Ene 23, 2016 | inicio
“El periodismo es libre o es una farsa” escribió Rodolfo Walsh, quien fuera asesinado por la última dictadura cívico-militar en 1977. Décadas más tarde, el 11 de enero de este año, Víctor Hugo Morales, quien conducía los programas La Mañana y Competencia por Radio Continental, fue despedido. La noticia le fue dada cuando se presentó en su puesto de trabajo como lo hacía todos los días, desde hacía treinta años. En apoyo al periodista -que fue sumado a la montaña de despidos estatales y privados del último mes-, su audiencia y distintas agrupaciones políticas convocaron a una manifestación en la Plaza de Mayo para repudiar el hecho.
Las columnas de Nuevo Encuentro, La Cámpora, Peronismo Militante llegaron desde temprano y, entre otras agrupaciones, se ubicaron detrás del escenario montado frente al Cabildo. La multitud autoconvocada se ubicaría sobre Avenida de Mayo y las diagonales Norte y Sur. La invitación había circulado por las redes sociales con un horario centralizado que indicaba el inicio a las 17.
Dos horas más tarde, cuando se complicaba caminar o avanzar, Victor Hugo Morales subió al escenario para dirigirse al pueblo, acompañado de múltiples referentes defensores de los derechos humanos, la cultura y la comunicación: Martín Sabbatella, Gabriela Cerruti, Mónica Macha, Eugenio Raúl Zaffaroni, Andrés “el Cuervo” Larroque, Daniel Tognetti, Anibal Ibarra, Teresa Parodi, Horacio Pietragalla, Cynthia García, Horacio Fontova, entre otros. Y comenzó: “Un pueblo en la plaza es un pueblo que merece la atención y el respeto del periodismo. Es la demostración más alta y más maravillosa de la expresión de la democracia”.
A pocos minutos, resaltó la importancia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (o Ley de Medios) como garante de la pluralidad de voces y freno a los monopolios mediáticos. Aprovechó el momento para destacar que el llamado de Sabbatella fue el primero que recibió, seguido por Graciana Peñafort y Cerruti: “Aquí estamos para pelear por el periodismo y, detrás de eso, por la Ley de Medios, que apuntó a asegurarnos más democracia y nos despertó”. Paloma López, una estudiante de Villa Crespo que escuchaba atenta entre el público, explicó a ANCCOM por qué se encontraba en la concentración: “El manejo político del gobierno de Macri es propio de un gobierno neoliberal, de derecha, que tiene intereses puramente especulativos y responde a la lógica del mercado. A partir de esa base, se puede entender cualquier cosa. Víctor Hugo es una voz más que se plantó frente a un monopolio y están queriendo silenciar esa posición ideológica que no tiene que ver con la lógica mercantil, sino con una posición mucho más humana. Eso es lo que estamos defendiendo de fondo, y es lo que quieren callar y censurar a toda costa”.
Desde los altoparlantes, la voz de Morales defendía la discusión y se contraponía a la propuesta de un discurso univoco que no conlleve confrontaciones: “No quieren que haya un periodismo desobediente, pero no sirve que no haya voces contrarias. La grieta existe en todas partes del mundo, porque el mundo está discutiendo cómo se quiere organizar. O alrededor de la posibilidad de que todos quepan o alrededor de la elite que se queda con todos los beneficios. Si hay una división de opiniones, lo que hay que hacer es trabajar fuertemente en esa división. Pero no le tengamos miedo a la discusión”. Fabio Muente, psicólogo de Alvivir, sostuvo en el medio de la Plaza: “Es importante que se puedan dar estas manifestaciones ante un avance tan fuerte contra la libertad de expresión y contra las pocas voces que quedan con una opinión y una visión distintas a la del actual gobierno. Lo de Víctor Hugo fue absolutamente sorpresivo. Esta es una plaza alegre y comprometida, pero que se da en el marco de despidos, de represión, de avance sobre derechos adquiridos, de recortes económicos y aumentos. En el marco de todo eso, los que estamos acá sentimos que, encima, nos quitan las voces, como si fuera poco”.
Morales, sin conocerlo, expresaba lo mismo: “Este mes de la derecha ha superado las expectativas. Sabíamos de qué eran capaces, pero no sabíamos que iban a llegar con tanta crueldad”. Se refirió, entonces, a los miles de trabajadores que están siendo despedidos de la órbita estatal, entre los que incluyó a los del Centro Cultural Kirchner, Arsat, el Senado y a quienes fueron reprimidos en La Plata. Respecto de esto, advirtió: “La gente no votó a los CEOs de las doce o trece empresas más importantes. Al Estado se lo han devorado las corporaciones. Se terminó el lobby, porque los que hacían el lobby ahora están adentro del Estado y no precisan ir a convencer y presionar a políticos y periodistas”.
Lorena Davila, de Villa Urquiza, contó: “Vine porque quiero seguir escuchando la radio que se escuchó por muchos años en mi casa, pero también por la cantidad de gente que están dejando sin laburo. Para que no haya un blindaje mediático, para que la libertad de expresión siga como en el gobierno de Cristina y no como una mentira para ganar elecciones. Macri demuestra, día tras día, para quién va a gobernar. Y ahí estaremos, en cada plaza, para no convertirnos de nuevo en colonia”. María Luz Cerone, su amiga y vecina, sumó: “Vine no sólo por Víctor Hugo, sino también por la amenaza a los derechos y logros del gobierno anterior. No quiero vivir lo que muchos otros me contaron que vivieron. Me prometí el 9 de diciembre que iba a apoyar en todo lo que pudiera el proyecto nacional y popular. Macri es un testaferro de los grandes grupos y nosotros vamos a tener que luchar contra eso”.
