educación, docente, ex candidata a Intendente del distrito de Ezeiza desde el espacio Progresistas, es madre de Valentina, de 9 años, y de Camila, una beba que tras una mala praxis médica quedó en estado vegetativo y murió una vez aprobada la normativa.
Camila nació el 27 de abril de 2009 con procidencia de cordón umbilical. Intentaron reanimarla durante veinte minutos, logró sobrevivir, pero la falta de oxígeno dañó las células nerviosas de su cerebro. Al año de vida, le diagnosticaron un estado vegetativo permanente. “Mi hija crecía, pero no se desarrollaba, no tenía ningún tipo de vínculo con el medio externo y sus funciones vitales no eran autónomas. Entonces comenzamos a sentir que el esfuerzo terapéutico lo único que estaba haciendo era prolongar en el tiempo la agonía”, así comienza a contar su historia una mamá que considera que la tecnología puede ser una aliada perfecta del ser humano, pero no en esos casos en que impide que un ser querido, que se encuentra en un estado irreversible, deje de sufrir y pueda partir en paz, dignamente.
En su hogar, Herbón recibió a ANCCOM para contar cómo fue el proceso de creación y sanción de una Ley Nacional que finalmente contempló su caso y el de muchos otros que atraviesan la misma situación; también para hablar sobre la intrincada relación que se plantea entre la medicina, las medidas de soporte vital, y los derechos humanos, y para arrojar luz sobre esa huella que Camila dejó marcada en su paso por este mundo.
“Mi hija crecía, pero no se desarrollaba, no tenía ningún tipo de vínculo con el medio externo y sus funciones vitales no eran autónomas. Entonces comenzamos a sentir que el esfuerzo terapéutico lo único que estaba haciendo era prolongar en el tiempo la agonía”
¿Qué respuesta obtuvieron por parte de los médicos cuando decidieron limitar el esfuerzo terapéutico?
Los médicos nos decían que sería justo retirar el soporte vital, pero que no era legal, que si queríamos que lo hicieran teníamos que solicitarlo a través de un recurso de amparo. En ese momento, me pregunté por qué las personas que estaban en un estado así, irreversible, irrecuperable, sin posibilidades de vida digna, tenían que acudir a esa medida. Empecé a investigar, me asesoré de toda la normativa vigente sobre los derechos de los pacientes, hasta que encontré que en la provincia de Río Negro ya existía una Ley de Muerte Digna y a nivel nacional se había sancionado en 2009 la Ley Nacional N° 26529, pero no había sido reglamentada y, por lo tanto, tampoco entraba en plena vigencia.
Entonces, ¿qué fue lo que decidió hacer?
Ante esa situación sentí que era necesaria una ley porque en ese momento mi hija estaba cautiva del centro de salud, la obra social pagaba mucho dinero para mantenerla en esta condición. Además, estaba el juicio iniciado por mala praxis, y todas esas cuestiones que a lo mejor deshumanizan la medicina. Pensé también que permitirle morir a Camila era un acto de amor hacia ella porque era muy triste y muy doloroso ver que no podía llegar a cumplir sus funciones vitales; uno nace, vive, se desarrolla, muere, y acá no había posibilidades de morir porque había aparatos que lo estaban evitando.
¿Cómo hizo para lograr que la causa trascienda?
A través de un dirigente político y social me contacté con el diputado Nacional Gerardo Milman, que en ese momento estaba trabajando con otros proyectos, pero tuvo la amabilidad de recibirme y escuchar cuál era el pedido que estábamos solicitando: modificar algunos artículos de la Ley 26.529 para que se votara nuevamente. En agosto de 2011, se hizo pública esa entrevista que tuvimos y estalló en todos los medios la noticia de que había una mamá que pedía muerte digna para su hija. Ahí fue cuando se empezaron a difundir dos puntos muy importantes que eran, por un lado, pensar que esta ley no era eutanásica porque no se provocaría la muerte sino que limitando el esfuerzo terapéutico, retirando los soportes vitales, sucedería en forma natural; y, por otro lado, que los médicos estuviesen amparados ante la acción que realizaran. O sea que cuando advirtieran que ya no existen expectativas de vida digna, cuando ya se hizo todo lo posible y no hay reversibilidad ante una situación, como por ejemplo ante un estado vegetativo permanente, ellos junto con la familia pudieran tomar la decisión de limitar el esfuerzo terapéutico. También tuvimos la posibilidad de acercarnos de algún modo a quien hoy es el Papa Francisco. Recibió una carta nuestra solicitándole que de algún modo la Iglesia nos acompañe, y me llamó personalmente para decirme que rezaba mucho por nosotros; entonces yo lo que le pedí fue que la Iglesia se expresara a través de escritos, de documentos, para que la gente también pudiera conocer cuál era su opinión al respecto. Y para el caso de Camila estaba a favor por el hecho de que limitar el esfuerzo terapéutico era una forma de evitar el “encarnizamiento terapéutico”. Si uno toma el Catecismo de la Iglesia Católica hay una parte en la que habla de que es lícito retirar estos elementos artificiales y de esa forma permitir que suceda lo inevitable, que es la muerte.
