Jul 18, 2018 | Comunidad, Novedades
En Argentina, por cada peso que se invierte en el cuidado ambiental, se destinan veinte pesos hacia los sectores que colaboran con su degradación. Esa es una de las conclusiones que se desprende del análisis del presupuesto nacional para medio ambiente, según un estudio de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Esa organización y otras entidades del sector social concuerdan en destacar lo poco que invierte el Estado nacional en ese área.
“Este trabajo llegó para quedarse, hace rato”, afirma María Marta Di Paola, directora de Investigación de FARN. El análisis del Presupuesto 2018 concluyó que las partidas medioambientales se reducen. “En el último tiempo hay medidas de ajustes que no procuran la conservación del ambiente, sino que buscan posicionar a la economía en lugares que fomentan energías que no son consideradas limpias. Por ejemplo, hay presupuesto creciente para el sector de la minería, pero no para remediar los efectos vinculados a esta actividad”, explica.
En el documento se detalla que este año se aplicaron un millón 700 mil pesos para detectar los glaciares que no se pueden usar para evitar su degradación, mientras que el monto para la búsqueda de nuevos yacimientos de minerales es muy superior. Así, por cada peso a la ley que los protege, se destinan 66 al mapeo minero. Ocurre algo similar en el sector energético: por cada peso que se asigna a energías renovables o eficientes, hay 61 pesos que subsidian los combustibles fósiles.
El análisis del Presupuesto 2018 concluyó que las partidas medioambientales se reducen.
El informe también analiza las partidas presupuestarias a la Ley de Bosques: “Sólo se le dio el 0,02% del presupuesto nacional, cuando en realidad debería tener al menos 0,3%. Es decir, se lo constituyó con solo un 5% del fondo que debería tener según ley”, enfatiza Di Paola. Sobre este ítem, Darío Rodríguez, coordinador del Banco de Bosques, consideró que si bien esta ley generó una baja en la tasa de deforestación, ésta sigue siendo una de las más altas del mundo. “Se ha deforestado más del 70% de las áreas boscosas. Las penas que se adjudican son mucho menores a la ganancia que le representa a los dueños de estas tierras explotarlas. Además, es muy poco lo que se destina al control. Desde la sanción de la ley se estima la pérdida de 750 mil hectáreas de bosque de forma ilegal”, expresa.
Sobre las causas principales de esta política, Rodríguez afirma: “Quiero creer que es más porque nuestros gobernantes no saben todo el mal que están haciendo. Pero es innegable que el lobby que hacen las empresas que se dedican a la compra de tierras para su deforestación es y siempre ha sido muy fuerte. Los beneficios económicos a corto plazo, en un país como el nuestro, siempre parecen ser una buena idea para el gobierno de turno, pero a nivel local los niveles de pobreza aumentan, así como las enfermedades y los desastres ‘naturales’”. El directivo de Banco de Bosques agrega: “Todavía persiste la idea de que para producir, generar empleo y ‘progresar’, hay que hacerlo destruyendo nuestros recursos naturales”.
Contaminación del Río Reconquista
Por su parte, Adriana Anzolín, coordinadora de la Plataforma de Organizaciones de la Sociedad Civil de la cuenca del Río Luján, explica: “Hay algunas áreas donde directamente están vacías, como en la Organización para el Desarrollo Sostenible (OPDS), no tiene gente ni presupuesto y es la encargada de realizar controles de contaminación y las habilitaciones de las urbanizaciones cerradas”, declara. Según dice, lo mismo ocurre con el plan de obra sobre el Río Luján. “Van a destruirlo, quieren rectificarlo en 48 km. Todas estas acciones deberían estar controladas por la OPDS y lo que sucede es que el Ministerio de Infraestructura es el que realmente tiene el poder y la OPDS queda subordinada a él”, revela. Desde la Plataforma denuncian que el ensanche del río borra los meandros -curvas y contracurvas- propios del ecosistema, quedando rectos y dando como resultado la poca infiltración del agua hacia las napas subterráneas que proveen el agua potable. “Esta gente ve a los ríos como caños y si las lluvias son muy intensas, se desborda a una velocidad impresionante que puede arrasar con lo que encuentra, ya no van a estar las curvas”, expresa.
Oct 11, 2017 | Comunidad, inicio
Vecinos de Laferrere rechazan la instalación de una subestación eléctrica por parte de la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (Edenor S.A.) y el establecimiento de un basurero municipal, ambos en el ex Aeroclub Argentino en el kilómetro 24.700 de la Ruta 3, en Gregorio de Laferrere, por considerarlos contaminantes. Cansados de reclamar y pedir explicaciones a la Municipalidad, al ENRE, a EDENOR y al Gobierno bonaerense, los vecinos comenzaron a actuar. Hace una semana realizaron la tercera jornada de trabajo voluntario, en la que cortaron el pasto, llevaron a cabo la limpieza del predio y plantaron árboles. “Estamos en la búsqueda de la familia a la que le expropiaron los terrenos del aeroclub, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados, porque ya tenemos el basural y la subestación en puerta. Si no defendemos el espacio y no nos defendemos a nosotros mismos, nadie lo hará”, dijo Daniel Toro, vecino de Laferrere y principal organizador de la lucha contra la subestación eléctrica y el basural municipal. Aún no han concretado medidas legales, pero ya han contactado un abogado para asesorarse.
