Mar 1, 2016 | inicio
De un lado del vidrio hay una mujer: la madre biológica del bebé que está por nacer. Del otro lado del vidrio, hay otra mujer: la que lo tiene en la panza hace nueve meses, la que lo va a parir. Detrás de cada una de ellas hay familias, historias, caminos que las llevaron hasta ahí. Son dos mujeres, haciendo eso posible.
La gestación por sustitución se conoce comúnmente como “alquiler de vientre”. Es un método de reproducción asistida que consiste en que una mujer gesta al bebé de otra persona o pareja que, por alguna razón, no pueden hacerlo por sí mismos.
De un lado del vidrio hay una mujer mirando exactamente eso: a otra mujer pariendo a su hijo.
A nivel mundial no hay consenso sobre el asunto: en Estados Unidos se realiza desde hace décadas; en India, madre siempre es la del óvulo; en Inglaterra la ley es tan rígida que casi no se realiza; y en España está prohibido. En Argentina, el tema quedó fuera del nuevo código civil, rechazado por dos polos antagónicos: la Iglesia católica y grupos de feministas radicales. La gestación por sustitución hizo lo imposible: que estuvieran de acuerdo en algo.
Tanto los que están a favor como los que están en contra tienen argumentos fuertes. Si una mujer tiene un problema irreversible en el útero, pero sigue generando óvulos, la gestación por sustitución es el único camino para ser madre biológica. Es una alternativa relacionada con el avance de las biotecnologías y las familias plurales. ¿Y dónde está lo complejo? La abogada y especialista en derecho de familia Marisa Herrera dice que en este tipo de prácticas “está la complejidad agregada de que el débil no es solamente el chico que puede nacer sino especialmente la mujer. ¿Quién gesta para otro? Hemos tenido casos de amigas, de madres o de hermanas: altruismo. Pero también puede ser que no haya altruismo: nadie deja de ver eso. Y ahí empieza lo complejo”.
¿Es hora de debatir sobre la gestación por sustitución? La respuesta tiene que ver con una práctica que sucede en Argentina. Si la ley no lo regula, el tema se silencia. Y de esa forma hay mujeres que quedan desprotegidas. Mujeres sanas, jóvenes, y fuertes que gestan para otros y quedan a merced de la letra chica de un contrato “privado” redactado por abogados de turno. ¿Es un tema privado que una mujer quede desprotegida mientras gesta para otros? La respuesta es no. ¿Es un tema privado el acceso a las técnicas de reproducción asistida? La respuesta, nuevamente, es no. Una vez más, el centro del debate es ese continente indómito: el cuerpo femenino.
De un lado del vidrio, la que aportó el óvulo. Del otro lado, la que prestó su útero. El tiempo nunca podrá separar esas dos fuerzas. Porque estarán imbricadas en un solo cuerpo: sin dueño, y con historia.
Del lado de los que se oponen, la Iglesia lo rechaza porque va en contra de las formas “tradicionales” de acceder a la maternidad; y las feministas lo impugnan porque es un método que, según sus voces, cosifica el cuerpo de la mujer. Lo transforma en una máquina de gestar. La abogada Marisa Herrera participó de la comisión de reforma del Código Civil. La idea de ella y su equipo era regular la gestación por sustitución, pero finalmente esta práctica no fue incluida. “Es el único artículo que nos sacaron en Senadores por la doble crítica. Las feministas dicen:`El cuerpo otra vez como un objeto y la mujer como un objeto`. Es cierto, pero esto pasa igual, entonces ¿cómo lo protejo? En el artículo se planteaban varias cuestiones. Primero que la gestante nunca sea aportante, porque los casos de arrepentimiento son mujeres que además aportaron su óvulo. Y segundo, se planteaba no poder hacerlo por más de dos veces. Entonces, más allá de que se cobre plata por atrás, nunca vas a poder hacer de esto un comercio. A su vez, debe haber un proceso judicial previo y el médico no puede hacer la gestación si no tiene autorización judicial”.
Alquiler de vientre – Bs As – 20/02/2016/ Florencia Ferioli / ANCCOM
La gestación por sustitución es un fenómeno actual, generado por novedades científicas. La ciencia médica ha avanzado tanto que permite prácticas antes inimaginables. Y la sociedad ha cambiado tanto que utiliza los avances de la ciencia a su favor. La cuestión implica debatir temas muy sensibles: si la mujer que gesta debe recibir compensación o no, cuántas veces lo puede hacer en su vida; y por último, la tarea menos sencilla: cómo aprender a disociar la noción de gestante (la que lleva nueve meses un bebé en su vientre) y la noción de madre. Mejor dicho: cómo aprender que la que lleva un bebé en la panza y la madre biológica de ese bebé no serán, en este caso, la misma persona. El tema tiene puntos en común con la adopción. Quizás se parece más a esa forma de filiación. Puede ser hora de empezar a hacer las comparaciones correctas. El lenguaje y la ley, en este caso, vienen por detrás de una práctica que ya se realiza.
El año pasado hubo un fuerte debate antes de la reforma del Código Civil. La polémica era si había que regular o no la gestación por sustitución. Al final, se votó que no. Pero el debate sigue pendiente. Visibilizar el asunto es una forma de continuarlo, de hacerlo tangible. Porque siempre hay dos opciones: hablar o callar. Y si se trata de políticas públicas, callar nunca es la correcta.
Elsa Saint Girons es argentina y vive en España con su marido. En 2011 tenía 47 años y hacía casi diez que intentaba ser madre. “Luego de siete intentos de quedar embarazada mediante fertilización in vitro, y un aborto espontáneo, tomamos la decisión del vientre de alquiler. Habíamos leído sobre el tema, y empezamos a investigar; decidimos elegir esta vía para ser padres. Sufrí muchísimo con la fertilización in vitro, hice sufrir muchísimo a mi esposo y a mi familia. No podía soportar una vez más la negativa de ser madre. Tengo miomas en el útero que impiden que los embriones se desarrollen, y cada vez que me daba el resultado negativo, sentía que me moría.”