» Yo pienso que una, como mamá, tiene que tener muy presente la posibilidad de que su hijo sea feliz, o sea la felicidad es lo que uno busca. Más allá de alguna discapacidad, más allá de una problemática concreta, de una enfermedad, uno busca eso, la posibilidad de que sea feliz».
¿Cómo fue el proceso hasta que se sancionó la ley?
Fue una lucha importante, un trabajo de mucho sacrificio, de hablar y escuchar a mucha gente, conversar con médicos especialistas en Bioética, tratar de interpretar la letra de la ley para entender a qué apuntaba, dialogar con cada uno de los asesores de los diputados para que estuviesen en conocimiento del tema, que al mismo tiempo era algo tabú, difícil de abordar, entonces también era complicado de poner en agenda. Hasta que conseguimos que el 30 de noviembre del 2011 se votara el proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Junto con nosotros había otros casos que también pedían por la muerte digna como fue el de Melina González, una chiquita de 19 años que estuvo con fibromatosis quística, y el de Marcelo Diez. Todos los familiares queríamos que el Congreso tuviera, en ese momento, sesiones extraordinarias para que se debatiera el proyecto en el Senado, le enviamos una carta a la Presidenta, nos comunicamos con el Presidente de la Cámara de Senadores para ver si él podía lograrlo, pero nos comunicaron que sería uno de los temas a tratar el próximo año. Finalmente, el 9 de mayo de 2012 se votó afirmativamente y por unanimidad la ley. La reglamentación vino posteriormente, en el mes de julio, pero hablamos con los médicos del Centro Gallego de la Ciudad de Buenos Aires y, junto al especialista en Bioética Juan Carlos Tealdi −quien nos acompañó en todo momento−, se tomó la decisión de retirar el soporte vital y Camila falleció el 7 de junio del 2012.
¿Usted sintió que la tecnología estaba extendiendo la agonía antes que la vida?
Así es. Fue una mezcla de sensaciones porque nadie está preparado para que un hijo parta, entonces estas cuestiones nos movilizan y sensibilizan a todos. Con respecto a la hidratación y la alimentación en forma artificial también existían fundamentos de por qué no era bueno para un organismo vivir así en forma artificial. Hacia el final, Camila tenía muchos edemas porque el cuerpo no podía regular la hidratación automáticamente, estaba muy hinchada, las condiciones en las que estaba realmente no eran buenas. Y otra cosa era que ese modo de alimentación le provocaba molestias o dolores por el hecho mismo de que la comida no estaba ingresando por el tubo digestivo en forma natural sino directamente al estómago. El malestar se podía llegar a constatar, por ejemplo, a través del cambio en la pulsación cardíaca. Por eso, creo que la tecnología puede ser una aliada del ser humano, pero no cuando está supliendo funciones vitales que no se van a poder recuperar. Entonces me parece que hay que humanizar la medicina, saber hasta dónde llegar a utilizar los métodos. En sí, es un sentimiento difícil de explicar, pero también hay que pensar un poquito en el otro, en lo que es la dignidad humana, en lo que es vivir, a qué le llamamos vivir. A mí me llamó muchísimo la atención un día que voy a ver a Camila y estaba la terapeuta haciéndole movimientos en los labios, en la lengua, para ver si en algún momento adquiría la succión. Le consulté si a eso lo venía haciendo desde siempre, si notaba algún cambio, una mejoría. Me contestó que era para ver si la beba en algún momento podía llegar a responder a ese estímulo. Ahí empecé a informarme, a ver hasta dónde el cerebro tenía la posibilidad de cumplir funciones en forma autónoma o no, hasta que me di cuenta de que ella no iba a poder a volver a tragar como quizás lo hacía adentro de mi panza cuando estaba sana. Yo pienso que una, como mamá, tiene que tener muy presente la posibilidad de que su hijo sea feliz, o sea la felicidad es lo que uno busca. Más allá de alguna discapacidad, más allá de una problemática concreta, de una enfermedad, uno busca eso, la posibilidad de que sea feliz.
