Sep 1, 2021 | DDHH, Novedades
“Esto no es un acto, es un encuentro de personas queridas”, fueron las palabras con las que Taty Almeida inauguró su discurso, “Personas que tienen memoria”.
En el edificio Casa Nuestros Hijos, dentro del Espacio para la Memoria, la calle “Capitán Hipólito Bouchard” cambió su nombre para siempre por el de “Son 30 mil”. Se trata de la primera arteria de la exESMA que es rebautizada. El acto ocurrió en el marco del Día Internacional de las Personas Detenidas-Desaparecidas, una conmemoración impulsada a principios de este siglo por de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM), con el objetivo de aportar a la toma de conciencia a nivel mundial acerca de la persistencia de la práctica de la desaparición forzada de personas por parte de los Estados.
Del acto participaron Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Lita Boitano, presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, acompañadas por demás integrantes de organismos de derechos humanos y funcionarios nacionales como Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación; Victoria Montenegro, legisladora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Horacio Pietragralla, secretario de Derechos Humanos de la Nación, entre otras personalidades. También hubo presentaciones musicales a cargo de Ignacio Copani y la Escuela Popular de Música, radio abierta e inauguración de murales realizados por Blanca Rice Cabrera y la Sociedad Argentina de Collage.
El Día Internacional de las Personas Detenidas-Desaparecidas se estableció originalmente no solo con la intención de honrar la memoria de las personas desaparecidas, sino también en pos de preservar a futuro aquellos derechos que el mismo Estado debe garantizar. En esta línea, Guadalupe Basualdo, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), afirmó que el evento de Casa Nuestros Hijos contribuye a “poder conectar las demandas de Memoria, Verdad y Justicia respecto de los crímenes cometidos durante la dictadura con las desapariciones que siguieron ocurriendo durante la democracia, y que suceden hasta el día de hoy”. Por su parte Guillermo Amarilla Molfino, nieto restituido y miembro de Abuelas de Plaza de Mayo, remarcó: “Cuando hablamos de memoria no hablamos de una memoria estática sino una memoria viva, una memoria que circula, que se alimenta y que se va dando con la militancia y el tiempo”.
Durante el desarrollo de la jornada, Hugo Yasky, diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, declaró: “Nos sentimos reivindicados con el cambio del nombre de una calle que pasó de tener el apellido de un militar a llamarse «Son 30 mil», es decir, nuestros compañeros y compañeras desaparecidos”. Frente a los discursos negacionistas de la dictadura militar y la relativización de la cifra, el evento se ubicó en una posición que refuerza el consenso por la memoria que tiene lugar en la batalla por el sentido común. Esther Córdoba, presidenta de la Fundación Música Esperanza, agradeció “la enseñanza que nos están dando las Madres de haber tomado ellas la iniciativa de poder hacer esto” y aventuró la posibilidad de que “en todo el país pensemos qué apellidos deberíamos sacar, porque es una vergüenza que ciertos nombres los tengamos tan presentes”.
Asimismo, sobre la discusión acerca de los derechos humanos en la esfera pública, muchos de los testimonios hicieron referencia a la gestión de Mauricio Macri, finalizada en 2019. Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación, afirmó: “En cuatro años de neoliberalismo reivindicaron posiciones que ponen en duda el número de desaparecidos y reinstalaron la Teoría de los Dos Demonios. Cuestiones que ya habíamos saldado a partir de las condenas que hubo en este país”. Por su parte, Daniela Saez, Integrante del equipo docente de la Escuela Popular de Música y de la Orquesta Estable de Reconquista, declaró su experiencia: “Venimos de 4 años de mucho embate y mucha resistencia desde adentro y sumado a eso no haber podido habitar físicamente el espacio por la pandemia. Entonce,s retomar nuestra actividad en la ex ESMA es volver a nuestro trabajo, que es resignificar el lugar a través de la música”.
Esta línea es la que intenta seguir Lucila Quieto, coordinadora del Área de Artes Visuales, que impulsa nuevos murales en un recorrido por distintas historias de militancia: “De los setentas, de Madres y Abuelas, y de cómo ese legado nos atraviesa hasta el día de hoy para pensar las luchas del presente”. Esther Córdoba siempre tiene presente la frase de Enriqueta Maroni, una de las Madres: “En este lugar de horror, donde hubo tanta muerte, nosotras queremos que haya vida”.
A pesar de no estar abierto al público en general, el acto dio lugar al reencuentro de muchos militantes de derechos humanos a los que la pandemia había obligado a recluirse en sus hogares: “Qué alegría poder vernos, aunque no nos podamos tocar demasiado”, señala Lita Boitano, madre de Miguel y Adriana desaparecidos durante la última dictadura militar. El evento significó una de las primeras actividades presenciales en el marco de un paulatino retorno a habitar nuevamente el espacio público.
La ausencia forzada por la pandemia de los movimientos populares en el espacio público fue uno de los temas que marcaron la jornada. Carlos de Feo, secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), señaló: “Fue y es un problema muy grave porque es en la calle donde los trabajadores y el pueblo construyen la unidad. A través de las redes opera Macri, nosotros operamos a través de los cuerpos, que son los que construyen las políticas de emancipación que queremos”. Por su parte, Horacio Pietragalla remarcó: “A nosotros que nos hicimos de actos, de marchas en la Plaza, de acompañar a nuestras Madres y Abuelas esto es lo que queremos” y vaticinó para el 24 de marzo de 2022: “Queremos que la marcha del año que viene, si es que la pandemia lo permite, sea la más grande de todas y llenarnos de toda esa energía que nos transmite cada una de esas fotos de los 30 mil”.
