Mar 2, 2016 | destacadas
“Hay que preocuparse. Cuando hay medidas políticas de variaciones de precios de consumo masivo, junto con variaciones de precios en la importación de productos de la industria, debemos preocuparnos”. La ecuación sobre la reciente disparada en los valores de los medicamentos pertenece a Ernesto Mattos, economista del Centro Cultural de la Cooperación y docente de la Universidad de Buenos Aires. El diagnóstico se completa con un crudo análisis del impacto de esos aumentos en la economía doméstica. “Se estima que una familia en la Argentina, según cifras del Banco Mundial, gasta 658 dólares por habitante en salud al año. Se trata del gasto más alto de América Latina, si lo comparamos con Chile, que gasta 336 dólares o Brasil que gasta 267 dólares”, subraya Mattos a ANCCOM.
Según el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA), el aumento en el rubro medicamentos, a enero de 2016, fue de un 42,7% interanual, con una fuerte aceleración a partir de diciembre cuando registró un 18,8% de incremento. Esa disparada está muy por encima de la inflación general registrada por ese organismo para el mismo período y que se ubicó en el 29,6%. Con la inflación en ascenso, el encarecimiento de los remedios impacta de lleno en los bolsillos. Y se trata, en definitiva, de un gasto difícil de ajustar. Por caso, antiespasmódicos, aspirinas, aspirinetas, hormonas y drogas para hipertensos muestran subas superiores a productos de otra clase.
El aumento del tipo de cambio de los últimos meses se refleja directamente en los costos de los medicamentos, que son, en su mayoría producidos con principios activos importados de China e India, según el economista. Así como el aumento en los costos de la harina repercute en la elaboración de panificados, el aumento del valor en dólares de las insumos farmacéuticos se traslada a sus productos finales.
Para el doctor en Economía y docente universitario Alejandro Rofman el gasto en salud de una familia tipo ha ido creciendo a mayor velocidad que los de bienes y servicios. Y agrega: “Los laboratorios manejan patentes, realizan investigación científica en sus países de origen, mueven los precios de los medicamentos en función del tipo y tamaño del mercado al que acceden, el nivel de ingresos y la capacidad que tienen de generar ventas. Es un proceso muy complejo en el que un sector muy concentrado logra elevadas tasas de ganancia con su actividad”.
Rofman también advierte sobre el rol de los laboratorios. “No se conoce cómo elaboran los precios, es de acuerdo a criterios de rentabilidad que ellos mismos fijan. No hay normas estatales que los obliguen a determinadas conductas, ni control sobre la realidad de los costos que aducen o que deben incurrir para la producción de un medicamento”.
El ¿gasto? del Estado
Martín Isturiz es farmacéutico y bioquímico, e investigador superior del CONICET sobre políticas sanitarias que necesitan de un desarrollo científico. “El gasto en Salud es el 10% del PBI, el 32% de eso son medicamentos, estamos hablando del 3,2% del presupuesto del PBI de todo el país, cuando toda la inversión pública y privada en Ciencia y Técnica es del 0,65%. Es decir, el Estado gasta cuatro veces más en medicamentos que lo que gasta en Ciencia y Técnica”, explica.
Según las estadísticas de su investigación, el 55% del gasto total en medicamentos está en manos del Estado. Y enfatiza: “Es una cuestión central, porque los precios de los medicamentos en general, regulan, en el sentido de que si el mercado puede pagar diez, vale diez y si puede pagar veinte, vale veinte. No son precios que estén basados en una estructura de costos”. Isturiz asegura que la Argentina está en condiciones de usar los resortes tecnológicos para “generar un precio testigo” y regular al resto. “Hay capacidad para hacerlo en el país con buen nivel, no se ha implementado lamentablemente, para que funcione como debiera funcionar”.
Mattos también tiene una posición clara sobre el rol del Estado. “El ejemplo más simple son las drogas de los programas de salud que se abastecen gratuitamente. En ese caso, el Estado juega un gran papel porque compra una gran cantidad de medicamentos que la industria nacional no tiene la capacidad para proveer. Entonces, para abastecer al mercado interno, tiene que importar. Hay un fuerte tensión allí, porque todos los laboratorios quieren ser proveedores, ya que un programa de salud gasta al año al menos, dos mil millones de pesos por cada medicamento gratis”.
Producción pública
Claudio Capuano, médico del Hospital Durand y director de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA, participó en la redacción de la Ley 26.688, reglamentada en el año 2014, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos; y por otro lado, de la de la Ley 27.113, que crea la ANLP (Agencia Nacional de Laboratorios Públicos), y es complementaria de la anterior porque considera de interés nacional y estratégico la actividad de los laboratorios de producción pública, dedicados a la investigación y producción medicamentos, materias primas, vacunas, insumos y productos médicos.
