El fin de semana del 7 de mayo se dio a conocer un comunicado oficial de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo denunciando la decisión de Patricia Bullrich de disolver la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación. De ella depende el Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), que se ocupa desde 2009 de los allanamientos para realizar extracciones de ADN por vía judicial con el fin de identificar nietos y nietas apropiados durante la última dictadura cívico militar. La noticia trascendió luego de la publicación en el Boletín Oficial de la nueva estructura orgánica del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el que ya no figuraba la Dirección.
El GEAJ nació en respuesta a una iniciativa de Abuelas de Mayo, con el fin de desarticular la actuación en complicidad de las fuerzas de seguridad con los apropiadores de hijos de desaparecidos. Pablo Lachener, abogado de la Asociación, recuerda el momento en que surgió el reclamo de mejorar el procedimiento durante los allanamientos: «Tuvimos un caso en 2005, el de Alejandro Sandoval Fontana, en el cual se hizo el operativo policial para extraer muestras de ADN y el oficial que intervenía tomó muestras de un perro. Nosotros nos enteramos, lo denunciamos, la persona fue condenada en 2014, pero eso dio la necesidad de crear un grupo bajo control de la sociedad civil especializado en la tarea».
Cuando la presunta víctima de apropiación accede a realizarse el examen de ADN, la justicia no interviene en la extracción. «El GEAJ es la última instancia -explica Lachener-. Solo cuando no hay consenso para de hacerlo en manera voluntaria, se produce un allanamiento que toma materiales aptos para obtener muestras de ADN». La Dirección de Derechos Humanos también colaboraba en la elaboración de informes que ayudaban a sostener los juicios de lesa humanidad. A su vez, ejercía una policía de derechos humanos hacia adentro de las mismas fuerzas de seguridad, como casos de género y discriminación.
Natalia Federman, quien condujo la Dirección desde su creación en diciembre de 2010 hasta fines de 2014, lamentó la decisión tomada por Bullrich: «Con el nuevo organigrama, desaparece la perspectiva de derechos humanos de la gestión ministerial. Una política de seguridad que tiene a los derechos humanos como guía implica el goce de los ciudadanos de una vida libre de violencia, sea esta en el ámbito público y privado».
El hecho de que el GEAJ se ocupara de los allanamientos en lugar de quedar en manos de la policía aseguraba la efectividad de los procedimientos: «Hubo casos de filtraciones en que se implantaba material genético de otra persona para que el entrecruzamiento no diera positivo, y luego resultó ser positivo», recuerda Federman. «Abuelas se dio cuenta de que los allanamientos no se podían relegar a una instancia burocrática, operativa, sin más. Tenía que tener una perspectiva de Derechos Humanos y de atención a la problemática de apropiación sistemática de niños y niñas durante la dictadura».
No cualquier integrante del Ministerio de Seguridad podía realizar las tareas de inteligencia previa del caso ni tampoco participar del allanamiento, ya que el modo como se implementaba el operativo podía afectar la relación posterior de quien descubre su identidad. «Un allanamiento violento o que violentaba los derechos de las víctimas tenía como corolario que si esos datos genéticos eran positivos y se trataba efectivamente de un niño apropiado en la dictadura, la posibilidad de relacionarse con su familia biológica podía hallarse condicionada si el allanamiento había sido violento debido a la sensación de avasallamiento. Todo eso teníamos en cuenta para reducir los efectos al mínimo posible, como también nos ocupábamos de asegurarnos que no hubiera menores de edad en el domicilio en el momento del operativo», relata Federman.
Catorce de los miembros de la Dirección de Derechos Humanos fueron despedidos a principios de este año y no es seguro qué destino se le dará al resto de sus miembros. Se trata de personal especializado en la tarea técnica de recoger material genético apropiado para cotejar en el Banco Nacional de Datos Genéticos, y entrenado para llevar adelante el procedimiento de una forma que provea de contención a las posibles víctimas de apropiación. «La idea era tener seguridad de que el personal que interviniera en esas causas supiera que no se trata de un allanamiento común. Estos eran procedimientos en los cuales la casa que se allanaba era la de una posible víctima. Había que ser muy cuidadoso, delicado y respetuoso», afirma Federman. Si bien Abuelas de Plaza de Mayo comunicó la preocupación por los despidos al entonces director de la Dirección, Javier Salgado -quien elevó el reclamo-, no hubo respuesta por parte de las autoridades del Ministerio de Seguridad.
