«La causa de Facundo atraviesa todas las miserias de nuestra sociedad donde nadie queda bien parado», dice Aparicio.
El 30 de abril Facundo Astudillo Castro salió de su casa, en Pedro Luro, con dirección a Bahía Blanca para encontrarse con su expareja. Pero durante el camino, el joven de 22 años fue detenido por la Policía bonaerense y nunca llegó a destino. Luego de más 100 días desaparecido, el pasado miércoles se confirmaron las peores sospechas: los restos hallados el 15 de agosto en un cangrejal de Villarino Viejo coincidió con su ADN, información que fue confirmada por la jueza federal María Gabriela Marrón. La autopsia se realizó el 25 de agosto bajo los protocolos de Minnesota, aplicado para los casos de muertes ocurridas en custodia de fuerzas de seguridad y el resultado final puede demandar entre 30 y 60 días.
Durante los últimos días se detectó, a través de informes de geolocalización, que un patrullero Toyota Helios estuvo el 8 de mayo en el lugar donde se encontraron los restos óseos del joven de 22 años. El patrullero en cuestión fue peritado hace dos días por el especialista Marcos Herrero y su perro ‘Yatel’ siguiendo las tomas de olor de Astudillo: “El perro destrozó la parte trasera del Toyota Helios, el resultado del procedimiento fue positivo”, confirma Leandro Aparicio, el abogado de la familia Astudillo Castro.
Para el futuro de la causa será clave el rol que tengan aquellas personas que vieron por última vez a Facundo: “Hay testigos amenazados, testigos aterrorizados que no pueden salir de la casa. Se lo dijimos al Presidente, al Gobernador, ya no sabemos a quién más decirle. Es preocupante el poder que tiene la Policía bonaerense”, advierte Aparicio.
El pasado lunes, además de dialogar por 40 minutos con Alberto Fernández, la madre de Facundo, Cristina Castro, Aparicio y Luciano Peretto –el otro abogado de la querella– se reunieron con otras autoridades nacionales y provinciales: “A Sabina Frederic le expusimos todos los pormenores de la causa. También conversamos con el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, y con el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla”. El balance de las reuniones fue positivo para Aparicio: “Volvimos desde Buenos Aires con la designación de dos fiscales que van a intervenir junto con el fiscal que ya recusamos dos veces”. El abogado defensor de Cristina Castro en más de una ocasión hizo pública su disconformidad con el accionar del fiscal federal a cargo del caso, Santiago Ulpiano Martínez.
Castro se reunió con el presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof y la ministra de Seguridad Sabrina Frederic.
¿Cómo continuará desarrollándose la causa tras la aparición sin vida de Facundo? ¿Por qué desde la querella continúa la firme convicción de que hubo una responsabilidad directa de la Policía bonaerense en la muerte de Facundo?
A partir de la aparición de los restos de Facundo, la causa está tomando un ritmo vertiginoso con situaciones que no imaginábamos. Durante los últimos días continuamos tomando testimonios vía Zoom, los cuales confirmaron nuestra hipótesis de que Facundo Castro fue víctima de una desaparición forzada a manos de la policía. El cuerpo que apareció el 15 de agosto fue plantado en ese lugar: Facundo de ninguna manera pudo caerse de un puente o ir por un río. La zona donde fue hallado el cuerpo no tiene forma de explicarse racionalmente. Era un esqueleto sin rastros y con una zapatilla intacta a 20 metros. Ya no sé si es una torpeza más de este protocolo de encubrimiento o si es un mensaje de la Policía bonaerense para nosotros, para el Presidente o para el Gobernador.
Se sabe que el hallazgo del cuerpo fue parcial, ¿hubo nuevos indicios en la zona de la aparición de los restos?
Sí, escalofriantes. Anteayer unos pescadores se acercaron y dijeron que nuevamente había restos humanos: encontraron un maxilar y llamaron al Equipo de Antropología Forense. Les dijeron que ese maxilar no se correspondía con el de Facundo. O sea que en ese lugar ya tenemos dos cuerpos. Uno es de Facundo y el otro no sabemos de quién es. Todavía no sabemos si hay más cuerpos. Quizás estemos en presencia de un cementerio clandestino de la Policía bonaerense.