“La producción pública de medicamentos es mucho más que medicamentos baratos. Es una cuestión estratégica”, afirma en diálogo con ANCCOM. Y ejemplifica: “Lo cierto es que, cuando uno ve un medicamento cualquiera (NdR: producido en un laboratorio estatal) como mínimo a un precio cuatro veces menor al valor de mercado, ese valor aumentado es el resultado de dinero que está circulando hacia distintos sectores. No estoy hablando de corrupción, lo que digo es que, dentro de la formación de precio de ese medicamento, se están cubriendo determinados tipo de pautas, que si uno lo ve como bien social, no tiene por qué cubrir”.
Isturiz releva 39 laboratorios de producción pública en el país, con distintas envergaduras, preparados para responder frente a diferentes necesidades. “No es lo mismo un laboratorio municipal, que hay varios y buenos, que laboratorios industriales con gran potencialidad”, explica. Para ejemplificar, el especialista remite a su propia experiencia en la provincia de Santa Fe: “El 94% de la medicación que utilizan para atención primaria de la salud, es provisto por laboratorios públicos, el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF SE), de la provincia de Santa Fe, y el Laboratorio de Especialidades Medicinales (LEM SE). Entre los dos cubren casi todos los requerimientos a nivel provincial. Es más, ellos producen medicamentos con el 18 por ciento del presupuesto asignado a medicamentos que tiene la provincia. Es decir 80% menos, comprándolo al mejor precio comercial. Lo mismo sucedió en el Laboratorio Biológico de La Plata, en el año 2011 estaba produciendo medicamentos un 80% más baratos que la mejor oferta comercial privada”.
Para Capuano la clave está en la articulación de los laboratorios públicos con las universidades públicas, ya que ese lazo “crea una herramienta estratégica para la investigación y desarrollo en salud” .Y añade: “Le da una herramienta al Estado para producir alta calidad en medicamentos, es decir darle un valor estratégico es darle un valor sanitario. Es meter una cuña en un sector donde está todo comercializado y generar un intercambio a nivel nacional e internacional con respecto a otros recursos, lo que implica una captación de científicos para investigar, y a la vez, considerar generar patentes para nuevos medicamentos. En definitiva, se trata de dotar de herramientas para tener políticas soberanas en salud. La ley está funcionando muy parcialmente, el Estado tendría que tener toda la fuerza para plantar una política pública de medicamentos de alcance nacional”.
Mar 2, 2016 | inicio
Entre aplausos de sus militantes y abucheos de la oposición, Mauricio Macri inauguró el período legislativo de sesiones ordinarias. Hizo un repaso de sus primeros tres meses de gestión y, como la tradición política argentina lo indica, justificó los despidos masivos en el Estado y la devaluación por la herencia recibida. Pidió a los parlamentarios “madurez” para aprobar el acuerdo con los fondos buitres y anunció que rebajará el IVA a los productos de la canasta básica. Insistió en que los objetivos de su gobierno son la pobreza cero, la lucha contra el narcotráfico y el descenso de la inflación, aunque pronosticó que llevará tiempo conseguirlo.
Mar 1, 2016 | inicio
A dos meses de ser reprimidos con balas de goma por manifestarse en defensa de su fuente laboral, los
trabajadores de la empresa avícola Cresta Roja continúan en situación de incertidumbre y sin cobrar sus salarios y aguinaldo adeudados. La firma fue adquirida por un consorcio liderado por la compañía
Ovoprot Internacional S.A., que les garantizó la continuidad laboral a mediano plazo pero sin tener en cuenta la antigüedad de los empleados.
Hace diez días, los operarios fueron informados que desde el próximo lunes ya no forman parte de
ninguna compañía y que deberán negociar uno a uno su indemnización por la quiebra de la sociedad
anterior, propiedad de los hermanos Rasic, mientras esperan a ser llamados por los nuevos dueños, que
ofrecen firmar un contrato de apenas tres o seis meses. Los medios comerciales anunciaron que ya han
nacido miles de pollitos, lo cual supone que de los cinco mil operarios de Cresta Roja, al menos 200 o 300 serán recontratados dentro de los próximos 50 días.
Desocupados
ANCCOM conversó con José Moscovich, uno de los trabajadores a la espera, que contó cómo se vive el conflicto desde la represión del 23 de diciembre. José es el hermano de Cristian, cuya espalda con nueve balazos de goma se convirtió en la imagen de la represión de Gendarmería ese mediodía de acampe en Ezeiza. Ambos trabajan desde hace más de cinco años en Cresta Roja.