Para finalizar, Morales agradeció el apoyo de sus compañeros de Radio Continental e instó a la multitud a mantenerse activa y alerta: “Sigamos luchando. Luchar es estar informados y estar informados es trabajar de ciudadanos, es nuestro mecanismo de defensa. Si no hay información, está la locura de la mentira de los medios”.
En la desconcentración, Silvia de Caballito –así se identificó, como lo hacen los oyentes de las radios- repartía volantes dirigidos a los votantes de Macri: “Hace un mes –se leía-, yo me levantaba y escuchaba a Víctor Hugo. Vos te levantabas y escuchabas a Lanata. Yo almorzaba escuchando a Dady Brieva. Vos almorzabas escuchando a Majul. Yo cenaba mirando 678. Vos cenabas mirando Los Leuco. Antes de dormir me gustaba mirar Duro de domar. Como a vos seguramente te gustaba mirar A dos voces. Si los sábados no salíamos, yo podía ver TVR y vos podías ver a Mirtha Legrand. Un mes después ya no puedo escuchar a Víctor Hugo, ni a Dady, ni ver 678, ni Duro de domar ni TVR. Y, sin embargo, vos seguís teniendo la misma libertad para ver los programas que pudiste ver ininterrumpidamente durante todos estos años. ¿Te acordás cuando decían que TN iba a desaparecer?
Ene 23, 2016 | inicio
Leandro N. Alem y Sarmiento. 11 de la mañana. Un grupo de 100 personas, rodeado por otras 200 que acompañan una lucha, una más de los trabajadores que deciden los pasos a seguir: “Su objetivo es desgastarnos, tenemos que contar con un elemento para forzar una conciliación obligatoria”, “nos están dando la peor parte del decreto”, “la pelea es adentro del edificio, nos tenemos que exponer”, “queremos luchar, pero no vamos a entrar a la fuerza”. En la puerta del Centro Cultural Kirchner (CCK), se escuchan diferentes voces, diversas posturas, pero todas con una misma conclusión: “A un trabajador no se le puede negar su lugar natural y ese lugar, en nuestro caso, es el CCK”, afirma Hernán Granovsky, delegado del Centro Cultural.
Por orden de las nuevas autoridades, el pasado sábado 2 enero 530 trabajadores del Centro Cultural Kirchner no pudieron acceder a sus puestos de trabajo porque su ingreso al edificio estaba prohibido. La medida ocurrió sin previo aviso, sin ninguna nota formal, sin ninguna resolución ni acto administrativo. La modalidad fue una lista que identificaba a quienes tenían restringido el acceso. “Al entrar al edificio, nos encontramos con una lista con nombre y apellido de aquellos que sí podían ingresar, en su mayoría gente de mantenimiento y recursos humanos, y de quienes no teníamos permitida la entrada”, cuentan dos trabajadoras del CCK, quienes prefirieron mantener en reserva su identidad por medio a mayores represalias. “Si bien sabemos que nuestro futuro pende de un hilo, pensamos que se iba a respetar el acuerdo al cual se llegó la semana pasada”, agregan.
El martes 29, después de tres semanas de cimbronazos permanentes, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) había llegado a un acuerdo con Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, bajo cuya esfera se encuentra ahora el CCK. Lombardi les había prometido su continuidad laboral durante los tres meses que se hiciera efectivo el Decreto 254/2015: “La semana anterior tuvimos una reunión con Lombardi, quien se comprometió por la continuidad laboral de los 530 trabajadores del CCK. Iba a hacer efectivo el decreto presidencial, no obstante garantizó durante los tres meses de revisión, la renovación de los contratos. Ayer los trabajadores se encontraron con las puertas cerradas”, sostiene Diego Martínez, dirigente de ATE. “Al ingresar al edificio, nos recibió una persona de Recursos Humanos que nos comunicó que nuestros contratos ya no eran reconocidos -explica Hernán Granovsky- y como solución nos dijeron que nos iban a evaluar para decidir nuestra continuidad o reubicación en el nuevo organigrama del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos”.
Los cambios con la nueva gestión
La mayoría de los trabajadores del CCK contaba con un contrato que finalizaba efectivamente el 31 de diciembre. Sin embargo, antes del 10 de ese mismo mes, se llegó a un nuevo acuerdo y se firmaron los nuevos contratos por un año más. De este modo, los trabajadores tenían asegurada su continuidad. No obstante, una serie de medidas modificaron el panorama.
La primera medida que tomó el gobierno de Mauricio Macri a través del decreto 254/2015 instruyó a ministros, secretarios y autoridades a revisar los procesos concursales y de selección de personal de los organismos descentralizados, así como empresas y sociedades del Estado. Como primera respuesta ante esta normativa, ATE llamó a un paro nacional la semana pasada con el principal objetivo de impedir los despidos masivos. Lombardi garantizó la continuidad de los 530 trabajadores del CCK durante los tres meses que se hacía efectiva la revisión.
La segunda medida fue bajo la dirección de Gabriela Ricardes, flamante secretaria de Contenidos del Sistema Federal de Medios Públicos y parte del equipo de transición que se está haciendo cargo del CCK, quien no reconoció los nuevos contratos. A partir de ahí, los trabajadores ya no pudieron ingresar a su puesto de trabajo. “El sábado, primero, nos comunicaron que el CCK estaba cerrado porque iba a abrir únicamente de lunes a viernes. El lunes, nos encontramos con la decisión de no dejarnos ingresar al edificio. Nos comunicamos con el secretario de Ricardes, Diego Fernández, quien se excusó con el paro que realizamos para no reunirse con nosotros”, cuenta Marcelo “Nono” Frondizi, secretario de acción política de ATE Capital. “Recibidos por personal de Recursos Humanos, se nos informó que seríamos sometidos a entrevistas laborales sin estar en nuestros puestos de trabajo, de hecho, que nos retiremos a nuestras casas y que ellos se irían comunicando con cada uno de nosotros. Justificaron estar recolectando la información para ver cómo entraría en el nuevo organigrama del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, y que llegado el momento, ellos se comunicarían. Nos invitaron a llenar un formulario con los datos que ya fueron dados y que incluso se encuentran en nuestros legajos”, relatan los trabajadores en el comunicado subido a su perfil de Facebook “Trabajadores del Centro Cultural Kirchner”. Ante esta medida, vino la segunda respuesta de los trabajadores: mantener un estado de asamblea permanente, acompañados por los sindicatos ATE Capital y UPCN Cultura, a la espera de una negociación con Lombardi o Ricardes.