Múltiples intereses
El predio cuenta con 84 hectáreas y está delimitado por la avenida Juan Manuel de Rosas, y las calles 3 Cruces, Voissin y Estanislao de Campo. En el terreno funcionaba el Aeroclub Argentino -fundado en 1908 por Jorge Newbery y Aarón de Anchorena-, la primera institución aérea del país y la tercera en el mundo. En 2005 fue declarado de Interés Histórico Testimonial e incorporado al Patrimonio Cultural de la provincia de Buenos Aires. A partir de 2012 la institución dejó de funcionar en Laferrere debido a las obras del hospital Materno Infantil emplazadas en medio de las pistas de despegue y aterrizaje, luego de que las tierras fueran cedidas por la presidenta del aeroclub María del Pilar Rolandelli. Esto pudo suceder tras la modificación de la Ley 13393 que lo declaraba como bien de interés histórico testimonial y la incorporación de la ley 14675: “Este proyecto de ley tiene por objeto delimitar la superficie correspondiente al patrimonio histórico con el objetivo de que el Estado pueda disponer de esas tierras para su uso productivo; a los fines de dar cumplimiento efectivo de los principales objetivos que alientan la función pública, máxime ante la creciente escasez de tierras producto de la urbanización y crecimiento demográfico, la necesidad de generar nuevos espacios públicos, deportivos, educativos, de salud y de crear las condiciones que permitan dar soluciones habitacionales acordes que reclama la sociedad, principalmente en el marco del programa PRO.CRE.AR es que se hace imprescindible el uso racional de tierras ociosas, dándole a las mismas una nueva utilidad a fin de responder a las necesidades actuales”.
Actualmente, una oficina del Aeroclub Argentino funciona en el Municipio de Morón, en la VII Brigada Aérea. Daniel Toro explicó a ANCCOM: “La gestión anterior lo que hizo fue destruir la política de los aeroclubes. Hoy en día el predio del aeroclub es tierra de nadie. Hace un año y nueve meses que se instalaron los de Metrobus con oficinas de logística e ingeniería. La obra ya terminó, pero todavía no las sacaron. No sabemos si van a quedar permanente. También está el sindicato de UOCRA metido ahí. Por su parte, el municipio copó el hangar central de hormigón con el plan PROCREAR. La torre y la confitería también fueron subcontratadas por un empresario”. Lo que queda del Aeroclub Argentino son solamente hangares en desuso y dos carteles oxidados enganchados a la tranquera que da acceso al predio en los que apenas se puede leer: “Aeroclub Argentino” y “Fuerza Área Argentina”. Una gran meseta, de aproximadamente dos metros de altura, irrumpe el llano del terreno: es el relleno artificial que EDENOR realizó para la futura subestación eléctrica. En frente, un “paredón” formado con separadores de ruta, sobrantes de las obras del Metrobus. “Apilaron en forma de L los pilotes para impedir la visualización de lo que se estaba haciendo en el terreno. No hay vista ocular desde Ruta 3. La única forma de ver algo fuera del terreno es desde el puente peatonal”, describió Toro. Alrededor del paredón todavía hay algunos montículos de basura que no han sido retirados.
EDENOR rellenó el terreno para la futura construcción de la subestación eléctrica
Meses atrás, un sector del ex Aeroclub funcionó como centro de transferencia de residuos, es decir que la basura se acopiaba allí y luego era recogida por camiones de la empresa Martín y Martín -del Municipio- para ser relocalizados en el Ceamse. “Nos llevó dos meses de reclamos que sacaran la basura, nos tuvimos que quejar incontables veces con el municipio para lograrlo. El problema que tenemos ahora es que aparecen camiones de otros lados a tirar su basura y coches particulares también. La intencionalidad es degradar el lugar y que eso le dé el terreno propicio para que se construya la subestación”, conjeturó Toro. En la misma línea, Carlos Alberto Carabajal vecino de Laferrere desde hace 39 años, agregó: “Tiran basura para que después el predio valga dos pesos, pero a nosotros nos costó y a nuestros antepasados también. Qué le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Cuál es el sentido de que a los chicos les enseñen sobre ecología, sobre salud y después pase esto. Nos encontramos a esta altura de nuestra vida con la dignidad empobrecida por toda esta situación. Nos van a matar a todos. Nadie nos cuida, la Municipalidad no vela por nosotros porque tranza. Trabajé toda mi vida, fui maquinista del tren Belgrano, ahora quiero vivir el resto de mi vida tranquilo, pero qué descanso puedo tener con lo que está pasando. Quiero un espacio verde para que pulule la vida, no la mugre, la contaminación y las enfermedades”.
En abril del 2016 EDENOR presentó una solicitud para el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en la que formuló: “El objetivo de la nueva obra es el garantizar el suministro en condiciones adecuadas a la calidad de servicio de los clientes existentes y futuros de las localidades de Gregorio de Laferrere, Rafael Castillo, González Catán e Isidro Casanova. Ésta obra permitirá garantizar el abastecimiento de energía eléctrica al emprendimiento habitacional “Laferrere” en el marco del plan PROCREAR BICENTENARIO financiado por la Administración Nacional de Seguridad Social y al nuevo Hospital Materno Infantil de Laferrere”. Según la resolución del ENRE 0123/2016, la empresa EDENOR expuso un Memorándum del Departamento Ambiental (D.AMB) Nº 289/2015 por el cual se manifestó que no han sido advertidas cuestiones que deban ser observadas por su parte. Además, contaría con la constancia de solicitud de habilitación o autorización ambiental ante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la provincia de Buenos Aires.
