Feb 18, 2016 | inicio
Al ritmo de bombos y platillos, agrupaciones murgueras de todo el país fueron protagonistas de una multitudinaria e inédita movilización al Congreso de la Nación para repudiar la acción represiva de las fuerzas de seguridad y reivindicar la defensa de la cultura popular. Tres semanas después de la violenta represión de Gendarmería a los integrantes -la mayoría niños- de “Los auténticos reyes del ritmo” en la villa 1-11-14 del Bajo Flores, los trajes brillantes con flecos de colores poblaron el centro de la Ciudad con las consignas de “La cultura no se reprime”, “Bajen las armas, acá hay pibes bailando” y “La murga no es delito”.
El Movimiento Nacional de Murgas, junto a la Agrupación MURGAS, de la Ciudad de Buenos Aires, y Murgas Independientes de Buenos Aires fueron las organizaciones convocantes de una marcha que llevó el firme repudio a la violencia y el grito de defensa de la cultura barrial y popular a las puertas del Parlamento. La movilización se replicó en otros puntos del país.
Cerca de las 16.30, un bombo empezó a sonar en la esquina de 9 de Julio y Avenida de Mayo. Al rato, se unió un grupo de personas con banderas. Una hora después, una multitud con trajes de colores ocupaba toda una cuadra de la Avenida de Mayo. Hasta las 18, diferentes murgas y grupos culturales de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad se concentraron para marchar hacia el Congreso Nacional. El baile nunca se detuvo.
En esta calurosa tarde de miércoles quedó claro que no importa la edad para el espíritu murguero. Bebés, chicos, adolescentes y hasta adultos de avanzada edad se sumaron con sus disfraces y pinturas. Algunos hechos a mano, con detalles, letras y dibujos que representan a cada murguero y murguera.
Poco después de las 18, “El histórico carromato” de Culebrón Timbal -un espacio cultural del Gran Buenos Aires- comenzó a guiar la marcha, detrás de una bandera con la leyenda “La cultura popular no se reprime, ¡Se defiende!”. Lo seguían los estandartes con los nombres de las murgas y sus barrios y gente bailando detrás de cada uno. Los bombos sonaron durante todo el recorrido hasta que los murgueros llegaron a la Plaza de los Dos Congresos. Los oradores de las agrupaciones comenzaron a manifestar sus adhesiones ante el micrófono abierto, y una idea se repitió en la mayoría: “Si tocan a uno, nos tocan a todos”.
“Esta marcha, que fue organizada con poco tiempo, la verdad que nos deja muy contentos. Porque no tenemos una unidad constante y estas cuestiones nos fortalecen”, explicó a ANCCOM Carlos Díaz, delegado de las agrupaciones de carnaval de la Ciudad y miembro de la Agrupación MURGAS.
Alejandra Mercer, organizadora y miembro del Movimiento Nacional de Murgas, agregó: “Lo que pasó en Bajo Flores es la punta de un iceberg, es parte de una lucha que tenemos desde la época de la Dictadura porque las murgas somos reprimidas constantemente, sobre todo las independientes y las barriales”.
Ambas agrupaciones se reunieron dos veces para poner en marcha la movilización y enviaron la convocatoria por las redes sociales. “Todos se fueron sumando por voluntad propia. Sabemos que las murgas guardan sus recursos para salir en carnavales, y hoy muchas han venido en micros. Otros vinieron sueltos desde el trabajo, trajeron su ropa, y los estandartes”, dijo Díaz con satisfacción.
La fiesta del carnaval le permite a las murgas expresar todo lo que significan para sus bailarines,y los barrios en los que trabajan. “Incluye a los pibes, los saca de la calle, les da un proyecto cultural, artístico, les da participación”, explicó Díaz. Mercer insistió en que, además de repudiar la represión, la movilización apuntó a defender “el derecho a ocupar la calle, y hacer cultura, y ser protagonistas”. Y advirtió: “No queremos consumir cultura, la queremos protagonizar y crear nosotros”.
Otras agrupaciones como Familiares y sobrevivientes de Cromañón, el Frente de Artistas Ambulantes Organizados (FAAO), la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), el Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la provincia de Buenos Aires y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza también se sumaron a la convocatoria.
En la plaza, los oradores se fueron turnando antes de “la matanza” final. “Sigamos por la lucha, porque el carnaval está restituido, pero la lucha tiene que seguir siempre”, dijo un representante murguero.