Ago 27, 2021 | DDHH, Novedades
Fotografía tomada de la cuenta de Facebook de Rodrigo Curaqueo.
“Lo matamos por pobre”, le gritó uno de los policías de Caleta Olivia, Santa Cruz, a la familia de Rodrigo Curaqueo durante una protesta por la muerte de ese joven de 19 años que falleció el pasado 7 de abril en extrañas circunstancias. Hoy, el caso judicial está estancado. Lo que sí continúa es el hostigamiento de las fuerzas de seguridad hacia la familia y los sectores más humildes de la ciudad.
La mañana de aquel martes, Curaqueo llegó alcoholizado a su casa. Tras manifestar actitudes violentas, su familia decidió llamar a la policía con la esperanza de que apaciguaran la situación. “Se hizo todo mal desde un principio: se lo llevaron a la comisaria Seccional Quinta, que está a una cuadra y media de su hogar. De ahí, no lo volvieron a ver más”, relata su hermana Brenda.
“Tendría que haber estado suelto a las 15”, cuenta su madre, Andrea Muñoz. Pero alrededor de las 16:50, 16 presos declararon haber escuchado alboroto en el calabozo que destinan para los contraventores, donde se encontraba Curaqueo. “Los gritos de Rodrigo los escucharon hasta no escucharlo más. A las 17 les dieron permiso a los internos: los hicieron salir y los oficiales, como nunca, tenían guantes de látex puestos”, sigue.
No fue hasta la medianoche que los uniformados tocaron la puerta de la casa a la que pocas horas antes había llegado por última vez Rodrigo. Se le informó a la familia de su deceso recién el 8 de abril, 7 horas después de que se escuchara su último grito. ¿Por qué, si la casa queda a una cuadra y media?, se pregunta su hermana. De ahí en adelante, las piedras en el camino fueron cada vez más. Les dijeron que la causa de muerte habría sido suicidio por ahorcamiento y covid-19. Aunque esto implicaba que la familia debería esperar tres días para ver su cuerpo, la agonía se extendió por al menos siete.
El 9 de abril, Andrea se enteró por allegados que llevaban sin autorización el cuerpo de su hijo a Puerto Deseado, otra ciudad santacruceña. El motivo, según le dijeron, era para realizar una autopsia ya que en Caleta Olivia no había médicos forenses disponibles. Falso: la familia pagó de su propio bolsillo 50.000 pesos para contratar a Néstor Sosa, un médico de la ciudad que nunca pudo terminar su trabajo debido al entorpecimiento de la investigación.
Aunque hubiesen querido examinar el cuerpo de Rodrigo en Puerto Deseado, eso tampoco iba a ser posible: no había sido conservado en la morgue como se requería. “De todas las maneras intentaron tapar lo que había hecho la policía, pero son cosas muy evidentes”, afirma Brenda. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de la comisaria de aquel 7 de abril nunca fueron entregadas, y la escena del hecho fue cambiada radicalmente.
Una historia que se repite
Rodrigo no es el primero en fallecer en una comisaria de Caleta Olivia. El 18 de septiembre de 2016 le tocó la misma suerte a Gustavo Gerez, un taxista de 28 años que murió en la Seccional Primera, adonde había sido llevado por estado de ebriedad y disturbios en la vía pública. Alberto Luciani, abogado de los Curaqueo y los Gerez, señala que hay más de una similitud entre ambas causas. El patrón es el mismo: maltrato a los contraventores, impunidad y, por sobre todo, quienes mueren en dudosas circunstancias son siempre personas provenientes de los sectores más marginales de la ciudad, que suelen tener problemas con el consumo de sustancias.
“El sistema, en vez de cuidarlos y bridarles una salida a la problemática los penaliza, los criminaliza. No solo eso: no se les garantiza el derecho a la vida y terminan muriendo en extrañas circunstancias”, asegura el letrado. Tanto en 2006, como en 2009 y 2020: en cada año se pueden identificar nombres de “suicidios” en comisarías, como los de Omar Alvarado y Federico Courbuol.
“Quedó demostrada, además, la pésima capacitación que tiene la policía en derechos humanos. No tienen esa preparación, y tampoco en cómo tratar a una persona que está con algún problema de haber ingerido sustancias que le provoquen alteraciones físicas o psíquicas”. El caso recuerda al de Santiago “Chano” Moreno Charpentier, el cantante de Tan Biónica. Con una diferencia: los pobres no tienen el beneficio de la duda, ni de la recuperación.
Fotografía tomada de la cuenta de Facebook de Rodrigo Curaqueo.
En ambos casos, también, la administración pública brilla por su ausencia. “A Rodrigo no lo cuidaron, fue un abandono por parte del Estado”, expresa con dolor su hermana. Para Luciani, la falla es clara: no garantiza el derecho a la vida para los detenidos, ni el deber de seguridad, ya que se encuentran bajo su custodia. “No es que pasó una vez y ha sido un accidente, es una cosa repetida”, sentencia. Lo que le resulta llamativo es la protección de la que gozan los responsables para que las causas no avancen. “La misma Justicia le brinda cobertura legal a la policía porque de alguna manera trabajan juntos, es el mismo sistema. Si no hay sanciones y no se condenan casos así, se vuelve a repetir”, agrega.