La gestación por sustitución está prohibida en España, entonces Elsa y Juan viajaron a India para realizarla. Nueve meses después, nació Cayetana. Pero no los dejaban llevarla a su casa por problemas burocráticos relacionados con las normas de los tres países implicados (Argentina no lo tenía regulado, India consideraba que la madre era Elsa, pero como en España estaba prohibido, Cayetana quedaba sin derechos reconocidos. El caso de Elsa es un ejemplo de lo que sucede cuando no hay legislación: quedan desprotegidos tanto la mujer con voluntad de ser madre, como la gestante y el bebé. Elsa cuenta que “cuando hicimos el contrato acordamos que iba a aparecer la mamá subrogada en su partida de nacimiento, y luego yo iba a iniciar el trámite de adopción en España. Pero la clínica siguió la ley india, y me puso a mí como mamá de la niña, ya que ella es genéticamente hija mía. El consulado español se negó a darnos la documentación. Argentina nos pidió una sentencia para inscribirla, con lo cual iniciamos una causa en San Lorenzo, y la sentencia del juez Marcelo Scola ordenó la inscripción de la niña teniendo como base los derechos fundamentales que se encontraban avasallados, como su derecho a la identidad”.
La cuestión implica debatir temas muy sensibles: si la mujer que gesta debe recibir compensación o no, cuántas veces lo puede hacer en su vida; y por último, la tarea menos sencilla: cómo aprender a disociar la noción de gestante (la que lleva nueve meses un bebé en su vientre) y la noción de madre.
Con el tiempo cambiaron las opiniones de algunos ciudadanos sobre el tema. Marisa Herrera dice: “Creo que también se dejó afuera porque cuando lo planteamos en 2011, recién teníamos el primer caso en la jurisprudencia, y hoy tenés un montón más. Cuando nosotros lo regulamos, los lectores de La Nación nos decían: “Ay, van a empezar a vender el cuerpo, no les importa nada”. Y hace poco, con el caso del jugador de fútbol Garay, que tuvo a su hijo a través de la gestación por sustitución, la opinión de esos mismos lectores ya era distinta: “¡Qué bueno Garay, vas a ser padre!”.
Elsa creó la página en Facebook “No sin mi hijita” para dar a conocer su caso y mucha gente se solidarizó con ella. “Abrí esa página por la desesperación, no sabía qué hacer, ni dónde ir. Realmente fueron unos días terribles en la India. Aunque algo teníamos en cuenta con mi esposo: o volvíamos los tres o no volvía nadie. Por supuesto que me ayudó muchísimo, la gente masivamente nos apoyó. Era una injusticia que mi hija no fuera reconocida como tal”.
El tema toca fibras sensibles y tiene aristas complejas. Uno de los aspectos más difíciles de abordar desde lo jurídico es el tema de la compensación económica. Con respecto a la polémica sobre si hay que pagarle –o no- a la mujer que gesta para otros, en el anteproyecto figuraba el tema de la gratuidad, pero en el proyecto de ley presentado después en Mendoza, se modificó ese punto: ya no se habla de gratuidad, sino de compensación económica. “En el anteproyecto planteamos la no retribución porque era un tema muy sensible, pero en el proyecto de ley que presentó Montero en Mendoza, donde se dieron varios casos, pusimos la compensación económica, que no es lo mismo que comercialización. Porque no se puede negar que si alguien gesta para otro, no siendo mi mejor amiga o mi hermana, claramente hay que compensarla, si no es una injusticia. La mujer pasa por un parto, un riesgo, después tiene el postparto, necesita contención psicológica. Y todo eso tiene un costo. Bueno, eso tiene que ser compensado, pero eso es diferente a que haya una retribución económica con las reglas del mercado”.
La gestación por sustitución tiene algunos puntos en común con la adopción. Uno de ellos es una diferencia que parece paradójica: entre quien gesta (sin vínculo filial) y quien es la mamá (genética). Herrera habló sobre cómo se modifica el concepto de madre con la gestación por sustitución: “Siempre se suele asociar a quien gesta con quien es madre. Tendremos que empezar a disociar a la mujer que gesta, del concepto de madre jurídico. Que de hecho en la filiación adoptiva también ya está, porque si vos tenés un hijo adoptivo y decís ‘su mamá’, es su mamá adoptiva. Entonces, ya se está disociando.”
El artículo 565 de la constitución dice que ‘madre es la que da a luz’. Si vos gestás un hijo para otros, el centro de salud va a poner que vos sos la gestante y eso te va a generar un vínculo. De la otra parte, tienen que iniciar una acción de impugnación solicitándole al juez que, mediante un análisis de ADN, compruebe que el hijo es por ejemplo de una mujer y su marido, que además son quienes manifestaron el consentimiento y la voluntad de ser padres.
Aquí, como en la adopción, el vínculo filial se construye. Aunque con una vuelta de tuerca más, porque puede ser que una pareja tenga un hijo biológico, pero gestado por otra mujer. Y en esa construcción intervienen dos elementos: la parte jurídica y la voluntad procreacional. La especialista dice que por un lado en el proyecto de ley se estipula que “debe haber un proceso judicial previo y el médico no puede hacer la gestación si no tiene autorización judicial”. “La voluntad también está en la adopción. Si bien la filiación adoptiva se genera por sentencia judicial, la voluntad tiene un peso enorme. Por lo cual no hay que tenerle miedo a la voluntad como generador o causa-fuente de filiación. Ahora, lo que me parece importante es que la voluntad procreacional implica disociar el acto sexual y la genética de quienes quieren ser padres. Si yo no tengo óvulos buenos, voy a una donante, y en ese caso, ¿quién es la madre de este chico? yo: no la donante. No son vínculos filiales, pero sí hay derecho a conocer los orígenes: son dos planos diferentes. Es el origen genético pero no hay un vínculo filial con la mujer que dona el óvulo”.
