Nov 15, 2018 | Comunidad, Novedades
La aprobación del Presupuesto para el año 2019 en la Cámara de Senadores, en consonancia con los lineamientos impuestos por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), representa un nuevo golpe a las necesidades prioritarias de la sociedad. Uno de los ítems más afectados será, sin dudas, el sistema educativo.
Un informe elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE) indica que la participación de la educación en el presupuesto se reducirá de un 7,1 a un 5,5 por ciento en 2019 respecto a este año. En la misma línea, se puede observar que, si bien en términos nominales la partida presupuestaria duplica a la de 2016, teniendo en cuenta que en los tres años transcurridos los precios aumentaron un 125 por ciento, la disminución real es del 17 por ciento. Si se toma como parámetro el aumento de la comunidad educativa en el período 2016-2019, estipulada en 500 mil alumnos, el ajuste presupuestario representa un 20 por ciento de disminución en la inversión por cada estudiante.
“La sanción del Presupuesto para el año que viene es de alguna forma ponerle la firma a la dependencia respecto al FMI, mientras que el ajuste es parte de un proyecto político que tiene como objetivo el desmantelamiento de la educación pública”, asegura la Doctora en Educación Graciela Morgade. La decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA agrega que la reducción presupuestaria no solo afecta al crecimiento y la renovación de las instituciones educativas, sino también al cuidado de los edificios. ”En la localidad de Moreno, la mayoría de las escuelas no tienen clases hace tres meses. Esto demuestra que la desinversión afecta tanto el desarrollo de nuevos institutos como el mantenimiento de los que ya existen”, explica.
En la distribución, el 61 por ciento de la partida presupuestaria está destinado a las facultades, mientras que el 39 restante se divide en Cultura, Becas, Ciencia y Tecnología, Fondo de Incentivo Docente y programas afines. El ámbito académico es el más “beneficiado” por el presupuesto, aunque teniendo en cuenta el notorio ajuste, el porcentaje lejos está de satisfacer las necesidades. “Las universidades se ven en algún punto favorecidas por la buena relación entre algunos rectores y el Gobierno, aunque la distribución no es homogénea y no todas gozan de los mismos beneficios”, subraya Morgade, quien entiende que las instituciones “jóvenes” sufren más los problemas estructurales en comparación con las casas de estudio tradicionales.
En diálogo con ANCCOM, Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), sostiene que “el presupuesto solo sirve para los sueldos de los docentes y el mínimo funcionamiento de la universidad. Nosotros tenemos edificios nuevos, los servicios tienen un incremento cada vez mayor y no están subvencionados”. La situación de la UNDAV muestra la incidencia del ajuste en instituciones de estudio superior creadas durante la última década. “Si a esto le sumamos las necesidades eventuales que puedan surgir y los sueldos de los no docentes, llegaríamos a fin del año que viene con lo justo, sin contemplar gastos en construcción, desarrollo ni crecimiento” asegura Calzoni.
Respecto a la infraestructura y el equipamiento, el documento de la UNIPE muestra una reducción presupuestaria del 75 por ciento en 2019 en comparación con el 2018. El importe estipulado para el año próximo es de $ 2.600 millones, mientras que este año fue de $9.200. El crecimiento en el presupuesto para este sector entre 2017 y 2018 está fundamentado en la implementación de varios proyectos de arquitectura y construcción financiados por organismos internacionales. No obstante, hasta octubre solo se había ejecutado un 27 por ciento del importe total.
Uno de los sectores más afectados dentro del sistema educativo es la rama de Ciencia y Tecnología. El informe estipula que, teniendo en cuenta la creciente inflación desde el año 2016, la partida presupuestaria destinada al sector supondría una disminución del 14 por ciento en valores reales. “La desinversión en organismos como el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) o el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), entre otros, supone una pérdida de autonomía científica que también impacta directamente en el sector universitario”, afirma Morgade.
Desde la década del ’90, el presupuesto de la educación no universitaria es diagramado y ejecutado por cada provincia de forma autónoma. No obstante, hay instituciones de estudio superior que tienen bajo su órbita a colegios secundarios, tal es el caso de la UNDAV. “Hay gastos que el Estado no contempla, nosotros tenemos una escuela técnica a jornada completa con comedor, también hay que pagar servicios y trabajo no docente. Esto nos obliga a eliminar proyectos para abrir nuevas carreras y nos impide incorporar nuevos docentes especializados, además de estancarnos en investigaciones y construcciones edilicias”, explica el rector de la institución.
