Abr 11, 2019 | Novedades, Trabajo
Protesta de científicos frente al Polo Científico.
Caminar por la calle Godoy Cruz en la Ciudad de Buenos Aires, hacia el norte, representa la certeza de encontrar en el camino casas bajas, algo antiguas y húmedas, enfrentadas a las obras del ferrocarril San Martín. Son los resabios del viejo barrio de Palermo, que de a poco se van pintando con los colores de la gentrificación. No obstante, cuando se cruza la calle Soler, un edificio imponente rompe la imagen barril con su modernidad: vidrios altos, sostenidos por columnas blancas y grises, que dejan traslucir los amplios espacios de su interior. Pero ahora, algunos vidrios están ploteados con frases conectadas entre sí: “La ciencia es cultura. En la música…hay ciencia. En la tecnología…hay ciencia. En la literatura…hay ciencia. En la innovación…hay ciencia. En el arte…también”. Es el preludio que anuncia la enorme explanada desde donde se accede a los diferentes organismos que funcionan en el Polo Científico y Tecnológico, edificio que alguna vez perteneció a las Bodegas Giol y Santa Ana.
También parece un recordatorio algo burlesco, porque este miércoles, en aquel enorme patio, se reunieron desde temprano los trabajadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de todo el sistema científico en general con motivo del Día del Investigador Científico, conmemorado por el natalicio del premio Nobel Bernardo Houssay. Sin embargo, no se trataba de una celebración.
“Hoy estamos movilizando al Polo Científico. Vamos a hacer una asamblea por la agria novedad del viernes pasado: se publicaron los resultados de la convocatoria a la Carrera de Investigador Científico (CIC) con apenas 450 ingresos, contra una cantidad de 2.145 postulantes que quedaron afuera”, explicó Cecilia Sánchez, de la agrupación Jóvenes Científicxs Precarizadxs (JCP). “En muy buena parte de los casos, son despedidos del organismo. Porque son compañeros que venían realizando sus trabajos de doctorado y/o posdoctorado con becas del CONICET. Y ahora se ven literalmente en la calle y sin posibilidad de continuar sus líneas de investigación”, agregó.
Ya eran las once de la mañana y el ambiente estaba calmo. Una centena de investigadores caminaban por el patio, se reunían en grupos y conversaban. Instantes después, los parlantes se encendieron y comenzaron a sonar canciones de los Redondos. Lentamente, los muros del edificio que contiene tanto al CONICET como al Centro Cultural de la Ciencia, empezaron a ornamentarse con banderas de las diferentes organizaciones, como AGD-UBA o ATE CONICET. Se podían ver también los chalecos amarillos de la JCP o los blancos de Becarios Empoderados.
En esta situación todavía apacible, Pablo Méndez -doctor en Filosofía, licenciado en Ciencia Política y becario posdoctoral del organismo- contó sumariamente la situación que vive la ciencia y tecnología en el país: “Venimos con un atraso salarial muy grande. Hoy una beca doctoral está prácticamente por debajo de la línea de pobreza. Pero también hay cuestiones de fondo. Para investigar, para producir conocimiento, se necesita trabajar en un contexto de certidumbre. Y hoy en día no sabemos cuándo nos quedamos en la calle o hasta cuándo nuestras líneas de investigación seguirán siendo financiadas. En este contexto es muy difícil pensar, aunque sea a mediano plazo, y poder proyectar tanto nuestras vidas como también nuestras investigaciones”.
Silvia Nassif, doctora en Historia y una de las becarias afectadas por el recorte, opinó en la misma línea: “Lo que está pasando es que la mayoría de mis compañeros afectados no encuentran un lugar de trabajo. Están sobrecalificados para algunas tareas y, para otras, se tienen que ir al exterior. Muchos, lamentablemente, aunque no quieren, se tienen que ir de la Argentina. Entonces hay que pararlo ya. Hay que parar a este gobierno.” Sin embargo, su análisis no se redujo únicamente a la situación particular de los científicos: “Al gobierno que viene le va a quedar una gran deuda, una deuda social con nosotros, los investigadores. Pero también con el pueblo en su conjunto. Nosotros hoy podemos comer, pero hay gente que no puede hacerlo. Hay personas que no pueden comer. Me duele mucho la Argentina que estamos viviendo”.
Hacia el mediodía, el patio empezó a llenarse. Grupos de jóvenes y adultos se sentaron en las muchas y confusas rampas y escalones que surcan el predio y se empezó a elevar el bullicio de las charlas privadas. De repente volaron papeles al aire, pequeños carteles de color verde, azul o rojo con el logo de ATE y diferentes consignas: “El MINCYT (Ministerio de Ciencia y Tecnología) se defiende”, “Por convenio colectivo de trabajo propio del Conicet”, “El MINCYT no se toca”, “El presupuesto CONICET no alcanza”.
Media hora más tarde arrancó la asamblea. El movimiento de gente, en ese momento, fue frenético. Una investigadora, que hacía las veces de conductora, empezó a explicar las reglas de intervención y a pasar el micrófono a los diferentes oradores. Sobre la puerta del CONICET, apiñados, se veían parlantes, investigadores dispuestos a hablar, referentes sindicales y todo el auditorio, que escuchaba atentamente las intervenciones. Pero a varios metros -es un espacio grande- también se empezaron a levantar pequeños revuelos. Se armaron mesitas con venta de libros y películas. Más allá se desplegaron decenas de cartulinas pintadas con los motivos de tapas de grandes libros de la teoría feminista, enmarcados por banderas que anuncian que “la ciencia feminista resiste” o “protesta sexual e investigación”. Entre la gente que pasaba se podían reconocer ciertos rostros. Matías Lammens, presidente de San Lorenzo y figura política del progresismo porteño, conversaba con un reducido grupo de personas.