Madre es quien deseó serlo, quien inició una búsqueda (en este caso con ayuda de la ciencia), y en ese proceso participaron otras mujeres. Voluntad procreacional es un concepto que, si tuviera sinónimos, sería parecido a deseo.
De un lado y del otro del vidrio hay una mujer esperando. La imagen que proyectan tiene mucho en común. Aunque en ese momento ocupen posiciones distintas, lugares no intercambiables. La gestación por sustitución siempre implicará hablar de un deseo y de una mujer. Y eso tiene la fuerza para concebir el mundo.
Mar 1, 2016 | inicio
Terrenos de dominio público y en donde los vecinos podían disfrutar de actividades sociales y deportivas al aire libre. Así era el predio de Casa Amarilla, ubicado en pleno barrio de La Boca, pero quizá por mucho tiempo más. Por lo menos eso parece indicar la venta de esas tierras por parte del gobierno porteño al Club Atlético Boca Juniors, a través de la Corporación Buenos Aires Sur.
El predio está ubicado entre las calles Arzobispo Espinosa, Juan Manuel Blanes, Palos y Almirante Brown, a metros de la mítica Casa Amarilla, la réplica de la vivienda que habitó el Almirante Guillermo Brown junto a su familia. Estos lotes pertenecieron hasta 2010 al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y, luego, por un decreto del actual presidente Mauricio Macri, pasaron a la Corporación Buenos Aires Sur, una sociedad del Estado creada con el propósito de promover el desarrollo social y económico de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Aquí surge el primer interrogante: ¿Cuál sería el justificativo de otorgarle a un club como Boca esos terrenos?
La entidad presidida por Daniel Angelici -el principal operador en el Poder Judicial de Mauricio Macri- se presentó como la única oferente en la “Licitación con iniciativa Privada para el desarrollo y mejoramiento urbano Casa Amarilla” que puso a la venta 3,2 hectáreas. La venta de los terrenos se concretó en algo más de 180 millones de pesos. “Yo no conozco alguna otra organización del barrio sin fines de lucro que cuente con 180 millones de pesos y que pueda haberse presentado en esta licitación”, comenta Natalia Quinto, de la agrupación multisectorial del barrio “La Boca resiste y propone”.
Originalmente, los terrenos de Casa Amarilla iban a ser destinados para la construcción de más de 2.000 viviendas, pero en los ocho años de gestión que lleva el PRO en la ciudad sólo se construyeron 438. Por otra parte, en los últimos tiempos hubo debates entre los propios vecinos para determinar si lo mejor era ocupar todo el espacio verde con más viviendas o resguardar una parte para que sirva como pulmón y espacio de recreación para los habitantes. Lo que nunca debatieron -ni se imaginaron- es que estos terrenos pueden transformarse en un nuevo estadio-shopping, al mejor estilo europeo, como sueña el presidente de Boca Juniors.
Si bien este destino no está estipulado ni explicitado en la propuesta oficial presentada por el club, ni tampoco es lo que indicaba el objetivo de la licitación, muchos vecinos y socios boquenses sospechan que este es el primer paso para concretar el deseo de Angelici.
Aunque no está explícito, muchos vecinos de la Bombonera y socios de Boca sospechan que los terrenos de Casa Amarilla pueden transformarse en un estadio-shopping.
“Originalmente nos juntamos para tratar la temática de los chicos del barrio en situación de calle, y luego fuimos tratando otras problemáticas, entre las cuales por supuesto está muy presente la de los terrenos públicos de Casa Amarilla”, describe Quinto y agrega: “La gestión actual de Boca ya viene de incumplir otra resolución, la que le permitió construir La Bombonerita en el predio Pedro Pompilio. Esos terrenos fueron vendidos a Boca siempre y cuando promuevan actividades culturales y deportivas para los vecinos y nunca han cumplido. Entonces, ¿Por qué habríamos de creerles ahora?”
Luciano Caldarelli, en tanto, es integrante de la agrupación “Boca es Pueblo”, que se opone a la construcción de un nuevo mega-estadio para el club. “Nosotros luchamos por recuperar la identidad popular del club, que se fue perdiendo con la llegada del macrismo. Creemos que en los últimos años se han ido expulsando a los sectores populares del club y remplazándolos por los de mayor poder adquisitivo”.
Y agrega: “También se han expulsado poco a poco a los vecinos del barrio, antes podían acceder a las instalaciones libremente. Boca les daba hasta duchas de agua caliente o practicaban deportes representando a Boca sin incluso, ser socios. Hoy esto sería totalmente impensado. También el número de chicos en la colonia de vacaciones era mucho mayor al de hoy, por los precios actuales que se manejan”.
Respecto al destino de los terrenos licitados, Luciano se muestra bastante escéptico al respecto: “¿Por qué le vamos a creerle a Angelici que en ese espacio va a construir más instalaciones deportivas para el club si año tras año cierra más deportes? Además, basta con buscar noticias de tiempo atrás donde él mismo le dice a los hinchas de Boca que el club tiene que construir un nuevo estadio debido a la limitada capacidad y la alta demanda para acceder”.
No hay que hilar muy fino para comprender los vínculos existentes entre Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Angelici, y al menos sospechar de las rápidas maniobras que hicieron para que Boca hoy esté tan cerca de obtener estos terrenos públicos. Oscar Moscariello, ex vicepresidente primero del club (y actual vocal y Secretario de Relaciones internacionales) ya había presentado años atrás, cuando era legislador porteño por el PRO, un proyecto de rezonificación que no pudo avanzar frente a la protesta de agrupaciones vecinales y del club.