«Empecé a investigar, me asesoré de toda la normativa vigente sobre los derechos de los pacientes, hasta que encontré que en la provincia de Río Negro ya existía una Ley de Muerte Digna y a nivel nacional se había sancionado en 2009 la Ley Nacional N° 26529, pero no había sido reglamentada y, por lo tanto, tampoco entraba en plena vigencia».
Finalmente, ¿cuál fue la repercusión que tuvo su iniciativa? ¿Cuál cree que es el aporte hacia la sociedad?
Cuando el caso se hizo público en los medios de comunicación, en mi casa sonaba el teléfono todo el tiempo, mi hija Valentina tenía cinco años y ya sentía la presión, entendía que era una cuestión de importancia. Por un lado, teníamos el acompañamiento de muchísima gente, pero a la vez, otros tantos no comprendían lo que estábamos viviendo. Y esta ley no vino a obligar sino que ampara. Yo no quería una acción que sirviera solo para Camila, quería algo que contemplara el derecho de todas las personas que tuvieran que pasar por una situación así. Creo que fue un trabajo importante y sostengo que Camila dejó huella porque fue motivo de discusión en muchas familias, hablar de este tema cuesta muchísimo y desde entonces comenzó a pensárselo y a reflexionar. Por otra parte, algo que quiero remarcar es que pensar en el otro es una forma de poder humanizar la medicina y, en todos los órdenes de la vida, ponerse un poco en el lugar del otro también es muy importante.
Nov 4, 2015 | inicio
La abuela señala fotos antiguas de la familia y menciona los nombres de las personas retratadas. A algunos no los reconoce, a otros los confunde. Esas personas son sus hijos. A su lado, la nieta los nombra en el orden correcto. El terrorismo de Estado le arrebató, a esta anciana, tres de sus cuatro hijos, a dos de sus yernos, y a su marido. Y el tiempo le arrancó sus recuerdos. La foto fue una bandera que Laura Bonaparte levantó durante su infatigable búsqueda como integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
Bonaparte luchó de manera incansable contra el olvido y hacia el final de su vida, como una paradoja de su propia historia, fue perdiendo la memoria. Tiempo Suspendido documenta ese período y pone el foco en la importancia de la memoria social, aspecto por el que Bonaparte trabajó tanto. La ópera prima de Natalia Bruschtein participa en la Competencia Latinoamericana del 30° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde fue recibida con numerosos agradecimientos por parte de un público visiblemente emocionado.
“Hay muchas buenas películas que se han hecho sobre lo que ha pasado en Argentina, sobre la dictadura, sobre los desaparecidos, sobre las Madres de Plaza de Mayo –explicó la directora a ANCCOM-. Yo no quise hacer otra película sobre eso. Quise hacer un documental sobre la memoria, porque es un tema muy importante en todas las sociedades. Que fuera algo más general donde cualquiera pudiera identificarse en cualquier parte del mundo con esta historia, una persona que pierde la memoria después de haber vivido una situación trágica”.
Como en una inversión de roles, ahora es su nieta -y toda su familia- quienes preservan la historia de quien supo ser una fiel guardiana de la memoria de sus seres más queridos. A través de este movimiento, Bruschtein invita al espectador a reflexionar sobre la necesidad de recordar y se hace eco de las palabras de su abuela. “Una sociedad sin memoria es una sociedad sin identidad”, se puede escuchar desde la propia voz de Bonaparte.