El Movimiento Murguero de Chile también hizo llegar su apoyo a través de una carta. “¿Por qué balear a quien baila y canta? No balean porque solo bailan y cantan, sino porque también critican. Se balea para silenciar. ¿Por qué balear a las murgas? Porque estas lograron sacar nuevamente al pueblo a la calle. Porque son la viva expresión de la resistencia cultural”, advirtió la misiva.
En el cierre del acto, Mercer tomó el micrófono y concluyó: “Esta marcha significa un gran llamado de atención para toda la Nación, que nos tiene que escuchar y respetar, porque nosotros hacemos cultura, no delito”.
Feb 18, 2016 | inicio
El 23 de noviembre del 2015, la periodista Marcela Ojeda le preguntó a Mauricio Macri en una conferencia de prensa cuál era su posición frente a los juicios a los represores. “La Justicia tendrá plena independencia para seguir trabajando”, fue su respuesta. Esta afirmación anticipó la política de Derechos Humanos del actual gobierno: la Justicia, únicamente, estará presente. Las políticas de derechos humanos no se limitan únicamente al juicio y su sentencia ya que existe un contexto en el cual las víctimas, cuyos derechos fueron violados, deben ser acompañadas y respaldadas. Es ahí donde el Estado tiene un rol fundamental y un efecto reparador. El Estado, y no solamente el Poder Judicial deben estar presentes.
En la Argentina, hasta hace una década, el Estado no había asumido su rol en el acompañamiento y reparación de las víctimas. Sin embargo, al asumir el presidente Néstor Kirchner, el Estado Nacional modificó su rol: “Nosotros percibimos que el Estado tiene un efecto reparador en el plano simbólico. En ese sentido, las víctimas pueden descansar en que hay alguien que ha asumido la búsqueda y el compromiso de justicia”, afirma Julieta Calmels, ex directora del Centro Ulloa.
Sin embargo, al no participar el Estado con sus tres poderes, ese rol desaparece. En el libro Experiencias en Salud Mental y Derechos Humanos. Aportes desde la política pública, editado en noviembre de 2015 por el Centro Ulloa, se afirma: “(…) para salir de la escena del horror se requiere de tres movimientos. Por un lado, la interrupción de los hechos de violencia (materiales y simbólicos), y por otro, un movimiento del sujeto para pasar a otra escena. Pero también es necesario un movimiento de las instituciones del Estado. Si la violencia se interrumpe y el sujeto realiza un movimiento para posicionarse de modo diferente, pero las instituciones no asumen lo ocurrido como algo que también les concierne, el hecho queda meramente en la interioridad de cada persona y las posibilidades subjetivas de cada quien”. Es decir, para que la víctima pueda dar un salto cualitativo en relación a su trauma, hace falta un exterior que lo reconozca y que exista más allá del sujeto. Ese exterior es el Estado con sus tres poderes.
«Para que la víctima pueda dar un salto cualitativo en relación a su trauma, hace falta un exterior que lo reconozca y que exista más allá del sujeto».
“Sin su presencia, el sujeto no tiene, simbólicamente, dónde apoyar su vida para poder recomponer esa situación traumática. Los organismos en su momento cumplieron ese rol, pero es un rol distinto. Una cosa es el Estado con todo su andamiaje de recursos económicos, simbólicos, jurídicos e institucionales, y otra cosa son los organismos que forman parte de la sociedad civil, enfatiza Calmels. Actualmente, hay un corrimiento del Estado. Atrás de un despido, hay una política pública y una situación de desamparo para las víctimas”.
Corrimiento del Estado
En la Argentina, en los últimos años de democracia, la mayor parte del tiempo, la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia la llevaron adelante los organismos de Derechos Humanos en soledad. “Cualquier Estado debe escuchar a los destinatarios de una política pública para poder llevarla a cabo. Caso contrario, tiende a fracasar porque se pierde una parte nuclear de lo que es la política. Si no se escucha a las víctimas, cómo sabemos quiénes son los responsables”, sostiene Natalia Federman, ex directora Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad.
Durante estos dos meses, Macri aún no se juntó con los organismos de Derechos Humanos, en su lugar envió al jefe de Gabinete, Marcos Peña. “Haber mandado al Jefe de Gabinete para entrevistarse con los organismos es simbólico. Si uno compara a quiénes estaba atendiendo ese día – empresarios de AEA, entre ellos, Héctor Magnetto – ve la importancia que va a tener la política de Derechos Humanos. Eso es lo que preocupa”, afirma Federman. “Uno puede tener una agenda apretada, pero la decisión de delegar ese diálogo y ver con quiénes se juntaron muestra que no es una prioridad para la gestión”, agrega.
