“Todo lo que te imagines, el torno lo hace”, explica Julio Ramírez mientras pone en marcha la máquina que ahora está iluminada y produce un fuerte ruido metálico. Coloca el pistón, ajusta el milímetro, mueve una palanca y modera la velocidad; hace todo con la rapidez y la facilidad de quien practica el oficio hace veinticinco años. La herramienta de corte se acerca y tornea la pieza: «Esto es parte de mí –dice Ramírez mientras mira el torno-. Acá aprendí, es mi vida».
***
Torneros, herreros, soldadores, matriceros; los trabajadores de la fábrica ADO-Petinari son obreros calificados que en cinco días pueden armar una carrocería completa. Durante cinco décadas ésta metalúrgica fue una de las más importantes del mercado nacional dedicada a la fabricación de volcadoras, acoplados y semirremolques. Pero en 2015 la firma Acoplados Petinari dejó de pagar salarios y fue acumulando una deuda que llegó a más de 50 millones de dólares con los trabajadores. La fábrica cerró sus puertas: los trabajadores quedaron fuera; la seguridad privada, dentro. Luego de varios meses de estar en la calle, los operarios decidieron entrar y crear la cooperativa Acoplados del Oeste, ADO. Cuando empezaron -en agosto de 2015- eran 15. Hoy la integran 120 trabajadores.
Ese mes apareció en el diario La Nación el comunicado sobre la convocatoria a concurso preventivo por cesación de pagos de Petinari. En septiembre la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobaba el proyecto de expropiación de la fábrica presentado, a instancia de los trabajadores, por el diputado Miguel Funes, del Frente para la Victoria. En marzo pasado consiguió la aprobación de ambas cámaras: votó a favor hasta el PRO, el bloque oficialista. La expropiación era ley.
Pero un mes después la gobernadora María Eugenia Vidal la vetó.
Y desde entonces, 120 familias pueden volver a quedar en la calle.
ADO está en Merlo, a la altura del kilómetro 32 de la ruta 200. Tres banderas flamean en la entrada: la de Argentina, la de la provincia de Buenos Aires, y la de la cooperativa. Son dieciséis hectáreas de predio: galpones con techos de hasta veinte metros de alto, maquinarias gigantescas, construcciones que tienen cien años y son patrimonio histórico, como un antiguo leprosario que los bomberos utilizan para operativos de simulacro. En la antigua vivienda del casero de la fábrica vive Julio Centurión con su mujer y sus tres hijos. Hace dos meses, cuando ya no pudo pagar el alquiler de la casa donde vivía, ni el plan de vivienda en el que estaba invirtiendo, sus compañeros le dijeron: «¿Por qué no te venís a la casa del casero?” Centurión es hincha de River, tiene 48 años y el deseo de bautizar en la fábrica a su hija de dos meses, Milena Lucía, a quien -de antemano- sus compañeros llaman “Ado” .
Centurión dice que lleva catorce años trabajando en la fábrica y que de allí sólo pueden sacarlo de una manera: muerto. “He dejado mucho en esta empresa, desde lo físico, lo moral y lo psíquico -cuenta con la garganta cerrada y los ojos llenos de lágrimas-. Es muy doloroso lo que vivimos con los compañeros . Nos dejaron en la calle”.
***
La historia de Petinari incluye capítulos de traiciones familiares, estafas a los empleados, pedidos de quiebra y disputas judiciales. En 2006, con la muerte de Pedro Petinari -fundador de la empresa-, empezaron los conflictos. «Los hijos empezaron a hacer cualquier cosa con la fábrica -sitúa Luis Becerra, trabajador e integrante de la cooperativa-. Son cinco hermanos y se robaban entre ellos millones de dólares. ¿Cómo no nos iban a cagar a nosotros?»
En 2012 fue el primer gran conflicto salarial; duró tres meses hasta su resolución. “A partir de ese momento, la patronal empezó a vaciar la fábrica -recuerda el presidente de la cooperativa, Jorge Gutiérrez-. Los depósitos estaban llenos y empezaron a rematar todo; nos decían que era para traer máquinas nuevas, pero nos dimos cuenta de que no era así». La política de desguace alcanzó también a la mano de obra. De 350 trabajadores en 2009 -época en la que Petinari se instalaba como pionera en el mercado mundial-, la empresa pasó a tener 189 en 2012.
Y desde junio de 2014 la situación se agravó aún más. La familia Petinari comenzó a forzar a los empleados a firmar convenios mensuales con quitas del 40% del sueldo y suspensiones de jueves y viernes sin goce de haberes. La modalidad se iba a mantener sólo por tres meses, pero la patronal decidió extenderla más allá de septiembre, y en noviembre los trabajadores se negaron a firmar una nueva prórroga. Recuerda Gutiérrez: “Al aguinaldo lo cobrábamos en seis cuotas de mil pesos: al de diciembre de 2014 lo terminábamos de cobrar en junio de 2015, y así. Con las vacaciones nos decían que si nos íbamos, no cobrábamos el aguinaldo”.
La situación no dio para más y en febrero de 2015 decidieron cortar la Ruta 200 para hacer visible el reclamo y exigir respuestas al Estado. Ya lo habían hecho también durante el conflicto de 2012. Pero esta vez Petinari redobló la apuesta y envió cien telegramas de despido. El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la Argentina (SMATA), les dio la espalda: “El SMATA nos pedía que levantáramos la medida de fuerza y (Ricardo) Pignanelli (el secretario general del sindicato) nos empezó a acusar despectivamente de zurdos -rememora Gutiérrez-. Nosotros le dijimos que si ser zurdo era pelear por nuestros derechos, entonces que nos acusara de zurdos, pero esto no podía seguir así”.
El 19 de marzo de 2015 tuvo lugar una primera orden de desalojo y el predio quedó apenas ocupado por personal de seguridad privada. Allí cobró impulso definitivo el proyecto de constituir una cooperativa. Pero para entonces Petinari ya llevaba casi una década de descalabro administrativo. “No decidimos cortar la ruta y formar la cooperativa de un día para otro, veníamos de un año largo de conflicto”, asegura Diego Esteche, trabajador de la fábrica desde hace doce años. Sin embargo, lo peor no había pasado: “Cuando volvimos a entrar encontramos un boleto de compraventa: los Petinari le iban a vender la fábrica a un grupo de accionistas propios -agrega Esteche-. En junio se iba a hacer la escritura. Nosotros estábamos afuera, la empresa pasaba a nuevos dueños y listo. Por suerte conseguimos que saliera una cautelar y se paró todo”.