En la actualidad, los papeles presentados por Boca en la licitación están siendo revisados en la Corporación Buenos Aires Sur para el otorgamiento definitivo de los terrenos. Mientras tanto, desde la agrupación “La Boca resiste y propone” han presentado un recurso de amparo para que se revisen todos los procedimientos, tanto del traspaso de los terrenos del IVC a Corporación Buenos Aires Sur por decreto en 2010, como la posterior venta al club, que no fue tratada por la Legislatura porteña.
“En la última feria judicial presentamos un recurso de amparo para que el juez se expida en la causa y nos de una respuesta. Queremos que se respete la ley, queremos saber de qué manera los terrenos pasaron de un día para el otro del IVC a Corporación Sur”, exige Quinto. “Nunca nos confirmaron la audiencia pública con gente de Corporacion Sur, siempre nos eludieron”, señala por su lado Caldarelli.
La agrupación “La Boca resiste y propone” han presentado un recurso de amparo para que se revise el paso de las tierras del IVC a la Corporación Sur y posteriormente, la venta al club.
Además, Quinto denuncia que desde la Comuna 4 muy poco se han preocupado por este tema que involucra a muchos vecinos del barrio: “Hemos intimado a los comuneros para que convoquen a una audiencia con los vecinos y aun no tuvimos respuesta. Es notorio que allí hay una bajada de línea desde alguien de más arriba que no quiere que se toque esta temática que involucra a todo el barrio”
ANCCOM se comunicó con Corporación Bs As Sur y desde allí sólo tienen para decir que la licitación otorgada a Boca estuvo en regla y que por el momento no encuentran nada irregular en todo el proceso. Del lado de Boca nunca se obtuvo una respuesta oficial.
“Los grandes medios de comunicación nunca divulgaron nuestros reclamos y denuncias. Nosotros, junto a otras agrupaciones, hicimos varias marchas y protestas con miles de hinchas y vecinos y no tuvimos la suficiente difusión. Para los hinchas de Boca, La Bombonera toca nuestra identidad, no es sencillo dejarla y mucho menos por un estadio-shopping, al estilo europeo. Además de que los precios van a ser accesibles sólo para los sectores de altos recursos. No queremos eso”, concluye Caldarelli.
Habrá que esperar entonces qué decide la Justicia, qué informará Corporación Sur acerca de los informes realizados y si el tema finalmente será tratado en la Legislatura porteña, como debió haber ocurrido desde un primer momento. Los vecinos de La Boca están expectantes.
Mar 1, 2016 | inicio
A dos meses de ser reprimidos con balas de goma por manifestarse en defensa de su fuente laboral, los
trabajadores de la empresa avícola Cresta Roja continúan en situación de incertidumbre y sin cobrar sus salarios y aguinaldo adeudados. La firma fue adquirida por un consorcio liderado por la compañía
Ovoprot Internacional S.A., que les garantizó la continuidad laboral a mediano plazo pero sin tener en cuenta la antigüedad de los empleados.
Hace diez días, los operarios fueron informados que desde el próximo lunes ya no forman parte de
ninguna compañía y que deberán negociar uno a uno su indemnización por la quiebra de la sociedad
anterior, propiedad de los hermanos Rasic, mientras esperan a ser llamados por los nuevos dueños, que
ofrecen firmar un contrato de apenas tres o seis meses. Los medios comerciales anunciaron que ya han
nacido miles de pollitos, lo cual supone que de los cinco mil operarios de Cresta Roja, al menos 200 o 300 serán recontratados dentro de los próximos 50 días.
Desocupados
ANCCOM conversó con José Moscovich, uno de los trabajadores a la espera, que contó cómo se vive el conflicto desde la represión del 23 de diciembre. José es el hermano de Cristian, cuya espalda con nueve balazos de goma se convirtió en la imagen de la represión de Gendarmería ese mediodía de acampe en Ezeiza. Ambos trabajan desde hace más de cinco años en Cresta Roja.
“Pasar las fiestas fue difícil”, comenta José. “Mi situación particular, con mi hermano que estaba baleado, hacía que no pudiéramos hablar mucho de eso porque lo hacíamos sentir mal. Él es el jefe de su familia. Y todos los compañeros nos veíamos mal: no pudimos cobrar las fiestas como lo hacíamos antes, ni planear nuestras vacaciones ni nada de lo que teníamos acostumbrado. Antes la empresa nos pagaba un premio grande para las fiestas que este año no percibimos, como tampoco fueron abonados los sueldos desde noviembre, ni el aguinaldo”.
Sobre los salarios adeudados, la última noticia que recibieron los trabajadores antes de que terminara febrero es que a cada uno se le pagará según el juicio que se le inicie a la empresa liderada por los hermanos Rasic. “Desde el 22 de febrero estamos dados de baja, desocupados ante la Anses. Como la empresa nueva ya firmó el acuerdo ante la jueza Valeria Lopez Casado, no cobramos más los Repro (los subsidios que otorga el Ministerio de Trabajo a las empresas en dificultades para que abonen el salario a sus empleados), porque pasamos a ser desocupados, no somos más parte de una empresa en crisis. Para contenernos hasta que volvamos a entrar a trabajar nos van a pagar seis mil pesos en concepto de futuro pago de la indemnización”, explica José.
A dos meses de ser reprimidos con balas de goma por manifestarse en defensa de su fuente laboral, los trabajadores de la empresa avícola Cresta Roja continúan en situación de incertidumbre y sin cobrar sus salarios y aguinaldo adeudados.ades, fábricas, salir a la calle a hacer festivales, aceptar el apoyo de organizaciones
Vivir de changas
“A fines de marzo va a entrar a trabajar una primera tanda de 200 trabajadores en la planta de El Jagüel”, explica José, y agrega: “Especulan con tener una producción de 350 mil pollos diarios en Planta 2: eso daría empleo a 1200 personas. Pero ellos dicen que Planta 1, que es la de La Unión, no va a abrir, que van a alquilársela a otro grupo, y eso llevaría a mi parecer al desguace de la empresa: todas las pertenencias de lo que era el grupo Rasic pasarían a ser de cinco o seis empresas distintas.” Los voceros de Ovoprot todavía no han realizado declaraciones acerca de la modalidad de contratación.
