Jul 18, 2018 | Comunidad, Novedades
En Argentina, por cada peso que se invierte en el cuidado ambiental, se destinan veinte pesos hacia los sectores que colaboran con su degradación. Esa es una de las conclusiones que se desprende del análisis del presupuesto nacional para medio ambiente, según un estudio de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Esa organización y otras entidades del sector social concuerdan en destacar lo poco que invierte el Estado nacional en ese área.
“Este trabajo llegó para quedarse, hace rato”, afirma María Marta Di Paola, directora de Investigación de FARN. El análisis del Presupuesto 2018 concluyó que las partidas medioambientales se reducen. “En el último tiempo hay medidas de ajustes que no procuran la conservación del ambiente, sino que buscan posicionar a la economía en lugares que fomentan energías que no son consideradas limpias. Por ejemplo, hay presupuesto creciente para el sector de la minería, pero no para remediar los efectos vinculados a esta actividad”, explica.
En el documento se detalla que este año se aplicaron un millón 700 mil pesos para detectar los glaciares que no se pueden usar para evitar su degradación, mientras que el monto para la búsqueda de nuevos yacimientos de minerales es muy superior. Así, por cada peso a la ley que los protege, se destinan 66 al mapeo minero. Ocurre algo similar en el sector energético: por cada peso que se asigna a energías renovables o eficientes, hay 61 pesos que subsidian los combustibles fósiles.
El análisis del Presupuesto 2018 concluyó que las partidas medioambientales se reducen.
El informe también analiza las partidas presupuestarias a la Ley de Bosques: “Sólo se le dio el 0,02% del presupuesto nacional, cuando en realidad debería tener al menos 0,3%. Es decir, se lo constituyó con solo un 5% del fondo que debería tener según ley”, enfatiza Di Paola. Sobre este ítem, Darío Rodríguez, coordinador del Banco de Bosques, consideró que si bien esta ley generó una baja en la tasa de deforestación, ésta sigue siendo una de las más altas del mundo. “Se ha deforestado más del 70% de las áreas boscosas. Las penas que se adjudican son mucho menores a la ganancia que le representa a los dueños de estas tierras explotarlas. Además, es muy poco lo que se destina al control. Desde la sanción de la ley se estima la pérdida de 750 mil hectáreas de bosque de forma ilegal”, expresa.
Sobre las causas principales de esta política, Rodríguez afirma: “Quiero creer que es más porque nuestros gobernantes no saben todo el mal que están haciendo. Pero es innegable que el lobby que hacen las empresas que se dedican a la compra de tierras para su deforestación es y siempre ha sido muy fuerte. Los beneficios económicos a corto plazo, en un país como el nuestro, siempre parecen ser una buena idea para el gobierno de turno, pero a nivel local los niveles de pobreza aumentan, así como las enfermedades y los desastres ‘naturales’”. El directivo de Banco de Bosques agrega: “Todavía persiste la idea de que para producir, generar empleo y ‘progresar’, hay que hacerlo destruyendo nuestros recursos naturales”.
Contaminación del Río Reconquista
Por su parte, Adriana Anzolín, coordinadora de la Plataforma de Organizaciones de la Sociedad Civil de la cuenca del Río Luján, explica: “Hay algunas áreas donde directamente están vacías, como en la Organización para el Desarrollo Sostenible (OPDS), no tiene gente ni presupuesto y es la encargada de realizar controles de contaminación y las habilitaciones de las urbanizaciones cerradas”, declara. Según dice, lo mismo ocurre con el plan de obra sobre el Río Luján. “Van a destruirlo, quieren rectificarlo en 48 km. Todas estas acciones deberían estar controladas por la OPDS y lo que sucede es que el Ministerio de Infraestructura es el que realmente tiene el poder y la OPDS queda subordinada a él”, revela. Desde la Plataforma denuncian que el ensanche del río borra los meandros -curvas y contracurvas- propios del ecosistema, quedando rectos y dando como resultado la poca infiltración del agua hacia las napas subterráneas que proveen el agua potable. “Esta gente ve a los ríos como caños y si las lluvias son muy intensas, se desborda a una velocidad impresionante que puede arrasar con lo que encuentra, ya no van a estar las curvas”, expresa.
