Nov 2, 2016 | inicio
Un debate con casi dos décadas de historia comenzó a dibujar un nuevo capítulo en el Congreso Nacional. Después de varios meses de idas y vueltas, el gobierno finalmente presentó en el Parlamento el proyecto de modificación de la Ley de 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas. La iniciativa, con eje central en la reforma del artículo 27 de la normativa vigente desde 1973, actualiza la polémica por el uso propio y gratuito de la semilla. Sin embargo, todo indica que la discusión en el recinto quedará postergada para 2017, según estimó el presidente de la comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, el massista Gilberto Alegre.
Tras medio año de misterios, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, presentó el 13 de octubre la iniciativa oficial que propone habilitar a los obtentores de la variedad vegetal (quienes obtienen una nueva semilla) a reclamar el pago de regalías por las tres primeras multiplicaciones. Además, el proyecto contempla que, luego de las tres primeras cosechas, las empresas semilleras podrán reclamar, sin límites establecidos, en caso de que el productor incremente la cantidad de semillas plantadas con respecto a la primera cosecha. Esta reglamentación regirá para los productores que tengan una facturación mayor a tres veces el monto correspondiente a la categoría más alta de monotributista, y será puesta en práctica por el Instituto Nacional de Semillas (INASE), órgano oficial de aplicación de la ley.
Además de este proyecto, hay otros cuatro ingresados al Congreso. La Federación Agraria Argentina (FAA), la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) y el Frente Renovador impulsaron sus propias iniciativas.
En diálogo con ANCCOM, Alegre aseguró que el debate dentro de la comisión de Agricultura comenzará en las próximas semanas, pero puso en duda que la iniciativa se apruebe en este período legislativo.
“Hay que modificar las reglas de juego. Y terminar con el Estado ausente”, subrayó Alegre al aludir a la denuncia por cobro de regalías ejecutadas ilegalmente por la multinacional Monsanto a principios de este año. “Debemos fortalecer el control del INASE, para incentivar la investigación y el desarrollo de las empresas semilleras nacionales”, puntualizó.
Otro de los puntos que incluye el proyecto firmado por la vicepresidenta Gabriela Michetti; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y Buryaile es la conformación de un nuevo directorio para administrar y dirigir el INASE. De aprobarse el proyecto, el organismo tendrá igual cantidad de asientos para representantes de organismos públicos como para los provenientes de instituciones privadas de los distintos sectores relacionados al comercio de semillas.
Eigidio Mailland, presidente de CONINAGRO, aseguró que la Confederación tendrá representantes tanto en el INASE como en la Comisión Nacional de Semillas (CONASE). Además, coincidió en que el derecho al uso propio debe ser oneroso. “Le reconocemos un canon al derecho de propiedad, pero obviamente queremos participar del debate sobre cómo se arbitra el precio de ese canon”, completó. El mes pasado, CONINAGRO presentó ante el presidente Mauricio Macri las necesidades y demandas del agro, en el marco del aniversario número sesenta de la Confederación. “Si bien estamos abiertos a discutir, coincidimos en el proyecto presentado por el Gobierno”, le explicó a esta agencia.
Quienes tiran la soga del otro lado del derecho al uso propio y gratuito de las semillas son las empresas desarrolladoras de las variedades vegetales. Estas compañías (Nidera, Monsanto, Syngenta) se enmarcan en los derechos de obtentor de variedades vegetales (DOV), y en el acuerdo UPOV 78’, al que Argentina adhirió en 1994. La Unión internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales actualizó el acuerdo del 78’, más flexible en cuanto a los derechos de propiedad intelectual, a un nuevo convenio dictaminado en 1991 y que hace peso del lado de los obtentores en la balanza de la renta. Miguel Rapela, director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos, consideró “irrealizable” la idea de adherir al acta de 1991. “El debate es imposible de plantear en el Congreso, aún para explicar de qué se trata, cosa que pocos saben y que nadie se interesa en entender. El proyecto del oficialismo deja bien claro que Argentina seguirá adherida al “Acta de 1978”, dijo en diálogo con ANCCOM.