Quienes aún no fueron reingresados a sus puestos de trabajo, cobrarán este mes seis mil pesos a cuenta de una futura indemnización. De las cinco mil personas que trabajaban para Cresta Roja, unas trescientas decidieron tomar otros rumbos y no renovar contratos, ya que necesitaban tener un ingreso mayor a seis mil pesos para poder mantener a sus familias. Algunos operarios que optaron por esperar, complementaban lo que cobraban a través de los Repro con changas. Muchos recurrieron a vender sus vehículos y pertenencias para subsistir hasta volver a entrar a trabajar. Pudieron mantener, además, los servicios de la obra social hasta el pasado 28 de febrero, gracias a aportes del Estado.
“Por todo esto estamos discutiendo la posibilidad de hacer un fondo de lucha”, comenta José. “Se habla de ir a universidades, fábricas, salir a la calle a hacer festivales, aceptar el apoyo de organizaciones políticas que quieren darnos una mano. Se acercan las clases y muchos compañeros no llegaron a comprar ni la mitad de los útiles escolares, y también se nos vienen las cuentas encima. Los trabajadores no podemos vivir sin la solidaridad del resto de los argentinos”.
Los operarios fueron informados que desde el próximo lunes ya no forman parte de ninguna compañía y que deberán negociar uno a uno su indemnización por la quiebra de la sociedad anterior.
Miedo
Hace dos semanas, la jueza Valeria Pérez Casado otorgó por 180 días la continuidad de la explotación de la empresa a Ovoprot, prorrogables por otros seis meses o hasta que se concrete la venta. El valor de referencia de la compañía, dictaminado por el Poder Judicial, es de 750 millones de pesos, con pasivos por más de 2.000 millones. El actual operador tiene el derecho a igualar la mejor oferta que se presente en la subasta.
Además del fondo de lucha, los trabajadores se encuentran debatiendo nuevas formas de protesta. Por el momento, los cortes quedaron descartados: “Luego de la represión de diciembre, sumado a la incertidumbre laboral, quedamos muy dispersos y desmoralizados”, comenta José. “En un punto dio efecto la represión. A mi hermano, por ejemplo, lo que le sucedió el 23 de diciembre lo abroqueló a no querer salir a luchar. Y ahora salió este nuevo protocolo anti-cortes por parte del gobierno, como una advertencia, que hizo que hoy se hablase de no volver a salir a la calle a hacer un corte”.
No hay certezas de cuándo serán re-contratados todos los operarios a la espera. La promesa de volver a entrar a trabajar es solo de palabra, y es por eso que los trabajadores están buscando organizarse no solo para pagar las cuentas hasta ser reincorporados sino también para prepararse en caso de que los nuevos dueños no cumplan con lo pactado. “No sabemos lo que va a pasar después, nadie nos asegura nada”, afirma José. “Hoy por hoy sabemos que desde el lunes 22 estamos dados de baja, no pertenecemos más a la empresa y el que quiera hacer un juicio a la sociedad anterior, lo puede hacer, pero nos piden un montón de papeles para cobrar la quiebra. Y mientras tanto, nos queda esperar a que nos llamen de nuevo para entrar a trabajar”.
Feb 25, 2016 | inicio
Con una sensación térmica de 36 grados, miles y miles de personas se concentraron en la Plaza de Mayo y sus calles adyacentes. La convocatoria a la movilización, el acto central y el paro nacional provino de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y estuvo propuesta para el mediodía. Aunque desde temprano, los primeros sindicalistas y militantes se acercaron al Obelisco, el punto de partida. El reclamo tuvo el respaldo de las dos CTA (conducidas por Hugo Yasky y por Pablo Micheli), aunque la confirmación no se dio sino hasta último minuto. Sebastián Rollandi, de la CTA que lidera Yasky, contó a ANCCOM: “Las dos centrales se unieron y salieron a la calle a movilizarse junto a los trabajadores estatales. Esta es una clara señal de una parte del movimiento obrero que no está dispuesto a regalarle al gobierno de Mauricio Macri nada de lo ganado en estos últimos doce años. Lo de hoy fue una contundente demostración de que no vamos a retroceder”.
Las calles cercanas a la Plaza de Mayo no podían albergar a más personas. Las columnas de los diferentes sectores se mezclaban, se chocaban, se esquivaban, siempre sabiéndose lejos del lugar esperado. Las banderas flameaban con fuerza, pero el viento fresco no se sentía entre la multitud abigarrada. Durante toda la jornada se notó la ausencia de las fuerzas de seguridad, aunque algunos medios de comunicación pregonaban la necesidad de implementar el nuevo protocolo de seguridad, comúnmente denominado “antipiquetes”. Tampoco hubo accionar policial en los cortes que se dieron en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, en los que los oficiales se encargaron simplemente de redirigir el tránsito. Damián Ravenna, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), sostuvo: “Esto sirvió también para demostrar que el protocolo de seguridad no sirve para nada y de que no podrían aplicarlo frente a manifestaciones de esta índole”. Rollandi agregó: “Este gobierno, con el tinte represivo que ha demostrado, querrá llevar adelante el protocolo antipiquete. Nosotros nos vamos a seguir movilizando porque nos ampara la Constitución”.