Al otro lado, se vio a Mario Pecheny -doctor en Ciencia Política, investigador principal del Consejo y profesor en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA)- y a Alberto Kornblihtt -doctor en Ciencias Químicas, investigador superior del organismo, director del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias del CONICET-UBA y, además, uno de los referentes que tomó gran relevancia durante el debate por la legalización del aborto el año pasado-.
Mario Pecheny y Alberto Kornblihtt en la protesta en el CONICET.
Ambos contaron otra de las situaciones de gran irregularidad que ocurren en el organismo: “El Directorio del CONICET tiene representantes de los investigadores e investigadoras de las cuatro grandes áreas en las que está organizado el instituto. A mí me eligieron en mayo de 2018 para representar a mis colegas de Ciencias Sociales y Humanidades de todo el país. También se hicieron las elecciones para las Ciencias Biológicas y de la Salud, en las que fue elegido el doctor Kornblihtt”, relató Pecheny. Por su parte, Kornblihtt agregó: “Nosotros fuimos los más votados en dos áreas del conocimiento en las elecciones cuyo escrutinio fue el 31 de mayo del año pasado. Dentro de poco se va a cumplir un año y el presidente de la Nación todavía no nos nombró. Es un deber respetar la democracia y que las personas que están actualmente, que tienen el mandato vencido, dejen sus puestos. Nosotros, en nuestras plataformas, hemos planteado una oposición a las políticas de ajuste y a la reducción de los presupuestos en el CONICET y en ciencia y técnica en general. Por lo tanto, queremos estar sentados en el directorio para llevar adelante nuestra plataforma, que es la que votaron nuestros colegas en alta proporción. Mario sacó un 63 por ciento de los votantes y yo un 66, son miles de votos”. Más tarde, Kornblihtt tomará el micrófono y se dirigirá al auditorio: “Vengo a comprometerme ante esta asamblea. Vengo a comprometerme a llevar a cabo la plataforma por la que me votaron. No pretendo que sea meramente calentar una silla. Si no lo puedo cumplir, será esta asamblea la que me lo demande”.
Mientras tanto, en el centro del patio comenzaron a verse caras de emoción. “Viene Judith Buttler” comentaban, extasiados y extasiadas, varios jóvenes que van de aquí para allá. Dora Barrancos, también presente, fue la primera en recibirla. Pero luego se abalanzaron sobre ella decenas de muchachas para saludarla, intercambiar un par de palabras o, simplemente, agradecerle.
Dora Barranco recibió a Judith Butler en la protesta.
Abriéndose paso con dificultad, llegó hasta donde estaban las cartulinas y las banderas de ciencia feminista. Allí se sentó, en el suelo, y alrededor de ella se fueron sentando todos. Como no dominaba el español, una joven la asistió en calidad de traductora. Era difícil escuchar, de todos modos. La asamblea seguía desarrollándose detrás y el espacio que ofrece el Polo Científico es tan amplio que la voz se pierde con facilidad. De todas formas, enunció frases que, por su contundencia, se oyeron bien claro: “Cuando nos quitan el dinero, nos están desempoderando. Especialmente cuando atacan la tradición de los estudios feministas, de la teoría feminista y lo que significa eso en Argentina. Sabemos que en Argentina el CONICET es uno de los centros más importantes y más famosos para este tipo de investigación. Por supuesto que si nos sacan el apoyo, vamos a seguir investigando. Y al mismo tiempo, nos vamos a seguir movilizando para reclamar todo el apoyo que nos merecemos. El mundo tiene que saber lo que el feminismo en Argentina está pensando. Continúen esta lucha. Tienen todos mis respetos y voy a seguir apoyando en todo lo que pueda y haga falta”. Los aplausos fueron inmediatos.
«Cuando nos quitan el dinero, nos están desempoderando», dijo Butler.
Hubo también otra manifestación simbólica. En uno de los espacios que se abren entre los tres cuerpos que componen el edificio del Polo Científico, ATE CONICET organizó una olla popular. Eran un par de mesas de caballete, repletas de bandejas, cubiertos de plástico y bandejitas con pan. Tres o cuatro personas, con sus pecheras del gremio, alcanzaban rápidamente los platos de comida y los vasos de agua. Una de ellos era María Eugenia, delegada de ATE CONICET y administrativa de la sede. De esta manera explicó la intervención: “La olla popular es porque la ciencia y la tecnología están por debajo de la línea de pobreza. Es una manera de demostrar que la ciencia está en decadencia. Se manifiesta en el bajo presupuesto destinado al organismo, tanto para investigar como para comprar equipamiento”. Al respecto de la situación particular de los administrativos, comentó: “Trabajamos en unas condiciones deplorables. Con mucho control. Con un sueldo miserable. El promedio de sueldo de los compañeros es de 15.000 pesos. Por las condiciones de trabajo, ellos se están yendo. Muchos también porque la plata no les alcanza para llegar a fin de mes. Y entonces el trabajo está cayendo cada vez más en pocos compañeros”.
“La olla popular es porque la ciencia y la tecnología están por debajo de la línea de pobreza», dijeron dese ATE CONICET en la olla popular que organizaron durante la protesta.
La asamblea estaba llegando a su fin y era hora de votar las mociones propuestas. La primera en aprobarse fue una movilización a Plaza de Mayo, en caravana desde el Ministerio -ahora secretaría- de Ciencia y Técnica, con fecha a confirmar. Luego hubo dos mociones contrapuestas, respecto a qué hacer en ese mismo momento. ATE propuso quedarse en el Polo, esperando una respuesta de las autoridades. JCP, por su parte, planteó la voluntad de salir a cortar avenida Santa Fe para visibilizar el reclamo. La mayoría de los brazos se alzaron ante la segunda propuesta.
