Jun 29, 2016 | inicio
“Darío era un pibe que no era un pibe, a los trece años ya se afeitaba”, recuerda Jorge Escalada, militante de la primera generación del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) donde compartió filas con Darío Santillán, uno de los dos asesinados por la policía bonaerense el 26 de junio de 2002 en la estación Avellaneda. Hoy trabaja en la cooperativa Roca Negra, nacida del emprendimiento que fundara el propio Darío, desde donde impulsa nuevos y viejos proyectos de aquella militancia piquetera.
Son las doce del medio día de un martes invernal y en la bloquera de Roca Negra la jornada laboral ya finalizó. La lluvia de ayer dejó su marcas en el terreno donde se extiende el emprendimiento productivo, ubicado hace diez años en lo que supo ser el polo fabril de Monte Chingolo, hoy sólo empujado por la fuerza cooperativa. Para llegar es necesario atravesar unos cien metros descampados que la separan del camino General Belgrano al 4431, escenario en el que los colores primarios de la reja de entrada contrastan intensamente con aquel horizonte plomizo. El contraste se aprecia en todo el emprendimiento, donde sus gruesas paredes de hormigón se encuentran salpicadas de murales, carteleras y grafitis.
Jorge, trabajador y militante en la bloquera, compañero de Dario.
Luego de saludar, Jorge adopta un rol de guía y anima a recorrer el lugar donde hoy funciona no sólo la bloquera, sino también un bachillerato popular, un comedor, un jardín de primera infancia y una cooperativa textil. “Todo esto lo hicimos nosotros mismos con los bloques que producimos”, dice y señala el macizo edificio en constante obra, donde pese a que algunas ventanas carecen de vidrios y no todas las salas tienen techo, se evidencian los rastros de lo hecho a pulmón. “La cooperativa tuvo avances enormes en estos años, logramos presentar un proyecto en Nación y con esa plata compramos una bloquera nueva y cambiamos algunos techos, pero ahora la cosa se está complicando un poco más, el diálogo con el nuevo gobierno es nulo”.
Tanto Jorge como la bloquera nacieron en el barrio La Fé, en Lanús, donde el proyecto surgió en 2001 como respuesta a las emergencias habitacionales y económicas de la crisis; fue en ese contexto que el militante devenido en guía conoció a Darío Santillán. La mudanza a Roca Negra surgió como iniciativa de las Madres de Plaza de Mayo, quienes tras enterarse que ese terreno –abandonado durante décadas- entraba en remate judicial, alentaron al MTD a que tramite su toma y posterior expropiación. Desde el 2006, la bloquera funciona en ese predio y el proyecto presentado para su apropiación ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense.
“La cooperativa tuvo avances enormes en estos años, logramos presentar un proyecto en Nación».
Roca Negra nuclea a unas 200 familias y su injerencia en el barrio se percibe en las casas aledañas, construidas con bloques producidos por la cooperativa. Jorge relata con orgullo este hecho: “Tratamos de tener precios cercanos al costo –cada bloque tiene un valor de 12 pesos- para que todos podamos acceder a una vivienda digna. Esa fue la idea inicial del proyecto y la seguimos sosteniendo, con mucho esfuerzo, pero con la certeza de que es necesario generar un cambio social. En un principio Darío se lo cargó al hombro y ahora somos muchos más”.
En la bloquera trabajan diez personas, algunas como Jorge provienen de la primera camada, otras se sumaron al proyecto hace algunos años. Su objetivo es generar un producto de calidad y poder competir en el mercado con un precio accesible, pero también saben que para lograr esto es necesario un Estado que garantice políticas de inclusión y desarrollo: “Nosotros les planteamos a la Municipalidad de Lanús convertirnos en proveedores para todo lo relacionado a la obra pública, pero solo llegamos a vender pequeñas cantidades. Consideramos necesaria la intervención del Estado hasta que se produzca el cambio social.”
