Ago 24, 2016 | Entrevistas
El viernes pasado el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata otorgó el beneficio de prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz por razones de salud. Sin embargo, no se hará efectiva porque actualmente está siendo juzgado en otras causas que están en etapa de instrucción. El represor, de 87 años, mano derecha del ex General Ramón Camps, fue Director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en 1976 y 1977, responsable de “La noche de los Lápices”, y tuvo a su cargo 21 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Además, es el principal sospechoso de la desaparición de Jorge Julio López.
Esta semana, organismos de derechos humanos se reunieron en repudio de esta decisión. El argumento en el que se basó el Tribunal para otorgar la prisión domiciliaria al represor fue su estado de salud: hipertensión y riesgo de accidente cerebrovascular. Sin embargo, otras pericias médicas determinaron que estos síntomas son parte de una huelga de hambre que llevó a cabo y consideraron que sus dolencias pueden ser tratadas en un hospital.
En este marco ANCCOM conversó con Carlos Rozanski, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal I de la Plata, y reconocido por su trayectoria y dedicación en los juicios por delitos de lesa humanidad. Con el permanente objetivo de velar por los derechos humanos, el magistrado fue el primero en condenar a Etchecolatz. En 2004 lo sentenció por apropiación de bebes y, en 2006 –luego de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final–, lo juzgó por su participación en el genocidio llevado a cabo durante la última dictadura argentina condenándolo a cadena perpetua. Como es parte de las causas en las que actualmente está siendo juzgado el ex policía, no dio su opinión sobre la prisión domiciliaria que fue otorgada al represor. Sin embargo, aclaró los alcances de la ley que la regula; reflexionó sobre el poder reparador de los juicios; denunció las presiones de medios de comunicación como Clarín y La Nación; y recordó la herida abierta y la falta de verdad y justicia en la desaparición de Jorge Julio López.
Si una persona estuvo en prisión domiciliaria y se la revocaron por haberle encontrado un arma de fuego, como a Miguel Osvaldo Etchecolatz, o por algún otro motivo que lo justifique ¿cuenta con un precedente para que no se la puedan volver a otorgar?
Sí, debería ser así. Habría que analizar cada caso. Sobre el caso de Etchecolatz no puedo opinar porque intervengo en la causa. Pero en abstracto, a quien incumple de alguna manera se le revoca y nunca más se le da, sobre todo en delitos comunes. Pero bueno, hay que analizar cada caso porque, ese tipo de decisiones, como cualquier otra de los seres humanos, pasa por el pensamiento, la ideología y el sistema de creencias de esa persona que está decidiendo.
Se cumplieron diez años del juicio a Miguel Etchecolatz en 2006, ¿cuál fue su importancia?
Ese juicio fue posterior a los que se hicieron a las Juntas, donde Etchecolatz y Camps –entre otros– ya habían sido juzgados, y luego beneficiados por los indultos que dejaron sin efectos las sentencias. Yo ya había condenado a Etchecolatz y a otros represores en el año 2004, porque aunque estaban vigentes las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, no se aplicaban a la apropiación de criaturas. Y el juicio que yo hice en aquel momento, en 2004, fue por la apropiación de un niño de padres uruguayos. En el 2006 se hizo el primer juicio después de la declaración de inconstitucionalidad de esas dos leyes. La importancia que tuvo fue ser el primero, y ser un desafío en todo sentido. Además, se produjo la tragedia de la desaparición de Jorge Julio López sobre el final del juicio. De modo que también tiene una importancia trágica.
Fue la primera sentencia en el país que incorporó la figura de genocidio, ¿en qué sentido la última dictadura argentina merece ese calificativo?
La utilización del concepto de genocidio para aplicarlo al proceso que vivió la Argentina deriva de la necesidad de llamar a las cosas por su nombre. Es decir, de poder aplicar el nombre adecuado a los fenómenos que se producen, y muy especialmente cuando se trata de crímenes masivos de lesa humanidad como es un genocidio. Utilicé esa noción en el sentido más amplio y abarcativo. Por un lado, está el concepto de la Convención sobre Genocidio, que yo considero aplicable porque las víctimas del proceso que se vivió en Argentina estarían incluidas en lo que la Convención llama “grupo nacional”. Más allá de eso, hay un antecedente histórico interesante: previo a la Convención había un proyecto, y previo al proyecto había una declaración de Naciones Unidas, y en los dos casos se incluía el concepto de “perseguidos políticos”. Que la Convención haya sacado esa categoría, en realidad tuvo que ver con una coyuntura: Stalin estaba matando millones de personas y, por lo tanto, fue uno de los que se impusieron para que se quitara ese ítem de “perseguidos políticos”. Pero se conservó el de “grupo nacional”. La caracterización de ese proceso como un genocidio venía siendo, también, un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos. Después, este punto de vista se fue enriqueciendo con el trabajo de Daniel Feierstein, que agregó el concepto de “genocidio reorganizacional”: la finalidad de la dictadura argentina era reorganizar la sociedad, pero en base a las categorías que ella misma establecía, fundamentalmente para poder aplicar un proyecto económico que fue el origen del terrorismo de Estado.
También se están por cumplir diez años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, ¿qué cree que pasó con él?
Desconozco qué es lo que sucedió puntualmente. Lo que sí sé es que desapareció, literalmente. De modo que entiendo que fue víctima de una desaparición forzada, que no se investigó hasta el día de hoy con la intensidad suficiente. O, por lo menos, no se observaron resultados de ninguna especie, no hay ningún tipo de información, lo cual es alarmante. Y, además, es la confirmación de la truculencia que tuvo esa desaparición, el mensaje mafioso que pudo implicar en aquel momento y el esfuerzo que hubo que hacer a partir de ahí para poder reanudar todo el proceso de juzgamiento.
¿Afectó el desarrollo de los juicios?
Sí, lo hizo. Lo que tuvimos que trabajar fue la medida de ese impacto, para que no se vieran perjudicados los procesos de verdad y justicia como el que se inició en aquel momento, después de 30 años de impunidad. El siguiente juicio en la Plata fue el del sacerdote Christian Von Wernich. Había que hacerlo después de la desaparición de López y lograr que los testigos asistieran, declararan y se sintieran contenidos. Por suerte, esto se pudo lograr porque establecí un sistema de convenio con dos organismos: el Centro de Protección a las Víctimas de la provincia de Buenos Aires y el Comité para la Defensa de Derechos Humanos. Ellos proveen, hasta el día de hoy, de psicólogos y psicólogas con los cuales se da contención a los testigos para que el trauma que significa volver a declarar sea el mínimo posible, para que se sientan en condiciones de hacerlo y que el que no esté condiciones, no lo haga. La protección material física se hace a través del programa nacional de Protección de Testigos y el programa Verdad y Justicia, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Son distintos ámbitos pero todos apuestan a lo mismo, es decir, a que se puedan hacer los juicios con la mayor normalidad posible y sobre todo con el respeto que a las víctimas y los testigos se les debe por la ley y por cuestiones éticas elementales.