Toro habló de las irregularidades con que se llevó acabo el planeamiento y el comienzo de las obras: “Se movieron de manera clandestina e ilegal. Nos enteramos de casualidad, no llamaron a audiencia pública ni nada. Noté que algo raro estaba sucediendo cuando vi a un camionero estacionando en la tranquera del predio y me acerqué para preguntarle qué iban a hacer ahí. Ellos edulcoraban la realidad diciendo que querían hacer un centro de energía. Algunos días después decidí entrar y vi gente de la constructora Calera Ezeiza, que ya había hecho una subestación en Cañuelas, y les empecé a preguntar para quién estaban trabajando, sin conseguir respuesta. Luego de insistir, me dijeron que iba a venir gente de EDENOR para ver el terreno”. Daniel cuenta que el día en que se presentaron los empleados volvió a preguntar si allí harían una subestación y no lo negaron. “Hasta ese momento no teníamos ningún tipo de documentación. No había carteles que anunciasen las obras ni había sido publicado en ningún medio. Tenemos un abogado de nuestro barrio que elegimos para que nos defienda e ingresó a la página del ENRE. A través de él nos enteramos que desde el 2015 tienen estos planes. Además, ya habían sido autorizados por el ENRE, OPDS y el Departamento de Seguridad Pública. Esto no hubiese pasado si hubiéramos conocido sus intenciones”.
Johanna Pedroza, vecina del barrio de Laferrere.
Johana Pedroza de 33 años, vecina de hace 14 años del barrio y esposa de Daniel Toro agregó: “Con mi marido empezamos a ver que se acercaban camiones a tirar basura al predio lo que nos alertó de la situación. Nos confirmaron que efectivamente iban a poner una subestación porque Daniel los vio midiendo los cables de la ruta y les preguntó al respecto. Inmediatamente se lo planteamos a los vecinos y comenzamos a hacer reuniones para decidir entre todos los pasos a seguir. Firmamos un petitorio porque la situación nos superaba, ya habían hecho el relleno indiscriminado de tierras para los cimientos de la subestación y estaban colocando alambrado para limitarnos el acceso”. Alberto Guerra tiene 72 años y desde hace 58 años vive en el barrio, a una cuadra del ex Aeroclub, y desde allí no veía el basural. “Estaba todo tan bien escondido que me tuve que enterar por Daniel”, recordó Guerra.
Según el expediente, correspondía publicar las futuras obras durante cinco días en el portal de Internet del ENRE y solicitar igual publicación en el portal de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), como así también en un diario de amplia difusión de Laferrere durante dos días. El expediente agrega que se otorgó un plazo de diez días desde la última publicación, para que quien considerase que la obra pudiere afectarlo, en cuanto a las prestaciones o sus intereses económicos, planteara su oposición fundada al Ente Regulador. En caso de que la oposición planteada fuese común a otros usuarios se convocaría a una Audiencia Pública. Pero no hubo difusión y tampoco Audiencia Pública.
EDENOR sostiene que la subestación no contamina ni genera enfermedades, escudándose en la aprobación de las obras por parte del Departamento de Seguridad Pública. Los vecinos de Laferrere no creen que esto sea cierto. “Nos interiorizamos bien con un informe de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) que incluye un estudio epidemiológico del 2014 sobre la subestación del barrio Sobral, Ezpeleta”, explicó Toro. Según el estudio, a alrededor de 450 metros de la subestación se encontraron 170 muertes relacionadas a la contaminación electromagnética, como niños con leucemia y malformaciones en los fetos. “La subestación, por la contaminación electromagnética multiplica por seis la probabilidad de morir de cáncer y por tres la de sufrir enfermedades mentales. El 58 por ciento de las muertes en el barrio fueron por cáncer”, citó Miguel Betancur, ingeniero agrónomo y habitante de Laferrere, a partir del estudio de la UNLP. “Empezamos a leer al respecto cuando quisieron colocar un transformador de 800 KVA entre Montgolfier y Soldado Sosa, enfrente de un jardín de infantes, la sala de primeros auxilios y la Sociedad de Fomento 25 de Mayo. Desde ese episodio nos informamos y concientizamos bastante sobre la contaminación electromagnética. Estudiamos bien el caso y presentamos notas para impedir que se avanzara con la instalación. Finalmente, pudimos evitar que colocaran el transformador. Por eso, cuando vimos lo que estaba sucediendo en el Aeroclub, los vecinos no dudamos en hacerle frente a EDENOR”, dijo Toro con voz firme.
