La deuda interna
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La economía informal en tiempo de coronavirus
Daniel tiene 28 años, vive en Merlo y se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para hacer su jornada de trabajo como vendedor de paltas en la zona de Congreso. Tomaba dos colectivos y el tren para llegar al Mercado Central y comprar su mercadería. Luego, un colectivo y dos líneas de subte lo dejaban en el lugar de trabajo que ocupaba los 13 años. El jueves pasado, ANCCOM conversó con él sobre el desarrollo de su labor en medio del distanciamiento social y la posibilidad inminente de la declaración de la cuarentena total obligatoria. “Nos está afectando una banda. Yo en general salgo para ganarme aunque sea 800 pesos por día. Ya la semana pasada, antes de la cuarentena, sacaba apenas 500, dijo. Además sostuvo: “La cuarentena total a nosotros nos arruina. No sé qué vamos a comer. No sé qué voy a hacer”.
Un discurso similar tuvo Mirna Martínez, de 36 años, vendedora de flores en un puesto de Tucumán y Callao. El negocio es un emprendimiento familiar que tienen hace 16 años su madre y su hermano, donde ella trabajaba para poder solventar los gastos que le acarrea la Carrera de Enfermería. Mirna dice tener la suerte de que su marido tiene un sueldo fijo y puede mantener los gastos de su hogar. Sin embargo, el resto de su familia no cuenta con las mismas posibilidades: “Nosotros somos independientes: no trabajamos, no hay plata. Esto es el día a día”. Hasta el jueves pasado, dice Mirna, la venta ya había caído un 70% debido a la disminución de la gente en la calle. Ahora, el puesto floral directamente está cerrado.
La mayoría de las y los vendedores destacaron también la importancia de tomar medidas preventivas de cuidado y distanciamiento. “Los últimos días estaba yendo a mi puesto más que nada porque hay una mecánica de laburo que si no vendo las revistas en determinado tiempo las tengo que pagar yo. No me quedaba otra que tratar de alivianar lo que se me iba juntando de deuda con los proveedores. Ahora no sé…”, dice Ana, de 55 años, vendedora de un puesto de diarios.
El trabajo informal y monotributista se ve afectado de manera inmediata, como ningún otro sector, por la medida decretada de cuarentena preventiva y obligatoria. Adevertidos de esta situación, el ministro de Economía Martín Guzmán y su par de Trabajo Claudio Moroni anunciaron el lunes desde la quinta presidencial de Olivos medidas para proteger al sector: la creación de un ingreso familiar de emergencia para los trabajadores independientes informales o monotributistas de clase A y B que cubre a personas entre 18 y 65 años. El ingreso implica un pago único de 10 mil pesos por el mes de abril que puede repetirse si las circunstancias lo ameriten.
“Este ingreso familiar de emergencia -dijo Guzmán- va a beneficiar a aproximadamente 3 millones 600 mil hogares en la Argentina”. La medida se dirige a personas con trabajos independientes –argentinas y argentinos nativos, naturalizados o residentes legales con más de dos años- cuyas familias no reciben otro ingreso ni están protegidas por otras prestaciones del Estado. “No es un ingreso para jubilados o pensionados, tampoco para quienes reciben programas asistenciales: es un ingreso para trabajadores que quedan en situación de vulnerabilidad”, dijo el titular de Economía. La excepción son las familias que reciben la AUH, que es un programa compatible con el ingreso familiar de emergencia.
“El sistema va a ser muy simple”, dijo Moroni. Las normas las pautará ANSES y el Ministerio de Trabajo. Según dio a conocer el ministro habrá una página web donde se podrá hacer la inscripción en un plazo entre 10 y 15 días. “Esperamos que en los primeros días de abril ya esté habilitada la aplicación”, concluyó Moroni.