Para Andrea, los gobernantes la dejaron sola. Ella ya está acostumbrada a estar así: desde hace tiempo que cumple el rol de madre y padre a la vez. Bronca e impotencia se juntan con el dolor y la desesperación por la falta de respuestas. El pueblo la acompañó solo al principio. Después, el enojo colectivo se diluyó en el tiempo.
“A la gente le falta un poquito de empatía, hasta que a uno no le pasa, no se da cuenta”, se lamenta Brenda Curaqueo. “El apoyo del pueblo solo estuvo cuando ocurrió, que es cuando recibís la noticia y te impactás y te enojás, pero a las marchas mucha gente ya no va”, continúa. Pero la familia no está sola: los casos de brutalidad policial son muchos a lo largo y ancho del país. El apoyo llega de los lugares más impensados: organizaciones como La Garganta Poderosa y el Colectivo Gatillo Fácil, de La Plata, son algunas de las que se contactaron para brindarles ayuda y asesoramiento que, según la joven, hace mucha falta en estos casos. Lo que sí saben es lo que exigen Brenda y Andrea: “El cambio de juez y que el que está trabaje, que deje de acumular casos, muertos y que se haga justicia por Rodrigo”.
Ago 14, 2021 | DDHH, Novedades
Por primera vez, el Poder Judicial argentino condenó a dos genocidas por abusos sexuales y violación que cometieron contra prisioneras de la Escuela de Mecánica de la Armada (EX ESMA) durante la última dictadura cívico militar. Después de diez meses de juicio oral, Silvia Labayrú, Mabel Lucrecia Luisa Zanta y María Rosa Paredes obtuvieron justicia. “Tanto mi mamá como yo estamos satisfechas, conmovidas, con una mezcla de sensaciones, pero no de olvido. Porque la justica repara y acaricia, pero no borra, y me parece que está bien que así sea. Una no se olvida, más después de tantos años y el sufrimiento pasado”, comenta Georgina Andina, hija de Mabel Zanta, sobre sus sensaciones y las de su madre luego del veredicto. Andina tenía 12 años y su hermano Marcelo 19, en los primeros días de septiembre de 1977, cuando fue secuestrada por el genocida Alfredo Astiz.
El Tribunal Oral Federal número 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sentenció al ex miembro de la Armada Jorge “Tigre” Acosta a 24 años de prisión y a Alberto “Gato” González a 20 años por los delitos sucedidos hacia las tres mujeres entre 1977 y finales de 1978. Estos delitos fueron catalogados por el veredicto como de lesa humanidad e imprescriptibles, avanzando en materia de derechos humanos y perspectiva de género. Desde Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) advierten que el pedido de la Fiscalía había sido de 25 años de prisión.
Las tres sobrevivientes de los horrores de la última dictadura cívico militar, y denunciantes en esta causa, lograron un juzgamiento histórico en la Argentina donde se reconoce que en la ESMA se abusó y violó a las mujeres que tenían cautivas. El testimonio de Mabel Zanta es particular porque es la primera vez que su caso es tratado dentro del marco de los crímenes de lesa humanidad.
“Mi madre durante mucho tiempo, casi te diría que desde el año 78 hasta aún hoy, cada 6 de septiembre -que es el aniversario del momento que la secuestran- se caía. En general, el mismo día y si no uno o dos días antes, se tropezaba en la calle o alguna cosa le pasaba. Durante muchos años la acompañó el miedo y muchas pesadillas. Hay que pensar que el miedo de mi vieja estuvo en el marco del miedo de muches, que también tuvo que ver con la falta de justicia durante tantos años. Esto es algo que me acaba de contar mi mamá con relación a cómo lo sobrellevó”, explica Georgina.
Acosta fue el jefe del grupo de tareas 3.3.2, la unidad operativa que funcionó en la ESMA, y se lo acusa de delitos de violación agravada, abuso deshonesto, privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos. Mientras que Gonzáles, oficial de Inteligencia e exintegrante del grupo, se lo declaró “coautor penalmente responsable del delito de violación agravada por haber sido cometida con el concurso de dos o más personas, reiterada en -al menos- diez oportunidades”.
Es la primera vez que ambos genocidas son enjuiciados por delitos de este tipo. Sin embargo, las nuevas penas serán unificadas con las condenas de prisión perpetua e inhabilitación absoluta por sentencias anteriores que recibieron en juicios orales y públicos. Desde La Imposible, la radio de H.I.J.O.S que funciona en el Espacio Memoria (ex Esma), afirman que se registraron otros casos de violencia sexual, pero todavía permanecen en la etapa judicial instructora.
Es la primera vez que se juzga un delito sexual como delito de lesa humanidad. Significa poder juzgar a genocidas, asesinos y ladrones también como abusadores y violadores, es una gran conquista que se vincula con los derechos humanos y la perspectiva de género. Hoy sabemos que estos crímenes se daban en el marco del disciplinamiento social y no tenían que ver solamente con la militancia política, sino que este disciplnamiento llegaba hasta el cuerpo”, comenta Georgina quien cree fuertemente que con este fallo queda al descubierto la relación entre la violencia de derechos humanos y el sometimiento de género en nuestro sistema machista y patriarcal, llevando a más juicios de este tipo.