Ante el desfasaje entre la inversión y el aumento desmesurado de los precios desde que la gestión actual gobierna el país, es trascendental un crecimiento exponencial en el presupuesto para equilibrar la balanza. Como especifica el informe, sería necesario un aumento presupuestario del 23 por ciento anual a nivel general, con partidas adicionales para sectores especialmente afectados como la franja etaria comprendida entre los 18 y los 29 años, y provincias particularmente carenciadas en este aspecto como Buenos Aires (Conurbano), Neuquén, Tucumán y Mendoza. Aunque el panorama para los próximos meses no parece ser auspicioso.
“El proyecto de Cambiemos tiene como fin el desfinanciamiento de todo lo público, de esa forma cada vez habrá más paros, por ende más excusas para la criminalización y la posterior privatización en pos de la “eficiencia”, concluye Morgade. La frase deja en evidencia que la educación está cada vez más lejos de ser un derecho y más cerca de ser un privilegio.
Ago 1, 2018 | Comunidad, Novedades
No inicia el segundo cuatrimestre en las universidades públicas de todo el país. Sorpresivo y no a la vez. La emergencia salarial y presupuestaria llevó a los gremios a tomar una medida de fuerza que no se realiza desde hace muchos años. Aunque la inflación se estime del 30% la propuesta salarial para los docentes continúa siendo de un 15% a pagar en cuotas, sumada -o restada- a un achicamiento del presupuesto universitario que ronda los tres mil millones.
ANCCOM dialogó con Federico Montero, secretario general de FEDUBA; Gabriela Mariño, secretaria general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Avellaneda; y Octavio “Tato” Miloni, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata, para comprender el entramado de este momento crítico. Todos coinciden en que del 6 al 10 de agosto no habrá clases.
“Analizando cuáles son las condiciones económicas y el programa económico al que el gobierno se ha comprometido con el FMI, es muy difícil pensar que este conflicto pueda tener una resolución favorable porque la inflación se disparó, estando muy por encima de las previsiones que teníamos. Y, en paralelo, hay una política de ajuste del gobierno nacional que se expresa muy particularmente sobre el Estado”, explica Montero. En esta línea, más allá de una crisis económica transversal, los entrevistados acuerdan en que la priorización en las negociaciones está con el sector privado. “Hay una lealtad con muchas partes del sector privado donde hay paritarias del orden del 25% y 27%. Ahora hace falta que el Estado también se haga cargo de la inflación que ellos mismos están generando para que haya algún acompañamiento salarial de este despilfarro en términos de política económica”, explica Miloni.
Por más que el reclamo salarial es lo urgente, los sindicatos también demandan, desde hace cinco cuatrimestres, la irrenunciable defensa del sistema de educación superior público. “También defendemos los puestos de trabajo, luchamos por la apertura de paritaria de los trabajadores no docentes, vamos por la implementación de un sistema de becas para la permanencia de los estudiantes y por un aumento del presupuesto universitario”, explica Mariño.
El presupuesto es uno de los frentes más preocupantes, ya que hubo diez universidades nacionales que han declarado emergencia presupuestaria, expresando que quizás no pueden sostener su funcionamiento hasta fin de año. Hay un caso que es extremo, el de la Universidad Arturo Jauretche, por la que hay una seria preocupación sobre sus posibilidades de cursada. “Esta universidad tiene gastos corrientes y de funcionamiento que no le da capacidad de espera. Por eso, el 13 de agosto habrá un abrazo a la universidad, y vamos a ser solidarios para participar junto con nuestros compañeros y compañeras. No es así el caso de la Universidad de La Plata porque tiene otros recursos, y respaldo para sostener adversidades de estas características”, argumenta Miloni. ”Lo que sostenemos los docentes es que todas las cosas van de la mano, no hay aumento del presupuesto si antes no hay uno paritario para los y las docentes”, agrega Mariño, explicando que la paritaria docente es la base sobre la que se construye todo lo demás.