Usted ha cuestionado en varias ocasiones las respuestas estatales con respecto al caso ¿Qué diálogo han tenido en los últimos días con el Gobierno nacional?
Cristina Castro tiene una comunicación permanente con el Presidente. Como es de público conocimiento, estuvimos reunidos con él en la quinta de Olivos. Habló con Cristina durante 40 y 50 minutos. En este gobierno hay un matiz distinto con respecto a la gestión anterior. El gesto de un presidente de invitar a la mamá de un desaparecido que pide la renuncia del ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires no es un gesto casual. Sin embargo, desde quienes integran hoy el Frente de Todos salieron desesperados a pedir por Santiago Maldonado y en este caso se quedaron callados. Facundo no era anarquista, ni socialista: era del Frente de Todos. Si no salen a pelear por los desaparecidos de su movimiento, están condenados al fracaso.
¿Qué opina del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires?
Berni era carapintada en 1987. Durante el menemismo, en los noventa, fue espía de los mineros de Río Turbio. Después, se jactó de tener el “desalojamiento más pacífico de la historia” con un saldo de tres muertos. Berni está camino a ser el nuevo Bolsonaro.
«Vamos a mostrarle a todo el mundo que la policía está relacionada con la Justicia y con el narco», dice la querella.
¿Cómo analiza el rol del periodismo en este caso?
Algunas esferas del periodismo son vergonzosas. Hay un sector del periodismo muy vinculado a los servicios y a la policía. Tenés a Pablo Duggan, Paulo Kaplan, Javier García. Ellos son funcionales para que haya desaparecidos. Y se los dije en la cara. Para que hayan desaparecidos también tiene que existir ese tipo de periodismo. La causa de Facundo atraviesa todas las miserias de nuestra sociedad donde nadie queda bien parado: ni la Justicia, ni la política, ni la policía, ni los periodistas.
Argentina tiene una historia reciente muy ligada con la violencia institucional. ¿Por qué esto sigue ocurriendo y qué ha aprendido en este caso?
La mamá de Facundo me ha enseñado muchas cosas. Ella siempre dice que hay que tener fe y que las cosas se van a solucionar. No solamente el caso de Facundo, sino que se van a aclarar otros casos impunes como el caso de Katherine Moscoso, que la desaparecieron; y después, 300 policías plantaron el cuerpo. Encamino mis esfuerzos y lo que yo pueda aportar en esta causa con la creencia de que junto a ella no solo vamos a descubrir lo que pasó con Facundo; también vamos a mostrarle a todo el mundo la mugre que hay en esta zona, donde la policía está relacionada con la Justicia y está relacionada con el narco. Yo creo en Cristina Castro, no soy religioso pero sí creo en ella. Estoy en esa cruzada acompañándola a que lleguemos a buen puerto por Facundo y por tantas otras personas.
Si bien el espacio público es el lugar tradicional de lucha por los derechos humanos, esta vez, como ya ocurrió el 24 de marzo, la pandemia cambió los planes y el 44° aniversario de la Masacre de Fátima se recordó de manera virtual. No fue, como cada año, el mismo espacio verde junto a un camino rural donde el terrorismo de Estado asesinó a 30 personas, sino a través de Zoom, donde familiares de las víctimas, organizaciones y vecinos comprometidos con los derechos humanos se encontraron para mantener viva la memoria colectiva, y seguir exigiendo verdad y justicia.
La madrugada del 20 de agosto de 1976, treinta peronas que se encontraban detenidas ilegalmente en el centro clandestino que funcionaba en la Superintendencia de Seguridad Federal de la Ciudad de Buenos Aires, fueron sedadas, subidas a un camión del Ejército y trasladas a la localidad de Fátima, en Pilar. Allí, la dictadura cívico militar asesinó a veinte hombres y diez mujeres. Estaban con los ojos vendados y atados de pies y manos, se les disparó a cada uno en la cabeza y luego se los dinamitó. La explosión, que fue a eso de las 4:30 de la mañana, los dispersó en un radio de 30 metros. Las víctimas de la masacre habían sido secuestradas por las fuerzas de seguridad: los habían “chupado”, a la mayoría de sus casas, grupos armados movilizados en Ford Falcon.
