Jul 29, 2015 | destacadas
Luego de las elecciones porteñas del pasado 5 de julio, la Comuna 9 de la Ciudad de Buenos Aires pasó a llamarse Lisandro de la Torre, el nombre del senador santafesino que se atrevió a denunciar desde su banca las condiciones desventajosas del intercambio de carnes argentinas del polémico pacto Roca-Runciman. El mismo nombre que también bautizó al mítico frigorífico de Mataderos que en el año ´59 fue tomado por sus trabajadores en un verdadero punto de inflexión de la lucha del movimiento obrero contra las políticas de ajuste.
La historia detrás de la decisión colectiva de los vecinos de Mataderos, Liniers y Parque Avellaneda -los tres barrios que técnicamente integran la Comuna 9 y dieron un aval inequívoco al cambio de nombre- tiene mucho de desconocido y sienta un precedente para la historia cívica de la Ciudad de Buenos Aires.
La Ley Orgánica de Comunas, sancionada en 2005, incentiva la descentralización para lograr una mayor participación, promover el desarrollo de una democracia directa y fortalecer la colaboración de la ciudadanía. Entre los mecanismos de participación ciudadana que contempla la norma figuran la audiencia pública, la iniciativa popular, el referéndum y la consulta popular. La Comuna 9 es la primera en ejercer ese mecanismo a pesar de que ya pasaron cuatro años desde que asumieron las primeras juntas comunales.
Basta poner un pie en Mataderos para darse cuenta de que el flamante nuevo nombre de la comuna está íntimamente ligado con la historia de la zona y, sobre todo, de este barrio trabajador. En la esquina de la Avenida Lisandro de la Torre y José Enrique Rodó se puede ver una multitud en constante ir y venir, muchas personas vestidas completamente de blanco y con grandes manchas de sangre en su ropa. Casi todos los que circulan trabajan en oficios relacionados a la explotación de la carne y el barrio se reparte entre frigoríficos y carnicerías. Todos parecen estar inmersos en el intenso día de trabajo.
En esa misma esquina del barrio también se improvisa una feria que mezcla y superpone la verdulería con el bazar y hasta la marroquinería. Los frigoríficos son la fuente de ingresos directa o indirecta para todos, el oficio que le da vida a la zona y también forma parte de la identidad de los vecinos.
La ley 1.777 que rige el funcionamiento de las comunas prevé en su artículo sexto que cada jurisdicción tendrá una denominación numérica hasta tanto los electores definan su nombre mediante consulta popular convocada por la Junta Comunal. Los comuneros consagrados en las elecciones de 2011 tenían entre sus metas políticas la de avanzar con esos nuevos ¿bautismos? La Comuna 9 fue la primera en saldar la deuda.
Hernán Míguez, comunero saliente del Frente para la Victoria (FPV) e impulsor del cambio de nombre, traza la genealogía de la iniciativa que logró la adhesión del 79,80 por ciento de los vecinos que fueron a las urnas en la primera vuelta de los comicios de la Ciudad. “Una de las cosas que debíamos hacer los primeros comuneros era ponerle nombre a la comuna y elegir un escudo y la bandera. Esa era nuestra premisa. En marzo llevamos la propuesta al Tribunal Superior de la Justicia de la Ciudad para cumplir con ese viejo objetivo”, recuerda.
El trámite no fue sencillo. Según Míguez, existieron intentos del macrismo para evitar la consulta. “Desde el PRO empiezan a presionar (el flamante jefe de Gobierno electo, Horacio) Rodríguez Larreta y (el secretario de Atención Ciudadano, Eduardo) Macchiavelli al presidente de la comuna (Néstor Dinatale) para que no hagamos la consulta”, subraya.
Uno de los supuestos principales argumentos del PRO era que la categoría adicional para definir el cambio de nombre podía derivar en una confusión para los electores en el promocionado debut de la aplicación de la boleta electrónica.
La oposición sospechó otras razones. “Lo que no querían era lo que iba a venir después. Acá, en la Ciudad de Buenos Aires, la última consulta popular que hubo fue en 1984 por el conflicto del Canal de Beagle, se votó por el sí o por el no, entonces esto dejaba un precedente: los juntistas podemos convocar a una consulta popular para definir un tema”, afirma el delegado del FPV.