Para el gobierno nacional, esta medida viene a completar el paquete económico y de ayuda social anunciada la semana pasada por los ministros Guzmán, Matías Kulfas y Daniel Arroyo. Entre las medidas económicas se encuentran la exención del pago de contribuciones patronales a sectores afectados de forma crítica por la pandemia, la ampliación del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) y el refuerzo del seguro de desempleo. En cuanto a las resoluciones dirigidas a las y los más vulnerables, anunciaron la implementación de un pago extraordinario de 3.103 pesos para quienes perciben la AUH y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), el cobro adicional de 3.000 pesos para jubilados o pensionados con la mínima y el refuerzo en la provisión de alimentos en comedores comunitarios y espacios de contención de sectores vulnerables. Otras medidas consisten en el relanzamiento del plan Procrear y el establecimiento de precios máximos por 30 días para un conjunto de productos alimenticios, de higiene personal, medicamentos e implementos médicos. El interrogante es si alcanzará.
Un virus que ataca la salud y también al bolsillo
«Veníamos más golpeados que el promedio de la economía mundial”, explica Alejandro Robba.
Y finalmente llegó. La cuarentena obligatoria comenzó el viernes 20, apenas pocas horas después de que así lo anunciara Alberto Fernández en conferencia de prensa. A nadie lo tomó desprevenido: era algo que ya se hablaba desde el inicio de la semana con la suspensión de clases, las licencias extraordinarias y el aislamiento social voluntario.
El gobierno actuó rápido, en carácter de prevención y contención. No sólo en el tema sanitario y lo que respecta específicamente al coronavirus, sino también sobre las consecuencias económicas que traen aparejadas tales medidas. Porque, así como la llegada de la pandemia no se hizo esperar, el impacto económico tampoco lo hará.
El COVID-19 ya hundió las bolsas y contrajo las principales economías del mundo, al punto que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pidió un Plan Marshall para afrontar la crisis, ya que el crecimiento económico global de este año podría ser incluso menor al 1,5%- reduciéndose más de la mitad respecto del 2019. Y las medidas de aislamiento y de cierre de fronteras contribuye en gran medida a la caída de la producción, el consumo y el desarrollo.
En Argentina, donde apenas se estaban comenzando a ver los resultados de nuevas políticas económicas y de la reactivación del consumo, el panorama podría ser incluso peor. “Somos uno de los pocos países de Latinoamérica que veníamos en recesión en los últimos dos años, o sea que veníamos más golpeados que el promedio de la economía mundial”, explica Alejandro Robba, economista de la Universidad Nacional de Moreno. “Y cuando empezaste a intentar salir de la recesión o, por lo menos, no seguir cayendo, vuelve a estallar esta crisis que te impide la circulación: si no hay ventas, no hay producción y hay desempleo.”
«Para comparar, hay que encontrar, como decía Merkel,situaciones como la crisis del ‘30 o una guerra», opina Robba.
Mucho se habló del impacto en la macroeconomía -algo muy importante. Pero la historia lejana y reciente muestra que, siempre, el mayor impacto lo sienten las personas. La recomendación de quedarse en las casas afectó directamente a todos los trabajadores, en particular a algunos sectores productivos, a los pequeños comercios y a aquellos que viven del día a día: monotributistas, autónomos y cuentapropistas.
“El aislamiento social tiene un impacto significativo sobre todas las actividades vinculadas con el esparcimiento como así también al comercio de bienes considerados no esenciales en la emergencia sanitaria”, sostiene Agustina Gallardo, economista de la Consultora Contexto. Según ella, “la disposición del aislamiento obligatorio -que prohíbe directamente la circulación- profundiza la situación y amplía el alcance a algunos otros rubros que podían funcionar hasta entonces”.