Mientras continúa el recorrido por las aulas del bachillerato, Jorge cuenta que ya son seis las camadas de egresados que pasaron por allí, y que las parejas pedagógicas además de enseñar el tronco común de contenidos promueven una conciencia autogestiva. “Los chicos están entendiendo que la salida es otra y que las cosas las conseguís si te organizás. Que el salvarse solo no va más y que hay que preocuparse por el otro. En este sentido, Darío es el mejor ejemplo para ellos, en cuanto a solidaridad y humanismo”. El título que obtienen los graduados es oficial, conquista que lograron mediante la lucha; ahora pelean por el reconocimiento de sus docentes.
Actualizado 29/06/2016
Actualizada 29/06/2016
May 11, 2016 | inicio
Tras cuatro meses de inactividad, el gobierno decidió poner fin a los contratos que mantenía con la Red Textil Cooperativa (RTC). La medida afectó a 74 cooperativas textiles que funcionaban como proveedores del Estado a nivel nacional. “Nos informaron telefónicamente que el programa no iba a continuar por cuestiones presupuestarias. Desde diciembre no teníamos órdenes de compra ni encargos, cuando nos pedían paciencia lo hacían para evitar conflictos, porque la decisión la tenían tomada hace tiempo”, relató Joaquín Fernández, presidente de la organización.
Unos 3.000 trabajadores que se desempeñaban en la confección de guardapolvos, chalecos antibalas y uniformes varios, quedaron sin empleo. Las cooperativas trabajaban con encargos realizados por los ministerios de Desarrollo Social, Educación y Seguridad. Los afectados informaron que desde el Poder Ejecutivo les reconocieron que reemplazarían las prendas producidas con productos importados más económicos. El Ministerio dirigido por Patricia Bullrich, por ejemplo, comenzó a importar -desde enero- chalecos antibalas provenientes de Israel.
Bajo la consigna «Sí a la industria nacional y el trabajo cooperativo, no a las importaciones y la desocupación», las cooperativas textiles de todo el país se movilizaron en defensa de la industria nacional y en contra de las importaciones indiscriminadas.
El fin del programa se encuadra dentro del cambio de enfoque ideológico que se produjo en el Ministerio de Desarrollo Social. Antes, las políticas eran impulsadas desde la lógica de tomar al otro como “titular de derechos” y desde ese lugar se pensaban las políticas; ahora se piensa en términos de cómo “evitar un conflicto social”.
El jueves 21 de abril de 2016 la RTC organizo la jornada «Cocer en la Calle» como forma de protesta por la finalización del programa «proveedores del Estado».
¿Herencia pesada?
Desde 2003, por una decisión gubernamental, las cooperativas textiles y el Estado nacional establecieron una relación comercial. Los distintos ministerios comenzaron a comprar productos fabricados en ellas. El proyecto buscaba generar trabajo genuino, capacitar a los trabajadores y lograr su posterior inserción en el mercado formal. También se pretendía potenciar el crecimiento y desarrollo de la industria nacional. Este proceso fue acompañado por la creación del registro Nacional de Efectores Sociales y Economía Social (REDLES), creado en el 2004 desde el Ministerio de Desarrollo. Su función fue facilitar, a aquellas personas que realizaban una actividad productiva y que se encontraban en una situación de vulnerabilidad, el desarrollo de su actividad. Acompañada por el Estado, la lógica de producción en cooperativas proliferó y muchas pudieron registrarse y comenzar a producir, lo que les permitió a los emprendedores incorporarse al sistema previsional, recibir los servicios de una obra social y trabajar como proveedores del Estado.
Fernández explicó que “año tras año el nivel productivo de las cooperativas fue creciendo a través de incentivos para incorporar maquinaria, capacitaciones y cursos de formación” y agregó: “Ahora todo ese crecimiento se paró, el gobierno actual no ve a las cooperativas como empresas, sino como gestos de caridad. Ellos eligen la multinacional a lo nacional, cada rollo de tela que entra de afuera es un laburo que se pierde acá”.