¿Cómo cree que esta herida sigue afectando hoy?
Sigue afectando de una manera muy específica, que tiene que ver con lo que en su momento escribió en una obra de teatro Tato Pavlovsky –El señor Galindez–, en donde él le hizo decir al represor: «Por cada uno que tocamos, mil paralizados de miedo. Nosotros actuamos por irradiación». Si pensamos que hubo 30.000 desaparecidos, son 30 millones de personas las atravesadas por ese aparato de terror de los años 70. Esa irradiación a la que aludía Pavlovsky sigue hasta hoy, producto de la etapa de terrorismo de Estado y, luego de tres décadas, de la desaparición de un importante testigo, de un hombre que hizo un aporte muy fuerte en ese juicio, una figura especial, porque él fue testigo presencial de los hechos que relató. De modo que la desaparición, además de la tragedia personal que esto representa para su familia, significó una tragedia social. Pero como toda tragedia social, es un desafío para la comunidad: reponerse, no olvidar, seguir adelante en un proceso que busca investigar la verdad de lo que pasó, poder condenar como corresponde y cultivar la memoria para que no vuelva a pasar.
¿Considera que los juicios son una instancia reparadora para víctimas y familiares?
Sí, estoy completamente convencido. Cuando finalizó el juicio a Etchecolatz, al terminar de leer el veredicto se me acercó una señora, una madre de Plaza de Mayo, que había estado presente, aunque no se estaba juzgando el caso de su hijo desaparecido. Me dijo, tocándose el pecho, que había tenido durante 30 años una opresión que se le había ido. Y la verdad es que además de lo conmovedor de la frase, creo que es la prueba más elocuente de lo que significa la reparación. Difícilmente se puede explicar de una manera más gráfica que con esta señora, que se llamaba Edna (Coparón de Ricetti).
¿Actualmente existen presiones para limitar los juicios de lesa humanidad?
Presiones hubo siempre, y amenazas también. Las presiones son ilegales, pero son lógicas y entendibles si se tiene en cuenta que este proceso de juzgamiento afecta intereses muy concretos: económicos y de los otros. Eso ha existido desde el primer juicio. Por ahí lo que está sucediendo es un cambio de clima. A mi entender, desde el año 2003 el contexto fue distinto, ya que se declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y, a partir de ahí, se pudieron iniciar los juicios. Ese contexto siguió siendo favorable durante toda esta década: el apoyo del Ministerio de Justicia y el programa de los testigos, sin ninguna duda, colaboraron con el avance de los juicios. Hoy se está percibiendo un cambio de clima en ese sentido. En lo personal, no recibí ningún tipo de presión de parte del gobierno. Sí noto la presión de algunos medios periodísticos importantes, que son los que vienen haciéndolo hace tiempo: La Nación y Clarín. Entiendo que tiene que ver con intereses económicos e ideológicos.
¿Qué tipo de presión ejercen estos medios?
En el caso de La Nación, por ejemplo, los editoriales que hace años vienen produciendo. Unos días antes de finalizar un juicio por delitos de lesa humanidad muy importante, publicaron editoriales a favor de uno de los imputados que luego fue condenado a prisión perpetua. Eso fue explícito, fue y es una presión concreta que después mantuvo a partir de otros editoriales, algunos más fuertes y otros menos, pero todos dirigidos a lo mismo: a desalentar el proceso y desacreditar a algunas personas –incluyéndome, por supuesto– en operaciones de prensa absurdas, pero no por absurdas menos graves.
¿La Teoría de los Dos Demonios sigue presente en el imaginario social?
La teoría de los dos demonios se fue abandonando con los primeros juicios. Comenzó hace 35 años. En el juicio a las Juntas se hablaba de los dos demonios. Pero, cuando en esta etapa se comenzaron los juicios de Etchecolatz y todos los que se vienen haciendo en el resto del país, claramente quedó descartada por completo. Primero, porque es una teoría interesada: no es neutra. Cuando se habla de dos demonios lo que se busca es confrontar, por un lado, la represión genocida y, por el otro, la actividad –o la supuesta actividad– de las víctimas. Si tenemos en cuenta que en todos los juicios ha quedado demostrado el secuestro y desaparición de bebés, de niños, la violación sexual, el homicidio, la tortura y desaparición de miles de personas, suena extraño que alguien pueda elaborar una teoría en la cual se confronten dos demonios. Sin embargo, está presente en algunas personas que tienen interés en mantenerlo circulando. Lo cual no significa que se ajuste a la realidad. En la Argentina de esa época no hubo dos demonios, sino que hubo un genocidio pensado, elaborado y puesto en marcha, de secuestro, tortura, desaparición y muerte. Y esto está probado, con sentencias firmes. Y si hay gente que todavía está elaborando esa teoría o la repite, es porque tiene intereses en hacerlo: económicos e ideológicos.
Mauricio Macri relativizó el número de los desaparecidos en la última dictadura y calificó como «guerra sucia» lo sucedido en esos años. En el mismo sentido, Lopérfido también cuestionó la cantidad de víctimas ¿Cómo afectan estos dichos a la búsqueda de la verdad y la reparación a las víctimas y sus familiares?
Depende de lo que cada juez haga cada día con las causas que lleva. No solo por la opinión que pudo haber dado el Presidente de la Nación, sino en general. También puede ser por las intimidaciones de los medios y sus presiones, que van a tener eco o no en jueces y fiscales y lo vamos a saber en cada actuación de ellos. Lo que pasa es que si tenemos en cuenta que estos juicios se están llevando a cabo porque durante treinta años los organismos de derechos humanos, las Madres, Abuelas e Hijos, resistieron y exigieron, vemos que eso es la prueba más elocuente de que cualquier persona puede decir lo que quiera, pero cuando dice cosas de esa envergadura, que descalifican un proceso genocida como el que hubo, la respuesta social es muy fuerte. Esa es la parte rescatable, la parte llena del vaso. Porque del mismo modo que treinta años de reclamar, sin descanso alguno, generó un proceso único en el mundo –que es el de juzgamiento de genocidas–, con el mismo criterio cualquiera puede decir lo que quiera, pero eso no significará ni que esté bien ni que no va a tener una respuesta social. Y nuestra sociedad va a ir eligiendo en cada caso qué respuesta elige. En el caso de los jueces, la respuesta es hacer los juicios que tienen que hacer y aplicar la ley como corresponde.