Pasaron diez meses desde que el juicio comenzó y terminó este viernes de manera privada. Los jueces Adrián Grunberg, Daniel Obligado y Adriana Pallioti dictaminaron culpables a los dos genocidas de casi todos los delitos que el Ministerio Público Fiscal los acusó. Este fue representado por Marcela Obetko y Leonardo Filippini en el debate donde no hubo querellas.
Georgina expresa que se sienten muy agradecidas con el Ministerio Público Fiscal y que fueron diez meses que llevaron expectativas y ganas de, que, con esta sanción, finalmente se pudiera juzgar el delito sexual por delito de lesa. “Me parece que en este país y en todo el mundo, las víctimas y los familiares de las víctimas nos hemos acostumbrado a que la justicia tarde. Estamos hablando de fallos que llegan más de 40 años después del delito. Mi mamá tiene 81 años y recién ahora puede sentir que sus violadores y los jefes de sus violadores son juzgados y condenados”, agrega.
Los fundamentos este fallo histórico se darán a conocer a través de su lectura en una audiencia fijada para el próximo día 12 de octubre a las 17 horas.
Ago 12, 2021 | DDHH, Novedades
En una nueva audiencia virtual por el juicio por los crímenes cometidos en los Pozos de Banfield y Quilmes y la Brigada de Lanús, declararon Haydeé Lampugnani y su hijo Gervasio Antonio Díaz, quienes estuvieron detenidos en la Brigada de Investigaciones de Lanús y Hugo Pujol, ex detenido y hermano de Graciela Gladis Pujol, militante de la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO), secuestrada con cuatro meses de embarazo.
Lampgunani fue la primera en declarar. Un nueve de octubre de 1976, mientras caminaba por las calles de La Plata junto a Graciela Jurado- quien hoy sigue desaparecida- fue secuestrada. El primer sitio al que la llevaron fue al Pozo de Aran, donde estuvo cautiva durante ocho días. Una vez allí, “lo primero que hacen es hacerme ver como torturan a un compañero; me ataron de pies y manos atrás, con capucha aparte de la venda, y me llevaron a la celda. Al otro día me llevan a torturar y me aplican picana en distintas partes del cuerpo”, contó. Cuando pudo salir, fue para trasladarla a otro centro clandestino de detención, Vesubio, donde se encontró con muchos compañeros y compañeras, entre ellas Nilda Eloy. Allí también padeció múltiples torturas: “Recuerdo 22 días sin comer, y lo digo porque además de un campo de tortura, era un campo de exterminio”, expresó.
Aproximadamente, el 30 de octubre la trasladan a la Brigada de Investigaciones de Lanús junto con seis compañeros: “María Rosa Calderón, Horacio Matoso, Mario Salerno, Nilda Eloy, Graciela Jurado y yo”, contó Lampugnani mientras miraba un papel de costado donde tenía anotado cada uno de los nombres y apellidos con quienes compartió cautiverio. Pasados unos días, la trasladan nuevamente junto a Salerno. Pero esta vez el destino no sería otro campo de cercanía, sino en la provincia de Córdoba, a la Brigada Aerotransportada donde pudo reconocer al ex suboficial del Ejército Luis Manzanelli, que esbozó decirle unas palabras que quedarían grabadas en la memoria de la ex detenida: “Ustedes, si sobreviven, de nosotros no se van a olvidar”. Desde ese momento fue a parar al centro clandestino La Perla. Ahí estuvo dos días, y el tercero significó “la tortura feroz”, recordó. Además, mencionó que un día sacaron a todos afuera y fue allí que le avisaron que la iban a legalizar. “El traslado a La Perla prueba la coordinación y sistematización que han hecho en todo este diseño represivo. Pasé de ser una secuestrada a manos de la Policía (Bonaerense), a manos del Tercer Cuerpo de Ejército”, afirmó la sobreviviente.
“Recuerdo 22 días sin comer, además de un campo de tortura, era un campo de exterminio”, dijo Lampgunani.
Lampugnani no figuró en lista de detenidos legales sino hasta el 12 de abril de 1977, cuando apareció el Decreto del Poder Ejecutivo en el diario La Nación. Entonces, sus padres viajan a verla, pero no lo lograron: “Días después me llaman a la parte legal de la penitenciaría donde me muestran una foto de mis hijos en Catamarca y una carta de mi madre, que me leen, pero no me dejan tocar. La sobreviviente no supo nada de sus hijos desde el momento de su secuestro hasta ese día.
Luego de meses de tortura y horror, finalmente el 28 de noviembre fue trasladada en un Hércules a Buenos Aires, donde quedó detenida en la cárcel de Devoto. “Somos una familia diezmada por la represión, a mis hijos los vi recién el 8 febrero de 1978”, lamentó sobre el final de su declaración.
En nombre del padre
Gervasio Díaz, el hijo de Haydeé y Guillermo Díaz, fue el segundo en dar testimonio. “El objetivo es dejar absolutamente claro y que quede constancia de lo que implicó y las responsabilidades del Estado argentino de lo que fue el secuestro y la desaparición, tanto de mi madre como de mi padre. Hablo del Estado en democracia, en la dictadura genocida y el Estado de después” y continúo: “Quiero dejar en claro quiénes, cómo y cuándo fueron las personas que nos ayudaron a sobrellevar todo esto a partir del secuestro de mi padre en el año 75”, declaró con firmeza.
