Ago 2, 2016 | inicio
El acceso a la información pública es el derecho de toda persona a pedir información que se presume pública. En Argentina, está reconocido por el decreto 1.172, sancionado en 2003 por Néstor Kirchner. En abril de este año, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. De aprobarse también en el Senado, permitiría que los pedidos de acceso se puedan realizar en los tres poderes y en el Ministerio Público y derogaría el decreto que actualmente regula la materia. Sin embargo, diversos sectores, entre los que se encuentran organizaciones no gubernamentales como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), entre otras, señalan que el proyecto tiene falencias.
Una de las preocupaciones manifestadas por las organizaciones es la amplitud de las excepciones contempladas por el proyecto en el artículo 8, superiores a las previstas por el decreto 1.172. Especialmente, la incorporación del inciso m, según el cual podrán negarse a brindar información todas las empresas que tengan régimen de oferta pública, es decir, cuyas acciones coticen en bolsa. Según Diego De Francesco, coordinador del área de acceso a la información de ADC, esto iría en contra del fallo de 2015 de la Corte Suprema que obligaba a YPF a hacer públicos sus contratos con la petrolera norteamericana Chevron. De Francesco espera que algunos aspectos del proyecto puedan mejorarse con la reglamentación, pero no cree que sea el caso. “El inciso m no veo que pueda salvarse por reglamentación porque está muy claro lo de empresa con régimen de oferta pública”, se lamentó.
“Las empresas que hacen oferta pública están reguladas por la ley de la Comisión Nacional de Valores”, asegura Karina Banfi, diputada por la Unión Cívica Radical y experta en acceso a la información pública. Banfi fue redactora de la Ley Modelo sobre Acceso a la Información de la Organización de Estados Americanos (OEA), que fija los estándares internacionales en la materia.
Sin embargo, Guillermo Schiebler, titular del juzgado Nº 13 en lo Contencioso y Administrativo, no concuerda con lo expresado por la diputada radical. “La información que se pide puede ser “qué tipo de instalación tiene una empresa en algún barrio” y eso no es información que le den a la CNV. Esa excepción es incomprensible, es una excusa para que no den información”, acusó.
Por su parte, Banfi señala que el inciso m puede ser redundante con el c, según el cual se puede negar un pedido de acceso que se relacione a “secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto obligado”. Pero, según el juez Schiebler, es difícil saber si algo afecta la competitividad o no. “Si vos sos una empresa de servicios públicos y usas una tecnología antigua que es ambientalmente tóxica pero es más barata y alguien te pide información y sale a la luz que estás usando esta tecnología obviamente va a afectar la competitividad porque te van a pedir que pongas tecnología más nueva y cara. Hay cosas que parecen estar hechas a pedido de aquellos que no quieren entregar información”.
Tanto Schiebler como De Francesco consideran que otra excepción muy preocupante de la ley es aquella que establece que puede no entregarse información que contenga datos personales, es decir, nombre, número de documento o dirección. El decreto 1.172 tiene como excepción “datos personales de carácter sensible”, aquellos que afectan la intimidad de la persona. Para Schiebler la redacción del proyecto del Ejecutivo en este aspecto es restrictivo. “Cualquier data que tenga un nombre, un DNI o una dirección no te la van a dar, que es la excusa que ponía siempre antes la administración. Y esta es una cosa muy sutil y en la práctica te bloquea”. Schiebler afirma que el proyecto se contradice con un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que se le ordenó al Ministerio de Desarrollo Social que entregue información acerca de planes sociales brindados durante 2006 y 2007.
Otro de los aspectos cuestionados del proyecto es el órgano de aplicación. Se prevé la creación de la Agencia de Acceso a la Información (AAI) e, inicialmente, la designación y remoción del director del organismo recaía en el Poder Ejecutivo. Esto sufrió una modificación en el Congreso. “Para la remoción había un dictamen no vinculante de una bicameral que se crea al efecto. Era peligroso porque si la persona encargada de la Agencia quería hacer algo que al gobierno de turno no le gustara lo podía remover sin más. Lo que logramos en la sesión es que el dictamen de la bicameral sea vinculante”, cuenta De Francesco. Esto implicaría que la designación sigue a cargo del Presidente, pero para la remoción intervendría el Poder Legislativo.
Respecto a este punto, Banfi afirma que lo más importante es que la Agencia de Acceso a la Información no se politice. “Para que realmente un órgano de control funcione tiene que tener un foco principalmente en la idoneidad y en la independencia de las tomas de decisiones técnicas que tiene que tener este órgano de control en el momento en que el ciudadano reclama. Cuando esto se politiza, es ahí donde pierde este carácter de independiente”.
Schiebler cree que el dictamen vinculante es un avance. “En eso sí es mejor que el decreto, que no tenía autoridad de aplicación. Lo que pasa es que vos terminas viendo lo que sucede: en la Oficina Anticorrupción te ponen a una ex diputada del gobierno y en la Unidad de Información Financiera te ponen a dos abogados que defienden a los principales bancos acusados de lavado de dinero”.
Banfi considera que el organismo de control “tiene un diseño adecuado a las posibilidades de la Argentina”. Sin embargo, De Francesco opina que “cualquier órgano de control debería ser colegiado y con representación de la oposición para controlar y hacer efectivo un derecho que el poder de turno va a tratar de retacear”.
De Francesco piensa que es importante que se sancione la ley porque ya ha habido intentos frustrados de conseguirla. “Esperamos que por vía reglamentaria se puedan lograr algunas mejoras o definiciones”. Mientras que Schiebler opina: “Para mí, estamos mejor con el decreto. Por más que te digan que no alcanza al Poder Judicial y al Poder Legislativo. Hay un montón de fallos, hay otras normas y la Corte y los tribunales han entendido que hay un deber genérico de dar información. La ley tiene que salir lo mejor posible, porque si sale una ley mala después no la modificás más”.