El calor no amainó en ningún momento: un hombre se cubría el pelo transpirado con un ejemplar de Página/12 y, unos metros más atrás, una pareja se abanicaba con un texto fotocopiado. Las botellas con bebidas frías circulaban entre compañeros pero seguía su camino hacia manos desconocidas. No había manera de escapar al agobiante mediodía del microcentro, menos aún cuando la cercanía a Plaza de Mayo significaba alejarse de los edificios que proporcionaban algo de sombra, mientras la marcha no se descomprimía. Entre el ruido de los bombos y los cantitos de las agrupaciones militantes, un adolescente menciona la marcha del 24 de marzo. Ya no está indignado con la visita de Barack Obama ni con la de François Hollande; sólo espera que las calles se llenen como en ese mismo momento. Ravenna afirmó: “Hay que salir, porque lo que Macri quiere generar es un Estado más pequeño, lo que conlleva que ciertas políticas (en particular las de Derechos Humanos) se vean seriamente afectadas. Por ejemplo, despidieron a compañeros y compañeras que trabajaban sobre la faceta económica de la última dictadura cívico militar. Esto tiene que ver con la visión que tiene el macrismo del terrorismo de Estado y del mismo Estado”.
Las banderas contemplaban un amplio rango ideológico y demostraban la unidad dentro de la diversidad: desde el Partido Obrero hasta La Cámpora, estuvieron presentes los militantes sociales y políticos de Nuevo Encuentro, Movimiento Evita, Barrios de Pie, MILES, MST, Peronismo Militante, junto a las delegaciones de la Unión Ferroviaria y FOETRA, entre otras. No faltaron tampoco los representantes de la ciencia. Un trabajador del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) contó: “Sabemos que la política de Macri es de ajuste y de reducción del Estado. Cuando el neoliberalismo habla de modernización del Estado, quiere decir que va a despedir trabajadores. Hoy vinimos a esta plaza a decirle a Macri que los trabajadores del Estado somos el recurso que el país necesita para salir adelante. En el INTI brindamos servicios a la industria, a cooperativas, laburamos con tecnología aplicadas a la salud y la discapacidad. Hasta hace poco, dependíamos del Ministerio de Industria (que ahora es la Secretaría de Producción) pero ahora dependemos de Economía. Eso nos da un indicio de la poca importancia que tiene la industria nacional para el macrismo”.
En la misma línea, Roberto “Beto” Pianelli, Secretario General de la Asociacion Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP), dijo que el gobierno no quiere una política industrialista y agregó: “No vimos más que el inicio del plan que quiere aplicar Macri a favor de los grupos financieros y económicos concentrados. Quieren que el salario real y el poder adquisitivo de los trabajadores caiga abruptamente. Todavía no pasaron las primeras paritarias, pero ya podemos ver cuál es la orientación del gobierno. Lo primero que se va a empezar a ver es la intención de bajar el poder adquisitivo. Además, con las políticas económicas, que no apuntan a desarrollar el mercado interno, van a aparecer también despidos masivos no sólo del ámbito estatal sino también del privado”. Aprovechó para remarcar una diferencia con los años anteriores y la actividad sindical previa al 10 de diciembre pasado: “Durante el kirchnerismo, al no haber conflictividad laboral (porque las paritarias garantizaban siempre estar por encima de los niveles de inflación), no había movimiento para construir sindicalmente. Pero tampoco había condiciones objetivas para desarrollar movimientos sindicales, ya que el Estado garantizaba buenas condiciones para los trabajadores. Creo que va a haber un realineamiento político sindical, que todavía no se vislumbra, porque la nueva coyuntura va a exigir una renovación y una reestructuración. Objetivamente, va a haber movimiento, preocupación y acción, que van a permitir construir alternativas a lo existente”.
Circularon también decenas de ciudadanos con remeras de Resistiendo con Aguante que miraban alrededor, se quedaban unos minutos en alguna columna y seguían camino, sin saber bien qué hacer ni con quiénes acoplarse. Por Perú, entró el grupo de Jóvenes Científicos PrecarizadFos (JCP). Una becaria doctoral del CONICET relató a ANCCOM: “Participamos de la marcha para repudiar las políticas de ajuste y achicamiento del Estado. Reclamamos por la situación de precarización laboral de los compañeros que fueron admitidos a carreras de investigación en CONICET en las convocatorias de 2014 y 2015 y que aún no han sido efectivizados, supuestamente por falta de presupuesto”. A los pocos metros, chocaron con una columna de Peronismo Militante y giraron hacia la plaza, pero se avanzaba de a poco y muy lentamente: cerca de las 14, las columnas apenas habían recorrido una cuadra hacia el destino final, donde se estaba llevando a cabo el acto en un escenario ubicado frente a la Pirámide de Mayo. Tambien estuvieron presentes los trabajadores del Ministerio de Educación y Deporte de la Nación de los Programas Conectar Igualdad y Primaria Digital que, desde diciembre 2015 no cobran sus sueldos, no tiene autoridades asignadas y su equipo central esta siendo desmenbrado.
Finalmente, cerca de las 15, la manifestación comenzó a desconcentrarse y, una hora más tarde, quedaban sólo aquellos que disfrutaban de la sombra antes de emprender la vuelta. Se escuchaban bombos aislados, con grupos pequeños de manifestantes, pero los 50 mil estatales que habían participado de la primera medida nacional contra las políticas del gobierno de Macri, ya no estaban en el espacio. A modo de balance, Ravenna sostuvo: “Esta fue una demostración de fuerza hacia el gobierno nacional. Ni el sindicalismo ni las organizaciones populares y partidos políticos vamos a permitir el desmantelamiento del Estado”. Pianelli, por su parte, afirmó: “Era necesaria una respuesta de los sectores populares. Ha quedado en evidencia una de las estafas con las que el macrismo ganó las elecciones. Dijeron que no iban a sacar ningún derecho adquirido y lo primero que hicieron fue, justamente, empezar a retroceder. No vamos a aceptar que continúen los despidos, que nos condicionen las paritarias para bajarnos el salario ni que se criminalice la protesta”.