Con 49 años, Díaz aseguró que no se presentó ante el tribunal «a exigir justicia sino a decir que los genocidas no pudieron matar la memoria, la conciencia y la lucha de nuestros padres». El hijo de Haydeé afirmó que su familia es un claro ejemplo de que la dictadura no empezó el 24 de marzo de 1976, ya que desde el 8 de febrero de 1975 ellos intentaban iniciar una nueva etapa en Tucumán porque sus padres habían tenido intentos de secuestros que los obligaron a dejar la ciudad de La Plata, donde vivían. “Mi papá se fue a fines del 74 y nosotros cuatro o cinco días antes de la desaparición, llegamos a Tucumán previo a un descanso de verano en Catamarca. Mi papá fue secuestrado con dos compañeros (Pedro Medina y José Loto) en Tucumán. Los tres, al día de la fecha, figuran como detenidos desaparecidos, son los primeros casos de desaparición forzada y permanente. Ahí empezó el calvario de lo que fue el tormento de la desaparición, la tortura y el genocidio que llevaron adelante estos genocidas que siguen, después de tantos años, gozando de algunos privilegios”, reflexionó. Al no poder encontrarse con el padre, la familia volvió a La Plata.
“Vengo a agradecer a esta generación que nos dejó un camino a seguir, a rendirles un homenaje», dijo Gervasio Díaz.
Como relató su madre, Gervasio Díaz también recordó ese 5 de octubre de 1976 “Estábamos temporalmente viviendo en otro lugar, mi mamá decide mudarse con unas amigas y el 5 de octubre sale a tener un encuentro con mi abuela. No supimos nada hasta que años después fue legalizada y la pudimos ver cuando fuimos a Devoto”, señaló Gervasio quien estuvo casi tres años sin ver a su madre.
“Después de tantos años, lamento decirles que no participo de este juicio para pedir justicia. Los momentos de justicia fueron los momentos de movilización, de justicia popular, de escraches públicos, encontrarlos y gritarles a la cara que son unos asesinos. Esos son los únicos momentos de justicia que nos han acompañado” manifestó Gervasio.
El testimonio de Gervasio Díaz estuvo lleno de emoción, pero ante todo de memoria y verdad. Verdad que agradeció fervientemente a su madre que nunca le ocultó quién era su padre y qué había pasado con él. “Vengo a agradecer a esta generación que nos dejó un camino a seguir, a rendirles un homenaje. La mejor herencia que puedo dejarles a mis dos hijos es la memoria y la lucha de mis padres. Ojalá (los acusados) sientan la angustia que ellos sintieron, que yo sentí al ver situaciones de maltrato y derechos vulnerados», finalizó. El pasado martes definitivamente rindió homenaje a su familia y a esa generación marcada a sangre y fuego.
“Yo tenía 20 años cuando fui detenido, en febrero de 1976, y estando en la cárcel me entero de la desaparición de mi hermana”, contó Hugo Pujol, ex detenido y hermano de Graciela Gladis Pujol, militante detenida y desaparecida de OCPO, quien además transitaba por ese entonces un embarazo de cuatro meses. Graciela fue secuestrada junto a su esposo, Horacio Olmedo.
“No dejo de tener esperanza que mi hermana haya podido tener a su bebé y que ese chico, que hoy debe tener 44 años, un día aparezca. Tenemos fe de que ese chico, hoy adulto y casado, se pueda contactar”, expresó Olmedo quien, a pesar de los años, sueña con el regreso a casa de su sobrino.
“Los familiares que quedamos tenemos la esperanza de que se sepa la verdad. Verdad y Justicia. Es la única manera de tener el corazón un poco más tranquilo. Es muy importante que se haga justicia por la democracia y la Constitución”, reclamó ante el tribunal.
Con la declaración de Hugo, fueron tres los testimonios que se escucharon en la sala de zoom del Tribunal N° 1 de La Plata. Los testigos, cada uno con sus recuerdos y vivencias fueron parte de un paso más en este largo camino por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Jun 24, 2021 | DDHH, Novedades
Basurero de Cocula, donde el EAAF busca a los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.
La semana pasada la Fiscalía General de la República de México (FGR) anunció nuevas coincidencias genéticas entre restos óseos y familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en 2014. La primera de ellas identificó a Jhosivani Guerrero de la Cruz; la segunda, arroja una identificación previa, la de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, informada el año pasado. Ambas vuelven a evidenciar las contradicciones de la llamada “verdad histórica”, sostenida por las autoridades estatales mexicanas de aquel entonces.