Sin embargo, por más que los economistas coinciden en que se deteriorará el flujo de las empresas y comercios -empeorado por las obligaciones de pagos que continúan en pie, como salarios, tarifas, impuestos, etc.-; también coinciden que es imposible acertar un pronóstico determinado debido a la situación “inédita y excepcional” que atraviesa el mundo y el país. “Esta situación de aislamiento nunca pasó, entonces es muy difícil saber qué va a ocurrir. Tenés que encontrar, como decía Angela Merkel, situaciones de crisis realmente fuertes como pudo haber sido la crisis del ‘30 o una guerra, en el sentido del aislamiento”, opina Robba.
“No podemos seguir pensando en la rentabilidad de empresas ante una pandemia», dice Putero.
Por esto mismo, el gobierno de Alberto Fernández no tardó en anunciar acciones económicas puntuales para sostener la microeconomía de los hogares. Dentro de la batería de medidas, se destacan la eximición del pago de contribuciones patronales para los sectores afectados; un bono único de 3100 pesos para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de 3000 pesos para jubilados que perciben el haber mínimo; la ampliación del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para proteger los puestos de trabajo; y el establecimiento de precios máximos durante 30 días (prorrogables) para insumos básicos. Otras medidas para garantizar la producción y el abastecimiento también fueron anunciadas.
Según Robba, “las medidas que tomó el gobierno van todas en el sentido correcto”. “Son medidas de una profundidad muy fuerte en términos de ingresos para la población y de gasto/inversión pública, cercano al 2% del Producto Bruto Interno (PBI). Hace mucho que no existe en la Argentina un paquete de medidas de ayuda y de colaboración, tanto para los ingresos de la gente -los bonos o algún tipo de ayuda para pagar sueldos-, como en términos de creación de la oferta, como por ejemplo la inversión en obra pública y los 350 mil millones de pesos destinados al financiamiento productivo”, explica el economista.
“Las medidas económicas demuestran que el gobierno tiene registro de la difícil situación que atraviesan los distintos sectores, e intenta hallar un complejo equilibrio entre frenar la actividad lo suficiente como para contener la circulación del virus, y evitar efectos demasiado graves sobre la economía”, sostiene Gallardo.
Lorena Putero, investigadora del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) y especialista en economía social, también considera acertadas las medidas: “No podemos seguir pensando en la rentabilidad de empresas ante una pandemia. Se habló también de que se debe fortalecer el rol del pequeño comercio. Ahí hay más por hacer, hay que insistir con salir de las grandes cadenas y proveedores e ir a cooperativas y emprendedores, que son los más golpeados por esta situación.También hay que estar atentos a que no se dé el desabastecimiento ni que haya concentración de la producción”, agrega.
Pero más allá de la importancia de las medidas anunciadas por el gobierno, muchos estuvieron descontentos con que ninguna de ellas abarcara a los monotributistas, autónomos y trabajadores informales, los sectores que pierden todos o gran parte de sus ingresos frente a la interrupción de sus tareas. Sin embargo, y aunque se hiciera esperar, la respuesta llegó el lunes para estos sectores: el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció la creación del Ingreso Familiar de Emergencia, una suma fija de diez mil pesos por única vez durante el mes de abril (pero con posibilidad de repetirse si las circunstancias así lo ameritan) para monotributistas de las categorías A y B y trabajadores informales. Esta medida alcanza a 3.600.000 personas y viene a complementar la primera batería de anuncios económicos.
Otro punto que causó malestar respecto del aislamiento social fue en el impacto que tiene sobre quienes realizan tareas de cuidado no remunerado en el hogar. “Puso sobre la mesa la importancia de las tareas de cuidado que son realizadas en un 75% por las mujeres, según el INDEC. Justamente la fase inicial del aislamiento, en la que se suspendieron las clases pero aún no había licencia para todos los sectores trabajadores, hizo muy explícitas las dificultades que enfrentan los distintos diseños familiares para encarar estas tareas. Y de un modo similar pasó con el cuidado de adultos/as mayores, personas enfermas y con discapacidad”, explica Gallardo.