La RTC forma parte de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), donde Andrés Quintana trabaja como coordinador. Desde su posición denunció que la situación actual de las cooperativas es crítica: “Con la importación de productos, las cooperativas quiebran, porque nuestro mercado de consumo es el interno. Hace meses que venimos sin encargos y los que pudimos conseguir son del ámbito privado que suelen ser mal pagos. Todo parece indicar que el gobierno quiere terminar con la producción en cooperativas”.
Daniel Arroyo, actual dirigente del Frente Renovador, fue ministro de Desarrollo Social durante el gobierno de Néstor Kirchner y opinó que lo peor que puede hacer la nueva gestión es pensar una política social fundacional, lo que significa desarmar y empezar de nuevo. “Si se produce una descontrolada apertura de las importaciones, habrá menos producción nacional y más pobreza. Es claro que el gobierno gobierna con un solo ojo y que se ha complicado la situación social, en su agenda no es prioridad cuidar el empleo”.
“Los guardapolvos más caros del mundo”
Uno de los primeros contratos afectados fue el del Ministerio de Desarrollo Social, que todos los años compraba un millón de guardapolvos a las cooperativas textiles, para luego distribuirlos en escuelas públicas y sindicatos. “La confección de guardapolvos implicaba una política directa del Ministerio orientada a las cooperativas textiles, las cuales capacitaban a su gente y contaban con supervisión del INTI. Terminar con los contratos no sólo significa el fin del trabajo en sí, sino también todo lo que eso generaba” aclaró Judith Barchetta, ex Directora Nacional de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y añadió: “Ellos no piensan en el gasto social como inversión. Yo escuché a las nuevas autoridades decir que eran los guardapolvos más caros del mundo y preguntarse para qué se gastaba tanta plata, cuando era más fácil comprarle a privados.”
El “cambio” de mirada
El Ministerio de Desarrollo Social, a diferencia de otros ministerios, no sufrió pérdida de personal, a excepción hecha de los recientes despidos en la Dirección Nacional de Juventud. “De esto se pueden hacer distintas lecturas, una podría decir que fue producto de la dura pelea que dio la junta interna partir del mismo 10 de diciembre, o porque los trabajadores organizados de Desarrollo Social lo impidieron”, opinó Barchetta. Y añadió: “Otro dato objetivo es que desde los circuitos administrativos del Ministerio, al día de hoy, no se han puesto en funcionamiento ninguna de las líneas de políticas públicas que se venían desarrollando. Las que son de rutina, como el pago a los cooperativistas de Argentina Trabaja, sí, pero todo lo que tiene que ver con poder gestionar recursos que tengan que ver con el presupuesto 2016 no está funcionando”.
Para Daniel Arroyo, el gobierno cree en la teoría del derrame, ecuación que no sería aplicable en la Argentina, porque “lo que produce actividad económica no produce trabajo. Los sectores pobres del país trabajan en lo textil y en la construcción. Sin la presencia del Estado no se crea trabajo para esos sectores.”
Las cooperativas como proveedores del Estado estaban enmarcadas dentro de los lineamientos del Ministerio de Desarrollo Social que buscaba generar la inclusión del individuo mediante el trabajo. “Para que alguien que no está dentro del mercado pueda ingresar, tiene que existir inversión pero también una política de intervención estatal. Y es esa inversión del Estado la que no comprenden los nuevos funcionarios. Tienen una mirada empresarial de lo público, para ellos sobra gente y hay un montón de empleados que son innecesarios”, remarcó Barchetta.
Actualizada 11/05/2016
Abr 12, 2016 | inicio
Por tercer año consecutivo, unos cinco mil chicos no comenzaron las clases en la Ciudad de Buenos Aires. “Ellos se excusan diciendo que el motivo es el crecimiento de la matrícula. Pero, ¿por qué aumentan las inscripciones en el ámbito privado? Porque el sistema expulsa a los chicos de la educación pública”, se preguntó Francisco Nenna, ex Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación y especialista en el tema. “En los últimos tres años el aumento del subsidio a colegios privados fue de un 40%”, agregó.