“Los primeros en verlo fue la gente que trabajaba en la fábrica de ladrillos. Horrorizados volvieron a sus casas a contar lo que habían visto, pero enseguida llegó la policía, la zona se llenó de militares”, cuenta Cristina Luján Godoy es vecina de Fátima y tenía ocho años cuando ocurrió la masacre que aún recuerda: “Los vehículos pasaban en la madrugada, nos llamó mucho la atención porque Fátima es un lugar muy tranquilo, con poca gente. Después la explosión. Escuchamos el estruendo, muy grande, para nosotros había sido el horno de la fábrica de ladrillos”. En diálogo con ANCCOM, Cristina rememora esa fecha que marcaría un antes y un después. “Pasando por el campo vi soldados, escondidos, como en posición de guardia. Los vecinos empezaron a comentar que había pasado algo raro. Pero después de ese día fue un silencio total, nos dijeron que no contemos nada. Fue algo muy macabro que no me voy a olvidar nunca”.
Cada 20 de agosto, llegan hasta Fátima los familiares de las víctimas de la masacre. Primero se reúnen en Moreno 1417, la dirección de la Superintendencia de Seguridad Federal, actualmente señalado como ex centro clandestino de detención. Luego, ya en Fátima, se encuentran en la Escuela Media N° 9. Van desde la Plazoleta de la Memoria, un largo trecho por el mismo camino de tierra que hace 44 años, hasta el lugar de la masacre, a recordar y reivindicar la lucha de las treinta víctimas.
Esta vez, el homenaje fue a través de un nutrido conversatorio virtual. Los familiares de los masacrados prepararon un video, en el que destacaron que aunque “pasaron 44 años, su presencia está intacta”. También hubo en el Zoom canciones alusivas, que se sumaron a un video artístico editado por el Municipio.
“Había que encontrar la forma de estar presentes, hacer este acto de memoria para recordar el hecho y las causas con las que estaban comprometidas las víctimas, por las que fueron asesinadas: lo que buscaban era un mundo mejor”, dijo José Luis Aguilar, integrante de la Comisión por la Memoria de la Masacre de Fátima, previo a la reunión virtual. También enfatizó el reclamo de justicia, al señalar que “es imposible pensar que para secuestrar, torturar, trasladar y asesinar a treinta personas, solo haya dos personas presas, semejantes maquinarias no funcionaban con poca gente”.
Un puntapié para el trabajo de memoria y reivindicación que se hace año a año, fue el proceso de identificación de las víctimas de la masacre por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Cuando ocurrió el hecho, en 1976, solo se identificó a tres personas, y se procedió a enterrar a todas las víctimas en una fosa común en el cementerio de Derqui. En aquel momento, los militares perpetradores de la masacre se desentendieron del hecho. Una década después, empezaron las tareas de análisis lideradas por el EAAF, por las que se identificó a la primera víctima en 1999, y al día de hoy ya se logró conocer la identidad de 25 de los treinta, el último el año pasado.
“Siempre cuando estamos por perder las esperanzas aparece algo más”, dice Hugo Argente, familiar de las víctimas de la masacre. “El 17 de marzo del 2000 me llaman del Equipo de Antropología Forense para decirme que mi hermano (Jorge Daniel Argente) era uno de los 7 reconocidos en ese momento”, recuerda. “Cuando empezó esto –agrega-, yo viajaba una vez por semana a Fátima. Pero hubo un año en que ya no tuvimos que organizar nada. Me llamaron los que estaban organizando las cosas en Fátima, y nos preguntaron si estábamos de acuerdo. Ahí me sentí militante, porque militante es el que crea conciencia”.
Integrante de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas desde 1979, y anteriormente militante de la Juventud Peronista y Montoneros, Argente hoy apunta a “compartir las banderas” con las nuevas generaciones: “Eso es lo que querría mi hermano, los 30 mil compañeros, los presos y los exiliados”. Y ese ímpetu se hace especial eco en la Escuela Nº9. Su ex director (ya jubilado) Donato di Santo, señala que “desde el año 2001 que conocimos a los familiares hemos trabajado este tema. Cuando llegué a Fátima sabía que había sucedido algo allí, pero no conocía bien el hecho. Me comentaron que familiares de desaparecidos querían venir a la escuela a contarlo, para mantener la memoria viva del hecho, y así fue”.