Los restos fueron recuperados en la Barranca de la Carnicería, en octubre de 2020 por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR, a cargo de Omar Gómez Trejo. Las coincidencias surgen de los exámenes genéticos realizados en el laboratorio de la Universidad de Medicina de Innsbruck, en Austria, que se dedica a examinar muestras en las cuales, por su extremada degradación, es muy difícil extraer ADN. “Nuestros resultados también señalan la fuerte coincidencia”, comenta, en diálogo con ANCCOM, Mercedes Doretti, integrante fundadora y directora para Norte y Centroamérica del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
El caso
De aquella noche del 26 de septiembre de 2014, en la que se produjo la desaparición forzada de 43 estudiantes mexicanos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, de la localidad de Iguala en el Estado de Guerrero, han pasado un total de 2.826 días, más de siete años. Los familiares siguen exigiendo verdad y justicia. En el proceso puede notarse, al menos, un cambio de actitud en la investigación a partir del cambio de gobierno en 2018. En diciembre Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), reemplazó en la presidencia a Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El 7 de noviembre de 2014 la Procuraduría General de la República informó que, según sus investigaciones, había indicios de un homicidio masivo en un basurero de Cocula, Guerrero. Dos meses después confirmó su propia versión. Según la “verdad histórica”, los jóvenes habían sido atacados y detenidos por policías municipales para luego ser entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado en Cocula.
Los familiares rechazaron siempre esa explicación, ya que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comprobó su falta de veracidad a partir de videos que registran irregularidades. Allí se constata que Tomás Zerón, director de la Agencia de Seguridad Criminal, encargada de investigar el caso en la estructura estatal, había estado en el basurero antes de que se encontraran en el lugar los restos incinerados de un estudiante. Además, el GIEI plantea que se puede observar cómo agentes federales impidieron el paso del Equipo Argentino de Antropología Forense mientras Zerón recorría la zona, por lo que las pruebas podrían haber sido implantadas. A eso se sumaron denuncias de tortura durante las confesiones de distintos sospechosos.
Al poco tiempo de asumir, López Obrador creó por decreto la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, hoy encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración Alejandro Encinas Rodríguez, momento en el que la primera versión oficial de los hechos comenzaba a ser descartada.
El fin de semana se identificaron restos óseos pertenecientes a Jhosivani Guerrero y Christian Alfonso Rodríguez.
Rol del EAAF
El Equipo Argentino de Antropología Forense actúa desde octubre de 2014 como perito y asesor técnico de los familiares de los estudiantes desaparecidos, tanto en búsquedas de campo como en análisis de laboratorio. Fue convocado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que acompañan y representan legalmente a las familias. “También contribuimos como contacto con distintas entidades para llevar a cabo trabajos especializados”, suma Doretti, y en esa instancia aparece la universidad austriaca.
El EAAF participó, junto a la Coordinación General de Servicios Periciales de la FGR, en el estudio de la evidencia recuperada y en la selección de muestras que se enviaron al laboratorio de Innsbruck. Hace dos años que trabaja de manera coordinada con la UEILCA que dirige Gómez Trejo. Al no encontrar evidencia física para sostener la incineración que declaraba la “verdad histórica”, comisionó en 2017, previa autorización de todos los familiares, a la ONG inglesa Arquitectura Forense la reconstrucción de la escena del crimen de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 a través de una cartografía interactiva, en la que se exploran los conflictos e inconsistencias de la narrativa oficial.
Luego de diversos retrasos por la pandemia, el 19 de febrero de 2021 el fiscal Gómez Trejo, acompañado por un integrante del EAAF, de la comisión presidencial y de la CIDH, hizo entrega de las muestras a Walter Parsons, jefe del Departamento de Genética del instituto austriaco. De los restos óseos recuperados, en su mayoría severamente fragmentados y alterados por exposición a altas temperaturas y a la intemperie, pudieron seleccionar catorce muestras del total para ser enviadas. Un mes más tarde Parsons informó que sólo seis restos eran viables de ser estudiados y el 8 de junio se comunicaron los resultados de análisis en ADN, de los cuales dos arrojaron identificaciones positivas.
Nuevas identificaciones
La primera identificación realizada en el caso está asociada a la versión oficial de 2014, a partir de una bolsa que, según se indicó, se había hallado en el Río San Juan, en Cocula, poblado a una hora de distancia de Iguala. En ese entonces apareció un fragmento de hueso que terminaría identificándose con el joven Alexander Mora Venancio por vía genética, aunque desde el EAAF remarcan que “hasta el día de hoy no hay evidencia científica” para sostener la aseveración. De hecho, las coincidencias recientes tampoco concuerdan.
Estas dos identificaciones posteriores pertenecen a una hipótesis de trabajo muy distinta, a cargo de la actual Fiscalía. La Barranca de la Carnicería, el mismo lugar en el que se identificó un resto del estudiante Rodríguez Telumbre, está ubicada a 800 metros del basurero y “los restos hallados en superficie son aislados y en su mayoría multifragmentados”, menciona Doretti, y agrega que las dos muestras que arrojaron los resultados “no presentan alteraciones térmicas y están bastante completas”.
Mercedes Doretti, integrante del Equipo Argentina de Antropología Forense, realizó los anuncios de los hallazgos.
La primera de las coincidencias, según informó Gómez Trejo, fue a partir de un hueso calcáneo del talón de Aquiles de un pie derecho y demostró una reasociación positiva con uno de los identificados en junio de 2020, el mencionado Rodríguez Telumbre, que ya había sido debidamente notificado. La segunda fue gracias a una vértebra lumbar y tiene concordancia con los padres y los tres hermanos de Jhosivani Guerrero de la Cruz. A diferencia de otra muestra de 2015, también asociada con el joven pero desestimada por el EAAF por ser baja en términos estadísticos, ésta permite la certeza en la identificación.
