Sep 9, 2015 | inicio
A partir de una orden del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, 40 miembros de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron un operativo que terminó con el decomiso del canal “Cooperativa de Trabajo Antena Negra TV LTDA” que funciona en Avenida Ángel Gallardo 752, a metros del Parque Centenario, en el barrio porteño de Villa Crespo. La orden pedía el secuestro de todos los equipos que generaran interferencia en la banda de frecuencia comprendida entre los 506 y 512 megahertz e indicaba también que la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) actuaría como depositaria judicial de estos equipos. Además, solicitaba que el presidente legal de la cooperativa, Martín Sande, se presente ante el tribunal el juez de Giorgi el jueves 17 de septiembre para prestar declaración indagatoria.
Antena Negra TV surgió en 2008 a partir de la necesidad de construir un canal televisivo que funcionara de forma comunitaria y, un año más tarde, comenzó su transmisión constante. Sande resumió los ideales fundacionales del espacio: “La perspectiva política del proyecto comunicacional es trabajar con todas las voces que son acalladas, con las distintas manifestaciones de las luchas populares. Buscamos que se expresen, que hagan síntesis de sus procesos y que puedan aportar material audiovisual para el conocimiento de sus causas. También tratamos de difundir luchas e interpelar a otros actores”. Malena Ruiz, quien participa del proyecto hace dos años y medio, explicó a ANCCOM cómo funciona el área de producción: “Nos encargamos de encontrar gente que tenga o produzca material, desde las organizaciones o desde la práctica independientemente, y que necesite lugares donde difundir. También tratamos de generar espacios de producción propias”. Actualmente, los participantes son aproximadamente 35 y la grilla de transmisión es de 24 horas, en la que se incluyen programas de producción en vivo y materiales de productoras audiovisuales que visibilizan luchas sociales de todo el país.
El conflicto que derivó en una intervención, comenzó a partir de una denuncia que realizó la propia Policía Federal, a partir de una interferencia que incomodaba la comunicación entre esta institución y la empresa de seguridad privada Prosegur. Santiago Marino, docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y director de la maestría en Industrias Culturales de la Universidad de Quilmes, aclaró: “Antena Negra es una organización civil sin fines de lucro que lleva adelante la prestación de televisión en abierto, desde una organización comunitaria. Utiliza un espacio que, hasta hace un tiempo, tenía Prosegur. En diciembre del año pasado, la presidenta Cristina Fernández firma el decreto 2456, que establece que la empresa privada debía dejar de usar esa frecuencia, ya que iba a destinarse sólo a televisión digital”. Se dictaminó así la inmediata liberación de la frecuencia correspondiente a la señal 20 por parte de cualquier servicio que no fuera radiodifusión y se la entregó al uso exclusivo de Televisión Digital Terrestre Abierta.
Los denunciantes plantearon una causa a partir del argumento de que la cooperativa interfería en las comunicaciones y, por consiguiente, ponía en riesgo la seguridad. Ruiz explicó: “La orden está basada en una denuncia penal que hace la propia policía. El mismo denunciante hace el operativo, junto con la AFTIC”. La mujer argumenta que, desde el canal, habían presentado a la AFTIC un acta en la que sostenían que Prosegur estaba ocupando ilegalmente una señal que no le correspondía: “En los 90, durante la presidencia de Carlos Menem, muchas frecuencias fueron regaladas o vendidas a diferentes entidades o empresas y ésta cayó en Prosegur. En diciembre de 2014 sale el decreto y en marzo de este año le decimos a AFTIC que tanto Prosegur como la Policía Federal estaban haciendo un uso irregular del espectro, a lo que ya no responden y directamente vienen en septiembre con esta orden de secuestro de equipos y allanamiento”.
Desde el inicio de las transmisiones en 2009, la cooperativa fue cumpliendo con distintos requisitos que pide la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) para ser tenidos en cuenta y transmitir de manera completamente legal, como la realización de un censo, la conformación de una cooperativa y la transmisión continua. Sin embargo, según fuentes de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Antena Negra no se presentó al llamado a concurso de 82 licencias para transmisión por Televisión Digital Abierta llamado mediante resolución número 24/2015 del 26 de febrero. Por su parte, desde la emisora manifestaron que no se inscribieron a este concurso y reclaman la apertura de un concurso para licenciatarios operadores.
Finalmente, el último viernes a las 11 de la mañana, la Policía se presentó en el espacio cultural El Cid, desde donde transmite Antena Negra, y se llevó equipos de transmisión (transmisor, potencia, computadoras). Sande contó: “Sin previo aviso, porque ni siquiera sabíamos de la causa, se presentaron 40 oficiales de la Policía Federal. Decían que venían a llevarse los equipos, que tenían una orden y que me corriera. Rompieron las puertas, entraron, destruyeron los equipos y se llevaron las cosas”.
Ante estos acontecimientos, los integrantes de Antena Negra reclamaron la presencia de AFSCA en el lugar. Finalmente Francisco D’Alessio, representante del organismo, llegó a la esquina del conflicto y aseguró que no tenía conocimiento de ninguna causa que implicara al canal.