Jorge Gutiérrez es el último delegado gremial que queda en la ex Petinari desde que comenzó el vaciamiento; cumple esa función desde hace ocho años, de los doce en total que lleva trabajando en la fábrica. Fue elegido presidente de ADO gracias al respeto y a la admiración que por él sienten sus compañeros. “Es un rol difícil y desgastante, porque todos tienen sus problemas y hay que trabajar duro para mantenernos unidos -reconoce-. Podemos tener nuestras diferencias pero el objetivo es uno: recuperar a fábrica y la fuente de trabajo de mis compañeros». Viaja permanentemente a La Plata, corazón político de la provincia, en donde mantiene reuniones con funcionarios y legisladores para involucrarlos en su lucha. “Esta experiencia es nueva para mí”, admite Gutiérrez, que enfrenta el desafío con la ayuda de su consejero Francisco Martínez, a quien apoda “Manteca” (en referencia a Sergio Martínez, el delantero uruguayo que jugó en Boca Juniors en los ‘90), un cooperativista de Textiles Pigüé recomendado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (de la gestión anterior), cuando los trabajadores de la ex Petinari decidieron crear la cooperativa.
Entre quienes apoyan a la cooperativa están las Madres de Plaza de Mayo. Hebe de Bonafini, con quien tiene relación -y a veces habla- Gutiérrez. En su visita reciente al Papa, le llevó una carta de parte del obispo de Merlo en la que contaba la situación de la cooperativa.
***
Eber Moreno tiene 41 años, es santiagueño y conserva la tonada y la simpatía provinciana. A los trece empezó a trabajar esquilando ovejas y cosechando papa; a los diecinueve, viajó a Buenos Aires. El oficio lo aprendió en la fábrica; veintidós años después tiene conocimiento en casi todas las áreas. Mientras la empresa pagó, Moreno muchas veces destinó todo su aguinaldo en herramientas de soldadura y herrería; a aquella inversión hoy la considera una ventaja para poder tener sus trabajos independientes y sostener a la familia, conformada por su mujer, sus cuatro hijos y sus dos nietos. «Así voy sobreviviendo”, dice Moreno y cuenta que hace poco construyó su primera escalera. “Toda la estructura que ves acá es mano de obra y pulmón de los trabajadores”, explica, y se acuerda de un trabajador de setenta y pico de años que hizo todos los techos y que cuando se jubiló se fue así, como si nada.
Felix León, de 60 años, está en la fábrica hace ocho. “¡Hasta infartado trabajó!”, dice Moreno señalando a su compañero. León –dice- no cree en la empresa, cree en sus compañeros, y por eso asegura: “Hoy no quiero darle nada a nadie, esto lo quiero para todos nosotros”. Durante el conflicto del verano de 2015 estuvo todos los días de los ocho meses en la ruta: por eso se autodefine como “una marca registrada”. “Al principio me escondía, me tapaba la cara porque me daba vergüenza -dice-. Yo laburé toda mi vida, es muy feo terminar de esa forma. Después ya me conocía todo el mundo y me hice un cara rota”. Se ríe, León.
****
Todos recuerdan ese verano como una época muy dura y triste. Se organizaban en grupos de seis personas y se dividían los turnos; ponían dos tachos en la mitad de la ruta para visibilizar el conflicto pero sin cortar el tránsito. “Nos plantamos en la puerta porque si la dejábamos libre, venían los dueños para llevarse las maquinarias y las herramientas -explica Centurión-. Y si nos sacaban eso, nos quedábamos sin nada”. Durante un año Centurión pasó las veinticuatro horas del día en la ruta para evitar el vaciamiento de la planta. «Le decía a mis hijos que papá se iba a defender el trabajo, y no sabía cuando volvía -recuerda- Fue una lucha fuerte, constante, pero con mucho orgullo».
“Muchos ayudaban porque conocían la lucha -se acuerda León-. Pero también estaban los que pasaban y te gritaban: ‘¡Anda a laburar!’, y eso me hacía pomada, me destruía”.
Cuando en agosto los trabajadores no toleraron más la situación, decidieron entrar y recuperar la fábrica. “La empresa dice que nosotros entramos por la fuerza; pero mirá -demuestra Gutiérrez señalando con la mano la enorme entrada al predio que abarca cuadras y cuadras- está abierto por todos lados. Dijeron que rompimos el portón y secuestramos a los de seguridad, cuando fueron ellos mismos los que nos abrieron”. Hoy Gutiérrez está procesado penalmente por ese supuesto “secuestro” de los tres guardias de seguridad; él lo traduce como una estrategia de la empresa para desarticular a la cooperativa.
Petinari también acusó a los trabajadores de que entraron a la fábrica para robar, pero cuando se hizo el inventario junto con la empresa y el síndico de concurso sobraban máquinas. “Nos somos usurpadores, somos defensores de nuestros derechos laborales”, sostiene Centurión sobre los adjetivos que usa Petinari para deslegitimar a los trabajadores. “¿Pero qué puedo esperar de la empresa si en catorce años nunca tuve un salario digno, ni una obra social digna, ni vacaciones dignas, nunca tuve la libertad de salir un fin de semana con mi familia, y siempre existí para la fábrica de lunes a lunes?”
***
Rosa y Fernanda, las mujeres de la fábrica, se encargan del trabajo administrativo. Rosa es de las cooperativistas más nuevas -está hace tres años-, y siente que en esta lucha recuperó su dignidad como trabajadora. “Hubo mucho maltrato; para la empresa el trabajador era un esclavo -explica Rosa-. Mucho tiempo la gente aguantó trabajando sin ART, sin elementos de seguridad, sin cobrar los aumentos correspondientes, cobrando fuera de término o en cuotas, y hasta no cobrando. Incluso la falta de higiene, con semejante establecimiento nunca se hizo comedor. Y el trabajador siempre se calló la boca para no perder la fuente de trabajo”.
Como víctima de la negligencia, los trabajadores recuerdan a su compañero Maximiliano, que en 2006 murió aplastado contra una columna cuando el gancho de una batea de cinco mil kilos, que no estaba asegurado, se desprendió y lo mató en el acto. «Lo taparon con una lona y querían que siguiéramos trabajando», cuenta Esteche. También se acuerdan de otro compañero que quedó con la mitad del cuerpo paralizado al electrocutarse con una soldadora mojada por el agua que caía del techo roto.
“Durante varios años era obligación trabajar doce horas diarias, pero en el recibo figuraban sólo nueve”, denuncia Fernanda, que trabaja en la fábrica hace dieciocho años y parece conocer de cerca las irregularidades de la empresa: “Estafó hasta facturando doble una unidad. Petinari tiene todo mal: con los proveedores, los clientes, los trabajadores, y con el Estado. Pero también está la falla del Estado: si vas a Morón verías la infinidad de denuncias que hicimos constantemente como empleados hacia Petinari. Empapelás la ciudad, con esas denuncias”.
***
Julio Ramírez es -según sus compañeros- el científico de los tornos. Lleva diez años en la fábrica. “Es el oficio más viejo del mundo”, dice mientras manipula el torno paralelo, que hace el trabajo artesanal de la tornería, y se usa principalmente cuando el torno computarizado -que según Ramírez “hace maravillas”- está roto. Hacer un cilindro en el computarizado puede llevarle a Ramírez tres horas; artesanalmente, dos días. Pero si tiene que elegir, se queda con el torno paralelo.