“Posiblemente esta pandemia deje un importante saldo negativo para la sociedad en muchos aspectos, pero en este plano creo que va a permitir visibilizar la importancia de las tareas de cuidado y allanará el camino para que estas sean reconocidas por la política pública”, agrega la economista, viendo un lado positivo de esta situación de incertidumbre.
No todo está dicho y todavía queda mucho por verse en este panorama inédito en todos los niveles. Se abren muchos caminos, no solo en lo que respecta políticas que tengan en cuenta sectores históricamente olvidados, sino incluso respecto del sistema global: como expresa Putero, “se abre un debate de qué modelo económico deseamos, si nos sirve estar centrados en el lucro y no poder satisfacer las necesidades de nuestra población.”
“Creemos que es una medida irresponsable”
En contra de la suba de las retenciones a la soja desde el lunes y hasta el jueves las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) dispusieron un paro agropecuario con cese de comercialización de granos y de hacienda, sin el aval de todos los productores de alimentos. Lo que deja visible que “el campo” es diverso, multisectorial y tiene distintos intereses, exigencias y necesidades que demanda al Estado. ANCCOM dialogó con Lucas Tedesco referente de la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT) quien expresó una visión disidente a la Sociedad Rural: “Estamos en contra de ese paro de cuatro días de un sector minoritario, por eso realizamos el martes pasado un verdurazo y tractorazo regalando 20.000 kilos de verdura a los vecinos y vecinas que decidieron acercarse”, afirmó.
Como en 2008, pero 12 años después, las discusiones en torno a las políticas fiscales para el sector agrario siguen teniendo los mismos actores políticos y sociales en disputa. En ese entonces Cristina Kirchner conducía los destinos de la Argentina, su gobierno dispuso la Resolución 125/2008 para establecer un esquema móvil de retenciones a la exportación de la soja. Dicha medida llevó a un conflicto de tres meses con las patronales agrarias en los que se produjeron cortes de ruta, derrame de alimentos y desabastecimientos en las góndolas de los supermercados.
En el 2020, el máximo cargo de la Nación lo ocupa Alberto Fernández, quien en la apertura legislativa del Congreso de la Nación del primero de marzo, anunció nuevas políticas distributivas y señaló al sector agrario: “Hemos convocado al campo para que colabore en la lucha contra el hambre”. Así las retenciones para el sector agroexportador sojero pasó del 30 al 33%, establecido en el Decreto 230/2020 emitido el 4 de marzo. Dicha norma se ampara en Ley 27541 de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública” y es una de las medidas que se dispuso para mejorar los ingresos fiscales en un contexto económico de endeudamiento, alta inflación, recesión creciente, desempleo generalizado y emergencia alimentario. “Si se le pide el tres por ciento al campo sojero, que son los grandes de los grandes porque producen más de 1000 toneladas anuales, es una medida redistributiva para los sectores más vapuleados que son los medianos y pequeños productores, quienes producimos alimentos para el mercado interno”, reflexiona Lucas Tedesco en apoyo a las medidas tomadas por el gobierno.
“El paro no va a tener la medida que ellos esperaban, el martes (por ayer) hubo record de entrada de animales en el mercado de Hacienda, se va hacer Expoagro y se comercializan granos. Sí hay grupos localizados en Córdoba y Santa Fe que pertenecen a una élite y son los que incentivan en esta medida de fuerza”, explicó el dirigente de la Unión de los Trabajadores de la Tierra. Pero advirtió que “si sube el precio de los granos por el paro nos afectaría porque representamos a más de 16.000 familias trabajadoras de la tierra en 15 provincias del país, y esto dispara los precios de la carne. Creemos que es una medida irresponsable”.