Actualizada 02/08/2016
Ago 2, 2016 | inicio
Cinco meses después de asumir la Presidencia, Mauricio Macri diseñó un viaje estratégico. El secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, Ángel Tello, voló a Estados Unidos con un objetivo claro: retomar el intercambio bilateral en el área militar con el país del norte. La agenda incluía contactos con funcionarios del Pentágono -sede del Departamento de Defensa- como la subsecretaria adjunta de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, Rebecca Chávez, con el objeto de afinar los puntos de cooperación militar acordados entre Macri y Barack Obama en marzo, durante la visita oficial del mandatario estadounidense a la Argentina. “Es posible avanzar en la cooperación antártica. Queremos que la ciudad de Ushuaia se convierta en una base logística para apoyar las tareas científicas en la Antártida”, dijo Tello al diario a La Nación poco antes de partir.
Pese a los anuncios sobre posibles acuerdos de cooperación científico militar, el gobierno nacional no publicó información respecto a los acuerdos finalmente alcanzados. Distintos especialistas consultados por ANCCOM manifestaron su desconfianza frente a los escasos datos oficiales disponibles sobre las negociaciones abiertas ¿y cerradas? con Washington.
Telma Luzzani, periodista de política internacional y autora del libro: Territorios vigilados.
Telma Luzzani, periodista de política internacional y autora del libro “Territorios vigilados. Cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica”, advirtió sobre la necesidad de analizar los eventuales acuerdos más allá de los títulos de ´cooperación científica´.
“Desde el año 1996, aproximadamente, Estados Unidos empieza a implementar un tipo de base llamada FOL por sus siglas en inglés (Foward Operating Location) y uno puede intuir que son las que quieren incorporar al país. Estas bases tienen una doble o triple función; por lo general cuentan con algún tipo de tropa, material tecnológico, y es desde donde recogen información de la zona -en todo el alcance que pueden tener sus radares- y hacen relevamientos a nivel de los habitantes para ir penetrando en la gente y que estos se acostumbren a ellos para que les pasen información”, puntualizó. Además, Luzzani precisó que ese tipo de bases “resultan más sencillas de justificar frente a los ciudadanos de los países donde se asientan y son menos costosas que aquellas que se pueden ver en las películas de la Segunda Guerra Mundial; que eran gigantes, con casas, polígonos de tiro y tanques”.
“Lo más grave de todo es que, según nuestras fuentes, el ofrecimiento de instalar las bases fue del gobierno argentino. Es la primera vez en el país que se llega a este extremo, eso no lo hizo ningún gobierno constitucional ni dictatorial en nuestro país”, advirtió Elsa Bruzzone.
Independientemente del carácter científico de los proyectos, Luzzani resumió: “Estados Unidos no dice que no va a venir, argumenta que se trata de bases científicas o contra el narcotráfico, que no son en absoluto bases militares y que esto es una especie de paranoia. Pero Tierra del Fuego y la Triple Frontera son dos lugares muy estratégicos a nivel de recursos naturales, y son zonas en las que pueden armar `puentes´, porque la de Tierra del Fuego estaría cerca de la base de la OTAN en Malvinas, y la de Misiones a las de Pedro Juan Caballero y Mariscal José Felix Estigarribia en Paraguay”.
Ese tipo de bases pueden estar “disfrazadas de científicas, de ayuda humanitaria, o justificadas por desastres militares o planes de asistencia por pandemias o epidemias”. Así coincidió Elsa Bruzzone, especialista en temas de Defensa nacional, Estrategia y Geopolítica, y secretaria del Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA). “Entre los consensos aparece la instalación de una base para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en Misiones y para la ayuda y expediciones científicas en la Antártida y en Ushuaia. La sorpresa se da en los primeros días de junio de este año cuando se difunde el Informe Mundial sobre Terrorismo (Country Reports on Terrorism) que dice que en la zona de la Triple Frontera hay un incremento de actividades que son base para el financiamiento terrorista, del Daesh, o Estado Islámico, y de otras células asentadas en Siria. El informe complementa diciendo que toda América del Sur y el Caribe son, potencialmente, zonas de influencia para el Daesh”, explicó.
Efectivamente, según consta en capítulo referido a la Argentina del Informe elaborado por el Departamento de Estado norteamericano, “la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay, se mantiene como un nexo regional importante de armas, drogas, piratería de bienes, tráfico de personas, falsificación y lavado de dinero todas potenciales fuentes de financiamiento para organizaciones terroristas”. Y agrega: “América del Sur y el Caribe también han servido como áreas de financiamiento y de apoyo ideológico para el ISIS y otros grupos terroristas en Medio Oriente y el Sur de Asia”.
Bruzzone agregó que a fines de diciembre de 2015 el gobierno argentino informó al Departamento de Estado que “había detectado transacciones financieras sospechosas” en la zona de la Triple Frontera. “Lo más grave de todo es que, según nuestras fuentes, el ofrecimiento de instalar las bases fue del gobierno argentino. Es la primera vez en el país que se llega a este extremo, eso no lo hizo ningún gobierno constitucional ni dictatorial en nuestro país”, advirtió.
“El pedido de informes fue girado a la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que está presidida por Elisa Carrió, donde no ha tenido respuesta y podemos decir que eso también es una respuesta”, amplió Di Stefano.
Sin datos
La incertidumbre generada por la falta de información oficial sobre las negociaciones abiertas con Washington involucró al gobernador de Misiones, Hugo Passalacque, y su par de Tierra del Fuego, Rosana Bertone. Ambos manifestaron públicamente no tener datos sobre la posible instalación de bases en sus provincias. Para forzar la difusión oficial, Daniel Di Stefano, diputado nacional por el Frente para la Victoria de Misiones, presentó en la Cámara Baja, junto a su par Verónica Mercado, un proyecto de resolución que solicita al Ejecutivo Nacional que informe sobre la posible “instalación de una base militar de un país extranjero en la provincia de Misiones”.