¿Qué establece la ley de Prisión Domiciliaria?
La 24.660 es una ley penitenciaria que luego fue modificada por la ley 26.472. Lo que establece es la posibilidad de prisión domiciliaria bajo determinadas condiciones: ser mayor de 70 años, tener enfermedades graves o incurables, etcétera. Pero todos esos requisitos que esa ley establece están encabezados por la palabra “Podrá”, “El juez podrá”. De modo que claramente lo que el legislador hizo fue otorgarles a los jueces la posibilidad de determinar o no, en cada caso, un beneficio de esa naturaleza, que de ningún modo es obligatorio ni automático.
Cuando la sociedad denuncia la injusticia de algún caso de prisión domiciliaria y exige rever esa decisión ¿quién es el responsable de intervenir en la discusión?
En el caso de la prisión domiciliaria solamente los fiscales pueden efectuar algún tipo de recurso. Y depende la interpretación podrán los querellantes o no. Pero la realidad es que los fiscales tienen la responsabilidad de decidir. Cuando se les da una vista a los fiscales antes de decidir, hay fiscales que aconsejan dar una prisión domiciliaria. No solo en casos de lesa humanidad, sino en delitos comunes también. Lo que pasa es que ahí cada uno interpreta, y eso es lo que la ley le otorga a los jueces: la posibilidad de interpretar si va a decidir o no una prisión domiciliaria. Y la va a otorgar o no el juez en función de su propia visión de los hechos, de la gravedad de los mismos, de la situación de la persona que fue condenada.
¿Qué tipo de custodia reciben los que tienen prisión domiciliaria?
Lo que pasa es que históricamente la prisión domiciliaria no preveía custodia física. Después existieron casos en los cuales se aconsejó eso. Imaginate que si hablamos de miles de personas que están en esa condición, sería imposible destinar decenas de miles de guardias para custodiarlos. Existen las pulseras electrónicas que se utilizan en casos de prisión domiciliaria, pero de delitos comunes. El caso de delitos de lesa humanidad es mucho más complicado, la mayoría no tiene custodia.
¿Y entonces cómo se garantiza que cumplan la prisión domiciliaria?
Por eso es complicado… la responsabilidad de los jueces que las otorgan es ver cómo se verifican. Puede ser a través de una visita del Patronato de Liberados, o de distintas maneras. Hace poco se dio un caso muy fuerte con un hombre de 87 años que estaba procesado por delito de lesa humanidad y estaba con prisión domiciliaria por razones de salud. Estaba arriba de un limonero podándolo y se cayó adentro de una pileta y se murió. Uno tiene que analizar esta escena, porque si lo que se argumenta es que es beneficioso para su salud estar en su casa, y se cae de un limonero y se mata en una pileta de natación, no puede ser beneficioso. En segundo lugar, si se mata en una pileta de natación es porque la tiene, lo cual demuestra un estándar de vida importante que tal vez a más de uno haga pensar que se dan condiciones inequitativas con respecto a otros detenidos de una situación económica menor que a lo mejor ni siquiera obtienen la prisión domiciliaria.
Actualizado 24/08/2016
Ago 16, 2016 | destacadas
“¿Qué tienen tatuado?”, se preguntó Martina Matusevich una y otra vez al capturar las imágenes que componen A Flor de Piel, un ensayo fotográfico que investiga la forma en la que los estudiantes y egresados del Centro Educativo Isauro Arancibia hacen de los tatuajes su identidad. “No tenían dibujos. Tenían tatuados nombres, los nombres de sus recuerdos. En general, hablan de personas, de gente que los quiso, que los quiere, que ellos quisieron. Son tatuajes de amor, autorreferenciales. Y ahí estaba parte de su identidad, manifiesta de maneras alternativas al DNI, las preferencias, etnias y demás”, observa Matusevich, que además es docente de la escuela desde hace diez años y coordinadora de La Realidad sin Chamuyo, la revista que publican los estudiantes.
A flor de piel es algo más que una recopilación de retratos. Es un ensayo sobre el cuerpo de los excluidos, las formas de marcarlo a tinta con sus historias personales y la manera en que las ausencias, la crudeza de la calle, y el desprecio social se inscriben como identidades en la piel. “No tienen documentos, no tienen partida de nacimiento, pero sus amores, sus nombres, están tatuados”, reflexiona la docente Lila Wolman. El libro fue presentado el jueves en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, y la muestra de algunas de las imágenes que lo componen puede visitarse en ese espacio de Corrientes 1543 hasta el 31 de agosto.
“La idea de A flor de piel surgió hace tres años, como una propuesta creativa. Siempre estamos buscando maneras de visibilizar, difundir y contar el proyecto Isauro Arancibia. Darle cara, nombre e identidad a los pibes, darles herramientas para plantarlos en la sociedad y que ellos mismos se sientan dignos de participar. Porque es una población bastante maltratada, que se lo termina creyendo. Entonces, la idea fue crear un libro que mostrara sus retratos, sus tatuajes, sus historias. Era una manera de que dejen de ser los anónimos, las poblaciones en situación de calle. Que sean ellos, y sus nombres”, cuenta Matusevich. Y agrega: “Se probaron retratos en contextos urbanos. Luego intentamos con el estilo publicitario. Fuimos jugando, nada muy armado porque ellos vienen a la escuela un mes sí y otro no, dejan de venir seis meses… No había cita, ni había día. Había un ‘nos vemos y encaramos’. Estábamos armados para hacerlo, cada vez que yo venía a la escuela traía la cámara. Los pibes no tienen dirección, no tienen DNI. Muchos no tienen familia. Pero sus tatuajes son su álbum de recuerdos, ahí están los nombres de sus seres queridos. Y eso se descubrió en el trabajo, lo descubrimos haciéndolo”.
«La idea fue crear un libro que mostrara sus retratos, sus tatuajes, sus historias. Era una manera de que dejen de ser los anónimos,» explicó Martina Matusevich, fotógrafa del Isauro Arancibia y del libro.
A Flor de Piel imprimió una tirada de mil ejemplares que será distribuida en escuelas, bibliotecas populares, y centros culturales. Un porcentaje también estará destinado a la venta. “El que quiere acceder al libro, por lo pronto, puede hacerlo en Paseo Colon 1318 –sede del Isauro Arancibia– o puede escribir al Facebook de La Realidad sin Chamuyo. No tenemos armada ninguna estructura de venta, es muy personalizado. Somos nosotros. Es un espacio abierto, horizontal e inclusivo, y el que quiere acercarse, participar y proponer será bien recibido”, destaca Matusevich.
