A la adolescente de 15 años la asesinaron en febrero de 2001. Cuatro policías fueron condenados por el crimen y se espera el análisis de muestras de ADN de otros seis para dar con el último culpable que aún está en libertad.
El 4 de febrero de este año se cumplió el 24° aniversario del crimen de Natalia Melmann en la ciudad de Miramar. El pasado 8 de julio se llevó adelante la extracción de sangre de tres exagentes de la Policía Bonaerense que se encontraban en funciones la noche del hecho, para ser cotejadas con el único ADN no identificado de los cinco encontrados en el cuerpo de la joven. Los oficiales citados por pedido de la fiscalía eran seis, pero la mitad se rehusó a presentarse. Siguen las demoras para dar con el quinto involucrado.
La mañana del martes 8, la familia de Natalia se hizo presente en la Asesoría Pericial del Poder Judicial de Mar del Plata para asistir a la toma de muestras. “Esto es algo que venimos esperando hace 24 años”, declaró Gustavo Melmann, padre de la joven. El ADN se encuentra en el expediente desde 2001. Sin embargo, no había sido investigado hasta ahora. “Hay un montón de investigaciones que nunca se hicieron. No hubo voluntad de hacerlo”, agregó.
En un principio, la fiscal de la causa Ana María Caro solicitó la obtención de pruebas de ocho efectivos, entre ellos Enrique Diez, quien frecuentaba la casa a la que la adolescente fue llevada por última vez y a quien se le extrajo la muestra durante el verano. Las demás extracciones estaban pactadas para el 3 de abril. Sin embargo, por un recurso presentado fuera de término por la defensa, dos oficiales fueron excluidos y la fecha se restableció tres meses después. “Se los excluyó no solo sin argumento, sino resolviendo en un recurso extemporáneo. Es un manoseo y una dilación que no tiene sentido”, afirmó Josefina Rodrigo, abogada de los Melmann Calampuca, en diálogo con ANCCOM.
Los abogados de los expolicías ausentes, Cristian Pelaez y Patricia Perelló, adujeron que no estaban dadas las garantías para la realización de la pericia, dado que había una manifestación fuera del establecimiento y fueron insultados al llegar. La presentación de los recursos se hizo una vez finalizada la jornada, por lo que los tres apuntados, al no asistir, incumplieron con la orden judicial. Ante este hecho, tanto la fiscal Caro como Rodrigo exigieron al juez de garantías Daniel De Marco que se los obligue a comparecer por la fuerza pública el próximo 15 de agosto, la nueva fecha fijada por la justicia marplatense.
A su vez, no se permitió que los padres de Natalia, Gustavo y Laura Calampuca, estuvieran en la sala en el momento de la extracción, su derecho como familiares directos de la víctima y partícipes del proceso. Melmann apuntó a Perelló y denunció la existencia de tráfico de influencias en el Poder Judicial de la ciudad costera, así como un desinterés por avanzar con la causa de su hija. “No se respeta el derecho a presenciar todas las partes de un juicio. Este fue un crimen de Estado. Eran policías que estaban en funciones ese día en la comisaría y es el Estado el que tendría que haberse ocupado de investigar y tomar las medidas para extraer de la sociedad a semejantes criminales y de alguna manera dar una reparación a la familia, cosa que nunca hicieron. Siempre tuvimos que estar atrás para poder hacer justicia”, aseveró.
La línea de tiempo
Natalia Melmann tenía 15 años cuando, el 4 de febrero de 2001, fue raptada y asesinada por agentes de la Policía Bonaerense. La adolescente fue capturada en las calles de Miramar por Gustavo “Gallo” Fernández, un exconvicto con antecedentes penales, subida a una camioneta por la fuerza y trasladada a una casa en el barrio de Copacabana, donde fue violada, torturada y finalmente estrangulada con uno de los cordones de sus zapatillas. Su cuerpo fue hallado cuatro días después, sepultado entre hojas en el vivero Florentino Ameghino. La autopsia reveló la presencia de múltiples moretones, quemaduras, fracturas y un golpe en el cráneo, así como los rastros genéticos de cinco individuos diferentes.