Jul 10, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar
A 202 años de la Declaración de Independencia de las Provincias Unidas del Río de La Plata miles de personas se concentraron en el centro porteño para protestar contra el pacto con el FMI y las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri.
La convocatoria, que circuló por las redes sociales con la consigna “la patria no se rinde”, invitaba a participar desde de las 13:00 en Belgrano y 9 de julio, lugar donde se montó el escenario que miraba hacia el sur.
A partir del mediodía llegaron columnas de agrupaciones sindicales y políticas desde distintos puntos de la Ciudad y el conurbano hasta el lugar de encuentro. En una de ellas se encontraba el diputado por el Frente Renovador Felipe Solá, que contó qué lo motivó a participar de la marcha: “La entrega durante dos años y medio de gobierno, el endeudamiento, la destrucción de las pymes, la soberbia con la cual han dejado al mercado interno de lado, la ineptitud de no saber aumentar las exportaciones, el aumento indebido de importaciones, los negociados en el que los jueces los protegen, el blindaje mediático que tapa la realidad de la gente, el hambre y la entrega al Fondo Monetario, el último paso al que condujo esta política económica”. A su paso, el público lo saludaba y le pedía por la unidad del arco opositor. Ante la pregunta sobre la postura del Frente Renovador y el Partido Justicialista hacia el futuro, Solá consideró que “nosotros tendemos a la unidad opositora más allá de peronismo, desde el peronismo pero en unidad opositora muy realista, con un planteo muy serio sobre el futuro y no manejándonos solamente con consignas. Porque sabemos lo que vamos a heredar en el caso de que ganemos”.
Con los números musicales de fondo, desde el sur y sobre la avenida 9 de Julio circulaba entre la gente el diputado por el Frente para la Victoria Agustín Rossi: “Con este tipo de actividades tratamos de recobrar algo que habíamos hecho durante nuestra gestión, que las fechas patrias se conviertan en verdaderas fiestas populares y que no sean solamente los actos oficiales de espalda al pueblo. Además de expresar la crítica a la política económica y al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”. Respecto a la consulta sobre el armado para el 2019, Rossi opinó que “lo que nosotros tenemos que garantizar es que el 10 de diciembre de 2019 sea el último día que Macri gobierne la Argentina”.
Abuelas y Madres de Plaza de Mayo participaron del acto central bajo la consigna «La patria no se rinde».
Por Avenida de Mayo, doblando por 9 de Julio, ingresaba la columna de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y su titular, Juan Grabois, manifestaba que “lamentablemente no podemos festejar nuestra independencia sino lamentar el enorme retroceso en términos de soberanía que está viviendo la Argentina desde que el gobierno de Mauricio Macri decidió entregarle la política económica al FMI. No es que ellos lo estuvieran haciendo bien, pero por lo menos era un gobierno electo democráticamente en nuestro país y ahora tenemos una especie de coloniato económico extranjero que de nuevo va a cuidar los intereses de los banqueros y de los fondos de inversión y no los del pueblo argentino, entonces es un día muy triste para nuestro país y lamentamos mucho en estas condiciones tener que salir a las calles en vez de estar festejando un nuevo aniversario de la independencia de nuestra patria”.
Mientras anunciaban la presencia de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, al costado del escenario se encontraba el titular de SUTEBA Roberto Baradel quien manifestó “un orgullo tremendo de ser parte de los argentinos que no nos resignamos, que resistimos y que peleamos, que nos sentimos orgullosos de celebrar la independencia. No como el presidente Macri, que estaba muy angustiado rindiéndole pleitesía al rey de España, proyectando en los patriotas lo que le pasa a él. Estamos convencidos de que hay que seguir construyendo la unidad necesaria porque son momentos en que las opciones son las corporaciones o el pueblo y hay que dejar las diferencias secundarias de lado”.
Si bien se trató de una protesta, el encuentro se vivió en un clima festivo con ferias artesanales, música y los niños jugando en las veredas. El acto culminó alrededor de las 17 con la lectura de la proclama por parte de Gerardo Romano y Carolina Papaleo en la que se hizo un repaso por todos los reclamos al gobierno de Macri desde su inicio hasta la fecha.
Jul 4, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar
La bandera argentina, el dibujo de un submarino y el retrato de 44 tripulantes visten las rejas de Plaza de Mayo, que ahora presenta también tres carpas. En ellas se encuentran día y noche, desde hace una semana, los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Firmes, reclaman que no se abandone la búsqueda del submarino desaparecido desde el 15 de noviembre pasado, cuando navegaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata.