“En Misiones existe un rumor fuerte sobre las bases y como legislador nacional por la provincia tengo el compromiso de despejar las dudas de la población porque este tipo de acuerdos implican pérdida de soberanía”, argumentó.
El proyecto de Di Stefano ingresó a Diputados el 16 de junio. Las senadoras Sandra Giménez (FpV Misiones) y María Magdalena Odarda (CC ARI Río Negro) hicieron lo propio en la Cámara Alta.
“El pedido de informes fue girado a la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que está presidida por Elisa Carrió, donde no ha tenido respuesta y podemos decir que eso también es una respuesta”, amplió Di Stefano. El legislador nacional advirtió que el debate sobre los posibles acuerdos militares con Estados Unidos “busca ser disfrazado de distintas maneras para evitar que el tema se nacionalice o que el Congreso intervenga”.
A pesar de que América del Sur cuenta con numerosas bases en su territorio, en 2014, durante la Cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe que se celebró en La Habana, América Latina fue declarada zona de paz. Por eso, el texto presentado por Di Stefano hace mención al equilibrio alcanzado específicamente por los países de la Triple Frontera “que trabajan hace muchos años con la intención de velar sobre la seguridad y el bienestar de sus habitantes en zonas de fronteras”. Y concluyó: “La instalación de bases militares extranjeras en el Cono Sur puede convertirse en un factor de perturbación de la paz regional existente. Debemos tomar todos los recaudos necesarios para velar por el bienestar de los pueblos libres que habitan en la región de la Triple Frontera”.
“Nunca dejaron de agitar el fantasma de la posible existencia de células de Al Qaeda”, puntualizó Bruzzone-.
Informes y diagnósticos
Los informes del Departamento de Estado norteamericano de las últimas décadas sobre la zona de la Triple Frontera -puntualizó Bruzzone- “nunca dejaron de agitar el fantasma de la posible existencia de células de Al Qaeda”. Este argumento sirvió para insistir y presionar a los gobiernos argentinos acerca de la necesidad de instalar una base en Misiones. “Desde 2003, cada tanto, aparecía en los medios el tema de la posible existencia de células terroristas, pero los informes del Departamento de Estado decían que a raíz del diálogo antiterrorista del Tres más uno firmado entre Argentina, Brasil y Paraguay, más Estados Unidos, para el control terrestre, aéreo, y fluvial de la zona de la Triple Frontera funcionaba perfectamente, por lo tanto no había alarma”, explicó.
La especialista recordó que en 2010 Estados Unidos expresó quejas porque los los gobiernos brasileño y argentino lo “dejaban un poco de lado” en la toma de decisiones. “Pero los terroristas siguen sin aparecer. Finalmente, a partir de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales argentinas, los medios norteamericanos y el Departamento de Estado empiezan a agitar nuevamente la presencia terrorista en la zona de la Triple Frontera. Esta vez, si se trata de Al Qaeda, es por medio del Frente Al-Nusra [Frente de la Victoria para el Pueblo de Gran Siria] pero sobre todo es el Daesh”, definió la representante del CEMIDA.
En esa línea de razonamiento, Luzzani divisó la conformación de un relato que acompaña la expansión militar de Estados Unidos para justificar su incidencia en todo el mundo. “Ellos necesitan varias justificaciones, porque tienen un presupuesto militar altísimo, que sale de los bolsillos de los norteamericanos. Tienen que convencer a sus ciudadanos de que paguen sus impuestos para su seguridad, y que para eso también es necesario el armamentismo y las bases militares. Cuando van a hacer la guerra en Irak necesitan justificarse diciendo que hay armas de destrucción masiva, porque cuál sería sino el argumento para hacer una guerra ahí”, evaluó y subrayó: “Tienen que armar un relato que sea convincente. Como en la Triple Frontera, donde afirman que hay musulmanes del Ejército Islámico que pueden afectar no sólo a los países de alrededor sino también a ellos. Ese mismo relato sirve a los gobiernos locales para justificar que Estados Unidos venga a poner una base, porque el ciudadano también se pregunta por qué tienen que venir a poner una base. Entonces fogonean con esas mentiras y eso convence”.
“Estados Unidos no dice que no va a venir, argumenta que se trata de bases científicas o contra el narcotráfico, que no son en absoluto bases militares y que esto es una especie de paranoia. Pero Tierra del Fuego y la Triple Frontera son dos lugares muy estratégicos a nivel de recursos naturales…», afirmaba Luzzani.
¿Y los recursos naturales?
La posibilidad de control sobre recursos naturales clave aparece como fantasma detrás de los rumores. “Si uno mira en la página del Pentágono, se puede ver que ellos hacen proyectos a largo plazo, y en esos proyectos dicen lo que piensan, no lo ocultan. Dicen que quieren tener el acceso necesario a los recursos para cuando ellos lo necesitan. Mientras tanto no los van a tocar”, afirmó Luzzani.
Bruzzone completa: “Cuando se leen todos los documentos del Pentágono, del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa, de la CNA Corporation que está compuesta por altos jefes militares y navales norteamericanos, más otros estudios complementarios, lo que dicen es que Estados Unidos tiene que militarizar el mundo, expandirse a través de bases militares ubicadas cerca de las zonas donde hay recursos naturales para tener el acceso y control cuando llegue el momento”.
Y advierte que los puntos elegidos en el continente “rodean recursos naturales: agua dulce, hidrocarburos, minerales, insumos para la producción de alimentos y medicamentos, y biodiversidad. Todos recursos estratégicos que Estados Unidos no tiene porque los depredó”.