En la Argentina, en los últimos años de democracia, la mayor parte del tiempo, la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia la llevaron adelante los organismos de Derechos Humanos en soledad.
La Justicia, únicamente
“Vengo a pedir perdón en nombre del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante tantos años tantas atrocidades”, afirmó Néstor Kirchner en el 2003. A partir de allí, el Estado argentino, a través de los tres poderes, asumió la responsabilidad en torno a la historia.
La política de Derechos Humanos en general, y la política de Memoria, Verdad y Justicia en particular, no se pueden desarrollar si no es a partir de los tres poderes en conjunto. Es así que las políticas impulsadas por el Poder Ejecutivo son importantes como políticas integrales. Por ejemplo, una de las tareas del Ejecutivo es ser querella en los juicios de lesa humanidad. Al mismo tiempo, el Programa Memoria y Justicia se encarga de articular y coordinar a todas las dependencias del Poder Ejecutivo para brindar apoyo institucional a las investigaciones que se llevan adelante en los juicios de lesa humanidad. En definitiva, es a partir de una política integral que el Poder Ejecutivo cumple su rol reparador.
“Ante hechos tan graves como las violaciones a los derechos humanos, en primer lugar debe ponerse en funcionamiento la justicia y la reposición de la ley transgredida para reconocer las responsabilidades y hacer valer las consecuencias: la sanción. Pero incluso estando eso, también es necesaria una segunda operación: la inscripción de las víctimas en la comunidad, que puedan filiarse a una genealogía social común que no las excluya, las segregue o las estigmatice. Este movimiento le concierne también al Estado”, explican en Experiencias en Salud Mental y Derechos Humanos. Aportes desde la política pública. Es decir, el Estado debe posicionarse y presentar una sanción social que provoque no solo efectos en la víctima, sino también en la sociedad. Por lo que excede a la Justicia, únicamente.
Parálisis y desarme
“Existen dos formas de vaciar una política: la parálisis del trabajo y el despido”, afirma Calmels. Ambas, presentes en los últimos dos meses en las políticas de Derechos Humanos del nuevo gobierno.
La subgerencia de Derechos Humanos del BCRA, durante el último año, investigó cuál fue el rol del Banco en relación al plan económico de la última dictadura militar. Relevó actas y documentación secreta para abordar la responsabilidad civil en los delitos. “No quedó nadie trabajando. El área ha quedado vacía”, sostiene Federman quien participó en la subgerencia. “En el Ministerio de Seguridad, aún, no hay un panorama claro. Una de las personas que llevaba una parte importante de las competencias del área de Derechos Humanos -que tenía que ver con la extracción de ADN de niños y niñas que hubieras sido apropiados y hoy son adultos- fue despedida. Esos allanamientos se hacían de una manera supervisada y colaborando en forma adecuada con la Justicia. Hay que atender adecuadamente y no hay que olvidar que la persona allanada es una víctima más allá de que no desee hacerse el ADN. En ese contexto, se había creado un grupo específico que era coordinado por la Dirección Nacional de Derechos Humanos. Era un grupo idóneo”, agrega.
«Juicio y castigo», una de las consignas promovidas por los organismos de DDHH.
Por otro lado, está el caso del Centro Ulloa que asiste integralmente en salud y acompaña en todo el país a víctimas de violaciones a los derechos humanos: del Terrorismo de Estado, de violencia institucional, y en el último tiempo, la incorporación de la atención a víctimas de Cromañón y el acompañando a juicios como el de encubrimiento al atentado a la AMIA. “Los profesionales que despidieron atienden a personas que están en estas tres situaciones donde el Estado está comprometido. Cuando llega alguien o nosotros nos acercamos a ofrecer el acompañamiento es porque ya hubo una violación de los derechos humanos. Primero hay que crear en la víctima una relación donde el Estado asume la culpa de ese delito que cometió contra ellos y está dispuesto a acompañarlos para arreglarlo. Si la decisión es vaciar esos programas, como efecto simbólico se produce el efecto contrario”, cuenta Calmels.
También está el caso del Programa Verdad y Justicia, dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hubo despidos en las tres áreas: Abogados, Investigación e Implementación Operativa. Un caso que refleja las consecuencias de esta política es el despido de Natalia Vaca, perteneciente al área de Abogados en Salta. “El juicio en Salta era el primero que se reanudaba en febrero. Ese juicio es importante porque es el primero que se realiza a un empresario. Se juzga su participación y responsabilidad”. Tras su despido, ya no es el Programa el encargado de notificar a los testigos. “Eso implica que sean re-victimizados al ser notificados por las fuerzas de seguridad -relata Verónica Almada, trabajadora del Ministerio de Justicia de la Nación, despedida-, al mismo tiempo hubo una parálisis en el Programa. Por ejemplo, en Salta se complicó porque no tenemos los viáticos para viajar”.