“Estamos en la plaza porque el Gobierno nos arrastró a venir acá, nosotros nos manteníamos en Mar del Plata, en la base, y pusimos toda la confianza en las autoridades nacionales. Estábamos esperando pacíficamente pero al venir el día martes 26 de junio a la Comisión Bicameral del Congreso y escuchar las declaraciones de los dos militares Claudio Villamide y de Hugo Miguel Correa nos trastornó”, expresó Yolanda Mendiola, madre del cabo principal Leandro Fabián Cisneros, en diálogo con ANCCOM.
La semana pasada, Villamide declaró ante la Comisión Bicameral que investiga qué ocurrió con el submarino y los 44 tripulantes. Allí manifestó que el ARA San Juan estaba en condiciones óptimas para navegar y operar en una campaña de las más largas y complicadas que realizara desde que salió de su reparación de media vida. La declaración de Correa también indignó a los familiares: “Correa fue el que recibió la llamada a su celular particular, él no estaba en la base, supuestamente estaba en su domicilio, y no reportó la llamada. Lo hizo recién al día siguiente. La búsqueda del submarino comenzó en un tiempo que no era, las 48 horas que se tiene que esperar por protocolo ya estaban atrasadas”, explicó Mendiola antes de partir al Senado a escuchar una nueva audiencia.
El 30 de noviembre de 2017 el Ministerio de Defensa dio por terminada la búsqueda del submarino.
Luego de la reunión que los familiares mantuvieron con el ministro de Defensa, Oscar Aguad, hace una semana, en la que se debía resolver qué empresa proveería la tecnología para buscar el submarino, el funcionario pidió a los familiares una prórroga hasta hoy miércoles, a las 16, con el argumento de recibirlos cuando tenga una nueva alternativa, luego de la caída de la licitación de la firma española Igeotest Geoscience Group (IGG), con la que se habría iniciado el contrato. Yolanda Mendiola detalla lo que sucedió: “Fue negligencia del Gobierno, porque al revisar las carpetas de licitación no se dieron cuenta que esta empresa española es fusión de cinco empresas, y una de ellas tenía una deuda, modificó su dominación y se presentó con otro nombre, pero el mismo CUIT. Esto hizo que cayera la licitación y nos quedemos sin nada. Ir a otra licitación sería perder tres meses más. Fue fatal la reunión, porque dos mamás fuimos a parar a la enfermería”. Yolanda explica que el Gobierno ahora analiza la posibilidad de elegir otra empresa de las que ya se presentaron.
Este martes se produjo una nueva audiencia en la Comisión Bicameral Investigadora sobre la desaparición, búsqueda y operativos de rescate del submarino, en la que declaró el contraalmirante Gabriel González, ex jefe de la base de la Armada en Mar del Plata. A las 14 continuó el cabo principal Humberto René Vilte, más conocido como el tripulante número 45. Vilte pidió excusarse de la misión que terminó en tragedia debido a que su madre había tenido un problema de salud y se encontraba internada en su provincia natal, Jujuy. Cuando se enteró que sus compañeros habían perdido la comunicación con el submarino viajó hacia Mar del Plata para acompañar a las familias, y esperar el regreso de la tripulación.
Vilte ayer dio testimonio sobre algunos inconvenientes de la nave, previos a la desaparición: Que la tapa de forro de la cubierta se había abierto, que lo constataron cuando hicieron superficie, y que luego se reparó en Ushuaia. También hizo alusión a la entrada de agua por la ventilación, pero afirmó que no había provocado incendio, ni inconvenientes. Los familiares descreen de su palabra, y consideran que podría estar siendo intimidado por las fuerzas militares, ya que Vilte no pudo responder varias de las preguntas, o decía no estar enterado. “Hoy se demuestra que no se cumple con la frase: un marino no abandona a otro marino”, fueron las palabras resonantes de una familiar presente en la Bicameral.