¿Qué temas pueden llevar a una consulta popular? Eso dependerá de cada barrio y está en el corazón de los ya nombrados objetivos de la división en comunas: el aumento de participación y la descentralización de la gestión política de la Ciudad. “Acá, por ejemplo, está abierto el debate del Mercado de Hacienda, si vamos a trasladarlo a la provincia; también la discusión sobre el destino de los terrenos del ferrocarril en Liniers ¿Qué vamos a hacer? Todos los temas latentes de todas las comunas pueden ser motivo para convocar a una consulta popular”, señala Míguez.
Y agrega: “El Ejecutivo de la Ciudad miente cuando dice que quiere descentralizar; quieren definir todas las cosas ellos. Al haber una consulta popular después de 21 años dejaste un precedente. Queríamos ponerle un nombre, era nuestra tarea. También dejar constancia que para cualquier problema que tenga esta comuna los vecinos lo pueden elevar a la Junta Comunal y que la Junta puede impulsar una consulta popular, no que estemos discutiendo en foros vecinales qué hacemos con esto o lo otro y quede en la nada”.
ANCCOM contactó a los representantes comunales del PRO, pero no obtuvo ninguna respuesta sobre las acusaciones de un supuesto boicot al proceso de participación ciudadana.
La elección del nombre tiene recorrido propio. Aunque integra a los barrios de Mataderos, Parque Avellaneda y Liniers, los impulsores del cambio nunca dudaron de jugarse por la denominación de Lisandro de la Torre. “No hay un hecho más histórico en esta Comuna, en este barrio, de lo que significó el Frigorífico Lisandro de la Torre, fue un hecho muy importante para la Comuna. La lucha de los trabajadores marcó la acción colectiva para defender el patrimonio nacional, fue histórica, marcó un hito”, subraya.
El frigorífico Lisandro de la Torre fue estatizado por el presidente Juan Domingo Perón durante su primera presidencia y bautizado así en nombre del senador que fundó el Partido Demócrata Progresista. Pero el cambio de nombre va más allá: es además un homenaje a los trabajadores que lucharon en contra de la privatización del establecimiento con la toma del año 1959, durante el gobierno de Arturo Frondizi y como un preámbulo de la plena aplicación del Plan Conintes que luego amenazaría a miles de trabajadores. Todo un símbolo.
Hoy, cerca de donde funcionaba el frigorífico que terminó de dar sentido a la historia del cambio de nombre, resuena la frase de un graffitti callejero: “República de Mataderos: Bienvenido”.
Jul 29, 2015 | inicio
La Gendarmería Nacional Argentina reprimió este martes, a primera hora, a los trabajadores de la línea 60, quienes intentaban realizar un piquete en la Autopista Panamericana a la altura de la ruta 197, localidad de Pacheco, en el marco del conflicto que hace más de un mes mantienen con Micro Ómnibus Norte SA (MONSA), empresa controlante del servicio en manos de la empresa DOTA. Los delegados denunciaron que 33 manifestantes resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, y 5 estuvieron detenidos hasta la tarde en la Base Operativa N° 4 de Tigre.
Bajo el mando del secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, los casi 400 efectivos primero dispersaron a los manifestantes a las 7 de la mañana. Minutos después de las 10, un grupo de choferes que había estado cortando el Puente La Noria arribó a la zona y el choque se reanudó. Las fuerzas de seguridad utilizaron balas de goma, pistolas lanzagases y gas pimienta. De acuerdo al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el empleo de dichos elementos durante protestas en la vía pública fue prohibido por la Resolución N° 210/2011 del Ministerio de Seguridad, que regula los protocolos de actuación en tipo de situaciones.
La orden de desalojo había sido emitida por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado. Al cierre de esta nota, tres de los veinte trabajadores lesionados permanecían hospitalizados. Dos de ellos, Omar Barreiro y Adrián Acosta, estaban bajo terapia intensiva. “A Barreiro lo golpearon luego de haberlo detenido”, aseguró el delegado Iván Iza a ANCCOM. Además, el reportero gráfico de Infobae, Adrián Escandar, sufrió quemaduras por gas pimienta. Por su parte, Gendarmería informó que cinco de sus agentes fueron heridos.