Ramírez tiene dos barras de titanio y cuatro tornillos en la espalda por haberse caído de una máquina en 2012. En ese momento la ART le dijo que sólo era «un fuerte dolor de espalda»; pero cuando se fue a hacer una revisión más específica se encontró con que tenía una vértebra rota y que podía quedarse en silla de ruedas. “Decidí operarme y cuando fui a hablar con la empresa me dijeron: ‘no se preocupe Ramírez, después vamos a arreglar’; así como lo dijeron, quedó en la historia”. Ramírez hace una pausa. Y pregunta: “¿Vos pensás que yo les puedo dar esto? Si me arruinaron la vida».
A sus cincuenta años Ramírez siente que su cuerpo ya no aguanta tanto. La lucha por el trabajo, sin embargo, lo hizo más fuerte. «Lloré, me enojé, zapatée; no lo podía creer; pedíamos monedas en la calle siendo todos obreros calificados”, recuerda sobre el conflicto. “Hoy la cooperativa me cambió la vida; siento que peleo por algo muy mío”, dice, y está seguro, como Centurión, de algo: «Yo de acá me voy muerto”.
***
El alma de la fábrica es el sector de corte y plegado, donde la materia prima se corta e inicia su recorrido hacia los demás sectores: tornería, hidráulica, armado, pintura, terminación y reparación. “Ahora no hay trabajo, pero sabemos que es un problema general”, dice Gutiérrez sobre la situación económica actual de la cooperativa. La producción en los últimos meses bajó casi un 70 por ciento. Desde agosto hasta diciembre, los trabajadores cobraban alrededor de ocho mil pesos por mes. Hoy, el salario se redujo a dos mil. Y a pesar de que la fábrica está funcionando a un 30 por ciento, las tarifas de los servicios aumentaron de diez mil a cuarenta mil pesos.
Frente a la desaceleración de la producción, de los 120 trabajadores que integran la cooperativa sólo 70 están trabajando actualmente en la fábrica. «Hoy funcionamos como una escuela. El que era tornero, ahora aprende a hacer guillotina y viceversa; nos ayudamos entre todos», cuenta Gutiérrez. El ritmo de la actividad en la metalúrgica también se modificó: el trabajador ya no cumple un horario y se va; si hay que quedarse más tiempo para terminar, lo hacen. “Se cobra si se trabaja; todavía hay que concientizar a los compañeros sobre eso -dice Gutiérrez-. Es aprender a trabajar sin patrón”.
***
“Desde que somos una cooperativa el compañerismo se reforzó más que nunca: todos estamos luchando por lo mismo -expresa Centurión-. Somos como una gran familia”. Sueña, dice, con que algún día haya 600 compañeros en ADO. A futuro, la cooperativa tiene el objetivo de ser también un espacio de formación y de primer empleo para los jóvenes que egresan de los colegios industriales, a través de un convenio con el municipio. “Queremos darles la oportunidad a hombres y mujeres de integrar la teoría con la práctica, que puedan llevarse su moneda con enseñanza y futuro -dice Centurión-. Que los compañeros más grandes puedan enseñarles a los más jóvenes la educación del trabajo y de la expresión, y se llenen de satisfacción. Esa es la ilusión y el futuro que queremos para esta fábrica».
***
El abril pasado la gobernadora Vidal decidió vetar la ley de expropiación de la fábrica. A través del Decreto N° 307/2016 establece que la expropiación implica “la creación de un nuevo gasto en la Ley de Presupuesto vigente”; también asegura la presunta “voluntad de la parte empresaria de abonar las primas adeudadas”. “Eso no es cierto -replica Becerra-. Si se fijan en las actas del Ministerio de Trabajo que están en Morón, figura claramente que la empresa ni se presentó a las audiencias”.
A principios de mayo los trabajadores impulsaron un nuevo intento de llevar a la Legislatura la expropiación de Petinari. “En realidad, lo que se quiso hacer fue anular el veto -relata Becerra-. Teníamos el compromiso del bloque del Frente Renovador para acompañarnos, pero a último momento se dieron vuelta y el proyecto se cayó”. En cambio, consiguieron que la Cámara de Diputados bonaerense diera media sanción a una ley que impide cualquier intento de desalojo en la fábrica durante 90 días. “Falta la otra media sanción, pero esperemos que a ésta no la veten también -dice Esteche-. Suponemos que no, porque fue aprobada por los mismos diputados del oficialismo. Sería un papelón que la gobernadora vetara una ley sancionada por sus propios legisladores”.
***
“Nuestro objetivo es resistir hasta fin de año, cuando debería declararse oficialmente la quiebra de Petinari, lo que sería un paso decisivo para que se reconozca a nuestra cooperativa”, explica su presidente, Jorge Gutiérrez. El cielo está despejado y el sol le ilumina la cara: “El veto nos hizo más fuertes y nos dio más ganas de pelear -dice-. Con la empresa no queremos negociar, no es creíble, y los compañeros quedaron mal psicológicamente. Ya estamos conformados como cooperativa. Y no hay ni un paso atrás”.
Cuatro testigos se presentaron a declarar el lunes 13 de junio en el marco de la séptima audiencia del juicio por el secuestro y desaparición de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit el 6 de octubre de 1978. En la causa están imputados Omar Rubens Graffigna -Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea-, Luis Trillo –a cargo del centro clandestino de detención en el que estuvo secuestrada la pareja- y Francisco Gómez, apropiador del hijo menor de la pareja. La querella está conformada por Rosa Tarlovsky y su nieto Guillermo Pérez Roisinblit unificados en Abuelas de Plaza de Mayo; Mariana Eva Pérez; la secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la de la Provincia de Buenos Aires.
Desde las nueve y media de la mañana se encontraba montado el sistema de videoconferencia con el Consulado de Barcelona, donde reside Edith Clutet. Ella estuvo presente la noche en la que la hija mayor de la pareja, Mariana Eva Pérez, fue devuelta a su familia luego de haber sido secuestrada junto a su madre. «Yo tenía once años pero recuerdo perfectamente lo que ocurrió esa noche, me quedó grabado a fuego -expresó la testigo-. A mí no me dejaron salir de la casa pero escuché desde adentro que Patricia gritaba que pidiéramos un abogado». La declaración de la testigo fue breve ya que el intercambio con los militares en el porche de la propiedad ya había sido relatado por su primo, Marcelo Moreyra, en la tercera audiencia del juicio. Él fue el único familiar que los vio con vida esa noche.