A pesar de todo, que la Justicia tenga plena independencia para seguir trabajando es una buena noticia, pero no es suficiente. “La posición que asume el Estado a través de sus tres poderes es determinante. Cuando el Estado se desentiende, no imparte justicia, no ampara ni repara. Cuando esto pasa, cuando hay ausencia del Estado, de las políticas de Estado para con las víctimas, éstas quedan libradas meramente a su singularidad, sostiene Experiencias en Salud Mental y Derechos Humanos. Aportes desde la política pública, nada más liberal en última instancia que el corrimiento del Estado, así como nada más democrático que la potencia de su aparición”.
Feb 10, 2016 | inicio
A dos meses de asumir como presidente, Mauricio Macri y su equipo dejaron sin trabajo a más de 25.000 empleados públicos, según el recuento que realiza el “Despidómetro”, un espacio construido en las redes sociales a partir de denuncias directas de los afectados. Esto desencadenó en múltiples movilizaciones populares en defensa de los desempleados, las más emblemáticas fueron las “ñoquiadas” en apoyo a los despedidos del Centro Cultural Kirchner y las movilizaciones hacia el Congreso Nacional.
Ante la consecuente avanzada del Gobierno contra los derechos de los trabajadores, y ante la falta de respuesta a los reclamos, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció para el próximo 24 de febrero un paro nacional y movilización pidiendo el cese de los despidos, la reincorporación de los trabajadores desvinculados y la apertura a negociar las paritarias por encima del 25%, tal como explicó el secretario general de la gremial, Hugo Godoy, en conferencia de prensa.
En una entrevista para el diario La Nación, el nuevo ministro de Trabajo, Jorge Triaca, expresó: “En los últimos tiempos hubo una incorporación de empleados al Estado sin una función específica. Durante los primeros días hubieron muchos fantasmas que ante este escenario ni siquiera vinieron a reclamar por su condición laboral”. El argumento repetido por los funcionarios de Cambiemos dice querer gobernar con una planta estatal más chica como sinónimo de eficacia, pero según los datos de la Dirección Nacional de coordinación fiscal con las provincias (DNCFP) dependiente del Ministerio de Economía; en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el período 2007-2013 -bajo la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno- la cantidad de empleados de la Ciudad aumentó un 38.72%, situando a CABA en el segundo lugar a nivel nacional. El primer lugar corresponde a la provincia de Buenos Aires, con un incremento de 24.81%. Si consideramos que Buenos Aires quintuplica en cantidad de habitantes a CABA, el porcentaje se vuelve menor. En la misma línea, la provincia de Santa fe, con una cantidad similar de habitantes a la Ciudad de Buenos Aires solo incrementó un 15.81% la planta estatal en el mismo período.
Según el licenciado en Economía Andrés Asiain, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), el empleo público durante los gobiernos Kirchneristas creció al mismo nivel que el empleo privado. Analizando los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) con los que cuenta el CESO, en 2015 se registraron 3.928.159 empleados más que en 2003, de los cuales 2.805.467 corresponden a empleo privado y solo 1.122.692 son empleados públicos. Este incremento se debió a que los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner “plantearon políticas para reducir el empleo informal en el Estado, por ejemplo bajando el cuentapropismo. Hubo más Estado porque creció la economía y hubieron más empleados públicos tanto como hubieron más privados”, agrega Asiain.
La justificación a los despidos que repiten los funcionarios del nuevo gobierno nacional es que durante el Kirchnerismo aumentó excesivamente la cantidad de empleados públicos costándole a la Nación millones de pesos. Sin embargo, tal como analiza Asiain con los datos con los que cuenta su centro de Estudios, en 2003 el 11.5% del presupuesto nacional fue destinado a remuneraciones del plantel estatal y en 2015 este número se mantuvo en un 11.6%.
Sin dar números oficiales, un segundo argumento habitualmente esgrimido por la administración de Mauricio Macri relaciona el aumento de la cantidad de empleados con la incorporación de “ñoquis”. Ante esta situación, quienes aún continúan en la planta estatal transitoria o contratados viven con miedo no solo de perder su empleo, sino también de sentirse vigilados por las nuevas autoridades tanto en el ámbito laboral como en el privado ante la posible estigmatización.