Ambas especialistas subrayan que San Ignacio, en Misiones, es uno de los puntos más importantes de carga y descarga del Acuífero Guaraní -tercer reservorio de agua dulce del mundo- compartido entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Otro punto es la zona de la Triple Frontera, desde donde también se accede al control de la Amazonia. Y con la base en Ushuaia, se ratificaría el control que tiene la OTAN en Malvinas, y desde donde ejerce el control de “toda la zona del Atlántico Sur, el Estrecho de Magallanes, el Pasaje de Drake –tramo de mar que separa a ambos continentes- y el Canal de Beagle”. Sobre la plataforma marítima argentina, donde hay yacimientos de hidrocarburos, existen nódulos polimetálicos que son concentraciones de minerales altamente estratégicas para el uso de la industria aeroespacial y militar. Además, es la zona de mayor variedad y volumen de peces en el mundo. A su vez, Malvinas está muy cerca de la Antártida, el continente con mayor reserva de agua dulce congelada del mundo, con hidrocarburos y minerales estratégicos.
Actualizado 02/08/2016
Jul 29, 2016 | inicio
A pocos días de haber iniciado el período presidencial de Cambiemos, liderado por Mauricio Macri, el decreto de necesidad y urgencia 267/15 disolvió la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), para crear el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). De esta manera, se intervinieron dos elementos centrales en materia de comunicación: Argentina Digital y la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).
El artículo 97 de esta última establecía que el 10% de los fondos que recaudara la AFSCA serían destinados a proyectos especiales de comunicación comunitarios, de frontera y de pueblos originarios. Así, la ampliación de voces y la democratización de la palabra quedarían garantizadas, aunque con un largo camino por delante. El Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) fue el mecanismo ideado para implementar en el plano de lo real la redistribución de los ingresos generados por gravámenes y multas. La finalidad era multiplicar los procesos de actualización tecnológica y de producción de contenido por parte de actores sociales sin fines de lucro, mediante convocatorias abiertas a concursos públicos. Entre 2013 y 2015, el fondo redistribuyó más de $166 millones que, en su mayoría, fueron invertidos por organizaciones en la compra de equipamiento para la producción radial y audiovisual.
El artículo 97 de esta última establecía que el 10% de los fondos que recaudara la AFSCA serían destinados a proyectos especiales de comunicación comunitarios, de frontera y de pueblos originarios.
El proceso constaba de un primer momento de concurso, que tenía exigencias específicas según la característica particular del concurso; luego, se llevaba a cabo el pago de la primera parte y su respectiva rendición, para acceder al segundo pago. Sin embargo, desde fines de 2015 el FOMECA se encuentra suspendido, lo que significa que aquellos que ganaron el concurso durante dicho año todavía no reciben el pago que les corresponde: se trata de, aproximadamente, 300 ganadores que ven complicada la posibilidad de llevar a cabo su proyecto original. Por otro lado, el ENACOM todavía no ejecutó su presupuesto 2016, razón por la cual tampoco llamó a nuevos concursos. Esta decisión política en materia de comunicación trae aparejada una deuda hacia aquellos sectores que se comprometieron con una planificación planteada que no puede ser llevada adelante, justamente por falta de pago. De esta manera, se vulnera simultáneamente otra indicación de la LSCA, que contempla que 33% del espectro radioeléctrico se destinará exclusivamente a medios de la esfera social y comunitaria.
El miércoles, en las puertas del ENACOM (Perú 106, ex sede de AFTIC), cientos de oyentes, televidentes e integrantes de medios comunitarios se reunieron con carteles y banderas para hacer escuchar estos reclamos. La convocatoria se dio desde Pares TV, Urbana TV, Barricada TV, Arecia, la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), Red de Productoras Audiovisuales Comunitarias (Red PAC), Red Colmena, Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), AMARC y RedCom. Mariana Pugliese, presidenta de FARCO, dijo: “Queremos que se abran las líneas de FOMECA con la totalidad del presupuesto que la ley dispone. Que se pague la totalidad de lo adeudado. Que participemos (si es que hay un debate de una ley de medios convergente, como se estaba planteando) con la misma intensidad democrática con que participamos en la ley que hoy está vigente. No se trata sólo del cumplimiento, sino de la forma de ese cumplimiento. Dicen que quieren fomentar el sector comunitario y nosotros entendemos ese fomento como el crecimiento real del 33%”.
Desde fines de 2015 el FOMECA se encuentra suspendido, lo que significa que aquellos que ganaron el concurso durante dicho año todavía no reciben el pago que les corresponde.
Los manifestantes sostenían carteles que expresaban los reclamos: “Respeten 33% para los medios sin fines de lucro. No a la concentración” o “¿Sabías que hay sólo tres canales comunitarios legalizados y dos de ellos son interferidos por Canal 13?”. Este último caso da cuenta de la situación en la que se encuentra Barricada TV, que ganó un concurso y obtuvo una licencia en televisión digital abierta de baja potencia en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el canal de prueba de Canal 13 interfiere con su señal. Otro de los pedidos incluidos en la concentración era, justamente, que se habilite a los canales que ganaron concursos en televisión digital y terminar con la concentración mediática.
Aunque las autoridades tardaron en dar una respuesta, finalmente un integrante del directorio del ENACOM, Heber Martínez, se acercó y dejó asentado el compromiso de que Miguel De Godoy se reúna con los representantes de los medios comunitarios el jueves de la próxima semana, aunque no confirmó ningún horario puntual. Santiago Vivacqua, de Red PAC, dijo al respecto: “Fue muy importante el acompañamiento de los oyentes, los televidentes, de los que todos los días hacemos comunicación comunitaria, popular y autogestiva. Sigamos organizándonos para que, en algún momento, algo de todo lo que nos están prometiendo, se cumpla”.