Estado de asamblea permanente
Leandro N. Alem y Sarmiento. 12 del mediodia. 300 personas se reúnen en las escaleras del Centro Cultural Kirchner para exigir la reincorporación de los 530 trabajadores. Múltiples banderas de ATE, banderas con escritos – “Por el trabajo y la cultura pública”, “#TrabajadoresCCK”, “El CCK no se abre sin sus trabajadores. Renovación de los contratos” y cánticos contra Lombardi y en defensa de los derechos de los trabajadores ambientan la lucha. En este escenario se escucha la voz de “Nono” Frondizi: “Otro días más y las autoridades no nos atienden. Lo único que vale es la firmeza. Cada trabajador tiene que llevar el pan a su casa. Quieren un plan de ajuste para destruir lo que se logró durante estos doce años. No hay que tener miedo. Así lo demostró el conjunto del movimiento obrero. Somos peronistas y no nos vamos a rendir. Vamos a proteger el proyecto del CCK porque es el proyecto público que defendemos”.
La lucha continúa y los trabajadores convocan al público, artistas, trabajadores, organizaciones sociales y culturales, medios y a todos los que quieran acompañarlos, el próximo jueves 7 de enero a las 16, a encontrarse en la puerta del Centro Cultural Kirchner. La autoridades no responden, pero los cánticos no dejan de sonar mientras se despliega una bandera que corta un carril de la avenida: “Soy estatal, mi trabajo son tus derechos”. Son trabajadores y el CCK es la cultura pública.
Ene 22, 2016 | inicio
Tres historias de trabajadores estatales despedidos. ¿Qué hacían? ¿Qué se pierde junto a sus puestos de trabajos? ¿Cómo los contrataron? Hablan los nuevos desocupados del Estado.
El miércoles 13 de enero, el Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, aseguró en conferencia de prensa que el nuevo gobierno encontró “un Estado lleno de militantes, pero vacío de contenido”. Así fue como justificó los despidos masivos a trabajadores estatales que se realizaron a lo largo de enero. Aunque los números aumentan a diario, y todavía no se pueden conocer con precisión, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) calcula que ya son cerca de 20 mil los nuevos desempleados.
Bajo el remanido discurso del “Estado ineficiente”, de los supuestos “ñoquis” y del “exceso de gasto fiscal”, las políticas neoliberales del macrismo buscan reducir del Estado a la mínima expresión. Entre los trabajadores recientemente despedidos, tres profesionales aceptaron contar su historia a ANCCOM: Bárbara Pistoia, encargada de Comunicación del Centro Cultural Kirchner; Verónica Almada, antropóloga y trabajadora en el Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación; y Juan Allende, Técnico territorial de Conectar Igualdad en Córdoba.
“No nos están echando porque no hicimos nada, nos están echando justamente porque lo que hicimos responde a algo que ellos no quieren. Hicimos un montón de cosas, hubo mucho trabajo que está disponible en redes para que cualquiera que tenga ganas de informarse lo vea. Esas cosas no se hacen solas”, dijo Bárbara Pistoia, una de las 600 personas que trabaja en el Centro Cultural Kirchner (CCK) desde que abrió sus puertas, en mayo de 2015. Pistoia se enteró, mediante una conocida suya, que en el Centro estaban buscando gente y acercó su currículum. Después de las entrevistas habituales, pudo entrar a trabajar en el Centro Cultural. Es escritora, trabajó en medios de comunicación y dictaba talleres de artes visuales y letras. Por su desarrollo en el área, entró a trabajar como encargada de Comunicación: “El laburo era buenísimo, se hacían 400 actividades gratuitas mensuales. Se habilitaban los nueve pisos que tiene el edificio, en simultáneo, todos los fines de semana. Los jueves, que eran los días más tranquilos, venían cinco mil personas; y de viernes a domingo la cifra aumentaba hasta llegar a diez mil visitas con picos de 40 mil, como en la noche de los museos. Y en vacaciones de invierno que llegaban diez mil personas todos los días”, contó Pistoia.
Una explicación común sobre los despidos, en todas las áreas, fue que serían desplazados todos los contratados durante 2015. “Nos dijeron que no podemos exigir continuidad laboral porque ingresamos en 2015. Ingresamos en 2015 porque el Centro Cultural abrió en 2015. Aunque también hay un porcentaje de trabajadores que viene laburando desde antes, porque hay que hacer toda una organización y una estructuración de un lugar de esta dimensión para poder abrirlo”, aseguró.