A diferencia de 2008, el planteo de Fernández respecto al aumento a las retenciones de granos de soja es que se destine al desarrollo y la distribución dentro del sector agrario. La visión de desarrollo económico del Presidente es apostar por “una Argentina contra el hambre” para ello convoca a diversos sectores a dialogar: “Desde que asumió Fernández, hemos tenido reuniones con casi todos los funcionarios del gobierno que tengan que ver con el sector y participamos en la mesa del Consejo contra el Hambre. Nosotros proponemos construir mercados y almacenes populares para eliminar intermediarios y bajar los costos de los alimentos. Para que cada municipio pueda tener su propia producción de verduras y carnes necesitamos que se implementen las colonias de abastecimiento urbano”, finalizó Tedesco para esclarecer una visión “del campo” contrapuesta a la Sociedad Rural.
Las prioridades de Alberto Fernández: reforma judicial, despenalización del aborto y reestructuración de la deuda
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La escena parecía casi un déjà vu: el auto gris avanzando lentamente, primero por Avenida de Mayo y luego por Rivadavia, hasta llegar al Congreso; la militancia en la plaza, aclamando bajo un sol fulminante, aunque ya no de diciembre, sino de marzo; el gesto peronista de los dedos en “V” de Alberto Fernández a través de la ventanilla del auto, esta vez desde el asiento trasero. Casi tres meses -81días, precisaría después el Presidente- pasaron desde aquel 10 de diciembre y del discurso de asunción del, entonces, nuevo mandatario de la República Argentina. En este 1° de marzo, el motivo de la reunión en el Parlamento -y en la Plaza de los Dos Congresos- fue otro: conocer el camino a seguir en materia política y económica durante el año en curso.
La Asamblea Legislativa comenzó a las 11:15, encabezada por Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de conformar las comisiones que recibirían al presidente de la Nación a su llegada al recinto. Luego de ello, pasó a un cuarto intermedio hasta que Alberto Fernández arribó junto con Fabiola Yáñez, su pareja.
En el mientras tanto, algunos diputados hablaron sobre las expectativas respecto del discurso del presidente. José Luis Ramón, diputado por Mendoza, dijo esperar anuncios relacionados con el desarrollo productivo y en beneficio del pueblo, en contraposición del camino transitado por el gobierno anterior, en el que “se sancionaron 36 leyes que sólo favorecieron a un pequeño grupo de empresarios.” Se mostró optimista, a diferencia de los representantes del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño y Romina del Plá, quienes sostuvieron que el gobierno ratificaría su rumbo de “estructurar toda su política en función de los pagos de la deuda a los acreedores privados y al FMI, lo que ya ha implicado ajustes al pueblo trabajador.”
Por su parte, Santiago Cafiero, Jefe de Gabinete, habló minutos antes de que comenzara la sesión y expresó que “hoy, esas cuestiones que son más instrumentales y de gestión quedan subsumidas al mensaje esperanzador que el presidente les va a dar a los argentinos y las argentinas.”
“Nunca más endeudamiento insostenible», pidió el Presidente.
Fue a las 12 en punto cuando Fernández comenzó su discurso en la apertura de Sesiones Ordinarias Legislativas 2020. Con Cristina sentada a su izquierda y Sergio Massa, a su derecha; fue directo desde el principio: “Vengo a darle a mis palabras el valor del compromiso”, porque “gobernar no es mentir”.
Con un tono calmo, muy distinto al que usara Mauricio Macri un año atrás, dio un diagnóstico de la “pesada herencia” producto de los últimos cuatro años. Luego detalló, punto por punto, las medidas adoptadas en los primeros 81 días de gobierno del Frente de Todos. “Comencemos por los últimos para llegar a los primeros”, expresó el presidente en línea con la campaña, llevándose el primer aplauso de la jornada. Sin embargo, el momento más celebrado fue la mención a los jubilados y el relanzamiento del Plan Remediar.