Todos se pusieron de pie. Aparecieron inmediatamente los bombos y las banderas desplegadas, y comenzaron a caminar por el patio del Polo Científico. Cuando llegaron a la esquina de Paraguay, esperaron pacientemente a que el semáforo se pusiera en rojo para ocupar ya la calle, por Godoy Cruz. Son cuadras largas. A un costado se encuentra el elegante Distrito Arcos, con sus outlets premium y sus tiendas de sabor palermitano. La gente que venía caminando, que paseaba entre los negocios o se tomaba una cerveza artesanal se vió sorprendida por el bullicio inesperado de la movilización. Desde adentro del “distrito”, varias personas encendieron sus celulares para filmar el paso de los científicos.
Otra vez esperaron a que el semáforo diera una luz roja para avanzar. Eran alrededor de 200 personas que ocuparon todo el ancho de la avenida Santa Fe, cortando completamente el tránsito. Algunos colectivos se desviaban por la propia Godoy Cruz, otros terminaron pasando por un carril que fue liberado. Silenciosamente, fueron apareciendo los patrulleros de la Policía de la Ciudad.
Entre los manifestantes con pancartas se encontraba Cristina Ibarra, doctora en Bioquímica, investigadora principal del CONICET y profesora titular del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina (UBA). Su caso es particularmente alarmante. Ella dirige un laboratorio de investigación, encargado de los estudios sobre el tratamiento del síndrome urémico hemolítico, una enfermedad que afecta a chicos menores de 5 años y suele dejar como secuela una insuficiencia renal, que luego se convierte de aguda en crónica. “Nuestro país tiene el mayor índice de síndrome urémico hemolítico del mundo, con alrededor de 500 casos por año. Otros países que han tenido y que tienen un índice mucho menor que eso destinan buenos presupuestos para investigar sobre esta enfermedad, porque no se conoce su tratamiento ni la manera eficaz de prevenirlo en el mundo. Nosotros investigamos con muy poco presupuesto. Pedimos que nuestros becarios ingresen a la carrera para convertirse en investigadores, ya son ellos los que tienen la pujanza de seguir adelante aún en estos contextos”, explicó Ibarra. Y luego continuó: “El Gobierno es profundamente ignorante. Son CEOs no formados en universidades públicas. No saben lo que es la investigación ni les preocupa, porque la investigación es para el conjunto del pueblo. Y ellos no son el pueblo. Si sus hijos se enferman, se van a Estados Unidos para encontrar mejor atención. Y el pueblo no puede hacer eso. El pueblo necesita que acá se les resuelva sus problemas. Y esta enfermedad es un problema serio en Argentina. Es la primera causa de insuficiencia renal crónica en adolescentes y adultos. Y es el 20 por ciento de los transplantes”.
Los científicos del CONICET exigen ser vistos por el Estado ya no de una manera romántica o emprendedora, sino como trabajadores. Como trabajadores con su conjunto de derechos, tal y como lo poseen el resto de las ramas de la actividad económica. Cristina Ibarra lo dijo de forma contundente: “Lo que ha pasado el viernes es que se ha cerrado una fábrica de 2.000 trabajadores, cuyo producto es la creación de conocimiento”. Silvia Nassif afirmó en el mismo sentido: “Los científicos somos trabajadores. Si a nosotros no nos contratan, no podemos vivir. Entonces, en ese sentido, somos parte de la clase trabajadora, y creo que el pueblo en su conjunto siente y le duele lo que nos está pasando”. Era también clara la consigna principal de Jóvenes Científicxs Precarizadxs: “Investigar es trabajar”.
El corte duró alrededor de cuarenta minutos. Lentamente fueron volviendo por Godoy Cruz hasta el Polo Científico, donde estaba esperando un pequeño camión con una plataforma detrás, una bandera de ATE y un par de micrófonos. El cierre de la jornada sería un homenaje a Dante y Héctor Guede, padre e hijo desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Allí se encontraban autoridades de Derechos Humanos, de ATE y de otras agrupaciones. Pero la presencia destacada fue la de Cármen Ramiro de Guede, esposa y madre de los homenajeados.
Carmen Ramiro de Guede, esposa de Dante Guede, trabajador del CONICET y madre de Héctor Guede, estudiante de ingeniería. Ambos desaparecidos.
Dante Guede fue miembro de la Carrera del Personal de Apoyo del CONICET y técnico soldador en el Instituto Argentino de Radioastronomía de Villa Elisa. “Él hizo esas antenas parabólicas que hay en el Parque Pereyra Iraola, en colaboración con el gobierno de los Estados Unidos, en el año ´62”, cuenta Carmen. Su hijo, Héctor, era estudiante de Ingeniería. Ambos militaban políticamente.
“Ellos desaparecieron en noviembre del ´76. Los dos juntos en la vía pública, en Wilde. Ahí empezó la lucha mía para buscarlos. Y también para criar a mi familia. Porque me había quedado con una nena de 14 y un chiquito de 5 años. Pasaron 43 años de lucha en los que no supimos qué había pasado con ellos”, relató emocionada Carmen. Los restos de Dante fueron hallados por el Equipo Argentino de Antropología Forense hace dos años, pero no los de Héctor. “La pareja de mi hijo también está desaparecida. Se llamaba Viviana de Angeli. Estaba embarazada. Están desaparecidos ella con su bebé, que no sé si habrá nacido”.
Del acto participaron varios oradores, para culminar con el descubrimiento de una baldosa conmemorativa en la vereda. “Una huella de ellos en el barrio”, declaraba uno de los documentos leídos.
“Yo creo que los desaparecidos, mientras los compañeros los recuerden, van a seguir estando vivos. Yo siempre digo que no están muertos, que están vivos en cada uno de los que están luchando. De los maestros que están luchando por las paritarias. En la gente de acá, de ciencia, que está luchando. Para esa gente que está luchando por sus derechos, los desaparecidos están con ellos. Todo el que lucha por sus derechos, trae a la vida a los 30.000 desaparecidos” dijo Carmen cuando ya la tarde iba cayendo y el viento revoloteaba los papeles y las pancartas que quedaron luego de una jornada de lucha.