El primer año, recuerda el profesor, participó una murga del homenaje: “No es solo un aniversario de tristeza, porque es la reivindicación de ideales muy importantes”. Los alumnos empezaron a participar del Programa Provincial Jóvenes y Memoria, contando la historia de lo que había ocurrido en Fátima.
Afirma Cristina Godoy que “cuando la escuela se instaló en Fátima, recién ahí empezamos a hablar de lo que habíamos visto y lo que había pasado. En el pueblo se habían asustado, el silencio duró mucho tiempo”. Ese silencio pasó y en 2008 Cristina fue una de las personas que declaró en el juicio por la Masacre de Fátima, experiencia que recuerda como “aterradora”. “Declaré en busca de la verdad, para que se hiciera justicia y para que no pasara nunca más”, dice y añade: “Mataron a treinta personas en Fátima, no se puede olvidar”.
En julio de 2008 se conoció la sentencia por el juicio oral y público por la Masacre de Fátima, que solo condenó a perpetua a los ex policías Carlos Gallone y Juan Carlos Lapuyole, y absolvió a Miguel Ángel Timarchi. El comisario Carlos Vicente Marcote ya había fallecido y Luis Alberto Martínez se encontraba prófugo. Fue atrapado en 2012 por Interpol.
El reclamo por que se haga justicia y por conocer la verdad sigue vigente. En cada acto en la calle, y ahora también de manera virtual, reafirmando el nunca más al terrorismo de Estado.
Presentes, ahora y siempre
Hasta ahora fueron identificados: Inés Nocetti, Ramón Lorenzo Vélez, Ángel Osvaldo Leiva, Alberto Evaristo Comas, Conrado Oscar Alzogaray, Marta Alicia Spagnoli de Vera, José Daniel Bronzel, Susana Elena Pedrini de Bronzel, Selma Julia Ocampo, Haydeé Rosa Cirullo de Carnaghi, Carmen María Carnaghi, Norma Susana Frontini, Jorge Daniel Argente, Horacio Oscar García Gastelú, Juan Carlos Vera, Carlos Raúl Pargas, Ricardo José Raúl Herrera, Roberto Héctor Olivestre, Enrique Jorge Aggio, María Rosa Lincon, Cecilia Podolsky de Bronzel, Ernesto María Saravia Acuña, José Jacinto Pasquarosa, Juan Carlos Pasquarosa y Oscar Eladio Ledesma Medina.
El jueves 19 de marzo a la noche, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció que se pondría en marcha a partir del día siguiente el aislamiento social, preventivo y obligatorio, con el fin de evitar un colapso del sistema de salud a causa de la pandemia que el Covid-19 había provocado. A partir de entonces, los ciudadanos de todo el país solo podrían salir de sus casas para comprar alimentos, medicinas o alguna urgencia sanitaria. Las fuerzas policiales quedaban a cargo de asegurar que la cuarentena se cumpliera.
Lo que siguió a esa decisión fueron cuatro meses de abuso de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad de diferentes distritos, dejando como resultado un estimado de 92 casos de muertes a casua de la violencia estatal, según el último conteo realizado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
“Sabemos, por la experiencia acumulada en casi tres décadas de militancia antirrepresiva, que estos datos son parciales y probablemente sean apenas una pequeña muestra de las cifras reales, que tardaremos mucho en conocer. Aún así, impacta el número, que no es simple estadística, sino que refleja en qué medida la decisión de ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad en esta etapa de excepción resulta en más muertes de hijos e hijas del pueblo a manos del aparato estatal”, reza uno de los últimos informes de esa organización.
Tres policías están detenidos por el asesinato del adolescente Valentino Blas Correas, en Córdoba.