Dentro de la modificación al artículo 27, el proyecto oficial mantiene la excepción para los productores inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF), así como para los pueblos originarios.
Diego Montón, representante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) -miembro del Consejo de la Agricultura Familiar Campesino Indígena (CAFCI)- entiende esta excepción como una trampa para mantener a este tipo de agriculturas al margen de la economía y seguir por el camino de la privatización. “Las semillas son patrimonio de la humanidad, no se puede aceptar que una empresa reclame la propiedad privada sobre ellas”, le explicó a esta agencia.
La presentación del proyecto por la modificación de la Ley de Semillas se produjo casi en paralelo a la desarticulación de la Secretaría de Agricultura Familiar, motor de asistencia y capacitación técnica para los agricultores de todo el país.
Actualizado 01/11/2016
Oct 25, 2016 | inicio
Con más o menos números en el kilometraje, los representantes de las distintas agrupaciones que conforman el Consejo de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (CAFCI) llegaron al barrio porteño de San Telmo para discutir sobre el futuro de su trabajo. “En el campo no estamos acostumbrados a movilizarnos, somos uno más detrás de la tranquera”, confiesa Daniel Bareilles, productor de Cañuelas y representante del Movimiento Agroecológico de Latinoamérica y el Caribe (MAELA), contento por el encuentro entre colegas. Pasada la intensa mañana de debate, los agricultores llegan a la puerta del Ministerio de Agroindustria para hacer visible su reclamo por el desfinanciamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar, seguida de la renuncia del secretario Oscar Alloatti.
Entre la puerta del Ministerio y la camioneta de la Policía, la asamblea continúa y un plato con bizcochuelo, amarillo por los huevos de campo, pasa de mano en mano. Agricultura Familiar es el término que el Banco Mundial eligió para definir a los pequeños productores. “Agricultura familiar es todo”, dice Eduardo Sorazabal, representante de la Agrupación Grito de Alcorta (AGA) de Santa Fe. “Los productos de horticultura, la elaboración de pastas, el 80% de las frutas y verduras viene de pequeños productores”, argumenta.
El problema aparece en un eslabón de la cadena en el que tanto el productor como el consumidor salen perdiendo: la comercialización. El negocio de las grandes cadenas de supermercados es justamente comprar los alimentos perecederos a muy bajo costo a los productores y venderlo con grandes márgenes a los clientes. “En los tomates, por ejemplo, se paga $130 el cajón de 20 kilos, y nosotros lo compramos a $35 o $40 cada kilo”. Ese matiz de un mismo conflicto se reclamó en aquellos “verdurazo” y “frutazo” que llenaron de alimentos la Plaza de Mayo unas pocas semanas atrás.
En diciembre se cumplirán dos años desde la aprobación de la Ley 27.118 de Agricultura Familiar, una norma que además de intentar resolver esta amplia diferencia entre las ganancias de vendedores y productores, exige un seguro integral por los desastres climáticos que sufre el campo, y un crédito especial accesible para los pequeños productores. Pero la ley aún no puede ponerse en práctica porque la reglamentación, que fue presentado por el CAFCI en julio de este año, todavía no tiene la firma del Presidente. “Alloatti recibió mucha resistencia de parte del Consejo”, asegura Bareilles. Y cuenta que las reuniones que tuvieron con él eran vacías de contenido y con un formato escolar. Sin secretario y con un recorte de presupuesto para el 2017, los agricultores suspiran cada vez más largo y aprietan cada vez más las cejas.
Según Sorazabal, el proyecto apunta a que la producción no sea un negocio sino un modo de vida. Hoy unas pocas empresas en el mundo dominan el negocio de las semillas, de seguir así se pueden reducir a dos o tres: “Es una bomba más poderosa que la bomba atómica, tener el alimento es tener el control de la humanidad”.