Según comunicó el EAAF, el ADN mitocondrial de la muestra de 2015 se transmite por vía materna sin alterarse y “no identifica a un individuo sino a dos que pueden pertenecer al mismo linaje”. El fiscal Gómez Trejo remarcó que, a pesar de las recomendaciones, las autoridades de aquel entonces decidieron dar a conocer un “resultado dudoso del 17 por ciento de coincidencia”. En cambio, los restos hallados recientemente se alcanzaron gracias a la recuperación de ADN nuclear, “resultante de la combinación única de un padre y una madre”, por eso la probabilidad de parentesco es concluyente. “Técnicamente, es falso que ya hubiera sido identificado”, insistió en su exposición el letrado.
Los siguientes pasos
La investigación sigue su curso por distintas áreas. “Por un lado, seguir buscando a los estudiantes y, por otro, a los culpables y a quienes cometieron irregularidades en el caso”, expresa Doretti. Ese tercer punto fue denunciado por el EAAF, el GIEI y Gómez Trejo al momento de asumir su función. El hallazgo demuestra que la identificación genética es posible, incluso a pesar del paso del tiempo. El fiscal, a su vez, deslizó que en los días venideros partirá para entregar nuevos restos óseos para su análisis en Innsbruck.
Las coincidencias fueron notificadas a las familias particulares el 12 de junio, en presencia del fiscal, del subsecretario Encinas Rodríguez, del acompañamiento legal y psicosocial de los familiares, de Francisco Cox, integrante del GIEI, y de Mercedes Doretti y Alicia Rizzardo, representantes del EAAF. Para Gómez Trejo se trata de “resignificar y reparar” acciones anteriormente llevadas a cabo por autoridades estatales y federales que “alimentan la impunidad y la indiferencia frente a la realidad de las víctimas que se vive en México”.
Días más tarde, el presidente López Obrador convocó a una reunión con todas las familias, en compañía de Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República. Informaron las nuevas coincidencias y los avances en materia de investigación y procedimiento penal. El caso de los estudiantes de Ayotzinapa es un punto de inflexión en la historia mexicana, así como lo fue la Masacre de Tlatelolco en 1968. En septiembre de 2014 los jóvenes se trasladaban a Iguala para recaudar fondos para asistir a una marcha en conmemoración del hecho citado con anterioridad. Una cuestión simbólica.
Jun 23, 2021 | DDHH, Novedades
Miguel Santucho, hijo de Cristina Silvia Navajas y Julio César de Jesús Santucho -hermano del fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Mario Roberto Santucho- declaró por primera vez este martes, en una nueva audiencia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los Pozos de Quilmes, Banfield y Lanús.
Miguel, quien busca un hermano o hermana nacido en cautiverio, contó que todos los hermanos de su padre sufrieron persecuciones por la activa militancia: Primero fue el asesinato de la compañera de “Robi” en la llamada Masacre de Trelew. A ello le siguieron el exilio de los mayores de los hermanos y el secuestro de sus tías.
Su padre es el décimo hijo de la familia Santucho. Desde chiquito se le había dado un destino religioso. De la escuela pupila hasta la decisión de tomar los hábitos. “Pero por suerte conoció a mi madre”, contó Miguel más conocido como “Tano Santucho”, mientras recordaba la historia de sus padres, quienes tuvieron a Camilo en 1973 y Miguel en 1975. Pero cuando Cristina fue secuestrada, estaba embarazada de dos meses.
Su madre estudió Sociología en la Universidad Católica Argentina donde conoció al que sería su compañero, Julio. Militó en Villa Fiorito y luego tuvo diversas responsabilidades. Al momento de su secuestro era docente de las escuelas de cuadros del PRT, enseñaba Historia de la Revolución Latinoamericana.
Miguel relata la noche del 13 de julio de 1976, cuando se llevan a su madre, a su tía Manuela Santucho y a otra compañera llamada Alicia D´ambra. Las tres mujeres se encontraban viviendo en un departamento de la familia Santucho en la calle Warnes, con sus hijos. Los represores dejaron a los tres bebés: el hijo mayor de Cristina, Camilo; Diego, el hijo de Manuela Santucho y Miguel, que entonces tenía tan solo nueve meses. Nélida Navajas, la abuela que luego se convertiría en el motor de la búsqueda fue quien los rescató. Cuando llegó al departamento donde estaba viviendo su hija, la puerta estaba forzada y ni bien entró escuchó los gritos de sus nietos. A pesar de ello, ningún vecino se había acercado al lugar. Fue en ese momento también, que entre las pertenencias de su hija encontró una carta que estaba por enviar a su yerno, en la que Cristina contaba que estaba embarazada.
“Nosotros sabemos que a Cristina se la había visto en Automotores Orletti, un centro clandestino de Floresta. Ahí se llevaron a las tres. Ser parte de la familia Santucho, las ponía en un lugar de ser pesadas y merecedoras de un trato especial en la tortura y tormentos”, declaró el “Tano” Santucho.
«El día después de que mi tío Mario Robi Santucho es abatido en Villa Martelli, el 20 de julio de 1976, en el centro clandestino se hizo un festejo macabro, juntaron a todos los detenidos en el patio de Automotores Orletti, lo atan a mi tío Carlos a un arnés con cadena, de esos que sirven para levantar motores y sucesivamente lo sumergen en un tanque de agua, frente a la mirada de los detenidos, y obligan a mi tía Manuela a leer la noticia del diario donde se relataba el abatimiento de Mario», describió Miguel, quien supo de este hechos por varios sobrevivientes uruguayos que compartieron cautiverio con sus familiares.