El sábado 2 de enero, el primer día hábil del año, los trabajadores asistieron a sus puestos y se enteraron, en la puerta del Centro, que no podían ingresar porque “la nueva gestión había decidido que iba a estar abierto de lunes a viernes por temas administrativos, y que no iba a estar abierto al público”. El lunes 4 volvieron pero la mayoría no pudo entrar. Se les informó que el Centro estaría cerrado hasta el 4 de febrero y en ese período se revisarían sus contratos. “No nos oponemos absolutamente a nada de eso –aclara Pistoia-. Entendemos y comprendemos que hay una nueva gestión y nos tienen que conocer. El tema es la hipocresía que hay en esa situación. No nos están dejando ingresar a trabajar, todavía no nos recibieron, no tuvimos ninguna instancia de diálogo ni nosotros, ni los gremios”. Según la comunicadora, en el CCK muchos trabajaban entre 8 y 10 horas, de lunes a lunes: “Más allá de querer cumplir con nuestro laburo, había una convicción, un amor por el lugar que abrimos y que vimos crecer”. Por otro lado, se refirió a la situación precarizada de sus contratos: “Tienen la gran oportunidad de modificar esa situación y dar el ejemplo. De hacer algo que sería muy interesante, poder mejorar las condiciones laborales. Nosotros no somos responsables de la precarización laboral, están estigmatizándonos por la ideología y por la gestión política anterior”.
“Se pone en riesgo la continuidad de los juicios”
Dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, funciona desde el año 2007 –luego de la desaparición de Julio López¬– el Programa Verdad y Justicia. Extendido en todo el país, se encarga de articular y coordinar a todas las dependencias del Poder Ejecutivo para brindar apoyo institucional a las investigaciones que se llevan adelante en los juicios de lesa humanidad, contra los represores de la última dictadura cívico-militar. Otra de las funciones primordiales consiste en proteger a testigos, víctimas y querellantes que son parte de cada juicio. El miércoles 13 de enero, cuatro trabajadores del Programa llegaron a sus puestos, como de costumbre, y al intentar ingresar el usuario de sus computadoras descubrieron que no estaban habilitados. Luego de una mañana de incertidumbre y preguntas, les informaron al mediodía que los usuarios habían sido bloqueados desde el área de Recursos Humanos porque habían sido desvinculados de sus labores. También les avisaron que luego les llegarían los telegramas, cosa que en distintos casos aún no sucedió.
Al día siguiente, los despedidos ya eran diez en total. “Es loco porque yo pude entrar con mi huella digital como todos los días en la entrada, pero cuando llego a mi puesto de trabajo no puedo acceder a mi computadora. Me pareció muy violenta la forma. Además no lo imaginaba. La angustia de ese momento, cuando me enteré que el bloqueo fue porque estaba despedida fue chocante. Nos fuimos enterando de a poco, cuatro el primer día, otro día otros, es como despidos por goteo. Y a mí, por ejemplo, todavía no me llegó el telegrama de despido, a otro compañero tampoco. A otros compañeros no les bloquearon el usuario pero directamente les mandaron el telegrama. Eso es un poco lo que nos está desconcertando”, contó Verónica Almada, antropóloga recibida en la UBA, que trabajó durante cuatro años en los archivos de las Fuerzas Armadas y realizó investigaciones sobre derecho penal, además de dar clases en la cárcel de Ezeiza.
En noviembre de 2014, Almada recibió un mail en el que buscaban “antropólogos que hagan estadísticas”. Pensó que podría ser un trabajo útil para ampliar su panorama y crecer profesionalmente. En abril del 2015 consiguió el trabajo: “Entré porque hacía falta alguien que lleve adelante toda la parte estadística de los juicios. La idea también era empezar a evidenciar nuevos indicadores para identificar problemáticas sobre los procesos judiciales en particular. Había que saber un poco de derecho y yo ahí entraba muy bien”, describe Almada.
Al igual que en el CCK, la primera explicación fue una excusa: “Cuando empezamos a protestar, nos dijeron que todos los que ingresamos en 2015 íbamos a ser despedidos. Lo cual en realidad era mentira porque también despidieron compañeros más antiguos, algunos ingresaron en 2010 y también los despidieron. Después nos dijeron que el empleador tenía derecho a prescindir de nosotros, entonces nosotros tenemos también el derecho a reclamar porque no hay razones para los despidos. También es cierto que el Programa no tiene mucha gente para el trabajo que hacemos. Entonces, despedir diez personas para un programa que tiene 53 es un número muy significativo. Nos corta un montón la capacidad de acción y de trabajo”, aseguró Almada.
El Programa cuenta con tres áreas que funcionan en conjunto: un equipo de abogados, un equipo de investigación que se encarga de la búsqueda de documentación y un equipo de Implementación Operativa, encargado de elaborar los informes de riesgo sobre víctimas y testigos: “Evaluamos el nivel de exposición de cada testigo. Por supuesto que esto está muy invisibilizado, porque como es información sensible, no tienen conocimiento público. Se presentan a los tribunales y a los organismos de protección de testigos, para que en función de nuestros informes implementen medidas de acción”, explicó Almada.
Verónica Almada participa en los informes de riesgo y también en la investigación judicial: “En febrero se reanudan un montón de juicios y nosotros tenemos trabajo. Hay testigos que contactar. Hay que hacer un seguimiento, ver si necesitan asistencia… Y eso no se puede hacer de un día para el otro. No es fácil para mucha gente declarar en un juicio”, explicó.
Por último, la antropóloga hizo referencia a la posibilidad de que el Programa sea desarticulado o funcione con menos trabajadores: “Si todos estos espacios están siendo mermados en sus trabajadores, ahí es cuando la labor empieza a ser deficitaria. No sabemos si no van hacia un vaciamiento. Se ponen en juego la continuidad de los juicios. Yo entiendo que lamentablemente hay un montón de gente a la que no le importa, pero el Estado tiene la responsabilidad. No es relevante si te importa o no, si no que el Estado tiene esa responsabilidad. La reparación a las víctimas no es solo una contraprestación como si fuese un seguro, sino que además tenés que tener una política de justicia para que esa reparación sea correcta, y una política de memoria para garantizarle a la sociedad que eso no se va a volver a dar”.