Los problemas para conseguir una vacante en la educación pública son cada vez mayores. Dificultades propias del sistema, retraso en los tiempos de respuesta y una burocratización en aumento generan que cientos de padres opten por anotar a sus hijos en el ámbito privado. La falta de vacantes puede entenderse como una consecuencia directa de la ausencia de presupuesto orientado a la construcción de nuevas escuelas. En los últimos siete años, lo asignado al financiamiento de la educación pública fue decreciendo. Se pasó de un 27% a 21.8%.
Esta situación es acompañada por la ausencia de cifras oficiales sobre la matriculación. Las clases comenzaron hace más de dos meses y todavía no hay información sobre la cantidad de solicitudes recibidas para el ciclo lectivo 2016 ni tampoco un registro sobre la cantidad de demanda que quedo sin vacantes. “Con la inscripción online se han producido errores muy burdos, donde fueron inscriptos alumnos de zona sur en escuelas del norte, o se han separado hermanos en instituciones diferentes. Pero lo peor es la falta de información, los padres se enteran 48 horas antes del inicio de clases, si su hijo cuenta o no con una vacante”, manifestó Nenna.
Desde que se modificó la forma de inscripción de los niños en el sistema escolar, el control y relevamiento sobre los datos recibidos pasó a ser monopolio del gobierno porteño. La digitalización de la tarea prometió una mayor efectividad en la asignación de vacantes, pero en la práctica arrojo más errores que aciertos.
La falta de vacantes puede entenderse como una consecuencia directa de la ausencia de presupuesto orientado a la construcción de nuevas escuelas.
¿Dónde están los datos?
Patricio del Corro, legislador del PTS, participó de un relevamiento realizado en las comunas porteñas. Acompañado por especialistas en educación, compararon los números obtenidos de las diferentes escuelas y obtuvieron un valor cercano a los 5.000 casos de chicos inscriptos a los que no les fue asignada una vacante.
Con los datos obtenidos, Del Corro elaboró un pedido de informes al gobierno porteño solicitando conocer la cantidad de solicitudes recibidas por la inscripción online y cuántas fueron presentadas en las escuelas públicas. “El proyecto fue presentado el primero de marzo sobre tablas en la sesión ordinaria. Pero no se trató. El PRO, en colaboración con ECO, se negó a tratarlo en sesión y lo mandaron a Comisión. Las dos instancias para tratarlo fueron suspendidas”, explicó Del Corro y añadió: “Al oficialismo parece no importarle que los chicos sigan sin clases, para ellos no merecen estar en la agenda”.
Desde la Asociación de Enseñanza Media y Superior (Ademys), Isabel Grau concuerda con la cifra obtenida: “Nosotros sacamos un número estimativo de chicos que no pudieron comenzar las clases, a partir de un registro del crecimiento de la población real y la ausencia en construcción de más instituciones, Nosotros creemos que el numero de chicos es similar al del año pasado, unos 5.000 casos”. En cuanto a la ausencia de cifras oficiales, Grau opinó: “Esa información es de orden público y debería estar al alcance de todos. Pero el gobierno niega la situación y monopoliza las cifras oficiales”.
Por su parte, Nenna explicó: “Al no brindar datos oficiales, los funcionarios hacen lo siguiente: saben que al correr más tiempo, ya con las clases iniciadas, podrán ubicar algunos casos más de chicos sin vacantes, por la deserción escolar. Entonces esperan hasta último momento”.
Las clases comenzaron hace más de dos meses y todavía no hay información sobre la cantidad de solicitudes recibidas para el ciclo lectivo 2016.
La educación como privilegio
Frente a los problemas de conseguir una vacante en los colegios estatales, muchos padres optan por mandar a sus hijos al colegio privado. Pero la opción de la educación paga es un privilegio al que no todos los chicos pueden acceder: este año, la cuota de los colegios privados aumento un 20 por ciento.
