A través de un comunicado difundido por redes sociales, el Ministerio de Salud echó a 110 trabajadores del Hospital Posadas. Sindicatos y profesionales denunciaron la sangría de la salud pública: “Están vaciando el sistema sanitario para privatizarlo”, advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
El Gobierno nacional despidió a 110 trabajadores del Hospital Posadas, el principal centro de salud pública de alta complejidad del país. La medida fue comunicada por el Ministerio de Salud a través de las redes sociales, bajo el argumento de “injustificadas inasistencias laborales”. La noticia generó un inmediato rechazo por parte de sindicatos, profesionales y agrupaciones, que denuncian un nuevo capítulo en el vaciamiento del sistema sanitario público. En respuesta, durante la mañana de este viernes realizó una asamblea en el hall central del hospital.
Desde el Ejecutivo, los despidos fueron presentados como parte de una política de “ordenamiento del Estado”. “No hay lugar para ñoquis ni acomodos”, afirmó el Ministerio de Salud en un comunicado, en el que también anunció el descuento salarial a quienes participaron de medidas de fuerza en apoyo al Hospital Garrahan.
La secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), Norma Lezana, cuestionó el comunicado del Ministerio de Salud que anuncia despidos en el Hospital Posadas y descuentos por los días de paro en el Hospital Garrahan: “Otra vez, el comunicado no tiene firma. Simplemente dice ‘Ministerio de Salud’ y responde al giro autoritario que vienen aplicando las autoridades del hospital, sin mostrar ninguna voluntad de resolver el conflicto”.
Además, señaló que el Gobierno desconoce un conflicto legítimo: “La asfixia salarial que están imponiendo a los trabajadores y trabajadoras afecta directamente el derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes. Por eso estamos apelando a la justicia y preparando amparos, frente al abandono y la desatención del Estado en lo que es su obligación: garantizar el derecho a la salud de la población y un salario digno para quienes la sostienen. Son derechos constitucionales”.
Por su parte, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, afirmó que los despidos son una represalia contra quienes exigen salarios dignos y mejores condiciones laborales: “Están vaciando el sistema sanitario para privatizarlo. Quienes dirigen Salud son dueños de clínicas privadas. La plata que dejan de poner en los hospitales se la llevan ellos”, advirtió en diálogo con este medio.
Desde la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires – Hospital Posadas, denunciaron que ya pasaron cuatro direcciones sin respuestas estructurales y que aún no se ha confirmado la designación de un nuevo director. En ese marco, llamaron a los pacientes y a la sociedad en su conjunto a respaldar el trabajo cotidiano del hospital: “Son testigos del trabajo que se lleva adelante día a día en un hospital donde se resuelven miles de consultas, estudios diagnósticos y cientos de internaciones los siete días de la semana”, señalaron en el comunicado.
Los 110 despidos en el Posadas se suman a los más de 120 ejecutados durante 2023 y a los 50 ocurridos en mayo de este año. La política de achicamiento del Estado no se detiene y genera rechazo en distintos sectores del sistema de salud.
Desde la Asamblea de Residentes también se expresaron en contra: “Cada trabajador y trabajadora cumple un rol esencial en el sostenimiento de la salud pública. Estos recortes profundizan el deterioro de las condiciones laborales y sobrecargan aún más al personal”.
Y cuestionaron el anuncio del bono por parte del Gobierno: “Representa un alivio transitorio, pero no resuelve el problema de fondo: el déficit presupuestario del sistema de salud. Reclamamos una recomposición salarial justa, sostenida y sin exclusiones, que no implique recortes en otras áreas ni fragmentación del equipo”.
Para los gremios, el caso del Posadas no es un hecho aislado. Denuncian una estrategia sistemática de ataque a la salud pública que también se manifestó en el reciente conflicto del Hospital Garrahan, donde —según advierten— se difundieron mentiras para desprestigiar la lucha de los trabajadores, y en el intento frustrado de cerrar el Hospital Bonaparte. Los despidos en el Posadas se conocieron inmediatamente después de la masiva jornada nacional de lucha en defensa del Garrahan y la salud pública.
Frente a esta avanzada, María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FeSProSa), advirtió que el Gobierno “no debe confundirse”, y recordó que los derechos de huelga, asociación y acción sindical están protegidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales. “Ningún decreto de necesidad y urgencia puede estar por encima de esos derechos”, subrayó.
Una médica del Hospital Posadas, que prefirió no dar su nombre, expresó a ANCCOM: “Acá trabajamos con miedo. Sabemos que si hablamos o reclamamos, podemos estar en la próxima lista de despidos. Pero no podemos seguir en silencio mientras desarman la salud pública”.
“Está claro que no les interesa la salud de la gente. Solo se acuerdan cuando hay paro. El programa de gobierno de Milei en materia sanitaria era este: destruir la salud pública y que sólo se curen los que tienen plata. Los hospitales públicos funcionan hoy exclusivamente por el esfuerzo sobrehumano de sus trabajadores”, señaló Rodolfo Aguiar.
Mientras crece la conflictividad, las y los trabajadores de la salud aseguran que no dejarán las calles. El reclamo no es solo por salarios y condiciones laborales: es también por el futuro de un sistema que está siendo desmantelado en nombre del ajuste.