Compañeros y familiares apoyan a los trabajadores en huelga encerrados en la Terminal de la Línea 60
Luego de los incidentes, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Granados, se ofreció como mediador. Durante la tarde mantuvo una reunión con los delegados y con representantes de la empresa DOTA en oficinas que la cartera bonaerense posee en el Puente 12 de La Matanza. Las partes resolvieron pasar a cuarto intermedio por 24 horas y hoy podrían reunirse de forma conjunta para acercar las diferencias. Aunque celebró la reunión, la comisión interna se mostró desconfiada de que la empresa acepte todas las demandas y no descartó continuar con medidas de fuerza a partir del jueves. Además, informaron que la empresa había reconocido a Granados que seguía habiendo una lista de despedidos, a la que los trabajadores reclaman reincorporar. “Significa reconocer que la lucha de La 60 es un reclamo gremial y no una cuestión judicial”, señalaron los delegados en un comunicado.
“La izquierda está buscando un muerto”, sentenció a la mañana Roberto Fernández, secretario general de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) -gremio al que también están afiliados los delegados de la línea 60-, en diálogo con el programa radial Al Máximo de la FM Latina 101.1. “No sé por qué hace referencia a la izquierda. Quienes formamos parte y encabezamos la protesta somos empleados de MONSA. En ese marco pedimos apoyo y los dirigentes de algunos partidos de izquierda se hacen presentes. Pero nos encantaría que, además, otros sectores políticos se solidarizan con nuestro reclamo”, respondió Iza a ANCCOM al ser consultado sobre las declaraciones de Fernández.
Jul 21, 2015 | destacadas
El Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego nació en 2007 a partir la ley 26.216, promulgada por el entonces presidente Néstor Kirchner y apoyada por organizaciones civiles que promueven la disminución de revólveres, pistolas y escopetas en manos de la sociedad. “El programa de desarme -explicó Martín Angerosa, coordinador del Plan- recibe, de manera anónima y voluntaria, armas y municiones que la gente quiera entregar, sean legales, ilegales, registradas o no, con deudas en el registro o no”. Por esta iniciativa y por las incautaciones de las Fuerzas de seguridad, ya se han destruido 292.378 unidades.
Según datos oficiales del Registro Nacional de Armas (RENAR), la amplia mayoría de los casos de violencia con instrumentos de fuego se da en situaciones interpersonales. El 64 por ciento de los homicidios dolosos no se da en ocasión de robo o delito y el 27,2 de los asesinatos, accidentes o suicidios ocurren en la vivienda. Angerosa, que también es delegado del RENAR en Córdoba, mencionó a ANCCOM dos casos paradigmáticos: “En el 2005 hubo un problema muy grave en Carmen de Patagones: un chico llevó un arma al colegio y mató a cinco de sus compañeros; a partir de eso, se organizó la Red Argentina para el Desarme (RAD). Después, en 2006, ocurrió el caso de Alfredo Marcenac, un chico que caminaba por Belgrano cuando un tipo empezó a disparar a todo el mundo y lo mató”.
Los padres de Marcenac se acercaron a la RAD y, juntos, fueron recibidos por el ex presidente Kirchner. Le plantearon la necesidad de un programa de desarme y le pidieron que el RENAR dejara de depender del Ministerio de Defensa para ubicarse en el marco del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Un año más tarde, la ley 26.216 declaró la emergencia nacional en materia de armas de fuego, municiones y explosivos. Su artículo 4° plantea las finalidades del Programa de Desarme: disminuir el uso y la proliferación de armas de fuego; reducir la cantidad de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso a ellas; sensibilizar acerca de los riegos; y promover una cultura de no tenencia y no uso de las mismas.
El RENAR cuenta con delegaciones distribuidas en todas las provincias donde se realizan los trámites para el registro de las armas y en las que funciona, durante todo el año, el Plan de Desarme. En las ciudades donde no cuenta con oficinas, el organismo coloca puestos móviles por una o dos semanas. En estos puestos, como en los fijos, una vez que la persona hace entrega del arma, el personal especializado la inutiliza, aplastando el caño con una prensa hidráulica: “Es la garantía de transparencia del plan, de que esa arma no va a ser vendida ni se va a inyectar de nuevo en el circuito”, sostiene Angerosa. Luego, se le entrega a la persona un incentivo económico -que varía entre 500 y 2000 pesos, según el tipo y calibre del arma. Para ninguno de estos trámites se necesita ningún tipo de identificación o documentación.
El coordinador nacional del Plan de Entrega Voluntaria de Armas manifestó que se paga más por aquellas que más daño causan a la sociedad: “Las más presentes en las incautaciones de la Policía eran las de calibre 22, 32 y 38, por las que se paga 1000 pesos; las de menos de 1000 son generalmente viejas y no se ven en asaltos o robos. Las de 2000 son semiautomáticas, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, pero que se han recibido anónimamente y son de un poder letal, mucho mayor que las demás”.