Actualizada 29/07/2016
Jul 26, 2016 | inicio
A las 9 de la mañana de un sábado, un micro escolar se estaciona frente al 1950 de la calle Punta Arenas en el barrio de La Paternal. Hace mucho frío, pero de a poco llegan mujeres con changuitos de compras. Son vecinas de la zona que participan de los viajes al Mercado Central de Buenos Aires organizados los segundos sábados de cada mes por la Unidad Básica “La Irreversible” de La Cámpora. Susana Bellido y Alejandro Funes son los militantes encargados de coordinar la actividad. “Las compras siempre son un éxito porque es una gran ayuda al bolsillo de cada vecino. Las necesidades son terriblemente grandes y se hace una gran diferencia”, aseguró Bellido.
Sin embargo, Susana advirtió que los precios también subieron en el Mercado Central desde que la gobernadora María Eugenia Vidal echó a Alberto Samid, vicepresidente del lugar. “Era el que rompía para que los precios se mantengan”.
“Las compras siempre son un éxito porque es una gran ayuda al bolsillo de cada vecino. Las necesidades son terriblemente grandes y se hace una gran diferencia”, aseguró Bellido.
La organización Consumidores Libres informó que la canasta básica aumentó un 3,16 por ciento en junio y que de enero hasta a la fecha el incremento de precios es del 22,83 por ciento. Héctor Polino, fundador y director de la entidad, sugirió realizar compras de manera comunitaria como forma de paliar estos aumentos que, según él, están causados por la devaluación del peso, la quita o reducción de retenciones al sector agropecuario, el aumento en los servicios o el precio de los combustibles. “Hay aumentos en la estructura de costos, pero además hay un rubro que se llama “por las dudas” y se remarcan los precios sin ningún tipo de control”, denunció Polino.
“Nosotros salimos así vengan dos o treinta personas”, dijo Alejandro.
El micro arranca a las 9:30. Susana lamenta que el día anterior la llamaron varias personas para avisar que no podrían participar de las compras. Algunos porque se enfermaron o les salió un trabajo y otros porque, al estar a mitad del mes, no tienen dinero suficiente. “Nosotros salimos así vengan dos o treinta personas”, dijo Alejandro y agregó que esta es una actividad gratuita, que es la agrupación la que le paga los $1400 al conductor del micro.
En uno de los primeros asientos está sentada Gloria Camponigro, menuda y de pelo canoso. Ella es viuda hace cinco años y vive con su nieto que vino a estudiar a Buenos Aires. Gloria recuerda que la primera vez que fue al Mercado no recorrió mucho, pero que las veces siguientes se animó a dar vueltas y a comparar precios. “Hay que mirar”, recomendó y añadió: “Compré a $17 el kilo de pan, yo pensé que iba a estar feo, pero estaba riquísimo”.
Cerca de las 10 el micro estaciona entre los galpones del Mercado Central. Alejandro y el conductor ayudan a bajar a las mujeres mayores con sus changuitos. Estas se dispersan rápido apenas entran al galpón. Hay cajones repletos de frutas y verduras, vigilados por verduleros que constantemente gritan: “¡El que sigue!”. Carnicerías diversas, entre las que se encuentran varias sucursales de “La Lonja”, propiedad de Samid, y con una larga fila de clientes. Fiambres, lácteos, especias, aceites, plantas, ropa, zapatos, gente, gente y más gente.
“Compré a $17 el kilo de pan, yo pensé que iba a estar feo, pero estaba riquísimo”, recuerda Gloria.
Laura Saldaño fue derecho a comprar carne. Ella es ama de casa y vive con su hija de ocho años y su marido, Omar. Él trabaja en un servicio de mensajería y ahora tuvo que empezar a hacer delivery para una pizzería. “Si no, no llegamos”, se lamentó Laura. Gastó $402 en la carnicería y compró: 900 gramos de pamplona, 5 kilos de pata-muslo, 1 kilo de milanesas rellenas y 3 kilos de pechuga. Aseguró que con eso tiene para todo el mes. “Nunca me llevé chascos y me hace una diferencia a nivel mensual porque yo sé que acá me voy a gastar $500, pero después me ahorro $1000”.
“Para saber dónde comprar, tenés que mirar si hay fila. Si hay mucha gente, el lugar vende cosas buenas”, informó Laura. Contó que luego de comprar en el Central ella dedica todo el fin de semana a cocinar y guarda la comida en el freezer. Pasó por la fiambrería y cuando llegó a la verdulería señaló: “¿Ves? En el barrio el kilo de morrón está como a $100, acá tenés a $50 el verde y a $45 el rojo”.
Intentando salir del laberinto que es el Mercado, Laura se encuentra con Susana, que balancea feliz y orgullosa una bolsa de 700 gramos de filet de merluza que compró por $50. Ambas arrastraban sus changuitos llenos hasta el micro mientras intercambiaban recetas y consejos de dónde comprar el próximo mes.
“En otras épocas yo no he visto lo que está pasando ahora. Estos seis meses para mí son eternos”, afirmaba Inés.
En el micro ya estaba Inés Liliana Corradi esperando a los demás, con un cajón de 20 kilos de tomates a sus pies y con una libreta en la que anotó metódicamente sus adquisiciones. “Uno se la rebusca porque no alcanza la plata. Tenés que estirarla todo lo que podés”, dijo Inés. Ella es jubilada y vive con sus dos hijos. “Hasta noviembre del año pasado yo ganaba 420 dólares de jubilación. Al mes siguiente pasé a cobrar 300 porque el precio del dólar cambió. Tenía en mi bolsillo 120 dólares menos y los precios se fueron por las nubes”, se lamentó y agregó: “En otras épocas yo no he visto lo que está pasando ahora. Estos seis meses para mí son eternos”.
El resto de las mujeres llegan al micro y, junto con Alejandro, acomodan las compras. El conductor emprende la vuelta a La Paternal mientras todos charlan animados sobre cómo optimizar el rendimiento de sus adquisiciones.