“Es un despropósito romper las relaciones establecidas”
Juan Allende vive en Villa de Soto, en la provincia de Córdoba. Trabaja en el equipo técnico territorial del Programa Conectar Igualdad, desde su lanzamiento en 2010. Antes había integrado el Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU TIC). “En Conectar Igualdad yo tenía un radio de acción que contemplaba doce escuelas, en las cuales se trabajaban cuestiones técnicas, pedagógicas y de gestión. También, por supuesto, todo lo que tenía que ver con capacitación. Córdoba ha venido siendo una de las provincias que más ha desarrollado el Programa. Los integrantes del equipo trabajaron muchísimo en la adaptación de los materiales, que se elaboraban muchas veces en Buenos Aires, los adecuaron a nuestra región. Para lugares con conectividad y para lugares sin conectividad. Sigue siendo un equipo muy activo, muy productivo el Conectar Córdoba”, dijo Allende en conversación por Skype con ANCCOM.
Según el delegado de ATE del Ministerio de Educación, Rodrigo Recalde, lo que pasó con Conectar Igualdad es que se descentralizó el Programa, que fue establecido a través de los convenios colectivos en el Consejo Federal de Educación: “Lo han descentralizado hacia las provincias, dependiendo el financiamiento a través de ellas”.
A partir de esta situación, Allende explicó que la normativa de Córdoba no permite que un trabajador tenga dos cargos provenientes de la misma fuente: “Ahora, si ya tenés otro contrato de la provincia, hay incompatibilidad. Creíamos que nosotros no entrábamos en esa incompatibilidad, pero los casos se empezaron a suceder entre muchos de los compañeros del Conectar Igualdad, que ya teníamos otros desempeños, porque claramente con un solo honorario difícilmente se pueda vivir. Tuvimos la oportunidad de charlarlo con gente de Córdoba, para manifestar nuestro descontento. Por ejemplo, a una compañera se le daba una incompatibilidad por tener tres horas en la Universidad de Córdoba, donde su sueldo no llegaba a los 1800 pesos. No hablamos de una persona que se estaría enriqueciendo por tener dos cargos. Le pedimos a la Provincia que considere esa incompatibilidad, así como cada una de las nuestras. Mi otro cargo tiene que ver con el trabajo en escuelas de la zona rural, que es la zona donde habito, con el plan de Mejoras”.
Por el momento, los trabajadores no tuvieron ninguna comunicación oficial y aún no saben si el Programa Conectar Igualdad dejará de funcionar o pasará a formar parte de otro programa educativo. Permancen con la incertidumbre, a la espera de saber si les renovarán sus contratos. Se trata de 892 personas que trabajan desde 2010 en la entrega y formación continua de equipos directivos, docentes y alumnos de 11.252 escuelas públicas de todo el país. Ya se entregaron 5.361.917 netbooks a estudiantes y docentes. Además, 7.080 escuelas primarias recibieron Aulas Digitales Móviles (ADM) en 2015 para 858.844 alumnos.
Allende contó, además, que los avances en el manejo de las Tecnologías de Información y Comunicación sirvieron para que desde las escuelas se generara conocimiento: “A mí particularmente me toca trabajar con muchas escuelas rurales, y sería un despropósito que se rompan esas relaciones establecidas. Este año, con el lanzamiento del Plan de Inclusión Digital Educativa, se pudo ver todo ese trabajo terminado en cortometrajes de altísima calidad que realizaron las escuelas. Empezamos a trascender ese manejo instrumental para encontrarnos con la parte pedagógica, con la parte que va más allá inclusive de las fronteras de la escuela, porque hablamos de documentales que hablan de toda la comunidades, ya no solamente lo escolar”. Y concluyó: “Esperamos que el Programa continúe, creemos que es posible llevar adelante una mejora de educación con calidad. La posibilidad de acceder a una computadora para un chico de una zona rural o en lugares de la Ciudad donde no es fácil acceder a un equipo de esas características, les permitió acceder a un conocimiento que no estaba dado para todos”.
Marcha por los despidos en el Ministerio de Trabajo. Ciudad de Buenos Aires. 14 de enero de 2016. Foto: Deborah Valado
Marcha por los despidos en el Ministerio de Trabajo. Ciudad de Buenos Aires. 14 de enero de 2016. Foto: Daniela Yechúa / CitrusPress
Marcha por los despidos en el Ministerio de Trabajo. Ciudad de Buenos Aires. 14 de enero de 2016. Foto: Daniela Yechúa / CitrusPress
Marcha por los despidos en el Ministerio de Trabajo. Ciudad de Buenos Aires. 14 de enero de 2016. Foto: Deborah Valado
Verónica Almada, trabajadora del Ministerio de Justicia de la Nación, despedida. Foto: Noelia Pirsic
Marcha por los despidos en el Ministerio de Trabajo. Ciudad de Buenos Aires. 14 de enero de 2016. Foto: Daniela Yechúa / CitrusPress
Ene 19, 2016 | inicio
Miles de personas se reunieron en la Plaza de Mayo por la liberación de la dirigente social jujeña Milagro Sala, en repudio a la criminalización de la protesta social y por la defensa de los puestos de trabajo.
El lunes 21 de diciembre, en la 49° Cumbre del Mercosur, Mauricio Macri exigía la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela. “No puede haber persecución ideológica”, sostenía. El 16 de enero, casi un mes después, la dirigente social y líder de la Tupac Amaru fue detenida en Jujuy, acusada por el gobernador Gerardo Morales de «instigación a la violencia y tumulto». En apoyo a la dirigente social, el lunes 18, miles de personas – organizaciones sociales, movimientos y partidos políticos – se reunieron en la Plaza de Mayo para formar un “Cabildo Abierto”. Las consignas fueron la liberación de la dirigente social Milagro Sala, el repudio a la criminalización de la protesta social y la defensa del trabajo.