Retrato del Verdurazo en Plaza de Mayo el último 14 de septiembre de este año.
Actualizado 27/10/2016
Oct 12, 2016 | Entrevistas
Paola Salgado Piedrahita es abogada y activista por el derecho al aborto. Feminista y defensora de los derechos humanos. Joven y luchadora. En Rosario, en medio de la Plaza San Martín, punto principal del Encuentro Nacional de Mujeres (ENM), habla con una y otra persona, se pasea entre los puestos de la feria y llega a la radio feminista montada bajo un gazebo y una montaña de cables. Enfrenta el sol tajante con una visera y unos lentes, y toma el micrófono con fuerza para hablarle a las mujeres argentinas mientras, en algún recuerdo no tan lejano, imagina estar frente a sus colegas colombianas. El exilio es nostálgico. Paola aterrizó en Argentina en octubre de 2015, veinte días después de haber salido de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, donde permaneció detenida, acusada de “terrorista” por su militancia en el Congreso de los Pueblos y su tarea como coordinadora de un programa de salud reproductiva. “Caí en una causa armada por parte de la policía y la fiscalía. Me vincularon a un proceso judicial por terrorismo. Hubo una judicialización no sólo policial, sino también mediática”, reconstruye.
¿Desde cuándo te considerás feminista?
Fue en 2005, cuando empezó a hacerse más fuerte la campaña por la legalización del aborto. Ahí comencé a informarme, a reunirme en grupos de estudio y participar de las discusiones. Estudiaba derecho en la Universidad pública y al principio me involucré en organizaciones como activista de los derechos humanos, frente a la realidad que vivíamos en Colombia. Pero en 2005, con el reclamo por el derecho al aborto, decidí vincularme con la lucha feminista.
¿En qué agrupación empezaste a participar?
En estos once años de lucha, he trabajado dos ejes importantes: el aborto legal y la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado. Empecé con un proyecto de base estudiantil que se llamó Escuela Feminista, y luego participé de la fundación de la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública, que es una red nacional de mujeres campesinas que está en distintas ciudades y que es parte del movimiento social Congreso de los Pueblos. Con la red, la idea fue salir de lo académico y de lo intelectual para aportar al movimiento popular en Colombia y combatir el conflicto armado en el país.
Desde 2005 estás en la campaña por la legalización del aborto, ¿cuánto se avanzó en esta causa?
Por ahora hay tres caudales legalizados: peligro de la vida de la madre, malformaciones o incompatibilidad del feto con la vida y violación sexual. Si bien en los hospitales públicos todavía no se ha logrado implementar la ley como se debe, en Colombia hay prestadores privados legales que brindan la atención médica debida, con un enfoque social que permite a las mujeres más pobres poder acceder, acompañadas de programas estrictos de educación sexual y de anticoncepción. Sabemos que las mayores barreras para un aborto legal y seguro están en el mismo cuerpo médico, porque si bien se modifica la ley, no se modifica la forma de pensar.
¿Cuál era el rol del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del cual estabas a cargo en Bogotá?
El trabajo está en lograr que los profesionales de la salud tengan la mayor claridad posible sobre qué hacer en los casos de aborto, y que entiendan que tienen un rol protagónico para garantizar la vida y la salud de las mujeres. Nosotras los ayudamos a elaborar los protocolos y los apoyamos en el proceso de formación. Como profesionales nosotras tenemos que hacer cumplir la ley, y por eso queremos que los trabajadores de la salud entiendan que somos sus asesoras y sus acompañantes, que queremos que lo hagan bien y que cumplan el rol que tienen que cumplir.
En 2015 tuviste que abandonar la coordinación del Programa, ¿Qué pasó?