Marcha y corte de avenida Santa Fe.
Abr 10, 2019 | Novedades, Trabajo
Los 450 despedidos llenaron de colchones la sede de Palermo Soho.
Entre los bares y restaurantes de Palermo Soho, en Gurruchaga al 1776, se encuentra la base de PedidosYa, la sede logística de la compañía online de envíos de comida, ocupada desde el 26 de febrero por sus trabajadores que denuncian el despido de 450 empleados. El cartel de la fachada ahora dice “despidos ya” y, en la vereda, hay un grupo de repartidores sentados en las sillas de plástico de la empresa. A un costado, tienen una garrafa con mechero para cocinar. Luna, trabajadora despedida, revuelve el guiso en una olla y les sirve en bandejitas descartables a dos vecinos en situación de calle. Las ollas populares se organizan todos los días.
“La decisión de la toma fue súper espontánea -dice Luna-. Estábamos todos concentrados en la calle porque nos habían despedido y no sabíamos por qué. Nos bloquearon en la aplicación sin notificación previa. Pedíamos que saliera a hablar un coordinador, y nada. Estaban las puertas cerradas, pero un venezolano logró entrar y con él entramos todos. Hicimos una asamblea y dijimos: ´Nos quedamos acá hasta que nos den una respuesta´. Entonces, los dos coordinadores desaparecieron por la escalerita de la terraza.”
La respuesta nunca llegó y lo que empezó como un acampe se convirtió en una ocupación pacífica que ya lleva más de un mes. Hubo tres conciliaciones fracasadas y la posibilidad de desalojo está latente. “A veces vienen de la fiscalía y todas las noches aparece un patrullero que se queda un rato en la puerta”, cuenta Néstor, repartidor despedido y bombero voluntario que sigue vistiendo la chomba y campera rojas de PedidosYa.
Los trabajadores despedidos denuncian precarización laboral y el abuso ante las necesidades laborales de los inmigrantes.
La empresa, nacida en Uruguay hace diez años y vendida en 2014 a la compañía alemana Delivery Hero, dejó un guardia privado al cuidado de los bienes de la sede que se mantiene casi intacta. Permanece la extensa fila de estanterías con las grandes mochilas rojas y cuadradas que se usaban para hacer los envíos. Hoy, los que continúan trabajando en PedidosYa son los monotributistas que alquilan la mochila y se la llevan a sus casas. En las paredes siguen pegados carteles con instrucciones: “Toda persona que se lleve la bicicleta con la numeración que no le corresponde va ser amonestada”, advierte un letrero. La gran diferencia con un mes atrás es que ahora, en el piso, hay varios colchones desparramados y los repartidores pueden usar el baño y las duchas. Antes, eran de uso exclusivo para los coordinadores.
Los trabajadores nucleados en la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (A.Si.M.M) consideran que la fecha elegida para el despido masivo no fue aleatoria, sino que tuvo lugar 48 horas antes de la primera votación de delegados. También, denuncian que el objetivo es reemplazar a los trabajadores en blanco por monotributistas, ya que la compañía no se declaró en quiebra.
“Se aprovechan de los extranjeros para esclavizarlos”, explica Josué, inmigrante venezolano y repartidor despedido sin causa. No cobró indemnización, ni aguinaldo, ni vacaciones. “La empresa no pone plata, eso es lo terrible. Tienen un sistema en el que el envío sale 55 pesos, de los cuales 40 los paga el cliente y 15 el restaurante”, dice Luna.
Los despedidos subsisten vendiendo alfajores caseros y alimentándose de ollas populares.
Por su parte, la compañía -que opera en nueve países de Latinoamérica- emitió un comunicado oficial refiriéndose: “Con el objetivo de mejorar la calidad de su servicio, el 25 de febrero de 2019, PedidosYa realizó una reestructuración que conllevó la desvinculación de 401 puestos de trabajo debido al incumplimiento de las tareas de ciertos repartidores y, además, una adecuación a los flujos de demanda de pedidos en la Ciudad de Buenos Aires”. También, la compañía argumenta que está en competencia desleal porque las otras dos aplicaciones de envíos más importantes del país, Rappi y Glovo, no tienen trabajadores en relación de dependencia.
Regular las plataformas virtuales para evitar la precarización de sus trabajadores parece impostergable. Estas empresas impulsan un nuevo modelo llamado economía colaborativa que consiste en conectar al cliente con el vendedor a través de una aplicación. Pero, en el medio, están los trabajadores que son atraídos por el eslogan “sé tu propio jefe” cuando, en realidad, hay una relación de dependencia encubierta. Según el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo se trata de una situación de fraude laboral, ya que los repartidores monotributistas ofrecen una prestación continua bajo la dirección del empleador, cumplen horarios y pueden ser sancionados o despedidos.
“Sos tu propio explotador más que tu propio jefe”, coinciden los trabajadores y amplían: “En PedidosYa, si tardás más de 20 minutos en llevar el desayuno no cobrás. Hay que pedalear, y lo más rápido posible”.
El crecimiento de las aplicaciones de envíos se debe a la evolución tecnológica y a la demanda de la gente que quiere cumplir el sueño de comprar cualquier cosa sin moverse de su casa. Sin embargo, también se nutre del desempleo; la necesidad de los inmigrantes; la insuficiente regulación estatal; la falta de infraestructura de transporte público; y el caos del tránsito.
“La empresa te dice ´sos mi socio´”, pero después uno está todo el día pedaleando en la calle solo, con una aplicación que te rompe la cabeza y el cliente ni te saluda. No sos nadie en la calle. Corrés riesgos de tener un accidente, de que te roben, o que te puteen”, expone Luna y añade: “El desgaste físico es tremendo. Pedaleás más que un atleta olímpico y tenés que lidiar con la calle”.
Para sostener la toma, los empleados implementaron distintas medidas, como crear una comisión interna de trabajadores despedidos que se reúne tres veces por semana. Además, venden empanadas y alfajorcitos de maicena hechos por ellos y ofrecen el servicio de reparación de bicicletas.