A las 15 fue el turno del teniente de navío Juan Gabriel Viana, quien explicó que en ningún momento pensó que esto podía llegar a pasar. Según el teniente, el submarino estaba en condiciones para zarpar, señaló también que se reparó la tapa forro, y agregó que se había llegado a la conclusión de que había sido mal cerrada. Familiares quebrados y disconformes con los testimonios increparon al teniente: “Confiábamos que nos digas la verdad, no sos el hombre que estuvo con nosotros en el primer momento en la base, te cambiaron Gabriel. En la base dijiste que había un montón de problemas y que no la pasaron bien, y ahora no lo confirmas, y tenemos grabaciones”.
El ARA San Juan perdió contacto con la base el 15 de noviembre de 2017 a las 7 de la mañana.
Esther, la mamá del Cabo principal Luis Alberto Niz, en diálogo con ANCCOM describió cómo fue el último contacto con su hijo: “El pos submarino es muy doloroso, es una situación que todavía no la creo. Yo a mi hijo lo vi la última vez el Día de la Madre, en octubre. Se iba a casar el 7 de diciembre, cuando volvía de Ushuaia a Mar del Plata. Me llamó, me dijo que eran 20 días de viaje, una eternidad”. Esther le dijo a su hijo:
-Negro quedate tranquilo que volvés, te casas y te vas de luna de miel.
-Cierto ma, tenés razón- le dijo.
-Chau, te quiero mucho- fue lo último que escuchó.
“Le compré los centros de mesa, los suvenires y sigo esperando. El último contacto fue el 8 de noviembre, estuvimos hablando como diez minutos, cosa que nunca hacía porque él cuidaba el teléfono, de no gastar. Lo sigo esperando, tengo sus cosas para el casamiento. No siento que se haya ido de esta vida, lo espero y sueño con volver a abrazarlo y no poder soltarme”. Esther también recuerda cómo su hijo eligió su profesión: “Cuando él me dijo que se iba a ser submarinista a mí no me gustó, me había quedado en la cabeza el submarino ruso que se hundió y que los muchachos escribían en lo oscuro para despedirse de su familia. Así que le decía que era peligroso. Me decía que no pasaba nada. Era su vocación. Estuvo en la Fragata por dos años y me decía que ya conocía el mar por arriba que ahora tenía que conocerlo por abajo”.
Los familiares prometen quedarse acampando hasta obtener una solución. “Estamos en la espera, y de acá no nos movemos hasta que no tengamos algo. Ya son ocho meses que estamos confiando en el Gobierno. Estamos acá para ser visibles, porque nadie estaba enterado de lo que nos pasaba. Nos abandonaron. Son ocho meses de angustia. Queremos respuesta”, exclamó Mendiola.
“Queremos que se haga todo más rápido, que no lleve tanto tiempo, no tenemos ninguna respuesta, queremos pruebas, una foto aunque sea del submarino en el fondo del mar para decir ‘bueno están ahí’. Ahora no sabemos dónde están y no sabemos qué les pasó tampoco. Responsables hay, pero no tienen el valor de hacerse cargo por mandar a navegar un submarino que no estaba en condiciones. Son cobardes. Los mandaron igual a hacer la misión, y todos se cubren sus espaldas echándoles la culpa a los tripulantes, que ahora no se pueden defender. Ellos hacían su trabajo con amor y con orgullo. Creemos que no nos quieren decir dónde están, porque cuando se descubra qué le paso al submarino, van a caer cabezas. Lo sentimos desde el primer día, saben qué le paso al submarino y dónde están”, concluyó Esther.
Jun 14, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar
Vendedores ambulantes senegaleses, en el barrio de Once
Martes 5 de junio. Emilio Lamarca y Avellaneda. Cinco de la tarde. Serigne Dame Kane, un vendedor senegalés de 30 años, está tirado en el piso, ensangrentado y rodeado de miembros de Infantería. Minutos antes, efectivos de la Policía de la Ciudad intentaron reducirlo con una navaja, clavándosela en el brazo, y realizando un corte tan profundo que le perforó una arteria y provocó que el vendedor se desvaneciera en el acto. Parece una escena sangrienta de una película de Quentin Tarantino, pero no. En este caso está dirigida por el Gobierno de la Ciudad, y desafortunadamente no es una escena de película: es la cruenta realidad que viven los manteros senegaleses día a día.