Según el testimonio de varios vecinos hubo episodios violentos cuando quisieron desalojar a los constructores que había contratado EDENOR. “Los tipos se querían imponer, tuvimos que venir con treinta vecinos para sacarlos, no se fueron por la vía pacífica. Al día siguiente de la primera reunión, el 15 de junio, los vecinos frenamos la obra. El 16 volvimos al predio y ésta vez la situación se tornó violenta. Me amenazaron con una pala teniendo a mi hijo de 4 años en brazos. Vinieron los abogados de EDENOR y blanquearon que se iba hacer una subestación, pero que era mentira que contaminara, que no teníamos por qué tener miedo. Nosotros les dijimos que no la queríamos. El 17 y el 18 nos presentamos nuevamente en el terreno e hicimos una vigilia. El 19 ya no volvieron”, relata la pequeña victoria. Luego del desalojo los vecinos llamaron a Protección Ciudadana, pero no obtuvieron respuesta. Consiguieron hablar con el delegado municipal, Daniel Videla, quien les dijo que no sabía nada de la construcción y que esa obra corría por iniciativa del Gobierno nacional. El 10 de julio, Videla organizó una reunión con EDENOR, a la que según los vecinos asistieron punteros políticos que se expresaron a favor de la subestación, con el argumento del progreso para el barrio, pero ellos les advirtieron que solo se trataba de un progreso para el bolsillo de los empresarios. “Le dejamos un petitorio firmado por los vecinos en contra de la subestación y luego nos retiramos, ya que no era una Audiencia Pública. Al ENRE, a María Eugenia Vidal y a la intendenta Verónica Magario, también les hicimos llegar el petitorio”, repasa. A finales de julio, el ENRE respondió que la obra se iba a continuar porque no contamina, que está dentro de los parámetros normales.
Rogelio Cardoso Villa tiene 78 años, vive desde hace 30 años en Laferrere y está dispuesto a hacer todo lo que esté a su alcance para defender su barrio. Contó que vino desde Bolivia cuando era muy joven para trabajar en la construcción. “Yo hice hasta segundo grado de la primaria. Por eso cuando tuve hijos mi objetivo era que ellos estudiaran y lo cumplí. Durante toda mi vida intenté mejorar el barrio junto a todos. Me llamó la atención cuando vi el avance de la obra desde adentro, porque desde afuera no se veía nada. Enseguida me puse en campaña junto al resto de los vecinos y mis hijos también se pusieron al servicio de la causa. Esto no solo trae problemas de salud sino que afecta en la economía de la población de Laferrere y propicia la estigmatización social”, denunció Villa. Por su parte, Cervino Effting de 69 años y con 22 años viviendo en el barrio declaró: “Cuando me enteré me dio bronca y enseguida me uní al reclamo de los vecinos, porque no es bueno para la gente. Hace un par de años esto era todo verde, ahora es un basural. Además de contaminar, le da un mal aspecto al barrio”. En la misma línea, Roberto Forales, de 80 años, y con más de 40 en el barrio contó que se enteró por los volantes que hizo circular Daniel e inmediatamente se involucró participando de las reuniones.
«Tiran basura para que después el predio valga dos pesos», dice Carlos Carbajal.
“La idea es eliminar el proyecto que tiene EDENOR, quien plantea que será un beneficio por el tema eléctrico para el barrio. Nosotros vemos una contradicción en este proyecto, hay que usar el sentido común, en el mismo predio donde quieren poner una subestación y un basural del municipio hay un hospital, que es un centro para preservar la salud de la gente. Es decir, que la gente viene a curarse y lo que quieren colocar a unos metros nos va a enfermar a todos. Yo estoy tratando de poner mi granito de arena a la causa para ver si podemos conseguir con diálogo que se implementen las medidas necesarias. Nosotros no somos de ningún partido político, la contaminación ataca a todos, sin importar las banderas. Julia Rosa Arangel, de 62 años y 37 en el barrio, planteó que no hay necesidad de poner una subestación en el barrio porque no tienen problemas con la luz, no hay falta de energía.
“Acordarse de lo que era antes y ver en lo que se convirtió el Aeroclub es muy triste. Cuando pertenecía al aeroclub lo mantenían impecable, el pasto bien cortado, había mucha higiene. También siento bronca porque venía a jugar acá cuando era pibe. Hoy no lo defiendo tanto por mí, porque ya tengo mis años, sino por mis hijos, mis nietos y bisnietos, quiero algo mejor para ellos. Cómo pueden crecer en medio de esta basura, esta contaminación. Antes se respiraba aire puro. Y con la subestación va a ser aún peor. Porque por más que nos digan que los trasformadores ya no contienen PVC y no contaminan, sabemos que es mentira porque es la forma de refrigeración de esos aparatos, lo siguen teniendo, tal vez en una menor proporción, pero lo tienen. Exigimos que lo dejen como estaba antes”, exclamó Alberto Guerra. Alejandra Mariscot De La Cruz es estudiantes de Comunicación Social y es una de las más jóvenes que acompaña a los vecinos en los reclamos. Tiene 24 años y hace 7 que vive en la casa de sus tíos en Laferrere. A pesar de no haber habitado el barrio tantos años como el resto, tiene una fuerte convicción de los valores que se están defendiendo y lo que está en juego. “El Aeroclub era hermoso, todo verde. Es realmente triste pasar por acá ahora. Esperamos que los esfuerzos no sean en vano y vuelva a ser lo que era, un pulmón”, dijo De la Cruz.