Por otro lado, buscan que los clientes tomen conciencia. Por eso, hicieron volanteadas por el barrio y realizaron tres intervenciones a restaurantes. Estas consisten en solicitar el bloqueo del posnet de PedidosYa por 30 minutos. “Si el gerente del restaurante no se solidariza, tratamos de convencer a los cadetes para que paren. Es difícil, porque los chicos necesitan la plata para comer o tienen miedo que los pongan en pausa”, detalla Néstor.
Estar pausado es la peor sanción para el repartidor. En un principio, las pausas las pedía el trabajador cuando, por ejemplo, necesitaba arreglar la cadena de la bicicleta. Pero después, la aplicación empezó a otorgar pausas de media hora aleatoriamente. Otro de los cambios fue que los repartidores dejaron de trabajar con horarios y zonas definidas. Tampoco sabían cuánto iban a cobrar a fin de mes. “Yo trabajaba ocho horas con mi bici y cobraba 16.000 pesos por mes. Pero sin motivos un mes me descontaron 3.000”, precisa Luna.
Frente a esas irregularidades, los trabajadores intentaron reclamar, pero fue imposible. Por teléfono hablaban con una operadora automática y en la sede ningún coordinador los atendía. Como los reclamos crecían, la empresa elaboró un sistema de turnos a largo plazo que no resolvía las necesidades inmediatas de los repartidores.
Ahora, los trabajadores esperan que se dicte la conciliación obligatoria y denuncian que se está empleando una estrategia dilatoria: “La empresa piensa que nos vamos a desgastar, pero nos ayudan a organizarnos cada vez más.”
Luchan por tres objetivos: la reincorporación de los despedidos, el aumento salarial que estipula la paritaria y el blanqueo de los monotributistas. Mientras la aplicación sigue anunciado “hacé tu pedido”, el conflicto en la base de Palermo Soho continúa.
Abr 5, 2019 | Novedades, Trabajo
La movilización de la CGT no culminó en un acto central ni en un anuncio de un plan de lucha.
Acompañados por el clima húmedo y borrascoso del centro porteño, la movilización inundó las calles con una convocatoria multitudinaria desde los distintos sectores sindicales, políticos y sociales.
La dirección cegetista encabezó la movilización alzando una bandera albiceleste en representación de la lucha de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) por la ola de despidos y detenciones que afectaron a 45 trabajadores de los ¨Laboratorios Craveri¨ el pasado viernes 29 de marzo.
Entre las peticiones y cánticos que pudieron oírse, no faltaron los reclamos en contra del gobierno de Mauricio Macri, el pedido por la mejora de salarios y condiciones laborales, mayor producción nacional y un país que priorice el desarrollo productivo por sobre el financiero.
Los empresarios del sector pyme adhirieron a la marcha con el fin de discutir el rumbo económico del país y cuestionar el modelo actual. ¨Cierran 25 pymes por día”, “Hay 350.000 nuevos desocupados”, “50% de inflación anual”, y “15% de caída de la industria”, fueron algunos de los escritos que circulaban en carteles que llevaban algunos representantes del sector.
La recesión, el cierre fábricas y el aumento e desempleo encabezaron la agenda de reclamos.
Para esta multitudinaria marcha hubo distintas convocatorias. Sin embargo, la cabecera fue ocupada por la CGT. La columna se movilizó desde Misiones y Rivadavia hasta confluir en 9 de Julio y Avenida de Mayo. Si bien la movilización no tuvo oradores, Héctor Daer, secretario general de la CGT, minutos antes de desconcentrar, a las 14.45, habló con la prensa. Entre sus declaraciones, el sindicalista explicó:
¨El gobierno pretende que nos sigamos esforzando. Cuando fue el mismo presidente el que declaró ni bien comenzó su mandato que iba a ser todo fácil y sencillo, que le lloverán inversiones. Hoy, sin embargo, tenemos más pobreza, más desocupación, mayor destrucción de la economía y endeudamiento. Lo que estamos planteando ahora, y por eso la palabra unidad como expresión, es unificar los frentes, por supuesto con eje en el peronismo, y que así, se pueda generar la alternativa para sacar el país adelante y no solo ganar las elecciones. Esto lo tiene que resolver un gran acuerdo político¨, concluyó.
El dirigente sindical remarcó la importancia de la unión como único rumbo posible para poder hacer frente a la crisis que dejará el gobierno a causa de sus políticas de ajuste. Poder cambiar el modelo actual de un país para pocos, por un país para todos.
Abr 5, 2019 | Novedades, Trabajo
“¡Tienen la máquina de hacer llover comprada! ¡La tienen comprada!” exclamaba una voz refugiada bajo el techo de una galería sobre Hipólito Yrigoyen y Virrey Cevallos. Las columnas de manifestantes llegaban desde varias avenidas hasta el Congreso conforme avanzaba también la nube oscura que traía la tormenta. No obstante, ni la lluvia ni los fuertes vientos lograron callar los bombos y las trompetas que entonaban al ritmo del que parecería ser el hit de toda convocatoria popular desde hace ya más de un año: MMLPQTP.
La marcha encabezada ayer por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) junto a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que confluyó con la impulsada por la CGT, se consolidó bajo la consigna “Por la unidad, la producción y el trabajo”. No es casual, sin embargo, el contexto en el que se desarrolló, marcado por el anuncio del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) del incremento del índice de pobreza al 32%, la suspensión de la reunión de los movimientos sociales con Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social de la Nación, la semana pasada y la exigencia de una Ley de Emergencia Alimentaria. Al resoecto, Gildo Onorato, dirigente de la CTEP y Secretario de Políticas Sociales del Movimiento Evita declaró a ANCCOM: “Hay una convocatoria de la CGT por la unidad, por la producción, por el trabajo. Nosotros le agregamos a eso la emergencia alimentaria, para que sea tratada con urgencia, teniendo en cuenta los niveles de pobreza y exclusión que tenemos en Argentina”. Añade luego: “Entendemos que hay que convocar un paro nacional, que hay que construirlo, fortaleciendo los acuerdos, las coincidencias y planteando la agenda de los sectores populares, que la están planteando muy mal”.