Actualizada 26/07/2016
Jul 24, 2016 | inicio
Miles de trabajadores circulan a diario como autómatas por las distintas líneas de trenes y subtes del barrio porteño de Retiro. Disponen de tan poco tiempo que apenas si pueden detenerse unos minutos en algún puesto de comida al paso de los alrededores. Allí, en el hall central del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, se destaca un local de comida rápida que es atendido por eficaces trabajadores con discapacidad. Se trata de Discapanch, una de las tantas empresas gastronómicas que hoy se encuentra en riesgo de cerrar sus persianas y mantener sus fuentes laborales, como consecuencia de los aumentos indiscriminados en los servicios y la suba en el contrato de alquiler.
Los costos
“El problema es no solo para Discapanch sino para todas las pymes. Aumentan los proveedores, los impuestos, los servicios y, en menor medida, los salarios. Y todo ese aumento en los gastos fijos no se puede trasladar a los productos que vendemos porque la gente tiene poco poder adquisitivo. Termina siendo una trampa sin salida”. Así lo asegura Saúl Macyszyn, dueño fundador de Discapanch.
Macyszyn denuncia que se ha multiplicado por cinco la tarifa de servicios que pagaba en las últimas facturas. “La boleta de luz registraba 2.000 pesos y ahora pago 11.000, lo mismo el gas y el agua. Aducen que el aumento se debe a que se trata de un local comercial. Pero pido que me acompañen en esta reflexión: esto es un comercio que está generando trabajo social, hay una función social de darle empleo a personas que seguramente han sido discriminadas en otros empleos. Esto no es un consumo de energía individual en mi casa”.
Macyszyn logró recibirse de Analista de Organización y Métodos, tarea de la que pudo trabajar varios años, hasta que el salto tecnológico redujo esa actividad que fue remplazada por la de analista de sistemas.
Por su parte, la concesión de los locales comerciales de las distintas estaciones de tren está a cargo de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), en la órbita del Ministerio de Transporte de la Nación. Actualmente, este organismo proyecta de convertir en hall de Retiro en un shopping. “Están sacando a los comercios chicos que no pueden convertirse en centros comerciales de categoría aumentándoles el alquiler entre un 37 y un 50 por ciento. Están previendo que el valor del alquiler debe contemplar este cambio de imagen, que va a demandar mayor marketing y que va a suponer mayor venta y consumo”, señala Macyszyn, también presidente de la Asociación Microemprendimientos Solidarios.
“Estamos dialogando antes de llegar a un conflicto judicial. Las fuentes de trabajo para personas con discapacidad están protegidas por dos leyes nacionales: la ley 26.378 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la ley 4.308, aprobadas internacionalmente ante la ONU. Por eso, busco un acuerdo para llegar a una modernización que mi empresa pueda pagar y mantener todas las fuentes de trabajo de mi empresa”, afirma.
Orígenes
Sobre la barra de la derecha hay una larga vitrina con cada nota periodística que hace referencia a la vida de Saúl Macyszyn. “Evita me salvó la vida cuando me accidenté a los 10 años. Un camión se había descontrolado, se subió a la vereda y me atropelló contra un alambrado, me produjo múltiples lesiones y discapacidades, como la amputación de un brazo, disminución de la vista y de la motricidad de las piernas. Evita conoció mi caso y la situación social de mis padres, que eran muy humildes, y le pidió al doctor Ricardo Finochietto que me atendiera, un adelantado en materia de cirugía en la Argentina”, rememora este hombre de mirada franca detrás de sus grandes lentes. “Estaba convaleciente y no podía caminar. Evita me regaló un trencito para estar entretenido y rodeado de amiguitos”, agrega con nostalgia.
“Nosotros no nos sentimos discapacitados, nos sentimos personas con capacidades diferentes» afirmaba Walter Gabriel Versaci.
Macyszyn se casó y tuvo tres hijos. En 2000 creó la Asociación Microemprendimietos Solidarios para colaborar en el bienestar de las personas con discapacidad, ofreciendo asesoramiento y capacitación gratuitos. Integró la Mesa de Diálogo en una comisión del Senado de la Nación sobre discapacidad como asesor honorario (sin remuneración), hasta que el organismo fue disuelto por la vicepresidenta Gabriela Michetti.
Macyszyn logró recibirse de Analista de Organización y Métodos, tarea de la que pudo trabajar varios años, hasta que el salto tecnológico redujo esa actividad que fue remplazada por la de analista de sistemas. Así, durante siete años, Saúl estuvo sin empleo fijo. En cada entrevista “era discriminado porque me faltaba un brazo”, dice mientras cubre su calva del frío de la estación con su boina negra. “De repente, me di cuenta que la única persona que podía darle empleo a Saúl Macysyn era Saúl Macysyn”, agrega con una sonrisa.
Así, en 1998, nació Discapanch como un modesto puesto de venta callejera de panchos, que estaba atendido por la familia Macysyn. Recién en 2001 Saúl pudo acceder, con el dinero de la venta de su casa, a la concesión de uno de los locales de la estación Retiro.
“‘Ahora voy a tomar personas con discapacidad’ -me dije. Voy a demostrarle a la sociedad que no tiene porqué discriminar. Si se les da una buena capacitación y una disposición ergonómica laboral adecuada -adecuar el lugar de trabajo y otorgar las herramientas para que la discapacidad no interfiera en la labor-, terminás teniendo un trabajador excelente”.
Cerca de un centenar de trabajadores han sido parte de las empresas de Macyszyn. Actualmente, Discapanch opera con 12 empleados, y diez de ellos son personas con discapacidad. El sueldo más bajo es de 13 mil pesos, según informa Macyszyn, quien por su parte se opone a la quita de subsidio para los discapacitados que han conseguido empleo formal.