Las medidas tomadas por Patricia Bullrich contradicen las palabras que el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, quien en febrero aseguró que el gobierno mantendría una actitud colaborativa en la búsqueda de los nietos. No obstante, la semana pasada la Ministra declaró que la unidad no fue cerrada. «Solo cambió de nombre», aseguró luego de participar en un acto en Mar del Plata el lunes 9 de mayo, y agregó: «En estos meses la dirección ha tenido el mismo ritmo de trabajo que en todos los meses». Sin embargo, desde Abuelas, Pablo Lachener asegura que el cierre estaba previsto: «Los trabajadores de ahí ya nos venían avisando. Veníamos notando en el último tiempo que el GEAJ no trabajaba conforme a los parámetros que queríamos».
Para Federman, es importante que la dirección de Derechos Humanos permanezca dentro de la órbita del Ministerio de Seguridad: «Puede ser que en el futuro se creen otras instancias que no están en el organigrama que se conoció en el Boletín Oficial. Pero todas van a ser de un nivel de jerarquía menor. El organigrama que se publicó incluye las estructuras de mayor jerarquía: secretaría, subsecretaría y direcciones nacionales más importantes. Ninguna de esas tiene como función los temas que tenía la Dirección Nacional De Derechos Humanos. Antes, la dirección dependía directamente del ministro, justamente con el fin de que la contemplación de derechos humanos atravesara transversalmente todas las áreas del ministerio».
La creación del GEAJ fue el resultado de un Acuerdo de Solución Amistosa entre Abuelas de Plaza de Mayo y el Estado Nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009 . Su disolución implicaría el incumplimiento del pacto por parte del Estado. El martes por la tarde, los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo tuvieron una reunión en el Ministerio de Seguridad, en la que se acordó un compromiso de palabra para que el GEAJ quede bajo la órbita de la Dirección de Integridad. Damián Arabia, director de esta dependencia, confirmó la intención de continuar con la política que tenía la Dirección de Derechos Humanos. “Iremos viendo en los hechos cómo se va a garantizar ese trabajo”, aseguró Pablo Lachener al salir de la reunión.
El 13 de agosto de 2010 la revista Barcelona publicó una imagen en su contratapa en la que aparecía una mujer desnuda y encadenada. Su rostro, a través de un montaje, era el de Cecilia Pando, conocida públicamente por liderar una organización que considera como “presos políticos” a los represores de la última dictadura cívico militar. La escena además iba acompañada de frases como “¡Para matarla! Soltá el genocida que llevás dentro», «Apropiate de esta bebota» y «Las chicas quieren guerra antisubversiva». Como consecuencia de una causa iniciada por la propia Pando contra la revista por esa publicación, el 29 de abril último la jueza civil Susana Nóvile condenó a Barcelona a pagar una indemnización de 40 mil pesos a la titular de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina.
La magistrada optó por no hablar públicamente sobre el asunto pero en el fallo emitido por el Juzgado Civil 108 argumenta que la fotografía lesiona la honra de Pando “legalmente casada con el Mayor Pedro Rafael Mercado desde hace 23 años” y con siete hijos. También establece para la demandante la figura de “persona particular” por lo que la violación de su derecho a la privacidad, que incluye aspectos como la personalidad espiritual o física, la habrían llevado a sufrir daños, constatados por pericias psicológicas y el aporte de dos testigos. Finalmente, el escrito indica que, a pesar de tratarse de una revista de carácter satírico, “la foto y las frases allí colocadas exceden un tono sarcástico y burlón y hacen una exposición exagerada de la accionante”.