Carola Concaro, directora ejecutiva del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), señaló que el mercado ilegal de armas se abastece del legal: “Hablamos de robos simples hasta delitos de alta complejidad y organización como tráfico ilícito de armas de fuego”.
Foto gentileza RENAR
El programa también impulsó campañas como “Desarmando mitos, construyendo argumentos”, una publicación elaborada en conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación. Mediante ella promueve la política de desarme voluntario como una forma de preservar la paz y, a su vez, deslegitimar la presencia de armamento en manos de la sociedad civil. La iniciativa es llevada adelante por un equipo de promotores que se encarga de difundir esta política en las provincias, a través de charlas en establecimientos educativos y con la difusión de un cuadernillo con propuestas para que los docentes trabajen el tema de la violencia armada con los estudiantes.
Otra de las campañas del programa tuvo lugar en la provincia de Córdoba y se denominó “Fútbol por el desarme”. Al respecto, Pablo Rodríguez, del Departamento de Cultura del Club Atlético Belgrano de Córdoba, explicó: “Nos pareció interesante difundir y acompañar con un mensaje por la “No Violencia”. La campaña tuvo dos semanas de concientización y dos de entrega voluntaria. La primera etapa incluyó visitas a escuelas primarias -donde se entregaron libros a cambio de armas de juguete-, charlas con organizaciones barriales y un espectáculo de circo”. El RENAR instaló un puesto móvil en la sede del club y las diversas actividades sirvieron para difundir e instalar la problemática en la población. Rodríguez se mostró satisfecho con la experiencia: “Fue sumamente exitosa, con un impacto muy positivo en la ciudadanía, ya que se destruyeron 301 armas en dos semanas. Queremos acercar esta experiencia al Encuentro de Departamentos de Cultura de AFA, que congrega a más de 25 clubes, para llevar esta acción al resto de las instituciones deportivas y contribuir a la erradicación del uso de armas de fuego. Vamos a seguir trabajando con los vecinos y los ciudadanos por una sociedad más justa y tolerante”.
Para Concaro, la política de desarme contribuye a la no reproducción de la violencia como medio para la resolución de conflictos, lo que conlleva un cambio sociocultural de la población. Sin embargo, no todos creen que el plan sea efectivo. Ariel Torre, participante de www.foroarmas.com, afirma: “No estoy a favor ni en contra del Plan, pero pienso que no sirve y que las piezas que la gente lleve van a ser viejas y obsoletas, mientras que las verdaderamente peligrosas van a seguir circulando. Yo tengo un arma para estar en un mínimo de igualdad con los chorros, pero creo que sólo la gente capacitada debería poder portar una: si no sabes cuidarla y no tenés la decisión de usarla si se presenta la ocasión, no portes”.
La política de desarme civil ha implicado una disminución en las autorizaciones para la portación de armas: en 2003, se autorizaron 8.196; en 2014, apenas 488 y, en lo que va de 2015, sólo 215 personas obtuvieron el permiso. La diputada del Frente Para la Victoria, María del Carmen Bianchi, es autora de una iniciativa de ley que propone la reforma del artículo 189 bis del Código Penal, para establecer los delitos vinculados a la tenencia, portación, fabricación y tráfico ilegal de armas de fuego y municiones. Además, propuso la creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), que reemplazaría el actual Registro Nacional de Armas.
El 28 de abril de este año, la presidenta Cristina Fernández inauguró el Banco Nacional de Materiales Controlados (BANMAC), dependiente del RENAR. El edificio, ubicado en General Savio al 1700, en la localidad bonaerense de San Martín, funcionará como depósito. Allí se almacenarán armas secuestradas por las Fuerzas de Seguridad y las que estén involucradas en procesos judiciales, como también las recolectadas por el Plan de Desarme. De esta manera, se guardarán las que serán destruidas y las que aún no pueden serlo. Cada vez que el Estado junta 20 mil piezas, realiza trituraciones públicas de revólveres y municiones, como la que realizó el pasado 20 de julio en la localidad de Campana.