“Pasar las fiestas fue difícil”, comenta José. “Mi situación particular, con mi hermano que estaba baleado, hacía que no pudiéramos hablar mucho de eso porque lo hacíamos sentir mal. Él es el jefe de su familia. Y todos los compañeros nos veíamos mal: no pudimos cobrar las fiestas como lo hacíamos antes, ni planear nuestras vacaciones ni nada de lo que teníamos acostumbrado. Antes la empresa nos pagaba un premio grande para las fiestas que este año no percibimos, como tampoco fueron abonados los sueldos desde noviembre, ni el aguinaldo”.
Sobre los salarios adeudados, la última noticia que recibieron los trabajadores antes de que terminara febrero es que a cada uno se le pagará según el juicio que se le inicie a la empresa liderada por los hermanos Rasic. “Desde el 22 de febrero estamos dados de baja, desocupados ante la Anses. Como la empresa nueva ya firmó el acuerdo ante la jueza Valeria Lopez Casado, no cobramos más los Repro (los subsidios que otorga el Ministerio de Trabajo a las empresas en dificultades para que abonen el salario a sus empleados), porque pasamos a ser desocupados, no somos más parte de una empresa en crisis. Para contenernos hasta que volvamos a entrar a trabajar nos van a pagar seis mil pesos en concepto de futuro pago de la indemnización”, explica José.
A dos meses de ser reprimidos con balas de goma por manifestarse en defensa de su fuente laboral, los trabajadores de la empresa avícola Cresta Roja continúan en situación de incertidumbre y sin cobrar sus salarios y aguinaldo adeudados.ades, fábricas, salir a la calle a hacer festivales, aceptar el apoyo de organizaciones
Vivir de changas
“A fines de marzo va a entrar a trabajar una primera tanda de 200 trabajadores en la planta de El Jagüel”, explica José, y agrega: “Especulan con tener una producción de 350 mil pollos diarios en Planta 2: eso daría empleo a 1200 personas. Pero ellos dicen que Planta 1, que es la de La Unión, no va a abrir, que van a alquilársela a otro grupo, y eso llevaría a mi parecer al desguace de la empresa: todas las pertenencias de lo que era el grupo Rasic pasarían a ser de cinco o seis empresas distintas.” Los voceros de Ovoprot todavía no han realizado declaraciones acerca de la modalidad de contratación.
Quienes aún no fueron reingresados a sus puestos de trabajo, cobrarán este mes seis mil pesos a cuenta de una futura indemnización. De las cinco mil personas que trabajaban para Cresta Roja, unas trescientas decidieron tomar otros rumbos y no renovar contratos, ya que necesitaban tener un ingreso mayor a seis mil pesos para poder mantener a sus familias. Algunos operarios que optaron por esperar, complementaban lo que cobraban a través de los Repro con changas. Muchos recurrieron a vender sus vehículos y pertenencias para subsistir hasta volver a entrar a trabajar. Pudieron mantener, además, los servicios de la obra social hasta el pasado 28 de febrero, gracias a aportes del Estado.
“Por todo esto estamos discutiendo la posibilidad de hacer un fondo de lucha”, comenta José. “Se habla de ir a universidades, fábricas, salir a la calle a hacer festivales, aceptar el apoyo de organizaciones políticas que quieren darnos una mano. Se acercan las clases y muchos compañeros no llegaron a comprar ni la mitad de los útiles escolares, y también se nos vienen las cuentas encima. Los trabajadores no podemos vivir sin la solidaridad del resto de los argentinos”.
Los operarios fueron informados que desde el próximo lunes ya no forman parte de ninguna compañía y que deberán negociar uno a uno su indemnización por la quiebra de la sociedad anterior.
Miedo
Hace dos semanas, la jueza Valeria Pérez Casado otorgó por 180 días la continuidad de la explotación de la empresa a Ovoprot, prorrogables por otros seis meses o hasta que se concrete la venta. El valor de referencia de la compañía, dictaminado por el Poder Judicial, es de 750 millones de pesos, con pasivos por más de 2.000 millones. El actual operador tiene el derecho a igualar la mejor oferta que se presente en la subasta.
Además del fondo de lucha, los trabajadores se encuentran debatiendo nuevas formas de protesta. Por el momento, los cortes quedaron descartados: “Luego de la represión de diciembre, sumado a la incertidumbre laboral, quedamos muy dispersos y desmoralizados”, comenta José. “En un punto dio efecto la represión. A mi hermano, por ejemplo, lo que le sucedió el 23 de diciembre lo abroqueló a no querer salir a luchar. Y ahora salió este nuevo protocolo anti-cortes por parte del gobierno, como una advertencia, que hizo que hoy se hablase de no volver a salir a la calle a hacer un corte”.