Feb 25, 2016 | inicio
Una línea de policías tras el vallado que forma parte del paisaje habitual en la Plaza de Mayo, una fila de mujeres de la Infantería con escudos y trajes y un camión hidrante estacionado, con el motor apagado. Un poco más allá, un grupo de uniformados que apenas interrumpe su charla cordial para mirar la explosión de bombas de estruendo que surgen desde la base de la Pirámide de Mayo. El promocionado debut del nuevo Protocolo de Seguridad quedó finalmente desdibujado en una discreta presencia policial en la movilización convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para rechazar los despidos en la gestión pública y protagonizar la primera protesta laboral contra la gestión de Mauricio Macri.
La resolución del denominado “Protocolo Antipiquetes” fue aprobada la semana pasada en una reunión del Consejo de Seguridad Interior dependiente del Ministerio que encabeza Patricia Bullrich. Sin embargo, horas antes de la movilización, el gobierno anunció que las fuerzas de seguridad no interferirían en el desarrollo de la marcha. Tampoco se formalizaría el cuestionado experimento del corralito para la prensa. Las competencias de juridiscción con la Ciudad de Buenos Aires -el reglamento es válido para fuerzas federales- y la demorada publicación de la nueva normativa en el Boletín Oficial terminaron de dar forma a la estrategia oficial.
Desde el comienzo del ¿debate? del Protocolo, el gobierno defendió las nuevas reglas como una herramienta de equilibrio entre dos derechos: el de protestar y el de transitar. Esa idea inicial cobró cuerpo en la resolución aprobada la semana pasada en una reunión del Consejo de Seguridad Interior. “En una jornada histórica para el Consejo de Seguridad Interior, con el 80% de adhesión de las provincias, logramos poner en marcha el `Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas´», anunció en su portal el Ministerio de Seguridad.
Si bien el Protocolo afirma que “manifestar en la vía pública, es una de las formas de expresión de derechos amparados constitucionalmente” y luego considera que “quienes no participan de una manifestación en la vía pública, no vean afectados sus derechos a circular libremente”, las declaraciones posteriores de Bullrich -”si no se van a los cinco minutos, los sacamos”, amenazó- fortalecieron el argumento de que el Protocolo pretende privilegiar el derecho de libre circulación por sobre el de la protesta social.
La aprobación generó la reacción de diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la sociedad civil. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que “esta decisión limita derechos de manera inconstitucional al poner a la libre circulación por encima de la integridad de las personas y de los derechos a la protesta y a la libertad de expresión”. Además, puntualizó que el documento no prohíbe explícitamente el uso de armas de fuego.
Por su parte, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) repudió “la aprobación del `nuevo protocolo para manifestaciones públicas´ por parte del Consejo de Seguridad Interior, por orden del presidente Mauricio Macri y la ministra Patricia Bullrich.” Y fustigó especialmente la asignación de una “zona determinada” para la cobertura mediática. “Los trabajadores de prensa no aceptamos liberar la zona para que la policía reprima sin que queden evidencias”, afirmó el sindicato en un comunicado. Como parte de ese argumento, recordó que el accionar de reporteros gráficos, camarógrafos y periodistas fue vital en la resolución de casos como los asesinatos de los militantes Darío Santillán, Maximiliano Kosteki y Mariano Ferreyra.
Con el protocolo en vigencia y el paro y movilización de ATE confirmados, el modo de intervención policial había generado expectativa. El lunes, dirigentes gremiales de ATE fueron citados a una reunión en el Ministerio de Seguridad para acordar el modo en que el Protocolo se pondría en marcha. Horas después, la seccional porteña de ATE intentó impedir la aplicación de la normativa con la presentación de un habeas corpus que, luego de ser aprobado por una jueza de Capital, fue revocado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires.
A los motivos iniciales de los miles de despidos de empleados estatales, se sumó la consigna contra la criminalización de la protesta que disparó la aprobación del Protocolo. A pesar de la multitud que marchó desde diferentes puntos del centro hacia la Plaza de Mayo, interrumpiendo totalmente el tránsito a su paso, no hubo disturbios ni intervención del operativo policial.
La desconcentración de la marcha comenzó pasadas las 15:00, con un calor agobiante. Cuando la Avenida de Mayo ya estaba despoblada, casi vacía de gente, un joven padre de veintipico le explicó a su hijo de unos tres o cuatro años: “La calle es tuya”.
Feb 24, 2016 | inicio
Los organismos defensores de los derechos humanos se reunieron finalmente ayer con el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Del encuentro participaron Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo; Haydée Gastelú, por Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; Lita Boitano, en representación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S y Gastón Chillier, por el CELS. Junto al Presidente, estuvieron la canciller Susana Malcorra, el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Estos dos últimos, más tarde, participaron de la conferencia de prensa junto a los representantes de los diferentes organismos.
“Fue una reunión importante, cordial, respetuosa. Se habló con absoluta sinceridad”, sostuvo Avruj al tomar la palabra y, así, comenzó la conferencia. Una hora antes, los organismos de derechos humanos se presentaron ante el Presidente con un documento con varios temas a tratar. “Se hablaron cuestiones que nos preocupan”, afirmó Carlotto. Entre aquellos temas, aparecen la continuidad de las políticas de memoria, verdad y justicia; el derecho al trabajo, el derecho a la protesta social, la violencia institucional, el derecho a la comunicación y las conmemoraciones por los 40 años del golpe cìvico-militar, el próximo Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
24 de marzo
Uno de los pocos puntos que tuvo acuerdo fue el referido a las conmemoraciones por el 24 de marzo en el marco de la próxima visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, los organismos solicitaron que su presencia no interfiera en la conmemoración popular a 40 años del último golpe. “El Presidente garantizó algunas acciones como el 24 de marzo próximo. Nosotros estamos organizando lo mismo de siempre, una marcha. Sin embargo, la presencia del presidente de EEUU complica por cuestiones de seguridad”, sostuvo Carlotto.