Bruschtein filmó a su abuela entre noviembre de 2011 y abril de 2013 y pudo captar algunos momentos de lucidez antes de su fallecimiento. “Nada es muy lógico con ese tipo de enfermedades –continuó Bruschtein-. No es que la memoria se borró sino que la consciencia va y viene. A medida que iba avanzando era más lo que se olvidaba, pero tenía momentos muy racionales. Algo muy lindo era su memoria afectiva. Por ahí no sabía quién era yo pero entendía que había una relación entre nosotras, durante el rodaje todo el tiempo me buscaba a mí”. En una de esas reflexiones, Bonaparte afirma que “desaparecidos” es una palabra cruel: “La materia no puede desaparecer. Los cuerpos no pueden desaparecer”, dice, en una de las valiosas imágenes que registró su nieta.
Laura Bonaparte se crió en Paraná, Entre Ríos, donde su padre, el abogado socialista José Guillermo Bonaparte, le inculcó la pasión por el agua y por la militancia. Militó por los derechos humanos desde sus 18 años, cuando empezó a trabajar como vendedora en la tienda Gath & Chaves. Allí empezó una lucha por el derecho a la silla y contra la imposición a los empleados de tener que pagar sus propios uniformes de trabajo. Más tarde, cuando los hijos que tuvo con Santiago Bruschtein habían crecido, se recibió de psicóloga en la Universidad de Buenos Aires y comenzó con un profundo trabajo en las villas, hasta que el 25 de diciembre de 1975 se enteró de que su hija Aída había sido secuestrada por las fuerzas armadas en Monte Chingolo y comenzó su lucha que, lejos de cesar, se acrecentó con el asesinato de su marido y las detenciones de Irene y Víctor, el padre de Natalia.
“¿Cómo me voy a suicidar? Si me mato, la estaría matando también a mi hija: ¿quién se va a acordar de ella?”, razona Laura en una de las tantas imágenes de archivo con las que el film contrasta la desmemoria y la fortaleza de su pasado. El material fue donado por los cineastas Humberto Ríos (Esta voz entre muchas) y Alejandro Fernández Mouján, a quien la misma Bonaparte pidió, en 1993, que la grabara, porque no quería seguir repitiendo una y otra vez su historia.
“En 37 años que compartí con ella nunca la vi llorar –contó Bruschtein al finalizar la proyección–. Es un ejemplo de mujer. Ese dolor fue lo que la hizo impulsarse por los derechos de los demás también, porque no sólo buscaba a sus hijos sino que también ayudaba a los demás. Siempre pensó en los derechos humanos”. En Argentina realizó uno de los primeros juicios por asesinato a las Fuerzas Armadas, cuando un juez de La Plata quiso entregarle un frasco con las manos de su hija. También fue precursora de la campaña internacional para que la desaparición forzada de personas fuera declarada delito de lesa humanidad. En México, ayudó a grupos de madres e hijos de desaparecidos políticos, fue observadora de Amnistía Internacional en campos de refugiados en El Salvador y en la frontera con Guatemala, y rechazó las violaciones a los derechos humanos en el Líbano y en Bosnia. Además, fue feminista y estuvo a favor del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo.
A pesar de todo, Bonaparte también se hacía tiempo para escribir. Algunos fragmentos de los numerosos textos reflexivos que atesoraba en un baúl son compartidos en el film por la voz en off de su nieta. “Tenía muy mala letra pero, por suerte para nosotros, escribía todo a máquina, corregía y volvía a escribir –detalló la directora a ANCCOM-. Guardó todas las versiones. Todo, todo. Cuando tuvo computadora era un desastre y tenía miles de copias también. Para la película contraté una archivista que se encargó de leer el material completo. De esa preselección, escogí las estrofas que sentí que iban a funcionar para la película”.
Natalia Bruschtein, directora de la pelicula Tiempo Suspendido.
Tiempo Suspendido es un documental necesario y oportuno. Y la historia de Laura Bonaparte es imprescindible para entender por qué no hay que olvidar y que la memoria es un derecho pero también una responsabilidad de las sociedades.
El film se estrenó en el Festival de Guadalajara en marzo de este año, y también se proyectó en Brasil, Budapest, Francia, Chicago y España. “La recepción en cada lugar es diferente, pero lo que remarco es que en todos lados tenemos historia y que no podemos olvidarnos lo que ha pasado”, concluyó Bruschtein. Luego de la competir en Mar del Plata, se proyectará en Buenos Aires entre el 30 de noviembre y el 04 de diciembre en Ventana Sur, el mercado latinoamericano de cine, donde su directora espera contactar distribuidores para su exhibición en los Espacios INCAA de Argentina.