En su comunicado de prensa, AFTIC informó que, por instrucción del Juez Federal que entiende en la causa, debió colaborar con el registro domiciliario efectuado el último 4 de septiembre, siendo el depositario judicial de los equipos secuestrados como resultado del procedimiento. ANCCOM intentó infructuosamente comunicarse con las autoridades de AFTIC para ampliar esta información. Ruiz dijo que este hecho remite a épocas funestas de nuestro país: “Es muy simbólico que vuelva una práctica que no se veía desde los 90 y que era muy usual en épocas nefastas de nuestra historia. Que además ocurra en relación a una empresa privada que está en una situación bastante ilegal, es un atraso muy grande en la búsqueda de igualdad y pluralidad en la comunicación”.
Martín Becerra, docente e investigador de la UBA y el Conicet, sostuvo que la Ley 26522, votada en el Congreso de la Nación el año 2009, se encuentra en completa vigencia, pero que sus problemas de implementación son numerosos: “Tiene que reservarse un 33 por ciento del espectro radioeléctrico a organizaciones sin fines de lucro y tiene que haber un plan técnico de frecuencias. Jamás pensé que volveríamos a presenciar el decomiso, el secuestro, el allanamiento, el desalojo violento, la destrucción de estudios de medios de carácter comunitario y alternativo”.
Los integrantes del colectivo comunicacional están trabajando con abogados para ver cómo defenderse de esta situación desde la legalidad. Además, continúan transmitiendo material enlatado mientras esperan que sus herramientas se arreglen o se recuperen para poder volver a la normalidad lo más pronto posible. Antena Negra convocó a los medios alternativos y a la sociedad en general a concentrarse el próximo viernes 11, a las 16, en Avenida de Mayo y Perú, frente a la AFTIC, para que los acompañen en su reclamo. Por otro lado, durante la mañana del jueves 17 se realizará una actividad pública en la puerta de los tribunales de Comodoro Py 2002, donde Sande deberá presentarse a declarar.
Sep 2, 2015 | Entrevistas
Multifacético, Julián Axat fue defensor penal juvenil de La Plata, poeta y militante de HIJOS. El año pasado, en la causa por «La Cacha», el centro clandestino de detención de La Plata en el que fueron desaparecidos sus padres, declaró que «hubiera querido defenderlos, ser esa defensa que ellos no tuvieron”. Ahora es el coordinador del Programa de Acceso a la Justicia o «Atajo», del Ministerio Público Fiscal. Lejos de cualquier imaginario que se pueda tener sobre el sistema judicial o sobre los fiscales, las palabras que más resuenan en su boca son territorio, barrio y villa. «El Ministerio Público tiene que aportar herramientas de prevención social, no debe llegar cuando el delito ya se cometió«, dice Axat y amplía: «El programa busca modificar la matriz política del Ministerio Público, está en los lugares donde suceden los conflictos».
En su oficina, Axat recibió a ANCCOM para contar los detalles del programa Atajo, un proyecto con una impronta que rompe con los paradigmas tradicionales de la justicia.
¿Qué es Atajo?
El programa Atajo es un programa de acceso a la justicia del Ministerio Público Fiscal de La Nación que busca recibir todo tipo de conflictividades vinculadas a sectores vulnerables de la población y canalizarlos. Estas conflictividades están vinculadas al bloqueo y al no acceso a la justicia que padecen. El programa busca remover esos obstáculos a través de distintos mecanismos. El más natural que utiliza es la creación de oficinas en los barrios más marginales, periféricos y con mayores índices de pobreza de la Ciudad. Es una manera de remover barreras de distancia y tiempo entre la gente y los estrados.
¿En qué barrios funciona?
Las oficinas y los lugares se eligen estratégicamente en función de indicadores. La pobreza es uno, los índices de conflictividades y delitos son otros. En función de eso, captamos problemas y los tratamos de resolver. Hoy está funcionando en siete barrios. En la villa 1-11-14, en la villa 21-24, en el Barrio Mitre, en la villa 20, en la villa 31, en Constitución y tenemos una oficina móvil, una camioneta que se mueve por los distintos barrios con un abogado y un trabajador social, por la villa Rodrigo Bueno, la villa 15, La Boca… de acuerdo a las necesidades que nosotros diagnosticamos en la semana; atiende problemas en plazas públicas, conventillos, hogares e iglesias.
¿Funciona solo en la Ciudad de Buenos Aires?
No, funciona en Mendoza, en Rosario y en Mar del Plata. Tiene tres sedes en el interior del país. Se planea llegar también a Santiago del Estero y a Córdoba. El programa es federal. La idea es que el Ministerio Público cuente con este mecanismo que establece el programa para poder empezar a generar mejores lazos con la comunidad y remover la mayor cantidad de obstáculos que existan entre la gente y el Ministerio.
¿Por qué se decidió crear este organismo?
Por varias razones. Nunca existió un programa de este tipo en la Procuración. Se creó por una política de la Procuradora, Alejandra Gils Carbó, de mejorar la atención de los sectores vulnerados. La propia Procuradora advirtió algunos obstáculos entre el Ministerio Público y esos sectores que había que remover. Fallas internas del propio Ministerio, burocracias innecesarias, barreras de la propia corporación, de parte de la fiscalía, de algunas reparticiones del Ministerio Público. Era necesario crear una puerta de entrada más a las fiscalías, una más abierta, más permeable, más inteligente.
¿Al comienzo fue difícil cambiar el paradigma del fiscal como acusador, para que pase a ser un actor más del barrio?