“Frente a un Estado que no les garantiza el acceso a la educación pública, a los padres sólo les queda la pata judicial. Hacer una denuncia y elevar una cautelar, pero es un procedimiento que muchos eligen no hacer, por lo engorroso del trámite. Directamente eligen migrar a la educación privada”, expresó Del Corro. Grau agregó: “El tema es hacer trabajosa la inscripción, dificultar el medio para hacer efectiva la escolarización del chico. El mismo sistema lo expulsa de la educación pública. Al poner trabas y no soluciones, los chicos migran a la educación privada.”
Vivir al sur
Todos coinciden en señalar la zona sur como la principal afectada por la ausencia de infraestructura. Barrios como La Boca, Lugano, Barracas y Villa Soldati son los más poblados y en los que menos instituciones educativas existen. En el 2014 se realizó un estudio donde participaron legisladores, organizaciones territoriales y docentes de los tres niveles. Analizaron los problemas de infraestructura en la zona sur de la ciudad y diagnosticaron la cantidad de escuelas que hacía falta construir para cubrir la demanda de la población. La investigación concluyó que son necesarias 27 nuevas escuelas. Los datos fueron presentados a la Legislatura porteña en un proyecto que nunca se trató.
“Soledad Acuña (Ministra de Educación porteña) sabe muy poco de educación y plantea la educación como una cuestión economicista. Dice que si tenemos escuelas en el norte de la ciudad, ¿para qué vamos a construir en el sur?”, concluye Nenna.
Actualización 12/04/2016
Ene 19, 2016 | inicio
“El glifosato mata. Pero su accionar es lento y silencioso”. Así lo afirmo Arturo Serrano, médico rural de Santo Domingo, provincia de Santa Fe, quién se desempeña hace veinticuatro años como director del Servicio de Atención Médica a la Comunidad y es miembro de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. “Si bien el cáncer es multifactorial, su aumento en poblaciones rurales fue directamente proporcional a la instalación de los cultivos de soja”, explica Serrano.
El cultivo de soja es el principal rubro productivo que posibilita el ingreso de dólares al país. En base a esto, el médico rural argumenta el porqué de la negación sistemática y el encubrimiento por parte de autoridades municipales, provinciales y nacionales de la situación actual. “La no divulgación de las cifras de muertos y enfermos por contaminación con glifosato es una cuestión puramente política, acá nadie quiere cambiar el modelo, porque eso repercute en sus billeteras”.
La Red de Médicos de Pueblos Fumigados es una agrupación conformada por profesionales de la salud independientes y provenientes de provincias como Chaco, Jujuy, Misiones, Santa Fe y Córdoba. Desde el año 2001 sus integrantes denuncian en sus territorios los efectos de la utilización del glifosato en cultivos cercanos a poblaciones rurales, que son fumigadas de forma aérea y terrestre sin ningún tipo de control. En estas localidades los casos de abortos espontáneos, malformaciones genéticas, cáncer y enfermedades crónicas, aumentaron exponencialmente. Frente a este panorama, en el año 2010, la organización convocó a un Encuentro Nacional en la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad de Córdoba. Allí se reunieron unos 300 profesionales de la salud y científicos del CONICET que analizaron y discutieron la problemática. Como resultado de la reunión se elaboró una carta dirigida a la entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y a la Mesa de Enlace de entidades agrarias. En el comunicado se solicitaba la prohibición de fumigaciones aéreas en todo el país, junto con la restricción de la desinsectación terrestre en zonas aledañas a centros urbanos. El documento fue acompañado con datos sobre la salud de las poblaciones afectadas. Según menciona Serrano, dicha carta no tuvo respuesta hasta el momento.
“Si bien el cáncer es multifactorial, su aumento en poblaciones rurales fue directamente proporcional a la instalación de los cultivos de soja”, explica Serrano.
La Red también presentó en mayo de este año una solicitud a la Secretaria de Agricultura del Gobierno de la Provincia de Córdoba, en la que se solicitó “iniciar de manera inmediata y urgente las gestiones pertinentes ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) a los fines de obtener la exclusión del glifosato (principio activo y formulado) de la nomina de productos autorizados”.