“La represión ha pasado a mayores, en un Estado que no solo no garantiza el derecho a la vida, sino que procede, mediante una violencia letal, al exterminio físico de los vendedores senegaleses -dice Omar Guaraz, representante del colectivo Vendedores Libres.- Si no fuera por los médicos del SAME, nuestro compañero hubiera muerto desangrado en la calle”. Kane fue trasladado al Hospital Álvarez, donde fue intervenido quirúrgicamente, debido a la perforación de una arteria y el daño de tendones que le produjo la herida. Todo con custodia policial, dado que se encontraba detenido. La causa: resistencia a la autoridad y violación de la Ley de Marca, a pesar de que no se encontraba vendiendo al momento del incidente, según aseguran sus compañeros y compatriotas, testigos del hecho. Serigne fue liberado de la Comisaría 50, en la mañana del día siguiente.
Los manteros senegaleses están sometidos a una cruenta realidad día a día.
“Está todo muy complicado –confía a Anccom T., un vendedor de Once-. Policías vestidos de civiles nos vigilan todo el tiempo. Y cuando menos te lo esperás, vienen sin aviso y te sacan todo lo que tengas. Así que tenemos miedo”. Por temor a represalias, todos los senegaleses entrevistados para esta nota pidieron no ser identificados. Para Vendedores Libres, el Gobierno de la Ciudad utiliza a las fuerzas de seguridad para doblegar a los manteros, creyendo ingenuamente que la violencia represiva eliminará a los trabajadores que procuran vender en la calle para su subsistencia.
El miércoles 6, en solidaridad con el compañero herido y en repudio al accionar policial, se realizaron cortes generalizados en el Barrio de Flores. “Lo que ocurrió con Serigne Dame Kane fue un acto más de ilegalidad y violencia contra un trabajador –sentencia Guaraz-. Profundizaremos las medidas de fuerza, tanto en metodología como en intensidad. No quedará avenida ni calle en Flores sin tomar y ser ocupadas por los trabajadores; siempre dentro del marco de la ley. La organización y energía serán las respuestas más contundentes”.
Los ciudadanos senegales afirman que policías vestidos de civiles los vigilan todo el tiempo.
Como si no hubiesen sido pocos incidentes para una semana, el viernes 8 por la mañana el Gobierno redobló la apuesta y llevó a cabo seis allanamientos de moradas de senegaleses en el barrio de Once. En ellos secuestraron mercaderías, dinero y pertenencias personales como celulares y computadoras, además de herir a 12 personas y detener a 18 más, bajo los rótulos de “atentado y resistencia a la autoridad”, trasladándolos a las Comisarías 7ma. y 18va., en donde interviene el Juzgado Federal N° 12, a cargo de Sergio Torres.
La fiscal Celsa Ramírez fue la figura clave a la hora de los allanamientos y el armado de las causas previamente mencionadas, que ya se encuentran bajo un pedido de nulidad realizado por Verónica Heredia, abogada de Vendedores Libres. “Me sacaron todo el dinero que tenía ahorrado desde que llegué, hace siete meses, para sobrevivir aquí y para enviar a mi familia en Senegal, además del celular y la mercadería”, cuenta L., uno de los vendedores afectados por los allanamientos.
La violencia no sólo se percibe de forma explícita. El video difundido por los diferentes colectivos que se solidarizaron con los vendedores, y que muestra al senegalés apuñalado, fue censurado por todos los medios masivos. El silencio sobre lo ocurrido también es una forma de violencia. El periodista Santiago Cuneo (Canal 22) y Página 12 fueron la excepción. “Esas imágenes causaron conmoción pública –opina Guaraz-. Y lejos de infundir miedo y exterminar a los vendedores, éstos resisten a diario. Se fortalecen haciendo de la necesidad una virtud”. Paradójicamente, la venta ambulante crece inexorable, producto de las políticas actuales que aumentan la economía informal.
También son víctimas de allanamientos y de secuestros de mercaderías, dinero y pertenencias.
El martes pasado en la sede de la Defensoría de la Ciudad los vendedores senegaleses detenidos en los allanamientos (entre los que también estuvo presente Serigne Dame Kane) se reunieron con el coordinador de violencia institucional Demián Zayat. Y aunque fue una jornada en la que se decidieron diversas acciones judiciales a seguir, los propios senegaleses afirman que los intentos de la Defensoría han sido inútiles al competir con el accionar ilegal del Gobierno.
Para el sábado 16 está prevista en el Obelisco una convocatoria popular organizada en apoyo a los senegaleses y en repudio al accionar policial. “La gente es muy buena con nosotros –sostiene D., otro de los vendedores de Once-. Sentimos su apoyo tanto cuando nos compran mercadería como cuando van a las marchas a mostrarse en contra de la policía”.