No es fácil crear una institución o construir el imaginario de una institución, de una práctica de una institución en un terreno en que el Ministerio nunca estuvo. Donde el Ministerio intenta establecer los Atajos siempre estuvo el sistema policial. Las fiscalías siempre estuvieron ubicadas en zonas urbanas, poco periféricas. En este sentido, ha sido un esfuerzo llevar las oficinas a los territorios, a los barrios, y ha implicado un esfuerzo de recursos humanos y materiales. Sobre todo, convencer y hacer entender a la gente sobre el trabajo que uno va a hacer. Están acostumbrados a que exista un conflicto y se resuelva a los tiros, o no se resuelva o se denuncie a la policía. Uno impacta sobre ese escenario, se busca que las denuncias se canalicen a través de los Atajos, que la pacificación de la comunidad se haga a través de mecanismos de mediación y conciliación y que no haya violencia entre pares. Estamos aprendiendo, estamos hace un año transitando la etapa de adecuarnos a los territorios. Creo que lo estamos haciendo muy bien.
¿En las oficinas trabajan solo actores judiciales?
Son todos actores judiciales porque son empleados de la justicia, pero tienen distintos roles. Hay abogados, trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, politólogos.
¿Actúan también como un espacio de contención?
La primera actuación es la contención, la escucha. Después viene el encuadre legal, la adecuación. Hay muchas formas de intervención del Atajo, no es solo contención. Es también asesoramiento, respuesta judicial, canalización y derivación responsable de problemas. La forma en que interviene el Atajo es múltiple. Es una puerta de entrada a la justicia, que a la vez tiene otras puertas internas. Atajo es la primera puerta y hace el esfuerzo por abrir las demás.
¿Cuáles son las problemáticas más comunes con las que se encuentran?
Violencia de género, violencia sobre niños, abusos, violencia institucional, violencia cometida por las fuerzas de seguridad sobre jóvenes o mujeres, trata de personas con muchos fines, muchas veces de explotación sexual o con fines de explotación laboral. Nos encontramos muchas veces con talleres clandestinos. También hay irregularidades del sistema de prestación del PAMI, lo mismo con ANSES y la seguridad social en general.
En otra entrevista comentaba que más del 70% de la gente que se acerca a los Atajos son mujeres. ¿Reciben muchos casos de violencia de género?
Muchos. Tenemos una tasa alta de violencia de género. Hay una fiscalía especializada en el tema, la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres. Tratamos de que la mujer venga y después de una escucha, tenga una respuesta judicial a su reclamo: si es un hombre que la golpea, que logre un impedimento de contacto, la exclusión del hogar. Tratamos de obtener medidas judiciales lo más rápido posible porque detrás de una consulta de una mujer por violencia de género puede haber un femicidio. Otra de las grandes patas que tiene Atajo es la promoción de derechos con talleres. Nos vinculamos con las escuelas de los barrios, actores sociales y centros comunitarios y damos charlas sobre derecho y distintas temáticas. Hacemos talleres de género por ejemplo, con mujeres víctimas de violencia que le cuentan a otras mujeres qué les pasó y cómo resolver sus problemas, talleres de violencia institucional, sobre seguridad social, muchos sobre cuestiones electorales. La tarea de los Atajos es múltiple y está vinculada al empoderamiento legal de los sectores que más les cuesta conocer los derechos que tienen.
Después de la campaña masiva en medios y en la sociedad del #NiUnaMenos, ¿recibieron más denuncias?
Sí. Es una temática que hace cinco años estaba escondida, no parecía importante para los medios y para la conciencia civil y pública. Hoy en día, la promoción de esas campañas hace que las mujeres tengan menos miedo y se acerquen a denunciar. La campaña del #NiUnaMenos penetró en muchos sectores sociales y llegó a los barrios. Se animan a denunciar más. Hay sectores en los barrios donde todavía vive la cultura del patriarcado, machista, de la violencia fálica. Nosotros pensamos el derecho en contra de esas formas culturales, la resistencia de las mujeres frente a las formas patriarcales es también parte de la liberación de los derechos, el empoderamiento legal de un sector vulnerable, como son las mujeres víctimas de violencia.
¿Recuerda algún caso particular?
Hubo un caso en la villa 31 de una chica que vivía con su nenita en situación de calle, adentro de la villa, y solía dormir en una suerte de galpón con su pareja que, borracho, la golpeaba a ella y a la nenita. A la noche, muchas veces se juntaba con otras personas que tomaban y abusaban de ella. Se acercó al Atajo, le conseguimos un parador donde pudieran dormir fuera de la villa, hicimos la denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica, y tratamos de lograr un impedimento de contacto con esta persona. Eso duró un tiempo, tratamos de mejorar las condiciones de vida de la nenita. Fue difícil porque ellos tenían una relación sentimental, ella quería frecuentarlo de nuevo, volvió y otra vez la volvió a golpear. Se inició el círculo de la violencia. Nosotros tratamos de cortarlo. Todavía estamos con el seguimiento. Casos así hay muchos. Recuerdo una mujer de la villa 20 que también llegó muy golpeada al Atajo, desde la Oficina de Violencia Doméstica se hizo una exclusión del hogar del marido, ella pudo volver a la casa con sus hijos. Esas son las funciones del Atajo. Por lo general, las mujeres se acercaban a la comisaría, y ahí muchas veces era disuadida la temática. No es lo mismo que te atienda un policía a que te atienda una persona del Poder Judicial. La Oficina de Violencia Doméstica está en el centro de la Ciudad, a veces la gente no tiene plata para ir hasta ahí. El Atajo es un punto intermedio.