No hay certezas de cuándo serán re-contratados todos los operarios a la espera. La promesa de volver a entrar a trabajar es solo de palabra, y es por eso que los trabajadores están buscando organizarse no solo para pagar las cuentas hasta ser reincorporados sino también para prepararse en caso de que los nuevos dueños no cumplan con lo pactado. “No sabemos lo que va a pasar después, nadie nos asegura nada”, afirma José. “Hoy por hoy sabemos que desde el lunes 22 estamos dados de baja, no pertenecemos más a la empresa y el que quiera hacer un juicio a la sociedad anterior, lo puede hacer, pero nos piden un montón de papeles para cobrar la quiebra. Y mientras tanto, nos queda esperar a que nos llamen de nuevo para entrar a trabajar”.
Feb 10, 2016 | destacadas
Para la mayoría de las familias abastecerse con los productos básicos para vivir día a día constituye hoy una experiencia angustiante: resulta difícil llegar al supermercado sin sorprenderse al ver los precios en los carteles de los productos, que parecen volar más alto en cada vuelta que el consumidor hace por las góndolas.
“Todos los cortes y todas las carnes subieron alrededor de 20 pesos, y la venta a partir de noviembre ha bajado mucho, a nosotros un 50%. Los distribuidores habían anunciado que en enero iba a bajar y hoy en día no ha bajado nada”, indica a ANCCOM un empleado de una carnicería de Parque Patricios, ubicada en La Rioja al 2100. En tanto, en la misma cuadra, en una panadería, su empleado señala: “Si bien para fin de año aumenta siempre el precio del pan y de las facturas, la gente no dejaba de comprar nunca. Desde enero que vimos bajar la venta, por eso le dijimos al maestro pastelero que baje la producción de tortas, masas y todo lo que pueda no ser tan necesario. Estamos produciendo menos porque ya sabemos que vamos a vender menos”.
La recorrida llega a Balvanera. Allí, en una verdulería ubicada en Moreno al 2700, su dueño cuenta: “Si no sigo la corriente de subir ahora, me quedo sin pagar los gastos después, y si veo que no vendo la mercadería la pongo en oferta y sale al toque”. Mientras tanto, en un supermercado “chino” de avenida Córdoba al 2300, el cajero advierte que cuando aumenten los servicios, especialmente el de luz, deberán reflejarlo en el precio que va a verse en las góndolas.
Precios que vuelan
De acuerdo con un informe de consumo que releva la Dirección General de Estadísticas y Censos del gobierno de la Ciudad, la canasta de alimentos de primera necesidad para una familia porteña tipo integrada por dos adultos de 35 años en actividad, compuesta por un hombre y una mujer, con dos hijos varones de entre 6 y 9 años e inquilinos de vivienda, reveló un incremento de 4,22% en diciembre pasado. Esta cifra supera a la de la canasta total (3,25 por ciento), en la que se incluyen algunos servicios mensuales, y a la de la inflación informada por el mismo organismo, la cual registró una suba del 3,9% en el mismo mes. Se trata del mayor aumento de dicha canasta desde enero de 2014, período en que el anterior ministro de Economía Axel Kicillof había instrumentado una devaluación cercana al 20%.
El Centro de Estudio Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) realiza todas las semanas un relevamiento de la economía argentina. Su director, Andrés Asiain, anticipó a ANCCOM que la inflación de precios en los alimentos registrada en enero de 2016, a nivel nacional, cerró con un alza del 4%, con lo cual, de seguir esta tendencia, el aumento de los bienes y servicios durante 2016 será el más alto en muchos años. Los guarismos han sido calculados a partir de un estudio sobre el precio de unos 20.000 alimentos que se comercializan en supermercados de todo el país.
Consultado sobre las razones principales de este aumento en los productos alimenticios, Asiain subraya tres: “La devaluación del 45%, la baja a cero de algunas retenciones, que va de la mano con la apertura y desregulación de la exportación (y que impacta sobre todo en la carne), y la destrucción de los organismos de regulación de precios, entre ellos, el desmantelamiento de las estructuras de la Secretaría de Comercio, que se encargaban de fiscalizar y de que los supermercados no se excedieran en la remarcación de precios”.
El informe del CESO demuestra una escalada de precios no solo en los bienes comestibles sino en otros productos básicos que se venden en comercios. Las mayores alzas se registraron en los rubros piletas (16%), electricidad e iluminación (14,6%), farmacia (11,9%), ropa de bebé (11,6%) y ferretería (10,2%).