En las universidades llamadas del Bicentenario, las creadas en la década kirchnerista, la situación se agrava muchísimo, porque frenar las obras de infraestructura en instituciones que están creciendo es letal, según lo que explica Mariño con conocimiento de causa por ser parte de la Universidad Nacional de Avellaneda. “Tenemos carreras que están en su tercer año como Arquitectura y en su cuarto como Abogacía, y todavía nos quedan dos años por armar con una matrícula de docentes que están todavía cursando el tercer año de la carrera. Frenar planes de infraestructura, congelar plantas docentes, claramente dificulta el funcionamiento de universidades como la nuestra”, explica Mariño. Por estas razones, en esta comunidad universitaria se están movilizando y se declaran en estado de alerta reuniéndose todos los viernes de manera interclaustro: estudiantes, no docentes y graduados y graduadas; “El 21 de agosto vamos a hacer una gran jornada de lucha con toda la comunidad de la UNDAV y con la comunidad de Avellaneda, porque una de las características de nuestras universidades es que las organizaciones del territorio forman parte de la comunidad universitaria”, concluye Mariño.
Las distintas universidades no tienen la misma fecha de comienzo de clases, por lo que es complejo en cuestiones operativas, organizar una medida de fuerza en paralelo en la totalidad del país. ”Para hacerlo junto a todas las universidades del país, ese no inicio será a partir del 6 y hasta el 10 de agosto. Y luego vamos a hacer un Consejo Directivo de CONADU para evaluar los pasos a seguir, ver cómo fue la respuesta de nuestros compañeros y compañeras para el sostenimiento de una medida que es muy extrema, muy contundente”, explica Miloni. Lo determinante sobre las futuras decisiones es que el Ministerio de Educación abra el diálogo y les presente una propuesta superadora, lo que parece muy difícil teniendo en cuenta las experiencias que se vienen llevando a cabo. “Por supuesto que si el gobierno nacional decidiera reabrir la paritaria nacional docente la discusión se encausaría. De ninguna manera está cerrada por una mala actitud de los sindicatos. El que desconoce el escenario de paritaria nacional es el mismo gobierno, no nosotros”, expresa de forma contundente Mariño.
Para atravesar este camino con un enemigo tan fortalecido enfrente, la unión sindical -a pesar de sus diferencias- es una de las herramientas más punzantes que tienen las y los docentes. “Venimos construyendo muchos gestos que revierten un camino de fragmentación de los docentes universitarios de muchos años, que tampoco es fácil pero ha ido creciendo el nivel de conciencia de los compañeros y compañeras de los distintos gremios: lo que tenemos enfrente está más allá de los distintos matices de su caracterización”, explica Montero.
La unidad en la acción, especulan, permitirá medidas más contundentes. “Lo que está claro es que nos encontramos en la pelea cotidiana en cada uno de los lugares con las otras agrupaciones gremiales y valoramos eso. Tenemos la misma pelea por delante. En todo caso, lo que podemos discutir, los matices que tengamos de la etapa anterior, no nos impiden que podamos actuar juntos. Porque la unidad no es que no haya diferencias sino que, habiendo diferencias y respetándolas, igual podamos actuar juntos. Ese es un aprendizaje que se está llevando adelante”, concluye Miloni.
El futuro es incierto. Así y todo, los tres entrevistados afirman que más allá del cerco mediático y el desmerecimiento de la educación pública por parte del gobierno, por sobre todo de la educación superior, ésta tiene un gran prestigio social y es una luchadora incansable que no fue derrotada en la década neoliberal de los 90 y tampoco va a serlo ahora. La ventana de posibilidades está en la fuerza de los sindicatos, en su historia y su legitimidad social. “Según los números que manejamos la matrícula universitaria pública es del 80%, nada indica que la sociedad apueste allí a lo privado”, concluye Mariño.
Abr 25, 2018 | Comunidad, Novedades
Este jueves la Legislatura porteña tratará el proyecto para modificar la Ley 1854, más conocida como Ley Basura Cero. Los cambios apuntan a permitir la instalación de plantas de incineración de residuos, algo no contemplado en la normativa vigente.
La ley sancionada en el año 2005 buscaba reducir la producción de residuos, reciclar y revalorizar la mayor cantidad posible de materiales. Dentro de sus objetivos se encontraba disminuir la cantidad de desechos depositados en los rellenos sanitarios a un 75 por ciento para el 2017 pero apenas se llegó a 30 por ciento. No habiendo podido cumplir con la meta, y frente al inminente colapso de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), se busca instalar plantas de termovaloración eléctrica para transformar la basura en energía eléctrica, tal como se usa en algunas partes de Europa.
El CEAMSE se encuentra al borde del colapso.
El proyecto de incinerar los residuos provocó el rechazo de organizaciones ambientalistas como la Coalición Ciudadana Anti.Incineración, Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), entre otras, que no ven ningún punto positivo en la propuesta.