Teniendo en cuenta su labor como defensor de menores en La Plata, ¿cómo se trabaja con la gran cantidad de jóvenes menores de 18 años que viven en las villas?
En los barrios la violencia institucional es fuerte. Recibimos muchas denuncias de adolescentes que son víctimas de violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Hemos recibido muchas denuncias de jóvenes que viven en Barrio Mitre y son víctimas de violencia por parte de la Policía Metropolitana. Recibimos la denuncia de cualquier joven que haya padecido cualquier tortura o vejación por parte de un policía y rápidamente a través de la PROCUVIN, la Procuraduría de Violencia Institucional, se identifica al policía y se inicia una causa. Atajo es un canalizador rápido para que PROCUVIN actúe. A veces los jóvenes no denuncian, no se acercan. Queremos mejorar el control de las fuerzas de seguridad y la relación con los jóvenes de los barrios que son víctimas de estigmatizaciones mediáticas, policiales y judiciales. Trabajamos mucho con jóvenes con causas penales, muchas veces se acercan a preguntar qué pasa con las causas que tienen. Les damos información judicial y, si están declarados rebeldes, nos comunicamos con los fiscales o jueces para sacarles la rebeldía y ponerlos a derecho. A veces los jóvenes tienen causas y lo desconocen. Está librada una captura porque no se presentaron. Tratamos de corregir esa situación. A veces los jueces nos piden que hagamos informes ambientales. Los trabajadores sociales van a las casas de los jóvenes que tienen conflictos con la ley y quizás a través de un informe se cierran las causas, porque el juez lo lee y entiende que no tiene sentido seguir criminalizando a los jóvenes.
Teniendo en cuenta que la violencia institucional parte del Estado y las oficinas de Atajo son parte de ese mismo Estado, ¿sienten alguna reticencia en esa relación con los jóvenes?
Una cosa es la Policía y otra cosa es la Justicia. Los jóvenes identifican, como dicen ellos, al «cobani» que viene con la gorra o a alguien que explica que es de la Justicia, que no es policía. Además, si trabajás en Atajo es porque sos una persona que tiene un perfil más vinculado a lo territorial, no sos solamente un burócrata de la justicia, sino que tenés cierta sensibilidad social. Eso lo perciben los jóvenes. Algunos vienen a los talleres que hacemos sobre allanamientos, violencia institucional, algunos de poesía y expresión artística. A veces vienen a preguntar qué tienen que hacer si los detienen o si los allanan. Tenemos muchos folletos sobre estos temas.
¿Y los temas habitacionales y de urbanización?
Hacemos muchas mediaciones y conciliaciones respecto de vecinos que tienen problemas: música fuerte, ruidos molestos, o problemas concretos como los anticréticos de la villa 1-11-14, que son contratos de locación que se dan en la villa y que no se cumplen. La ley nos faculta a conciliar en conflictos. También tratamos de intervenir y mediar en los desalojos, cuando hay por ejemplo situaciones en que una familia ocupa un lugar y la justicia ordena un desalojo. En este momento estamos interviniendo con una casa muy grande que fue ocupada en el año ’80 en la calle Humberto 1º, un viejo conventillo que en este momento está ocupado por siete familias muy pobres. La justicia nos permitió conciliar con un sindicato, que es el dueño de la casa. Las cuestiones habitacionales son centrales en los sectores vulnerables porque el problema de la vivienda es uno de los grandes problemas porque la Ciudad de Buenos Aires no tiene una capacidad de contención y de alojamiento. Tiene un excedente de propiedades vacías por gente de clase media o alta. Esas son las injusticias de una ciudad con tanta concentración de la riqueza como es Buenos Aires y con tanta gente viviendo en las villas: 250.000 personas de acuerdo al último censo. Seguramente tengamos la misma cantidad de plazas vacías en departamentos de la Ciudad con gente que tiene capacidad ociosa.
¿Cómo surgió la propuesta que Atajo tenga un programa de radio?
Un programa como el que nos planteamos necesita una herramienta de comunicación ágil, fluida y de difusión a los sectores con los que estamos trabajando. Tenemos un micrositio que mantenemos vigente día a día con las actividades que hace el programa, página de Facebook, Twitter… Somos parte de la Procuraduría General de la Nación que tiene un sector propio de comunicación. El programa de radio se emite los días jueves de 12 a 13 en Radio Madres de Plaza de Mayo, y lo conduce Ari Lijalad y dos personas que trabajan en Atajo. El programa recoge las problemáticas de los barrios, hacemos entrevistas… La idea es que se repita en todas las radios comunitarias. Casi todas lo hacen, la Radio de Bajo Flores, en la villa 21 en la radio Caacupe o en la villa 31. Las estrategias de comunicación tienen tres niveles: el primero es lograr que el propio Poder Judicial sepa que este programa existe, para poder usarlo. Tenemos la necesidad de difundir hacia adentro del propio sistema. Esto es una lucha larga. La villa dentro de un ministerio público es todo un tema, ahí se va a criminalizar, no se va a ser amigable. Hemos salteado ese escollo y estamos logrando mucha aceptación. La Procuradora se acerca siempre a abrir e inaugurar los Atajos con nosotros. Eso genera una imagen fuerte hacia adentro de la Procuración, que la Procuradora acompañe el proyecto y vaya a las villas. Invitamos a los jueces y fiscales a dar charlas. Queremos que los funcionarios de primera línea acompañen estos procesos. Y esto es una lucha comunicacional, semiológica. El segundo nivel comunicacional tiene que ver con los medios más hegemónicos, gráficos, televisivos y radiales para la gente en general. La Nación sacó una nota muy elogiosa, el diario El Mundo de España también, Página 12, Tiempo Argentino, Infobae… mirá que a Gils Carbó le pegan, pero Atajo ha sido un programa bien visto por los medios hegemónicos. Y el último nivel son las herramientas de comunicación hacia los propios sectores sobre los que trabajamos.