A pesar de las dificultades financieras para afrontar la sanción económica, la directora de la revista, Ingrid Beck, instó a pensar el hecho desde una visión más general. “Tratamos de sacar el foco de la cuestión de la multa económica y ponerlo en la cuestión de la libertad de expresión”, expresó en un debate organizado el pasado lunes por la Universidad Nacional de Quilmes a raíz del fallo en primera instancia.
Ingrid Beck y Maria O´ Donell
La actividad convocó a una serie de expertos en medios de comunicación a dar sus impresiones acerca de este accionar de la justicia, la libertad de expresión y la sátira. En referencia al fallo en sí, el investigador y docente Martín Becerra explicó que no constituye un precedente legal de relevancia, pero advirtió que “lo que sí uno podría hacer es pensar y preocuparse políticamente, por eso decidimos impulsar esta actividad. Para nosotros es una luz de alerta, porque si bien es un fallo en primera instancia, si bien se concedió la apelación, es un antecedente en términos políticos que avanza sobre el derecho a la libertad de expresión y en ese sentido merece debate, merece reflexión social amplia”, indicó.
Al momento del lanzamiento de ese número, el 193 de Barcelona, Pando presentó un amparo para levantar la edición de circulación pero no generó demasiado ruido. La demanda continuó hasta este año y es el único juicio que la revista tiene en la actualidad. “Hay como una fantasía respecto de que debemos recibir millones de cartas documentos y la verdad es que no es así”, comentó su directora quien luego agregó: “Me gustaría igual sacar el foco de Cecilia Pando, que puede hacer todas las demandas que quiera, y ponerlo en que una jueza haya fallado a favor de ella”.
Otro de los aspectos polémicos es el de considerar a Pando como una persona particular y no una figura pública. Roberto Gargarella, abogado y sociólogo especialista en derechos humanos, considera que el corazón del caso pasa por esa dicotomía y que en el centro del fallo hay solamente una proclamación y no un razonamiento. A diferencia de la jueza, optó por considerar a Pando como figura pública y argumentó que se trata de alguien que voluntariamente se ha puesto en un determinado lugar, que asumió un determinado rol público y que en la medida en que está en ese lugar especial, tiene más visibilidad.
Roberto Gargarella durante el debate sobre el fallo.
“El fallo da como dato a su favor el hecho de que esa edición de Barcelona duplicó la venta; eso nos habla de Pando como una persona muy conocida. Ese dato muy interesante le juega en contra al fallo. Forma parte del razonamiento de la jueza y entonces es contradictorio con lo que está queriendo decir”, sostuvo el jurista.
También aclaró que el caso puede interpretarse prescindiendo de la figura de Pando: “En muchas notas me parece que se mezcla la idea con la figura de Cecilia Pando. Eso no nos tiene que importar. El fallo está mal por otro tipo de razones”.
Por su parte, el periodista Horacio Verbitsky también criticó la labor del tribunal. “Esto me parece una burrada porque no se trata de derecho a la intimidad sino que se trata de una caricatura, una sátira. La mujer encadenada no es Cecilia Pando, es otro cuerpo”, opinó en referencia a las responsabilidades emergentes del artículo 19 de la Constitución que la jueza incluyó en su texto. “No se puede analizar una sátira, una caricatura bajo la lupa de la veracidad y la prudencia en la entrega de la información y la credibilidad, son cosas absolutamente distintas. Tampoco puede haber real malicia si no hay información”, sentenció el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales.
Verbitsky añadió, además, que esto es parte de una batalla larga por la libertad de expresión, que tiene distintos capítulos y que este último podría haberse abreviado. Seguidamente invitó a continuar con esa lucha: “Hay que avanzar en la educación de los jueces civiles, que lean, que estudien, que se informen. Hay que conseguir que los fallos que se dicten ligeramente como este se revoquen en las instancias superiores. Sino por las cámaras, que suelen ser más prudentes, por la Corte Suprema de Justicia. Y si por alguna razón en algún fallo aparece un juez y la Corte Suprema actuando corporativamente mantiene el fallo de primera instancia, recurrir nuevamente a las instancias internacionales”.