Desde la organización informan que, según sus datos, en localidades como San Salvador de Jujuy, hay diecinueve casos de personas enfermas de cáncer, en una distancia de cuatro cuadras. Este valor se encuentra tres veces por encima de la media nacional. En la Argentina existen hoy en día, unas 13.400.000 de personas afectas directa o indirectamente por los agrotóxicos.
“Nos están envenenando. El glifosato es un invento maquiavélico, te mata de a poco. Sus consecuencias se ven a largo plazo, es acumulativo, por este motivo no sale en los análisis de sangre”, explica Serrano.
Un poco de historia
En 1995, mediante un decreto firmado por el ingeniero Felipe Solá –por entonces Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del gobierno de Carlos Menem-, fue aprobada la introducción de la soja transgénica de la empresa Monsanto en la Argentina. Esta decisión se basó únicamente en un expediente administrativo presentado por la firma cuestionada. El trabajo, escrito en inglés, explicaba entonces los beneficios de esta semilla, resistente al herbicida glifosato y prometía resultados rentables y mejoras en la producción.
Desde entonces, los grandes cultivos de soja, maíz y trigo en el país provienen de semillas transgénicas. Un alimento transgénico es aquel cuyo ADN fue modificado genéticamente en laboratorios, donde le fueron introducidos genes provenientes de otras especies animales, con el fin de generar semillas más resistentes y productivas, por lo tanto más rentables. Resisten, sobretodo, al glifosato, el químico utilizado junto con otros pesticidas, para fumigar las plantaciones.
El problema es el modelo
En la Argentina se utilizan doce litros de glifosato por hectárea, mientras que en Estados Unidos, donde aplica el mismo modelo de producción, se usan dos litros y medio. En el mencionado país, ya circulan publicaciones que muestran una correlación directa entre el incremento del uso del glifosato y la aparición, al mismo ritmo, de diferentes enfermedades crónicas, como el cáncer.
Alicia Massarini, bióloga del CONICET y Doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, denuncia hace años el abuso por parte de los agropecuarios locales en la utilización del tóxico y la nocividad del modelo agropecuario vigente. “En la Argentina el abuso en la utilización del glifosato ha sido terrible, porque acá el único móvil es la ganancia. Este es un problema geopolítico, en donde a los países de nuestra región les toca, en el mercado internacional, el papel de proveedor de commodities. No es solo la semilla, sino una forma de producir a nivel industrial. Este paquete tecnológico simplifica la producción, eliminando casi toda la mano de obra a partir de la siembra directa. Pero su rentabilidad es proporcional al altísimo costo humano y ambiental”.
En el 2002, la cosecha de soja transgénica en el país comprendía unas dos millones de hectáreas, en la actualidad abarca más de 24 millones. Este aumento en la producción de soja, trajo aparejado la disminución de otros cultivos, sobre todo aquellos que producen alimentos consumidos por el mercado interno. Lo que genera una baja en la calidad y un alta en los precios. El avance sobre la ganadería, los tambos y los frutales ha ido incrementándose año tras año.
Carlos Carballo, ingeniero agrónomo y titular de la cátedra libre de Soberanía Alimentaría de la Universidad de Buenos Aires, explica que el modelo de producción agropecuario actual, influenciado por el alta del valor de la soja en el mercado internacional, ha ido creciendo sin respetar ningún límite. “El corrimiento de la frontera agropecuaria ha sido abrumador, lo que se evidencia en la altísima tasa de deforestación que tiene la Argentina, cuyo valor cuadruplica la tasa media del mundo. Se siguen destruyendo ecosistemas que son pulmones del planeta”. Carballo aclara que esta violencia por la ocupación de territorios, muchas veces se produce por de pooles internacionales de siembra anónimos. “Cuando esas tierras dejan de ser rentables, simplemente las abandonan y buscan nuevas. El problema es que la tierra se agota, se muere. Ese es el pasivo ambiental que estamos heredando de este modelo”.
En 2014, 370 millones de litros de glifosato fueron fumigados sobre el 60% del territorio argentino. Estas cifras, que son públicas, fueron aportadas por la cámara que aglutina a los empresarios que venden agroquímicos en el país, que son las mismas empresas que venden las semillas: Monsanto, Nidera y Basf.