Uno de los primeros casos en ganar notoriedad fue el de Florencia Magalí Morales, la mujer de 39 años que apareció colgada el 5 de abril en una de las celdas de la comisaría de la localidad de Santa Rosa del Conlara, en la provincia de San Luis. Morales se encontraba detenida por haber violado la cuarentena. La hipótesis inmediata que se manejó fue que había sido un suicidio pero esa conclusión no convenció a la familia de Morales ni a varias agrupaciones feministas. Tres meses después, la causa aún no ha podido avanzar.
Si bien el abuso de poder por parte de la policía en nuestro país tiene una larga tradición, el contexto del aislamiento social parece ser un elemento que potenció el problema. “Las fuerzas de seguridad salieron a hacer cumplir el aislamiento, en muchos casos lo hicieron correctamente, en otros abusaron de sus facultades. Algunos integrantes de las fuerzas de seguridad se consideraron empoderados para actuar violentamente. Y las víctimas, en general, fueron los sectores más vulnerables de la sociedad”, declara Guillermo Torremare, co-presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Otro caso que tuvo un impacto mediático aun mayor fue el de Luis Espinoza, un tucumano de 31 años que vivía en Rodeo Grande y que el viernes 15 de mayo salió de su casa y no se lo volvió a ver, hasta que su cuerpo fue encontrado una semana después en un barranco en la provincia de Catamarca, envuelto en una bolsa y con un tiro en el omóplato izquierdo. El disparo, según se determinó, provenía de un arma reglamentaria de la policía provincial. Diez fueron los uniformados encarcelados con prisión preventiva, de distintos rango: el subcomisario de la zona, dos sargentos, tres cabos, dos agentes, un auxiliar y el vigía de la comuna. El 6 de agosto, en tanto, policías cordobeses mataron al adolescente Valentino Blas Correas, cuando este se dirigía a un bar junto a un grupo de amigos. Tres efectivos están detenidos por el asesinato.
“En la provincia de Buenos Aires se registraron 40 casos, en Santa Fe 10, en San Luis 6, en Córdoba 5, en Tucumán 4, en Mendoza 3, además de algunas provincias con un promedio de un caso cada una. Las fuerzas federales estuvieron involucradas en ocho casos, las fuerzas provinciales en 68, la ciudad de Buenos Aires en 7”, comenta Ismael Jalil, integrante de la CORREPI, y agrega: “Este aumento de casos durante la cuarentena tiene que ver innegablemente con que, de algún modo, lo que se ha hecho es resolver una situación de crisis con un mayor poder para la policía, un mayor poder represivo por parte del Estado, y esto se ve graficado en los números”.
Cristina Castro, la madre de Facundo, espera los resultados de la autopsia del cuerpo hallado en la localidad de Villarino.
En estos días emergió el caso de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años de Pedro Luro que salió de su casa el 30 de abril a hacer dedo en la Ruta 3, rompiendo la cuarentena y que, hasta el momento, más de 100 días después, continúa desaparecido. En el medio, testimonios que declaran haberlo visto siendo detenido por la policía bonaerense en la localidad de Mayor Buratovich, irregularidades y contradicciones de esa fuerza, la aparición de un objeto que podría ser de Facundo en una comisaria y denuncias de aprietes hacia familiares y la ex novia del joven. El sábado pasado por la noche se encontró un cuerpo en la localidad de Villarino y se aguardan los resultados de la autopsia para saber si efectivamente es el de Astudillo Castro y cómo se produjo su muerte.
“Las actividades de las fuerzas de seguridad, en gran medida, están fundadas en un ideario de control social autoritario y suponen la práctica de muchas acciones que implican violencia institucional. Una gran cantidad de policías tortura. Y la mayoría de los y las policías que no lo hacen, no censuran ni denuncian su realización. En Argentina rige un modelo policial militarizado, punitivista, arbitrariamente discriminador, que exalta la mano dura y los procedimientos violentos, que naturaliza los abusos de poder y encubre los delitos propios. Urge reorientar ese modelo policial”, advierte Torremare.
La investigación sobre la Megacausa Campo de Mayo se reanudó ayer de manera virtual con el relato de Julieta Pía Brochero, quien fue secuestrada en dos ocasiones junto a su madre siendo apenas una bebe. La búsqueda de su madre y el pedido de justicia por la muerte de su padre sigue vigente.