Jul 14, 2015 | inicio
Tendrá la forma de una mujer imponente saliendo de la tierra, dando un paso hacia adelante para surgir y mostrar sus manos grandes, la ropa pesada y lanosa, el rostro encendido por una nobleza largamente cultivada. El monumento no está terminado, pero se sabe que tendrá la forma del torso de una mujer de unos setenta años, la postura de una luchadora ancestral con dosis suficientes de entereza y orgullo. Faltan sólo unos meses de trabajo para que se termine el monumento a la mujer originaria, pero se sabe, sobre todo, que será la escultura en bronce más grande del país con diez metros de altura y varias toneladas de peso. Una obra cuya construcción no se sostuvo por la intermediación del dinero, sino que lo hizo gracias a la participación colectiva de cientos de miles de personas que donaron una llave, un pequeño objeto casero que encerraba, en muchos casos, una gran historia familiar.
“Hay distintas maneras de abordar el motivo por el cual sería necesario un monumento a la mujer originaria”. Es sábado. Andrés Zerneri recibe a ANCCOM en su taller de Palermo. “Una obra así nos permite sobrepasar barreras coyunturales e ir hacia un acuerdo un poco más genérico. Permite superar las posturas del oficialismo y el no oficialismo que hay dentro de los pueblos originarios, y lograr consenso”. El taller rebosa de dibujos, cuadros, telas, libros, un gato que se sube a un escritorio y se queda inmóvil, concentrado, como si estuviera posando. “Con el monumento se genera también mayor conciencia, especialmente en personas que no saben sobre su propia identidad. En Argentina, muchos no están enterados que somos 40 naciones, que se hablan 20 idiomas nativos y que hay un 61 por ciento de gente que tiene sangre originaria. Tenemos toda esa pluralidad y seria bueno que nos enteremos”.
Llaves donadas por personas de todo el país para la producción del Monumento a la Mujer Originaria.
El mes pasado la obra ingresó en la etapa final del tallado. Zerneri y su equipo de colaboradores ultiman los detalles en uno de los galpones de la ex ESMA. Si todo sale bien y el proyecto logra el apoyo legislativo necesario, en tres meses, la escultura podrá ser vista por todos, en Diagonal Sur y Perú, donde hoy está emplazado todavía uno de los tantos monumentos al general Julio Argentino Roca. “Sacar del pedestal a una figura como Roca no supone destruirla. No significa desaparecer a Roca, que de hecho es quien más monumentos tiene en el país, sino llevarlo a otro lado y resignificar ese espacio”, aclara el escultor. “El ejercicio de la reparación de la memoria no es solo con el pasado, sino también hacia adelante, para poder pensar cómo transmitimos a las futuras generaciones”.
La historia de una pareja de exiliados que al momento de irse de Alemania llevaba consigo una llave y poco más. La de un hijo que donó la cruz de su padre y la de su madre fallecidos para que se fundieran juntas. La de un músico que donó sus primeras púas; la de una joven que entregó una medalla escolar. Se juntaron alrededor de 200 mil llaves. Toneladas de bronce, que fueron guardados en tachos, para después ser fundidos en hornos grandes como una habitación. Son llaves y objetos detrás de los cuales se esconden historias. Relatos que serán recogidos en un libro por el colectivo de fotógrafos La colectiBA y que fueron parte fundamental de la obra: “La gente donaba, en su mayoría, objetos valiosos, que lograban desprenderse para que pudieran estar resignificados en este espacio. Me pareció la forma más legítima de construirle un monumento a la mujer originaria, sin la participación del dinero, y con la intervención de múltiples sectores”.
Zerneri nació en 1972, en la localidad de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Su madre fue una enfermera de hospital y su padre un comerciante que militaba en el peronismo y del cual heredó, dice, cierta sensibilidad social. “Saber dibujar o pintar eran mis posibilidades y mis medios para hacer algo por los demás”, dice el escultor. Nunca cursó estudios artísticos en institutos ni universidades, apenas unas materias de Derecho cuando vivía en Tucumán, donde se radicó junto a su madre, durante la adolescencia y la primera juventud, tras el fallecimiento de su padre. Su obra incluye pinturas, dibujos, escenografías para teatro –dos de ellas distinguidas con los premios “ACE” y “Estrella de Mar”-, y tres esculturas. La del Che Guevara, emplazada en 2008, en Rosario. La de Juana Azurduy, encargada por el presidente boliviano y que ocupará el lugar del ya desplazado Cristóbal Colón, detrás de la Casa Rosada. Y la última, quizá la que cierra definitivamente el ciclo de obras colosales de Zerneri, la de la mujer originaria.