Al mismo tiempo, se reclamó el pedido al presidente norteamericano la apertura de los archivos aún no desclasificados por el gobierno estadounidense sobre el período dictatorial, además de la cooperación de este país en la búsqueda de los posibles nietos apropiados que vivan allí y la extradición del Capitán Roberto Bravo por su intervención en la Masacre de Trelew.
Ante la pregunta si aceptaría reunirse con el presidente de EEUU, Carlotto confesó: “Si bien sabemos que la doctrina de la seguridad nacional nace en EEUU y la represión en Latinoamérica fue apoyada y fomentada por ese país, hubo personas ilustres como (James) Carter que no estuvieron a favor. Yo me atrevo a decir que sí, me juntaría con él y le pediría la cooperación en temas como la desclasificación de archivos que hay en EEUU”.
La visita de Obama fue un punto que provocó tensión. “Desde H.I.J.O.S sentimos que la llegada del presidente Obama para el 24 de marzo es una provocación y su visita al predio de la ex ESMA, también. El gobierno de los Estados Unidos ha participado de los genocidios, está comprobado por los archivos y, en ese sentido, le manifestamos a Macri esa provocación”, señaló Carlos Pisoni.
Avruj respondió que Obama no representaba esa corriente que estuvo a favor de las dictaduras latinoamericanas: “Obama representa esa otra parte de la historia”. En este punto, ANCCOM quiso saber si esa mirada haría posible que el gobierno argentino eleve al mandatario norteamericano los reclamos de los organismos en relación a los archivos aún no desclasificados y la extradición de Bravo. “No tenemos información para adelantar ni confirmar sobre la agenda de la visita, pero lo vamos a tener en cuenta”, fue su respuesta.
Memoria, Verdad y Justicia.
Avruj comenzó la conferencia de prensa afirmando que el Estado garantiza la continuidad de las políticas de derechos humanos: “Se repasaron los temas que se hablaron hace menos de un mes, los cuales están vinculados con la preocupación de los organismos por la continuidad de las políticas de Estado. Hemos ratificado y el Presidente ha ratificado la posición llamando al trabajo de la Justicia y su independencia”.
ANCCOM preguntó sobre el desarme de varias dependencias estatales que coordinan políticas públicas de memoria, entre las que se encuentran la subsecretaría de DDHH del BCRA, el Centro de Asistencia Fernando Ulloa y el Programa Verdad y Justicia. “En primer lugar, el rol del Ejecutivo está garantizado como querellante. En cuanto al Programa Verdad y Justicia se está reacomodando, pero sigue funcionando. En relación a los otros organismos, aún se están reorganizando”, subrayó.
Protocolo de seguridad y Milagro Sala
En relación al “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas” y a la detención de Milagro Sala, aparecieron los desacuerdos entre ambas partes. En conferencia de prensa, Gastón Chillier, del CELS, hizo hincapié en estos dos puntos y manifestó: “Una de las diferencias que hubo con el presidente Macri fue en relación a la protesta social. Le planteamos nuestro desacuerdo con el nuevo Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad, el cual no permite el ejercicio de varios derechos como el derecho a protestar y el ejercicio de la actividad periodística”. Ante esta preocupación, la respuesta del Presidente fue considerar al derecho a la protesta en contraposición con otros derechos. “Al plantearnos su punto de vista, referimos que el actual protocolo tiene un enfoque represivo. El Estado debe trabajar en la protesta pero sin olvidar que es un megáfono de la democracia”, agregó Chillier.
Cuando se ahondó en la temática de la protesta social, se puso énfasis en dos hechos recientes: la detención de Milagro Sala y la represión a los integrantes de la murga Los reyes del Ritmo. Frente a este último caso, Chillier afirmó: “Hace unos días, la respuesta de la ministra de Seguridad fue casi un apoyo a la Gendarmería. Sin embargo, hoy nos dijeron que se había abierto un expediente de investigación en el Ministerio de Seguridad. Nosotros le pedimos si podíamos acceder porque la respuesta que se le había dado al CELS días atrás es que esta investigación aún era ambigua”.
En relación a Milagro Sala, el representante del CELS insistió con el origen ilegítimo de la detención y recordó que la dirigente de la Tupac Amaru no está procesada, mientras que funcionarios del gobierno están procesados y en libertad. “Su primera detención fue consecuencia de haber convocado a una manifestación pública en reclamo a medidas de gobierno. Exigimos su inmediata liberación y manifestamos que este hecho representa una amenaza a la vigencia de las libertades democráticas. Milagro Sala es una presa política, no hay fundamento legal alguno para su prisión preventiva y cualquier investigación en su contra debe desarrollarse sin vulnerar el principio de inocencia ni el derecho a la libertad personal”, remarcaba el documento que presentaron los organismos.
Otro punto que generó discrepancias fue el que tuvo como centro a la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó. “El Presidente decididamente debe respetar el mandato constitucional de la procuradora Alejandra Gils Carbó, impulsora de los procesos juicios por delitos de lesa humanidad”, enfatizó Lita Boitano. “En este punto, claramente, no estuvimos de acuerdo”, respondió Garavano.
“El diálogo se abrió y todo diálogo que comienza es positivo –expresó Carlotto–. La sensación es que estamos en la casa del Presidente y es un Presidente constitucional. Al dialogar lo que queremos hacer es reforzar esa democracia”.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo no ocultó las diferencias que mantiene con el actual gobierno, pero sí valoró el diálogo entre ambas partes: “Vinimos al diálogo. Habrá futuros encuentros. Si hay que venir a felicitarlo, lo haremos. No somos partidarios. Deseamos hablar con la verdad en la mano. Debemos evitar el enfrentamiento, la intolerancia y la grieta que no la hicimos nosotros”.