Archivo ANCCOM. Rosa Roisinblit en una de audiencias del juicio. 4 de mayo de 2016
«Que pase Teresa Izaguirre», ordenó Alfredo Ruiz Paz, presidente del Tribunal, una vez finalizada la declaración de Clutet. Izaguirre se desempeñaba como empleada en el local de cotillón de José Manuel el día en que tanto él como Gabriel Perneau –otro empleado- fueron secuestrados por personal vestido de civil y nunca más fueron vistos con vida. La testigo parecía incómoda en el estrado. No se quitó el sobretodo y se mantuvo aferrada a su bolso colgado al hombro. Su testimonio resultó confuso, quizás debido a su avanzada edad. Luego de su declaración, no quedaron claras las fechas ni las horas en las que acontecieron los hechos el día del secuestro de José Manuel, tampoco se pudo saber en qué momento ella y su marido -ya fallecido- le devolvieron las llaves del local al padre de él. Mencionó haber sido llevada a una comisaría pero no recuerda con exactitud cuándo ocurrió, y asegura que solo la retuvieron ahí un rato sin declarar y luego la dejaron ir sin firmar ningún documento. También hizo referencia a visitas en su casa de ‘abogados de los militares’. «Pasaron muchos años, señores», se quejó ante las repreguntas y agregó: «El día que se los llevaron yo pensé ‘si se los llevan así, es por algo’, pero conmigo eran personas excelentes».
La tercera testigo fue Esperanza Cabrera. Entre 1987 y 1989, había sido empleadora de Teodora Jofré, apropiadora de Guillermo Pérez Roisinblit, el hijo menor de Patricia y José Manuel que fue encontrado en el 2000. Jofré en principio había sido citada para declarar el lunes pero la defensa de Gómez finalmente desistió de su testimonio.
Archivo ANCCOM. Guillermo Pérez Roisinblit y su hermana Mariana Eva Pérez en una de las audiencias. 30 de mayo de 2016
Cabrera recordó que en 1987 necesitaba contratar a alguien para que trabajara con cama en su casa y le recomendaron un lugar de madres solteras con hijos. «Así vino Dora -Teodora- con Guillermo, quien era su hijo en ese momento. Me dijo que su marido era muy violento», afirmó y dijo que desconocía detalles acerca de si la violencia era física o psicológica. «¿Se parece al papá?», le preguntó Cabrera a Jofré en ese entonces, al dar cuenta de las diferencias en los rasgos genéticos entre ella y Guillermo. «Me dijo que su marido había trabajado en el Hospital Naval y que el chico era hijo de una mujer que había fallecido allí. No me hizo comentarios sobre la muerte de la madre. Dora era una mujer de pocas palabras, no me dijo nada más, y en ese entonces yo no tenía registro de las cosas que habían sucedido en el país», relató. Realizó la denuncia en Abuelas de Plaza de Mayo diez años más tarde, luego de ver a Estela de Carlotto en un programa de televisión: «Dijo que estaba buscando a su nieto Guido, y ahí pensé que quizás Guido era Guillermo. ¿Por qué no podría ser? No pude dormir esa noche». Cuando ella finalmente llamó a Abuelas, le contaron que un día antes se había dado con el paradero de Guillermo, hermano de Mariana. «Dos días después ella me llamó, quería saber cómo había sido su hermano de chico. La invité a mi casa a tomar café pero el encuentro nunca se concretó, ella se estaba por ir a Alemania», recordó la testigo. Luego de declarar, Cabrera permaneció entre el público junto con su pareja hasta el final de la audiencia para poder intercambiar unas palabras con Mariana, a quien no conocía personalmente.
El último testigo de la jornada fue Gonzalo Conte, el arquitecto que acompañó el trabajo de relevamiento en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) en su descubrimiento en 2004 y elaboró los planos que se utilizan en este juicio. Explicó las características de la propiedad y las fechas aproximadas en las que se habían realizado las reformas en la casa. Dató en el año 1977 la construcción de una pequeña pieza en donde se cree que estuvo secuestrada Patricia Roisinblit. Guillermo Miari, el defensor de los acusados Trillo y Graffigna, intentó demostrar que el trabajo de Conte para la ONG Memoria Abierta había interferido con su labor como arquitecto en la RIBA, y apuntó al hecho de que su asesoría no había sido rentada. «Esta presidencia convoca a Conte a la inspección ocular en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires para colaborar en cuestiones técnicas», expresó el juez Ruiz Paz, ante las quejas del defensor.
Archivo ANCCOM. Francisco Gómez, apropiador del hijo menor de la pareja, en la audiencia del 30 de mayo de 2016.
La inspección ocular se llevará a cabo al mediodía del lunes 27 de junio, y solo podrán estar presentes los querellantes Guillermo y Mariana, el arquitecto Conte y Carmen Ramallo y Víctor Calefa, que en este juicio declararon haber estado detenidos allí. No se permitirá el ingreso de público o prensa. La última audiencia de testigos antes de los alegatos será el día miércoles 29 de junio, en la que prestará declaración un oficial actual de la Fuerza Aérea.
Antes de que finalizara la audiencia, las defensas avisaron al Tribunal que sus clientes desean declarar, luego de haberse negado a hacerlo en primera instancia. No está confirmada aún la fecha en que tendrán lugar sus testimonios.
Para la sexta audiencia del juicio por la desaparición de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit, el juzgado en la calle Pueyrredón del centro de San Martín resulta casi un lugar familiar. En la pantalla gigante de la antesala se ven el escritorio y los asientos vacíos donde se sentarán los jueces que componen Tribunal: Alfredo Ruiz Paz, Marcelo Díaz Cabral y María Claudia Morgese Martín. Parece que no hay mucha gente adentro, no hay riesgo de quedar varado en la sala de espera. Cuando declararon Mariana Pérez, Guillermo Pérez Roisinblit y su abuela Rosa Tarlovsky de Roisinblit, parte del público quedó afuera. La consigna es estricta: nadie puede estar de pie.
“Esa nenita que fue robada en octubre de 1978 hoy es una señora que está exigiendo justicia”, se oye decir a Adriana Taboada, de la comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, a sus alumnos de colegio secundario, que también forman parte del público. La señora es Mariana Eva Pérez, una de las querellantes en la causa. “Hay que decirle a los chicos que desgraciadamente los acusados tienen prisión domiciliaria”, susurra una señora rubia, de rulos, que se acercó a escuchar.
Hacia las diez de la mañana van llegando todos los actores: los representantes legales de las cuatro querellas, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Provincia de Buenos Aires por un lado, los de Mariana Pérez por otro, y los de Guillermo Pérez Roisinblit, su abuela y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. “Ahí vienen esos impresentables, qué desastres que son”, se hace oír otra señora rubias cuando hacen su ingreso los abogados de la defensa.
“Vamos a dejar pasar a la autoridad principal del Tribunal”, bromea el fiscal Martín Niklison cuando ve acercarse a Rosa Roisinblit, de 96 años, caminando lentamente, ayudada por su bastón y acompañada de su nieto que la toma de los hombros con delicadeza. “Tendones, tendones. No me puedo mantener erguida porque se me están encogiendo los tendones, me dijo el médico”, le explica Rosa a una tía abuela de Mariana desde el otro lado del estrado.