“Nos están envenenando. El glifosato es un invento maquiavélico, te mata de a poco. Sus consecuencias se ven a largo plazo, es acumulativo, por este motivo no sale en los análisis de sangre”
Daños irreversibles
El glifosato fue presentado en un principio como un herbicida biodegradable, inocuo e inofensivo para el medio ambiente. El mismo Ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, dijo en una declaración “que el glifosato no era más que agua con sal”.
En la actualidad, investigaciones científicas dan cuenta de la toxicidad del herbicida. Análisis realizados por el CONICET, demostraron que el glifosato se encuentra presente en la tierra, en el aire y en el agua por años, y que a diferencia de lo expuesto por parte de sus defensores, el tóxico no es biodegradable, sino acumulativo. Esto genera que ríos y napas de agua potable se encuentren envenenados.
El Doctor Damián Marino, demostró que el contacto cotidiano con el glifosato destruye el ADN. Generando mutaciones en las células, que devienen en enfermedades crónicas como el cáncer, parkinson y el alzheimer, entre otras. Básicamente rompe las membranas celulares, lo que genera que los daños sean irreversibles.
“El problema es que las víctimas son invisibles. Y en muchos casos, no se ven a sí mismas como tales, porque nadie las legitima. Ellos van al hospital y les dicen que la alergia que tienen es producto del polen del plátano, y no que es una reacción química porque fue fumigado”, aduce Massarini. También explica que sistemáticamente en los centros de atención médica se niega la relación que existe entre los agrotóxicos y las enfermedades. “Esto se produce por una combinación de cosas, complicidad y desconocimiento. Hay médicos que saben y tienen miedo de asociar los síntomas. Hay otros que son ignorantes y no tienen información suficiente. Y hay otros, que son los más peligrosos, que se esfuerzan por ocultar el tema de forma activa, son tipos comprados, cooptados por las empresas y laboratorios.”
Massarini denuncia, que en muchos hospitales no se realizan los análisis de agrotóxicos a niños enfermos de poblaciones fumigadas, ya sea porque los médicos no los consideran pertinentes o porque son costosos y las víctimas no puede costearlos.
“El problema es que las víctimas son invisibles. Y en muchos casos, no se ven a sí mismas como tales, porque nadie las legitima. Ellos van al hospital y les dicen que la alergia que tienen es producto del polen del plátano, y no que es una reacción química porque fue fumigado”, aduce Massarini.
El resto del mundo
En la actualidad, el glifosato no está prohibido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En los últimos años fue cambiando, varias veces, su categorización en cuanto a su toxicidad. Cuando comenzó a utilizarse en la Argentina, el herbicida estaba calificado como de “alta toxicidad”. Luego producto del lobby de las empresas de agroquímicos y de los científicos asociados a esas empresas, que inciden en estos mecanismos internacionales de categorización, la calificación del glifosato bajo a una categoría: “muy levemente tóxico”. Se mantuvo así durante años, a pesar de que paulatinamente fueron presentados más de quinientos trabajos científicos que demostraban que tiene una alta toxicidad.
Este año, la Organización Mundial de la Salud, reunió una comisión de expertos especialistas en cáncer y agrotóxicos. que revisaron la literatura disponible y concluyeron que había que recategorizar el glifosato, y pasarlo nuevamente a una categoría de “alta toxicidad”, que es la segunda categoría en la escala de gravedad.
Estos científicos afirmaron que las evidencias publicadas, demostraban que el glifosato es cancerígeno en animales y que, por lo tanto, es “posiblemente cancerígeno en humanos”. No lo afirmaban, porque según ellos no existen experimentos realizados con personas.
En función de dicha resolución, algunos países revisaron su marco regulatorio, y en algunos casos, prohibieron el uso del glifosato, como en México, donde el maíz se encuentra protegido por ley. En otros, como en Colombia, cambiaron la regulación en cuanto a la cantidad permitida en la utilización. En Argentina, no paso absolutamente nada.