La investigación se centra en los crímenes de lesa humanidad cometidos contra más de 323 víctimas entre 1976 y 1978 en el Centro Clandestino de detención y Exterminio Campo de Mayo. Entre ellos, se encuentra los desaparecidos de la Operación Ferroviarios y los trabajadores de Mercedes Benz, entre otras víctimas.
Julieta Pía Brochero comenzó su declaración con la historia de su padre, Miguel Ángel Brochero, militante en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Fue asesinado en enero de 1976 cuando tenía 22 años: “Fue acribillado a balazos hasta dejarlo prácticamente irreconocible”, contó. Su madre, Patricia Zaldarriaga, quedó viuda con tan solo 18 años, estando embarazada de Julieta. Al poco tiempo de dar a luz, el 19 de mayo de 1976, ocurrió su primer secuestro.
Cuando Julieta tenía 19 días de vida, unos hombres vestidos de civil ingresaron al domicilio. Allí estaba su abuela materna, sus tíos, Pablo y Mauro Zaldarriaga, de 4 y 14 años, su abuelo Miguel Ángel Silva y ella junto a su madre. El grupo de operaciones saqueó el domicilio y se llevaron con ellos a Patricia, a Julieta y a Miguel.
El 30 de mayo de 1976 fueron liberados, en un auto que los dejo en el domicilio, agradeciéndole la “colaboración” a Miguel. Él apareció con sus ojos sin vendar, Patricia en cambio tenía vendas y claras marcas de tortura, como quemaduras de cigarrillo, heridas hechas por una picana y le faltaban las uñas. Unos hombres encapuchados llegaron a su domicilio a las pocas horas de haber vuelto. Luego de saquear lo que quedaba en la casa, como fotos y documentación, pintaron en todas las paredes con rojo la consigna “Operación Masacre”. Pasaron algunas horas siendo torturados hasta que se llevaron nuevamente a Patricia junto a su bebé a punta de pistola. Esta vez, su madre no regresó.
Julieta no sabe exactamente qué ocurrió después del secuestro, pero gracias a testigos pudo reconstruir que vivió sus primeros tres años de vida en la casa de un médico pediatra, Alejandro Ameijeira, y su esposa, quienes no podían concebir hijos. Su abuela materna consiguió recuperar a Julieta, aunque ella nunca supo cómo.
Volvió a la casa con su abuela quien la crio como su hija y le hizo creer que sus tíos eran en realidad sus hermanos “Mi vida a partir de los tres años fue cambiando varias veces -declaró ante el tribunal-. Por momentos, mi papá se había ido de viaje, luego en ese viaje había tenido un accidente, luego había muerto y finalmente había sido asesinado por el terrorismo de Estado, al igual que fue desaparecida mi mamá”.
Julieta Pía Brochero llamó varias veces a la casa en la que creció hasta los tres años pero la insultaron.
Julieta vivió su infancia intentando saber qué había ocurrido con sus padres. Se contactó con Abuelas de Plaza de Mayo y otros Organismos de Derechos Humanos, pero cuando intentaba hablar con su abuela sobre lo que pasó, ella se negaba a responder: “Cada vez que quise indagar, mi abuela tenía fuertes episodios violentos, cada vez más y cada vez peores”. Por este motivo decidió irse de la casa a los trece años: “Las preguntas que podría haber hecho a los doce o trece, cuando todavía podía armar mi identidad, quedaron inconclusas porque tuve que irme y no volví nunca más”.
Julita se distanció de su familia y no volvió a recuperar el contacto. Cuando creció intentó localizar al médico pediatra que se había apropiado de ella hasta que cumplió tres años. Supo que seguía viviendo en la misma casa y que tenía dos hijos junto a su esposa. “Llamé reiteradas veces, los hijos me insultaron y se negaron a hablar conmigo, yo simplemente llamaba para reconstruir esa parte de mi historia”. En varias ocasiones el médico le pidió que no llame más: “Me dijo que si yo estaba buscando algún tipo de justicia, no tenía nada que hacer llamando a su casa, que no molestara más a su familia, porque ellos no tenían nada que ver conmigo”.