“¿Cuál es Graffigna?”, pregunta siempre alguien cuando hacen su ingreso los acusados. “El más viejito”, le responde algún otro. Los imputados entran y se sientan en orden de edad y de jerarquía, acompañados de oficiales del Servicio de Penitenciaría Federal: Omar Rubens Graffigna, Luis Trillo y Francisco Gómez. “Gracias por venir”, le dice Trillo a un señor que lo saluda de pie desde el público, en primera fila.
Desde la última audiencia el 16 de mayo, se llevaron a cabo otras tres: en la primera declararon personas que también estuvieron detenidas en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires –Enrique Borcel (desde Madrid), María del Carmen Ramallo, Víctor Calefa y Osvaldo López-; en la segunda los testigos fueron oficiales de las Fuerzas Aéreas que trabajaron allí –Juan Taboada, Julio Cesar Leston, Jorge Ángel Cóceres, René Omar Bustos, Carlos Omar Moizo y Andrés Luis Bruno- y en la tercera dieron su testimonio sobrevivientes de la ESMA que estuvieron con Patricia cuando fue trasladada a ese lugar para dar a luz a su hijo: Mirian Lewin, Amalia Larralde y Nilda Actis Goretta. En esta última audiencia, el lunes último, también se incluyeron extractos de declaraciones de Sara Solarz de Osatinsky en otras causas, en las que menciona haber conocido a Patricia antes de dar a luz: “Fue la última embarazada que yo vi”, se escuchó decir a Sara.
Las preguntas que se le hicieron a los testigos intentaban demostrar que en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), en Morón, además de realizarse tareas de inteligencia de las Fuerzas Aéreas, se detenía ilegalmente a personas; que en esa casa funcionó un Centro Clandestino de Detención; que allí estuvieron secuestrados José Manuel y Patricia; que la Fuerza Aérea es responsable de la detención y desaparición de ambos; que Luis Trillo era quien estuvo a cargo de la Regional en el momento en que la pareja fue trasladada a ese lugar y que Francisco Gómez, el apropiador de Guillermo, además de ser personal de maestranza del lugar, tenía conocimiento de que ellos se encontraban detenidos allí y que su labor no se limitaba a tareas de cocina y mantenimiento.
El juez de instrucción de la causa dejó afuera la acusación acerca de las torturas que se infligían a José Manuel y Patricia mientras estuvieron secuestrados, pero las querellas tiene previsto pedir la ampliación del objeto procesal para volver a incluirla.
Otros detenidos
En las primeras dos audiencias las preguntas de la fiscalía y las querellas intentaron reconstruir la casa en donde funcionaba la RIBA: ¿Cuántas escaleras recuerda que había? ¿Cuántos escalones tenían? ¿De qué material estaban hechas? ¿Cómo era el piso del patio? ¿De qué material era el piso en el interior de la casa? ¿Qué tipo de mobiliario había? ¿Cuántos pisos tenía la construcción? Los testigos Borcel y Ramallo coincidieron en que “se podía oír un ferrocarril a lo lejos”, que probablemente proviniera de la estación de trenes de Morón. “Estoy seguro de que estuve en la RIBA porque recuerdo que cuando a la entrada de la cochera, mi auto, conducido por mis secuestradores, pegó un saltito, y corresponde con el lomito de burro que hay en la entrada para vehículos”, afirmó Borcel en videoconferencia desde el consulado en España. “Puedo saber que en la entrada el suelo era de adoquines, porque aunque estaba encapuchado podía mirar hacia abajo”, explicitó ante una pregunta de Javier Miari, abogado de Trillo y Graffigna, quien acto seguido preguntó:
-¿Cuántas casas con esas características cree que puede haber en esa zona de Morón?
-No a lugar, no conteste, indicó al testigo el presidente del tribunal, Alfredo Ruiz Paz.
“Cuando me trasladaron hasta la casa, yo tenía puesto mi abrigo como capucha, pero como era de lana pude ver a través las luces de los comercios de la zona céntrica de Morón, y sé que no fuimos muy lejos de ahí”, sostuvo la testigo Ramallo con voz temblorosa, cuando recordó cómo la secuestraron a ella, a su novio y también a su hermana y los llevaron a la RIBA. Su hermana nunca pudo hablar sobre lo que ocurrió mientras estuvo allí encerrada, y con Alcides, quien era su pareja en ese entonces, recién ahora se anima a conversar sobre lo sucedido, que terminó con la desaparición de su padre, Santos Hilario, asesinado en un enfrentamiento fraguado en Ituzaingó en 1977, mientras estaba secuestrado. Su hermana y ella tenían apenas 17 y 18 años.
Oficiales que trabajaban en la RIBA
En la segunda audiencia, declararon oficiales de las Fuerzas Armadas que trabajaban en la RIBA. A cada uno se le aclaró que “lo que declare en esta causa no puede ser usado en su contra en otro juicio”, ya que algunos de los testigos tienen causas pendientes en otros casos de lesa humanidad que están siendo investigados. A partir de sus dichos, se pudo verificar que el imputado Trillo estaba a cargo de la Regional mientras Patricia y José Manuel estuvieron detenidos. Taboada, que trabajaba como personal de inteligencia durante esa época, afirmó que su tarea consistía en “proveer análisis de inteligencia basándose en un libro de terroristas editado por las Fuerzas Aéreas”. “Realizábamos análisis del oponente. El oponente era Montoneros, el ERP, organizaciones de terroristas subversivos. Terrorista y subversivo para mí significa lo mismo”, afirmó durante su testimonio. Ante los murmullos del público, el juez debió amenazar con desalojar la sala.
Jorge Ángel Cóceres, el segundo testigo que se presentó en la audiencia de ese día, se reconoció en una de las fotografías tomadas en su casa y en la del apropiador Francisco Gómez en las que aparecía Guillermo de pequeño. En cuanto a las labores de Gómez, afirmó que cuando aclaró en su legajo que el agente “colaboraba más allá de sus tareas específicas” se refería a labores de mantenimiento, no de inteligencia. Tanto él como Taboada y Bustos afirmaron que el trabajo del apropiador del nieto recuperado se limitaba a cocinar y limpiar.
René Omar Bustos, el tercer testigo de la quinta audiencia, ingresó a la sala resoplando. Indicó que su tono prepotente en las respuestas a las preguntas de las querellas se debía a problemas auditivos. En cuanto a las funciones de Gómez, también afirmó que era cocinero y luego aseguró que “del portón para afuera cada uno hacía su vida particular”.