El mismo estudio también señala que el costo de la canasta básica alimentaria por adulto para los últimos siete días de enero fue de 1.496 pesos, con una suba del 4% en el período de la primera a la última semana del mismo mes. Entre los incrementos más considerables se destacan las hortalizas (79%), las legumbres secas (32%) y las harinas de maíz (28%). Además, ese registra un aumento en los alimentos frescos (2,4%) y secos (2,9%), las bebidas (3,2%), los artículos para el hogar (5,4%, muchos de los cuales son importados), los productos de limpieza (3,8%) y perfumería (5,6%), y textiles (4,1%). Sobresalen como excepciones la baja en el importe de los quesos (28%) y los huevos (6%).
Martín Burgos es coordinador del departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. De acuerdo con su diagnóstico económico, “la baja de retenciones impacta de lleno en el comienzo de la cadena inflacionaria. El favorecimiento al sector exportador de alimentos redunda en un impacto en los productos básicos, como maíz y trigo, y a partir de eso, en la producción de harina, fideos, polenta, entre otros, e incluso hay un impacto en la alimentación animal que repercute en el precio de la carne”. Y agrega que “el accionar del nuevo Gobierno es un error ideológico que no puede sostenerse políticamente a largo plazo. La quita del poder adquisitivo de los consumidores se ve reflejada en estos aumentos que no van acompañados de un aumento en los salarios. Y todavía falta la repercusión del aumento en las tarifas de servicios”.
Por otra parte, tanto Asiain como Burgos comparten la evaluación de que son los supermercadistas grandes quienes se ven beneficiados por el desmantelamiento de la estructura de regulación de precios. “Hay vía libre para aumentar los precios a su antojo sobre productos que no pueden ser reemplazados, porque todos necesitamos comer”, afirma Asian. Por su parte, Burgos explica: “La medida de Precios Cuidados fijaba al menos un precio de referencia para el resto de los alimentos”. Cabe aclarar que ese programa sigue existiendo, pero con muchos menos productos que antes.
Para Asiain el aumento de precios en general a mediano y largo plazo no termina beneficiando a la clase empresarial local, pues, “van de la mano de una disminución del consumo interno. Lo que ganan como mayor margen de ganancia empresarial lo van a perder en disminución del volumen de venta”. Por su parte, Burgos manifiesta: “Hay una política clara a favor del sector agroexportador sin obligación de liquidar los dólares en el Banco Central una vez que concretan la oferta, y recomponiendo la rentabilidad en un contexto internacional de bajo precio de la materia prima a costa del resto de la población. La prioridad era recomponer la rentabilidad de los grupos exportadores más tradicionales que en dos años vieron aumentar los costes de producción y mermar su ganancia por la baja de los precios de lo que exportaban y empresariales y llevar a cabo una política de redistribución de ingresos”.
El rol de la economía popular
La Federación de Organizaciones de Productores de Alimentos (FOPAL) está conformada por cooperativas de trabajadores, familias y asociaciones civiles vinculadas a la elaboración e industrialización de productos alimenticios. Surgió en septiembre de 2012, luego de que sus integrantes tomaran contacto entre sí por la mal llamada “crisis del campo” de 2008. Su objetivo consiste en consolidar un sistema comercial alternativo, por fuera del control abusivo de las grandes firmas que hegemonizan la distribución y venta de alimentos en el país.
José “Tato” Beamonte dirige esta Federación que aglomera a representantes de nueve provincias. “La formación de precios no lo damos nosotros los productores reunidos en asociación y con estructura de economía solidaria, sino la da este modelo concentrado que viene de hace mucho tiempo, y que en este nuevo escenario se ha hecho todavía más fuerte”, declara a ANCCOM el dirigente mendocino. “Este modelo de economía concentrada deja en el fondo a los pequeños y medianos productores y no favorece la distribución de alimentos, todo lo cual repercute en el precio cuando vamos a comprar al supermercado”, denuncia Beamonte.
La mayor concentración de la industria y los canales de distribución redunda en una suba antojadiza de los precios que no beneficia necesariamente al productor: “Producimos con nuestra materia prima y le sumamos el valor agregado y cuando llega el producto a las góndolas termina siendo un 200 o un 300% mayor que el costo de producción. Nosotros mantuvimos los precios y en los casos de los productos primarios que subimos lo hicimos apenas un 15% y no lo que se está viendo en los supermercados”, explica el presidente de la FOPAL.