Claudio Vincenty es hijo del fundador del Aeroclub Argentino, Pedro Vincenty, y dueño de uno de los viejos hangares que se encuentran en el predio. Él también lucha contra la subestación y el basural pero propone que el espacio se conserve como monumento histórico y cultural del Aeroclub Argentino. “Lo habían declarado patrimonio histórico y espacio verde a preservar en el 2012 pero a los dos años saltó el negocio del hospital”, se quejó Claudio Vincenty. Además de la contaminación y las enfermedades en las que desemboca, otra consecuencia del mal uso de estos amplios terrenos es la estigmatización del barrio. En este sentido, Vicenty dijo que siempre identifican al barrio como una zona liberada y peligrosa. “Nos conocen por la Banda de los Comisarios ladrones o por la piba que apareció muerta al lado de la vía. Yo quiero que reconozcan a nuestro barrio por tener el primer aeroclub de la argentina. Cuando decís en una entrevista que sos de Laferrere no te dan el laburo”, agregó.
Los vecinos de Laferrere piden que la subestación sea colocada en áreas más alejadas de la población. Al respecto, Toro dijo que debería estar aislada del barrio y que es una locura que pretendan instalarla en las inmediaciones de un hospital. Alberto Carabajal planteó que no tiene por qué existir esa propaladora eléctrica en Laferrere, sino que debería situarla en zonas industriales. “En vez de poner mugre y hacer una subestación, que hagan un espacio verde en el predio para que los chicos puedan disfrutar. Hay muy pocas plazas en Laferrere en relación con la cantidad de gente que vive en el barrio. Acá podría venir la gente a tomar mate y los chicos tendrían espacio para correr. Esperemos que tomen conciencia del daño que le van a provocar a los vecinos si continúan con las obras y que esto se revierta”, dijo Cervino Effting. Por su parte, Julia Arangel declaró que quiere espacios verdes para poder integrar a los jóvenes y a los chicos para que hagan deporte y se alejen de la calle y las drogas. Alberto Guerra coincide con la mayoría de los vecinos al plantear que en el terreno deberían plantarse árboles y flores, colocar juegos para los chicos y aparatos para hacer gimnasia para los jóvenes y adultos. ”Que hagan algo para el bien de los vecinos. Quiero venir con mis nietos y que puedan tener un lugar donde jugar. Nosotros mismos lo vamos a cuidar y a mantener limpio. Esperemos lograrlo, por ahora impedimos que las obras avancen”, dijo Guerra.
Los vecinos buscaron visibilizar la problemática a través de distintas vías: colocaron varios pasacalles, repartieron volantes, armaron la página de Facebook “Vecinos 24.700 contra la contaminación de Laferrere” mediante la cual difundieron imágenes y videos del predio que evidencian el avasallamiento que sufren cada vez que se encuentran con nuevas montañas de basura y los carteles de reclamos rotos. Además, contactaron a los medios hegemónicos de comunicación, sin encontrar respuesta.
Actualización 11/10/2017
Sep 13, 2017 | Comunidad
La contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo es un hecho, y la demora en la relocalización de las familias que viven a la vera del río, otro. Aún quedan más de 1.800 familias por relocalizar, lo que implica que falta mudar a más del 80 por ciento de la población afectada. Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no dan respuestas concretas y se sigue dilatando la urgente relocalización de los vecinos de la zona. ANCCOM recolectó testimonios de distintas personas y organizaciones vinculadas al tema.
María Gutiérrez, vecina de la zona, cuenta: “Hace como treinta años que nos vienen diciendo que nos van a relocalizar, pero pasa el tiempo y seguimos en el mismo lugar. Además, en caso de que nos cambien de lugar, tiene que ser por la zona. Hubo casos anteriores que mandaron a los vecinos a cualquier lado. Ya no se aguanta vivir acá, nuestros pozos de agua están pegados a los de la cloaca. Con la contaminación que hay en el río, vivimos con mal olor, basura, y chicos con problemas respiratorios”.
Aún quedan más de 1.800 familias por relocalizar, lo que implica que falta mudar a más del 80 por ciento de la población afectada.
Natalia Machain, coordinadora regional de política de Greenpace Andino (oficina regional que agrupa a las sedes de Argentina, Chile y Colombia), da un panorama de algunos de los problemas que trae seguir viviendo allí: “Los vecinos de la Cuenca Matanza Riachuelo ven afectada su salud por falta de agua potable, los altos niveles de contaminación del agua por efluentes industriales y por hidrocarburos en aguas subterráneas en algunas áreas. Esta contaminación provoca afecciones y enfermedades varias en la piel, enfermedades respiratorias y tiene incidencia en algunos tipos de cáncer”.
El presidente de la Asociación Vecinos de La Boca, Alfredo Alberti, afirma que “el beneficio de trasladar a los habitantes a nuevas viviendas es obvio, la gente está viviendo de manera muy precaria, y estas nuevas viviendas son realmente confortables. Es cierto que la gente tiene un arraigo muy fuerte a sus hogares, algunos tienen un núcleo de relaciones allí establecidas que le ayudan a su supervivencia, por lo que la relocalización se trata de que sea lo más cercana a donde ellos están viviendo actualmente”.
Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no dan respuestas concretas .