Galpón de trabajo del Monumento a la Mujer Originaria en el Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex-Esma.
El proyecto surgió en el 2009, durante una charla que el historiador y periodista Osvaldo Bayer dio en el Centro Cultural de la Cooperación. Zerneri, que hacía poco había presentado el monumento al Che en Rosario, estaba entre el público de la charla. Bayer, sobre el final de la disertación, sugirió, al pasar, la posibilidad de realizarle un homenaje a los pueblos originarios. El escultor recogió la propuesta y al poco tiempo se reunió con Bayer en su casa y delinearon la iniciativa.
El comienzo, sin embargo, no fue fácil. Tras volver de un encuentro con representantes de pueblos originarios en Junín, Zerneri y equipo se sintieron abochornados. ¿Una obra de arte? ¿Para qué queremos nosotros una obra de arte? En el marco de una lucha signada por los acampes, los cortes de ruta y el hostigamiento constante de las fuerzas de seguridad, una obra de arte, un monumento en homenaje a los pueblos originarios parecía en principio una propuesta accesoria. “Nos vimos como un grupo de porteños que proponían una pavada”, reconoce el escultor.
Hubo, entonces, que repensar algunas cuestiones. El monumento no sería a los pueblos sino a la mujer originaria. El dinero no intervendría en el proyecto, sino que sería solventado por la colaboración colectiva, a través de la donación de llaves. Su emplazamiento en pleno centro porteño fue justificado porque así generaría una mayor repercusión, tal vez nacional. Con el aval definitivo de los referentes de los pueblos originarios, Zerneri y su equipo pusieron manos a la obra.
Recolectaron las llaves, diseñaron los bloques de telgopor. Los revistieron en yeso y los enceraron con fibra de vidrio; extrajeron los moldes. Esas láminas fueron llevadas, junto a otras, a los hornos grandes como una habitación. Se calentaron durante cinco días, el tiempo necesario para que el material deje un hueco de un centímetro de espesor, por donde se volcó el bronce derretido. Una vez enfriado el bronce se retiraron las láminas y luego se fueron soldando, una por una. En eso están Zerneri y su equipo. La técnica se llama fundición a la cera perdida y permite, según el escultor, construir obras muy nobles y perdurables, sencillas de reparar ante el daño.
“Como pueblo hemos repetido siempre que somos hijos de europeos, o que somos el pueblo más blanco de Latinoamérica. Me parece que ahora estamos abriendo los ojos a una perspectiva más latinoamericana”, dice Zerneri. El escultor y sus colaboradores esperan ahora que la Legislatura porteña apruebe la norma que autoriza la remoción de la escultura de Roca y su reemplazo por el de la mujer originaria. La confianza, aclara Zerneri, es total. “Pero existe una instancia que es la del veto del jefe de gobierno. Por eso queremos que este proyecto crezca y sea acompañado por toda la opinión pública”.
El escultor Andrés Zerneri en el Galpón de trabajo del Monumento a la Mujer Originaria.
Jul 14, 2015 | Entrevistas
Diana Malamud perdió a su esposo, Andrés, en el ataque terrorista a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994. Desde entonces, junto a otros familiares y amigos de las 85 víctimas, exige justicia. La semana próxima se cumplirán 21 años del atentado impune, en medio de los debates sobre la validez del Memorándum entre Irán y Argentina que permitiría tomar testimonio en Teherán a los iraníes acusados de planificar el atentado. El 6 de agosto, a su vez, comenzará el juicio oral por encubrimiento en la investigación, donde están imputados el ex presidente Carlos Menem, el ex secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy, el ex juez federal Juan José Galeano y Carlos Telleldín, acusado de haber recibido dinero de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para desviar la pesquisa. También se sentarán en el banquillo los ex fiscales Eamon Müllen y José Carlos Barbaccia; el ex titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Rubén Beraja y el ex jefe de la Policía Federal, Jorge El Fino Palacios.
¿Qué implica para los familiares que forman parte de Memoria Activa el inicio del juicio por encubrimiento?
Es algo por lo que hemos luchado tanto tiempo, y que se postergaba una y otra vez, que estamos convencidos de que esta es la única posibilidad que tenemos para desenmarañar el encubrimiento, y entender por qué llegamos a esta situación. Porque, en realidad, toda esta gente que está inculpada, funcionarios políticos y judiciales, son de alguna manera, responsables de que 21 años después no tengamos ni verdad ni justicia. Porque de la causa AMIA no sabemos prácticamente nada, no se avanzó.