Los actores favorecidos son los grupos concentrados y las cadenas grandes de supermercados, pero Beamonte observa que la remarcación de precios es todavía más complejo: “Es una cuestión cultural más grande. El comerciante que tiene una verdulería va al Mercado Central a abastecerse y compra, para poner un ejemplo, un melón, que es el que cosechamos y envasamos en Mendoza, y lo paga a 12 pesos, y lo termina revendiendo a 60 o 70 pesos sin que haya habido ninguna razón para hacerlo”.
Beamonte critica el accionar de “la cadena de comercialización de supermercados y la cadena de proveedores de insumos para la producción de alimentos, grupos concentrados que monopolizan el producto, como el caso del vidrio, que está en manos de Cattorini Hnos. y Grupo Rigolleau”. El dirigente asegura: “Ambos están de acuerdo entre sí, y dicen cuánto hay que pagar y cuándo se entrega, y no queda otra porque son los únicos que abastece de ese material”.
Por su parte, Ignacio Vila, a cargo del área comercial de la FOPAL en la Ciudad de Buenos Aires y dice: “La quita en las retenciones no favorece a los pequeños y medianos productores sino a los grupos concentrados, que son los supermercados y la gran industria alimenticia. Estos grupos como La Serenísima les compran a los tamberos chicos y medianos y no les pagan más que antes, porque aprovechan su dominio sobre la cadena de valor, al ser los únicos que compran leche para la fabricación a gran escala”, y agrega: “Este mismo ejemplo se extiende a otros productos. La manzana que se vende a 40 pesos el kilo fue comprada por el intermediario o comercializada al productor a 4 pesos, y este no tiene alternativa que aceptar el precio que se le ofrece porque no hay forma de poder sacar su producto por otro medio”.
Respecto del desarme de los canales de control del nuevo Gobierno, Vila declara: “No es que la intervención del Estado es siempre exitosa, pero antes había una serie de medidas que ponían un tope al aumento de precio, como la política de fijar un precio de referencia que hoy es solo nominal, porque las cadenas de supermercados no le dan importancia. Cuando el Estado se retira de la puja de imponer precios es el mercado el que decide, y en el mercado hay actores y son los actores grandes los que terminan prevaleciendo e imponiendo su decisión. Y Argentina tiene una estructura muy concentrada: hay poquitos actores muy grandes y muchísimos actores muy pequeños”.
Actualizado 10/02/2016
Feb 10, 2016 | Entrevistas
Marisa Herrera es abogada especializada en Derecho de Familia, profesora de la UBA e investigadora del CONICET. Integró la Comisión de Reforma del Código Civil donde coordinó el grupo de familia, infancia y adolescencia. Participó del proyecto desde el momento inicial, proponiendo debates y discutiendo cada término: “El lenguaje no es neutro”. Su formación en derechos humanos le aporta una mirada especial: siente las luchas de las minorías como batallas propias.
En el equipo que organizó, se definieron temas tan sensibles como la adopción, los roles de los padres, el alquiler de vientre, las técnicas de fertilización asistida, las familias plurales, y los derechos de infancia. Siente que con la nueva normativa algunas luchas las ganaron pero en otras falta mucho camino por recorrer, como el caso de la gestación por sustitución, que quedó afuera de la legislación. No obstante, continúa dando batallas con la misma convicción que el primer día: “No hacer un código hipócrita”.
El Código Civil se cambió tras 144 años: ¿Cómo se pensó la reforma?
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó un decreto en febrero de 2011 creando una Comisión de reforma y fija de plazo un año de trabajo. Estaba integrada por tres personas: Aída Kemelmajer de Carlucci, Elena Hihgton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti (dos miembros de la Corte Suprema de la Nación y una académica, que era de la Corte de Mendoza). Al poco tiempo, Aída me llama y me dice: “Quiero que estés conmigo coordinando el área de familia”. En marzo de 2012 entregamos el proyecto a la presidenta en un acto en el Museo del Bicentenario. Me acuerdo que cuando salí había chicos de los grupos LGBT muy emocionados y decían: “Gracias por el apoyo”. Y yo les dije: “No, este Código nunca hubiera sido lo mismo sin ustedes”.
Herrera tiene una visión particular de la ley, arraigada en su experiencia de trabajo. Está convencida de que siempre es mejor conocer los derechos. Y por eso la importancia de comunicar el nuevo Código, de acercarlo a la sociedad, de “transformarlo en vida cotidiana”. Para ella la norma no es solo un papel escrito con términos técnicos, sino un instrumento de lucha.
¿Por qué un instrumento de lucha?
