Ochenta organizaciones firmaron un documento conjunto en el que manifiestan fuertes críticas, especialmente a su punto 7 donde Milei y los gobernadores firmantes afirman el avance de la explotación de recursos naturales sin ningún tipo de límites.
Unas ochenta organizaciones sociales ambientalistas elaboraron y firmaron un documento conjunto para manifestar su rechazo a las palabras proferidas por el presidente de la Nación el día en que se llevó adelante el Pacto de Mayo en la Casa Histórica de Tucumán. En esa ocasión, dieciocho gobernadores provinciales firmaron un acuerdo propuesto por Javier Milei con diez pautas comunes. La séptima proponía “el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”, lo que provocó una especial aversión en el ambientalismo.
Además, antes de la firma conjunta entre el presidente de la Nación y los gobernadores, Milei había dicho en un discurso público que “Dios bendijo a nuestra tierra con una riqueza enorme en recursos naturales, pero los políticos han escuchado más las demandas de minorías ruidosas y organizaciones ambientalistas financiadas por millonarios extranjeros que la necesidad de prosperar que tienen los argentinos. Nosotros venimos a dejar atrás la demagogia buenista que condena a la miseria a millones de argentinos. La naturaleza debe servir al ser humano y su bienestar, no a la inversa. Los problemas ambientalistas tienen que poner en el centro al individuo”.
La respuesta del ambientalismo al discurso oficial y al Pacto de Mayo no tardó en llegar. “Las palabras del presidente y el texto firmado por las autoridades provinciales van a contramano del mandato constitucional que garantiza a todos los argentinos el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano”, dice uno de los pasajes del documento firmado por ochenta agrupaciones ambientalistas. “La mención a las ‘minorías ruidosas’ y la calificación de las organizaciones ambientalistas como adversarios del progreso marca un rumbo equivocado en tal sentido —sigue el documento—, ya que han tenido y tienen un rol preponderante en la creación de nuevos Parques Nacionales, reservas naturales y áreas protegidas, colaborando así en la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural”. El texto finaliza con un reclamo a las autoridades nacionales y provinciales para que se garantice el derecho a un ambiente sano, que se respete y aplique la normativa ambiental vigente y que se asegure el acceso a la información y la participación ciudadana en materia ambiental.
ANCCOM conversó con Manuel Jaramillo, Director General en Fundación Vida Silvestre Argentina, una de las organizaciones sociales ambientalistas firmantes. El dirigente dijo que el discurso del presidente de la Nación es anacrónico y que “está tan desfasado en el tiempo como lo es firmar el Pacto de Mayo en julio. Hoy los mercados no están buscando flexibilizaciones ambientales sino certificaciones sociales y ambientales que permitan que los productos que se generen alcancen los mercados. Pensar que se van a conseguir mayores o mejores inversiones flexibilizando las normas ambientales y sociales es pegarse un tiro en el pie para el desarrollo de nuestro país”.
Por su parte, Ariana Krochik de la organización Consciente Colectivo, otra de las agrupaciones firmantes, dijo que “si bien el documento que ellos firmaron no tiene ninguna validez legal, el discurso muestra la orientación de adónde quiere ir este gobierno, que es poder vender el país a dos mangos con cincuenta sin ningún tipo de condicionamiento o sin las condiciones mínimas que se espera ni las normativas vigentes que existen hoy”.
ANCCOM también conversó con Micaela Oroz de la organización ambientalista Ahora qué?, otra de las firmantes, quien dijo que el oficialismo “nos pinta como enemigos del desarrollo nacional, lo cual está muy lejos de ser la realidad, porque queremos apostar por un desarrollo sostenible e inclusivo. El discurso de Milei no era tan peligroso cuando era un panelista en ‘Intratables’, pero ahora es peligroso porque es el presidente de la Nación y es en base a eso que se van a redactar las políticas públicas y la base que se les está dando a las empresas que van a insertarse en el país”.
Suponiendo que al presidente de la Nación le llegue el documento firmado por las organizaciones ambientalistas, ¿cambiaría su visión en torno a la problemática socioambiental? “No tenemos mucha expectativa de eso —opinó Jaramillo—. Lo que hicimos ahora es transformar el documento en una propuesta formal de pedido de audiencia con el presidente de la Nación o con el jefe de Gabinete. Vamos a hacer lo mismo con los gobernadores, porque son ellos los que firmaron el Pacto de Mayo y los que tienen, en realidad, las políticas para la gestión de los recursos naturales”.
A su vez, Krochik dijo que no cree que el presidente cambie de postura al leer el documento firmado por el ambientalismo, pero aseguró que dicho documento “no es tanto para el presidente sino para quienes lo están acompañando y para los gobernadores que se presentaron en el Pacto de Mayo. Yo no creo que nuestro presidente lo haga por una cuestión de ignorancia, aunque sí creo que la tiene en esta materia, sino que es una decisión política. En cambio, creo que las personas que lo están apoyando no siempre están del todo acuerdo con lo que está diciendo y tal vez el documento les puede inclinar un poco la balanza”.
“Yo creo que no va a cambiar su visión —opinó a su vez Oroz—, pero sí creo que siempre es importante mostrar la fuerza de la acción colectiva y mostrar la unidad sectorial ante las diferentes problemáticas. Puede que no cambie su visión, pero que sí genere un impacto para otros actores dentro del sistema político, como el Congreso. Esperamos que el documento genere impacto en la legislación”.
Por otro lado, Jaramillo enumeró una serie de situaciones que, a su parecer, debilitan los logros conseguidos por el ambientalismo. Dijo, por ejemplo, que ya no hay una Secretaría de Cambio Climático, que se ha asignado a una persona a cargo de la Dirección Nacional de Cambio Climático pero que fue nombrada como Directora Nacional de Biodiversidad, porque la Dirección no está creada todavía. También mencionó la reciente aprobación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que va en consonancia con el séptimo punto del Pacto de Mayo, que es el compromiso por la explotación de los recursos naturales. “Esto muestra la falta de interés que el Poder Ejecutivo Nacional está teniendo para con el ambiente —opinó Jaramillo—. Es la negación ya no del cambio climático sino de la responsabilidad de los humanos sobre el cambio climático. Va en contra de lo que han firmado más de 180 países en el Acuerdo de París y va en contra de lo que más de 5.300 científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático han demostrado a lo largo de treinta años”.
Por su parte, Krochik advirtió que “no sólo hay desinformación sino también una negación de la otredad, no solamente con los que piensan distinto sino también con lo que se ha logrado hasta ahora. ¿Quién es una persona, representando un país, para negar tan abiertamente a la ciencia, que nos está advirtiendo de los efectos que tiene el cambio climático y lo que es importante hacer en base a eso?”.
“Para nosotros no hay duda sobre la importancia del cambio climático y la inminencia de la crisis —concluyó Oroz—. De hecho, es algo que las empresas multinacionales estipulan dentro de sus planes de inversión. Es un retroceso que el discurso oficial sea, primero, postularnos a los ambientalistas como enemigos del desarrollo nacional y, después, negar tan abiertamente al cambio climático, que es un debate saldado y que retrasa cincuenta años”.