“Nosotros no molestamos a nadie –subraya L., uno de los senegaleses entrevistados por ANCCOM-. Luchamos como cada persona para enviar dinero a nuestras familias y darles un futuro mejor a nuestros hijos. No fumamos, no tomamos. De hecho, en cinco días terminamos el ayuno de un mes por Ramadán” (ritual musulmán, cuya religión profesan). L. tiene una certeza de por qué los persiguen: “Es porque somos negros, no hay otra explicación”.
May 23, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar
Mañana del lunes 14 de mayo. Sarmiento 3120. Entre Anchorena y Ecuador. Barrio de Once. Migrantes senegaleses, haitianos y dominicanos. Desalojados. 37 familias fueron violentamente expulsadas del hotel donde vivían. La medida fue realizada sin orden judicial y sin la presencia de la Defensoría de la Ciudad, teniendo como principales afectados a vendedores ambulantes. Desalojados y denigrados.
Jackson, miembro de la comunidad senegalesa que se hizo presente en el lugar, expresó su indignación al respecto: “No saben dónde llevar a sus hijos, ni dónde dejar sus cosas. Hay niños discapacitados. Esto es realmente horrible”. Se les impide trabajar, y además se les obstaculiza su situación habitacional. “Es un ensañamiento particular del Gobierno hacia las familias extranjeras de color”, expresaba una mujer de paso, que se encontró siendo testigo involuntaria del hecho.
Este acontecimiento fue de mayor gravedad al sucedido hace un mes, durante la mañana del sábado 14 de abril, cuando luego de una serie de violentos incidentes que involucraban a la Policía y a los manteros senegaleses, se desató una reacción popular en el barrio porteño de Flores que tuvo como consecuencia la detención tanto de vendedores senegaleses, como de testigos que pasaban por el lugar.
Omar Guaraz, representante del colectivo Vendedores Libres, afirma que “este tipo de persecuciones son comunes en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires”.
Todos los detenidos de aquel sábado de abril, hicieron una denuncia colectiva en la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, donde Demian Zayat es el coordinador de un programa contra la violencia institucional. “Está operando muy bien, y se articula con nosotros y los vendedores para recibir las denuncias y demás”, afirmó Guaraz.
Omar Guaraz, representante del colectivo Vendedores Libres.
Pero el episodio del lunes 14 y su predecesor del mes de abril fueron tan sólo los más mediáticos del último mes. Guaraz afirma que la represión hacia los manteros data del año 2011: “El Gobierno de la Ciudad contrataba barras para pegarles y sacarles la mercadería. Sin embargo ellos resistieron porque están hechos de la ‘necesidad’, de la situación que les tocó vivir. Los senegaleses son muy solidarios entre ellos y son duros. No los van a sacar fácilmente”. Vendedores Libres está pensando en tomar medidas de fuerza para visibilizar la situación y crear lazos solidarios con los compañeros cuyos derechos están siendo vulnerados.
El mayor peligro con que amenaza este gobierno es el que afecta a la vida. Muestra de esto es el asesinato de Massar Ba, uno de los más fervientes representantes de la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina (ARSA), el 7 de marzo de 2016. La causa se encuentra sin avances al día de la fecha.
Una de las premisas de la política migratoria de la República Argentina consiste en reconocer derechos fundamentales de los seres humanos, sin importar su origen, sin embargo la realidad de las leyes demuestra lo contrario. Es el caso de los migrantes de origen senegalés, que no cuentan con regulación migratoria que les facilite radicarse en el país de forma legal, debido a la inexistencia de una embajada de su país en la Argentina. Esto les impide a su vez, poder trabajar en blanco (siendo la relación de dependencia requisito excluyente para los inmigrantes extra-MERCOSUR) e insertarse plenamente en la sociedad, además de la imposibilidad de acceder a los mismos beneficios que otros migrantes.
«Los senegaleses son una parte invisibilizada de la sociedad», dice Omar Guaraz, de Vendedores Libres.