Una de las personas que más datos aportó sobre su historia fue un amigo de su madre que la localizó en 2007. Para Julieta este contacto fue importante, pero también muy confuso: “Aseguraba que podía ser mi padre y eso para mí fue una cuestión emocional y psicológica terrible”. Julieta entendió que su palabra no era de fiar “no podía confirmar lo que él me relataba, era una persona mitómana”.
Entre tantas mentiras y verdades, Julieta aún busca reconstruir su historia. Para concluir su declaración, dedicó unas palabras a su familia, a sus hijos, a sus padres y a su “compromiso con la lucha para todos los que tuvimos que pasar por este genocidio infame y esta época terrible”. Pidió que se haga justicia y advirtió: “A los genocidas, que caminaron y siguen caminando, ante todo sepan que a donde vayan los iremos a buscar”. Mientras decía esto, Julieta sostenía en las manos un poema que su madre escribió tras la muerte de su padre, en enero de 1976. Para finalizar su testimonio decidió leerlo:
Para perfumar la tierra mi esposo amado murió en la guerra. Este dolor tan profundo, esta amargura de hiel, me chorrea por los ojos, porque han matado a Miguel. Si su camino es de espuma y al pisarlo se deshace que sea su compañera y desde el barro te abrace. Y si fuese de tierra, que te conviertas en yuyo y aunque te mate la guerra seguiré siendo amor tuyo. Llevo un hijo en mis entrañas, que me besa por adentro, que deje también lo vivo, que deje también lo muerto. Te volcare en la playa, cuando mayo abra las puertas la vida te está esperando, con las dos alas abiertas.
“Necesito que me entreguen a mi hijo”, repite Cristina Castro ante un puñado de periodistas que reposan sobre una de las ventosas veredas del centro de Bahía Blanca. A un costado, su abogado Leandro Aparicio no para de contestar mensajes: su teléfono explotó durante las últimas semanas. Grabado en el barbijo de Cristina se ve la foto de su hijo Facundo, acompañado de una leyenda que dice “Aparición con vida ya”. Hace tres meses, esa madre jamás imaginó tener que atravesar esta situación.
La mañana del 30 de abril Facundo Astudillo Castro salió de su casa, en Pedro Luro, con dirección a Bahía Blanca para encontrarse con su expareja. Facundo decidió recorrer los 125 kilómetros que separan las dos localidades del sur bonaerense “a dedo”, a pesar de los controles dispuestos por el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO). Durante su viaje por la Ruta 3, un retén policial lo detuvo a la altura de Mayor Buratovich, a 30 kilómetros de Bahía Blanca. Desde ese momento no se conoce su paradero. Según la versión policial, Astudillo continuó su camino, pero el joven de 22 años nunca arribó a destino.
“Acá es imposible perderse. Somos un pueblo y nos conocemos todos”, dice Cristina, la madre de Facundo Astudillo Castro.
El 5 de junio, Cristina Castro presentó la denuncia ante las autoridades del municipio, quedando asentada una causa por “averiguación de paradero”. Pero las contradicciones policiales y la falta de actividad procesal por parte del Poder Judicial bonaerense provocaron que, 20 días más tarde, Leandro Aparicio y Luciano Peretto, abogados de la familia de Facundo, logren que la causa pase al fuero Federal. De esta manera, el 25 de junio, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) del Ministerio de Seguridad de la Nación fue notificado de la desaparición y dispuso los recursos federales para la investigación.
Además, hubo un cambio en la carátula de la causa, la cual se catalogó como “desaparición forzada”. Una de las claves para que eso suceda fueron las declaraciones de tres testigos de identidad reservada, quienes vieron cómo dos efectivos de la Policía Bonaerense subían a Facundo a una camioneta Toyota Hilux blanca y negra en la Ruta 3. De esta manera, las sospechas recayeron exclusivamente sobre las fuerzas de seguridad del lugar, por lo que el 13 de julio el jefe de la Policía Bonaerense, el comisario Daniel García, determinó la intervención de tres comisarías del Departamento de Villarino. En las últimas horas, se conoció la aparición de los libros de guardia de la comisaría de Mayor Buratovich: esta documentación debería ser clave para identificar a los policías que subieron a Astudillo Castro a la camioneta.