A pesar de la multitud, no había cámaras de televisión. No solo los canales ignoraron a los manifestantes, tampoco los portales online de los principales medios de comunicación, que prefirieron dedicar su espacio a los actos de homenaje al cumplirse un año de la muerte del fiscal Alberto Nisman.
“A Milagro Sala se la llevaron en un operativo de 150 efectivos. Fueron cuatro los imputados. ¿Ustedes creen que los otros tres siguen detenidos? Esto demuestra que es una presa política del gobernador. Si nosotros estamos en la Plaza Belgrano no es porque ella nos incita a la violencia, lo decidimos en una asamblea por los 20 mil puestos de trabajo que están quedando desocupados. Esa es la lucha, por eso acampamos”, sostuvo Marcos, uno de los tres representantes jujeños de la Tupac Amaru que llegaron hasta Buenos Aires.
Hace 35 días, organizaciones sociales jujeñas iniciaron un acampe en la Plaza Belgrano con el objetivo de dialogar con el nuevo gobierno de Morales por la continuidad de las obras de construcción que vienen realizando a través de cooperativas y de los puestos de trabajo. “Durante estos días, tuvimos intimidaciones, aprietes y presiones. Nos dijo que no iba a haber más planes, ni beneficios, ni viviendas para los que estemos en el acampe”, agregó Marcos. Y así fue. Mediante el Decreto Nº 403-G-16 del Poder Ejecutivo provincial, Morales estableció que las organizaciones sociales que no se empadronaran en el Plan de Regularización y Transparencia de Cooperativas y Beneficios Sociales y permanecieran en el acampe, perderían los beneficios sociales y su personería jurídica sería suspendida.
“Recuerdo cuando Milagro nos decía que nunca debíamos bajar la cabeza. Y eso me viene hoy a la memoria: tenemos nuestras viviendas, nuestro polideportivo, pero sobre todo tenemos nuestra dignidad”, contó emocionada Marcela, “la pajarito”, representante jujeña de la Tupac Amaru. Y agregó con un tono eufórico mientras la plaza la apoyaba con aplausos: “Donde Morales dijo que íbamos a cambiar, hoy estamos aguantando; porque ellos no quieren cambiar, nos quieren imponer. Nos quieren quitar lo que nosotros logramos y construimos. Yo, Morales, hoy te digo: ´No. No vas a entrar a nuestros barrios, no nos vas a controlar nuestras vidas. Yo soy Milagro Sala y todos los que estamos hoy acá somos Milagro Sala´. ¡Morales, yo no te bajo nunca más la cabeza. Toda mi vida he bajado la cabeza. Hoy puedo mirarte y decirte que yo soy argentina, soy jujeña y me tenés que escuchar!”.
“Ella nos miró”
Horas antes de la marcha, legisladores nacionales y del Parlasur del Frente para la Victoria, acompañados por dirigentes de diversas organizaciones, brindaron una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados. En el lugar, reiteraron las consignas que más tarde iban a hacer eco en la Plaza de Mayo: “Con la detención de Sala, se busca criminalizar la protesta, cuando en realidad está ejerciendo su derecho a peticionar”, sostuvo Agustín Rossi, ex ministro de Defensa y diputado del Parlasur. Y agregó: “Es la primera presa política en el gobierno de Mauricio Macri».
En un mismo sentido, durante el acto, el ex presidente del AFSCA Martín Sabbatella y el diputado Edgardo Depetri hablaron con ANCCOM y sostuvieron que la detención de Milagro Sala constituye la voracidad de los intereses económicos que el gobierno representa: “Les importa cero las instituciones, les importa cero la democracia, les importa cero la división de poderes. Lo único que les importa es transferir los derechos del pueblo a los grupos económicos concentrados que representan”, afirmó Sabbatella. Y ante la pregunta de por qué creían que este gobierno en un mes había tomado diversas medidas represivas, el ex titular de la AFSCA concluyó: “Estamos ante un gobierno legal, pero un gobierno autoritario, prepotente, que busca un blindaje judicial y mediático para tomar medidas antipopulares. Lo que se les escapa de ese blindaje, lo reprimen o lo encarcelan”. A su vez, Depetri completó: “El objetivo, con su detención, es callar esas voces para que no se discuta el rol del Estado”.
Durante una hora y media, miles de personas no exigieron únicamente la liberación de Milagro Sala. Su detención y su lucha representó la defensa de 20 mil puestos de trabajos que acaba de dar de baja el gobierno de Mauricio Macri y el repudio a la criminalización de la protesta social. La dirigente sindical personaliza lo logrado durante los últimos 16 años y así lo expresó Marcela, “la pajarito”: “Para nosotros Milagro es la persona que nos miró cuando nadie daba una moneda por nosotros. Éramos los rezagados del gobierno. Milagro apostó por nosotros. Hoy en día soy una mujer que dejó de pasar hambre, en cuya casa ya no llueve más adentro que afuera. Hace 167 años no había ningún gobierno que apostara por nosotros. Vino Milagro y nos dio una esperanza a los jujeños”.
Durante una hora y media, miles de personas acompañaron al pueblo jujeño y se pusieron de pie y cantaron el himno tras las palabras de la Abuela de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, quien cerró el acto: “El pueblo votó –dijo- y vamos a respetar la voluntad del pueblo siempre que el que nos gobierne nos respete. Y nos está insultando. No abandonemos la lucha. No tenemos miedo, ellos tienen miedo de nosotros. Por eso tenemos bastón, porque nunca nos arrodillamos y no nos vamos a arrodillar ahora”.