Sebastián Lacunza, director del diario Buenos Aires Herald, alentó además a una autorregulación no sólo por parte de los medios sino también de los funcionarios: “El presidente de la Corte suele apelar a que los jueces tienen que estar unidos, yo diría lo contrario. No se unan, desconfíen señores jueces de ustedes mismos, revisen, denúnciense si es necesario, porque hay jueces, como esta jueza, que hacen una interpretación absurda, arbitraria y peligrosa del derecho. Yo invito a los jueces a que no estén unidos si rige, más o menos, grosso modo, la democracia”.
«Mi nombre no siempre fue así», aclaró Guillermo Rodolfo Pérez Roisinblit al inicio de su declaración en la tercera audiencia del juicio por la privación ilegítima de la libertad de sus padres, Patricia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo, desaparecidos desde el 6 de octubre de 1978. Dio su testimonio a sala llena ante el Tribunal Oral Criminal Nº 5 de San Martín presidido por Alfredo Ruiz Paz. Estaban presentes su hermana Mariana y su abuela Rosa, y también su esposa, quien llevaba en sus brazos a Helena, la menor de sus tres hijos, que nació hace apenas tres semanas. En el recinto también estaban los tres imputados: su apropiador Francisco Gómez, Omar Rubens Graffigna y Luis Tomás Trillo, custodiados por el Servicio de Penitenciaría Federal.
Dos horas y media duró la declaración de Guillermo, el nieto recuperado nacido en la ESMA que supo acerca de su verdadera identidad recién en el 2000, cuando su hermana lo fue a buscar al trabajo para comunicarle que probablemente era hijo de desaparecidos. Durante 21 años de su vida, según su DNI, su nombre era Guillermo Francisco Gómez, hijo único de Francisco Gómez y Teodora Jofré. «¿Podés vivir el resto de tu vida sin saber si tenés o no una hermana?», le preguntó su jefe en el patio de comidas en que él trabajaba en ese entonces. Esa misma tarde, Guillermo se dirigió a la sede de Abuelas de Plaza de Mayo y él mismo se pinchó el dedo gordo para dar su muestra de sangre.
Durante su testimonio, Guillermo contó las dificultades que encontró para dar cauce a ese impulso inicial que lo movilizó a averiguar más sobre su verdadero origen. En principio decidió ocultarle a su apropiador el hecho de que había ido a visitar a las Abuelas de Plaza de Mayo, pero le expresó sus dudas. Luego de varios encuentros, Gómez decidió decirle la verdad en un viaje en auto: rompió en llanto y le confesó que era hijo de una “montonera judía estudiante de Medicina y un montonero”, le relató que su madre había pasado el último mes de su gestación con los ojos vendados en una habitación de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), y que él, que en ese momento trabajaba en el lugar, le había suministrado alimentos a escondidas y a veces la sacaba a pasear por el jardín para que tomara aire.
Guillermo afirmó que conoce el lugar donde estuvieron cautivos sus padres porque ocasionalmente acompañaba a Gómez a su lugar de trabajo durante sus primeros años de vida. Recordó cómo de niño jugaba con el tambor de la pistola de uno de los oficiales. A veces algunos de ellos, incluso, lo llevaban a tomar helado. Las visitas a la RIBA finalizaron cuando él y su apropiadora huyeron de Gómez luego de reiterados episodios de violencia doméstica, que incluyeron amenazas con cuchillos y golpes a la mujer. «¿Por qué un simple jardinero de la RIBA tenía en su casa armas y balas?», se preguntó en voz alta.
«A tu madre no le hicieron daño mientras estuvo embarazada, pero tu papá no corrió la misma suerte», le dijo Gómez en su confesión dentro del auto. Guillermo le explicó al juez que en ese momento la intensidad de lo que estaba escuchando lo bloqueó y no quiso saber más, pero que hoy, quince años después, se siente preparado para tener más detalles de lo que ocurrió con sus padres. “Necesito encontrar sus restos y hacer todo el ritual, para dejar de duelarlos”, afirmó al final de su declaración.
