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Dic 16, 2015 | destacadas

Con una producción de casi un 20% centrada en Latinoamérica, según estadísticas de 2013, la empresa canadiense Barrick Gold opera libremente en la mina Veladero y otros yacimientos de la región, habiendo dejado a su paso la contaminación con cianuro de más de un millón de litros de agua en San Juan.

Acceder a la historia de Barrick Gold, mirá acá la crónica de un desastre

La Barrick Gold Corporation se autodefine como “una compañía canadiense que desarrolla actividades de exploración y explotación minera en distintas partes del mundo”. En palabras que pueden resultar inocuas a primera vista, la Barrick es una multinacional dedicada a la extracción de oro a cielo abierto que lleva a cabo operaciones en 19 minas y tiene presencia en 10 países, entre los que se encuentran Argentina y Chile. Y es en la frontera entre estos dos territorios en la que comenzó sus negociados desde los años ’90, específicamente con el proyecto conocido como “Pascua-Lama”.

Su sede central se encuentra ubicada en Toronto, Canadá, y desde 1993 extendió su estrategia de crecimiento −focalizada en Norteamérica− hacia el resto del continente. Primero se instaló en Perú; un año más tarde, se emplazó en Chile con la mina El Indio y desde allí se gestó el primer acuerdo minero binacional del mundo.

A partir del Tratado de Integración y Complementación Minera Argentino-Chileno firmado en 1997 por los presidentes Carlos Menem y Eduardo Frei, esta empresa pudo empezar a desarrollar la megaminería sin intervención ni fiscalización directa del Estado. El pacto posibilitó la explotación de los yacimientos y el uso indiscriminado de todos los recursos naturales a lo largo de los 5.000 kilómetros de la frontera andina con controles fronterizos ágiles, evitando la doble tributación, sin tener que pagar impuestos al gasoil ni a la importación de insumos, y permitiendo una estabilidad fiscal por 30 años. Además, estas disposiciones fueron respaldadas con el Protocolo Complementario firmado el 20 de agosto de 1999 −sin cláusula alguna que preserve la integridad de los parques y reservas, tanto provinciales como nacionales−, y ratificadas por las legislaturas de los dos países en el año 2000 mediante la Ley 25.243.

En San Juan, la Barrick realiza la extracción mediante métodos tradicionales de perforación y voladura. Luego de la trituración y clasificación, el material extraído se deposita en el valle de lixiviación. La lixiviación implica la utilización de cianuro junto a otros reactivos químicos para remover los minerales de las rocas. Pero también involucra el uso de millones de litros de agua; en este sentido, el periodista e investigador Miguel Bonasso explica en su libro El Mal que “mientras que una familia sanjuanina consume 15.000 litros por mes, en Veladero se consumen 288 millones”.

“El proceso de lixiviación permite recuperar el oro y la plata del material. Esta etapa se desarrolla en un circuito cerrado. Un sistema de geomembranas y un mecanismo de detección y control de fugas mantienen todas las soluciones dentro del sistema, sin descargas al medioambiente”, detalla la empresa en su sitio web. Pero lo cierto es que este ideal no se cumplió y en el mes de septiembre del corriente año los ríos cercanos a las localidades de Jáchal e Iglesia fueron contaminados como consecuencia de la rotura de una de las cañerías que participan en el proceso: se derramaron 1.072.000 de litros de líquido cianurado. Antes de la presentación de un informe elaborado por La Organización del Sistema de las Naciones Unidas para la gestión de proyectos (UNOPS), sobre la calidad del agua de esa área geográfica, varios ambientalistas ya hablaban de un “desastre ecológico”.

Con el terreno liberado por la falta de control de las instituciones del Estado en los ´90s,  para la devaluación de 2001, la Barrick presentó un informe de impacto ambiental que legitimó su accionar ya que fue aprobado. A partir de la aprobación, la empresa se dedicó a levantar nuevas instalaciones en suelo argentino a 320 kilómetros al noroeste de la capital de la provincia de San Juan, a unos 4.850 metros sobre el nivel del mar: la Mina Veladero, que en octubre de 2005 finalmente inició la extracción de oro y plata. La inversión inicial fue de  540 millones de dólares y uno de los responsables de este acontecimiento es el actual gobernador de San Juan, José Luis Gioja, en ese entonces diputado, quien permitió el accionar sin el consenso de la sociedad.

Tres años más tarde, en agosto de 2004 tanto Argentina como Chile firmaron otro escrito que benefició una vez más a la megaminería. El Protocolo Adicional Específico al Tratado de Integración y Complementación Minera para el Proyecto Pascua-Lama definió el Área de Operaciones, estableciendo un control migratorio específico de las personas,  un registro de los vehículos y bienes en sus ingresos y salidas; y, por último, una inspección Fito Zoosanitaria. Aquellas cuestiones binacionales particulares que están previstas en el tratado minero restringen por completo las leyes nacionales de cada zona.

Las actividades mineras están arrasando con los glaciares. Sin glaciares la región de Cuyo estaría con dificultades para la disponibilidad de agua potable. El 1 noviembre de 2010, el Juez Federal nº 1 de San Juan, Miguel Ángel Gálvez, avalado por el Gobierno Nacional, suspendió la aplicación de los artículos 2, 3, 5, 6, 7 y 15 de la Ley de Glaciares sancionada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo tan solo unos días antes. De esta manera, los emprendimientos Pascua-Lama y Veladero pudieron continuar trabajando sin auditorías ambientales y el inventario de glaciares no pudo llegar a completarse. De acuerdo a un informe que Greenpeace presentó en 2005, la superficie del Toro 1, Toro 2 y Esperanza disminuyó entre un 56% y un 70% por las actividades de la Barrick del lado de Chile.

Actualmente, en plena crisis e investigación judicial por el derrame de solución cianurada en aguas de la provincia de San Juan, el director ejecutivo de la minera canadiense en Argentina, Guillermo Caló, decidió renunciar. Igualmente, desde la compañía aseguraron que su decisión fue tomada mucho tiempo antes del incidente.

Después de lo ocurrido, la Justicia inició una investigación y a fines del mes de septiembre por decisión del juez sanjuanino Pablo Oritja fueron imputados nueve empleados. Por su parte, el juez federal Sebastián Casanello dispuso una serie de operativos en Capital Federal y en San Juan para conseguir toda la documentación clave para la causa, como los permisos y proyectos de explotación de la empresa.

Finalmente, en octubre el magistrado Oritja acusó al jefe de Procesos de la mina, Leandro Poblete, por negligencia ya que fue quien firmó la apertura de la compuerta del canal por el cual se diseminó la solución tóxica; además, en su fallo confirmó que la Barrick Gold produjo un daño ambiental en la zona. El informe preliminar de Naciones Unidas publicado recientemente es el encargado de confirmar los signos de impacto ambiental: tanto en la zona 0, comprendida por el río Potrerillos, desde aguas abajo de la pileta de emergencia hasta la desembocadura del río Potrerillos al río de Las Taguas, como en la zona 1, que abarca el tramo del río de Las Taguas, desde aguas arriba de la confluencia del río Potrerillos hasta aguas arriba de su confluencia con el río Turbio.

Actualizado 16/12/2015