Allí permanecieron hasta agosto de 1976, luego fueron trasladadas al centro clandestino Proto Banco. Alrededor del 28 de diciembre de 1976 nuevamente las trasladaron, pero esta vez, al Pozo de Banfield donde su mamá Cristina Navajas llegó con un embarazo muy avanzado. El 25 de abril de 1977 se realiza su traslado final.
Hay varias testimoniales de compañeros que vieron a su madre, pero la más significativa para Miguel fue aquella que cuenta que Cristina, tirada en el piso desnuda, confirma su identidad a una compañera que tenía a lado y le cuenta que está embarazada: “Soy Cristina Narvajas, militante del PRT, soy cuñada de Mario Roberto Santucho y estoy embarazada”. Miguel Santucho confiesa que por mucho tiempo ese testimonio representó para la voluntad y la necesidad de su madre de hacer llegar un mensaje a su familia: que la buscaran a ella y a su hijo. Pedido que su abuela Nélida honró hasta el final, según su nieto. “La buscó y presentó todos los habeas corpus hasta que se pudo incorporar a Abuelas y prácticamente se murió buscando a ella y a su nieto o nieta”.
Parte de las celdas en las instalaciones del Pozo de Banfield.
Julio Santucho desde el exilio se enteró de la desaparición de su hermana Manuela y de su compañera Cristina embarazada, y tras la noticia, se comunicó con el partido para que sus hijos pudieran salir del país y reencontrarse con él. “Dos militantes se hicieron pasar por pareja y nos sacaron del país. La mujer, Susana Fantino simuló por mucho tiempo ser nuestra madre y finalmente conoció y formó pareja con mi padre. Luego nació mi hermana Florencia. A ella le debo la infancia más feliz que pude haber vivido en esas circunstancias”.
En 1985, Miguel regresa por primera vez a la Argentina y ya con su abuela siendo secretaria de Abuelas de Plaza de Mayo se entera que tenía un hermano o hermana nacida en cautiverio: “Por mucho tiempo estuve sin poder procesar esta información”, confesó Santucho.
“Santucho Vive” vio en una pintada en una manifestación estudiantil en 1992 cuando regresó por segunda vez a la Argentina. Este fue el detonante para “hacerse cargo de su historia”, dijo el sobrino del ex líder del PRT y decidió quedarse a vivir en Argentina. Con este regreso empezó a tener más contacto con sus primos paternos, su familia Santucho. En 1996 comenzó a militar activamente en H.I.J.O.S: “Desde ese lugar pude reconstruir no solo el cautiverio y leer testimoniales, sino también reencontrarme con compañeros y amigos de mi vieja”. En este tiempo, Miguel -junto a su primo Diego Genoud- recorrieron los centros clandestinos donde habían estado sus madres.
En este proceso, relató que en una oportunidad se acercó a Abuelas una joven que se pensó que podía ser la bebé de su madre nacida en cautiverio su hermana, pero luego del análisis de ADN la posibilidad se desestimó: «Viví la expectativa, la felicidad contenida de esperar el resultado, que finalmente dio negativo, pero me mostró la felicidad contenida que espero vivir cuando encuentre a mi hermano o hermana».
Nélida, abuela de Miguel, murió en 2012 y su nieto recuerda que una de sus últimas voluntades fue que sus restos se esparzan por el Río de La Plata, con la ilusión de volver a reencontrarse con su hija desaparecida, ya que una de las posibilidades es que haya sido tirada allí en el marco de los “vuelos de la muerte”. Además, prometió continuar el legado de su abuela: la búsqueda de su hermano o hermana.
Miguel confesó que el encuentro de un nieto o nieta apropiada le dejaba una sensación agridulce: “Me alegraba y a la vez me dejaba un sabor amargo al saber que no era el mío, es una sensación de sana envidia», reconoció el hijo de Cristina y Julio Santucho.
Finalmente, el «Tano» consideró injusto e inaceptable que los responsables de crímenes de lesa humanidad accedan a beneficios o a la libertad condicional: “Hasta que no aporten lo que saben no merecen acceder a ningún tipo de beneficio», reclamó y continuó: «Sé que ellos -en alusión a los 18 imputados- tienen la mayor parte de las respuestas que mi abuela, a lo largo de su vida y yo estuvimos buscando, espero se tengan en cuenta eso», reclamó.
Miguel habló con ANCCOM y contó que su declaración significaba un momento “fuerte, algo raro” ya que nunca había sentido la necesidad de declarar pero que “en la medida que iba avanzando mi militancia, mi búsqueda y compromiso con Abuelas de Plaza de Mayo sentí que ese momento iba madurando”. Entonces asegura: “Cuando me propusieron declarar, sentí que había que hacerlo”.
Para Santucho este testimonio representa una gran responsabilidad: “Realmente creo que pude aportar la voz de los hijos y hermanos y hermanas que estamos buscando y que en los juicios es difícil de conseguir”.
“Estoy contento y tranquilo, satisfecho de haber podido llegar a esta instancia y de haber aportado mi granito de arena en este proceso de memoria, verdad y justicia y espero que los juicios terminen con las condenas correspondientes y se haga justicia”, cerró el sobrino de Mario Roberto Santucho.