Ellos
“Formar parte de este libro es como me dijo un compañero: ‘El Isauro somos todos, y el libro es del Isauro’. O sea que está bueno que aparezcamos todos juntos: operadores, docentes, y también los estudiantes, que son los que nos hacen crecer día a día. Me gustó la idea de participar de algo junto a quienes me enseñaron a crecer, porque yo fui un alumno de ellos y ahora soy compañero de trabajo”, dice Dante Gómez, egresado de la casa. El Isauro Arancibia es un centro educativo para chicos y chicas en situación de calle, que no solo les permite terminar la primaria y formarse profesionalmente con los cursos que brinda en el contraturno –costura, panadería, serigrafía, peluquería, circo y arte, entre otros–, sino que les ofrece la comprensión y el amor que el frío, el hambre y la hostilidad social les arrebataron. “Me acerqué por mi pareja, porque ella iba antes a la sede que tenían en el edificio que les había prestado la UOCRA. Yo ya había terminado el primario, pero decidí hacer un repaso. Hice la evaluación, empecé tercer ciclo y en el mismo año egresé. El año siguiente me dijeron si yo tenía ganas de darles una mano a los operadores que estaban. Y ahora ya son cuatro años que estoy trabajando con ellos, y me gusta mucho porque de esta forma estoy dando lo que a mí me dieron ellos”, explica emocionado el ex estudiante. En su pecho y en su brazo izquierdo tiene tatuados los nombres de sus hijos, Solange y Tiziano: “Lo que más me importa es tenerlos conmigo, sabiendo que cuando sean grandes ellos van a estar con su pareja, en su casa, y no van a estar al lado mío”, imagina.
Horacio Ortiz, que actualmente también trabaja en el Centro Educativo haciendo fileteado porteño, pudo terminar la primaria en el Isauro. “Me acerqué por unos conocidos que estaban en situación de calle como yo. Estaba con mi nena, que tenía un problema de salud en la columna, y tuve la posibilidad de que ella se escolarice”, cuenta. Además de finalizar sus estudios, asistió a algunos talleres de oficios y fue acompañante del profesor de fileteado porteño José Espinoza durante tres años. “Aprendí mucho. Pero como este año está el Gobierno de Macri, que nos sacó la beca que nos daba el Estado, no se pudo bancar más a mi profesor. En la escuela me propusieron si estaba dispuesto a emprender un microemprendimiento…Y bueno, como estaba mi otro compañero, que es el mecánico de bicicletas, y no estoy solo, me prendí”, explica.
“Quiero transmitir a los demás qué significa el tatuaje, porque para mí representa muchas cosas”, aclara sobre su participación en el libro. Y mostrando sus tatuajes, continúa: “Acá en la mano tengo un corazón con una M, fue mi primer tatuaje. Falleció mi mamá, y entonces me hice la M como diciendo: ‘Mamá, te llevo en el corazón’. Después me hice mis iniciales, porque mi hermano me dijo: ‘Loco, si algún día a vos se te ocurre no estar en la provincia –porque yo vengo de Formosa– y te pasa algo, tenemos que reconocerte’. Acá pasan muchas cosas, y qué se yo… como hay mucho gatillo fácil, me puse mis iniciales para que mi familia me pueda reconocer a través de los tatuajes”.
David Bello, alumno del Isauro Arancibia en la presentación del libro.
Carlos Duarte vive desde los trece años en la calle, y cree que poder estudiar en el Isauro le da las herramientas a las que nunca pudo acceder: “Me hice los tatuajes en un Instituto, hace como un año y ocho meses. Me gustó. Capaz que a mi familia no le gustó, pero a mí sí, porque yo estaba encerrado las 24 horas en un colegio cerrado. Yo no conocía una escuela, nunca estudié y al Isauro me acerqué porque conocí a una chica en la calle que iba. En una escuela como esta hacés mucha tarea. Podés terminar el colegio y tener una carrera. Para mí lo importante es terminar la carrera de trapecista. Soy un payaso, me gusta”, se ríe.
Sin descuidar los contenidos básicos de la escuela primaria, lo que propone el Centro Educativo es reorganizar el programa de enseñanza de manera tal que tenga en cuenta las problemáticas que más sufren estos adolescentes: la vivienda, la salud y la familia. Los docentes consideran que no solo debe educarse para el trabajo, sino para la libertad.
En una de las fotografías publicadas en el libro, sentado sobre un banco de escuela y con mochila al hombro, Juan Carlos Fernández posa mostrando el escudo de San Lorenzo tatuado en su pierna: “Estábamos comiendo algo con un grupo de compañeros en el hotel en el que vivíamos, me sentí conforme, contento, en un lugar cálido, y me lo hice”, comenta. Pero luego de mencionar su identificación con el club de fútbol, se apura a hablar sobre lo que no aparece fotografiado: “Tengo otro en la parte de atrás que dice ‘Adriana’, que es el nombre de mi mamá. No la tengo desde muy chico, y pasaron muchos días de la madre, muchos cumpleaños, muchas navidades, y nunca le hice un regalo. Ni tampoco pude recibir uno de ella. Y creo que el mejor regalo es poder tatuarme su nombre con mucho orgullo, porque me parió, me tuvo en su vientre, y lo único malo es que la vida no me dejó disfrutarla. Pero lo bueno es que por lo menos con este tatuaje la tengo presente”, confiesa.
Con un cariño especial por el Isauro, que le permitió terminar sus estudios y reencontrarse con su familia, Fernández explicó por qué decidió formar parte de A flor de Piel: “Me sumé porque soy compañero de la escuela, y además me pareció algo lindo que yo pueda aparecer en algún lado. Creo que es un orgullo para mi familia sumarme a este proyecto. En la calle mi cara tiene precio. Para la escuela, no. Ellos me dieron una mano muy grande, porque me consiguieron un hotel para que pueda dormir, me abrieron las puertas y me hicieron vivir algo que pensé que había perdido, que es compartir una mesa en familia”, dice.
Fernández se mudó este año a la vivienda que el Isauro Arancibia consiguió para que los estudiantes y egresados más necesitados puedan estar transitoriamente mientras se piensan a sí mismos y planean su proyecto autónomo. Emocionado, Juan Carlos agrega: “Además, ellos me hicieron reunir otra vez con mis familiares, que los estoy yendo a visitar seguido, pero no tanto porque cuesta soltar un poquito lo tierno de uno. Hay mucha bronca e impotencia en la calle, y la reflejo en mi familia. Me siento mal por eso. La calle me estaba amoldando de una forma que no está buena para ninguna persona”.