Leandro Aparicio, el abogado de la madre de Facundo Astudillo Castro, cuestionó los dichos del ministro Sergio Berni.
Durante los últimos días, se han intensificado los rastrillajes en el tramo de la Ruta 3 que une Pedro Luro con Bahía Blanca. Para el operativo fueron dispuestos más de 200 efectivos provenientes de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura Naval, que también contó con unidades de bomberos, perros y drones. Margarita Jarque, abogada de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), informa que los rastrillajes todavía “no dieron cuenta de ningún resultado relevante”. Jarque añade: “Estamos en el proceso de recolectar y analizar las pruebas para trazar una hipótesis más fina. Seguimos esperando los informes de los análisis de los patrulleros secuestrados y el cruce telefónico”.
El traspaso a la justicia federal fue decisivo para la intervención de la Comisión Provincial de la Memoria, que se presentó como querellante institucional en la causa. “Buscamos hacer una intervención integral, aportar una apoyatura jurídica y darle difusión al caso. Y sobre todo darle la importancia política correspondiente”, explicó Jarque, directora del programa de Litigio Estratégico de la CPM.
La Comisión Provincial de la Memoria fue importante a la hora de difundir la denuncia ante organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Como respuesta, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reclamó al Estado Argentino “una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma que tome en cuenta todas las hipótesis disponibles”; mientras que la CIDH solicitó informes sobre “las acciones que el Estado estaría llevando a cabo para dar con el paradero del joven”.
En un principio, la reacción de las autoridades bonaerenses no fue positiva para la familia: “En algunos casos la comunicación fue desafortunada con declaraciones que no guardan relación con cuestiones que están en el expediente y mal informaron”, explicó Leandro Aparicio, representante legal de la familia Castro Astudillo, haciendo referencia a declaraciones emitidas hace dos semanas por el Ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni. Con el correr de los días, algunas posturas del gobierno provincial cambiaron ya que Aparicio manifestó que “el gobernador Kicillof se puso a disposición de la familia”.
Jarque advierte que el comportamiento negligente de las fuerzas de seguridad no es un caso aislado en el sur de la Provincia de Buenos Aires: “Ha habido casos en la zona hace bastante tiempo ya. Sucedió el caso de Daniel Solano, también de desaparición forzada”. Otro caso paradigmático sucedido en el sudoeste bonaerense fue el femicidio de Katherine Moscoso, en el que hubo muchas irregularidades en la investigación. “En el caso de Katherine 300 policías plantaron un cuerpo ¿Por qué no puedo suponer que ahora 300 policías hagan lo mismo?”, cuestiona o Aparicio, quien también ejerció la defensa judicial de la familia de Moscoso.
«Estas violaciones de derechos también afectan al conjunto social”, analiza Margarita Jarque.
La localidad de Pedro Luro tiene aproximadamente 10 mil habitantes, abarcando un área de 9 km2. “Acá es imposible perderse. Somos un pueblo y nos conocemos todos”, afirma la mamá de Facundo. La rutina del último fin de semana se vio completamente modificada ya que amigos y familiares del joven de 22 años convocaron a una manifestación exigiendo por su aparición con vida.
“Vimos en la movilización del pasado fin de semana en Pedro Luro que estas violaciones de derechos también afectan al conjunto social”, analiza Jarque. La directora del Programa Litigio Estratégico de la CPM está preocupada sobre los casos de violencia institucional ocurridos durante la cuarentena: “Representan una alerta que tienen que ver con las fuerzas de seguridad. La Argentina tiene una historia muy triste, muy densa, respecto de la desaparición forzada de personas. Son delitos muy graves que no pueden permitirse en democracia. Hay una deuda pendiente en la Argentina, que es el control del comportamiento de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad no deben sentir que pueden actuar de este modo y garantizar su impunidad”.
Cristina Castro da un paso atrás y decide dar por terminada la improvisada conferencia de prensa en la vereda de la calle Alsina, ubicada en el corazón de la ciudad de Bahía Blanca. Antes de retirarse, dice unas palabras: “Siento mucho su apoyo desde las redes sociales. Escucho sus audios y leo todos sus mensajes. Quiero que ya se acabe esto para poder llevarme a mi niño a Luro”.