Tal es así que varias fuentes consultadas de diferentes organismos estatales -algunos con más de 15 años de antigüedad en su puesto de trabajo- tienen temor de hablar con la prensa para denunciar el acoso laboral que viven día a día. “No somos ñoquis, trabajamos como cualquier otro”, agrega una fuente que pidió no ser revelada por miedo a perder su empleo.
Para Andrés Asiain, esta política de despidos del nuevo gobierno tiene como objetivo el disciplinamiento de los empleados en dos sentidos: “Por un lado, un disciplinamiento político e ideológico para evitar cierta resistencia de los empleados públicos del antiguo gobierno a las directrices nuevas. Y por otro lado, un disciplinamiento económico respecto de las paritarias estatales, para que ante el miedo de perder los empleos los sindicatos no pidan demasiado aumento”. Sin embargo, el disciplinamiento también está dado por la falta de asignación de tareas, tal es el caso de los trabajadores del Programa Conectar Igualdad, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, quienes no tienen tareas ni coordinador desde el 10 de diciembre y sus casi 80 trabajadores del equipo central y los casi 900 en todo el país asisten a sus puestos de trabajo diariamente, aún en medio de la acefalía y la falta de información permanente.
Al ser consultado acerca de cuál debería ser el tamaño razonable del Estado, el director del CESO entiende que esa es una decisión política y no económica. Existen casos de lo más variados en todo el mundo; desde países africanos con un 10% del PBI destinado al gasto público hasta países europeos desarrollados que le destinan el 40%, “la evidencia muestra que el tamaño del Estado no se relaciona con el nivel de desarrollo. Hay países desarrollados con un Estado grande y países desarrollados con un Estado chico. Países pobres con Estados grandes y países pobres con Estados chicos”, agrega Asiain.
Lo que parece quedar de lado en el debate es hacia dónde se orienta este aumento del gasto público, es decir, a qué áreas del aparato estatal beneficia. Por ejemplo el informe “Perspectivas Económicas de América Latina 2012”, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) muestra que para 2008 Argentina ocupaba un 24% del PBI en gasto público (del cual un 6% se destinaba a educación, el 11% a seguridad social, 2% a vivienda y 5% a salud), porcentaje total que se asemeja al 26% presentan en promedio de los países europeos nucleados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (OCDE), como por ejemplo Noruega, Dinamarca y Alemania. Al respecto, un informe de CONICET elaborado en 2014 entiende que las políticas de empleo público promovidas por los gobiernos Kirchneristas se deben a “las políticas orientadas hacia la recomposición de la infraestructura económica, el desarrollo científico técnico y la inclusión social”. Si se desagregan los datos del informe, éstos indican que en los años ’80, el el 42% del gasto se dedicó a empresas del Estado y universidades y la mayor porción (58%) al sector administrativo. Luego de las privatizaciones de los años ’90, la crisis económica de 2001 encontró al Estado con un gasto en el área administrativa del 67% y sólo el 33% destinado para empresas Estatales y universidades. Finalmente en los años 2010, con un país en vías de recuperación, el gasto público invertido en empresas estatales y universidades correspondía al 50% y la partida destinada al sector administrativo del Estado el 50% restante.
En resumen, el dinero que destina el Estado para su propio funcionamiento puede ser visto como un gasto o como una inversión. Un análisis meramente estadístico basado en conjeturas de cuántos empleados públicos debería haber, cuántos hay o cuántos había antes implica concebir a los trabajadores como un “gasto”. Por eso, como argumentó Asiain, frente a estos argumentos es necesario identificar a qué sectores fueron destinados los incrementos y tomar en cuenta ciertas políticas concretas como por ejemplo la estatización del sistema de AFJP, el 51% de YPF, la inversión pública en investigación y la creación de ARSAT como apuestas de inversión estatal y no un simple “gasto” de recursos.
La propuesta de achicar la inversión del Estado mediante despidos en el sector público que sostiene el gobierno de Macri a sólo dos meses de asumir la conducción del país, no puede separarse de otras iniciativas como la liberación del dólar, el cese de las retenciones al campo y los aumentos de tarifas que parecen indicar en el futuro una desvinculación del Estado respecto de su rol social. Como explica Asiain: “Cambiemos representa un Estado que no quiere involucrarse en las actividades productivas y financieras sino simplemente dedicarse a la administración, la justicia y la represión. Responde a la bien conocida lógica liberal que dice: todo lo que pueda hacer el privado no lo tiene que hacer el Estado”.