La ley ha tenido un lugar distinto, un peso fuerte en los últimos años. Porque cuando hablamos de amplitud de derechos hablamos de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, de la Ley de Matrimonio Igualitario, de la Ley de Identidad de Género, del Código Civil. Y son leyes, ¿no? Entonces creo que el campo social aprendió que las leyes son un elemento muy fuerte de lucha y de ruptura. Y el Código Civil creo que tiene esa lógica. Me acuerdo que Ricardo Lorenzetti una vez que me dijo: “Ay, Marisa… ¿por qué quisieron dar todas las luchas? ¿Por qué regular la gestación por sustitución, (mal llamado alquiler de vientre)?” Y yo le dije: “Mirá Ricardo, siempre nos planteamos como equipo el no hacer un Código hipócrita. Si queremos que sea un Código que realmente dé respuesta a la realidad social, esto en Argentina pasa. El tema es qué lugar tiene que tener la ley: si silenciar, prohibir o regular”. Cuando hablábamos de gestación por sustitución, como un ejemplo -aunque después se quitó pero por otras cosas-, nos decían de todo.
Siempre decía que eso hablaba bien de nosotros: si generás tanta ruptura y tanta fricción, creo que por lo menos estás moviendo cimientos y eso implica algo bueno.
«El Código trata de hacerle más fácil la vida a la gente. Aquellos que tenemos una formación en derechos humanos siempre nos preguntamos qué es lo mejor en términos de libertad y para que la gente esté mejor».
¿Por qué finalmente cambió en la versión final el artículo que estipulaba el concepto de cuándo comienza la vida?
El artículo 19 fue uno de los grandes dolores que hemos tenido. Los que trabajamos en la parte de familia del Código Civil hubiéramos querido decir que “se es persona desde el nacimiento con vida”. Pero eso no lo hubiéramos podido hacer porque ni la propia Comisión de Reforma estaba a favor: ni Lorenzetti ni Higton; Aída sí. Por lo cual era un debate que en su momento no podíamos dar. Entonces dijimos: “No vamos a pelearnos e irnos y dejar todo”. Nos quedamos pero diciendo que el embrión no implantado (lo que hay en un tubo de ensayo), no es persona, sino que recién es persona cuando está transferido en la mujer. Propusimos esta redacción: “Se es persona desde la concepción, pero en el caso de las técnicas de reproducción asistida, desde que el embrión es transferido”. Cuando llegó el proyecto a debatirse en Senadores, en una alianza entre Negri Alonso (que es lo más conservador que tiene la Cámara) y Julián Domínguez, que también tiene un apego muy fuerte con la Iglesia católica, lo cambiaron, un poco también presionado porque tenemos un Papa argentino. Para mí eso fue terrible, porque yo que creo en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que el embrión no es persona. Sin embargo, lo perdimos. De todas formas el nuevo Código tiene un montón de virtudes.
¿Cuál creés que debería ser el rol de la Iglesia en este tema?
La Iglesia Católica le ha hecho un daño a los que trabajamos en familia y en temas sociales. Primero por la culpa que inocula; por ejemplo esta idea del divorcio como algo negativo. El divorcio forma parte de la vida de las personas y mucho más hoy que vivimos una mayor cantidad de años. Yo siempre digo: mi abuela nunca se preguntó si era feliz con el tipo que tenía al lado, aunque la ninguneara, aunque la maltratara, aunque sea víctima de violencia. Tenía que estar con este tipo a cualquier costo. Y hoy tenemos por suerte la posibilidad de la libertad de seguir eligiendo y construyendo día a día el vínculo que uno tiene con el otro. Es más complejo, pero mucho menos hipócrita, porque es más real. Si seguís estando con el otro es porque realmente todavía hay algo, existe tela para cortar. La Iglesia se ha manejado por la culpa, por el “qué dirán”, por el “qué pasa con los chicos”, con miedos. La Iglesia tiene una visión más jerárquica, más verticalista, donde la mujer es la de cuidar y el hombre proveedor, tiene cosas muy estructuradas y muy rígidas que no tienen nada que ver con la realidad de hoy.
Se destaca que el Código tiene una impronta de género y de igualdad: ¿qué visión de la mujer está encarnada allí?