Ene 19, 2016 | inicio
Dos botes angostos y largos van y vienen, cada uno navegando por tres tripulantes, un par de instructores que se encarga de señalar aciertos y errores y cuatro chicos que paletean contra una débil corriente de agua turbia y cuyos movimientos sincronizados son fuente de energía de las embarcaciones. Los jóvenes son vecinos de la Villa 21-24 e integran el programa Deportes para la Inclusión.
Reman envueltos en chalecos flotantes naranjas, entre una vegetación copiosa y unas casitas precarias de hormigón ubicadas a metros de la orilla, frente al Meandro de Brian, una curva sinuosa del río Matanza-Riachuelo, dentro de la Comuna 4 y bordeando los márgenes del barrio porteño de Barracas. La blancura de los botes contrasta con un agua negra que ha sido oscurecida por dos siglos de irresponsabilidad ambiental. A lo largo de la historia, el Estado no controló a las fábricas como debería haberlo hecho y el empresariado desechó sistemáticamente sus residuos tóxicos en el río para aumentar su rentabilidad.
Los jóvenes son vecinos de la Villa 21-24 e integran el programa Deportes para la Inclusión.
Un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) publicado hace tres años había denunciado la ausencia de un plan integral que remediara en conjunto el daño ambiental y mejorara la calidad de vida de los siete millones de habitantes que son afectados a diario por los problemas que arrastra la cuenca. Si bien dicho informe destaca algunos logros de la intervención estatal ocurridos durante 2010 y 2012 (como la fiscalización de las industrias y la remoción de 100 basurales y puntos de arrojo sobre un total de 360), todavía queda pendiente un Plan de Ordenamiento Ambiental, conforme a lo establecido por la Ley 26.168 (diciembre 2006), que permita una planificación de las actividades productivas, que regule las obras del Estado y que proteja los espacios verdes.
Por otra parte, es la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), el ente tripartito formado por Nación, provincia de Buenos Aires y la Capital y que se creó en 2006, la que realizó distintas actividades de limpieza del río y de basurales, desarrollo de cloacas y agua potable y control de residuos industriales. En tanto, los planes de relocalización de los habitantes que viven en las zonas más contaminadas de la cuenca han avanzado, pero todavía queda mucho por hacer.
Un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) publicado hace tres años había denunciado la ausencia de un plan integral que remediara en conjunto el daño ambiental y mejorara la calidad de vida de los siete millones de habitantes que son afectados a diario por los problemas que arrastra la cuenca.
Por su parte, los habitantes del asentamiento de Barracas aseguran que el agua no presenta la contaminación de tiempos no tan lejanos: a simple vista, dicen, no luce tan sucia y el olor no es tan intenso como en otros sectores. Pero esta larga cuenca sigue compuesta por un veneno ácido que se extiende a lo largo de 64 los kilómetros que la componen.
Pero para el grupo de chicos que entrena semana a semana no hay contaminación posible que sea excusa para no remar en “nuestro río”. Ellos son parte del programa de actividades de promoción cultural y prevención del delito y la violencia que fomentan en conjunto -al menos hasta el 19 de diciembre pasado- los ministerios de Cultura y de Seguridad, con el apoyo de los de Salud y Desarrollo Social de la Nación. El proyecto contemplaba, entre otras disciplinas, clases de remo gratuitas a adolescentes de entre 14 y 21 años de la Villa 21-24, impartidas por personal de Prefectura Naval. Comenzó en 2012 y se ha mantenido hasta hoy con algunas interrupciones en el medio. Sus integrantes confían que a partir de abril retomarán las actividades.
Graciela Martín Ruiz trabaja como coordinadora de la Mesa de Seguridad Barrial, un programa de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad. El organismo tiene como función sumar a los vecinos y las organizaciones sociales en las políticas contra la delincuencia y por la integración social. La coordinadora asegura que los deportes contribuyen en la prevención del delito pues son una vía para la inclusión social. Y explica: “La seguridad no se hace con un policía más, un policía menos, se hace también desde la contención y la capacitación de los sectores menos pudientes. El remo es un deporte menos conocido porque suele ser muy costoso y para las clases sociales de mayores recursos. Apostamos a que esta actividad les sirva a los chicos más relegados a que participen en deportes distintos y que, a futuro, les pueda servir para integrarse en el mercado laboral de la náutica”.
Asimismo, el programa sirve como un modo sino de ensamblar al menos de acercar a algunos actores sociales que históricamente resultan antagónicos, como lo son el de las fuerzas de seguridad y la parte de la sociedad civil económicamente más castigada. “La Prefectura Naval capacita a sus profesionales y lo que buscamos es que ese personal capacite a la gente común. Que ese conocimiento no se quede dentro de los cuarteles sino que también se enriquezca la ciudadanía”, puntualiza Ruiz.
Marcelo Avellaneda tiene 29 años, trabaja de remisero y se ha capacitado para coordinar la actividad. Durante la semana entrena a los chicos en el Parque Leonardo Pereyra, a unas diez cuadras del asentamiento; lo hace después de las 7 de la tarde, de modo de no interrumpirles la actividad escolar. Y además cumple la importante tarea de oficiar de nexo entre los habitantes del barrio y los prefectos. Rememora la génesis del proyecto de esta manera: “Lo que comenzó siendo una colonia de verano terminó como un proceso inclusivo más amplio”.
Los habitantes del asentamiento de Barracas aseguran que el agua no presenta la contaminación de tiempos no tan lejanos: a simple vista, dicen, no luce tan sucia y el olor no es tan intenso como en otros sectores.