¿Cómo influyó tu historia como hijo de desaparecidos en este programa?
La Procuradora me dio un margen para construir el programa y lo direccioné escuchando lo que ella quería, respetando el criterio que ella quería establecer. Es un programa que está vinculado con las políticas que esta procuradora lleva a cabo, sobre todo las políticas de empoderamiento legal, de memoria, verdad y justicia, de persecución a la criminalidad organizada. Busca fortalecer a los sectores sociales débiles para perseguir el delito grave. Mi historia está vinculada con la defensa de los sectores más débiles y me guío por eso. Si nosotros estamos trabajando con los sectores vulnerados, me interesa que la Proselac y la Procunar, que son las fiscalías especializadas en lavado de activos, narcotráfico y trata de personas, la otra parte del Ministerio que investiga a los peces gordos, actúen. Esa es la intención, no perseguir perejiles. Cambiar el paradigma y que el Ministerio esté dirigido a la criminalidad grave.
Ago 25, 2015 | inicio
El Centro Comunitario Educativo Construyendo Sueños nació en plena crisis de 2001 y se fue consolidando a lo largo de los años. Situado en el Barrio Fátima de Villa Soldati, se encuentra en la Manzana 6, Casa 29 y pertenece al Distrito Escolar 19 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy cuenta con un equipo de 16 trabajadores, a quienes el Gobierno porteño ha dejado de pagar el sueldo y propone como alternativa al desmantelamiento, que el Centro se asocie a una organización no gubernamental (ONG) para seguir subsistiendo. En la actualidad, el Centro está a cargo de cuatro coordinadoras, Lorenza González, Fidelina Martínez, Lorena Navarro y Zulma López, quienes como el resto de los trabajadores, hasta hace dos meses, formaban parte de la planta transitoria del ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. López contó a ANCCOM la problemática que atraviesan y repasó la historia de este espacio de apoyo, pero también de desarrollo para los chicos y chicas del barrio: “A partir de tres casos de gatillo fácil y violencia, empezamos a ver qué necesitaba nuestro barrio y qué podíamos hacer”. Ya en los albores del 2000 comenzaron, entonces, a averiguar quiénes podrían colaborar con la iniciativa, pero los Ministerios de Educación y Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires no dieron buenas respuestas.
“A partir de tres casos de gatillo fácil y violencia, empezamos a ver qué necesitaba nuestro barrio y qué podíamos hacer”, cuenta Zulma López, una de las cuatro coordinadoras de Construyendo Sueños.
Mientras pensaban cómo sustentar el centro, armaron una biblioteca en el espacio de la capilla Virgen de Luján del barrio, pero como era fundamental que los niños contaran con un salón donde pudieran realizar actividades educativas, deportivas y recreativas, luego de sucesivas reuniones entre vecinos, decidieron comprar una vieja bicicletería para refaccionarla y disponer de ese local. Pero el dinero para solventar las actividades seguía faltando. “Continuamos buscando quién nos podía financiar para poder realizar talleres, que incluyen panadería, iniciación deportiva, teatro, música y defensa personal.Entonces, pedimos una audiencia con el ministro de Educación que, en ese momento, era Mariano Narodowski. Vino a conocer el Centro, le gustó el proyecto y ahí entraron los profesores”, recordó López. En ese año comenzaron las actividades que mantienen los docentes hasta hoy, a pesar de que el Gobierno de la Ciudad, a cargo de Mauricio Macri, dejó de pagar los contratos por horas cátedra. El conflicto se inició cuando, el pasado 1 de agosto, los docentes fueron a cobrar los haberes correspondientes al mes de julio y se dieron cuenta de que no se los habían depositado. Ariel Sánchez, secretario de Políticas Socioeducativas de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), expresó: “Desde el Gobierno dijeron que consigamos una organización no gubernamental (ONG) para que gestione el espacio. Nosotros buscamos una salida que no sea la firma del convenio de tercerización que quiere imponer el PRO, porque su idea es implementar lo que Macri llama ‘gestión asociada’ y nosotros, precarización laboral. En vez de construir jardines del Ministerio de Educación, firman con organizaciones que dependen de Desarrollo Social; ponen a la educación en un plano asistencial en lugar del plano educativo”. Mediante la implementación de este sistema de contratación, una ONG sería la receptora de los aportes del Estado, que automáticamente dejaría de ser responsable por la seguridad laboral de sus 16 trabajadores.