Estuve desde el 2013 hasta el 2015. El 8 de julio del año pasado caí en una causa armada por parte de la policía y la fiscalía que me vincularon a un proceso judicial por terrorismo, donde hubo una judicialización no sólo policial sino también mediática. Conmigo se llevaron a otras doce personas. Estuvimos en prisión dos meses, y aún sigue el proceso judicial. Tenemos el riesgo de ser condenados a 30 años de cárcel por terrorismo, por haber sido vinculados a una protesta estudiantil en la Universidad Pública. Entre los 13 detenidos hay estudiantes y además personas vinculadas a diversos sectores. La única coincidencia es que todos pertenecemos al Congreso de los Pueblos. Lo que entendemos es que fue una excusa para criminalizar al movimiento».
En 2003 el gobierno de Álvaro Uribe, actualmente principal crítico del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC y líder de la campaña por el “no”, logró que el Congreso aprobara el Estatuto Antiterrorista en Colombia. Este documento modifica cuatro artículos de la Constitución que dejan el camino libre para que unidades especiales de la policía judicial y también fuerzas militares puedan interceptar a los ciudadanos sin previa orden judicial, además de ejecutar detenciones, allanamientos y registros domiciliarios. En 2006, aún bajo la gestión de Uribe, este documento se formalizó en la ley 1121, por la cual se dictan normas para la “prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones”.
Mencionás que uno de los ejes es la violencia contra las mujeres dentro del conflicto armado, ¿A qué te referís?
Cuando la militarización ocupa un pueblo sucede como en las guerras medievales. Llegan a reclamar el territorio a través de la violencia, y con la misma violencia toman el cuerpo de las mujeres. Entonces, la mujer se convierte en un instrumento en disputa por parte de los guerreros. Castigar a las mujeres es igual a castigar al enemigo.
¿Qué pasa con esas mujeres después de las situaciones de violencia?
Para las mujeres que sobreviven de la desaparición forzada de sus familiares queda la marginalidad, la exclusión social y la pobreza. Estas mujeres víctimas de la guerra que son desplazadas de sus territorios, terminan engrosando las redes de prostitución y de explotación en el trabajo doméstico informal.
¿Cómo se puede revertir esta situación?
Lo que hay que hacer es apropiarse de la participación política, de los espacios públicos. Construir la paz en Colombia implica construir transformaciones sociales y duraderas que abran espacio a la voz de las mujeres.
Y ahora que en el referéndum se votó el “no”…
La campaña por el “no” utilizó un discurso misógino y un discurso de discriminación. Nos surge la preocupación de que se construya un modelo ideológico de derecha en el país, que entendemos que nace del miedo de que las mujeres salgamos de la casa a la calle a reclamar, a dejar los lugares tradicionales, y también miedo a que la enseñanza de género en las escuelas pueda transformar en homosexuales a los niños. En definitiva es lo mismo que ocurre en Brasil en el golpe contra Dilma. Si no se transforma el modelo de país, y en esto las mujeres tienen un rol importantísimo, el conflicto armado no va a desaparecer. Hay una frase que tiene que ver con esto y que decimos mucho allá: en Colombia es más fácil armar una guerrilla que armar un sindicato.
El 11 de septiembre del 2015, el Juzgado N°44 declaró que el procedimiento de captura de los trece integrantes del Congreso de los Pueblos era ilegal y que la orden de prisión preventiva no tenía fundamento jurídico, no había argumentos legales. Sin embargo, tanto Paola como los demás continúan relacionados al proceso judicial.
Desde que saliste de la cárcel estás viviendo en Argentina. El exilio, ¿es decisión personal o es decisión política?
Es personal y política. Política porque la situación es complicada de afrontar allá, en especial por una serie de condiciones de riesgo que no vale la pena asumir. Y personal porque fue una recomendación tanto del Congreso de los Pueblos como de los organismos de derechos humanos que nos acompañaron en el proceso. La refrendación de los acuerdos de paz abría una posibilidad para regresar porque la jurisdicción especial de paz incluía algunos beneficios para referentes sociales judicializados que nos daban la posibilidad de regresar. Con el “no” eso queda en el limbo y nos toca seguir esperando.