En consonancia con Alberti, Santiago Cané de la ONG “Fundación Ambiente y Recursos Naturales”(FARN), dice: “El beneficio es que las casas a las que se relocalizarían son de concreto, y están en mejores condiciones edilicias, la obligación de relocalizar incluye que tengan agua y cloacas y además dejan de estar asentados sobre basura y tierra contaminada con plomo entre otros tóxicos”. Cuando a Cané se le consulta sobre la demora del Gobierno en la relocalización, ilustra: “Se puede imaginar que hay intereses inmobiliarios en los terrenos que, por ley de la Legislatura de la Ciudad, están destinados a la construcción de viviendas para relocalización”.
La Corte Suprema dispuso en 2008 la obligación de la Nación, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires de llevar adelante el saneamiento del Riachuelo, en forma coordinada, para garantizar la calidad del agua y el bienestar de los vecinos de la Cuenca.
A nueve años, el fallo de la corte sigue sin cumplirse. Machain, de Greenpeace, asegura: “Las empresas identificadas como agentes contaminantes siguen vertiendo sus desechos al agua y las compañías del Polo Petroquímico de Dock sud, cuya contaminación fue la causa de la denuncia judicial que terminó con el histórico fallo, no sólo no fueron reconvertidas sino que eventualmente podrían quedar exentas de responsabilidad, si se achica el área de influencia de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). A pesar de los progresos cosméticos en la Cuenca, queda mucho por hacer”.
«Ya no se aguanta vivir acá, nuestros pozos de agua están pegados a los de la cloaca»,dice una vecina.
Hay quienes se preguntarán si más allá de la relocalización de los vecinos es posible una recuperación ambiental del Riachuelo. En este punto son varias las voces que coinciden. Desde FARN, Cané dice: “La recomposición es posible, depende de la decisión política de las máximas autoridades de Nación, Ciudad y Provincia, además del esfuerzo de la Corte Suprema en la persecución de ese objetivo. Esto implicaría tener el agua, el suelo y el aire de todo el territorio de la cuenca no contaminado. Las industrias funcionando sin verter sustancias nocivas, el tratamiento de residuos sólidos urbanos en buen funcionamiento (no en basurales a cielo abierto), los asentamientos precarios urbanizados, etcétera”.
Machaian coincide con que la recuperación ambiental es viable: “La recuperación de la Cuenca Matanza Riachuelo es un imperativo ambiental y social, urgente para la Argentina. La tecnología está disponible y las herramientas legales también. Es necesaria la voluntad política y el ejercicio del control y sanción por sobre las industrias contaminantes que hasta el momento avasallan el derecho a la salud de la población”, destaca.
Actualizado 12/09/2017
Jul 27, 2017 | Comunidad
El Río Reconquista es uno de los más contaminados del país. Innumerables proyectos de obras se desarrollaron con el objetivo de llevar adelante la limpieza del caudal. Sin embargo, los habitantes aledaños al curso de agua sufren las consecuencias de la contaminación sin que existan las suficientes respuestas, ANCCOM dialogó con diferentes actores sociales involucrados en el caso para tomar dimensión de la situación ambiental y social.
El Reconquista recorre 87 kilómetros y atraviesa 18 partidos del oeste y norte del conurbano bonaerense. En el año 2004, con la necesidad de trabajar en conjunto con los distintos municipios y tomar las medidas necesarias, se creó la Comisión del Río Reconquista (Comirec). Este organismo pertenece a la Provincia de Buenos Aires y divide su trabajo en subcuencas: Alta, Media y Baja. Cada una trabaja para mejorar las condiciones de sus municipios. Moreno es uno de los municipios involucrados la Cuenca Alta junto a otros cinco municipios.
Claudio Tasillo, presidente del Comirec de Cuenca Alta, señaló: “En esta problemática, cumplimos el rol del Estado, ya que dependen de nosotros los proyectos que puedan llevarse a cabo. No solo nos encargamos de la limpieza sino también de aristas como la salud, la viabilidad, la seguridad y la vivienda».
Por su parte, la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza (ACEN) es una organización no gubernamental morenense que se formalizó en el año 1994 pero cuyos integrantes trabajan con la problemática del río desde el comienzo de la gran contaminación, en los años 70. Jorge López Jorand, su referente, explicó: “Hay una superposición de organismos que hasta ahora hizo que no se puede llevar adelante el saneamiento del río en forma ordenada y real. El saneamiento no empezó, solo se realizaron -si bien son necesarias- obras hidráulicas y cloacas”.
“Hoy el río está muy contaminado porque hay mucha población y la gente arroja todo tipo de desechos», dijo Claudio Tasillo, presidente del Comirec de Cuenca Alta.
A su vez, Tasillo reconoció que “hoy el río está muy contaminado porque hay mucha población y la gente arroja todo tipo de desechos. Sin embargo, en la Cuenca Alta manejamos parámetros de mediciones aceptables. Se puede observar porque la gente todavía sigue pescando, hay una biodiversidad de oxigeno que permite la vida de la fauna y la flora”.
El rol del Estado es clave en esta situación ya que debe brindar herramientas a los habitantes para asegurar condiciones dignas de salud y hábitat a los vecinos. Teresa Angélica, habitante de la ribera del Río Reconquista, contó que decidió vivir en ese lugar hace cuarenta años porque se enamoró del paisaje. “No dudé en comprar acá hace muchos años. Parecía un pequeño bosquecito, era un sueño”, recordó con melancolía.