“Unidad de los trabajadores” fue el grito favorito de las columnas, que tras dar vueltas a la plaza del Congreso adornadas con pilotos y paraguas, se deslizaron por Avenida de Mayo hasta la 9 de julio, donde viraron para dirigirse hacia el Ministerio de Desarrollo Social, cortando el Metrobus y desviando el tránsito. Entre las seis cuadras de agrupaciones (donde se destacaron también el Movimiento Barrios de Pie, la Asociación de Trabajadores del Estado, el Frente Popular Darío Santillán y el Frente de Organizaciones en lucha) uno de los gremios que marcó mayor presencia fue el de la Educación. Roberto Baradel, Secretario General del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, describió la situación de los docentes como “compleja” y narró: “Ayer se dio un nuevo accidente en una escuela de Moreno, que lastimó a otros docentes. Hay desidia, abandono y también nos vemos afectados por el salario, por la inflación y por las políticas de ajuste de este gobierno”. Representantes de Conadu sumaron a los reclamos los recortes en el presupuesto universitario y en la investigación y el cierre de numerosos institutos. También se encontraban entre los presentes los docentes agrupados en UTE, FEDUN, FATUN, Suteba, Sadop y APUBA.
El pedido de paro nacional fue unánime, tal como se inscribía en la extensa bandera que se posicionó detrás del escenario anclado en Avenida Belgrano. Pese al rumor de que no habría acto al finalizar la convocatoria, representantes de los principales movimientos hicieron lectura de un documento donde se insistió en la unidad y el fortalecimiento del diálogo entre los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina y se expuso la preocupación por el cierre de fábricas y comercios frente a la apertura indiscriminada de las importaciones y el crecimiento del desempleo. También se mencionó la decadencia de las cooperativas de trabajo y de la economía popular, el aumento del costo de vida, el fomento de monopolios en la producción de alimentos y el cierre y desfinanciamiento de comedores escolares. “Paro, paro, paro, paro nacional” continuaba el grito de los manifestantes previo a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino y dar por finalizado el acto. Por último, se anticipó una próxima jornada de lucha para el jueves 11 de abril.
Mar 7, 2019 | Novedades, Trabajo
El creciente cierre de locales puso en alerta a la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (FAIPA), que el 14 de enero decretó el estado de “emergencia nacional de las panaderías”. “A nivel nacional hicimos un cálculo de panaderías registradas y en el último tiempo han bajado sus persianas, o continúan trabajando informalmente, cerca de mil panaderías sobre un total de 37 mil”, afirma Miguel Di Betta, presidente de FAIPA, y agrega que “Buenos Aires es una la zonas más afectada junto con Rosario”. En este contexto, a nivel nacional, las ventas en la industria panadera cayeron entre 30 a 35 por ciento en promedio, según las empresas del sector.
De acuerdo a la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires (FIPPBA), se estima que en la provincia unos 200 locales cerraron sus puertas en 2018, “muchos de ellos con más de 50 años de trayectoria”, según expresó en un comunicado. Mientras que en Rosario, la Asociación de Industriales Panaderos denunció la desaparición de 60 panaderías durante el último año.
Desde el Centro de Industriales Panaderos del Oeste (CIPDO), su presidente Rodolfo Silva puntualiza: “En nuestra zona cerraron un promedio de 40 panaderías, no todas grandes, algunas son panaderías chicas que arrancaron hace tres o cuatro años y con la crisis tan rápida que hubo no pudieron hacer pie”. El cierre de establecimientos panificadores se da incluso en áreas de poder adquisitivo alto, donde no se siente tanto el achicamiento de salarios, como en la zona norte del Gran Buenos Aires. Pero claro, hay costos impagables. Allí, el alquiler de una panadería ronda los 180 mil pesos. “Tenemos calculado que entre 15 y 20 establecimientos cerraron en este proceso que viene del año 2016, dejando 60 personas en la calle”, detalla Luciano Eberlé, secretario general del Sindicato de Obreros Panaderos de San Isidro y Vicente López (SOPSIyVL).
Los representantes de las distintas agrupaciones de panaderos coinciden en que el aumento de materias primas y servicios, la caída del consumo y la presión tributaria originaron el desequilibrio del negocio. “Uno de los factores que causa la crisis del sector es la caída de las ventas y el otro es el aumento de las tarifas, sobre todo la del gas que en noviembre fue del 100 por ciento. Además, la harina aumentó un 300 por ciento a hoy”, sostiene Silva. Por otra parte, Di Betta indica que “el aumento de los servicios es fundamental para la debacle que ha habido, porque el trabajo nuestro se maneja con gas, luz y agua; son tres esenciales materias primas, como es la harina también”.
Por los barrios
Josefina es propietaria de La Genovesa, una panadería centenaria que funciona sobre la avenida Manuel Belgrano en la localidad bonaerense de Wilde, y aporta datos concretos de los precios: “La bolsa de harina hace un año estaba en 400 pesos y hoy estamos en 1.000. Con la harina a 400, el kilo de pan lo teníamos entre 30 y 40 pesos, ahora lo tenemos a 70 con la bolsa de harina a 1.000 pesos”. Josefina también señala que los aumentos los empujan a congelar los precios para mantener la clientela ya que “en realidad, tendría que estar 100 pesos el kilo de pan, pero si es así no podríamos vender nada”.