«Mi infancia no fue feliz», afirmó Guillermo varias veces durante su declaración. Además de los episodios de violencia doméstica, Gómez no mostraba muestras de afecto hacia él, ni siquiera cuando Guillermo lo iba a visitar a la prisión de privilegio en la que se encontraba mientras se llevaba a cabo el juicio por su apropiación. “No sé si iba por obligación, por algún tipo de lealtad o por culpa», planteó. El último encuentro con su apropiador tuvo lugar en 2003, cuando Gómez lo amenazó con asesinar a sus dos abuelas, a su hermana y a él cuando cumpliera su condena. Esa última conversación lo hizo cambiar de parecer al respecto de las contradicciones que le generaba la transición hacia su verdadera identidad. Aseveró también que entre 2002 y 2004 fue víctima de reiteradas amenazas para que no declarara en contra de sus apropiadores.
Guillermo aportó fotografías de sus cumpleaños infantiles a la causa, en la que se lo ve al lado de Ezequiel Vázquez Sarmiento, el nieto recuperado número 102, ahora Ezequiel Rochistein Tauro. El apropiador Juan Carlos Vázquez Sarmiento, suboficial de la Fuerza Aérea que se encuentra prófugo desde 2003, también aparece en una de las imágenes.
Rosa Roisinblit llega al tribunal a las 10 de la mañana del 2 de mayo, día que inicia el juicio acompañada por su nieto Guillermo Rodolfo Pérez Roisinblit.
El último que los vio con vida
El último familiar que vio con vida a los padres de Mariana y Guillermo fue Marcelo Rubén Moreyra, primo de José Manuel. Durante su declaración contó cómo a sus 18 años recibió en la puerta de su casa en Olivos a una veintena de oficiales que se presentaron como miembros de «Coordinación Federal», algunos de civil y otros uniformados. «¡Abran la puerta o la tiramos abajo!», gritaron. Antes de abrir, encerró a su prima de 11 años y a su abuela en una habitación y salió a hablar con los militares, que le dejaron un moisés con Mariana, de quince meses de vida. Recordó la imagen de su primo con las manos atadas rogándole que la tomara. «Me la hubieras dado a mí», afirmó que le dijo un oficial a otro frente a él, en alusión a la beba. Uno de los presentes en el operativo era el prófugo Juan Carlos Vázquez Sarmiento, apodado «El Colo». «Yo pude encontrar a mi hermano. ¿Cómo se les puede perder un colorado?», se había preguntado Mariana ante el juez durante la segunda audiencia en la que ella declaró como testigo.
Moreyra reconstruyó en detalle la escena de esa noche de 1978 en la puerta de su casa. A Patricia no la veía desde las fiestas de fin de año y no sabía que esperaba un bebé. “¡Estoy embarazada y me llevan…!”, llegó a gritarle a Marcelo desde el asiento de atrás de uno de los autos cuando el oficial que la acompañaba le tapó la boca. Luego, el testigo dedicó algunos minutos a contar cómo era la relación con su primo desaparecido, a quién recordaba como el “líder de las aventuras” en su infancia: «Nuestro vínculo se selló luego de una tarde en que hubo una importante discusión sobre política en casa, durante una reunión familiar». Aseguró que para él era natural ser vigilado por militares, que lo persiguieron desde 1974 hasta 1978: «Una vez salí de la casa de un amigo y me esperaba la camioneta que me seguía a todos lados. Me acerqué y les dije a los cabos ‘si me van a seguir, llévenme en el camión’, y me llevaron hasta casa».
Las próximas audiencias del juicio en las que declararán el resto de los testigos están pautadas para los días 26, 27 y 30 de mayo.
Con la finalidad de nutrir la discusión sobre una nueva ley de comunicaciones que contemple la convergencia mediática para reformar las leyes 26522 y 27078 se realizó un debate abierto el 17 de mayo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Fue un primer encuentro que pretende multiplicarse en diferentes universidades del país durante el resto del año y tuvo como oradores a Damián Loreti, Martín Becerra, Alejandro Fargosi y Diego Petrecolla. Quien presidió el encuentro de la Comisión Redactora de una nueva ley de comunicaciones fue uno de sus miembros, Andrés Gil Domínguez, y profesor de es esa casa de estudios, mientras que Silvana Giúdici, coordinadora de la Comisión y directora del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), se encargó de dar inicio a la jornada.