Centro educativo Construyendo Sueños (Fotos Deborah Valado)
Cuando les hicieron por primera vez la propuesta de tercerización, los integrantes de Construyendo Sueños se acercaron al gremio docente. Primero, se realizó una movilización con los maestros, alumnos y vecinos del Barrio Fátima hasta las puertas del Ministerio de Educación, donde esperaron durante horas pero nunca fueron recibidos. Semanas más tarde, volvieron al lugar, en esta nueva oportunidad oportunidad los chicos y sus talleristas exhibieron públicamente sus trabajos. Luego llegó el receso escolar y la baja de los contratos. En ese momento, UTE convocó a una conferencia de prensa en la que se anunció la presentación de un recurso de amparo ante la Justicia porteña para exigir la reincorporación de los docentes cesanteados. El acto contó con la presencia de Nora Cortiñas, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y los legisladores porteños José Cruz Campagnoli de Nuevo Encuentro y Paula Penacca del Frente para la Victoria. “El gobierno de la Ciudad no tiene mucha intención de moverse de su postura y el tema hay que solucionarlo, porque los compañeros están sin plata en el bolsillo. El centro se va a terminar cerrando porque no hay manera de sostenerlo. Si la justicia no responde, hay que buscar una salida alternativa”, dijo Sánchez. Por su parte, Lorena Navarro contó: “Somos cuatro coordinadoras, una psicóloga, un trabajador social, uno de mantenimiento, una de limpieza, una bibliotecaria y siete profesores. También transitan alrededor de cien chicos y jóvenes de distintas edades. Todos están viniendo de manera habitual y esperando que salga el amparo. Al Gobierno de la Ciudad se le enviaron petitorios para realizar una reunión, pero nos bajaron las horas y nunca nos llegó formalmente un telegrama de despido o algo por el estilo. No tienen comunicación con nosotros”. Su compañera López, agregó que “sólo en 2012 estuvimos con María Soledad Acuña, de la Subsecretaría de Equidad Educativa del Ministerio de Educación, y nos recibió muy mal, con un desprecio total”.
“Preguntan por qué el gobierno no nos quiere escuchar y vos, como adulto, no sabés qué responder», contó Zulma López.
Hasta julio, el Ministerio se encargaba únicamente de pagar los sueldos. Para el mantenimiento integral, insumos y gastos (como las boletas telefónicas o la compra de garrafas de gas), se realizaban rifas y se vendían alimentos del taller de panadería. Lo que más preocupa a los integrantes del Centro es que los niños y adolescentes son los más afectados. López señaló: “Preguntan por qué el gobierno no nos quiere escuchar y vos, como adulto, no sabés qué responder. Esas cosas te dan un poco de bronca: no es por nuestro sueldo, sino por la oportunidad de los chicos”. ANCCOM intentó comunicarse tanto con el Ministerio de Educación como con el de Desarrollo Social de la Ciudad. De ninguno de los dos obtuvo respuesta. Tampoco lo lograron los responsables de Construyendo sueños: “Hasta el momento, ningún representante del Gobierno demostró intenciones de realizar una reunión para buscar una solución alternativa.Nosotros les decimos que vengan a ver al laburo que hacemos, que vengan a escuchar a los pibes. Quieren que hagamos sólo apoyo escolar -afirma López-. Hay chicos que lo necesitan, pero también hay otra población que necesita otras cosas. ¿Y los que van nomás a los talleres? Eso no lo tienen en cuenta. Que se pierda todo lo logrado no es justo y duele”.
Ago 25, 2015 | inicio
Con el objetivo de celebrar sus primeras tres décadas de vida, la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA organizó, la semana pasada, el Congreso Latinoamericano de Comunicación “30 años de Itinerarios Intelectuales”. Participaron docentes, estudiantes, graduados e investigadores que ofrecieron más de cuatrocientas ponencias académicas y decenas de presentaciones de libros, paneles de debates, videoconferencias, proyecciones y muestras de teatro, danza y poesía. Hubo homenajes a los profesores fundadores, invitados extranjeros y una prolífica Feria de Editoriales Independientes que se extendió en la planta baja del edificio de la Facultad de Ciencias Sociales.
El Congreso – que contó con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Defensoría del Público y la Facultad de Ciencias Sociales- cerró sus actividades con un panel realizado el pasado viernes en el auditorio Roberto Carri. Allí expusieron Florencia Saintout, decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata; Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional; el docente de la UBA y de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Gustavo Bulla; y el anfitrión del encuentro, Diego de Charras, director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA.
Saintout abrió el debate y resaltó la importancia de la construcción colectiva que llevó adelante el Congreso. Después valoró la institucionalización de los estudios de la Comunicación que se llevó a cabo en toda la región en los últimos 30 años. “Ahora estamos diseñando las próximas tres décadas. Formamos parte de un momento en el que muchos de nosotros sentimos que la historia no solo no se acabó sino que podemos tocarla y está en nuestras manos”, señaló la decana y propuso como ejes para pensar el futuro universitario los conceptos de soberanía, intervención, acceso y masividad. Además, propuso la defensa de la educación superior como un derecho humano. “La universidad –completó- no solo debe ser pública sino también popular, distinta a la que hoy tenemos, tiene que estar en constante transformación a partir de las necesidades del pueblo”.
«La universidad no solo debe ser pública sino también popular, distinta a la que hoy tenemos, tiene que estar en constante transformación a partir de las necesidades del pueblo”, Florencia Saintout.
La decana platense también reafirmó la necesidad de aplicar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “No estamos hablando solamente de medios de comunicación –argumentó-, estamos en un contexto político-histórico en el que los grandes opositores de los gobiernos populares que han hecho tremendas transformaciones en todas nuestra región aparecen travestidos de medios de comunicación. Debemos tener en claro para quiénes y también contra quiénes investigamos”.