Sobrevivientes de la ESMA
La audiencia del lunes 30 tuvo como eje los recuerdos de las últimas personas que vieron con vida a Patricia. Nilda Actis Goretta, quien estuvo secuestrada desde junio de 1978 hasta febrero de 1979 en la ESMA, aseguró que la vio a Patricia embarazada, recostada en “una piecita pequeña sin ventilación en donde hacía un calor insoportable. Hablando con ella supe que su esposo estaba secuestrado, y que a veces lo subían a la habitación donde ella se encontraba y que él se veía muy torturado”. Ella fue la primera en declarar debido a que se encontraba muy nerviosa, según informó, al inicio de la audiencia Pablo Llonto, el abogado de Mariana Pérez. “Patricia me contó que la tenían atada a la pata de un escritorio y la amenazaban con que luego de parir le esperaba la tortura física. Tenía pánico de retornar, pero quería volver con su marido. Queríamos que se quedara en la ESMA porque tenía más posibilidades de sobrevivir, pero nos decían que no era posible, porque pertenecía a otra fuerza. Nosotros sabíamos que el traslado de regreso significaba la muerte”.
La siguiente testigo, Amalia María Larralde, estuvo secuestrada desde agosto de 1978 hasta septiembre de 1979 en la ESMA. La conocía a Patricia porque habían trabajado juntas en un dispensario en Zona Oeste años antes. Sentada frente al juez, mientras se pasaba un anillo de un dedo al otro, recordó el día del nacimiento de Guillermo: “Ella lloró mucho, estaba asustada y angustiada, y contenta. Quiso anotar al bebé pero no la dejaron. El médico la apuró para que la pudieran volver a trasladar. Tenía miedo de volver pero no quería estar lejos de su marido. Me contó que en donde estaba secuestrada, la habían sacado a tomar sol con los ojos vendados. Decía que estaba en una quinta en zona Oeste. No sabía cuál iba a ser su destino. La vi salir del sótano de la ESMA con su bebé y con su bolso”, relató. Cada tanto miraba de reojo a Mariana, quien la escuchaba con una pequeña sonrisa comprensiva, que ella le devolvía de tanto en tanto.
La última declaración presencial fue la de Miriam Lewin, compañera de militancia de José Manuel, cuyo seudónimo era Matías. “José Manuel y Patricia se hacían llamar Matías y Mariana”, afirmó en tono sólido. “Sospechábamos que era probable que a ella la mataran después del parto, por eso le insistimos que se quedara en la ESMA, pero ella no se quería quedar sin José. No la pude convencer de no volver. Después ya no la vi más”, dijo y al terminar la oración su voz se quebró ante la imagen de ese recuerdo.
Amalia y Nilda escucharon el relato de Miriam, acompañadas de las psicólogas del Centro Ulloa. Luego de declarar, las tres testigos, Mariana y el abogado Pablo Llonto fueron a desayunar al café de la esquina. Amalia se mostró algo angustiada por no haber recordado algunos nombres durante su declaración, los ojos le brillaban. “Es lógico que se te olviden algunas cosas, este juicio tendría que haberse hecho 40 años atrás”, la consoló Mariana.
El dibujo de Patricia y José Manuel, los padres de Guillermo Roisinblit Pérez, hecho por un compañero de militancia de ellos.
Un regalo para Guillermo
A la salida del juzgado, Guillermo se mostraba feliz. Llevaba consigo una bolsa con una lámina: se trataba de un dibujo de sus padres juntos y felices, apoyados sobre el capot de un Citroën amarillo. “No tengo ninguna foto de mis papás juntos, y Lito, que era compañero de militancia de ellos, me hizo este dibujo por el cual me siento muy agradecido”, expresó sonriente. El dibujante también se veía emocionado: “A mí Aníbal –por ese nombre conocía él a José Manuel- me llevaba en un Citroën amarillo hasta la unidad básica, donde yo colaboraba con mis dibujos que luego se imprimían. Para mí es un privilegio poder hacerle este regalo a Guillermo. Antes dibujaba para su papá, ahora dibujo para él”. Lito no fue secuestrado durante la dictadura: “Me fui justo a tiempo”, afirmó.
El lunes 13 de junio declararán Gonzalo Conte, Edith Clutet, Teresa Izaguirre, Noemí Cabrera y Teodora Jofré, la apropiadora de Guillermo. Para el 27 de junio está prevista una inspección ocular de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), donde continuarán los testimonios sin público presente, a pedido del juez Ruiz Paz. Los testigos que asistirán se confirmarán en la próxima audiencia.
El 27 de mayo de 1977 a Daniel Mercogliano le sirvieron doble ración de comida. La noche anterior no había recibido nada, no alcanzaba para todos. “Ayer eran 200, hoy no son más de 120”, le dijo el compañero sometido a trabajo esclavo que se encargaba de repartir alimentos. Ese día, alrededor de ochenta personas fueron puestas en fila y “trasladadas” del ex Centro Clandestino de Detención Club Atlético. Sabemos lo que el eufemismo “traslado” significó en la dictadura cívico-militar argentina. Este 27 de mayo, treinta y nueve años después, son otros los detenidos, esta vez con todos los derechos y garantías que los militares negaron a los 30 mil detenidos desaparecidos: 17 represores fueron sentenciados por el Plan Cóndor, una asociación ilícita formada a fines de 1975 entre las dictaduras de Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil para eliminar a quienes consideraban sus enemigos. Aquellos que secuestraron, detuvieron, torturaron, y desaparecieron a cientos de personas en la clandestinidad, son hoy los que legalmente están siendo juzgados y sentenciados a prisión.
Las antorchas de la silueta que recuerda a los más de 1500 detenidos-desaparecidos que pasaron por “Club Atlético” en la dictadura militar fueron encendidas el pasado viernes, en un acto homenaje por el traslado masivo que tuvo lugar ese mismo día hace 39 años, fecha que pudo ser precisada gracias al testimonio de Daniel Mercogliano, ex detenido de ese centro clandestino. “Yo quiero hablar sobre el compañero Alberto Tomás Aguirre, un muchacho de 27 años, casado, albañil, correntino, militante de la Juventud Peronista, con tres hijos. Fue mi compañero de celda. Él fue secuestrado el día 22 y yo el día 19”, inició el relato Mercogliano. Y continuó, pese al temblor en su voz: “El 27 de mayo por la mañana nombraron celda por celda a cada uno de los que iban a ser trasladados en ese momento. Lo llamaron a mi compañero y yo en ese momento me alegré y hasta lo envidié. Fueron puestos en una fila, tomados todos por los hombros, y en trencito fueron llevados hasta un pasillo interno. Los represores les dijeron que iban a ser trasladados a una granja de recuperación en el sur y que iban a ser transportados en avión. Y que, para evitar inconvenientes, les iban a dar un tranquilizante. Alcanzaron una guitarra, pusieron música, y los obligaron a cantar y a bailar. Al poco tiempo el bullicio fue desapareciendo. Y no se escuchó más nada”.
El “Club Atlético” funcionó como centro de detención, tortura y exterminio entre febrero y diciembre de 1977 en el sótano de la sede del Servicio de Aprovisionamiento y Talleres de la División Administrativa de la Policía Federal, un edificio de tres pisos ubicado en Paseo Colón, entre San Juan y Cochabamba. A finales de 1978 fue demolido para la construcción de la Autopista 25 de Mayo. Los detenidos-desaparecidos que aún seguían allí fueron trasladados a «El Banco», otro centro situado en Camino de Cintura y Autopista Ricchieri, y luego a “Olimpo”, en Floresta. El 20 de septiembre de este año comenzará la tercera etapa del juicio a ese circuito represivo: Atlético-Banco-Olimpo.