La propuesta consistió en plantear lineamientos generales frente a un posible proyecto de ley de convergencia en la comunicación. Becerra, profesor de la UBA e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), centró su discurso en cuatro ejes: cuáles son los objetivos y definiciones; qué sucede con el interés público; qué desafíos plantean la concentración de mercados convergentes y la competencia; quién aplica la regulación y quién controla el ítem anterior. Respecto del primer eje, mencionó la necesidad primigenia de definiciones conceptuales: “Diferentes definiciones de convergencia operan como percutoras de distintos posicionamientos legales y regulatorios, además de comerciales y productivos. Es necesario acordar qué tipo o tipos de convergencia se quieren regular con la política pública”.
Para el investigador, es fundamental conocer qué se regula y para qué, dado que una futura ley debería reconocer las consecuencias de una comprensión amplia y social de la libertad de expresión: “Comprende tanto a la libertad para emitir por distintos medios y soportes como para buscar y acceder a una diversa gama de contenidos y perspectivas. La libertad de expresión en su doble faceta, la diversidad cultural y el acceso a contenidos, medios y tecnologías diversas y sin discriminación, conforman el trípode de objetivos estratégicos para una normativa para la convergencia. Estos objetivos concretos aparecen tensionados por un proceso que incorpora dimensiones políticas, sociales, económicas y tecnológicas”. De todos modos, no dejó de aclarar que lo anterior impacta en la movilidad continua de intereses de actores que no son necesariamente conciliables.
Petrecolla, economista y ex presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, llevó la discusión a su área de especialidad: “Hay mercados, en los cuales pensábamos que la competencia no era posible, donde la convergencia ha mostrado que sí es posible”. Si bien sus argumentos reconocían la presencia de actores de posición dominante, la prioridad siempre debía ser la defensa de la competencia.
A pocos días del inicio de su mandato presidencial, Mauricio Macri firmó el DNU N° 267 que dio paso a la creación del ENACOM, y modificó de hecho a las leyes 26.522 y 27.078. En marzo de 2016, la Resolución N° 9 del Ministerio de Comunicaciones asentaba los principios y los objetivos de la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de las Leyes N° 26522 y n° 27078, creada por el decreto mencionado. Becerra sostuvo: “La tecnología es un vínculo social y no sólo el artificio técnico. Cuando hablamos de interés público, hablamos de cómo la ciudadanía es sujeto de derechos por los que el Estado debe velar. El interés público reclama al Estado la promoción de políticas que estimulen la diversidad de actores, de perspectivas, de puntos de vista, cultura, geográfica, de servicios y aplicaciones”.
Loreti, abogado y especialista en política y derecho de la comunicación, aprovechó para realizar una observación al respecto: “En la Resolución 9 no aparecen los temas culturales. Sí aparece la libertad de expresión, pero no hay un énfasis en los derechos culturales, como tampoco está presente la palabra ‘trabajo’. Dentro de la Convención de la Diversidad Cultural, aparecen obligaciones del Estado, tales como medidas destinadas a promover la diversidad en los medios de comunicación”.
El artículo 3 de la Resolución, señala: “La Comisión tendrá a su cargo el estudio de las reformas necesarias a las Leyes N° 26.522 y N° 27.078 a fin de producir un texto homogéneo de esos cuerpos normativos y que estén en condiciones de garantizar la más amplia libertad de prensa, el pluralismo y el acceso a la información, fomentar el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, avanzar hacia la convergencia entre las distintas tecnologías disponibles, garantizar la seguridad jurídica para fomentar las inversiones en las infraestructuras, evitar la arbitrariedad de los funcionarios públicos y garantizar los derechos de los usuarios y consumidores”. Dada la complejidad que implica todo lo anterior, Loreti propuso encontrar un espíritu fundacional que funcione como base para la futura regulación, de manera tal que los diversos intereses, potencialidades y derechos sean contemplados.