Sergio Cairoli, docente de primer ciclo, también quiso formar parte del libro. “Me lo propusieron y me pareció linda la idea de compartir un proyecto con los chicos. Mi tatuaje es una frase de una canción de La Covacha, que se llama Desterrado del cielo, y representa a los pibes que no tienen la oportunidad que otros sí tuvimos y pudimos aprovechar, como tener una familia que te banque para poder hacer lo soñás. Eso es lo lindo de un tatuaje a veces, que te recuerda historias que te hacen ser lo que sos, te dan esa identidad de la que habla el libro”, reflexiona.
La situación del Isauro
La institución, que surgió en 1998 con apenas diez alumnos, no siempre funcionó en el actual edificio. Luego de una lucha de largos años y varias mudanzas, en 2011 consiguió establecerse en Paseo Colón 1318. La Legislatura porteña aprobó ese mismo año, a partir de la venta de terrenos en Catalinas, un presupuesto de 14 millones de pesos para reconstruir el espacio. Sin embargo, recién en 2016 se llevaron a cabo las primeras obras porque, en el medio, quisieron demoler el edificio para que pase el Metrobus.
Con la obra finamente concluida, el Isauro Arancibia se encuentra nuevamente amenazado de demolición por la traza del Metrobus, prevista para 2017. Luego de meses de exigir información al respecto, finalmente recibieron una respuesta del Gobierno de la Ciudad. “Mandamos un mail diciendo que nos parecía horrible que no nos informaran y después de tanto tiempo nos citaron a una reunión. Quieren tirar la parte de adelante del edificio y trasladarla a Brasil y Paseo Colón, donde hoy está la Escuela Taller del Casco Histórico que enseña oficios”, explica Lila Wolman, docente del centro educativo. “Es terrible lo que está pasando, nos quieren dividir. Te avasallan, uno siente que no puede ni responder. Los pibes están muy mal, están consumiendo como nunca. Estamos atravesando problemas que no tuvimos en estos 18 años. Los meten en cana por cualquier cosa, los matan a palos. Está dificilísimo y estamos muy preocupados. Hay que resistir, y este libro es una manera de hacerlo”, agrega Wolman.
Actualizado 17/08/2016
Ago 5, 2016 | inicio
Luego de una asamblea en la que debatieron la situación de precarización laboral que están viviendo, los trabajadores de AGEA SA-Grupo Clarín decidieron llevar su reclamo a la calle y cortaron Tacuarí –donde se encuentra la sede de la redacción– con termos, cacerolas y otros objetos que golpearon al ritmo de “No me alcanza, la guita no me alcanza…”. El principal problema, dijeron a ANCCOM los redactores, es que la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) firmó un acuerdo paritario que establece una recomposición salarial de 25 a 27 por ciento en 13 meses, mientras que el diario publica en sus tapas que la inflación estimada será alrededor del 45 por ciento interanual. “No solo que no empatás la inflación, sino que además perdés 20 puntos, o sea que estás trabajando prácticamente gratis”, dijo Juan José Marón, periodista de Olé.
Si bien hace tiempo vienen realizando medidas de fuerza para visibilizar su reclamo, en los últimos meses estaban a la espera de una respuesta: “Era un impasse, porque había una mesa de negociación. Pero la propuesta que hicieron fue insuficiente, los sueldos están muy por debajo, incluso algunos pasan la línea de pobreza. Necesitamos que se pongan serios y hagan una propuesta real para todos”, expresó Gerardo Morel, delegado gremial y trabajador de la sección de infografías de Clarín desde hace 25 años.
En un contexto de crisis, tarifazos y creciente inflación, los trabajadores de Clarín encontraron irrisoria la cifra pactada por UTPBA con la patronal. “Tenemos un problema, el histórico gremio de prensa hace mucho tiempo está cooptado por las propias empresas. Este es el tercer año que va a paritarias solo, sin delegados, y que cierra la peor cifra del país. Este año rompió records, porque mientras todos los sindicatos firmaron un promedio de 25 por ciento para 6 meses, la UTPBA firmó entre 25 y 27 por ciento para 13 meses, ni siquiera para un año”, explicó Francisco Rabini, editor de Clarin.com, delegado de AGEA SA, y dirigente del recientemente creado Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa). Y agregó: “Nosotros lo que denunciamos es que la empresa que publica en la tapa que la inflación interanual supera el 45 por ciento pretende que a nosotros se nos licúe el salario con una recomposición salarial que, anualizada, es menos del 23 por ciento”.
Dardo Villafañe, periodista de Arquitectura, lleva 22 años en la empresa y considera injusto que trabajadores con más de 20 años de experiencia cobren alrededor de 20.000 pesos. Según explicó, la escala salarial es muy variada, incluyendo sueldos de 7.000. “Lo que estamos reclamando es que el acuerdo paritario vergonzoso que firmó la UTPBA no sea tomado como un techo, sino como un piso. Esta situación ya es el colmo. Y cada vez somos más reclamando, pese a que cada día somos menos. Tres o cuatro personas por día se van del diario, porque se cansan y se terminan yendo. De Olé, Genios, La Razón y de los otros productos gráficos. MUY desapareció y se convirtió en una página web”, concluyó.
El delegado Francisco Rabini también denunció la situación laboral de los redactores. “Nosotros reclamamos que al menos ellos ganen la canasta básica total –que incluye alquiler. En abril estaba 19.000 pesos, y nosotros tenemos redactores que hoy en día están ganando en mano 14.000, teniendo en cuenta que actualmente la canasta básica debe estar bastante más que en abril”, dijo.
Frente al reclamo de los trabajadores, AGEA SA y la UTPBA responden con evasiones o soluciones que no condicen con la situación económica actual. “Hace años que vienen rasgándose las vestiduras. Antes era por la pelea con el gobierno. De 2014 a ahora todo es llorar la carta, siempre es crisis. Ahora hablan de la crisis mundial”, denunció Rabini. Y agregó: “La verdad es que los números de la empresa son públicos, porque cotiza en la Bolsa de Londres, y nosotros sabemos que son buenos. Del grupo Clarín ni hablar, pero de AGEA SA en particular, ya el último cuatrimestre del año pasado fue muy bueno, este primer semestre también lo fue, y la perspectiva es que sea aún mejor en el último semestre. Además, hay que tener en cuenta que la competencia del diario está implosionando”.