Actualizado 10/02/2016
Ene 23, 2016 | inicio
“El periodismo es libre o es una farsa” escribió Rodolfo Walsh, quien fuera asesinado por la última dictadura cívico-militar en 1977. Décadas más tarde, el 11 de enero de este año, Víctor Hugo Morales, quien conducía los programas La Mañana y Competencia por Radio Continental, fue despedido. La noticia le fue dada cuando se presentó en su puesto de trabajo como lo hacía todos los días, desde hacía treinta años. En apoyo al periodista -que fue sumado a la montaña de despidos estatales y privados del último mes-, su audiencia y distintas agrupaciones políticas convocaron a una manifestación en la Plaza de Mayo para repudiar el hecho.
Las columnas de Nuevo Encuentro, La Cámpora, Peronismo Militante llegaron desde temprano y, entre otras agrupaciones, se ubicaron detrás del escenario montado frente al Cabildo. La multitud autoconvocada se ubicaría sobre Avenida de Mayo y las diagonales Norte y Sur. La invitación había circulado por las redes sociales con un horario centralizado que indicaba el inicio a las 17.
Dos horas más tarde, cuando se complicaba caminar o avanzar, Victor Hugo Morales subió al escenario para dirigirse al pueblo, acompañado de múltiples referentes defensores de los derechos humanos, la cultura y la comunicación: Martín Sabbatella, Gabriela Cerruti, Mónica Macha, Eugenio Raúl Zaffaroni, Andrés “el Cuervo” Larroque, Daniel Tognetti, Anibal Ibarra, Teresa Parodi, Horacio Pietragalla, Cynthia García, Horacio Fontova, entre otros. Y comenzó: “Un pueblo en la plaza es un pueblo que merece la atención y el respeto del periodismo. Es la demostración más alta y más maravillosa de la expresión de la democracia”.
A pocos minutos, resaltó la importancia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (o Ley de Medios) como garante de la pluralidad de voces y freno a los monopolios mediáticos. Aprovechó el momento para destacar que el llamado de Sabbatella fue el primero que recibió, seguido por Graciana Peñafort y Cerruti: “Aquí estamos para pelear por el periodismo y, detrás de eso, por la Ley de Medios, que apuntó a asegurarnos más democracia y nos despertó”. Paloma López, una estudiante de Villa Crespo que escuchaba atenta entre el público, explicó a ANCCOM por qué se encontraba en la concentración: “El manejo político del gobierno de Macri es propio de un gobierno neoliberal, de derecha, que tiene intereses puramente especulativos y responde a la lógica del mercado. A partir de esa base, se puede entender cualquier cosa. Víctor Hugo es una voz más que se plantó frente a un monopolio y están queriendo silenciar esa posición ideológica que no tiene que ver con la lógica mercantil, sino con una posición mucho más humana. Eso es lo que estamos defendiendo de fondo, y es lo que quieren callar y censurar a toda costa”.
Desde los altoparlantes, la voz de Morales defendía la discusión y se contraponía a la propuesta de un discurso univoco que no conlleve confrontaciones: “No quieren que haya un periodismo desobediente, pero no sirve que no haya voces contrarias. La grieta existe en todas partes del mundo, porque el mundo está discutiendo cómo se quiere organizar. O alrededor de la posibilidad de que todos quepan o alrededor de la elite que se queda con todos los beneficios. Si hay una división de opiniones, lo que hay que hacer es trabajar fuertemente en esa división. Pero no le tengamos miedo a la discusión”. Fabio Muente, psicólogo de Alvivir, sostuvo en el medio de la Plaza: “Es importante que se puedan dar estas manifestaciones ante un avance tan fuerte contra la libertad de expresión y contra las pocas voces que quedan con una opinión y una visión distintas a la del actual gobierno. Lo de Víctor Hugo fue absolutamente sorpresivo. Esta es una plaza alegre y comprometida, pero que se da en el marco de despidos, de represión, de avance sobre derechos adquiridos, de recortes económicos y aumentos. En el marco de todo eso, los que estamos acá sentimos que, encima, nos quitan las voces, como si fuera poco”.
Morales, sin conocerlo, expresaba lo mismo: “Este mes de la derecha ha superado las expectativas. Sabíamos de qué eran capaces, pero no sabíamos que iban a llegar con tanta crueldad”. Se refirió, entonces, a los miles de trabajadores que están siendo despedidos de la órbita estatal, entre los que incluyó a los del Centro Cultural Kirchner, Arsat, el Senado y a quienes fueron reprimidos en La Plata. Respecto de esto, advirtió: “La gente no votó a los CEOs de las doce o trece empresas más importantes. Al Estado se lo han devorado las corporaciones. Se terminó el lobby, porque los que hacían el lobby ahora están adentro del Estado y no precisan ir a convencer y presionar a políticos y periodistas”.