El docente agrega: “Lo que es una disciplina que lleva tiempo entrenar pasa a ser también un espacio de contención en estas zonas vulnerables”. Al ser consultado sobre su experiencia en navegación en el estado actual del Riachuelo, Marcelo asevera que en los primeros años de la actividad el río estaba todavía más contaminado. “El nivel de descomposición lo tiene que determinar un científico o un especialista en ambiente, pero a nosotros, que realizamos esta actividad, no nos afecta, porque no tocamos el agua. Aunque sí lo que molestaba mucho era el olor, que ahora disminuyó bastante; al menos en esta zona”, se explaya.
Unos quince chicos y chicas integran el grupo que reparte su tiempo entre la asistencia a la escuela y el aprendizaje de esta actividad milenaria. El sábado es el día tan ansiado por todos. Si el tiempo acompaña y Prefectura da el permiso, el entrenamiento semanal es puesto en práctica en el Riachuelo, en una jornada que se extiende desde las diez de la mañana hasta la una de la tarde.
“Lo que es una disciplina que lleva tiempo entrenar pasa a ser también un espacio de contención en estas zonas vulnerables”
El día, efectivamente, acompaña. Y Marcelo está vestido para la ocasión: pantalones cortos, musculosa y una gorrita que atemperan la inclemencia de un sol que atraviesa el celeste de un cielo que contrasta con el negro del agua. Su labor empieza más temprano, ya que todo debe estar listo antes de la llegada de Prefectura. En conjunto con otros dos coordinadores, el jardinero y el casero, todos vecinos del asentamiento, entre mate y mate, prepara el equipo, alista los botes, los lava y los ensambla en el agua, con el cuidado de amarrarlos bien a la plataforma flotante. El muelle de la villa, de unos 20 metros de ancho por 12 metros de largo, está ubicado en el sector llamado Tres Rosas o El Fondo, demandó una inversión de 400 mil pesos y su reconstrucción ha sido realizada por sus propios habitantes, sobre unas maderas originales, las cuales aún aguantan la corrosión, desde que fueron levantadas hace unos ochenta años.
Miguel Vallejos, de 17 años, toca el trombón en la Orquesta Juvenil de Barracas, desde el inicio concurre al programa y jamás había tenido en mente realizar este deporte. A veces nota que sus amigos del barrio temen acercarse a esta práctica por miedo al río y a la contaminación. “Aunque es molesta la basura que pasa, que hace que se traben las palas y que se ensucien los botes, la contaminación no es una traba para navegar, porque es tan lindo…”, asegura Vallejos.
“El nivel de descomposición lo tiene que determinar un científico o un especialista en ambiente, pero a nosotros, que realizamos esta actividad, no nos afecta, porque no tocamos el agua. Aunque sí lo que molestaba mucho era el olor, que ahora disminuyó bastante; al menos en esta zona”.
Alejandro Moreira, también de 17 años, hace un año que participa de la actividad. De inmediato se enganchó con la remada. Siempre hizo mucha ejercicio físico, pero destaca que no hay deporte más completo que el remo. “Trabajás todos los músculos: pecho, espalda, brazos, piernas”, indica.
Otro miembro del equipo, Vladimir Acevedo, de 16 años, siente que el remo le aporta habilidad y sabiduría a su vida, y fue a partir de Deportes para la Inclusión que encontró su vocación: se imagina en un futuro no tan distante en la Academia de Prefectura. A su lado, Aldo Encina, de 17, cuenta que empezó a entrenar con Marcelo las últimas semanas y este fin de semana pasó a hacer la práctica en el agua. Al principio se le notaba la falta de coordinación en las brazadas, pero con el correr de los kilómetros fue tomando ritmo y sincronización. Cree que con determinación cualquiera puede pasarla bien en este deporte.
Víctor Cornejo es delegado de la Manzana 28 y contribuye en las tareas de mantenimiento del sector. No deja de destacar el valor del programa, pero señala que sería conveniente un mayor presupuesto, porque los insumos suelen deteriorarse con frecuencia.
Vladimir Acevedo, de 16 años, siente que el remo le aporta habilidad y sabiduría a su vida, y fue a partir de Deportes para la Inclusión que encontró su vocación: se imagina en un futuro no tan distante en la Academia de Prefectura.
Aunque parece un hermano mayor, a Marcelo los chicos le dicen “profe”, pero él especifica que su función es la de “coordinador terrestre”: controlar la actividad que se desarrolla a partir del entrenamiento diario en el parque y termina con el abordaje al bote, el cual se realiza desde la plataforma flotante que funciona de enlace para bajar del muelle al agua. Después de que él se encarga de chequear las normas de seguridad, la actividad pasa a ser controlada por los instructores de Prefectura. Marcelo anhela que la Asociación de Remo de la Argentina deje de lado el prejuicio y la subestimación y atienda el pedido de federación de los jóvenes de la villa. Según él, hay varios chicos a quienes les avizora un porvenir promisorio en este deporte. “Es solo cuestión de que se les permita la inscripción a competiciones así pueden medirse deportivamente, así la actividad deja de ser solo un pasatiempo”. Y especifica: “Que podamos entrenar con un objetivo más grande”.
La escuelita de remo ha sido invitada a participar en diversos festivales y certámenes. Sus chicos han navegado más allá de La Boca, en el Tigre, en Quilmes y en Zárate. Representa un ejemplo de acercamiento de la cultura del deporte a los hijos de las familias de las clases más relegadas. Constituye un engranaje que permite proyectar sueños individuales y contribuye al desarrollo de la comunidad entera. Pero requiere el compromiso y el esfuerzo de ser ampliado y sostenido a largo plazo. Por lo pronto, la alegría de remar de los jóvenes de la Villa 21-24 se extendió hasta fines de este 2015. Está en manos del nuevo gobierno la posibilidad de que los chicos la puedan seguir remando.