Tres de ellos coincidieron con los perfiles de los oficiales Oscar Alberto Echenique, Ricardo Aselmini y Ricardo Alfredo Suárez, que fueron condenados a cadena perpetua en octubre de 2002 por los delitos de “rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio agravado”. Fernández recibió una pena de 25 años que luego fue reducida a 10, por actuar como “entregador”. Su ADN no se correspondía con ninguno de los hallados en el cuerpo de la menor.
Otro de los investigados en ese primer juicio fue Ricardo Panadero, que, pese a una coincidencia superior al 90% entre sus datos genéticos y los encontrados en el cuerpo de Natalia, fue sobreseído. La familia apeló esa decisión y logró que se inicie el proceso nuevamente, lo que resultó en un nuevo sobreseimiento. Finalmente, en 2019 el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires ordenó que sea juzgado nuevamente y en 2023 fue condenado a reclusión perpetua por privación ilegal de la libertad, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado.
Los primeros tres condenados están próximos a cumplir su sentencia. Dos de ellos, Anselmini y Echenique, recibieron la autorización para tener salidas transitorias. La familia Melmann Calampuca y parte de la comunidad de la ciudad costera denunciaron que no son controlados, que no se les colocó ningún dispositivo de monitoreo y que violaron las condiciones del permiso en reiteradas ocasiones. El próximo 12 de agosto se realizará una audiencia para tratar el pedido de libertad condicional por parte de ambos.
Tuvo que pasar casi un cuarto de siglo para que se investigara el quinto ADN. Y el proceso no termina con la obtención de las muestras. El cotejo puede llevar hasta cinco meses y, en caso de que una coincida con la prueba recabada en 2001, se debe determinar el rol del quinto hombre en el crimen para que sea juzgado. “A Natalia no le dieron ninguna oportunidad. La tiraron como basura. No sólo le quitaron la vida a ella, sino la felicidad a toda la familia. Nunca más pudimos ser felices. Y todavía seguimos esperando, a la justicia no le interesa”, sentenció Gustavo. Tanto él como la madre de “Naty”, como aún la llaman cariñosamente, están cerca de cumplir 70 años. Llevan gran parte de su vida luchando por justicia y esta parece no llegar nunca.
La abogada Rodrigo informó que, mientras esperan la llegada de la nueva fecha fijada para la obtención de muestras, ya se presentó una queja ante el Tribunal de Casación para que se vuelva a incluir a los dos policías excluidos de las extracciones y se garantice el pedido original de la fiscal. Los ocho efectivos son considerados sospechosos por la función que cumplieron en el momento en que se cometió el crimen, irregularidades durante la indagación y los vínculos que tenían entre sí y con los condenados. Entre los que sí acataron la medida y asistieron a la Asesoría Pericial se encuentra el excomisario Carlos Grillo, investigado en el primer juicio por encubrimiento, ya que fue quien se encargó de la investigación los primeros días que la joven estuvo desaparecida y ocultó información en su declaración oficial.
“Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, dice la conocida frase atribuída al filósofo romano Séneca. La familia de Natalia manifestó en múltiples ocasiones no solo su descontento con el accionar judicial, sino el dolor que sienten con cada nueva traba que aparece. Fueron ellos quienes se cargaron el proceso al hombro y, con la ayuda de sus abogados, hicieron avanzar la causa en cada ocasión. Gustavo aseguró que lo seguirán haciendo, por amor a Naty. “La amamos muchísimo, seguimos luchando por ella. No sé si existirá algo después de la muerte, pero quisiera volver a verla, abrazarla y pedirle disculpas porque esa noche no pude estar para salvarla”, expresó. Pasan los años, las décadas, y la impunidad continúa. La justicia no será tal hasta que todos los implicados sean identificados y condenados y los Melmann Calampuca finalmente puedan descansar.