Lorena Davila, de Villa Urquiza, contó: “Vine porque quiero seguir escuchando la radio que se escuchó por muchos años en mi casa, pero también por la cantidad de gente que están dejando sin laburo. Para que no haya un blindaje mediático, para que la libertad de expresión siga como en el gobierno de Cristina y no como una mentira para ganar elecciones. Macri demuestra, día tras día, para quién va a gobernar. Y ahí estaremos, en cada plaza, para no convertirnos de nuevo en colonia”. María Luz Cerone, su amiga y vecina, sumó: “Vine no sólo por Víctor Hugo, sino también por la amenaza a los derechos y logros del gobierno anterior. No quiero vivir lo que muchos otros me contaron que vivieron. Me prometí el 9 de diciembre que iba a apoyar en todo lo que pudiera el proyecto nacional y popular. Macri es un testaferro de los grandes grupos y nosotros vamos a tener que luchar contra eso”.
Para finalizar, Morales agradeció el apoyo de sus compañeros de Radio Continental e instó a la multitud a mantenerse activa y alerta: “Sigamos luchando. Luchar es estar informados y estar informados es trabajar de ciudadanos, es nuestro mecanismo de defensa. Si no hay información, está la locura de la mentira de los medios”.
En la desconcentración, Silvia de Caballito –así se identificó, como lo hacen los oyentes de las radios- repartía volantes dirigidos a los votantes de Macri: “Hace un mes –se leía-, yo me levantaba y escuchaba a Víctor Hugo. Vos te levantabas y escuchabas a Lanata. Yo almorzaba escuchando a Dady Brieva. Vos almorzabas escuchando a Majul. Yo cenaba mirando 678. Vos cenabas mirando Los Leuco. Antes de dormir me gustaba mirar Duro de domar. Como a vos seguramente te gustaba mirar A dos voces. Si los sábados no salíamos, yo podía ver TVR y vos podías ver a Mirtha Legrand. Un mes después ya no puedo escuchar a Víctor Hugo, ni a Dady, ni ver 678, ni Duro de domar ni TVR. Y, sin embargo, vos seguís teniendo la misma libertad para ver los programas que pudiste ver ininterrumpidamente durante todos estos años. ¿Te acordás cuando decían que TN iba a desaparecer?
Ene 23, 2016 | inicio
Leandro N. Alem y Sarmiento. 11 de la mañana. Un grupo de 100 personas, rodeado por otras 200 que acompañan una lucha, una más de los trabajadores que deciden los pasos a seguir: “Su objetivo es desgastarnos, tenemos que contar con un elemento para forzar una conciliación obligatoria”, “nos están dando la peor parte del decreto”, “la pelea es adentro del edificio, nos tenemos que exponer”, “queremos luchar, pero no vamos a entrar a la fuerza”. En la puerta del Centro Cultural Kirchner (CCK), se escuchan diferentes voces, diversas posturas, pero todas con una misma conclusión: “A un trabajador no se le puede negar su lugar natural y ese lugar, en nuestro caso, es el CCK”, afirma Hernán Granovsky, delegado del Centro Cultural.
Por orden de las nuevas autoridades, el pasado sábado 2 enero 530 trabajadores del Centro Cultural Kirchner no pudieron acceder a sus puestos de trabajo porque su ingreso al edificio estaba prohibido. La medida ocurrió sin previo aviso, sin ninguna nota formal, sin ninguna resolución ni acto administrativo. La modalidad fue una lista que identificaba a quienes tenían restringido el acceso. “Al entrar al edificio, nos encontramos con una lista con nombre y apellido de aquellos que sí podían ingresar, en su mayoría gente de mantenimiento y recursos humanos, y de quienes no teníamos permitida la entrada”, cuentan dos trabajadoras del CCK, quienes prefirieron mantener en reserva su identidad por medio a mayores represalias. “Si bien sabemos que nuestro futuro pende de un hilo, pensamos que se iba a respetar el acuerdo al cual se llegó la semana pasada”, agregan.