El discurso duró apenas poco menos de una hora y veinte minutos e incluyó citas al expresidente Raúl Alfonsín -como pareciera ser una costumbre ya-, Manuel Belgrano, Juan Domingo Perón y Max Weber, e incluso, un agradecimiento al Papa Francisco. A pesar de la extensión, el Presidente fue conciso y concreto -si bien algunos diputados de la oposición, como Waldo Wolff, dijeron luego que el presidente había dado a conocer generalidades-, sin caer en metáforas y eufemismos. Tuvo varios puntos fuertes que resultaron acompañados por los aplausos de toda la Cámara. Uno de ellos fue la mención a las negociaciones de reestructuración de la deuda pública y a la investigación de la misma por parte del Banco Central: “Debemos saber qué es lo que pasó, quiénes permitieron que eso suceda, y quiénes se beneficiaron con esas prácticas”, sostuvo con firmeza Alberto: “Nunca más endeudamiento insostenible.”
Sobre el campo, uno de los temas “calientes” del debate actual -como lo fue en 2008, cuando se alejó del kirchnerismo-, no hubo anuncios concretos. Sin embargo, el mensaje fue premonitorio, casi una advertencia: “Deben hacer el esfuerzo los que producen y exportan”. También habló sobre analizar la estructura de costos en todos los eslabones de la producción: “Vamos a terminar con la viveza de los que se enriquecen a costa de los pobres bobos que están condenados a pagar por lo que consumen”, sostuvo Fernández.
El presidente también hizo hincapié en la necesidad de “derrotar al hambre que azota a nuestros compatriotas”.
El presidente también hizo hincapié en la necesidad de “derrotar al hambre que azota a nuestros compatriotas”, con un fallido -primero dijo “derrotar al hombre…”- que hizo recordar a su desliz durante el discurso de asunción, cuando sostuvo que habían vuelto “mujeres”, en lugar de “mejores”.
Otro punto importante y esperado del discurso fue la reforma de la Justicia Federal, con el objetivo de terminar con “el oligopolio de los jueces” que actúan con “la manipulación de sorteos y la concentración de procesos”. A esto se le sumó la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modificará la Ley de Inteligencia para “impedir a los miembros de organismos de inteligencia realizar tareas de investigación criminal como auxiliares de la Justicia”. Varios legisladores de Juntos por el Cambio – Brenda Austin, Silvia Lospennato, Pablo Tonelli y Martín Lousteau- aplaudieron estos anuncios, tal vez los mejores recibidos por la oposición.
Al respecto, el jefe de bloque de la Unión Cívica Radical, Mario Negri expresó luego de la sesión: “Me parece bien lo de los jueces amigos, yo lo aplaudí porque desde el ‘83, la mayoría en el Senado la han tenido ellos y han nombrado a los jueces. Pero lo que me llamó la atención es que nunca hizo referencia a que los jueces deben investigar los hechos de corrupción, sin importar el color político. Es un discurso que en el tono de voz parece conciliador, pero una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace.”
El Primer Mandatario describió a su proyecto como de equilibrio social, ecológico y fiscal.
Los pañuelos verdes atados a la bancada del Frente de Todos ya insinuaba cierto rumbo del discurso. Y cuando Fernández habló sobre derechos de la ciudadanía, miles de corazones verdes se agitaron de emoción. “En el siglo XXI toda sociedad necesita respetar el derecho individual de cada uno de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos”, comenzó el presidente, y los aplausos ya amenazaban con tapar su voz: “Por eso, en los próximos 10 días presentaré un proyecto de interrupción legal del embarazo.” Muchas de las presentes se pusieron de pie, Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, una de las primeras. “Todos saben de lo que estoy hablando. El aborto sucede, el aborto es un hecho.”
El anuncio sobre la presentación del proyecto también fue acompañado por otras medidas de protección y acompañamiento a las mujeres, como el Plan de los Mil Días (para garantizar apoyo a personas gestantes embarazadas y a sus hijos, hasta los 2 años) y el Plan de Acción Contra la Violencia, en un contexto en el que muere una mujer cada 35 horas en el país. “Me pareció esperanzador”, expresó Malena Galmarini, presidenta de AySA. “Me da una profunda admiración escuchar prioridades tan claras de la boca del presidente. Me voy contenta”
«El aborto sucede, el aborto es un hecho”, argumentó Fernández al anunciar el envío del proyecto de IVE.