De todas maneras, por el momento, el gobierno de la alianza Cambiemos no cuenta con un proyecto de ley convergente. Becerra expresó el deseo de que se vuelva a convocar una mesa consultiva, una vez que se haya avanzado en materia concreta.
La movilización multitudinaria también se realizó en reclamo al gobierno nacional de mejoras presupuestarias, de las paritarias para el sector y de la implementación de un boleto estudiantil, ante la inflación creciente y los tarifazos en los servicios públicos y en el transporte.
Estudiantes, docentes, no docentes, graduados universitarios y autoconvocados realizaron un multitudinario acto enfrente del Ministerio de Educación de la Nación, en defensa de la educación pública y en reclamo al gobierno nacional de mejoras presupuestarias, de las paritarias para el sector y de la implementación de un boleto estudiantil, ante la inflación creciente y los tarifazos en los servicios públicos y en el transporte. Los manifestantes cubrieron el espacio que se extiende desde la Plaza Rodríguez Peña ubicada enfrente del Palacio Sarmiento, por Avenida Callao hasta el cruce con Córdoba y por esta hasta la Plaza Houssay. La cantidad de asistentes superó las expectativas de todos los organizadores y mostró un grado de cohesión muy fuerte de cara a la disputa con el Poder Ejecutivo.
Un acoplado de camión sirvió de escenario para el acto, frente a una multitud formada por personas llegadas de Capital Federal, de las provincias de Buenos Aires, San Juan, Santa Fe, Córdoba, Chubut y algunos de Tierra del Fuego, entre otras latitudes. Entre banderas y trapos, bombos y redoblantes, cantos y reclamos, decenas de miles de personas hicieron que el gobierno encabezado por Mauricio Macri tuviera que escuchar un potente grito en defensa de la educación pública. La marcha, que partió a las 16.30 desde Plaza Houssay hasta el Ministerio de Educación, se inscribió dentro de las medidas de fuerza que, con el fin de visibilizar la situación, se vienen realizando en las dependencias de todas las universidades públicas del país, las cuales incluyeron paros, asambleas, y vigilias, además de clases públicas en calles, avenidas y estaciones de subte.
A estas actividades se sumaron la toma de las facultades de Filosofía y Letras y de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. La ocupación de la Facultad de Filosofía y Letras, cuyo edificio está ubicado en Puán al 500, se había resuelto en una numerosa asamblea estudiantil durante la noche del lunes 9 de mayo, luego de que miembros de la Policía Federal se hicieran presentes en la sede con intenciones de aplicar el llamado Protocolo Antipiquetes, conforme a lo que contó la secretaria general del Centro de Estudiante de esa facultad, Giuliana Pécora, presente durante la manifestación.
Durante la marcha de ayer, según contó Alejandro Ades, consejero estudiantil en el Consejo Superior de la UBA, le fue entregado a funcionarios del Ministerio de Educación nacional un petitorio que contó con el apoyo de 50 mil firmas. Los puntos del documento se centraron en una asignación de la totalidad de las partidas presupuestarias adicionales que fueron aprobadas por el Congreso Nacional para 2016, un incremento de la partida que garantice el funcionamiento de facultades, colegios y hospitales de la UBA en condiciones adecuadas, la reanudación de obras de infraestructura y un aumento salarial para el personal docente y no docente que considere el aumento del costo de vida producido desde el último acuerdo paritario.
El escritor y docente universitario Martín Kohan también estuvo presente en la marcha y dijo: “Estamos acá porque la educación y la universidad pública están seriamente amenazadas por un gobierno que independientemente de las frases hipócritas que puedan deslizar evidentemente se caga en la educación pública y en la universidad”. Kohan añadió: “Quienes no integran la universidad no pueden estar ajenos a este reclamo. Básicamente porque no están por fuera de lo que supone la producción de saber. Seguramente requerirán en algún momento de los frutos de lo que genera una universidad, a través del hospital público, del conocimiento científico, de la investigación en farmacia y bioquímica, de los estudios históricos, de la literatura. Nadie puede vivir por fuera de ese orden de conocimiento. La universidad no es solo para los universitarios. Es un asunto que afecta a todos”.