¿Qué hizo que se demorara tanto el proceso?
Los motivos de la tardanza fueron, fundamentalmente, maniobras políticas, en donde la corporación judicial dilató todo, los acusados interponían recursos, una apelación tras otra… Otra de las cosas que ocurrió fue la dificultad para conformar el Tribunal Oral Federal: se excusaron trece jueces, dijeron que no podían hacerse cargo por diferentes razones, fundamentalmente porque muchos de los imputados forman del Poder Judicial. El ex juez Galeano, los fiscales, el ex jefe de inteligencia, todos tienen relación entre todos, por lo que ningún juez quería integrar el tribunal. De hecho, acabó conformado con una jueza que es de otro fuero, no del Penal. El Tribunal quedó compuesto por los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Karina Perilli.
¿Piensa que la partidización influyó en las investigaciones?
Sí, eso ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo en la causa. Creo que el tema del Memorándum, y el tema de la muerte del fiscal Alberto Nisman marcaron también hitos dentro del proceso que hicieron que, de alguna manera, hubiese más presión para que se aceleren los tiempos. La partidización sí tiene que ver, no sé si para bien o para mal. La realidad es que hoy estamos en la puerta de un juicio, que va a ser muy difícil, y estamos preparados para eso.
¿Cómo veía Memoria Activa la actuación del fiscal Alberto Nisman?
Era un desastre. Nosotros lo denunciamos en reiteradas oportunidades, tanto de manera informal -a través de nuestros comunicados y en nuestros discursos-, como también formalmente ante la Procuración General de la Nación, en tres oportunidades. Pero nadie nos escuchaba, y nadie nos creía que la causa estaba absolutamente estancada, y que Nisman no hacía absolutamente nada para que avanzara. Es lamentable, porque se perdió mucho tiempo.
¿Qué opina de las diferentes posturas de las otras organizaciones de familiares?
Los familiares tienen derecho a tener la postura que quieran, de todos modos todos ellos son víctimas. El problema principal es que la querella de la dirigencia de la comunidad judía, tanto de AMIA como de DAIA, haya participado en las maniobras de encubrimiento. De hecho el ex presidente de la DAIA –Rubén Beraja– está inculpado en la causa de encubrimiento. Entonces, por un lado son querellantes, y por otro lado están favoreciendo a los acusados, así que el rol de ellos no queda claro.
¿Qué piensa de los debates sobre el Memorándum de entendimiento con Irán?
El Memorándum Irán no lo firmó, no lo aprobó. Con lo cual es un instrumento que no tiene validez, más allá de toda la discusión que se está dando respecto de si es Constitucional o no, la realidad es que no tiene validez y que es un instrumento jurídico que evidentemente no sirvió.
¿Y por qué cree que se sigue debatiendo en el país?
Ahí es donde entra todo el tema político. Instalan el debate mucho más allá del instrumento en sí, pasan a cuestionar quién tiene la razón y cómo se llevan adelante las cosas, y eso tiene que ver con toda la pelea que hay a otros niveles. La verdad es que hoy, discutir por un memorándum que se firmó hace casi ya tres años, y que nunca fue ratificado por la contraparte, no tiene sentido.
¿Cómo ve a futuro el avance de las causas y del proceso judicial que se inicia?
Esperamos que todas estas personas que son responsables de que hoy no tengamos nada sean declaradas culpables. Creo que a los familiares, de alguna manera, nos va a ayudar a ir reparando algunas cosas. Respecto de la causa principal, más allá de la nueva fiscalía que tiene voluntad de investigar, me parece que tantos años después realmente es muy difícil que sepamos bien qué pasó. Y mucho más complicado es que traigan a los imputados para hacerlos declarar. Pero bueno, nosotros seguimos en la lucha, y el viernes que viene hacemos otro acto como cada año. El acto en conmemoración a nuestros familiares muertos a 21 años del atentado, lo hacemos en la Plaza Lavalle, el viernes 17 a las 09.30.
¿Cree que el cambio de Gobierno puede afectar la situación?
Siempre afectan de alguna manera estas cosas pero el juicio ya va a estar iniciado y es algo que no se va a poder parar aunque se quiera.
Diana Malamud en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires.