En el mismo sentido, Sebastián Díaz –periodista de Olé– manifestó: “La idea de la empresa parece ser patear lo más posible la solución del problema, dilatar lo más posible cualquier tipo de conversación porque pasan los días, pasan los meses, y ellos se favorecen: no te aumentan el sueldo, y en el camino a uno se lo va comiendo la inflación”. Por eso, los trabajadores de AGEA SA exigen que sean los representantes de su comisión interna –y no la UTPBA– los que se sienten a negociar con la patronal de Clarín.
El 8 de junio del año pasado, como respuesta a un gremio vaciado, el nuevo Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) organizó una masiva marcha federal en Buenos Aires. Según explicó Rabini, lo que les falta para poder sentarse a negociar es la personería gremial, ya que la ley argentina establece el unicato: por rama de actividad puede haber muchos sindicatos, pero uno solo tiene la personería gremial, es decir, la exclusividad de la negociación colectiva. De esta manera, hasta que no la consigan, no podrán sentarse a discutir paritarias. “La UTPBA no representa a nadie, nosotros tenemos muchos más afiliados que ellos, pero necesitamos que el gobierno nos dé una compulsa, que el Ministerio de Trabajo haga de árbitro y evalúe quién tiene más afiliados cotizantes. El que tiene más, se queda con la personería gremial”, aclaró el delegado.
Los trabajadores de Tacuarí expresaron su solidaridad con los de Planta Zepita, la otra sede de AGEA SA –encargada de la impresión de los ejemplares de los diarios– que se encuentra hace años en conflicto con la empresa por condiciones de trabajo aún peores. No solo exigen un sueldo más justo, sino que buscan salir de un sistema de trabajo decimonónico y que no está contemplado por la ley. Según Diego Bruschini, delegado de Zepita por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), entre 30 y 40 personas se encuentran realizando tareas en calidad de “jornaleros”. Deben permanecer junto a los teléfonos expectantes a la llamada del patrón, llegar a tiempo al establecimiento –sin importar las distancias ni el horario en que les llegó el aviso– y firmar un contrato que no se les permite leer y que solo tiene validez por un día. Alejandro Ontivero trabaja hace 11 años en esas condiciones y desde que fue elegido delegado en marzo –junto a Bruschini, que es efectivo– no fue llamado a trabajar por 104 días como represalia. Denunciada la empresa por persecución gremial, el Juzgado de Trabajo Nº 4 dictó una cautelar de reincorporación que, como no fue cumplida por el diario, terminó en una multa diaria de 5.000 pesos hasta que Ontivero no fuera llamado nuevamente. Finalmente, la empresa volvió a contactarlo, pero sigue sin ser reconocido como delegado y las condiciones en Zepita permanecen en la misma precariedad.
En Tacuarí, la semana próxima se realizará la elección de delegados. “Es el miércoles que viene, y nosotros pretendemos que la empresa nos dé un lugar para hacerla, nos de los padrones, y nos reconozca como legítimos representantes de nuestros compañeros”, dijo Rabini. “Creo que la empresa debería entender que la forma de trabajar mejor, generar mejores contenidos, y tener a la gente bien, es darles condiciones dignas. Es básico, en cualquier trabajo”, agregó el periodista de Olé Juan José Marón.
Actualizada 05/08/2016
Jul 14, 2016 | inicio
“El Isauro Arancibia amaneció con una triste noticia”, comunicaron desde el centro educativo para chicos y chicas en situación de calle ubicado en el barrio porteño de San Telmo. Si ya estaban preocupados por la amenaza de demolición –debido a la construcción del Metrobus programada para inicios del 2017–, los docentes y estudiantes de la escuela recibieron otro duro golpe. En la madrugada del 13 de julio, la puerta lateral del edificio fue violentada para robar y destrozar el establecimiento. Se llevaron materiales del jardín maternal y maquinarias del emprendimiento gastronómico autogestionado por los jóvenes que asisten allí.
Según detallaron los trabajadores del centro educativo, luego de violentar la entrada ubicada sobre la calle Cochabamba y de destrozar varias puertas, los intrusos llegaron a las salas donde funciona el jardín maternal y robaron ropa de bebé, leche, pañales y juguetes. Además, rompieron los armarios y se llevaron materiales didácticos. “Había un montón de cosas. El día anterior habíamos recibido una donación de leches maternizadas y de cremitas para los bebes. Se afanaron todo”, contó a ANCCOM la docente Lila Wolman. También atacaron el lugar donde los estudiantes realizan los emprendimientos gastronómicos. Destruyeron armarios, se llevaron elementos que se utilizan para cocinar, comida que tienen los chicos para desayunar, un horno industrial de mucho valor –donado por la Embajada Suiza–, dos microondas, cafeteras, y mercadería. “O sea, usaron un auto, o una camioneta. A la noche hay una chica de seguridad puesta por el Gobierno de la Ciudad, pero dice que no escuchó nada. Es rarísimo”, opinó Wolman. Según explicó Susana Reyes, directora del centro educativo, la empresa que se encarga de la seguridad es gestionada por el Gobierno y hace años que custodia el edificio. “No se puede creer lo que pasó. Incluso a la policía, cuando hicimos la denuncia, le resultó raro”, aclaró Reyes.
El 13 de julio a la madrugada fue violentada la puerta de la calle Cochabamba, destrozaron varias puertas, entraron al jardín de infantes, se robaron ropa de los bebés, juguetes, rompieron armarios y sustrajeron materiales didácticos.
“Los chicos están destrozados. Todos los que están en el emprendimiento de cocina lloraban, porque dicen que esto les va a significar un gran retroceso, porque no van a poder trabajar”, lamentó Wolman. Pero agregó: “Tenemos que reciclar para seguir. No bajar los brazos. No lo van a conseguir”.
El episodio contra la Isauro Arancibia ocurre en el mismo mes en que una patota destrozó las instalaciones donde funciona el diario Tiempo Argentino y Radio América, sin impedimento policial, y al igual que el saqueo y destrozo de la parroquia de Isla Maciel, y el intento de detención de un hombre que viajaba en el tren con un cartel contra las políticas de ajuste del gobierno. “Ese mismo día le rompieron un vidrio al Club Atlético. No parecen chorros. Hay que tener una organización para llevarse todo esto. No sabemos quién fue, pero estamos preocupados, y asustados. Porque esto parece una provocación”, agregó Wolman. Laura Duguine, arqueóloga del Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Club Atlético, contó a ANCCOM que horas antes el área administrativa de este Sitio de Memoria también sufrió un intento de robo. “Rompieron un candado, entraron a un área de tránsito del Gobierno de la Ciudad y ahí rompieron un vidrio para acceder a la sala de exhibición. No llegaron a pasar porque todavía había gente y los escucharon”, explicó. Por otro lado, también hubo un intento de ingreso a la plaza “30.000 compañerxs” –frente al Sitio de Memoria– que fue desalentado por personal de seguridad de dicho espacio.