Actualizado 12/10/2016
Sep 28, 2016 | inicio
“Necesitamos empleo para los desocupados, que se reabran las paritarias y se terminen los despidos”. Claudio Arévalo, vocal de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), resume los reclamos de la jornada de paro y movilización de los gremios estatales y docentes. Su columna avanza hacia el Congreso de la Nación. Es martes al mediodía y los trabajadores nucleados en ATE, CTERA y la Federación Nacional Docente inundan el centro de la Ciudad. La protesta se replica en actos y movilizaciones en las provincias de Córdoba, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Misiones y Entre Ríos, todos con el mismo objetivo que enunció Arévalo.
“Por un presupuesto sin ajustes”, señala una de las banderas centrales de la movilización. El secretario general de ATE, Hugo “Chachorro” Godoy, defiende la medida de fuerza y subraya que “el atraso de los salarios frente a la inflación es gravísimo”. Y advierte: “En el caso de los estatales, el paro es tanto contra el gobierno nacional como contra las gobernaciones y los municipios que deben reabrir la negociación salarial y reincorporar a los despedidos”.
Los docentes cierran la marcha frente al Ministerio de Educación, con el respaldo de la CTA Autónoma de Pablo Micheli, y la CTA de los Trabajadores que lidera Hugo Yasky. Si bien comparten una misma lucha en la calle, las diferencias entre las centrales salen a la luz. Así lo afirma Nora Velázquez, de la Organización Sindical Gastronómica de la CTA Autónoma, mientras avanza en la cabecera de la marcha que, luego del habitual recorrido por la histórica Avenida de Mayo, está por llegar al Congreso, brillante ante el sol del mediodía y el reflejo de los edificios espejados. “Ellos responden a Hugo Yasky que por doce años nunca se acordó de nosotros, los trabajadores, mientras estábamos en la calle”, se queja Velázquez. La otra marcha sale desde el Congreso Nacional hasta el Palacio Pizzurno.
Sin embargo, la diferencia central es con la nueva conducción de la CGT que todavía no definió la fecha del prometido paro general y en las próximas horas mantendrá una reunión clave con el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay.
“Seguiremos formando hombres y mujeres libres, críticos, y socialmente responsables que construyan una sociedad más justa e igualitaria en contra de lo que quiere (Esteban) Bullrich y el gobierno de (Mauricio) Macri”, denuncia Eduardo López, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) de la Ciudad de Buenos Aires, en el acto central frente al Ministerio. A su vez, Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, advierte que “no se puede incumplir las leyes que este mismo Congreso votó” y agrega que seguirán marchando hasta ver las escuelas públicas en condiciones y tener cargos docentes y salarios dignos.
Los trabajadores de la salud bonaerenses, agrupados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), se unen a la marcha en el contexto de la negociación paritaria tras el rechazo de la última oferta salarial oficial. “Nosotros estamos luchando por un aumento salarial, pero además por la incorporación de los trabajadores precarizados, que ya son cerca de mil compañeros”, explica Emanuel Álvarez, secretario general gremial del Hospital Narciso López. Además de reclamar el aumento salarial, los trabajadores de la salud advierten por las pésimas condiciones de los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, y subrayan la necesidad de un aumento urgente del presupuesto para el sector, en especial en el segundo y el tercer cordón del Conurbano bonaerense.
“Los hospitales están devastados, hay una crisis sanitaria que se nota en las guardias desbordadas, en la falta de insumos y medicamentos, además de profesionales, técnicos, enfermeros y personal de mantenimiento, que son todos los que sostienen un hospital para garantizar la salud de la población”, concluye Álvarez.
La marcha de estatales llega al Congreso alrededor de las 13:30 y se mezcla con algunas banderas de CTERA que habían pasado por el Ministerio. “Si no hay respuesta -sentencia Arévalo- nos van a encontrar en la calle”.
Mirá la fotogalería de ANCCOM:
Actualizado 28/09/2016