Los docentes universitarios buscan un incremento salarial de entre 40 y 45 por ciento, cercano a la inflación que se calcula para este año. Por su parte, el Ministerio de Educación de la Nación les ofreció, en una reunión del pasado miércoles 4, una última oferta que incluye una suba del 15 por ciento en este mes de mayo y un 1 por ciento por recomposición del nomenclador, un 2 por ciento del plus por título de posgrado en julio, un 5 por ciento en octubre y otro del 11 por ciento en diciembre de 2016.
Esta propuesta fue rechazada por los sindicatos docentes, quienes marcharon juntos por primera vez desde 2001. Así, tanto la Conadu “Histórica”, la Conadu, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (FEDUN) se movilizaron en reclamo por la situación económica de ahogo de las universidades públicas. También estuvieron presentes la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, y la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional, entre otras federaciones. Y participaron partidos políticos, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y federaciones estudiantiles.
Por su parte, Néstor Dimilia, secretario general de la Asociación Gremial Docente del Colegio Nacional Buenos Aires resaltó que esta semana en el establecimiento que depende de la UBA fue de paro y concentración. Y explicó: “El miércoles 11 se dictaron clases públicas para los jóvenes, que contaron con la presencia del biólogo Alberto Kornblihtt y del matemático Adrián Paenza. Y por la noche se realizó una marcha de antorchas, en conjunto con los alumnos, los padres, los docentes y autoconvocados que apoyaron la protesta”. El docente agregó: “Esta concurrencia genera una expectativa muy positiva de una resolución. Es imposible hacer la vista gorda con semejante cantidad de personas”.
Victoria, estudiante de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, con el megáfono en mano, mientras organizaba a la columna de compañeros que la acompañaba, afirmó: “Frente a la grave crisis de inflación y desaparición de paritarias se hace necesario salir a la calle como parte de una lucha que estamos dando a nivel nacional. La UBA tiene un prestigio bien ganado por la calidad de los pensadores y educadores que forma, por eso creo que la sociedad entera va a acompañar este reclamo justo de aumento salarial y prespuestario para afrontar este duro año, por más que la complicidad mediática no muestre lo que está pasando”, agregó.
Laura Ferrer integra la Secretaría General de la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que también se hizo presente en el acto. “Nos convoca la defensa de la educación pública, el aumento de nuestros salarios, la preservación de una universidad que está en serio peligro de ser privatizada y arancelada. En Rosario hemos tenido un hecho desleal. El rector (n. del r.: Héctor Floriani) y los doce decanos y los tres directores de escuela fueron al gremio a decir que apoyaban la lucha por aumento salarial y el trabajo en conjunto por el presupuesto, todo lo cual terminó siendo falso”, señaló.
En tanto, Lucas Valderrama, integrante estudiantil en el Consejero Superior de la UBA, señaló: “Hace muchos años que se impuso una política de Estado que busca la privatización de la educación; solo va a ser imposible a través de la movilización masiva. No solo están dando pelea los estudiantes y docentes, cada vez mayores sectores de la sociedad están en una postura de combate contra este Gobierno, el cual desde que asumió tiene en claro a qué sectores favorecer: los del capital concentrado”. Valderrama además anticipó: “El próximo miércoles 18 a las 17 convocamos a una marcha y un festival a desarrollarse frente al Ministerio de Educación. Es una pelea que recién comienza”.
Después de las 19.00, cuando comenzó la desconcentración, una columna nutrida continuó su protesta marchando hacia Plaza de Mayo, para hacer tronar allí también su descontento.
De esta manera, la comunidad de las universidades públicas colocó su cuerpo en las calles, con la convicción de que su cabeza puesta en este plan de lucha pondrá un freno al ajuste educativo impulsado por el gobierno macrista.