En diálogo con ANCCOM, Diego Salas, director de Desarrollo de Greenpeace, dijo: “La Ley de Basura Cero se propone reducir los residuos que se entierran en el conurbano bonaerense hasta llegar a un punto cero. Una reducción paulatina a través del sistema integral que vaya permitiendo esta reducción año tras año. Este sistema está basado en la separación desde el origen: una fuerte industria del reciclado, un tratamiento serio de la basura orgánica y políticas de responsabilidad extendida al productor. Es decir, los que producen aparatos eléctricos tienen que hacerse cargo de ellos una vez terminada su vida útil, debido a su toxicidad”. Salas plantea que todos estos pasos llevarían, en un futuro, a dejar de enterrar en el conurbano: “Pero lamentablemente ninguno de estos pasos se fue cumpliendo por parte del Gobierno. El problema de la basura es serio”, alertó.
Salas explicó también que el proyecto de incineración que intentan vender bajo el concepto de termovalorización no hace más que sepultar la ley Basura Cero, ya que es la misma ley la que prohíbe la incineración de residuos en la Ciudad de Buenos Aires hasta tanto sea reducido en un 75 por ciento la basura que se genera. “Lo cierto es que quemar basura atenta contra este proyecto integral, atenta contra 150 mil familias que se sustentan gracias a la recuperación de residuos urbanos. Atenta contra el reciclado”, denunció Salas y agregó: “Quemar basura es contaminar más el aire de la ciudad porque las chimeneas y los filtros que se aplicarían a las fábricas no evitarían la emanación de sustancias cancerígenas en la atmósfera. Significa generar cenizas tóxicas y hoy no hay tratamiento para este tipo de sustancias peligrosas en la ciudad”. Para Salas la termovalorización es un engaño del Gobierno: “Nos venden que es la última tecnología que se lleva adelante en países de Europa, pero cada planta que se pretende instalar tiene un costo de 500 millones de dólares, que son 10 años de presupuesto de reciclado en la ciudad. Es una tecnología que demanda controles que hoy son difíciles de llevar a cabo en la Argentina. Es un tema ambiental y social complicado. Hay mucho silencio, no se sabe ni dónde se van a construir las plantas”.
«Quemar basura es atentar contra el reciclado», dice Diego Salas, de Greenpeace.
Yanina Rullo, integrante del FARN, habló del proyecto: “La incineración con recuperación de energía va a contramano de un manejo sustentable de los recursos. No es una tecnología renovable ni limpia, ya que la basura domiciliaria no es un recurso renovable, y su combustión genera emisiones de gases de efecto invernadero, sustancias peligrosas para la salud y el ambiente”. Rullo describe que si bien los países europeos han incorporado plantas de termovalorizacion cada vez más sofisticadas, que tienden a bajar el nivel de sus emisiones; no ocurre lo mismo en países en vías de desarrollo donde se ha comprobado que los sistemas de monitoreo y control de estas plantas no pueden costearse ni operarse. “Argentina, a diferencia de Europa, es un país que tiene una escasa normativa respecto a residuos sólidos urbanos”, explicó. Rullo afirma también que quieren instalar las plantas con la excusa de la crisis energética: “La generación de energía con incineración es la forma más cara, incluso que la energía solar, fotovoltaica o eólica Además, destruye fuentes de trabajo. Mientras que la industria del reciclado emplea 93 personas cada 10 mil toneladas tratadas, en una planta de incineración se emplea solo a una persona”, recalca la ambientalista.
La incineración generaría contaminación y pérdida de trabajo para los recicladores urbanos.
Por otro lado, Natalia Cruz integrante del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y del proyecto valoración energética de los residuos sólidos urbanos (VERSU) cuestiona la desinformación provocada por el Gobierno: “La Ciudad de Buenos Aires tuvo una experiencia muy mala con la quema de residuos, se hacía en edificios y no se controlaba, de ahí que haya mucho miedo a quemar basura. La incineración no necesariamente sea mala, sino los intereses, la desinformación, y cómo el negocio de unos pocos nos puede afectar a todos”, explica y reclama: “Nos tiene que decir cómo lo van hacer, qué impacto ambiental va a tener, dar datos. Ahí es donde se tiene que enfocar el debate. Las tecnologías tienen ventajas y desventajas, eso dependerá del contexto en el cual se apliquen, quemar residuos para obtener energía es una tecnología más. En Noruega, Suecia y Dinamarca está socialmente aceptado, ellos valorizan energéticamente su basura y hasta importan residuos de otros países para sacar energía eléctrica. Pero lo acompañan con una legislación muy estricta, que sabemos que en Argentina no ocurre. Si esta tecnología se hace bien puede incluso ser beneficiosa, porque disminuimos el volumen de los residuos que es el principal problema del CEAMSE y de paso sacamos electricidad”.