Los trabajadores
Entre quienes trabajan en Discapanch se encuentra Walter Gabriel Versaci, de 41 años. Trabaja hace siete años como cajero. Está a cargo de un hijo de 13 y de sus ancianos padres. Versaci, que nació con hemiplejía congénita, recuerda: “Trabajaba de modo informal en otro local de comida y también hacía changas para sobrevivir”. Y aclara: “Nosotros no nos sentimos discapacitados, nos sentimos personas con capacidades diferentes. Nos da bronca e impotencia que este lugar pueda cerrar. Toda empresa tiene que tener como mínimo un cinco por ciento de personas con discapacidad entre su personal y eso se cumple en pocos lados”.
Guillermo Martín Aguirre tiene 41 y es otro de los empleados que está defendiendo su fuente de trabajo. Cumple funciones como cajero hace siete años y tiene dos hijos. “Trabajé en un maxikiosko, hacía changas y en la mayoría de los lugares donde fui a pedir empleo me cerraban la puerta apenas me veían”, asevera Aguirre y explica su estado: “Tengo un problema de nacimiento en la muñeca, pero eso no me impide ejercer funciones porque tengo mucha movilidad. Me manejo muy bien y soy muy eficaz. Acá en Discapanch me pude desarrollar y ayudar a mi familia y me siento bastante bien con eso”.
En tanto, Guillermo Claudio Molina nació con focomelia, una enfermedad que le produjo una malformación en los brazos. Tiene 31 años, una nena de 11 y un nene de 5. Entró a trabajar en la panchería en diciembre de 2014 como ayudante de cocina. “Fui ayudante de albañilería, de pinturería, fui vendedor ambulante, fui parte de la Lotería Solidaria también”, dice y agrega: “No sufrí discriminación de modo directo, pero se sabe que por atrás existe y que no te llaman porque ya te juzgaron como una persona que no va a poder con la tarea que se le mande o que no va a dar con la presencia que demanda una empresa. Directamente te niegan la posibilidad de demostrar que sí podés y con eso te niegan también la integración social”.
El joven Maximiliano Escobar tiene 21 años y hace seis meses consiguió su primer empleo como ayudante de cocina. Maximiliano perdió el 80 por ciento de su capacidad auditiva y aún así contribuye con la economía de su familia. Busca darle el mayor bienestar posible a su padre quien padece diabetes y está atravesando por un cáncer cerebral. “Un poco mi enfermedad me afecta para realizar ciertas tareas; por ejemplo, intenté estar en la barra atendiendo pero me pasa que no puedo reaccionar a tiempo frente a lo que me están pidiendo. Justamente porque no puedo escuchar. Pero acá Saúl y mis compañeros me tienen paciencia y me ayudan en todo lo que pueden”, manifiesta Maximiliano.
“Estaba convaleciente y no podía caminar. Evita me regaló un trencito para estar entretenido y rodeado de amiguitos” afirmaba Saúl Macyszyn.
El futuro
Desde que se desató el conflicto con SOFSE, Discapanch tuvo una serie de inspecciones por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de Control Bromatológico de los Alimentos y del Ministerio de Trabajo. “Siempre tuvimos inspecciones cada dos meses, pero de repente se desata este conflicto y surgieron un montón de inspecciones casi al mismo tiempo”, dice Macyszyn y añade: “No encontraron nada para sancionarnos, lo único que me dijeron es cambiar una mesada de madera por una de acero inoxidable, que me metió en un gasto más de 70.000 pesos para adecuarme a las exigencias de la inspección”.
Finalmente Macyszyn concluye: “Discapanch está trabajando en el límite de ser deficitario y en el mes de julio con el pago de aguinaldos Discapanch será deficitario. Así que ojalá este mensaje lo escuche Gabriela Michetti, que disolvió la Comisión de Discapacidad y lo escuche también el ministro de Trabajo Jorge Triaca y el de Transporte Guillermo Dietrich: todo gobierno debe otorgar una distinción a toda PYME que genere una función social, no solamente con la discapacidad sino con toda problemática social. No por recaudar más se puede descuidar la política social de un gobierno”.
Actualizada 26/07/2016
Jul 24, 2016 | inicio
Algunas fueron organizadas en tribus de crianza. Otras asistieron convocadas a través de las redes sociales. Estaban las que conocieron el relato por amigas. Y las que viajaron desde lejos con su familia. Pero todas decidieron manifestarse en repudio al atropello que sufrió Constanza y participar del piquetetazo, dándoles la teta a sus bebés en el mismo lugar. Junto con sus maridos, familiares y amigos, resignificaron ese acto de amor y demostraron que la unión hace la fuerza.
“Nos tocan a una y nos tocan a todas” dice a ANCCOM Mariela, mamá de dos chicos, una beba de 4 meses y un nene de 12 años, mientras le da la teta a su nena y le cuenta a otra mamá la angustia que le generó haber escuchado la historia de Constanza. “Me parece injusto que se trate a una mujer de esta manera, un hecho así no se puede dejar pasar. Como sociedad tenemos que tomar conciencia sobre la discriminación que sufren las mujeres”, afirma Pablo, su cuñado, que también decidió asistir a la manifestación junto con su esposa, su hija mayor y sus mellizas. “No puede ser que se le den armas a policías locales sin que tengan una mínima formación en derechos civiles”, agrega.
“Nos tocan a una y nos tocan a todas” dice Mariela, mamá de dos chicos.
El pasado martes 12 por la mañana, Constanza Santos salió del Banco Provincia, y ante el llanto de Dante, su bebé de 9 meses, decidió hacer una pausa y amamantarlo sentada en los renovados bancos de la plaza de San Isidro. Y aunque cueste imaginarlo, una madre alimentado a su hijo se convirtió en delito. Dos oficiales de la policía local se acercaron para impedirle continuar con la alimentación. Estas mujeres obligaron a Constanza a retirarse esgrimiendo que estaba prohibido realizar esa actividad en lugares públicos. El descargo de Constanza en las redes sociales, luego de que varias comisarías le negaran la posibilidad de realizar una denuncia ya que no la habían agredido físicamente, generó tanta indignación que muchas otras mujeres, sin conocerla, decidieron organizarse para repudiar este hecho.