Primero, ya no hay una madre principal y un padre periférico, ambos son importantes para la vida de los hijos porque ambos les damos a nuestros hijos cosas distintas, porque somos diferentes: sea hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-mujer, no importa. Y porque con la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, es obvio que le da de comer uno u otro, que lo baña uno u otro, o la persona que lo cuida. Esta mayor flexibilidad ayuda para que los chicos puedan entender a sus familias de hoy. El nuevo Código trae una visión mucho más compleja y de hecho una visión más igualitaria. A muchos años, va a ser preventiva de la violencia de género. ¿Por qué la mayoría de los casos de violencia familiar son de género? Porque son mujeres en estructuras estereotipadas y jerárquicas, donde no cumplen con lo que “deberían” cumplir porque “el hombre les manda”. Hay una visión del Código que se desconoce que es el efecto de transformación cultural que trae consigo. Porque el Código ahora no es solo para los abogados, al contrario, es para la gente, para el maestro, para el médico, para los periodistas…
Herrera tiene una visión particular de la ley, arraigada en su experiencia de trabajo. Está convencida de que siempre es mejor conocer los derechos. Y por eso la importancia de comunicar el nuevo Código, de acercarlo a la sociedad, de “transformarlo en vida cotidiana”.
En cuanto a adopción, ¿cuáles son los cambios más fuertes?
Creo que los mejores tienen que ver con los tiempos Los tiempos para los chicos son importantes porque hacen a su identidad. Si yo tengo un chico en un hogar un año o lo tengo siete años, su identidad es otra. Uno forja su identidad todos los días. Entonces es importante que se resuelva su situación: o que vuelvan con su familia de origen (o ampliada: una abuela, una tía), o se van a adopción, pero no puede ser que un chico esté años en un hogar bollando.
¿Cómo era antes y cómo es ahora?
Ahora hay que definir la situación de adoptabilidad, algo que antes no existía. Entonces tenés dos procesos bien marcados: el primero es trabajar para ver si es un caso de adopción, si es un caso de pobreza, o de una madre que no puede hacerse cargo porque está en estado puerperal y está realmente mal. Entonces trabajás primero con la familia de origen, porque no sabés si es un caso de adopción. Por ejemplo, si la madre pide plata en la calle, ese es un caso de políticas públicas, no de adopción. Hay 180 días para trabajar con la familia de origen, y si no, hay que decretar situación de adoptabilidad. Llamás a miembros del registro de adoptantes que ya están registrados y evaluados, y que tengan el perfil del chico: si es un recién nacido es fácil, pero si es un chico de dos o tres años o es un grupo de hermanos, a lo mejor no todos los que están en el registro son para ese chico.
Existe el deber y las facultades de elegir los mejores padres para este chico, y eso es algo muy complejo. Después hay un plazo máximo de seis meses de vínculo para ver si la persona que se eligió hace empatía, y ahí generás el proceso de adopción.
Además se incorpora el interés del niño…
Sí, eso es algo fundamental, ya lo dice la Comisión de Derechos del Niño, es una responsabilidad que tiene Argentina y responde a la lógica de proteger al más débil. En el Código Civil nuevo está muy fuerte la idea del vulnerable. Siempre un derecho es más a favor del débil. Por ejemplo: ¿quién se queda con la vivienda después de la ruptura en un divorcio? Aquel cónyuge más débil. ¿Quién puede pedir alimentos después de la ruptura?
El cónyuge más débil, pero no hablamos de “la mujer”. Después del matrimonio igualitario, hablamos del más débil, que en muchos casos puede ser la mujer, pero no siempre lo es.
El Código Civil también habla de preservar la salud de las personas y los lazos de la familia.
El Código trata de hacerle más fácil la vida a la gente. Aquellos que tenemos una formación en derechos humanos siempre nos preguntamos qué es lo mejor en términos de libertad y para que la gente esté mejor. Por ejemplo, si los chicos después de nacer a través de gestación por sustitución quedan sin inscripción, algo está mal, porque un chico que no está inscripto es un chico que no tiene vida en lo jurídico: no puede tener obra social, no puede tener prepaga, no puede tener asignación universal por hijo, no puede tener DNI, no puede tener nada. Históricamente se ha creído que los Derechos Humanos venían por el tema del derecho penal, que siempre fue el derecho más reactivo: el de la violación a los derechos a la libertad más fuerte. Después ingresaron al campo los del derecho civil. Todavía tenemos esa tensión: aquellos que tienen una visión muy legalista y creen que los derechos humanos no son para el derecho civil; y otros que creemos que la formación para el derecho civil implica tener una visión de derechos humanos.
¿Qué debates quedan por dar?
Muchísimos. El nuevo Código puede ser muy lindo, pero según es fundamental quién lo mira. La Justicia tiene una deuda pendiente: la generación, regeneración y oxigenación. La Justicia sigue teniendo una mirada muy conservadora.
Y pensando en la familia, ¿qué queda todavía sin protección?
Estamos en la parte donde la capacitación y comunicar bien el Código es un elemento central. Hay que sacarlo de lo jurídico: llevarlo a la escuela, a todos los ámbitos también. Todavía la brecha entre derecho y realidad sigue siendo fuerte.
Actualizado 10/02/2016