Natalia Cruz, de INTI, cree que falta información acerca de la incineración de residuos
El problema está, afirma Cruz, en lo que no nos está diciendo el Gobierno de la Ciudad, cómo se va a llevar a cabo el proyecto. “Deberían mostrar estudios de impacto ambiental, cómo van a medir los gases que se emiten, quién va a participar del asesoramiento técnico para implementar esta tecnología. Hay que enfocarse en cómo se va a implementar más que atacar a la tecnología en sí, porque ya es una tecnología que está probada. La experiencia europea indica que es factible, pero la realidad argentina no es la realidad europea. Ésta debe estar acompañada con una muy fuerte campaña de lo que es la reducción en la generación de residuos, en la reutilización de los residuos, en el reciclado, pero en nuestro contexto no se da. Hay que ver políticas previas antes de quemar residuos”, concluyó.
Mar 13, 2018 | Comunidad, Novedades
A casi tres años del comienzo del juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA, el proceso judicial iniciado en agosto de 2015 está cada vez más cerca de la sentencia final. Una vez terminados los alegatos de las seis querellas y de las defensas de los 13 imputados, que se extenderían hasta el mes de junio aproximadamente, se conocerá finalmente el fallo del Tribunal Oral Federal Nº 2, integrado los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel. Unos pocos meses para saber si las víctimas de uno de los peores atentados terroristas cometidos en nuestro país recibirán algo de justicia luego de más de dos décadas de impunidad.
El reloj que marca las 9.53, la hora exacta de la explosión.
En la audiencia de esta semana tuvo lugar la presentación del alegato final de la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas Memoria Activa, a cargo del abogado Rodrigo Borda. Esta asociación representa a las familias de algunas de las 85 víctimas que en la mañana del 18 de julio de 1994 perdieron la vida cuando una bomba explotó en la Asociación Mutual Israelita Argentina. Entre ellos estaba Andrés Malamud, un arquitecto de 37 años, casado con Diana (una de las principales referentes de Memoria Activa) y padre de dos hijas que, al momento de perder a su padre, tenían apenas cinco y dos años. Ese día también falleció Noemí Reisfeld, una joven asistente social que aquella mañana, a pesar de que debía tener el día libre, acudió a su lugar de trabajo para reemplazar a una compañera. Por su parte, Norma Lew, que era jefa del servicio social de la AMIA y quien más tarde se convertiría en la primera presidenta de Memoria Activa, fue rescatada con vida de entre los escombros del edificio, pero sus lesiones eran tan graves que una fotografía suya -tomada cuando era sacada en camilla- fue publicada en un periódico como la imagen de una persona fallecida. Su hijo Agustín, de 21 años, que aquel día había ido a acompañar a su madre al trabajo, no sobrevivió.
“Todos ellos, Andrés, Noemí, Agustín y Norma, fueron víctimas directas de ese atentado terrorista, al igual que las otras 82 personas que fallecieron y las que integran la larga lista de lesionados, que supera la centena”, manifestó Borda al iniciar su alegato. “Las personas que yo represento en este juicio, al igual que el resto de los familiares, también son víctimas directas del atentado a la AMIA, porque ese atentado les provocó un enorme daño personal y les marcó la vida para siempre, porque perdieron a un marido, a un padre, a una hermana, a un hijo.” Y agregó: “Pero a las personas que represento en este juicio no solo las damnificó el atentado a la AMIA, no solo son víctimas del atentado terrorista. También son víctimas de la impunidad, de la falta de verdad y de la falta de justicia. La respuesta infame del Estado argentino, luego del atentado, constituye una verdadera tragedia institucional”.
La consigna de siempre: Justicia y memoria.
A su vez, el abogado querellante también refutó el argumento invocado por algunos de los imputados, que atribuyeron las irregularidades cometidas durante la investigación a la falta de preparación, escaso conocimiento sobre terrorismo y falta de recursos para investigar, justificando su accionar como “inexperiencia” y no como encubrimiento. Al respecto, Borda especificó: “A ninguno de los imputados en este juicio se les acusa de ser negligentes o de haber actuado por desidia. La participación que les atribuimos en las maniobras de encubrimiento y desvío de la investigación del atentado a la AMIA fue una participación dolosa. Los acusamos por cosas que hicieron de manera intencional para impedir que las víctimas puedan obtener verdad y justicia”.