Es el caso de Milena Singer, artista plástica de 30 años que decidió manifestarse haciendo un cuadro, mientras su hijo mayor agrega que la mamá es artista y pinta muchas cosas. Al respecto, la mujer comentó: “Me parece un horror que echen a una persona amamantando, porque está en una situación de vulnerabilidad total. Cada madre tiene el derecho de alimentar a su hijo donde quiere, porque es un acto de amor”.
Constanza Santos llegó más tarde a la manifestación y prefirió no ser fotografiada. Aunque se siente orgullosa por la cantidad de gente que se movilizó para darle su apoyo, cree que es absurdo tener que organizarse de esta manera para darle de comer a un chico en libertad y se mostró incómoda ante la presencia de distintas agrupaciones políticas.
“Me parece un horror que echen a una persona amamantando, porque está en una situación de vulnerabilidad total. Cada madre tiene el derecho de alimentar a su hijo donde quiere, porque es un acto de amor” Milena Singer.
Pocos días después de la convocatoria, desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires se dio a conocer que las oficiales involucradas fueron sumariadas por la Auditoría de Asuntos Internos. Pero, aunque funcionarios locales han pedido los nombres de las oficiales, éstos permanecen en reserva. “Me dan una respuesta para que me quede contenta”, dice Constanza.
Jimena forma parte de una “tribu de crianza consciente” y es mamá de una beba de cuatro meses. Entre sus motivos para asistir a la marcha fundamenta: “Yo también estoy en un momento de lactancia y me parece que es lo mejor que puede haber para un bebé como alimento y para nosotras como mujeres a nivel vínculo con los niños”y agrega: “Llegamos a un punto de locura porque todo el tiempo se muestran muchas cosas peores en la televisión y en la vía pública y creo que no se puede dejar pasar silenciosamente esta situación injusta”.
Vilma, en tanto, viajó desde el barrio porteño de Villa Luro para estar presente, y dice que su objetivo es defender los derechos de los niños a la lactancia materna. Coincide con ella Karen, quien cree que lo sucedido es un atentado a los niños, y comenta: “Me parece totalmente inédito y desubicado lo que le paso a esa mamá, es algo tan natural alimentar a un cachorro, lo vemos en la naturaleza y en el mundo.” Otro matrimonio presente el de Francisco y Noelia, de 32 años, papás de Caín de 9 meses, plantea su preocupación por discursos que relacionan el amamantar con el exhibicionismo y enfatizan en la necesidad de mayor y mejor presencia del estado para educar y capacitar sobre problemáticas de género y de violencia hacia las mujeres.
“Me parece totalmente inédito y desubicado lo que le paso a esa mamá, es algo tan natural alimentar a un cachorro, lo vemos en la naturaleza y en el mundo” afirmaba Karen.
En las calles próximas a la plaza algunos oficiales desviaban el tránsito, ya que el centro de San Isidro se transformó por algunas horas en una peatonal. Se estima que más de 500 personas se hicieron presentes, aunque no se han brindado cifras oficiales desde el municipio. También se realizaron protestas similares en Resistencia, Mendoza y Neuquén, entre otras ciudades.
Los comerciantes de los alrededores de la plaza de San Isidro también se sumaron a la protesta y algunos habilitaron sus terrazas a la prensa para que se tomaran fotografías. El grupo de percusión Tumbanda, que promueve el empoderamiento de la mujer a través de la música acompañó la protesta con sus tambores, en un marco de gran compromiso y respeto.
“No hay que olvidar que tiene una trascendencia nacional. Es parte de los reclamos de las mujeres en contra de la violencia institucional y la cosificación” afirmaba Vilma Ripoll.
Figuras de distintos sectores políticos estuvieron presentes, como el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el senador provincial Sebastián Galmarini, del Frente Renovador, la diputada por el movimiento Libres del Sur, Victoria Donda, la dirigente del MST Vilma Ripoll, los dirigentes Leandro Santoro y Leopoldo Moreau y el bloque de concejales del PJ-FPV de San Isidro.
Para Vilma Ripoll es muy saludable el armado espontáneo del reclamo y aclara: “No hay que olvidar que tiene una trascendencia nacional. Es parte de los reclamos de las mujeres en contra de la violencia institucional y la cosificación”. El intendente Gustavo Posse, de Cambiemos, no estuvo
presente, aunque en un comunicado manifestó su solidaridad con la mamá y la reafirmación de una política municipal de promoción de la lactancia.
Por su parte, Juan Ottavis, Concejal del bloque FPV de San Isidro alerta: “Esto se visibiliza porque fue en El Mástil y en el centro de San Isidro, porque si pasa en los barrios ni nos enteramos”. Y aclara que el Concejo Deliberante de su partido aprobó por unanimidad una iniciativa de su bloque que expresaba el repudio hacia la situación de violencia institucional y de género, y reclamaba sanciones hacia las agentes de seguridad.
“Esto se visibiliza porque fue en El Mástil y en el centro de San Isidro, porque si pasa en los barrios ni nos enteramos” afirmaba Juan Ottavis.
Para los dirigentes Leandro Santoro y Leopoldo Moreau, este tipo de agresiones está relacionado con un clima de época. “Cuando el aparato represivo siente que le sueltan los controles se va para cualquier lado. Pasó en la Capital Federal cuando la gendarmería va a reprimir la murga en la villa 1-11- 14, pasó cuando un ciudadano con un cartel que critica al gobierno se tuvo que bajar del tren”, señala Santoro. “Me parece muy sano lo que ha sucedido aquí hoy, es una manifestación que demuestra que la sociedad no está dispuesta a volver para atrás, no está dispuesta a avalar ningún gesto de autoritarismo”, concluye, por su parte, Moreau.
Actualizada 24/07/2016