La propietaria de La Genovesa ilustra con números contundentes la crueldad de tarifazo: “Hace un año, pagaba de gas 700 pesos, ahora me vino 37 mil. De luz me venía 3 mil pesos y hoy me vino 40 mil pesos. Estamos al límite, no se llegan a cubrir los gastos”, reconoce. Es que mientras los servicios y la materia prima están dolarizados, los sueldos están pesificados.
Otro caso testigo es el de Marcela Pérez que hace 11 meses abrió un local en la calle Las Flores al 800, en el partido de Avellaneda. Pérez confirma que a raíz de los aumentos se dio un cambio en los hábitos de compra de los clientes, dado que ahora “se consume menos, por ejemplo antes llevaban un cuarto de galletitas y ahora te llevan solo 20 pesos”. Lo mismo le sucede a Claudio, dueño de Panadería Bahía Blanca, también en Avellaneda, que reconoce que «los productos más caros dejaron de consumirse, como las tortas que ya no las hacemos». A esto hay que sumarle que en verano siempre bajan las ventas en estos negocios.
Causas y consecuencias
La devaluación del peso, que llevó el dólar a costar más de 40 pesos a fines de agosto de 2018, aceleró los precios de los productos que vienen del campo, los que se importan y la provisión de energía. “Hoy exportar el grano de trigo es más negocio que procesarlo en el país y hacer pan. El grano de trigo está en pocas manos de los grandes exportadores, la mayoría corporaciones extranjeras, por lo que el valor del trigo es el mismo a nivel nacional que la cotización internacional de la bolsa de Nueva York”, explica Xavier De Escalada, encargado del rubro de panaderías y pastelerías de la Asociación de Empresarios Nacionales (ENAC).
En este sentido, Silva, el presidente de CIPDO, manifiesta que “el sector triguero es el verdadero formador de precio, están todo el tiempo comparándote a precio internacional. Argentina produce 18 millones de toneladas anuales y 6 millones se utilizan en el país. Lo que nosotros reclamamos cuando hicimos el ‘panazo’ es que tiene que haber un precio interno, porque se escudan en el libre comercio, pero Estados Unidos tiene libre comercio y tiene precio interno”.
Eberlé, por su lado, describe: “Tenemos una situación de incompatibilidad, yo me manejo con una moneda depreciada pero las cadenas que dan el servicio necesario para que funcionen las panaderías se manejan con dólar”. Por su parte, Silva apunta: “Todo aumenta, inclusive los impuestos, porque el IVA, Ingresos Brutos y Aportes Patronales van por encima de la inflación; pero no aumentó el salario del trabajador, o sea que a tu cliente la plata no le alcanza para ir a comprar a su panadería, vos no pudiste subir tus precios, no pudiste cerrar a tu ganancia, entonces estás en un embudo”.
Otra consecuencia de la crisis que atraviesa el rubro es el crecimiento de la venta clandestina de productos panificados que “ya existía y ahora se nota más, porque hay panaderías que han bajado las persianas pero continúan trabajando a puertas cerradas, sin pasar por ningún control de sanidad, no pagan impuestos y venden más barato. Esto abarca a un 40 por ciento de la actividad”, denuncia Di Betta.
Asimismo, la baja de consumo genera una flexibilización laboral. Eberlé, el titular del gremio de obreros panaderos de San Isidro y Vicente López advierte que “cuando empiezan a sentirse en crisis, la solución inmediata de la empresa es pagar media jornada al trabajador, o el ‘trabajen una hora más’. Acá no hay panadería que cierre los lunes, en el convenio dice que es el día de descanso del panadero pero lo sortearon a través de distintos días de licencias; entonces no hay descanso, hay 30 días de trabajo. O también empiezan con la polifuncionalidad”.
El 12 de diciembre pasado envió una carta documento al presidente Mauricio Macri y el 15 de enero hizo un pedido de audiencia urgente, sin respuesta hasta el momento. Entre los requerimientos que realizan se destaca el de “retrotraer el costo de la energía a diciembre del 2017 o una energía diferenciada para la producción del pan, control sobre el precio del trigo para evitar los abusos en esa parte de la cadena formadora de precios y tener previsibilidad del costo de la harina cuidando el precio para el mercado interno, moratorias a 60 meses sin intereses para el pago de deudas impositivas y el control de la clandestinidad”.
Silva cuestiona la falta de respuesta del Poder Ejecutivo: “Está más que claro que la política de ellos es no dar nada. Todas las grandes cadenas reciben préstamos, beneficios impositivos y las panaderías chiquitas no reciben nada”. Así, panaderos y vecinos ven desmigajarse sus ingresos día a día.
Feb 28, 2019 | Novedades, Trabajo
El último 6 de enero, un operario trabajaba en la planta de la Dreyfus, de la localidad santafecina de Timbúes, cuando el piso cedió y lo hizo caer en una fosa llena de líquidos a altas temperaturas. Con el 90 por ciento del cuerpo quemado, el trabajador, identificado como Fernando Peña, murió un día después en el Sanatorio Británico de Rosario. El 12 de
febrero, Pedro Manuel Gauna trabajaba en altura en el parque industrial de la papelera
Samseng, en el partido bonaerense de Pilar. Tras perder la estabilidad, cayó al piso y perdió
la vida. Al día siguiente, también en Santa Fe, Walter Quiroz, operario de una empresa
eléctrica subcontratada por la empresa Cofco -que un mes antes había despedido a 200
empleados- tuvo un destino similar cuando la pasarela de 15 metros de altura sobre la que
se encontraba se desplomó, dentro del predio de aquella multinacional china en la ciudad de Puerto San Martín. Esas muertes, ignoradas por casi todos los medios, son apenas algunas de las causadas por las fallas en las medidas de prevención por parte de las compañías.