Con el paso de los años, la población creció, el consumo se multiplicó y en consecuencia los desechos también. Teresa explicó la problemática que deben combatir los vecinos y dijo: “Nos ponemos de acuerdo con los vecinos para vigilar que nadie tire basura al río” y entre risas confesó: “Me dicen la loca de la esquina porque estoy atenta a que ningún vecino u otra persona contamine este lugar. Nosotros tenemos que cuidar nuestro espacio porque somos los que vivimos acá”.
Teresa Angélica, habitante de la rivera del Río Reconquista, es reconocida entre los vecinos como la cuidadora del río.
El río contaminado produce muchas enfermedades y por sobre todo un fuerte olor que afecta a todos los que viven en la zona. “De noche en el aire quedan todos los tóxicos del río, hay mucho olor y me hace mal a los bronquios. En el verano por trabajar con la tierra me salieron ampollas en los dedos y no se curan con nada”, contó Teresa.
En los últimos años crecieron los asentamientos en los alrededores del río. Las familias más necesitadas deciden instalarse, por falta de otros recursos, en esos lugares de forma no regularizada. ACEN se involucra en esta problemática y contribuye a que las autoridades realicen iniciativas para que las familias no queden a la deriva. “Crecen los asentamientos en la ribera, la gente se instala y cuando están acomodados, desde el municipio se comienza a tomar una medida pero habría que reacomodarlos antes. Los municipios deben darles a las familias un lugar adecuado”, explicó López Jorand.
Ricardo Ramboli, arquitecto y representante del Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional, que depende de la Municipalidad, agregó: “Estamos haciendo un plan de construcción para continuar el Camino de la Ribera y nuestro principal objetivo es que las familias que viven ahí se movilicen lo menos posible porque reconocemos la historia de esa población. Es un arduo trabajo socio-organizativo”. Mientras tanto, los pobladores de la ribera aguardan soluciones definitivas.
El Río Reconquista recorre 87 Km y atraviesa 18 partidos del oeste y norte del conurbano bonaerense.
Actualizada 26/07/2017
Sep 28, 2016 | destacadas
En el contexto de un nuevo derrame tóxico en la mina Veladero, que administra la empresa Barrick Gold en cercanías de la ciudad de Jáchal, San Juan, se estrenó Olvídalos y volverán por más, un documental que indaga sobre la explotación minera, su vínculo con el neoliberalismo, y sus consecuencias. En diálogo con ANCCOM, su realizador, Juan Pablo Lepore, comparte la motivación inicial detrás del filme y su posición respecto a la problemática. “La idea fue investigar cuáles son los males que nos aquejan, por qué se produce la contaminación a gran escala, con el consentimiento de quién, y qué es lo que está haciendo la gente para defenderse –plantea-. En ese sentido, en 2009 empezamos a hacer una serie de entrevistas. Viajamos por Bolivia, Chile, Brasil, Cuba, Canadá, reuniendo argumentos y conociendo experiencias de autogestión, de organización de la tierra, de ocupaciones, de latifundios, de vecinos en lucha contra la megaminería”.
“Para ellos, nosotros somos un basurero, somos motivo de extracción, de saqueo, de despojo”, dice en el filme el periodista y referente ambiental recientemente fallecido Javier Rodríguez Pardo, uno de los testimonios que recogió este trabajo estrenado el jueves pasado en el cine Gaumont, que busca aportar al debate sobre la actividad minera y a la promoción del cuidado de los recursos naturales. Con especial énfasis en la situación argentina, y a partir de entrevistas a especialistas y material de archivo, el documental recoge también casos paradigmáticos de otros países del continente americano, llevando la problemática a un plano internacional. Lepore logra articular una visión de denuncia que invita a reflexionar sobre los intereses que se esconden detrás del extractivismo multinacional y los impactos que produce en el medioambiente y en la sociedad.
“La idea fue investigar cuáles son los males que nos aquejan, por qué se produce la contaminación a gran escala, con el consentimiento de quién».
Los casos que incluiste en el documental remiten a países que son disímiles entre sí. ¿Qué diferencias y similitudes encontraste en cuanto al tratamiento de esta problemática y a las formas de lucha que adoptan?
Si analizamos la militancia concreta, la actitud frente a estos monstruos multinacionales y este activismo militante, vemos muchísimas similitudes. La megaminería tiene metodologías que se repiten en todos los países. Lo vivimos en Quebec con la avanzada del gobierno de Jean Charest en el 2012: el procedimiento de ir de pueblo a pueblo, de convencer a los pobladores de que el extractivismo es la única salida para poder hacerse rico, de que la minería es la única forma de trabajo que puede haber en estos lugares, es el mismo que encontramos acá. El neoliberalismo, en este sentido, se planta de maneras similares. Necesitamos organizarnos y eso me llevó a pensar que los problemas son los mismos y que es importante socializar las experiencias concretas, exitosas, para poder mostrarlas como síntesis. Con respecto a las diferencias, en Toronto, por ejemplo, estuve preso unos días por filmar; eso es una locura que acá es difícil que se dé (si bien pasan otras cosas). Creo que allá la seguridad, la policía, y todo el aparato estatal es bastante represivo y la gente, ante esto, es más tranquila, menos pasional. En los países latinoamericanos salimos mucho a las calles y si hay algo que nos molesta, nos organizamos y nos defendemos frente a eso. En el primer mundo es más difícil. Si bien hay resistencias, en la mayoría de los lugares están muy adormecidas. Quizás nosotros tenemos menos cosas, o menos que perder, y entonces nos arriesgamos y podemos enfrentar con más fuerza y ganas a todo este sistema.