El 27 de mayo se realizó un acto homenaje en conmemoración por los 39 años del traslado de aproximadamente 80 personas desde el ex centro clandestino de detención El Atlético. Se cree fueron victimas de los «vuelos de la muerte».
Gracias al reconocimiento que hicieron los sobrevivientes de su lugar de cautiverio, y al acompañamiento de sus familiares y de organizaciones de derechos humanos, a partir de 2002 el Gobierno de la Ciudad inició las obras de excavación y rescate arqueológico. “Seguimos trabajando todos los días para encontrar más certezas y verdades. Aún queda mucho que descubrir del Atlético, con más del 90 por ciento de su superficie aún sin excavar. La recuperación de la arquitectura y los objetos que acá se hallaban enterrados sirven como prueba en los juicios a los delitos de lesa humanidad que se llevan adelante”, dijo la arqueóloga Laura Duguine.
El acto homenaje fue organizado por la Comisión de Trabajo y Consenso del Atlético y por el Espacio para la Memoria de este ex centro clandestino. Osvaldo Barros, ex detenido, explicó: “Los traslados hacia una granja en el sur fue el eufemismo utilizado para no tener oposición entre los secuestrados. Así sentíamos irse a los compañeros entre risas, llantos y el ruido de los grilletes”. Respecto a la conmemoración, Susana Mitre, del Área de Transmisión de la Memoria, dijo: “Este acto es muy particular porque es la primera vez que hacemos un homenaje a un traslado. Cada uno de los aspectos que vamos conociendo va saldando un trauma vivido en nuestra sociedad, que fue nada más y nada menos que un genocidio. Ese es el valor que tiene, la reparación personal de los individuos, pero también una reparación social”. Para Daniel Mercogliano, dar el testimonio que permitió conocer la fecha exacta del suceso es una manera de luchar contra el olvido: “Las mil doscientas o mil quinientas personas que han muerto acá no pueden ser olvidadas, para que la historia no se repita, para que queden vestigios de ellos de su paso por la tierra”, dijo.
“¿Por qué hablar de un traslado en particular cuando hubo más de una docena en general? ¿Por qué mencionar a un secuestrado cuando hubo más de mil?”, preguntó Laura Duguine refiriéndose al Atlético. Y respondió: “Lo que sabemos sobre el terrorismo de Estado es mucho menos de lo que aún desconocemos. Armamos y reconstruimos el pasado como si este fuese un gran rompecabezas al que le vamos sumando piezas, pero aún nos faltan muchas. No sabemos el total de los traslados, las fechas en que acontecieron, y el total de la identidad de sus víctimas, pero sí sabemos que un día como hoy hace 39 años hubo un traslado masivo en el que junto a muchos otros estaba Alberto Tomas Aguirre. Esa es una pieza del rompecabezas que sí tenemos”.
Y son esos “pedazos de historia” los que permiten ir aportando pruebas a los juicios que a partir de 2003 vienen llevándose a cabo. Respecto al contexto actual del país, el ex-detenido Osvaldo Barros enfatizó: “Hoy, que corren peligro los avances logrados en la lucha contra la impunidad, que se pretende el olvido y la reconciliación, redoblamos nuestros reclamos de justicia por nuestros compañeros, saber su destino, dónde están, quiénes fueron los responsables. Exigimos la continuidad de los juicios. Seguimos reclamando reclusión perpetua, en cárcel común y efectiva, para todos los genocidas. Seguimos gritando: no habrá olvido, no habrá perdón, no habrá reconciliación”.
«Lo que sabemos sobre el terrorismo de Estado es mucho menos de lo que aún desconocemos. Armamos y reconstruimos el pasado como si este fuese un gran rompecabezas al que le vamos sumando piezas, pero aún nos faltan muchas», afirmó Laura Duguine.
Sentencia Plan Cóndor
Este viernes 27 de mayo, mientras Daniel Mercogliano se preparaba para detallar el traslado que había tenido lugar en el sótano de Paseo Colón años atrás, una sala llena en Comodoro Py escuchaba la sentencia del Tribunal Oral Federal N° 1 de la Capital por el “Plan Cóndor” y por el segundo tramo de la causa “Automotores Orletti”, en las que se investigan los crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. Si bien en total eran 32 los acusados en un inicio, solo se juzgó a 17 ex militares, 16 argentinos y 1 uruguayo, debido a que algunosmurieron –entre ellos Jorge Rafael Videla– y otros fueron separados del juicio por razones de salud.
El tribunal integrado por los jueces Oscar Ricardo Amirante, Adrián Federico Grünberg, Pablo Gustavo Laufer y Ricardo Ángel Basílico (juez sustituto), estableció para Santiago Riveros, Manuel Cordero Piacentini y Miguel Ángel Furci 25 años de prisión. Además, fijó para Reynaldo Bignone, el último presidente de facto, 20 años de cárcel. Juan Avelino Rodríguez y Carlos Tragant fueron absueltos, y el resto fue condenado a penas que varían entre 8 y 20 años de prisión. Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 9 de agosto.
Una de las particularidades de este juicio fue que se probaron no solo los crímenes de lesa humanidad, sino la asociación ilícita entre las dictaduras de Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil –con conocimiento y control de Estados Unidos– para reprimir y eliminar a aquellos que consideraron “peligrosos”. Entre los escritos que sirvieron de prueba judicial –documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos, el “Archivo del terror” de Paraguay, y algunos expedientes de la inteligencia militar de Argentina y Chile, entre otros– fue hallada el acta de fundación del Plan Cóndor, fechada el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile. El Plan Cóndor consistió, en una primera etapa, en la creación de una base de datos sobre los posibles enemigos políticos; una segunda fase consistió en pasar a la acción, identificando y eliminando a estos opositores a nivel regional; y una tercera, fuera de la región, para encontrar y asesinar a aquellos que consideraban “peligrosos” y que se hallaban en otros países.
Antorchas por la Memoria
Con las antorchas de la silueta del Atlético aún prendidas y la conmoción por el acto recién finalizado, Daniel Mercogliano habló sobre la coincidencia de fechas del aniversario el traslado y la sentencia del Plan Cóndor: “Hay algo que es cierto: esto no puede ser nunca más. Por nosotros no puede ser nunca más. Pero también me indigna que si bien los represores han sido unos grandes hijos de puta, y son responsables de todo lo que pasó, hoy sean los únicos que están en el banquillo de los acusados. Los que realmente se beneficiaron de todo esto no dan la cara. No puede haber más un hijo de puta que disponga de otro, en ningún sentido”. Actualizado 31/05/2016
«Mi nombre no siempre fue así», aclaró Guillermo Rodolfo Pérez Roisinblit al inicio de su declaración en la tercera audiencia del juicio por la privación ilegítima de la libertad de sus padres, Patricia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo, desaparecidos desde el 6 de octubre de 1978. Dio su testimonio a sala llena ante el Tribunal Oral Criminal Nº 5 de San Martín presidido por Alfredo Ruiz Paz. Estaban presentes su hermana Mariana y su abuela Rosa, y también su esposa, quien llevaba en sus brazos a Helena, la menor de sus tres hijos, que nació hace apenas tres semanas. En el recinto también estaban los tres imputados: su apropiador Francisco Gómez, Omar Rubens Graffigna y Luis Tomás Trillo, custodiados por el Servicio de Penitenciaría Federal.