Según datos oficiales del informe anual de accidentabilidad laboral, elaborado
en octubre del 2018, por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) “en el año 2017, se registraron -en Argentina- 67.514 casos en los que el trabajador padeció alguna incapacidad permanente. Para los varones, los accidentes de trabajo constituyeron la
principal causa de incapacidad laboral (69,9%), mientras que para las mujeres lo hicieron
los accidentes in itinere (47,5%)”, es decir, que se producen en el trayecto desde el
domicilio del trabajador hasta su puesto de trabajo. El informe especifica que “en el conjunto de los casos notificados, la forma de ocurrencia más frecuente de los accidentes fueron las pisadas, choques o golpes por objetos (26,6%), las caídas de personas (20,7%) y los esfuerzos excesivos (13,5%)”.
Lorenzo Gómez, presidente del Consejo Federal de profesionales de Seguridad e Higiene (COFESH), destaca cómo se vulnera la normativa vigente en relación a la salud y seguridad de los trabajadores dispuesta por la Ley 19.587: “Uno de los sectores en el que menos se cumple con las normas de seguridad son las obras privadas de construcción. Por los lugares que uno transite, se observan obras en las que es notorio el incumplimiento en materia de prevención, desde la falta de elementos de protección personal hasta los elementos de protección colectiva, como la colocación de mallas anticaídas, señalización, cartelería de obra, etcétera. A medida que nos alejamos de los centros industriales o ciudades capitales se potencian las faltas de medidas de prevención”, asegura.
El 9 de septiembre de 2016 no fue un día más. Sólo en la Ciudad y el Gran Buenos Aires,
con horas de diferencia, fallecieron tres trabajadores en sus respectivos puestos de trabajo.
El derrumbe de una medianera en una obra en el barrio de Villa Crespo produjo la muerte
de Richard Alcaraz. David Ramallo, técnico de la línea 60, murió luego de que el elevador
que sostenía el colectivo que reparaba cediera, y el peso de la unidad cayera sobre él. Diego Soraire, otro trabajador, se encontraba trabajando en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) cuando un digestor explotó causándole heridas que terminarían con su vida. Estos tres hechos fueron el puntapié inicial que dio origen al espacio Basta de Asesinatos Laborales (BAL), que, en su informe sobre el tema, difundido a fines del año pasado, sostiene que «los tres casos no fueron hechos aislados, son el resultado del ahorro en salud y seguridad en el trabajo por parte de las patronales, de la desidia del control estatal y de la complicidad de las burocracias sindicales. Por esta razón, si pudieron evitarse, no son accidentes, son asesinatos».
El espacio BAL agrupa a compañeros y familiares de las víctimas que exigen justicia y buscan poner en evidencia “los asesinatos producidos en el trabajo producto de la negligencia, falta de inversión y falta de interés de los empleadores. También se trata de visibilizar las pésimas condiciones en que se desarrolla el trabajo en forma cotidiana, y las múltiples dolencias, problemas y enfermedades que provoca la forma en que está organizado”, explica el licenciado Oscar Martínez coordinador del taller de Estudios Laborales e integrante de BAL. Además, dice el especialista, “se busca dar apoyo
y contención a las familias de los trabajadores muertos y capacitar a los trabajadores para
que tengan herramientas en defensa de su salud”.
“Muere un trabajador aproximadamente cada 21 horas, pero eso es negado sistemáticamente. Sólo es noticia cuando es imposible de ocultar”, remarca Martínez. La
cifra es resultado de la investigación realizado por BAL a través de “un trabajo de
recopilación de datos combinando información publicada por la SRT, con otra obtenida por
este espacio en forma directa y a través de fuentes periodísticas. La información
proveniente de la SRT sólo abarca a los trabajadores formales, en blanco, es decir, “no
contempla a los trabajadores no registrados, comúnmente llamados ‘en negro’ que según el
INDEC son aproximadamente una tercera parte de los asalariados”, resalta el informe que
abarca desde octubre de 2017 a septiembre de 2018.
En el informe se expone que, en el período señalado se produjeron 375 muertes, de las
cuales la amplia mayoría fueron jóvenes de entre 30 y 40 años. En cuanto a la distribución
sectorial por rama de actividad, la mayor cantidad de muertes se producen en la de
transporte (20%) en donde se destaca como causa principal el choque de vehículos. “Las
extensas jornadas laborales, la falta de descanso y la falta de mantenimiento de los
vehículos explican la mayoría de estas muertes”, se detalla. Le sigue la rama de la
construcción con un 18%, en la que se aclara que el subregistro de muertes es muy amplio ya que “abarca más del 40% de los trabajadores asalariados según datos ofrecidos por el Plan Nacional de Regulación del Trabajo” Las principales causas de muerte suelen ser el derrumbe o desplome de edificios y las caídas de altura. En tercer lugar se encuentra la
rama industrial con un 12%, seguida por la agropecuaria, con un 11%.
Detrás de cada estadística hay cientos de historias, y detrás de cada historia hay un
protagonista y una familia. Los números pueden parecer fríos y distantes, es por eso que en el informe se los humaniza. Las cifras están acompañadas de casos concretos como el de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, vicedirectora y portero, respectivamente, de la
escuela N° 49 de Moreno en donde el 2 de agosto de 2018 ambos perdieron la vida en su
puesto de trabajo a causa de una explosión producida un escape de gas. La administración
pública tiene un alto porcentaje de muertes -un 10%- sobre el total de víctimas fatales en
situaciones de trabajo.
Para Gómez, frente a esto “las medidas que deben tomarse son de tono cultural.
Debemos cambiar el paradigma donde el trabajador solo da la fuerza de trabajo y el
empresario el factor económico, debemos apuntar al trabajo mancomunado donde todos los integrantes de la cadena productiva tienen un valor de suma importancia”. En ese sentido, el titular del COFESH afirma que hay que apuntar “a una conducta de seguridad global donde el empresario invierta en medias de innovación para facilitar la actividad laboral, los trabajadores se involucren con las normas de seguridad y el estado controle el
cumplimiento de estas”. Mientras tanto, cada jornada que pasa deja otra víctima fatal en una fábrica, una obra en construcción, una ruta o una oficina estatal.