Los 13 imputados en la causa son Juan José Galeano, ex juez instructor de la causa; los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia; el ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, el ex agente Patricio Finnen y el ex subsecretario Juan Anchezar, ambos de los Servicios de Inteligencia; el ex comisario Jorge «Fino» Palacios y el ex policía Carlos Castañeda; el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja; el ex Presidente de la Nación, Carlos Menem; Carlos Telleldín, último propietario conocido de la Trafic en cuyo interior se hallaría la bomba, su esposa Ana Boragni y su ex abogado Víctor Stinfale. Los hechos por los que se los juzga incluyen el pago a Telleldín de 400.000 dólares para que diera una declaración falsa ante la justicia, y el abandono deliberado de la investigación sobre el ciudadano de origen sirio Alberto Kanoore Edul, quien tenía vínculos con la familia Menem. Según Borda, todos los acusados actuaron de manera intencional para encubrir a los autores de la explosión y permitir que el atentado permanezca impune. “Las personas acusadas en este juicio han privado de la verdad y de justicia a las personas que represento, y el daño ocasionado a la búsqueda de verdad y justicia ha sido tan grande que cabe pensar que a esta altura, a casi 24 años del atentado, puede ser irreparable”, aseguró Borda.
Foto del 18 de Julio 2017, en el aniversario número 23 del atentado a la AMIA.
A diferencia de la querella que representa al Estado Argentino, Unidad AMIA (recientemente disuelta), que al presentar su alegato decidió no solicitar penas para los ex fiscales Mullen y Barbaccia, Borda ratificó la intención de Memoria Activa de buscar la condena de todos los acusados. “Los vamos a acusar a todos, vamos a pedir condena para todos. Tenemos la convicción de que son todos culpables. Pediremos penas acordes con la magnitud del perjuicio personal e institucional que han causado. Todos ellos son responsables de la impunidad del atentado a la AMIA”, afirmó.
Respecto a este punto, el abogado citó las declaraciones Mario Cimadevilla, ex titular de la Unidad AMIA -recientemente removido y reemplazado por el subsecretario de Memoria, Verdad y Justicia, Mariano Fridman-, quien acusó al Ministro de Justicia Germán Garavano de haber solicitado, “por amiguismo”, que no se acusara a los ex fiscales. El argumento planteado por Unidad AMIA para no imputar a los ex fiscales no tiene que ver con “amiguismo”, sino con la preocupación de que acusar a Mullen y a Barbaccia supondría voltear las alertas rojas contra los iraníes, un planteo al cual el abogado calificó como “un argumento hipócrita y absurdo”.
Sobre este punto, Borda expresó en diálogo con ANCCOM: “Es lo mismo que se decía del ex juez Galeano durante el gobierno de Menem, que no se lo podía cuestionar porque si no se caía la causa. Es un argumento hipócrita porque intenta ocultar las verdaderas razones por las cuales piden la absolución de estos dos personajes, que es lo que dice Cimadevilla, el «amiguismo».
Los nombres de las 85 personas fallecidas, sobre el mural de la calle Pasteur.
Respecto a la continuidad del caso, Borda manifestó: “Va a haber un nuevo juicio contra Telleldín. Sin duda, el resultado de este juicio va a tener un efecto en reconstituir o no la imagen del Estado en la institucionalidad de la Causa AMIA. Eso es lo que está en juego en este juicio, si la palabra del Estado en sus distintas agencias va a ser creíble, o no, para poder determinar la verdad y lograr justicia en la causa por el atentado. Porque lo que hicieron estas personas puso en crisis la confianza en la justicia por parte de la ciudadanía, y fundamentalmente de las víctimas. Este juicio es la oportunidad que tienen los jueces de reconstruir la confianza de la sociedad en las instituciones”.
La querella de Memoria Activa continuará con la exposición de su alegato en la próxima audiencia, que se llevará a cabo este jueves 15 a partir de las 10 de la mañana en los tribunales de Comodoro Py.
Los familiares de las víctimas viven este proceso con expectativa, pero también con mucho dolor. Son casi 24 años de impunidad, concluyó Borda. “No vemos muchos cambios institucionalmente y hay un enorme retroceso con este tipo de planteos del Ministerio de Justicia. Acaban de disolver la Unidad AMIA y la pusieron a cargo de un funcionario que fue uno de los abogados que participó en las maniobras de encubrimiento, Mariano Fridman. Es muy grave y es muy doloroso para los familiares, pero aun así hay expectativas que no tienen que ver con la fe, sino con la convicción de que si no hay una respuesta institucional, no solo no hay destino para la Causa AMIA, sino que no hay destino para nuestra sociedad como país”.