Los hombres senegaleses escapan de situaciones de extrema pobreza, arribando al país sin otra opción que refugiarse en la ayuda de sus propios compatriotas y en las organizaciones sin fines de lucro sostenidas por ellos. En la actualidad, la comunidad ronda las cuatro mil personas, entre las que se destacan mayormente hombres de entre dieciocho y veinticinco años, que llegan para instalarse y establecer una base en la ciudad para, después de un tiempo, al lograr cierta seguridad económica, regresar a Senegal. Generalmente se desarrollan en el sector informal, en gran medida en la venta ambulante (la actividad que más se realiza en su lugar de origen), aunque algunos ocupan puestos en seguridad privada y servicios gastronómicos u hotelería. Unos pocos, además de trabajar durante todo el día en las calles, realizan una carrera universitaria porque sueñan con un futuro mejor. Residen en todo el territorio nacional, pero su presencia es mayoritaria en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Trabajan principalmente en los barrios de Once, Palermo, Liniers, Flores y San Telmo, lugares donde sufren las redadas policiales y el decomiso de las mercaderías. Sin dejar de lado, además, la discriminación que sufren por parte de la sociedad en general.
“Son la parte invisibilizada de la sociedad, aunque no son los únicos”, explicó Guaraz. “La justicia fue colonizada y transformada en ‘injusticia’. Te pueden privar de tu libertad, te pueden procesar, te pueden armar causas judiciales. Lo mismo que les está pasando a los manteros le va a pasar a la sociedad”, concluyó.
El Decreto Migratorio de enero del 2017 avala la deportación de toda persona extranjera ingresada en el sistema penal, independientemente de ser culpable o inocente y siendo el margen de apelación mínimo. ¿Se toman prevenciones para que las medidas de fuerza llevadas a cabo por los vendedores no terminen resultando funcionales a las políticas migratorias del gobierno?
Para protegerse del accionar del Estado, desde Vendedores Libres se apuesta a la organización como plan de lucha para sobrevivir, involucrando a la mayor cantidad de trabajadores posible, organizándolos, buscando testigos, armando grupos de Whatsapp para compartir las denuncias con legisladores, diputados y con la Defensoría de la Ciudad, entre otros.
La mayoría de los inmigrantes senegaleses trabajan en la venta ambulante.
Por otro lado, Moustafa Sene, representante y vicepresidente de la Asociación de Residentes Senegaleses de la Argentina, se mostró en desacuerdo con la postura de Vendedores Libres y otras organizaciones que alientan manifestaciones de protesta: “La lucha es desde otro lugar y de otra forma. La noción de prevención es muy importante. Los que vivimos dentro de la comunidad, sabemos y sentimos lo que pasa. Nosotros ya fuimos varias veces a esas comisarías, al juzgado y a la Defensoría. Lo que podemos hacer ahora es buscar otra alternativa. Ver cuáles son los proyectos que tiene el Gobierno de la Ciudad, cómo podemos hacer para que los chicos se capaciten y sepan que ‘el lugar prohibido es prohibido’ y no se puede seguir luchando para seguir en la calle. No se puede mandar a la gente a enfrentarse con la policía, sabiendo que no podés pararlos. Porque lo que generas son antecedentes penales para esa gente que hoy ya está en problemas (ya sea con la venta, con la vivienda). La violencia de la policía es otra cosa, y en cualquier momento que ellos cometan una infracción contra uno de nosotros de manera injusta, estaremos listos para denunciarlos. Pero no vamos a acompañar a nadie en esa forma de lucha porque no es nuestro modo. Hubo varios jueces que se preocuparon frente a la cantidad de causas en estos últimos años cuando la comunidad era una de las más tranquilas. Uno de los pedidos de Migraciones, es que eviten las causas judiciales, ya que frente a ellas tendrán serias dificultades para negociar una amnistía. Ahora, llevar a cabo ciertos actos es darle una mano a la criminalización del migrante senegalés. ¿Quién sabe de lo que es capaz la policía si te tienen en la mira? Son capaces hasta de plantarte delitos”, sentenció Sene.
Sólo en el mes de abril, se registraron más de 50 detenciones contra vendedores senegaleses en el barrio de Flores. La venta ambulante es una picazón que el gobierno no para de rascar. Vendedores Libres denuncia una política de exclusión, violencia y xenofobia extremas orquestada mediante un accionar ilegal. Y como una parte más de este plan, sin pan, sin trabajo, y ahora sin techo. Desprotegidos. Denigrados. Desalojados.