¿Cuándo estuviste preso y por qué?
Fue en el 2010, para la cumbre del G20 que se hizo en Toronto, el 26 de junio. La presidenta viajó para reunirse con Peter Moon y otros empresarios de las mineras más importantes de Canadá (recordemos que el 60% de las mineras, más importantes del mundo, son de capitales canadienses). Se presentó junto con el secretario de Minería, Jorge Mayoral, y los gobernadores de las provincias mineras para cerrar el tema de la Ley de Glaciares que le exigía el proyecto Pascua-Lama. En ese momento, surgieron una serie de protestas en contra del encuentro de presidentes, y con la cámara salí a filmar los arrestos masivos (cerca de mil personas por día). Una locura, un presupuesto de más de un billón de dólares gastados tan sólo en seguridad. Me detuvieron por filmar y me armaron una causa. Estuve retenido diez horas. Dos meses más tarde me fueron a buscar a mi departamento para llevarme a un centro de detención en Toronto, en el que permanecí 22 días privado de mi libertad. Si bien es una experiencia que no se la deseo a nadie, me sirvió para fortalecerme en la lucha y para entender que las decisiones pueden tener consecuencias, pero que es necesario no bajar los brazos.
Ambientalistas de Jáchal (San Juan) y miembros de la Multisectorial Antiextractivista.
¿Con qué otras dificultades te encontraste durante el proceso de producción de la película?
El tema económico fue y sigue siendo una dificultad. Este es el tercer largometraje que hacemos sin el subsidio del INCAA. Sí tenemos el apoyo de los estrenos colectivos DOCA, organización a la que pertenezco y gracias a la cual podemos estrenar en el Gaumont y otros espacios INCAA del país. Seguramente en algún momento podremos acceder y aplicar el subsidio al documental. Soy consciente de que estamos estrenando esta película con una actualidad que es imposible lograr con los tiempos del INCAA. Eso es algo que asumimos y costeamos todos los voluntarios que formamos parte del Colectivo Documental Semillas. Creemos que es indispensable que todas estas producciones se sigan haciendo, con o sin presupuesto.
-¿Qué aspectos positivos rescatás del camino recorrido en la realización del filme?
El recibimiento de la gente, siempre contar con el apoyo de las asambleas, de todos los protagonistas que están poniendo el cuerpo en la lucha contra esta avanzada neoliberal, que en este largometraje lo vemos a través de la megaminería, pero estamos hablando del agronegocio, del fracking y de muchas otras cosas que van a aparecer.
En el documental haces referencia a casos exitosos que se manifestaron en contra de la megaminería, como son los de Famatina y Chilecito y Chubut, por ejemplo. ¿Cuál creés que es el camino en la lucha contra esta actividad?
Creo que el apoyo de las organizaciones es indispensable. Individualmente no somos fuertes, necesitamos organizarnos por una cuestión de supervivencia. El sistema lo hace, actúa desde el aparato estatal, desde los medios de comunicación, desde las empresas, todo coaccionado para que el capital rija en detrimento de los derechos humanos y de la naturaleza. Necesitamos cada vez multiplicar más la palabra para que se sepa lo que está pasando, para poder decidir, para frenar este sistema, y proponer al mismo tiempo otro alternativo, más equilibrado, que tenga que ver con el respeto por los derechos humanos y a la madre tierra.
-Jáchal fue noticia nuevamente por el derrame tóxico ocurrido en la mina Veladero, el pasado 8 de septiembre. Ahora, el Ministerio de Ambiente pidió la suspensión de las actividades de Barrick Gold hasta que haya un mayor control y monitoreo ¿Cuál es tu posición al respecto?
Es una trampa comunicacional. Necesitan hacer algo porque se les viene el pueblo encima. El gobierno es netamente neoliberal, manejado por los CEOs de las empresas. No hay posibilidad de diálogo. Lo único que quieren es que las empresas hagan la mayor extracción posible, que se lleven la mayor cantidad de recursos; ellos se quedan con su parte, y esto en detrimento de toda la población, como lo hemos visto en el documental. La maniobra del ministro de Ambiente, en este sentido, es hacer este juego de la democracia, pero es simplemente una careta. No van a ofrecer ninguna solución a las personas. Van a querer apagar el fuego cuando la gente salga a las calles y así hasta que todo estalle y haya una crisis donde la gente pueda elegir otra cosa. Ahí es donde la organización es fundamental para poder armar un proyecto alternativo a todo este sistema que se nos presenta como irrebatible, como la única posibilidad.
«Viajamos por Bolivia, Chile, Brasil, Cuba, Canadá, reuniendo argumentos y conociendo experiencias de autogestión, de organización de la tierra, de ocupaciones, de latifundios, de vecinos en lucha contra la megaminería”.
Actualizado 28/09/2016