Ene 4, 2018 | Entrevistas
“No es fácil que tu hijo te diga que es tu hija y salir a pelear, bancarte el barrio, a la familia, a los vecinos y que tu marido te cague a palos”, dice Gabriela Mansilla desde el living de su casa, humilde pero muy prolijo, en el conurbano bonaerense. Ya hace más de cinco años que entendió que Luana nació nena, que sus genitales no definen su identidad y que la familia debe apoyar y no reprimir. El libro “Yo nena, yo princesa”, donde Gabriela publicó las sensaciones que iba viviendo mientras la acompañaba en su transformación, pronto será llevado al cine y es hoy una referencia única para muchas madres y padres que hasta ahora no sabían qué es lo que estaba ocurriendo en sus hogares.
En tu libro decís que no habías entendido a Luana cuando empezó a manifestarse como mujer. ¿Por qué?
Obvio que no la entendía, no me voy a hacer la superhéroe. No me entraba en la cabeza. Pensaba lo que piensa la gente común: que el gay se viste de mujer cuando se le da la gana, que son todos degenerados… A mí viene mi nene y me dice:“Soy nena”, y a mí nadie me había informado nada. Por eso hago hincapié en la educación. Que un profesional al que te acercás te anule inmediatamente lo que estás sospechando y te aconseje que refuerces su masculinidad, te marea. “Quedate tranquila”, te dice. Pero después vi el documental de Josie Romero, la chica transgénero estadounidense y dije : “¡Era esto!”
Y a otras madres les habrá pasado lo mismo con tu libro.
¡Claro! Sin el libro, sin militar el tema, hubiera quedado como la noticia de un pibito que andá a saber lo que le hizo la mamá, una loca. Ahora tengo la Asociación (Infancias Libres) donde ya no lucho por mi nena, sino por los niños y las niñas, por la libertad de expresión, por amarse el cuerpo tal como es. Pretendo que se respete su identidad y el rol de género que sienten, no desde el estereotipo ni la norma. Yo armé esto por necesidad de que mi nena tenga contacto con otras nenas. En el colectivo trans solo hay chicas grandes, y gracias a esto ahora aparecieron muchas mamás que se contactaron conmigo, y la experiencia de una ayuda a la otra. Si no, tendés a aislarte. Se acercaron veintidós familias en menos de un año, todas con nenes y nenas trans. Hace poco armamos el primer encuentro y no sabés lo que surgió de esas nenas…me la pasé llorando desde que empezó hasta que terminó. Esas nenas chiquitas, con el pelo corto que recién les empieza a crecer, abrazando a Lulú…algo nunca visto. Ninguna persona trans con la que hables se pudo encontrar con sus pares a los 4 o 5 años. Y con sus familias presentes queriéndolas. Es algo histórico. Y para las chicas, saber que la que juega con vos es igual que vos, te libera de esa sensación de soledad. Luana me decía: “¿Te imaginás todas estas nenas en mi escuela?”.
«En mi casa yo le voy a contar a mi hija que el príncipe va a buscar a la princesa y por ahí la princesa prefiere quedarse con otra princesa, o ella rescata al príncipe, o se baja de la torre sola».
Y en la escuela, ¿cómo es el día a día de Luana?
Ella está muy bien, pero es complicado el tema. Los chicos no tienen los mambos que tenemos los grandes, pero son títeres de los padres. Y en muchos casos los alejan de Luana. “Con esa nena no te juntes porque tiene pene, es un varón, podés terminar igual que ella”. Entonces hay un nene en la escuela, por ejemplo, que no le habla. Y la mamá no se anima ni siquiera a hablarme a mí. Y a mi me hace mucho ruido el silencio. Acá en el barrio también, siempre me hace mucho ruido el silencio. Con las docentes bien, pero a veces tengo que lidiar con el hecho de que necesitan tiempo. La otra vez una maestra me dice que yo también tengo que entender, que le dé tiempo para procesar esto. No tengo ganas de darles tiempo de la vida de mi hija. ¿Cómo hago, la pongo en pausa? Yo no me banco que enseñen con las láminas de los dos tipos de cuerpo, ya lo hablé, porque si no van a enseñar que el cuerpo de mi hija no es apto. Otro tema son los cuentos: que cuenten el cuentito que quieran, pero en mi casa yo le voy a contar a mi hija que el príncipe va a buscar a la princesa y por ahí la princesa prefiere quedarse con otra princesa, o ella rescata al príncipe, o se baja de la torre sola.