“Los chicos están destrozados. Todos los que están en el emprendimiento de cocina lloraban, porque dicen que esto les va a significar un gran retroceso, porque no van a poder trabajar”, lamentó la docente Lila Wolman.
El Centro Educativo Isauro Arancibia logró detener, en 2014, la construcción del Metrobus de Paseo Colón que hubiera implicado la demolición del edificio. Ahora, las autoridades porteñas volvieron a la carga con el proyecto y otra vez el emprendimiento educativo se encuentra amenazado. Luego de lograr que el Gobierno de la Ciudad comience con las reformas edilicias comprometidas con el Instituto –con un presupuesto de 14 millones de pesos, aprobado en 2011 a partir de la venta de terrenos en Catalinas– y a días de su inauguración, permanece en la incertidumbre ante el nuevo peligro de demolición que implica el trazado del Metrobus de la avenida Paseo Colón, previsto para 2017.
A pesar de haber realizado un pedido de informes sobre su situación, la comunidad del Isauro Arancibia no recibió ninguna información oficial. “Respecto a la demolición no tenemos respuesta. Suspendieron otra vez la Comisión de Educación en la Legislatura. No entendemos qué pasa, por qué no laburan. Los que tienen el quórum son los del PRO, entonces ellos dicen que no, y es no. Es la tercera vez que nos cancelan. Encima ahora entran en feria y hasta agosto no tenemos posibilidad”, expresó Wolman. El viernes 24 de junio, en Radio del Plata, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, habló sobre la construcción del Metrobus en Paseo Colón, y ante la pregunta de un oyente sobre la situación del Isauro Arancibia aseguró que “la idea es trasladarlo”. Afirmó que incluso ya está acordado el predio alternativo, que será en la misma zona y respetará las vacantes actuales. Sin embargo, según explicó Susana Reyes a ANCCOM, en el centro educativo no recibieron ninguna información al respecto. “No contestan. Suspendieron todas las reuniones. Larreta anunció que nos trasladarían pero nunca nos contactó para notificarnos, ni para hablar sobre el tema”.
«Larreta anunció que nos trasladarían pero nunca nos contactó para notificarnos, ni para hablar sobre el tema”, explicó la directora de la institución, Susana Reyes.
Este viernes a las 9.30 se realizará una conferencia de prensa en la sede del centro educativo –Paseo Colón 1318– para comunicar lo sucedido y debatir sobre la coyuntura que transita la escuela. La inauguración oficial de la sede reformada está prevista para los últimos días de agosto. “Nosotros vamos a seguir. Vamos a continuar trabajando y festejando todo lo que tenemos y todo lo que hemos conseguido. Esto no nos va a tirar abajo”, concluyó Reyes.
Actualizado 14/07/2016
Jun 29, 2016 | inicio
“Somos una casa con parlantes que amplifican el ritual del encuentro”. Así define el colectivo La Tribu al bar que funciona en la casona de Lambaré 873, en el barrio porteño de Almagro. La noche del 21 de junio, durante la semi-final de la Copa América –uno de esos rituales de encuentro más característicos de la cultura argentina–, el bar debió cerrar sus puertas. La Agencia Gubernamental de Control (AGC) decidió clausurar el establecimiento por la falta de un plan y un plano de evacuación aprobados por la Dirección General de Defensa Civil. La obligatoriedad de ese requisito había sido informada en la inspección anterior, a fines de mayo, momento a partir del cual el colectivo inició los trámites necesarios para presentar esos documentos al organismo estatal. A pesar de mostrar los papeles que indicaban la casi finalización de las gestiones, la AGC optó por desplegar la faja de clausura.
La Tribu es un colectivo de comunicación y cultura que funciona desde 1989 en el establecimiento actualmente clausurado. La mayoría de las actividades que allí se desarrollan se verán perjudicadas en los próximos días. El ciclo de cine, el de cortos “El Camalote”, presentaciones de muestras y de libros, el ciclo de poesía, las obras de títeres, el ciclo “Pororó” (cine para chicos) y obras de teatro, entre otras programaciones tuvieron que ser suspendidas. La radio FM 88.7 La Tribu, que emite desde hace casi tres décadas, continuará su transmisión.
La Agencia Gubernamental de Control (AGC) decidió clausurar el establecimiento por la falta de un plan y un plano de evacuación aprobados por la Dirección General de Defensa Civil.
“Bajo las normas vigentes nunca tuvimos una clausura. Es más, hemos sido felicitados por distintos inspectores por las condiciones en que tenemos el espacio cultural”, cuenta Rafael López Binaghi, uno de los integrantes del colectivo. En la inspección de fines de mayo, la AGC remarcó la necesidad de un plano y un plan de evacuación aprobados por Defensa Civil. Según explicó López Binaghi, el bar ya contaba con un sistema diseñado a esos fines, pero no estaba aprobado por el organismo. “Dando cuenta de la responsabilidad que exige tener un espacio abierto en el cual suceden actividades prácticamente todas las noches, que son de entrada libre y gratuita o a la gorra, y que dan espacio a un montón de expresiones artísticas que no tienen lugar en otro lado, nosotros intentamos tener las mejores condiciones posibles para recibir a todas aquellas personas que quieren participar. Así es que nos pusimos inmediatamente a trabajar para obtener los planos exigidos por los inspectores”, detalló.
Contactaron a un profesional habilitado por Defensa Civil –un ingeniero en seguridad e higiene– para diseñar el nuevo plan y el plano requerido. “Estábamos haciendo todo el proceso que tiene que realizarse para poder presentar los papeles. Eso implica, entre otros aspectos, revisar distintas cosas de la estructura del edificio y una capacitación con todas las personas que trabajamos cotidianamente. Aprendimos sobre manejo de fuego y situaciones de emergencia. Estábamos cumpliendo con todas estas cuestiones y nos faltaba un día para presentar los papeles, porque esto no se hace de un momento para el otro, sino que lleva un tiempo”, explicó López Binaghi. Sin embargo, para la AGC, que realizó la última inspección la noche del 21 de junio, no fue suficiente. “Ante el pedido y las distintas demostraciones que intentamos hacer de que estábamos trabajando en eso y nos faltaba muy poco para hacer la presentación en Defensa Civil no hubo ninguna posibilidad de diálogo. Los funcionarios del gobierno se mostraron totalmente intransigentes. La demostración de que lo estábamos haciendo es que presentamos los papeles un día y medio después de la clausura. Los inspectores vinieron el martes a la medianoche, y el jueves al medio día esto ya estaba entregado”, aclaró.