A continuación, Calzoni recorrió los cambios que se dieron en las universidades desde la creación de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, que coincidió temporalmente con el retorno de la democracia. Mencionó las profundas transformaciones en los modos de vivir y leer la realidad. En ese contexto, mencionó la necesidad de las nuevas alfabetizaciones, la digital y la mediática.
Bulla, por su parte, también marcó como un hito la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Reveló que tuvo el privilegio de participar coordinando más de veinte foros de discusión, muchos de ellos en las universidades públicas. Así, se encargó de condensar en este hecho la importancia de estas instituciones en la historia del país. En ese sentido, resaltó la creación de catorce nuevas universidades que devolvieron la idea de un horizonte posible a las nuevas generaciones. “Ya no hay vuelta atrás”, sentenció.
Diego Rosemberg, coordinador de ANCCOM, participando del panel «Noticias, periodismo y universidad».
El último orador, Diego De Charras, director de la carrera, más que cerrar el congreso abrió un debate: “¿Hacia dónde vamos?”, inquirió. Tras rescatar las posibilidades que brinda el nuevo edificio y la recientemente aprobada modificación del plan de estudios, respondió él mismo a su pregunta: “Estamos yendo en dirección a saldar este reclamo histórico que se le hace a la Carrera de Comunicación en la UBA acerca de la falta de práctica –subrayó-. Y pasamos de una práctica de formación a una de producción, que ya empieza a ser autónoma de la formación curricular”.
En este sentido, De Charras resaltó la importancia de la reciente puesta en funcionamiento de ANCCOM, la Agencia de Noticias de Ciencias de la Comunicación, a partir de marzo de 2015, vinculada con las exigencias del nuevo plan de estudios y con un contexto que reclama también un nuevo rol a la Universidad: “No sólo se trata de pensar sino de actuar críticamente en la práctica de los medios”, señaló.
Alerta Pachuca en el cierre del Congreso Latinoamericano de Comunicación.
Ya fuera del estrado, De Charras confirmó que, en poco tiempo más, se sumará a ANCCOM la producción radial de Planeta Sociales, una agencia de publicidad de la Carrera y otra de producción de prácticas comunicativas en organizaciones sociales. “Hay una dinámica de ponderación de la acción y de la participación en la producción que ya no tiene vuelta atrás. Ya no se trata solo de pensar y me parece maravilloso”, concluyó el director de Ciencias de la Comunicación antes de ir a escuchar a Alerta Pachuca, la banda que cerró con música y baile los festejos de cumpleaños universitario.
Ago 18, 2015 | inicio
El partido de La Matanza fue una de las zonas afectadas por las últimas inundaciones en la Provincia de Buenos Aires. Las localidades de Virrey del Pino y Laferrere fueron las más perjudicadas del distrito. Según información del mismo municipio, en esos barrios las instituciones educativas se prepararon como espacios de refugio para contener a los evacuados, que fueron, según fuentes oficiales, 1200. De todas formas, esta cifra no contempló a la gran mayoría de vecinos que no asistieron a los centros, y decidieron permanecer en sus casas inundadas, para proteger sus pertenencias y tratar de mantenerlas a resguardo del agua.
El barrio Independencia pertenece a González Catán, en el partido de La Matanza. Allí el domingo amaneció con sol, y bastante caluroso. Ya el viernes había dejado de llover, y el sábado había sido el primer día seco, después de una semana de agua. A la mañana, los vecinos se acercaron y formaron fila en la puerta de la ex escuela 199 -ahora 62- para que el personal de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio les tomara sus datos y los inscribiera en el registro que les permitirá cobrar un aumento en las asignaciones que reciben, a modo de resarcimiento por las pérdidas. Maestros, porteras y personal de la escuela estuvieron en la organización y en la contención de los que se acercaron. También repartieron ropa y agua mineral que llegaron a través de anónimas donaciones. Marina, una de las maestras, cuenta que la escuela funcionó otras veces como refugio para los evacuados pero como el espacio es insuficiente, ahora tratan de ayudar de otra manera.
Las calles que rodean la escuela están asfaltadas, pero esas cuatro calles de asfalto son las únicas del barrio. Muchos de los vecinos que forman fila comentan que, a pesar de todo, “esta no fue la peor inundación.” Silvina, que se considera dentro del grupo privilegiados que viven cerca del asfalto, cuenta: “Se me mojaron varias cosas pero no fue tanto. La otra vez, sí. Nos llegó hasta el pecho. Yo me tuve que ir de casa con los dos nenes y dejar todo. Cuando volví estaba no había nada que no se hubiera mojado, esa vez perdí todo. Después, gracias a mi familia fui reconstruyendo de a poquito”. La inundación anterior fue en febrero de este año, y la mayoría de los vecinos coincide en que aquella vez las consecuencias fueron peores. Sin embargo, aunque más leve, la inundación volvió la semana pasada.
Barrio Independencia, González Catán.
“Es difícil vivir con el agua, prácticamente nos quedamos todos arriba de la cama, subiendo con maderas o ladrillos”, dice Rosa, que vive con siete chicos en su casa. El traslado a un centro de evacuados, dice, es impensable por el miedo a los robos. Fátima tiene quince años y vive con sus padres y hermanos, casi al fondo del barrio, cerca del río. La semana pasada, su familia tuvo que permanecer en la casa de un tío, pero sus padres volvían constantemente para no dejar la casa a la deriva: “Porque si la dejás mucho tiempo sola, te roban las cosas”, advierte.