¿Tu mamá te acompañó en esta lucha?
Mi mamá me acompañó y me acompaña. Luana es cuarta generación de leonas, en esta casa. Mi mamá me enseñó valores, me educó desde el diálogo, desde el “estoy acá para lo que sea porque te amo”. Y me mostró cómo era sacar a patadas al progenitor porque nos levantaba la mano. Mi mamá salió de ese círculo de violencia por nosotras, sus hijas. Por salvarnos.
«Siempre me hace mucho ruido el silencio. Con las docentes bien, pero a veces tengo que lidiar con el hecho de que necesitan tiempo».
Y vos replicaste eso con el padre de Luana y Elías.
Sí. Yo tenía una relación horrible con él, era un psicópata. Sufrí mucha violencia económica. Sentía que si él se iba, se iba la leche de Elías (nota del r: el hermano mellizo de Luana), las galletitas de Luana, pero cuando vi al tipo dando botellas de cerveza contra el piso, los vidrios volando y Luanita parada ahí dije: “Listo, que se vaya, nos cagaremos de hambre”. Entonces me quedé sola con los chicos, sin apoyo económico, y tuve que empezar a hacer pizzas con mi mamá para vender en el barrio. Hubo que hacerle juicio a ese señor para que vuelva a pagar la obra social de sus hijos. El hambre que pasaron, y todo lo que les faltó, tener que mandar a Luana a cualquier hospital y que el médico me la maltrate…este tipo me va a tener que dar una explicación algún día. A mí o a ellos.
¿Es difícil lidiar con el sistema de salud en un caso así?
-Necesito que a Luana la traten como corresponde, además de la atención médica. Fuimos hace poco a una neumonóloga y la veo a Luana nerviosa, como a punto de llorar, hasta que rompió en llanto. Le pregunté qué le pasaba y me dice “¿Y si no entiende?” Antes de tener el DNI era terrible, porque no la querían atender, me decían que me había equivocado de documento, me trataban de estúpida. Tenía que explicarles que era una nena transgénero, hay una ignorancia enorme. Un día en una guardia estaba lleno de gente, y llaman a los gritos a Luana pero con nombre de varón. Ella toda colorada en el asiento, avergonzada, hasta que un día en una situación así se levantó, golpeó con las manitos el escritorio y gritó: “¡Luana me llamo!”. Cuatro años tenía.
Luana, jugando junto a su hermano Elías.
¿Por qué te interesa seguir militando alrededor de las infancias trans?
-Primero, porque no se encarga nadie. Los mismos trans que luchan por sus derechos no contemplaron a la infancia. Siguen creciendo niños y niñas de la misma manera que siempre, y recién se ponen a pelear con esto cuando tienen 17 ó 18 años. Y que aparezca una mamá que sale a exponer esto, hace que salgan muchas más. El activismo ya no pasa por ser trans sino por ser mamá. No solo estás habilitada a luchar si sos trans. Algunos varones trans me han atacado diciéndome que yo no puedo entender esto, porque no me pasa por el cuerpo. Ellos ven una sola parte, no ven la parte de la familia, de la mamá. Yo les digo: “Entendé que no sos vos solo el que lo vive. Te pasa a vos en el cuerpo, pero transforma a toda tu familia”.
Gabriela tiene que cortar la entrevista para recorrer las diez cuadras, en su mayoría calles de tierra, que la conducen hasta la escuela donde tiene que buscar a los chicos, como todos los días. Luana, trencitas pegadas a la cabeza, sale con una sonrisa enorme, radiante. Elías, arrastrando la mochila, serio, pensativo. A Gabriela le brillan los ojos cuando los mira, los saluda con un beso y encara otra vez para su casa, a seguir con los quehaceres del hogar: prepararles el almuerzo, ayudarlos con la tarea, barrer la tierra que las zapatillas dejaron en el piso y luchar incansablemente para que crezcan libres.
El libro “Yo nena, yo princesa”, donde Gabriela publicó las sensaciones que iba viviendo mientras la acompañaba en su transformación, pronto será llevado al cine y es hoy una referencia única para muchas madres y padres .
Actualizado 16/05/2017