Ana Masiello, del colectivo La Tribu, consideró que más allá de la buena voluntad para realizar los trámites en el plazo requerido, es muy difícil lograrlo: “Los tiempos que nos exigen para cumplir con la reglamentación no tienen relación con los tiempos que ellos después te ponen para hacer el trámite. A nosotros nos dieron 15 días para resolver, pero Defensa Civil tarda mucho más que eso”, explicó. “Esto genera mucha bronca”, agregó López Binaghi. Y continuó: “Porque la única forma de cumplir con lo que ellos quieren es haciendo las cosas mal, apurando los procesos que tienen un montón de instancias, que tienen su propia burocracia de realización. Y tampoco te asegura poder hacerlo, porque dependes de los tiempos de otras instituciones y organismos del Gobierno de la Ciudad. Nosotros nunca asumimos ese camino porque decidimos hacer las cosas de la mejor manera posible”.
«Los funcionarios del gobierno se mostraron totalmente intransigentes».
La imposibilidad de diálogo, o de extensión de los plazos para presentar el requisito, generó gran angustia en el colectivo. “A nosotros nos genera mucha bronca, porque no da lo mismo estar clausurados o no. Levantar una clausura es un proceso muy complejo en el cual uno entra a un laberinto burocrático del que es complejo salir”, dijo el integrante del colectivo. “Además, acarrea un montón de costos para una organización: tener el espacio cerrado, tener una faja de clausura a la vista, decir que estamos clausurados y generar ideas en un montón de personas que tal vez piensen absolutamente cualquier cosa del porqué de todo esto. Pero además de los costos simbólicos existen obviamente otros económicos, porque el bar para nosotros es la fuente de ingresos más importante que nos damos en la autogestión para poder llevar adelante un colectivo como este. Sobre todo en este contexto en el cual algunos subsidios a los cuales nosotros habíamos accedido no fueron pagados por incumplimientos del gobierno, y en el que los aumentos de los gastos fijos, a partir de la suba en los servicios, nos afectan grandemente. Esta clausura es una herida al corazón de nuestro proyecto”, agregó.
Esa costumbre de clausurar
La clausura a los centros culturales que brindan espacio a manifestaciones artísticas que escapan de la lógica comercial es una política frecuente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, “parece no existir la misma rigurosidad para otras situaciones en las cuales las mismas agencias o instituciones del gobierno actúan. En los talleres textiles esto es claro. Nuestra clausura sucedió en el momento que salía la sentencia del juicio por Luis Viale. Y no es que eso pasó hace diez años y dejó de existir en la ciudad de Buenos Aires”, opinó López Binaghi. Y agregó: “Como colectivo La Tribu nos sentimos perseguidos porque realmente no tenemos antecedentes de una clausura. Cada vez (los inspectores) nos están visitando más asiduamente, y damos cuenta que esto es parte de un contexto en el cual a muchos otros espacios cercanos, amigos, conocidos, les viene sucediendo lo mismo –con excusas diversas, a veces con más y menos razón. Tiene que ver con una lógica que se va traduciendo en la cual espacios como este, que brindan actividades gratuitas y que tienen otra lógica de conformación y gestión, sufren las consecuencias. Se privilegian otras construcciones más cercanas al mercado”.
Según denunció el colectivo, la falta de información clara y precisa sobre las condiciones necesarias para llevar adelante este tipo de establecimientos es un problema que existe hace años. “No hay ninguna forma de asesorarte si no tenés una disponibilidad de recursos económicos. No hay un ente público o alguien que te pueda asesorar sobre qué cosas son las que necesitas, cómo las podés lograr”, explicó Ana Masiello. “Si realmente después de los sucesos que tuvieron lugar en la ciudad de Buenos Aires queremos tener un mínimo de condiciones en los espacios culturales, habría un montón de caminos a recorrer para llevarlo a cabo. Pero eso no se puede lograr a partir de arbitrariedades. Un día viene un inspector y dice una cosa, otro día viene otro que dice otra cosa distinta sobre exactamente lo mismo. Eso genera que nunca puedas tener las condiciones suficientes para estar seguro de que no te van a clausurar o que no vas a tener ningún inconveniente de este tipo”, agregó López Binaghi.
La clausura a los centros culturales que brindan espacio a manifestaciones artísticas que escapan de la lógica comercial es una política frecuente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La Tribu es un lugar de encuentro, intercambio y participación. En el bar, por ejemplo, se comercializan productos de redes de economía solidaria y consumo responsable. El centro de capacitación y producción es otro espacio de construcción colectiva que entiende que la comunicación no es una técnica, sino herramientas que se construyen en la práctica, por eso organizan “talleres y encuentros sobre distintos aspectos de la producción radiofónica y la gestión de medios comunitarios para capacitarnos y poder generar los medios de comunicación que deseamos entre todos y todas”, describen. Actualmente están habilitados como café-bar, y están haciendo el trámite para ser una sala de teatro no convencional y un centro cultural.
“Hay un sistema perverso que te va rodeando por legalismos técnicos o motivos económicos donde al parecer los estados ya no tienen que apelar a una censura de tipo directa, con las cosas que no responden a los intereses o la mirada que tienen de la cultura y el mercado en la que prepondera, sobre todo, el fin de lucro y el mercantilismo como lógica de organización. Existe un modo mucho más sencillo, que es el que estamos padeciendo en la actualidad: este tipo de arbitrariedades con respecto a las clausuras, la burocracia como modo de operar del Estado, y ni hablar del incremento de tarifas sin ni siquiera consultar cuáles son las necesidades y las realidades de espacios comunitarios, de clubes de barrio, y demás”, consideró Diego Skliar, otro integrante del colectivo La Tribu. Y concluyó: “Me parece que a partir del manejo de una economía de ajuste fuerte y de una burocratización creciente y punitiva con determinados sectores, terminan por conformar la política cultural que quieren sin tener que manifestar una persecución directa a los espacios. Ahí hay una política cultural. Son cosas que el macrismo ya en la ciudad venía implementando y ahora lo estamos viviendo a nivel nacional. No podemos hablar de un modo sistemático de operar contra espacios como los nuestros, pero la sumatoria de toda esta serie de políticas termina de conformar una dificultad enorme para el funcionamiento de espacios así”.
Actualizada 29/06/2016