Alberto Fernández también subrayó la importancia de la Ciencia y la Tecnología en el desarrollo del país. E hizo hincapié en el sistema educativo y en la necesidad de “educar para que haya futuro”. Así mismo, anunció una nueva Ley de Educación Superior, con el objetivo de fortalecer el sistema universitario. “Queremos construir con todas las universidades nacionales una nueva ley que surja de los consensos, que recorra todas las universidades y pueda tener la perspectiva de todos los claustros -docentes, egresados y estudiantes”, explicó Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, y agregó: “Y a partir de eso, lograr que el sistema universitario argentino se consolide, siga siendo un sistema pujante pero que también sea una universidad muy comprometida con el desarrollo de nuestro país.”
El Presidente también se refirió a la centralidad de los Derechos Humanos y al rol activo que tomará el Estado en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en un recinto con la presencia de las madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y Taty Almeida y de la presidenta de Abuelas, Nora Cortiñas. En su discurso también hubo espacio para una fuerte mención a Malvinas; a los nuevos lineamientos de la seguridad nacional -con ciertas críticas implícitas a la gestión de Patricia Bullrich- y a los 44 submarinistas del ARA San Juan, a quiénes se ascenderá post mortem, según anunció. También anunció la desclasificación de los archivos del atentado a la AMIA y la creación del Consejo Social y Económico para el Desarrollo de la Argentina, y la reactivación del sistema productivo con perspectiva de género, federal y ambiental.
El discurso presidencial tocó todos los temas de una agenda política y económica de un país que quiere comenzar a ponerse de pie. El peso que Alberto Fernández le dio a la importancia de alcanzar un “equilibrio social, económico, ecológico y federal”, desde la “integración social, justicia y democracia”, dejó en claro el rumbo que empieza a transitar el país. Y dejó en evidencia, también, que el 2020 será un año de intenso trabajo en la Asamblea Legislativa.
«La deuda es con el pueblo»
Bajo el sol de la tarde que aún golpeaba fuerte, miles de trabajadores -como ellos se identificaron, casi dejando de lado las banderas partidarias y sindicales- se reunieron ayer en la Plaza de los Dos Congresos con motivo de hacer más visible que nunca el rechazo hacia el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sus políticas de ajuste.
El contexto de la movilización de diversas organizaciones sociales y sindicales estuvo marcado por la visita de una delegación del FMI, cuyo objetivo consiste en monitorear y auditar las cuentas públicas frente a una inminente renegociación del pago de la deuda. También coincidió con la presencia del ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, en la Cámara de Diputados. ¿La consigna? Hacer oír -y ver- el reclamo generalizado de priorizar las necesidades del pueblo por sobre las exigencias del organismo internacional.
El acto comenzó puntual a las 18, y las intenciones fueron explicitadas desde entonces: “Damos comienzo a nuestro acto repudiando fuertemente la presencia del FMI en nuestro país y enseñándole nuestro pueblo.” Con las banderas abajo o corridas hacia los costados no sólo para que todos pudieran ver bien, sino también para que la imagen fuera la de “miles de trabajadores unidos”, los diferentes oradores fueron sucediéndose a lo largo de poco más de media hora. El mensaje era similar. Detrás del escenario, sobre la enorme tela blanca que dejaba al Congreso casi escondido -como si se ocultara de la gente-, el cartel negro destacaba con el lema de la convocatoria: “La deuda es con el pueblo”. Y el pueblo estaba allí para reclamarla.