Dos horas y media duró la declaración de Guillermo, el nieto recuperado nacido en la ESMA que supo acerca de su verdadera identidad recién en el 2000, cuando su hermana lo fue a buscar al trabajo para comunicarle que probablemente era hijo de desaparecidos. Durante 21 años de su vida, según su DNI, su nombre era Guillermo Francisco Gómez, hijo único de Francisco Gómez y Teodora Jofré. «¿Podés vivir el resto de tu vida sin saber si tenés o no una hermana?», le preguntó su jefe en el patio de comidas en que él trabajaba en ese entonces. Esa misma tarde, Guillermo se dirigió a la sede de Abuelas de Plaza de Mayo y él mismo se pinchó el dedo gordo para dar su muestra de sangre.
Durante su testimonio, Guillermo contó las dificultades que encontró para dar cauce a ese impulso inicial que lo movilizó a averiguar más sobre su verdadero origen. En principio decidió ocultarle a su apropiador el hecho de que había ido a visitar a las Abuelas de Plaza de Mayo, pero le expresó sus dudas. Luego de varios encuentros, Gómez decidió decirle la verdad en un viaje en auto: rompió en llanto y le confesó que era hijo de una “montonera judía estudiante de Medicina y un montonero”, le relató que su madre había pasado el último mes de su gestación con los ojos vendados en una habitación de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), y que él, que en ese momento trabajaba en el lugar, le había suministrado alimentos a escondidas y a veces la sacaba a pasear por el jardín para que tomara aire.
Guillermo afirmó que conoce el lugar donde estuvieron cautivos sus padres porque ocasionalmente acompañaba a Gómez a su lugar de trabajo durante sus primeros años de vida. Recordó cómo de niño jugaba con el tambor de la pistola de uno de los oficiales. A veces algunos de ellos, incluso, lo llevaban a tomar helado. Las visitas a la RIBA finalizaron cuando él y su apropiadora huyeron de Gómez luego de reiterados episodios de violencia doméstica, que incluyeron amenazas con cuchillos y golpes a la mujer. «¿Por qué un simple jardinero de la RIBA tenía en su casa armas y balas?», se preguntó en voz alta.
«A tu madre no le hicieron daño mientras estuvo embarazada, pero tu papá no corrió la misma suerte», le dijo Gómez en su confesión dentro del auto. Guillermo le explicó al juez que en ese momento la intensidad de lo que estaba escuchando lo bloqueó y no quiso saber más, pero que hoy, quince años después, se siente preparado para tener más detalles de lo que ocurrió con sus padres. “Necesito encontrar sus restos y hacer todo el ritual, para dejar de duelarlos”, afirmó al final de su declaración.
«Mi infancia no fue feliz», afirmó Guillermo varias veces durante su declaración. Además de los episodios de violencia doméstica, Gómez no mostraba muestras de afecto hacia él, ni siquiera cuando Guillermo lo iba a visitar a la prisión de privilegio en la que se encontraba mientras se llevaba a cabo el juicio por su apropiación. “No sé si iba por obligación, por algún tipo de lealtad o por culpa», planteó. El último encuentro con su apropiador tuvo lugar en 2003, cuando Gómez lo amenazó con asesinar a sus dos abuelas, a su hermana y a él cuando cumpliera su condena. Esa última conversación lo hizo cambiar de parecer al respecto de las contradicciones que le generaba la transición hacia su verdadera identidad. Aseveró también que entre 2002 y 2004 fue víctima de reiteradas amenazas para que no declarara en contra de sus apropiadores.
Guillermo aportó fotografías de sus cumpleaños infantiles a la causa, en la que se lo ve al lado de Ezequiel Vázquez Sarmiento, el nieto recuperado número 102, ahora Ezequiel Rochistein Tauro. El apropiador Juan Carlos Vázquez Sarmiento, suboficial de la Fuerza Aérea que se encuentra prófugo desde 2003, también aparece en una de las imágenes.
Rosa Roisinblit llega al tribunal a las 10 de la mañana del 2 de mayo, día que inicia el juicio acompañada por su nieto Guillermo Rodolfo Pérez Roisinblit.
El último que los vio con vida
El último familiar que vio con vida a los padres de Mariana y Guillermo fue Marcelo Rubén Moreyra, primo de José Manuel. Durante su declaración contó cómo a sus 18 años recibió en la puerta de su casa en Olivos a una veintena de oficiales que se presentaron como miembros de «Coordinación Federal», algunos de civil y otros uniformados. «¡Abran la puerta o la tiramos abajo!», gritaron. Antes de abrir, encerró a su prima de 11 años y a su abuela en una habitación y salió a hablar con los militares, que le dejaron un moisés con Mariana, de quince meses de vida. Recordó la imagen de su primo con las manos atadas rogándole que la tomara. «Me la hubieras dado a mí», afirmó que le dijo un oficial a otro frente a él, en alusión a la beba. Uno de los presentes en el operativo era el prófugo Juan Carlos Vázquez Sarmiento, apodado «El Colo». «Yo pude encontrar a mi hermano. ¿Cómo se les puede perder un colorado?», se había preguntado Mariana ante el juez durante la segunda audiencia en la que ella declaró como testigo.
Moreyra reconstruyó en detalle la escena de esa noche de 1978 en la puerta de su casa. A Patricia no la veía desde las fiestas de fin de año y no sabía que esperaba un bebé. “¡Estoy embarazada y me llevan…!”, llegó a gritarle a Marcelo desde el asiento de atrás de uno de los autos cuando el oficial que la acompañaba le tapó la boca. Luego, el testigo dedicó algunos minutos a contar cómo era la relación con su primo desaparecido, a quién recordaba como el “líder de las aventuras” en su infancia: «Nuestro vínculo se selló luego de una tarde en que hubo una importante discusión sobre política en casa, durante una reunión familiar». Aseguró que para él era natural ser vigilado por militares, que lo persiguieron desde 1974 hasta 1978: «Una vez salí de la casa de un amigo y me esperaba la camioneta que me seguía a todos lados. Me acerqué y les dije a los cabos ‘si me van a seguir, llévenme en el camión’, y me llevaron hasta casa».
Las próximas audiencias del juicio en las que declararán el resto de los testigos están pautadas para los días 26, 27 y 30 de mayo.