Lucía Acosta también vive cerca del asfalto, y junto a su esposo Américo se encargaron de llevar comida y agua potable a aquellos que se quedaron en sus casas inundadas, a la espera de que el agua baje. Acosta cuenta que muchas veces, cuando la situación es muy crítica, decide alojar algunos vecinos en su casa. La comida y ropa seca que les ofrece son producto de donaciones que consigue con ayuda de la escuela.
La impotencia que sienten en el barrio por el abandono es aún más grande que el dolor por las pérdidas. “Desde que empezó el agua, acá no vino nadie”, dice Fabiana Martínez. Ella y su marido, Enrique Gutierrez, viven en el barrio desde fines de la década del noventa: “Los bomberos entraron una sola vez a la mañana para sacar a una chica discapacitada que vive enfrente, y vinieron porque los llamaron. Dijeron que iban a volver a la tarde, pero no regresaron más. Nosotros hablamos por teléfono con Defensa Civil y no nos dieron bola. Cuando llamamos siempre dicen que van a venir pero nunca aparecen. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué vamos a vivir bajo el agua? Ni siquiera son capaces de ir allá al fondo, mojarse un poco y averiguar qué les pasó a esos vecinos donde el agua los tapó”, dice y agrega: “Es lamentable porque nadie quiere venir, nos tienen como olvidados”. Fabiana Martínez y Enrique Gutiérrez criaron siete hijos, ahora ya tienen nietos. En su casa el agua ya se ha ido y empezaron a limpiar: “Cuando baja el agua -describe- quedan el olor a podrido, los virus, las bacterias… A veces no tomamos conciencia y andamos descalzos en el agua que está contaminada. Acá la mayoría son pozos, no hay cloacas y cuando viene mucha agua todo eso rebalsa”.
«Sabemos cómo es el tema agua, entonces tenemos algunas cosas levantadas dentro de la casa, todos los días. La mayoría de la gente que vive acá hace años ya sabe que cuando llueve, y se junta agua en las dos canchas de acá al lado, seguro nos inundamos” afirmó Enrique Gutiérrez, vecino afectado por la inundación en el barrio Independencia, González Catán.
“Las cosas más importantes que tenemos, como los colchones, la ropa y la heladera, lo levantamos todo. Y aunque esta vez la inundación no fue tan grande, igual el agua cubrió todo”, cuenta Gutiérrez y, con cierta resignación, subraya que ya están “experimentados en el asunto”: “Sabemos cómo es el tema agua, entonces tenemos algunas cosas levantadas dentro de la casa, todos los días. La mayoría de la gente que vive acá hace años ya sabe que cuando llueve, y se junta agua en las dos canchas de acá al lado, seguro nos inundamos”.
La falta de obras hídricas en la Cuenca Matanza-Riachuelo, las escasas obras para la urbanización del barrio, la pavimentación nula, las cloacas nunca realizadas y las viviendas totalmente precarias: todos motivos que se mezclan y confluyen en las constantes inundaciones. “La realidad es que ningún gobiernos hace nada. Y nosotros, los que tenemos pocos recursos, somos los que pagamos el precio. Después, ellos siempre te la quieren arreglar con un colchón o una frazada”, concluye Gutiérrez.
Entre las casas y las calles casi no hay separación, por lo que el barro se esparce cómodamente dentro de las habitaciones. En algunas viviendas todavía hay algo de agua, en otras pueden verse puertas con cadenas y candados, son las que pertenecen a vecinos que aún están evacuados. En la casa de Laura, sus cuatro hijos se amontonan en una habitación seca, mientras el resto de las paredes y el piso aún está húmedo y el baño todavía inundado. Algunas frazadas y manteles no se han mojado pero el moho los ha alcanzado: “Hay cosas que estoy limpiando, pero otras ya no sirven y las tengo que tirar” dice Laura, con bronca.
Barrio Independencia, González Catán.
En medio de la inundación, Sandra Araujo y su esposo se quedaron en la casa llena de agua. A los chicos los llevaron con su tía, a la que “le habían prestado una casa en el asfalto”. Ella es ama de casa y él trabaja en una fábrica de estructuras metálicas. Los días que vivieron con la vivienda anegada, Sandra permanecía sobre la cama y su esposo se encargaba de hacer las compras y de cocinar para ambos: “Perdimos los colchones, la mayoría los tuve que tirar. Las camas de los chicos ya no dan para más después de tantas veces que se mojaron. Pero uno nunca se acostumbra. Hace unos años, yo tenía una casilla y me tapaba el agua, tenía que irme con familiares o quedarme en los colegios. Ahora levanté mi casa con sacrificio, y al final estoy en la misma”, masculla Sandra, “No se puede acostumbrar uno a esto -completa-, yo no me puedo acostumbrar y lloro. Si están los medios necesarios para poder arreglar los brazos del río, ¿por qué no lo hacen?”
Cuando, los vecinos del Independencia no reciben respuesta, cortan la ruta 3, en el kilómetro 29: “Si no, no viene nadie”, comenta una vecina al pasar. “Los políticos nos tratan como a los chicos. Nos dicen: ´Hoy no tengo nada para darte, pero quedate tranquilo que te doy mañana´. Y con eso nos conformamos”, concluye Sandra.
Actualización 19/08/2015