Muchas organizaciones acudieron en respaldo al presidente Alberto Fernández y su equipo de gobierno, mientras Guzmán se encontraba dentro del Congreso exponiendo un informe sobre la renegociación de la deuda externa. “Estamos apoyando a nuestro presidente frente al FMI, para que podamos llegar a un acuerdo y ver si se puede resolver”, expresó un militante de Barrios de Pie que no quiso identificarse. “Estamos a favor del pago de la deuda mientras tanto el FMI se ponga de acuerdo con el presidente y le permita pagar de a poco y así poder levantar la economía del país. Creo que el gobierno, en la negociación, va a pensar primero en la gente, en que el país tiene que salir adelante.”
Por su parte, Víctor de Gennaro, el histórico líder gremial de ATE, como uno más entre la multitud, expresó que “hay que hacer lo que el pueblo votó en octubre, que es basta de Macri, basta de Fondo y de saqueos, y basta de seguir pagando con la hipoteca del futuro de nuestro pueblo una deuda externa que se ha utilizado como una de las herramientas de sometimiento.” Según el presidente del Congreso de Unidad Popular, “las deudas hay que pagarlas pero las estafas, no”. Y agregó: “Hoy tiene que salir de acá una decisión soberana de investigar la ilegalidad y la ilegitimidad de la deuda. El pueblo merece un resultado diferente.”
Sin embargo, y aunque el rechazo al FMI y sus consecuencias funcionó como punto en común y aglutinante, otras organizaciones -mayoritariamente de izquierda- se mantuvieron ajenas al apoyo al gobierno y endurecieron su reclamo. “Acá hay muchos que tienen un posición ambigua”, expresó el referente trotskista Jorge Altamira, : “No dudo del sentimiento que tienen contra el FMI y de que también piensan que es perjudicial, pero al mismo tiempo dicen que vienen a apoyar al gobierno que es proclive a entenderse con el Fondo. Entonces, nuestra manifestación es separada de la de ellos.”
El ex-legislador sostuvo que la deuda “es una hipoteca que las pobres espaldas de la Argentina no puede ni debe soportar”, y que la misma no debe ser pagada debido a la situación extrema del país: “El gobierno tiene que estar enfocado en subir salarios, jubilaciones y educación, y en tomar medidas como la reactivación de la obra pública para terminar con el desempleo. Esa es la prioridad. Si tenemos plata para eso y para lo demás no alcanza, que los otros la miren desde lejos.”
La “hipoteca” -o “pesada herencia”- fueron los 44 mil millones de dólares de deuda contrajo con el organismo internacional, de los cuáles tanto Macri y su gobierno como el mismo FMI fueron responsables debido a las condiciones irregulares que llevaron a la situación macroeconómica actual. Frente a esto, el diputado nacional y referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete, hizo hincapié durante sus minutos sobre el escenario en la necesidad de investigar la deuda para que “ni un solo peso sea para pagarle a los especuladores”. Y fueron varios los que mencionaron la activación de la Comisión Bicameral Permanente para el Seguimiento de la Deuda Externa. Ya que, como sostuvo De Gennaro, “no se puede pagar más sin discutir”.
Dentro del Palacio Legislativo, el ministro de Economía sostuvo que “están del lado de la gente” y remarcó la importancia de que la deuda deje de ser “una carga que pisa el desarrollo del país”. “No vamos a permitir que fondos extranjeros nos marquen la política”, expresó frente a los diputados, en consonancia con los que, en las inmediaciones del Congreso, le exigía la gente: el pueblo antes que los especuladores, el hambre de los argentinos antes que el Fondo.
La movilización fue en extremo pacífica, y el acto duró pocos minutos en comparación con la cantidad de gente que se amontonaba en los escasos espacios a la sombra o simplemente se resignaba al rayo del sol de febrero. Sin embargo, la presencia fue el mensaje más contundente: la deuda es con el pueblo. De fondo, y cada tanto, un canto ya conocido por la mayoría de los argentinos: “Unidad de los trabajadores / y al que no le gusta / se jode, se jode”.