El martes 29, después de tres semanas de cimbronazos permanentes, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) había llegado a un acuerdo con Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, bajo cuya esfera se encuentra ahora el CCK. Lombardi les había prometido su continuidad laboral durante los tres meses que se hiciera efectivo el Decreto 254/2015: “La semana anterior tuvimos una reunión con Lombardi, quien se comprometió por la continuidad laboral de los 530 trabajadores del CCK. Iba a hacer efectivo el decreto presidencial, no obstante garantizó durante los tres meses de revisión, la renovación de los contratos. Ayer los trabajadores se encontraron con las puertas cerradas”, sostiene Diego Martínez, dirigente de ATE. “Al ingresar al edificio, nos recibió una persona de Recursos Humanos que nos comunicó que nuestros contratos ya no eran reconocidos -explica Hernán Granovsky- y como solución nos dijeron que nos iban a evaluar para decidir nuestra continuidad o reubicación en el nuevo organigrama del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos”.
Los cambios con la nueva gestión
La mayoría de los trabajadores del CCK contaba con un contrato que finalizaba efectivamente el 31 de diciembre. Sin embargo, antes del 10 de ese mismo mes, se llegó a un nuevo acuerdo y se firmaron los nuevos contratos por un año más. De este modo, los trabajadores tenían asegurada su continuidad. No obstante, una serie de medidas modificaron el panorama.
La primera medida que tomó el gobierno de Mauricio Macri a través del decreto 254/2015 instruyó a ministros, secretarios y autoridades a revisar los procesos concursales y de selección de personal de los organismos descentralizados, así como empresas y sociedades del Estado. Como primera respuesta ante esta normativa, ATE llamó a un paro nacional la semana pasada con el principal objetivo de impedir los despidos masivos. Lombardi garantizó la continuidad de los 530 trabajadores del CCK durante los tres meses que se hacía efectiva la revisión.
La segunda medida fue bajo la dirección de Gabriela Ricardes, flamante secretaria de Contenidos del Sistema Federal de Medios Públicos y parte del equipo de transición que se está haciendo cargo del CCK, quien no reconoció los nuevos contratos. A partir de ahí, los trabajadores ya no pudieron ingresar a su puesto de trabajo. “El sábado, primero, nos comunicaron que el CCK estaba cerrado porque iba a abrir únicamente de lunes a viernes. El lunes, nos encontramos con la decisión de no dejarnos ingresar al edificio. Nos comunicamos con el secretario de Ricardes, Diego Fernández, quien se excusó con el paro que realizamos para no reunirse con nosotros”, cuenta Marcelo “Nono” Frondizi, secretario de acción política de ATE Capital. “Recibidos por personal de Recursos Humanos, se nos informó que seríamos sometidos a entrevistas laborales sin estar en nuestros puestos de trabajo, de hecho, que nos retiremos a nuestras casas y que ellos se irían comunicando con cada uno de nosotros. Justificaron estar recolectando la información para ver cómo entraría en el nuevo organigrama del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, y que llegado el momento, ellos se comunicarían. Nos invitaron a llenar un formulario con los datos que ya fueron dados y que incluso se encuentran en nuestros legajos”, relatan los trabajadores en el comunicado subido a su perfil de Facebook “Trabajadores del Centro Cultural Kirchner”. Ante esta medida, vino la segunda respuesta de los trabajadores: mantener un estado de asamblea permanente, acompañados por los sindicatos ATE Capital y UPCN Cultura, a la espera de una negociación con Lombardi o Ricardes.
Estado de asamblea permanente
Leandro N. Alem y Sarmiento. 12 del mediodia. 300 personas se reúnen en las escaleras del Centro Cultural Kirchner para exigir la reincorporación de los 530 trabajadores. Múltiples banderas de ATE, banderas con escritos – “Por el trabajo y la cultura pública”, “#TrabajadoresCCK”, “El CCK no se abre sin sus trabajadores. Renovación de los contratos” y cánticos contra Lombardi y en defensa de los derechos de los trabajadores ambientan la lucha. En este escenario se escucha la voz de “Nono” Frondizi: “Otro días más y las autoridades no nos atienden. Lo único que vale es la firmeza. Cada trabajador tiene que llevar el pan a su casa. Quieren un plan de ajuste para destruir lo que se logró durante estos doce años. No hay que tener miedo. Así lo demostró el conjunto del movimiento obrero. Somos peronistas y no nos vamos a rendir. Vamos a proteger el proyecto del CCK porque es el proyecto público que defendemos”.
La lucha continúa y los trabajadores convocan al público, artistas, trabajadores, organizaciones sociales y culturales, medios y a todos los que quieran acompañarlos, el próximo jueves 7 de enero a las 16, a encontrarse en la puerta del Centro Cultural Kirchner. La autoridades no responden, pero los cánticos no dejan de sonar mientras se despliega una bandera que corta un carril de la avenida: “Soy estatal, mi trabajo son tus derechos”. Son trabajadores y el CCK es la cultura pública.
